El pasado 2 de diciembre Teodoro Gallegos Salem fue sentenciado a 3 años de cárcel por supuestamente haber difundido información restringida relacionada al patrimonio de la ex presidenta de la Asamblea Nacional Elizabeth Cabezas Guerrero y su esposo Xavier Vaca Soto. La condena contra Gallegos Salem incluye una multa de 10 salarios mínimos, restricciones como imposibilidad de salir del país y medidas de alejamiento por supuesta violencia de género.
En los últimos 5 años Gallegos promovió una batalla que buscaba transparentar el patrimonio de Elizabeth Cabezas, impulsó procesos legales pero ninguno funcionó. Ha sido un intento fallido de promover la fiscalización activa desde la ciudadanía y pocos se atreverán realizar un trabajo de este tipo, conociendo ya que pueden ser sentenciados. Pese a ello hay información pública del patrimonio de la economista Cabezas que no se ha conocido y que hoy abordamos a propósito de la sentencia contra Gallegos.
Teodoro Gallegos Salem. Foto: Facebook
Para algunos ciudadanos, la función pública ha sido una bendición. La prosperidad se ha evidenciado en holgura económica, tranquilidad familiar, progreso. En esta época de redes sociales, ese bienestar se aprecia especialmente en las imágenes, fotos, relaciones, contactos. Eso se aprecia especialmente en jóvenes funcionarios a quienes la estabilidad económica les ha permitido pronto adquirir casa propia, vehículo y viajes familiares.
A otros la fortuna les ha sonreído de mejor manera. Ese sería el caso de Elizabeth Enriqueta Cabezas Guerrero. Su paso por la función pública se habría dado en medio de prosperidad, contratos inmobiliarios, inversiones en bienes inmuebles y créditos con instituciones privadas y con la Seguridad Social. Los negocios que inicialmente se desarrollaban en el Ecuador, cruzaron las fronteras. Específicamente se reportan actividades financieras en Miami, Estados Unidos, en donde los documentos evidencian la compraventa de casas y departamentos.
¿Quién es Elizabeth Cabezas?
Es una economista riobambeña. Nació el 14 de junio de 1963. Casada con Javier Antonio Felipe Vaca Soto con quien tiene dos hijos. Su historia laboral se desarrolló inicialmente entre 1983 y 2000 en el sector privado y en entidades como Banco del Pacífico, Banco GNB S.A., La Previsora e Instaservi C.A. A partir de 2003 ingresa en la función pública y lo hace en el Distrito Metropolitano de Quito en el Municipio capitalino, en la Secretaría Técnica del Ministerio de Coordinación de Desarrollo, en la Secretaría Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil, por casi dos años fue afiliada voluntaria entre 2009 y 2011 y a partir de 2013 ingresó como funcionaria en la Presidencia de la República. Pasó luego como asesora en la Vicepresidencia y en la Asamblea Nacional en donde estuvo desde 2017 hasta 2021 y fue su presidenta. Al año siguiente pasó a prestar servicios en Harrington Maccarthney Consultores & Asociados S. A. hasta agosto de 2023.
Elizabeth Cabezas junto a su esposo Javier Antonio Felipe Vaca Soto. Foto: Facebook
Los viajes de Cabezas desde 2005 le han llevado por más de una veintena de países. En ellos se incluyen los que tenían que ver con el cumplimiento de agendas por ser presidenta del Legislativo. Los destinos: En su mayoría Estados Unidos en vuelos normales y otros en vuelos privados a destinos como México, Guatemala, Brasil, Italia y Estados Unidos. En su vida financiera hay pagos de impuesto a la renta y salida de divisas.
Al ser funcionaria municipal y pública la mayoría de recursos provinieron, como no puede ser de otra manera, del Municipio de Quito y del Ministerio de Economía y Finanzas. Además, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) por concepto de cesantía capitalización, fondo de prestación, capitalización de los fondos de reserva, capitalización del seguro de salud, fondo prestacional del sistema de pensiones.
La bonanza no fue exclusivamente para Cabezas quien, por cerca de dos décadas estuvo en la función pública con cargos de elección popular y de designación, sino también para su esposo, hijos y la empresa relacionada con ellos. La compañía Harrington Maccarthney Consultores & Asociados S.A., que, en 2024 fue declarada disuelta por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.
Entre 2011 y 2023, los movimientos económicos vinculados a Elizabeth Cabezas, su esposo, sus hijos y una empresa familiar sumaron alrededor de 1,6 millones de dólares, según informes patrimoniales y transferencias públicas.
