Etiqueta: Andrés Arauz

Andrés Arauz y su batalla contra el dólar

Escrito por Periodismo de Investigación en 4 de abril de 2021. Publicado en Exportaciones Ficticias.

En junio de 2007, tras cinco meses en el poder, el entonces presidente Rafael Correa, promulgó el decreto 334, orientado a construir la nueva arquitectura financiera regional, para enfrentar lo que Hugo Chávez llamó la “dictadura del dólar”. Se dispuso la creación del Banco del Sur y el Sistema de Compensación SUCRE, un sistema de pagos que pronto debía convertirse en moneda física.

La edificación de ese audaz proyecto, estuvo en manos de un equipo de tecnócratas, entre otros Andrés Arauz Galarza, actual candidato presidencial del correísmo. Con el tiempo, los planes quedaron en harapos: el Banco del Sur (del cual Arauz fue Director) terminó en un simple membrete chavista, mientras que, el Sucre mutó en un colosal mecanismo de lavado. Uno de los principales operadores internacionales de esa trama de corrupción fue Alex Saab Morán (Foglocons), detenido en Cabo Verde y sobre quien pesa una orden de extradición a USA.

Periodismo de Investigación, PI, revela la participación de Andrés Arauz, Rafael Correa, Pedro Páez, entre otros altos dirigentes de la Revolución Ciudadana, en el diseño y operación de esta arquitectura financiera tejida entre Quito, Caracas y Teherán.

El joven burócrata Arauz, otrora opacado entre comisiones de servicios y sueldos privilegiados, ahora salta a la palestra como el abanderado de las parentelas internacionales del socialismo del siglo21.

EL PASANTE

En octubre del 2005, recién graduado en una licenciatura en ciencias con mención en economía de la Universidad de Michigan, Andrés Arauz Galarza, empezó su vida profesional en la casa de valores Stanford Group, allí evidenció el impacto que tiene el dólar en el sistema bursátil mundial.

Poco tiempo después la poderosa empresa caía en desgracia tras una sentencia de la justicia de USA por una estafa piramidal de $8000 millones.

Con los años, Arauz perfeccionó sus críticas al dólar. En varios ensayos por demás generales hablaba de “el dólar estadounidense en la composición actual del mundo es asimétrica y nociva para países como los de América Latina”. O respecto a la “consolidación del dólar como moneda hegemónica mundial”. Y que, “a nivel planetario, han surgido una serie de críticas sobre el poder del dólar, la banca, el capital financiero y su cooptación de los bancos centrales y se ha buscado diseñar mecanismos monetarios alternativos”. O “canalizar los excedentes de liquidez ubicados en el exterior hacia la inversión doméstica”.

Esa idea de canalizar excedentes de liquidez es la que dio origen a la llamada Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), el mismo Banco del Sur y el Sistema Único de Compensación Regional (SUCRE), una especie de bypass para burlar los controles internacionales a los flujos financieros de dudosa procedencia.

Cuando toda América Latina ya conocía que el SUCRE era el mayor sistema de corrupción y lavado, Arauz lo defendía: “El ALBA logró consolidar la propuesta ecuatoriana de crear el Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos. Este sistema ha generado ahorro de divisas por miles de millones de dólares” (Linea Sur 2015).

En 2005, Arauz inicia sus estudios en la FLACSO, para realizar una maestría en economía con mención en economía del desarrollo. Se desconoce como pudo ingresar a esta casa de estudios, si según los registros de la SENESCYT, recién legalizó su título en 2010.

Era indispensable contar con un título de tercer nivel, para la postulación a una de sus maestrías. En ese centro universitario conoció a su guía académico, director de tesis y futuro jefe: Pedro Páez Perez.

En octubre de 2007, gracias a sus contactos con líderes de la Revolución Ciudadana (RC), logra enrolarse en el Banco Central del Ecuador, en el cargo de Especialista en Sistemas de Pagos 1, puesto que requería título universitario de tercer nivel o diez años de experiencia en la institución.

Ninguno de los dos requisitos ostentaba a esa fecha el joven Arauz.

Apenas dos meses después de haber obtenido nombramiento en el BCE, su maestro, Pedro Páez, era designado ministro Coordinador de Política Económica, por Rafael Correa.

En el decreto ejecutivo 334, junio de 2007, Correa dispuso que una comisión técnica presidencial prepare los estudios que viabilicen la elaboración de convenios para la creación de la nueva arquitectura financiera internacional.

El esquema contaba con un Fondo de Estabilización Monetario, un Banco de Desarrollo Regional (Banco del Sur), y una Unidad Monetaria del Sur (Sistema de Compensación Sucre)”.

La comisión estaba liderada por Diego Borja y Pedro Páez.

En un maratónico salto, antes de cumplir el tiempo de prueba en el BCE, Andrés Arauz, fue convocado a integrar el equipo de Páez. Así se reencontraban alumno y profesor, esta vez con responsabilidades estratégicas internacionales.

En el ministerio Coordinador de la Política Económica, permaneció dos años y 29 días en el cargo. La Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa, en el artículo 32 establece que los servidores públicos podrán prestar servicios en otra entidad del Estado, con su aceptación por escrito, hasta por dos años, por una sola vez, mediante la concesión de comisión de servicios con remuneración.

El articulo 75 de la misma ley dice que los servidores de nuevo nombramiento estarán sujetos a un período de prueba de seis meses. No fue su caso.

En 2009 Arauz publicó la tesis para obtener el título de maestría: “Microestructura del Mercado de Valores Ecuatoriano”. La motivación para realizar una investigación sobre el mercado de valores ecuatoriano debió originarse cuando fue pasante en Standford Group y buscó evidenciar el impacto mundial del dólar en los sistemas bursátiles.

En el prólogo señaló que tuvo la misión de formular la política financiera del Gobierno Nacional a partir de 2007, que fue una importantísima oportunidad para obtener acceso privilegiado a la problemática de este segmento de la economía nacional. La tesis de Arauz empieza con un sentido agradecimiento y admiración a Rafael Correa, Pedro Páez y Diego Borja.

Pero en términos reales su tesis sobre las bolsas de valores es un repaso de generalidades que no promovió ningún cambio o modernización en la legislación de los mercados de valores del país, a pesar de su “rol protagónico” en la nueva construcción correísta de la política económica ecuatoriana.

De hecho ese rol intelectual que dice haber cumplido, se parece mas a las carrileras, muserolas y abre bocas que requiere un caballo para cumplir la orden del jinete.

DE VUELTA AL BANCO CENTRAL

Para el año 2009, Andrés Arauz, se reincorporó al Banco Central del Ecuador, en calidad de Director General Bancario. Su objetivo (el de Chávez y Correa), era continuar con el diseño y ejecución de la arquitectura financiera internacional.

En función de acelerar la operación el sistema Sucre, en noviembre de 2010, Andrés Arauz, en calidad de Director General Bancario, debió resolver la apertura de cuentas en los bancos centrales de los países miembros de la ALBA, como consta en el informe suscrito por Verónica Artola, actual gerente del BCE.

A la par del avance de los trámites en Quito, en 2011 en Colombia se celebraba la firma del convenio entre Alex Saab Morán, en representación de la empresa Fondo Global de Construcciones (FOGLOCONS) y el ministro de la Vivienda de Venezuela, Ricardo Menéndez. Todo con el aval de los presidentes Hugo Chávez y Juan Manuel Santos, además del entonces canciller Nicolás Maduro.

Ese convenio tenía como objetivo facilitar la exportación de materiales de construcción de Colombia y Ecuador hacia Venezuela, utilizando el sistema Sucre. Dos años después quedó en evidencia un mecanismo fraudulento de exportaciones ficticias que convirtió al sistema financiero ecuatoriano en una gran lavandería de dinero de la corrupción y el narcotráfico venezolano, pero también dejó millonarias sumas contaminadas en manos de amigos de Rafael Correa.

Los casos de Rodrigo Aucay, exgerente de Coopera, sentenciado por lavado y Nasib Neme, son algunas muestras.

Las evidencias del mecanismo de lavado generado en las exportaciones ficticias a Venezuela, no pudieron quedar en el anonimato, tanto así que se abrieron varios procesos penales, el más importante fue el caso Foglocons, en el que se ordenó la incautación de casi 60 millones de dólares.

El caso terminó en el sobreseimiento de los responsables (Alvaro Pulido y Luis Eduardo Sánchez) y en la devolución de los recursos que finalmente, al menos una parte, acabaron en bancos de USA, presuntamente de allegados a Alex Saab y Álvaro Pulido.

ECUADOR O IRÁN, EL DILEMA

Para 2008 la Organización de Naciones Unidas había emitido la resolución 1803 que exhortaba a los gobiernos del mundo mantenerse vigilantes en sus territorios sobre las actividades de bancos iraníes en especial el Melli y el EDBI, “con el fin de evitar actividades que contribuyan a la realización de actividades nucleares”.

Durante la visita del expresidente Correa a Irán, Carlos Vallejo, presidente del Directorio del Banco Central del Ecuador, el 6 y 7 de diciembre de 2008, firmó en representación de la Institución dos documentos: el Protocolo de Cooperación con el EDBI; y el Memorando de Entendimiento de Cooperación Bancaria con el Banco Central de la República Islámica de Irán.

