La calificación de CEIEC pasó el filtro del Registro Único de Proveedores (RUP) del Sistema Nacional de Contratación Pública, pese a que el consorcio figuraba en la nómina de empresas inhabilitadas para contratar, que publica el Banco Mundial. Es una lista negra debido a prácticas reñidas con la ética, la transparencia, los derechos humanos y ambientales.

En marzo de 2022, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, presidida por el entonces asambleísta Fernando Villavicencio, como parte de la investigación llamada “Universidades Emblemáticas”, llevada adelante por su coidearia Ana Belén Cordero, sobre el proyecto Yachay ratificó las irregularidades detectadas por la Contraloría. En febrero de 2023, el expresidente Guillermo Lasso denunció que en este proyecto, el correísmo invirtió $1.200 millones y solo encontraron activos tangibles por US$ 200 millones.

Desde 2007 se instauró una estructura de corrupción que operó con escasas restricciones como resultado de un plan estratégicamente diseñado desde el primer mandato de Rafael Correa. Este plan incluyó reformas legales y constitucionales que socavaron la independencia de las instituciones del Estado, debilitaron el accionar de los organismos de control, erosionaron la institucionalidad democrática y promovieron el secretismo y la impunidad, que caracterizan la relación Ecuador-China. A pesar del paso de una década y tres gobiernos distintos, estas problemáticas persisten y continúan afectando el funcionamiento del Estado ecuatoriano, la transparencia en el manejo de los fondos públicos y consagrando la impunidad.

Enero de 2015: Ecuador y China, bajo las direcrices de Rafael Correa y Xi-Jinping, firman un acuerdo marco de cooperación que incluye una línea de crédito exclusiva de US$ 1.000 millones para el proyecto Yachay, a 20 años y con un interés del 3,5%. Noviembre de 2015: se formaliza el contrato con CEIEC, empresa china encargada de la ejecución de la obra. 2019: el presidente Lenín Moreno, tras anomalías detectadas por la Contraloría, rebautiza Yachay como Siembra EP, orienta el proyecto hacia la agricultura. La iniciativa fracasa y Moreno lo declara proyecto inviable. 2023: el presidente Guillermo Lasso denuncia un despilfarro de US$ 1.000 millones y ordena que la Senescyt liquide Siembra EP en seis meses. Hasta la fecha no hay información actualizada sobre este proceso. Agosto de 2025: 10 años después de la firma del contrato, las obras permanecen inconclusas. Persisten conflictos contractuales, decenas de informes de la Contraloría señalan indicios de responsabilidad civil, administrativa y penal, además de glosas millonarias. De todas las obras planificadas, la única que funciona -a pesar de severas dificultades- es la universidad Yachay Tech. Las partes siguen sin alcanzar un acuerdo para concluir las obras y liquidar el contrato. La empresa china acusa al Estado de incumplimientos y ha advertido que prepara una demanda internacional.