Si se sabe invertir y ahorrar, el sector público puede ser una fuente segura de éxito económico. Eso se mira en el caso de los integrantes de la familia Vaca-Cabezas conformada por Javier Antonio Felipe Vaca Soto y su esposa la expresidenta de la Asamblea Elizabeth Enriqueta Cabezas Guerrero. La prosperidad y bonanza también alcanzó a sus hijos Javier Antonio y Andrea Elizabeth y la persona jurídica Harrington Maccarthney Consultores & Asociados S. A. Al menos eso se evidencia de la información relacionada con la familia Vaca Cabezas.
Documentos como informes patrimoniales de la Contraloría General del Estado y transferencias públicas dan cuenta, entre 2011 y 2023, movimientos alrededor de 1.6 millones de dólares alimentado por su paso por el Municipio de Quito como concejala, como funcionaria pública: asesora en la Vicepresidencia, asambleísta y presidenta de la Asamblea y los recursos que su esposo recibió en pagos por parte del Ministerio de Economía por la infraestructura arrendada a la Senescyt o a la Policía Judicial. En ese patrimonio hay un aporte de su hijo y de la firma familiar Harrington Maccarthney Consultores & Asociados S. A.
Una publicación del portal Mil Hojas en 2022 da cuenta que la ex asambleísta “abrió cuentas bancarias internacionales y ha contratado abultados créditos con instituciones financieras estadounidenses”. En ese portal la ex asambleísta señaló que había presentado 19 declaraciones juramentadas de bienes. Del análisis de sus declaraciones juradas se evidencia que varios bienes no se reportaron a tiempo sino en posteriores declaraciones. Eso habría ocurrido con casas, terrenos y una oficina.
Se consultó a la Contraloría General del Estado sobre la situación actual de Cabezas en esa entidad. La respuesta fue que emitió dos informes generales al paso de Elizabeth Enriqueta Cabezas Guerrero por la función pública, tanto en sus labores en la Vicepresidencia y Presidencia de la República entre 2013 y 2018 y como asambleísta y presidenta de la Asamblea entre 2017 y 2021. Los periodos analizados en un primer informe fueron: 9 diciembre de 2013 a 20 agosto de 2018 y segundo informe general: de 21 de agosto de 2018 a 21 de octubre de 2020, informó ese organismo. No se emitieron informes con indicios de responsabilidad penal (IRP). Sí se analizaron las Declaraciones Patrimoniales Juradas (DPJ) y no se reportaron novedades.
En la Fiscalía no hubo respuesta a la consulta sobre la situación de Cabezas en esa entidad, investigaciones previas activas o archivadas. De lo que se hizo público en 2022 fue que se archivó una investigación previa por presunto enriquecimiento ilícito. En la página web de la Fiscalía, en el sistema de denuncias se registran al menos ocho en las que Cabezas es la denunciante. En cinco de ellas el denunciado fue Teodoro Gallegos Salem.
En la red social Facebook escribió: “Ecuatorianos Elizabeth Cabezas entontecida por el dinero, ha usado hasta a sus hijos y conviviente para enriquecerse a través de dinero público. Ya es hora de que la fiscalía evite la impunidad. Esperemos que el Sr Contralor obre distinto.!!!”. A esa publicación agregó un documento presentado ante el contralor Xavier Torres el pasado 23 de abril.
Contratos de arriendo firmados con entidades del Estado, valores por metro cuadrado superiores al mercado y posibles conflictos de interés forman parte de las denuncias que hoy están cerradas o archivadas.
¿Qué solicitó a la autoridad? Pidió “se digne disponer a la Unidad pertinente de la institución a su cargo la ejecución de un examen de la etapa preparatoria precontractual y contractual del procedimiento de contratación de un contrato de arrendamiento de un bien inmueble utilizado como “OFICINAS DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN TELEFONÍA MÓVIL AVANZADA PARA LA INVESTIGACIÓN DEL DELITO, cuyo oferente y posterior arrendatario es el señor XAVIER ANTONIO FELIPE VACA SOTO, esposo de Elizabeth Cabezas Guerrero, expresidenta de la Asamblea Nacional y del entonces Director Nacional de Investigaciones de la Policía Judicial, General de Distrito MANUEL ÍÑIGUEZ SOTOMAYOR”.
Lo que busca con su pedido es que se analice el tipo de contratación realizada y el documento oferta del adjudicado ya que, del metraje arrendado y el valor pagado por el arriendo, mismo que alcanza el valor de 16.677,37 por año, “lo que presume sobreprecio en relación al valor del mercado y eventual tráfico de influencias”, agregó.