Estaba en marcha un mecanismo de sistemas de pago entre Venezuela, Irán y Ecuador: se había autorizado al Banco Central del Ecuador para que por excepción opere con los bancos Aresbank y Banque de Commerce et de Placements S.A. – BCP Bank, como bancos reembolsadores de las operaciones de comercio exterior que se instrumenten con la República Islámica de Irán.

Mientras Correa y otros altos funcionarios ajustaban los acuerdos en Teherán, Andrés Arauz, a esa misma fecha (entre el 4 al 13 de diciembre del 2008), estaba en Venezuela para complementar los objetivos trazados.

En 2010 la resolución 1929 de la ONU pedía a los estados adoptar medidas apropiadas para prohibir en sus territorios la apertura de nuevas filiales o representaciones de bancos iraníes, sucursales o representaciones. La resolución era radical: prohibió operaciones conjuntas, impidió prestación de servicios, todo para evitar contribuir con actividades nucleares.

Para entonces Andrés Arauz ya era Director Bancario del Banco Central según su curriculum colgado en https://www.depfe.unam.mx/actividades/19/cv_AndresArauz.pdf y debía gestionar, planificar y supervisar “las operaciones del Banco Central, incluidos los riesgos sistémicos y operativos”.

Es decir en sus manos también estaba el futuro de la dolarización, pero eso no pesó al momento de experimentar relaciones bilaterales con Irán, usando también a Venezuela.

El Ecuador ya había inobservado las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y podía provocar que ese organismo coloque al país en condiciones de incumplimiento.

De hecho el país ingresó al área roja internacional. En 2008, en la sesión de Directorio del Banco Central del Ecuador del 11 de noviembre, el BCE ya había autorizado operaciones con el Export Development of Iran (EDBI), el Banco de Desarrollo y el Banco Industrial de Venezuela como bancos confirmadores y reembolsadores.

En un informe del BCE en el que explicó los alcances de la relación con Irán se evidenció los peligros que enfrentó Ecuador en esos momentos: “Las consecuencias que podría enfrentar el Banco Central por establecer relaciones financieras con entidades que forman parte de la lista de la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos), que es el caso del Banco Central de Irán o el Banco de Desarrollo de Exportaciones de Irán se presentarían en el ámbito reputacional”.

El escenario pudo ser peor: “Podría provocar la inclusión de la Entidad (el BCE) en alguna lista de la OFAC, en calidad de colaborador de sujetos calificados como narcotraficantes, criminales internacionales o terroristas”.

La primera entidad financiera en reaccionar fue el HSBC Bank, que entonces servía como corresponsal del Banco Central. Ejecutivos de ese banco llegaron a Quito el 6 de abril de 2010 y al reunirse con autoridades para decirles que suspenderían las relaciones con el Central por mantener relaciones con Irán y ser parte de la lista negra internacional en finanzas.

Allí se acabó la soberanía financiera de las autoridades ecuatorianas, entre ellos el joven Arauz, que pregonaban con orgullo los acuerdos con Teherán; les dijeron a los grandes banqueros que nunca habían realizado una transacción con las entidades iraníes y que tampoco lo harían.

Pero mentían, ellos continuaban con un plan de acuerdos.

El GAFI

Con el afán de consolidar un acuerdo comercial y financiero con Irán y Venezuela, no tuvieron reparos en las consecuencias que este acto tendría en las relaciones financieras mundiales.

En 2009 el Ecuador fue incluido en la lista de países con deficiencias legales y políticas para evitar que el lavado de dineros del terrorismo se instale en sistema financiero nacional y que no se hayan adoptado medidas suficientes para combatir el terrorismo.

La decisión la tomó el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), entidad mundial que implementa medidas legales para combatir el lavado de dinero.

En el mismo sentido la Unidad de Inteligencia Financiera, con Oficio No. UIF-DG-2009-0588 de fecha 30 de abril de 2009, respondió sobre las consecuencias de los acuerdos firmados con Irán, si embargo no emite ningún pronunciamiento y solicita se consulte a PGE con el siguiente texto:

“En el reporte del Grupo de Acción Financiera, GAFI ha sido sujeta en el último año de dos «declaraciones públicas»; en las cuales el pleno del GAFI manifiesta la preocupación de ese organismo, por el fracaso de Irán para afrontar de manera significativa las deficiencias actuales y substanciales de su régimen para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo (AML/CFT). El GAFI insta a Irán a que de inmediato de manera significativa afronte sus deficiencias AML/CFT, en particular, la tipificación del delito de financiamiento del terrorismo y la aplicación eficaz del requerimiento de notificación de transacciones sospechosas; y, advierte a los países miembros que presten especial atención a las relaciones comerciales y transacciones con Irán, incluidas las empresas iraníes y las instituciones financieras.”

Los primeros pasos del sueño de Arauz de formar una nueva arquitectura financiera se habían dado: encontró sus socios estratégicos, Venezuela e Irán. Esas acciones resultaron muy caras, generaron que se nos incluya entre los países con deficiencias legales para evitar el lavado de activos en el sistema financiero, entorpeciendo las relaciones comerciales y financieras con los miembros del GAFI, y sobre todo con EE. UU., el enemigo imaginario de Arauz.

Las sanciones no pueden considerarse como acciones exclusivamente dirigidas al país. En 2010, Australia, Canadá, Suiza, fueron incluidos en la lista. El Reino Unido fue agregado un año después.

EL EJE DEL MAL

Con la finalidad de materializar los acuerdos con la República Islámica de Irán, Andrés Arauz, visitó Teherán, entre el 9 y el 14 de abril de 2011. Una vez alcanzados los acuerdos con Irán y Venezuela, y contando con sus mentores en la comisión técnica presidencial para la creación del Banco del Sur, era necesario que alguien de extrema confianza mantenga firmes las relaciones con el régimen de Mahmud Ahmadineyad, esa persona era Vicente Véliz Briones, suegro de Andrés Arauz, quien fue designado semanas después como el primer embajador del régimen de Correa en Irán.

Los acuerdos con Irán, no solo incorporaban a bancos venezolanos en calidad de entidades compensadoras, la iniciativa iba más allá. Los iraníes querían asegurarse un banco propio en Quito para realizar las transacciones.

La institución que estaba negociada era el banco Cofiec, entidad en la que la embajada de Irán en Quito tenía abierta una cuenta. La negociación se vio frustrada por los escándalos revelados en torno al caso Duzac y la billetera móvil, trama que le costó el cargo al primo del Presidente y Gerente del Banco Central, Pedro Delgado, también prófugo de la justicia.

Meses después y pese a las advertencias por las relaciones con el estado islámico, una comisión de técnicos de Petroecuador, dispuesta por el entonces ministro coordinador de Sectores Estratégicos, Jorge Glas, concretó en Teherán, una línea de crédito por $400 millones con el EDBI.

Los recursos estaban orientados a la adquisición de combustibles a empresas de la misma república islámica, utilizando el formato de negocios ensamblados con China. Esta negociación prendió las alarmas internacionales, por lo que el régimen de Correa tuvo que dar marcha atrás.

Todos estos hallazgos dan cuenta que la arquitectura financiera regional ideada por los sabios de la RC, con Andrés Arauz comooperador siempre fue riesgosa para la dolarización; de hecho era un impedimento para llevar a cabo su proyecto.

Lo mencionado no son conclusiones propias, más bien son el detalle de las conclusiones del propio Andrés Arauz en su articulo “Apuntes para una nueva arquitectura financiera regional”, publicado por la revista digital Línea Sur No.10 en el año 2015, en las paginas 100 a 108. A continuación, se señala algunos de sus argumentos.

Estas entre otras consideraciones respecto de un sistema de fideicomisos que sería el mecanismo adecuado para manejar las necesidades políticas de los Bancos Centrales. Después de todo lo mencionado resulta muy difícil creer que, si Arauz llegara a la presidencia, se alejaría completamente de sus convicciones propias para mantener la dolarización vigente.

BANCO DEL SUR

Cuando la Asamblea Nacional aprobó la creación del Banco del Sur, Andrés Arauz mantenía el cargo de Director General del Banco Central. A su vez Verónica Artola, Directora de Servicios Bancarios Internacionales y Pedro Páez Pérez, era representante plenipotenciario de Rafael Correa Delgado, para los temas de la nueva arquitectura financiera internacional.

Mientras Arauz se desplazaba en comisiones de servicios, también ostentaba el cargo de Director Ejecutivo del Banco del Sur, una institución que tras varios años de trámites quedó convertida en un cementerio de documentos.

Los 12 años 6 meses de Andrés Arauz como funcionario público, terminaron el 8 de mayo de 2020, cuando su amiga Verónica Artola, Gerente del BCE, autorizó la compra de la renuncia con una indemnización de 27.583 dólares.

Durante el período de burócrata correísta, el joven Arauz recibió en calidad de remuneraciones una cifra de 546 mil dólares, un promedio mensual de 3 mil 800 dólares, en un país donde el sueldo básico es de 400 dólares.

El 11 de abril en Ecuador hay balotaje, de triunfar Andrés Arauz Galarza, podrá volver al sector público en calidad de Presidente a completar el sueño del finado Hugo Chávez y su amigo Rafael Correa, prófugo de la justicia.

El falso crowdfunding de Andrés Arauz

Escrito por Periodismo de Investigación en 20 de marzo de 2021. Publicado en Arroz Verde.

Las irregularidades están marcadas como instructivo en la propia página web de Andrés Arauz, desde allí se invita a sus simpatizantes a donar recursos para su campaña a través del financiamiento colectivo o crowdfunding.

Hacer vaca entre todos”, dice la página de Andrés Arauz https://andresarauz.ec/campana_union_por_la_esperanza/ pero en realidad ese sistema de fondeo está muy lejos de cumplir con requisitos legales.

Pese a ello Arauz y Rabascall se han mostrado orgullosos del éxito de su plan de financiamiento y han expresado en varios medios que recibieron donaciones por un millón de dólares ¡Todo un récord!

El crowdfunding correísta fue anunciado por el candidato presidencial Andrés Arauz, en sus redes sociales en diciembre de 2020. Arauz lo posicionó como un mecanismo de financiamiento ciudadano para intentar desestimar las acusaciones de un supuesto aporte de $80 mil por parte del grupo terrorista, ejército de liberación nacional. El candidato del correísmo en varios medios de comunicación insistió en que su crowdfunding apelaba a la solidaridad con aportes de $15 dólares por persona. Así, uno a uno sumaron el primer millón de dólares.

El 14 de diciembre de 2020, UNES abrió el RUC 179310533501 a nombre de Verónica Gallardo Aguirre. Posteriormente se apertura la cuenta corriente 11003002123 en el Banco de Desarrollo de los Pueblos (CODESARROLLO). Esta cuenta es la que figura como receptora de los recursos del crowdfunding y es la misma reportada ante el CNE. La responsable del manejo económico, Verónica Gallardo, fue viceministra de Finanzas durante la gestión de Patricio Rivera, asesor del gobierno de Nicolás Maduro.

Se entiende como crowdfunding el financiamiento colectivo de proyectos o causas a través de plataformas de internet. A nivel internacional hay varias para ese tipo de actividades y en todas partes existe una legislación clara de aplicación para evitar que la información privada, de los aportantes, se haga pública. Pero sobre todo para certificar que los fondos que se entregan o transfieren no provienen de actividades ilícitas como el lavado de dinero o que acaben convirtiendo al propio crowdfunding en un mecanismo de lavado.

Estos principios no se cumplen en el mal llamado crowdfunding de Unión por la Esperanza.

En Ecuador el crowdfunding se formalizó con la Ley de Emprendimiento, requiere una plataforma digital y para promover sus fines debe estar aprobada en la Superintendencia de Compañías, incluso bajo regulaciones del Consejo Nacional de Valores.

El sistema de fondeo que UNES llama crowdfunding, no es mas que una pantalla de un supuesto financiamiento ciudadano, para ocultar el origen de los dineros recibidos a través de depósitos en efectivo o transferencias directas a la cuenta del Banco de Desarrollo de los Pueblos, sin que exista de por medio información clara de los depositantes y la procedencia de los recursos.

¿Quiénes son los aportantes de ese primer millón de dólares en la cuenta única de UNES?

Sospechosos depósitos

Al revisar una lista de los 186 depositantes superiores a los 900 dólares y escoger al azar sus nombres para confrontar su capacidad económica saltan las sorpresas.

Carlos Antonio Calderón Lucas, manabita de 56 años, vive en Tosagua, tiene un pequeño taller de tapicería que es la fuente de ingresos de su familia. Su esposa es enfermera y no registra ingresos. Tiene tres hijos de 26, 24 y 18 años. Su última niña se graduó en un colegio a distancia fuera de su provincia.

Ellos son parte de la lista de principales aportantes a la campaña del binomio Andrés Arauz y Carlos Rabascall. Cada uno de los integrantes de la familia, aportó mil dólares en efectivo, cinco mil en total, según las cuentas que esa organización política presentó ante el Consejo Nacional Electoral, como justificativos de ingresos de la primera vuelta.

En una primera consulta sobre los aportes de la familia Calderón a la campaña de Arauz, su respuesta fue que no había aportado, que era una familia pobre, incluso Calderón aseguró que ese momento no contaba con su cédula para corroborar si se trataba de él.

Luego de dos días consultamos nuevamente al señor Calderón, pero ahora cambió su versión, dijo que hizo una colecta para que su esposa, que es profesional (enfermera), acceda a un trabajo futuro:

Por acá si queremos trabajar nos piden seis mil por un cargo así que con un grupo de profesionales recolectamos eso y depositamos por ventanilla en la cooperativa Coodesarrollo, ¿cuál es el problema?”, dijo.

En la lista de aportantes encontramos la donación de Nilo Farfán, de 74 años y otros familiares, todos de Portoviejo. Los aportantes no poseen registro alguno de pago de impuestos en el portal del Servicio de Rentas Internas, desde 2012; dos personas de la tercera edad y dos jóvenes de 24 y 19 años entregaron $11 mil dólares.

Desde que UNES obtuvo el Registro Único de Contribuyentes para promover su campaña no demoró en abrir en el Banco de Desarrollo de los Pueblos (Codesarrollo) la cuenta corriente No.11003002123, que registra 541 operaciones de depósitos y 265 transferencias, en total 806 transacciones de ingresos económicos a su cuenta.

No existe claridad en la ruta de los depósitos y transferencias de esos recursos a la cuenta única de campaña de UNES.

Xavier Navarro, un empresario de Manabí al que consultamos sobre la entrega de $25 000 a la campaña, aseguró que ese dinero se lo transfirió desde su cuenta en el Banco del Pichincha a otra similar en el mismo banco. En diálogo con PI se comprometió a entregar el formulario en el que justifica la transferencia y la licitud de los recursos, finalmente se negó a entregar el documento.

– ¿No transfirió a la cuenta del banco de Desarrollo de los Pueblos?, se le preguntó.

– “No, fue al banco del Pichincha”, respondió el empresario.

De una muestra de 190 aportantes tomados al azar, 95 son de la provincia de Manabí. En total hemos revisado aportes por 89 mil dólares en efectivo, correspondientes a 89 depósitos de mil dólares cada uno.

En la capital manabita se registra el caso de Alfredo Vergara Chávez, de 31 años, quien mantiene un RUC suspendido, fue denunciado por robo y enfrentó una demanda de alimentos en la que se estableció una pensión de apenas $100, que no ha cumplido en varias ocasiones.

En el registro aparece también como aportante con $1000, Santiago Díaz Asque, jefe de campaña del binomio Arauz-Rabascall. De igual forma, la esposa de Díaz, Helen Pazmiño, figura con un aporte de $1800.

Con $5000 consta el ciudadano Jaime Fernández Ludeña, que registra al menos tres empresas a su nombre, una de ellas, Panampensa S. A, mantiene contratos de servicios petroleros con las estatales Petroecuador y Petroamazonas.

Hasta el cierre de nuestra edición, el binomio Arauz-Rabascall reportó al CNE una cifra de $1.157.502, correspondiente a 839 aportes, entre depósitos en efectivo, donaciones en especie y transferencias directas. Ninguno de estos aportes se ha realizado a través del sistema crowdfunding.

Hay mas casos que pueden calificarse de anómalos en la misma provincia de Manabí, en un mismo día. Por ejemplo: el 29 de diciembre de 2020 Juan José Peña Vera donó $5000, que representa el 25% de sus ingresos. Bessy Intriago Moreira, una jubilada sin perfil financiero entregó $4000. Rubén Cedeño Zambrano, empleado de una entidad pública pagó $5000 cuando sus ingresos anuales totales suman $13200. O Alicia Espinoza Macías que sin perfil financiero le dio a la campaña $5000.

UNES está muy lejos de cumplir los requisitos mínimos de control de los recursos que posee. El falso crowdfunding que promueve es un mecanismo abierto al lavado de dinero y lo saben.

Los depósitos y transferencias de UNES desde su cuenta a varios proveedores, suman un monto superior a los $750 mil y aún queda por justificar $400 mil en gastos de acuerdo con el reporte del CNE.

Ruta de los depósitos

¿Cómo se han dado esas transacciones? Periodismo de Investigación PI realizó dos transferencias a la cuenta 11003002123, reportada en la plataforma del crowdfunding, para comprobar si existe control sobre el origen de sus depósitos y constatamos que no.

El jueves 11 de marzo del 2021, realizamos dos transferencias por un monto de 2 dólares cada una, a través de un banco local a la cuenta 11003002123 del Banco de Desarrollo de los Pueblos S.A. En el video tutorial se pide descargar el formulario de la web, pero al no ser posible, nos comunicamos al número de celular que aparece en la página https://andresarauz.ec/campana_union_por_la_esperanza/ Telf: 0963961656 como contacto referente. Por esta vía nos enviaron el formulario y la dirección donde debíamos dejar los documentos: Av. Shyris N36-120 y Suecia, edificio Allure Park piso 7, Quito.

Nuestro aportante con toda la documentación en mano fue a la oficina señalada para entregar el formulario. Constató que en ese lugar (departamento 7B) funciona la empresa Lokal Consult, donde fue atendido por Rubén Gallardo Aguirre, hermano de la responsable económica de UNES, Verónica Gallardo, que figura como accionista de la empresa.

Rubén Gallardo indicó que no podía recibir los documentos y pidió hacerlo en las oficinas del partido, ubicadas supuestamente en la Shyris y Naciones Unidas, donde no existe ninguna sede de UNES.