Adjuntó contratos de arriendo de oficinas pertenecientes a la empresa Harrington Maccarthney Consultores & Asociados S.A., suscritos por Andrea Vaca Cabezas, hija de la ex legisladora y otros 15 que firmó el esposo de Cabezas, Javier Vaca Soto, que asegura fueron renovados desde 2012 desde que Cabezas se desempeñaba como concejal del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, como funcionaria de la Presidencia y Vicepresidencia de la República y durante su paso por la Presidencia de la Asamblea Nacional. Para él, eso deja en evidencia un presunto tráfico de influencias y presunto perjuicio económico al Estado por los valores pagados que rebasarían el valor del mercado establecido por Inmobiliar en 9,86 dólares por metro cuadrado.
Afirma que, de acuerdo a los contratos firmados por la Senescyt, los valores pagados fueron de hasta 25 dólares más IVA por metro cuadrado de área útil con reajuste automático según el índice de precios del consumidor en cada renovación del inmueble El Tiempo, adquirido por los esposos Vaca Cabezas y por la empresa de propiedad de la familia de la ex asambleísta, un mes antes de ser arrendados a la Senescyt. Cita un informe de gerencia de la empresa que habría firmado la hija de Cabezas como gerente. Habla de que el presunto beneficio para la familia Vaca Cabezas sería de 600.000 dólares y que el posible perjuicio para el Estado sería ese mismo monto. Según la defensa de Cabezas, el contralor ya habría respondido señalando que no hay nada que investigar.
Elizabeth Cabezas ingresando a la Asamblea Nacional. Foto: Asamblea Nacional
Las denuncias contra Cabezas le han traído consecuencias. Además de las que aparecen en el sistema de la Fiscalía tiene procesos judiciales que se reflejan en el sistema Satje. En uno de ellos por posible difusión de información restringida el tribunal fijó para el martes 1 de julio la reinstalación de la audiencia de juzgamiento dentro de la causa y fue sentenciado a inicios de diciembre. Y tiene otros casos por incumplimiento de decisiones de autoridad competente, contravenciones de cuarta clase y una investigación previa archivada que la defensa de Cabezas anuncia que pedirán que se reabra.
Se consultó meses atrás a la expresidenta de la Asamblea su versión para este reportaje. Inicialmente ofreció conceder un espacio de entrevista el lunes 16 de junio pasadas las 14:00, luego de una cita médica. Posteriormente se retractó y direccionó hacia su abogada Jessica Jaramillo. En 2022, cuando el portal Mil Hojas le consultó sobre los hallazgos en su patrimonio ella respondió: “Tengo bienes comprados y heredados, varios porque mi papá lastimosamente falleció cuando yo tenía 26 años. Él nos dejó varios bienes. Algunos conservo, otros hemos vendido, hemos comprado otra cosa, hemos cambiado etc. No oculto mis bienes porque si hubiera robado le pondría a nombre de otros, no mío”.
Ella explicó que las propiedades se compraron con préstamos e ingresos obtenidos por su trabajo y el de su esposo. Añadió que la Contraloría examinó sus declaraciones y no encontró nada irregular. Para ella, las denuncias solo han tratado de afectar su honra.
Según la defensa de la exasambleísta, las denuncias son infundadas y motivadas en persecución de la que responsabiliza a Benigno Gallegos. De él señala que lo que busca es que Cabezas le responda para adquirir notoriedad. Advierte que alistan una denuncia por violencia política de género. Recuerda que su defendida ya tiene una boleta de auxilio otorgada hace tres años por la Junta Metropolitana de Protección de Derechos de las Mujeres y de las personas Adultas Mayores. Afirma que no hay irregularidades en la adquisición de sus bienes.
El horror y la comedia se dan la mano en el evento que este lunes 21 de julio se va llevar en la Asamblea Nacional. El narcotraficante que ayudó acabar la vida de Fernando Villavicencio tendrá tribuna privilegiada para levantar un discurso político a su favor. Narrará su propia historia. Desde los años 80 políticos y empresarios corruptos levantaron una treta que la llamaron “mi verdad” y que hoy ha sido ampliamente analizada por teóricos sociales bajo el nombre de post verdad. Simplemente son mentiras aromatizadas con verdades a medias.
Lo hará en la Comisión de Fiscalización, el espacio que Villavicencio dirigió con lucidez. Este lugar le otorgará estatus político a un criminal. Nuestra reciente historia política, llena de fragilidades, nunca deja de sorprendernos: la Asamblea Nacional convertida en el teatro de purgas de dos criminales. Felicitaciones esa comisión por impulsar a un prófugo a la categoría de fiscal.
El pasado 17 de julio llegó a esa misma comisión el sentenciado Daniel Salcedo, que ya en su declaración jurada ante la justicia ha dicho todo lo que sabe del crimen de Fernando, pero en su visita a la Asamblea dejó enormes deuda sobre la gestión de los grupos empresariales y políticos con respecto a la contratación pública. No dijo nada que no se sepa: direccionamiento de términos de referencia para favorecer a participantes que además compiten por los contratos entre socios del mismo grupo. Esa debilidad institucional nunca ha sido superada y dudo que escuchemos a los miembros de Fiscalización u otra comisión debatir aquello.