El dinero sale como entra

Según los reportes de UNES al CNE, correspondientes a la cuarta quincena de campaña, los egresos del binomio presidencial llegan a $1.151,582. De esa cifra, los gastos vía transferencia bancaria suman $752.896,62, hasta marzo de 2021.

Entre los beneficiarios de los gastos consta la empresa Creaideas, domiciliada en Quito, encargada de publicidad, la cual recibió dos transferencias de $112 mil cada una (total $224.000), desde la cuenta oficial del Banco de Desarrollo de los Pueblos a una cuenta en el banco del Pichincha.

Karen Villamar Murillo, recibió $79.184 en tres transferencias por servicios de publicidad.

Verónica Gallardo Aguirre, no solo figura como responsable económica de UNES, también aparece como proveedora de servicios profesionales, actividades por las que recibió un total de $12.241,92. Entre los aportes realizados por Gallardo constan dos transferencias por un monto total de $7000.

Entre tanto Rubén Gallardo Aguirre, hizo un aporte de $1200, pero recibió $3006 en tres transferencias de $1002 cada una. En el reporte de gastos consta por pago de arriendo.

Codesarrollo, un banco amigo del correísmo

El Banco de Desarrollo de los Pueblos, es familiar para el correísmo. En 2017, el expresidente Rafael Correa Delgado, abrió una cuenta en esa institución, a nombre del Instituto de Pensamiento Político y Económico Eloy Alfaro – IPPE, donde recibió transferencias por $281.000 desde el Banco de Desarrollo de Venezuela – BNDES. Documentos revelados en 2019 confirmaron que Correa y varios de sus coidearios fueron beneficiados con esos recursos económicos, como consta en el cuadro adjunto.

ARAUZ FIRMÓ EL ENDEUDAMIENTO DE LA PATRIA – PARTE 2

Escrito por Periodismo de Investigación en 24 de enero de 2021. Publicado en Sin categoría.

Cuando fue subsecretario de la Senplades y miembro delegado en el Comité de Deuda y Financiamiento del Gobierno de Rafael Correa, Andrés Aráuz fue corresponsable del endeudamiento y de la priorización de decenas de proyectos “emblemáticos” de la revolución ciudadana, entre ellos varios de Odebrecht, cuando la corrupta multinacional brasileña había entregado ya sobornos a algunos jerarcas del gobierno de Rafael Correa. Entre estos, el proyecto Daule-Vinces (Dauvin).

En esta segunda parte del informe, los portales Periodismo de Investigación y Plan V pasan revista a varios contratos de deuda y resoluciones de prioridad del Senplades, que llevan la firma del candidato correísta para las elecciones presidenciales de febrero del 2021. Entre otros proyectos destacan los millonarios contratos para las polémicas y gigantescas plataformas gubernamentales, las Escuelas del Milenio, que significaron un negativo impacto profundo en la vida de las comunidades campesinas de la Sierra, Costa y Amazonia, y los recursos que se mal usaron o se esfumaron en la reconstrucción de las provincias que fueron afectadas por el terremoto de abril del 2016, especialmente Manabí.

Sobreprecio en las millonarias plataformas gubernamentales

Andrés Arauz fue parte del Comité de Deuda y Financiamiento en enero de 2015, cuando se aprobó la obtención de un crédito por USD 80 millones con el BID y otro por cerca de USD 40 millones con el Banco Europeo de Inversiones, para la construcción de la Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social (Sur).

La construcción de ese edificio fue parte de un macro proyecto de USD 572 millones, coordinado desde Senplades, con Arauz como subsecretario, y con presupuesto de Inmobiliar, para una ejecución de 3 años (2013 a 2015).

En diciembre de 2012, la Senplades calificó como prioritario el proyecto «Implementación de proyectos inmobiliarios estratégicos para la distribución a nivel nacional del sector público», mediante oficio SENPLADES-SGPBV-2012-1 338.

El presupuesto para este proyecto requería de USD 572 millones para la compra, construcción y remodelación de inmuebles para reubicar a las entidades del sector público.

Destacan dos puntos de este proyecto: demoler el edificio del MAGAP en Guayaquil y la construcción la Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social (cuya edificación fue, a su vez, también una parte del Programa de fortalecimiento de la gestión interseccional social).

Entre 2013 y 2015, Arauz fue subsecretario general de Planificación para el Buen Vivir en la Senplades, desde donde se coordinó la ejecución de este proyecto. La prueba de esto está en varios oficios firmados por él, como uno enviado al entonces director de Inmobiliar, Klever Mejía, el 13 de febrero de 2014, Arauz le señala algunos ajustes en los componentes del proyecto y su presupuesto.

Para este proyecto fue necesario endeudarse. Solo el Programa de fortalecimiento de la gestión interseccional social, que incluye la construcción de la Plataforma Social, requería de poco más de USD 120 millones que fueron financiados con un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por USD 80 millones a un plazo de 25 años.

La obtención de esta deuda fue autorizada en enero de 2015 mediante Acta Resolutiva 003, firmada por Patricio Rivera, como delegado de Presidencia ante el Comité de Deuda y Financiamiento; Fausto Herrera, entonces ministro de Finanzas; Carlos Barrionuevo, como subsecretario de Financiamiento Público; y, Verónica Artola, actual tituar del Banco Central, pero que en para esa gestión actuó como delegada del secretario nacional de Senplades. Posteriormente, el crédito se firmó el 5 de febrero de 2015.

Entre las condiciones del contrato del crédito con el BID se establece que el desembolso se haría siempre que los USD 40 millones restantes para financiar el 100% del proyecto se obtengan de otro crédito con el Banco Europeo de Inversiones.

El edificio de la Plataforma Gubernamental Sur fue construido a un costo de USD 98,7 millones y demoler el edificio del Magap en Guayaquil costó cerca de USD 3,9 millones. ¿Dónde está el resto del dinero?

De acuerdo con el cronograma del oficio SENPLADES-SGPBV-2014-0181-0F, presentado por el mismo Arauz -entonces subsecretario de la Senplades-, con USD 91,6 millones debían adquirirse los inmuebles necesarios para la relocalización de las entidades en las plataformas gubernamentales; otros USD 4 millones fueron para demoler el edificio del Magap; y, USD 476,3 millones, para construir y remodelar las infraestructuras para las entidades del sector público.

Trasvase Daule-Vinces, otra obra de Odebrecht

En 2013 Andrés Arauz actuó como delegado del secretario de Senplades, Pabel Muñoz, en el Comité de Deuda que autorizó el endeudamiento por USD 137 millones con el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social del Brasil (BNDES), para contratar a Odebrecht para la construcción del proyecto Trasvase Daule-Vinces-Dauvin, que terminó con un sobreprecio del 67%.

El acta resolutiva 017, del 15 de agosto de 2013, el Comité de Deuda y Financiamiento autoriza un endeudamiento por USD$ 137 millones con el BNDES para financiar el Proyecto Trasvase Daule Vinces-Dauvin cuyo ejecutor fue la SENAGUA.

El acta está firmada por Fausto Herrera, como ministro de Finanzas; Patricio Rivera, como delegado de Presidencia ante el Comité, Andrés Arauz, como delegado del secretario Nacional de Planificación (Oficio SENPLADES-SNPD-2013-0689-0F); y William Vásconez, subsecretario de Financiamiento Público.

Para agosto de 2013 los acuerdos de Arroz Verde ya estaban vigentes con Odebrecht: un mes después, el 9 de septiembre, la constructora brasilera entregó $500 mil al gobierno de Correa, según consta en el juicio del caso “Sobornos” y hasta diciembre de ese año se había entregado $1,55 millones.

La adjudicación

El 30 de abril de 2012, Walter Solís, como titular de Senagua, y José Conceição Santos y Ricardo Vieira, de la brasilera Odebrecht, suscribieron el contrato para la construcción de la obra por USD 191 millones y el plazo de ejecución fue de 840 días; es decir, dos años y tres meses. Finalmente, tres años y medio después, en el discurso de inauguración, el propio presidente Correa dijo que la inversión de la obra superaba los USD 352 millones. Un incremento del 184%.

En 2017, Conceição Santos declaró que pagó coimas para hacerse con el contrato: en total USD 6 millones entre 2012 y 2015.

El control de inundaciones, proyectos millonarios y poca efectividad

Pabel Muñoz, como secretario de la Senplades, delega a Arauz al Comité de Deuda para que se autorice un crédito por USD 299 millones para un proyecto de la Senagua. La deuda se obtiene, nuevamente con el Bank of China Limited y el Deutsche Bank.

El 22 de julio de 2013, el Comité de Deuda y Financiamiento autoriza un endeudamiento por USD 299 millones para proyectos de control de inundaciones en Cañar y Naranjal. El crédito se firmó con el Bank of China Limited y el Deutsche Bank, con interés del 3.91% a 10 años plazo, para financiar parcialmente los proyectos.

En este proyecto, nuevamente Arauz firma como delegado del secretario de la Senplades, Pabel Muñoz. El acta resolutiva del Comité de Deuda lo firma junto a Patricio Rivera y Fausto Herrera.

Del Bank of China Limited e obtuvo deuda por USD 260’026.115; y, del Deutsche Bank, USD 38’854.477.

Este proyecto fue ejecutado por la Senagua, y el presupuesto se estimó en USD 154 millones para el Proyecto Naranjal; y, USD 288 millones Proyecto Cañar.

Los proyectos de control de inundaciones Naranjal y Cañar fueron inaugurados en enero del 2016 por Anne Dominique Correa, a pedido de su padre.

De acuerdo a un informe del diario Expreso, en el 2019, que recorrió las obras de Control de Inundaciones Bulubulu y los bypasses de los proyectos Cañar y Naranjal, cuyo fin también era mitigar los efectos de las lluvias, estas no funcionaban adecuadamente. La inversión alcanzó los USD 345 millones.

Cruzando la carretera, en el recinto La Cadena, el río se desborda por partes. “El agua antes nos llegaba hasta el cuello, ahora quizás hasta las pantorrillas”, comentó entre risas Manuel Oleas. En Boliche, ubicado a casi cincuenta kilómetros, las inundaciones se detuvieron en la zona céntrica, pero no en sus zonas rurales. “Desde que hicieron ese bypass más arriba, acá ya casi no nos inundamos, pero más arriba, en las fincas, la gente aún construye muros con piedras, porque el río se desborda”, narró Byron Díaz. Según información publicada por la Empresa Pública de Agua (EPA), el estado del funcionamiento del Control de Inundaciones Bulubulu, y las complementarias Cañar y Naranjal es del 100 %. Pese a esto, las tres obras cuentan con observaciones de la Contraloría, en informes aprobados entre 2016 y 2017.

En el caso del proyecto Bulubulu y Cañar, los cuestionamientos surgen de pagos injustificados, inconsistencias técnicas en los precios unitarios y fallas en el correcto manejo de los estudios ambientales. En el caso de Naranjal, los problemas son mayores. Hay controversias por el uso de material de inferior calidad e incumplimiento de especificaciones técnicas de construcción, demoras en el pago de expropiaciones de terreno, lo que imposibilitó la correcta edificación de tramos del dique y provocó vulnerabilidades, y la explotación de una mina cercana sin estudios técnicos o ambientales para poder continuar con la rápida cimentación de la obra. No son los únicos proyectos hídricos con fallas. Como publicó EXPRESO la semana pasada, siete de las megaobras construidas por la entidad cuentan con informes detallando incumplimientos administrativos y penales. La prueba física por las deficiencias se vio a inicios de semana con inundaciones en Los Ríos relacionadas a malos diseños del trasvase Daule-Vinces”.

El fracaso de las Escuelas del Milenio

En noviembre del 2014, la Senplades hizo varias observaciones al proyecto de incremento de estructura educativa, del ministerio de Educación, que contemplaba sobre todo la construcción de 200 Unidades del Milenio. Este se llamaba Nueva Infraestructura Educativa. Pero además se incluía 5.564 unidades de otro tipo a construir.

El monto que la Senplades autorizó fue de US$ 2.147.797.759.43 para el periodo 2010-2016, de los cuales USD 1.958.348.189,99 correspondían a recursos fiscales, US $ 179.892.684,73 a crédito externo y US $ 9.556.884,71 a cooperación internacional. El oficio fue firmado por Verónica Artola, entonces Subsecretaria del Senplades.

En su contenido ya se advertía los problemas a la postre resultaría en el fracaso de un proyecto educativo concentrador basado en grandes estructuras, como fueron las Unidades del Milenio.

En el punto 8 del oficio advertía que “de acuerdo a los artículos J y 28 de Ja Constitución de la República del Ecuador 2008, y a los objetivos 3, S y 6 del Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017 y con la finalidad de lograr la integralidad en el proyecto, el Ministerio de Educación, Mineduc, deberá continuar con las gestiones de implementación y funcionamiento del sistema de transporte escolar para los nuevos establecimientos educativos estandarizados que serán construidos, repotenciados o reconstruidos, en el marco del proceso de reordenamiento de la oferta educativa, conforme el compromiso presidencial 20598 «Reordenamiento de la oferta escolar».

Para el efecto el Mineduc debe mantener la coordinación con la ANT y el MTOP, en el ámbito de sus competencias. Esto porque finalmente el problema de movilidad de las familias, cuyos hijos fueron obligados a transportarse incluso a kilómetros de sus casas, impidió que estos niños y niñas asistan a la escuela. O las familias se separaron pues a muchos les tocó enviar a sus hijos a vivir en poblaciones más cercanas a la escuela del milenio.

En el punto 9 se advertía que “con Oficio Nro. SENPLADES-SSE-2014-0 J42-0F del 22 de septiembre de 2014, esta Secretaría de Estado presentó el informe de seguimiento a las unidades educativas del milenio, con la alerta: »Las Unidades del Milenio detalladas en este informe, pese a su reciente funcionamiento, presentan problemas en su infraestructura y en la dotación de servicios básicos que limita una operación eficiente conforme el modelo educativo innovador planteado”.

En junio del 2015, y con el aval del entonces ministro Coordinador de Conocimiento y Talento Humano, Andrés Arauz, el Senplades, mediante oficio 0436, actualizó y aprobó la prioridad del proyecto para el periodo 2010-2017, es decir hasta el final del gobierno de Rafael Correa. Sin embargo, el oficio de la Senplades se advierten algunos problemas. En el punto 5 del documento se advertía que las autoridades responsables debían

Incorporar los documentos que describan el modelo de ordenamiento de la oferta educativa, el cual se menciona en varias partes del documento del proyecto e indica que la Unidad Educativa del Milenio Cerezal Bellavista cuenta con un acceso en malas condiciones (5 kilómetros de longitud) y que podría representar un problema para la asistencia de los estudiantes a la unidad. Por lo que, se requiere que el proyecto indique las unidades educativas que se encuentran con el mismo problema y cuál será la solución para que el acceso esté garantizado”.

El documento volvía a advertir que “el Mineduc deberá continuar con las gestiones de implementación y funcionamiento del sistema de transporte escolar para los nuevos establecimientos educativos estandarizados que serán construidos, repotenciados o reconstruidos, en el marco del proceso de reordenamiento de la oferta educativa, conforme el compromiso presidencial 20598 “Reordenamiento de la oferta escolar». Para el efecto el Mineduc debe mantener la coordinación con la ANT y el MTOP, en el ámbito de sus competencias”.

El mismo candidato a la presidencia Andrés Arauz reconoció en el debate presidencial los problemas de transporte provocados por la incorrecta planificación al momento de escoger las zonas en que se levantaron las escuelas; por su puesto Arauz no iba a reconocer su participación directa en esas decisiones que la mayoría de la población ecuatoriana ignora.

A pesar de las advertencias y observaciones, el Comité Permanente de Deuda y Financiamiento aprobó la operación de crédito con el Bank of China Limitedde Pekín, el Bank of China Limited, Sucursal de Panamá, el Bank of China Limited Sucursal Liaoning y el Deutsche Bank AG Sucursal Hong Kong, a la República del Ecuador, por hasta USD 167.371.800,00, destinados a financiar parcialmente la «Adquisición de 200 Unidades Educativas Provisionales Tipo Milenio (Prefabricadas), Incluido su Ensamblaje, Instalación y Puesta en Operación, a Nivel Nacional», que forma parte del Proyecto «Nueva Infraestructura Educativa», sobre la base de los informes técnicos presentados por la Subsecretaría de Financiamiento Público a través de los Memorandos Nro. MINFIN-SFP-2016-615 y No. MINFIN-SFP-2016-618 de 21 de octubre de 2016 y de 25 de octubre de 2016 respectivamente de conformidad con la Constitución, las Leyes, Reglamentos y más normas pertinentes vigentes en el país. Ministro Coordinador era Andrés Arauz.

Fracaso y sobreprecio

Quizá una de las poblaciones donde el cierre de las escuelas comunitarias dejó graves secuelas es Victoria del Portete. Esta es una parroquia rural del cantón Cuenca, en la provincia de Azuay. Está ubicada a 40 minutos al sur de Cuenca y en esta zona se asienta el cerro de Quimsacocha, que en lengua kichwa significa tres lagunas. Esta es una reserva natural.

El 20 de octubre de 2015 el presidente Rafael Correa inauguró la Unidad Educativa del Milenio de Victoria del Portete. “A nueve meses de su inauguración, la UEM Victoria del Portete se está convirtiendo en un referente educativo por su infraestructura, equipos tecnológicos y programas pedagógicos innovadores”, decía una publicidad gubernamental. Según Yaku Pérez, dirigente indígena y también candidato a la Presidencia, su construcción se hizo con las regalías anticipadas de empresas mineras. El Gobierno la llamaba ‘la minería para el buen vivir’.

Esa UEM provocó el cierre de 13 escuelas comunitarias del sector. Una ellas fue la escuela Ramón Ulloa que tenía 300 estudiantes y hoy sus instalaciones están abandonadas, llenas de maleza. Lo mismo sucedió con la escuela de San Pedro de Escaleras, Quimsacocha y a 3km. de la UEM. Se cerró también la escuela de Corral Pamba, a 7 km de la UEM, cuyos alumnos, por la distancia y la facilidad de transporte, prefirieron estudiar en Cuenca.

Muchos niños de la escuela de El Rodeo, que fue cerrada y tuvieron que ir a esa UEM, desertaron porque no tenían recursos para el transporte. Solo en el primer semestre de inaugura la UEM hubo recorridos.

Las consecuencias del cierre de las escuelas comunitarias fueron trágicas: los niños indígenas ya no practican la cosmovisión andina, ni el idioma. A las escuelas comunitarias asistían con su vestimenta tradicional y ahora van a la UEM con los uniformes que impone el Ministerio de Educación. Se decía que la UEM de Victoria de Portete beneficiará a 1.231 niñas, niños y jóvenes del sector, pero la asistencia se redujo en un 30%. Otros niños han sufrido maltratos por las diferencias culturales y dejaron de estudiar.

Las Unidades Educativas del Milenio (UEM) fueron un proyecto emblemático de la ‘revolución educativa’ impulsada en el gobierno de Correa. El nuevo modelo escolar comprendía construcciones funcionales a escala nacional con un costo aproximado de cinco millones cada una, que ofrecerían “educación completa”, es decir inicial, básica y bachillerato en un solo plantel. “En zonas rurales, idealmente, esto evitaría a las familias enviar a sus hijos a la ciudad para continuar la educación secundaria”, era uno de sus objetivos.

El modelo UEM propuso racionalizar las construcciones escolares en el territorio, fusionando a varias escuelas de los alrededores. Esto llevó al cierre de cientos de escuelas pequeñas, entre comunitarias, unidocentes e interculturales, sobre todo en zonas rurales. Se ofreció transporte escolar a quienes viven a más de 3 kilómetros de la escuela. En la práctica lo que ocurrió es que miles de niños tuvieron que abandonar sus comunidades para caminar kilómetros diariamente para llegar a los nuevos centros educativos, pues se realizaron las construcciones sin estudios sobre la población ni el universo a la que iban destinadas las obras. Se privilegió los contratos de construcción de las edificaciones y sus insumos de funcionamiento. Al momento existe un gran número de UEM que se encuentran desatendidas o en condiciones precarias por la falta de presupuestos sostenibles para su funcionamiento o en las que la Contraloría ha hallado sobreprecios.

Según el último cálculo de las autoridades, durante el gobierno de Correa se cerraron 6.000 escuelas comunitarias en su mayoría en la Sierra central, así como la Universidad Intercultural Amawtay Wasi.

Francisco Cevallos, viceministro de Gestión Educativa del Ministerio de Educación, informó en febrero de 2019 que hubo una reducción de 18.558 escuelas comunitarias a 12.333.

Ese fue el caso de Peguche donde se cerraron 6 escuelas bilingües. Lo mismo ocurrió con las escuelas bilingües de La Chimba y Moyurco, de Cayambe. Por estas escuelas lucharon Dolores Cacuango y Tránsito Amaguaña. Según Contrato Social por la Educación, 74 instituciones de Latacunga y 27 de Pujilí fueron cerradas hasta el 2014. En la provincia de Cotopaxi, entre 2008 y 2014, se habían cerrado 100 instituciones educativas.

En el anterior régimen, el Ministerio de Educación dispuso que una escuela bilingüe debía tener al menos 35 estudiantes para que no se cierre. Sin embargo, la realidad en las comunidades era distinta. Había escuelas muy lejanas y los estudiantes no suman el número requerido. En la comunidad de Morocho, en Cotopaxi, se cerró la unidad educativa en el octavo, noveno y décimo grados. Los niños y sus padres no estaban en las condiciones económicas para llevarlos a la ciudad de Quiroga.

En muchas comunidades indígenas, campesinas y afro ecuatorianas, no hay transporte, ni público, ni privado. Los niños tienen que madrugar y caminar largas distancias. Por ejemplo, la Escuela del Milenio de Imantag, en Imbabura, está ubicada fuera del centro poblado y distante de Peguche. Esto ha provocado accidentes, hay casos de niños atropellados que han quedado paralíticos como el de los niños en Ullcupungo, así como una niña de Imantag (Imbabura) que murió arrollada por un bus, ella podría haber estudiado la escuela en Morlán pero debía caminar 45 minutos hasta la escuela del milenio.

Organizaciones indígenas y de derechos humanos denunciaron esas situaciones. En diciembre de 2013, la Ecuarunari puso una demanda de incumplimiento del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe ante la Corte Constitucional. Mientras que la Conaie exigió que la rectoría de la política de esa educación sea asumida por los pueblos y las nacionalidades. La Asamblea de la Conaie, que se llevó a cabo en Salasaca el 17 y 18 de julio de 2015, exigió la inmediata reapertura de las escuelas y de la Universidad Amawtay Wasi. También se presentaron acciones de protección pero fueron negadas por los jueces. En junio de 2015, también se efectuó el IV Encuentro sobre la educación intercultural bilingüe, en Peguche, Imbabura. Su objetivo fue recabar información y crear una base de datos de las violaciones a los derechos de la educación y de las víctimas.

El ministro de Educación, Milton Luna, anunció el 31 de enero de 2019 que durante ese año se reabrirán unas 1.000 escuelas comunitarias sobre todo en las zonas rurales de mayor pobreza en Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Bolívar. Así mismo en provincias de la Costa como Esmeraldas, y en la Amazonía. Esto después de un estudio del mismo Ministerio de Educación y del BID de agosto de 2018. Allí se concluyó que las UEM no han tenido un impacto en la matrícula escolar y tampoco que el rendimiento escolar (al año 2015) haya variado.

Agua, saneamiento y residuos sólidos: millones para obras incompletas

En agosto de 2014, se firma un nuevo crédito por USD 150 millones con el BID para financiar el 74,4% del Programa Nacional de Inversiones en Agua, Saneamiento y residuos Sólidos.

El Programa debía ejecutarse de 2015 a 2018 y su costo se estimó en USD 201,6 millones: USD 150 millones por el BID y USD 51,6 millones con recursos fiscales.

El presupuesto del programa se dividía en

USD 21,8 millones para estudios y preinversión de proyectos
USD 167,3 millones para obras de infraestructura.
USD 10,7 millones para fortalecimiento institucional. (BDE, Senagua y asistencia técnica de GAD)
USD 1,8 millones para administración del programa

En el documento SENPLADES-SGPBV-2014-0964-0F, Andrés Arauz, como subsecretario de la Senplades, dictamina como prioritario el Programa y establece que el BDE sería la única entidad en capacidad de evaluar a los GAD que recibirían los recursos, según los proyectos que presente cada uno.

El 5 de noviembre Verónica Artola, actual gerente del Banco Central del Ecuador, firma como subrogante de Arauz en la actualización de prioridad:

El contrato de radares españoles para reemplazar el fiasco de los radares chinos, con una empresa cuestionada

Desde la Senplades, Andrés Arauz ratificó como prioritaria la compra de radares españoles por USD 88 millones a la empresa INDRA, para reemplazar los radares chinos de CETC; y, dio visto bueno al Ministerio de finanzas para que otorgue la certificación presupuestaria. También fue parte de Comité de Deuda que autoriza el endeudamiento con el Deutsche Bank por el valor total del contrato.

El 14 junio de 2014, mediante oficio SENPLADES-SGPBV-2014-0573-0F, dirigido a la entonces ministra de Defensa, María Fernanda Espinosa, Arauz ratifica como prioritaria la compra de radares militares para la vigilancia de la frontera.

Un mes después, el 11 de julio del mismo año, en el oficio SENPLADES-SGPilV-2014-0668, Arauz se dirige al ministro de Finanzas, Fausto Herrera, autorizando se otorgue la certificación presupuestaria para la compra de cuatro radares, dos centros de mando y control, y un sistema de comunicaciones, por un monto de USD 104.8 millones.

El contrato se firmó con carácter reservado, con la empresa española INDRA SISTEMAS, el 21 de noviembre del mismo año por un USD 88 millones.

El financiamiento de este valor se obtuvo por un crédito de USD 88 millones con la Deutsche Bank Sociedad Anónima Española, con un interés del 3,12% a un plazo de 11 años. Este crédito, nuevamente, fue autorizado por el Comité de Deuda y Financiamiento del que Arauz era parte.

INDRA es la misma empresa a la que la Contraloría le estableció una glosa por USD 23 millones por irregularidades contractuales y de entrega del sistema Justicia 2.0, contratado por el Consejo de la Judicatura de Transición.

La idea era que los radares reemplacen a otros cuatro equipos que adquirió la Fuerza Aérea Ecuatoriana a la empresa china CETC por USD 60 millones en 2009, después de la incursión de Colombia a Angostura, pero que mostraron fallas técnicas.

Un préstamo del BID para cubrir el costo de un terremoto, donde se esfumaron USD 3 000 millones

La tragedia que sacudió a las provincias de Manabí y Esmeraldas, tras el terremoto del 16 de abril de 2016 con miles de damnificados, 670 fallecidos y millones de dólares en pérdidas, también dejó a su paso una estela de irregularidades en las que estarían involucrados altos cuadros políticos del correísmo.

Más de USD 3 000 millones se recaudaron desde 2016 para atender las emergencias derivadas del sismo de 7,8 grados. Pero las denuncias por sobreprecios, obras que nunca se hicieron u otras que permanecen inconclusas, no terminan pese a haber transcurrido casi cinco años desde aquel desastre natural.

Si bien las denuncias de manejos irregulares se han enfocado más a los fondos provenientes de la Ley de Solidaridad (aprobada para financiar la reconstrucción de zonas afectadas, mediante un alza temporal de impuestos), el destino de los recursos provenientes de créditos externos no ha estado exento de observaciones y cuestionamientos.

Buena parte del financiamiento internacional para el terremoto provino del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y en el proceso inicial para obtener estos recursos, Andrés Arauz, candidato presidencial por el correísmo, fue determinante. Intervino como funcionario de la Senplades, entidad desde la cual el correísmo planificaba, priorizaba y orientaba los millonarios programas de inversión pública, así como también debía evaluar su cumplimiento. Senplades era responsable además de elaborar el Plan Nacional de Desarrollo o del Buen Vivir (como se lo bautizó después) y los Planes Anuales de Inversión.

Además el papel de Senplades era preponderante en la contratación de créditos externos, pues en las gestiones o negociaciones para acceder a este tipo de financiamiento, las instituciones del sector público requerían la autorización previa de esa entidad y del Ministerio de Finanzas. El proyecto a ser financiado debía ser declarado prioritario por la Senplades.

El otro nivel en el que Senplades tenía un papel decisivo era el Comité de Deuda y Financiamiento, donde actuaba el secretario general de desarrollo o su delegado. Este Comité autoriza la contratación o novación de operaciones de endeudamiento público en el Presupuesto del Estado y es corresponsable de las condiciones financieras de los procesos de endeudamiento que apruebe.

En este contexto, en diciembre de 2010 el Ministerio de Finanzas solicitó al BID la concesión de un Préstamo Contingente por USD 100 millones para gastos públicos extraordinarios que se requieran en caso de un evento catastrófico. Casi un año más tarde el Directorio Ejecutivo del Banco aprobó el financiamiento y luego de los informes y aprobaciones técnicas y legales del Ministerio de Finanzas y la Procuraduría del Estado, el 13 de junio de 2012 el Comité de Deuda (mediante Acta resolutiva N° 10) autorizó al Ministro de Finanzas a celebrar con el BID el contrato de préstamo para atender Emergencias por Desastres Naturales, “una vez cumplido la actualización de la prioridad del programa respectivo”.

Arauz firmó esta aprobación como delegado del secretario nacional de planificación al Comité de Deuda.

Lo que llama la atención el Comité de Deuda autorizó la contratación del crédito sin que conste en su resolución el dictamen previo de prioridad de este préstamo por parte de Senplades, como sucedía con otros procesos similares, pues recién el 5 de julio de 2012 Senplades emitió tal dictamen, al incluir este préstamo «Contingente para emergencias por desastres naturales», dentro del ‘Programa de Inversión para Infraestructura Económica, a través del financiamiento presupuestario y el manejo de las finanzas públicas, período 2011-2012’.

El contrato de préstamo por USD 100 millones se firmó el 6 de septiembre de 2012 entre Nathalie Celi, Embajadora de Ecuador en Estados Unidos y Luis Alberto Moreno, presidente del BID. Los eventos elegibles para los desembolsos fueron los terremotos (intensidad de 6 o más según escala de Mercali que haya afectado al menos al 2% de la población del país). El plazo del crédito se pactó a 25 años y con tasa de interés BID FU LIBOR (90) + 0.90%.

Un año después el BID amplió el cupo de esta línea de crédito a USD 300 millones y firmó con el Gobierno ecuatoriano el contrato de crédito contingente (EC-X1014), el 16 de junio de 2015 a fin de cubrir gastos públicos extraordinarios surgidos por: sismos/terremoto; inundaciones pluviales y/o Fenómeno del Niño; y erupciones volcánicas.

De los USD 300 millones asignados, este organismo multilateral entregó USD 160 millones que se usaron para la atención de las víctimas, labores de reparación y adquisiciones de bienes y servicios. Los recursos fueron administrados por el Ministerio de Finanzas y luego por la Secretaría Técnica del Comité de Reconstrucción.

El uso de los recursos

El Gobierno no ha hecho público un desglose detallado del destino de los desembolsos del BID, pero la ejecución de una parte de este crédito fue observada por la Contraloría General del Estado en un informe de 2017. Uno de los principales hallazgos: no fueron justificados USD 6,2 millones que el Ministerio de Defensa entregó a las Fuerzas Armadas. Esta cifra es parte de USD 45,59 millones en transferencias hechas por la Cartera de Finanzas a otros seis ministerios, del 16 de abril al 21 de julio del 2016.

El origen de esos recursos era el Préstamo Contingente EC–X1014 de hasta USD 300 millones que el BID firmó con el Gobierno.

En una de las condiciones de este Préstamo (cláusula 2.07) se menciona que no podían hacerse gastos “en bienes adquiridos por contratos cuyo monto sea inferior a USD 10 000 (…)” o “gastos en bienes para uso de las Fuerzas Armadas”. Pero según Contraloría, las FF.AA. hicieron siete transferencias por un total de USD 6,2 millones para adquisición de bienes como lubricantes y mantenimiento de vehículos, equipo de búsqueda y rescate, raciones alimenticias de combate, entre otros. Esos gastos, según los auditores, no debieron hacerse con el dinero del BID.

De acuerdo con el informe de Contraloría, el Ministerio de Finanzas argumentó que cada ministerio sabía cómo administrar los fondos correspondientes a este crédito debido a que se creó un instructivo para ello. En contraposición a esto, la Contraloría observó que ese documento contradecía las cláusulas del contrato y estaba en el portal institucional sin firma de responsabilidad ni fecha de vigencia.

Contraloría emitió otro informe (DNA1-0048-2018) de septiembre de 2018, derivado del examen especial al destino de depósitos de la cuenta en el Citibank (#3636-0112) denominada “Terremoto Ecuador/Earthquake”; a los préstamos obtenidos y a transferencias hacia diferentes carteras de Estado, durante la emergencia por el terremoto de 2016 (entre el 16 de abril de 2016 y el 31 de julio de 2017).

Los principales cuestionamientos fueron inconsistencias en las cifras del Ministerio de Economía; y, la ausencia de una subcuenta específica para registro y control de los préstamos, lo que no permitió conocer el origen y la totalidad de los recursos. “El Ministro de Finanzas, en funciones del 16 de abril de 2016 al 19 de diciembre de 2016 (Fausto Herrera), no dispuso la creación de una subcuenta dentro del Presupuesto General del Estado, lo que no permitió verificar la administración y destino de estos recursos que ingresaron a la Cuenta Única del Tesoro Nacional”, se señala en el informe.

El organismo de control concluyó también que la información remitida por el mencionado Ministerio no permitió evidenciar los recursos recibidos en calidad de préstamos; ni el origen de todas las asignaciones que se hicieron a los ministerios por USD 310’538.438,96. De estas asignaciones solo se identificaron USD 209 millones, que corresponden a USD 18,76 millones del BID, USD 78,19 millones del Banco Central Ecuador; USD 112,63 del Banco de Desarrollo de la China y USD 117.268 de la Embajada de la República Checa.

Otro hallazgo fue que en el Ministerio de Interior se adquirieron bienes y servicios por $406.831,88 sin documentación completa que sustente su compra, distribución y uso.

El Ministerio de Finanzas transfirió a esta cartera de Estado recursos de la línea de crédito BID (EC-X1014), por USD 4 millones, de los cuales se analizaron gastos por USD 1,32 millones.

En mayo de 2016 el Ministerio del Interior amplió su emergencia institucional, lo que le permitió contratar de manera directa, las obras, bienes y/o servicios. En este contexto se dieron gastos considerados emergentes por USD 406. 831,88, “sin que, en los Comprobantes Únicos de Registro, se adjunte documentación completa que permita evidenciar qué unidad efectúo la solicitud de la necesidad, el detalle de los albergues a los cuales iban a ser distribuidos los bienes y servicios; así como, los responsables de su uso, distribución y custodia; presentándose únicamente actas entrega recepción entre el Guardalmacén, personas civiles y militares, en las cuales no se pudo verificar si se trataba de personal designado o qué relación tenían con los albergues, sin determinar el destino final de estos bienes…”.

Se incumplieron el artículo 2, del Decreto 1001 del 17 de abril de 2016 y los artículos 10 y 11 del Reglamento General Sustitutivo de Bienes del Sector Público que trata sobre la inspección y recepción; así como, del uso y conservación de los mismos.

Los recursos utilizados, al provenir del crédito contingente del BID (EC-X1014), estaban sujetos a condiciones de gastos elegibles, como: “ser adecuados en términos de su dimensión y precio para atender las acciones de emergencia”. Pero Contraloría indicó que no pudo evidenciar, mediante cuadros comparativos la aplicación de esta condición.

Aunque en términos muy generales, la misma Senplades también identificó algunos reparos a la ejecución del crédito contingente del BID, en un documento publicado en 2019, titulado ‘Evaluación Operativa Plan de Reconstrucción Terremoto 2016’.

En este documento se resalta que durante el estado de excepción, vigente desde el 17 de abril de 2016 a septiembre de 2017, los procesos de priorización de proyectos y los mecanismos de asignación de recursos para la emergencia fueron rápidos, debido a que no debían pasar por el procedimiento normal de evaluación. Pero también se señala que “existe la percepción de que la declaratoria del estado de excepción se realizó por un periodo muy largo, lo que incrementó las posibilidades de una inadecuada distribución de los recursos”.

En este punto es importante recordar que esa priorización de los proyectos para la entrega de fondos fue competencia del Comité de Reconstrucción (según el artículo 3 del Decreto Ejecutivo No. 1004), que estuvo presidido por el ex vicepresidente Jorge Glas, quien al momento cumple dos sentencias por delincuencia organizada en el Caso Odebrecht y por cohecho en el Caso Sobornos.

En relación al Crédito Contingente para desastres naturales (EC- X1014) del BID por USD 300 millones, el MEF emitió un instructivo para que los ministerios y Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) ejecuten los gastos extraordinarios para la compra de bienes o la contratación de obras o servicios como consecuencia del sismo y que estos sean reconocidos como parte de los recursos del préstamo contingente.

Para acceder al crédito los GAD debían presentar los gastos realizados, con documentación de respaldo, a la Secretaría Técnica del Comité de Reconstrucción, la cual debía remitirla al Ministerio de Economía, que junto a técnicos del BID calificaban si procedía la devolución.

En el documento de Senplades consta que “de acuerdo al Ministerio de Finanzas existió desconocimiento por parte de los GAD para acceder a los recursos del crédito contingente del BID. Del total de gastos presentados por los GAD, el 59% resultó no elegible, según los criterios establecidos en el instructivo antes mencionado. Por lo tanto, existe malestar en los actores locales, ya que perciben que existió falta de claridad en la asignación de recursos”.

Es decir, en la práctica no se devolvió a los GAD de las zonas afectadas la totalidad de los montos invertidos para la atención de la emergencia, como se preveía en las condiciones del préstamo contingente del BID.

A esto se suma, según la evaluación de Senplades, que “los mecanismos de seguimiento a la asignación de bienes y servicios del Plan de Reconstrucción no son públicos y no se encuentra información consolidada al respecto, especialmente la referida al Registro Único de Damnificados y al Registro de Beneficiarios de los programas de vivienda. Estos son aspectos señalados como críticos por algunas autoridades locales y la ciudadanía en territorio. Los actores locales consideran que se requiere un mecanismo de verificación que permita evaluar si la población afectada está siendo realmente beneficiada”.

Un hueco llamado Goldman Sachs

Arauz autorizó el programa que permitió el endeudamiento con garantía de las reservas de oro. Las riesgosas condiciones de ese préstamo y el destino de sus recursos nunca fueron detallados por las autoridades. La Contraloría General del Estado audita esta operación desde octubre de 2020.

El candidato Andrés Arauz autorizó en 2014, mientras se desempeñaba como Subsecretario General de Planificación para el Buen Vivir, programó el plan de endeudamiento por $400 millones con el banco Goldman Sachs lnternational (GSI), a cambio de la entrega de la mitad de las reservas de oro del país.

Luego de tres años de abundantes ingresos, desde 2007, el hundimiento de los precios del petróleo detonó el inicio de una desaceleración económica que golpeó las finanzas públicas en 2014. El fisco evidenciaba problemas de liquidez que, sumados al fuerte gasto público y la casi nula inversión extranjera complicaban los planes de financiamiento del gobierno de Rafael Correa.

En este contexto se contrajo un polémico contrato de crédito con uno de los más grandes bancos de inversión del mundo: Goldman Sachs International (GSI). Esta operación fue una especie de palanca que luego permitió a Ecuador colocar sus bonos 2024 por $2 mil millones en los mercados internacionales.

Las negociaciones del Ministerio de Finanzas con GSI iniciaron el 25 de noviembre de 2013 en Miami, Estados Unidos. El 24 de diciembre de 2013 GSI informó a las autoridades económicas que había aprobado el préstamo.

Luego de ello, el Ministerio de Finanzas pidió a SENPLADES el dictamen de Actualización de Prioridad e Inclusión en el Plan Anual de Inversión (PAI) 2014.

El 10 de enero de 2014 el actual candidato presidencial Andrés Arauz, con oficio Nro. SENPLADES-SGPBV-2014-0015-0F emitió el mencionado dictamen con el argumento de atender los proyectos de los diferentes sectores.

De acuerdo con la resolución de Arauz, el monto de inversión del Programa de Inversión para Infraestructura Económica para 2014 se estima en $10.981’427.487,84. Su plazo de ejecución, con la actualización, aprobada por Arauz, va desde enero 2014 hasta diciembre 2014. Los componentes del Plan se desglosan de la siguiente forma:

El contenido de este informe respondía a la lógica del correísmo para justificar la contratación de tanta deuda externa.

Pero en la realidad los programas y proyectos de destino de buena parte de esa deuda han estado involucrados en irregularidades. Además, el saldo de la deuda externa pública subió su participación en el PIB en casi 4 puntos porcentuales, al pasar del 13,6% al 17,3% entre 2013 y 2014; lo que en dólares significa de $12.920 millones a $17.582 millones, respectivamente. Y si bien el PIB subió entre 2013 y 2014, de $95.129 millones a $ 101.726 millones, para 2015 bajó a $99.290 millones y para 2016, a $98.614 millones.

Un análisis de Cordes (del 3 de febrero de 2015 titulado: Deuda Pública: rápido crecimiento pese a la bonanza), los $17.582 millones de deuda externa de 2014 implicó un crecimiento de 36,1% (o $4.662 millones) en apenas un año. Y las decisiones de política económica que explican en gran medida ese aumento fueron: la emisión de bonos con vencimiento en 2024 por $2.000 millones, el swap de oro con Goldman Sachs que sirvió como colateral para el préstamo por $400 millones y préstamos con multilaterales como el BID y el Banco Mundial.

Sin embargo, para el Comité de Deuda y Financiamiento de ese entonces, se justificaba la contratación de deuda con un cuestionado banco de inversión y es así que mediante Acta Resolutiva 003 el 15 de enero de 2014 autorizó la contratación del préstamo entre el Ministerio de Finanzas, Goldman Sachs lnternational y Citibank Internacional, por $400 millones destinados a financiar parcialmente el ‘Programa de Inversión para Infraestructura Económica, a través del Financiamiento Presupuestario y el manejo de las Finanzas Públicas, período 2013 – 2014. Segunda actualización 2014’.

Los principales términos financieros del crédito aprobado fueron:

Esta estructura de aprobación de contratos de deuda externa pública ha sido cuestionada no solo por analistas y expertos. La Contraloría General del Estado realizó un examen especial a la legalidad, fuentes y usos de la deuda pública interna y externa en el Ministerio de Economía y Finanzas, Banco Central del Ecuador y SENPLADES. En su informe DNA3-0007-2018 (aprobado el 6 de abril de 2018) analizó la normativa relacionada con el endeudamiento público.

La Contraloría cuestionó la presencia del ministro de Finanzas en el mencionado Comité pues es la autoridad que avala el informe técnico que sustenta la operación de endeudamiento. A su vez este informe es elaborado por el Subsecretario de Financiamiento Público y por si fuera poco el Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo, “cuya intervención radica en la declaratoria y emisión del dictamen de prioridad a los proyectos y Programas de Inversión para Infraestructura a través del Financiamiento Presupuestario y el manejo de las Finanzas Públicas, documentos que son parte integral del proceso previo a la obtención del endeudamiento, lo que refleja la existencia de funciones incompatibles conforme a lo citado en la Norma de Control Interno 401-01 Separación de funciones y rotación de labores”.

Con esta cancha jurídica armada por el correísmo se firmaron decenas de contratos de préstamos que abultaron la deuda externa del país.

Uno de ellos fue el contrato con Goldman Sachs que se suscribió el 16 de mayo de 2014.

Goldman Sachs entregó al Ministerio de Finanzas $400 millones a una tasa de interés anual del 4,3%, También accedió a otra garantía por su crédito: la mitad de las reservas de oro que Ecuador mantenía en las bóvedas del Banco Central y que eran equivalentes a $579.8 millones.

La transacción de oro fue paralela al préstamo de $400 millones y se concretó a fines de mayo de 2014.

En junio de ese año el Banco Central publicó en su portal web las condiciones generales de la “inversión del oro”:

El Banco Central explicó: “esta estructura financiera (inversión de oro), además de generar una rentabilidad para el BCE, ha facilitado que un banco internacional como Goldman Sachs pueda asumir el riesgo soberano del Ecuador y otorgue crédito, sin condicionalidades políticas, a menores costos financieros para el país”.

Los argumentos del BCE para defender esta operación fueron que al mantener el oro en sus bóvedas el único beneficio era el valor de reserva, pero con esta operación se ganaba una rentabilidad adicional y se contaba con una estructura financiera que facilitaba el acceso del país al financiamiento en nuevos mercados de capitales.

Correa reforzó este discurso diciendo que no era inteligente tener el oro en un banco suizo para que lo cuiden y pagar por ese servicio que no genera beneficios para el desarrollo del país. “¿Para qué sirve un activo, si no se lo puede vender, utilizar o poner en garantía?” cuestionó.

El BCE informó que “el rendimiento financiero de la inversión se calculó sobre el precio internacional del oro. A la fecha de cierre de la operación, el precio fue de $1.299.

El Central aseguró que la rentabilidad de esta inversión estaría entre 16 y 20 millones de dólares y que al finalizar el plazo de la transacción recibiría la misma cantidad y calidad de onzas de oro invertidas. Sin embargo, al vencimiento de la misma los resultados fueron otros. La ganancia del BCE sumó solo $14,3 millones, mientras por el pago de intereses a Goldman Sachs el Ministerio de Finanzas pagó $17,2 millones anuales, es decir, $51,6 millones por los tres años.

Goldman Sachs además de cobrar un interés por prestar $400 millones se benefició de una garantía con un precio alto en el mercado de ese entonces ($1.299 la onza) mientras cuando devolvió ese oro, el 21 de febrero de 2017, su valor estaba en $1.229.