No dijo una palabra sobre Abdalá Bucaram, sus hijos Dalito y Jacobito; de José Luis Llerena y de todos los protagonistas de los negocios sucios del hospital Teodoro Maldonado Carbo. Tampoco hubo asambleístas con suficiente solvencia para levantar la mano y preguntarle sobre los flujos de cuentas de esos contratos o mejor dicho la ruta del dinero: dónde se depositaron los recursos del Estado, cómo se distribuyeron en las diversas cuentas corporativas, cómo es que esos dineros llegaron a manos de líderes de la revolución ciudadana.
Los hechos del pasado pueden dejar de ser fieles y distorsionarse por una narrativa que siempre pasa por lo ideológico, lo religioso y por los intereses de grupos corporativos y eso es lo que está sucediendo en la Asamblea, donde un grupo de jóvenes alzamanos que no tiene idea del pasado reciente, acepta una narrativa, la del crimen organizado, como cierta y es incapaz de preguntarse cómo estos nuevos discursos incidirán en nuestro futuro y en la lucha contra la impunidad.
Daniel Salcedo tiene una fila de sentencias y en esos procesos arrastró a su hermano Noe. Sabemos que hizo lo imposible por guardar silencio, pero su vinculación al caso Villavicencio a inicios de este 2025, puso precio a su cabeza. Los grupos de delincuencia organizada acordaron su asesinato. Fueron los últimos eventos, dónde providencialmente se salvó -la bala se encasquilló en el cañón que apuntaba a su cabeza- que marcó un derrotero dónde tácita y públicamente aceptó haber sido el nexo entre los brutales grupos de delincuencia organizada, las corporaciones corruptas y la revolución ciudadana. Salcedo dijo que tenía una amistad con Javier Jordán. Que conoció su casa en Riberas del Batán, la misma donde encontraron a Leandro Norero. Que nadie ha tenido la valentía de hacer este tipo de denuncias, sentenció en la Asamblea ante el silencio de todos. Yo no no iba contar, prosiguió, pero me intentaron matar, eso cambió la figura y le pedí a mi abogado que presente el escrito (para acudir a la Asamblea). Luego vinculó a todos los que aparecen en la piscina como parte de la corrupción hospitalaria, como si estuviera revelando algo y no confirmando lo que se denunció desde 2020 en los portales La Historia y Periodismo de Investigación.
Frente a la dramática exposición Javier Jordán pidió lo mismo: hablar en la Asamblea, aunque sus condiciones son totalmente distintas: vive en una casa de al menos 3 millones de dólares en el norte de Miami y puede pagar cientos de miles en honorarios a un abogado que a estas alturas debe ser rico.
Nuestra reciente historia política, llena de fragilidades, nunca deja de sorprendernos: la Asamblea Nacional convertida en el teatro de purgas de dos criminales. Felicitaciones esa comisión por impulsar a un prófugo a la categoría de fiscal.
Hablará hoy en la casa del debate político nacional y dirá que su fortuna es legal, producto de su esfuerzo empresarial y aunque en su rostro miremos el objeto de su codicia, se atreverá negar cualquier relación con el crimen organizado a pesar de las decenas de mensajes periciados que detallan cómo planificó el crimen de Fernando e impulsó, también, asesinarme junto a otros colegas periodistas que no le temen y lo miran con el mismo desdén que yo lo hago.
La Asamblea le dará podio al tesorero de Leandro Norero y le dirá al país que es víctima de una farsa judicial, un complot de mentiras propagadas por los periodistas, que los ha enjuiciado en el Ecuador y el Estado de la Florida, dónde probará todas las mentiras. Por supuesto uno de los enjuiciados es quien escribe este texto y si yo no he comparecido en uno de los juicios es porque simplemente no tengo 30 mil dólares para costear abogados en las cortes de Miami. Tampoco es muy necesario, el Departamento de Homeland Security y el FBI le han dedicado investigaciones, no tiene pasaporte y no hay forma que en la administración Trump lo proteja con el paraguas del asilo político.
No les contará nada de las decenas de empresas que operan en Ecuador, Costa Rica y Reino Unido. Seguramente no dirá una palabra de cómo compró la emblemática casa de la familia Macías Carmigniani, tesoreros del patrimonio del ex presidente Lenín Moreno, en Salinas. Tampoco dirá nada de cómo obtenía información privilegiada del sistema de inteligencia gracias a que su amigo y socio Nain Massuh accedía a información de los contratos de software que mantuvo con el Centro de Inteligencia Estratégica. Y mucho menos dirá cómo activó el crimen contra Fernando Villavicencio cuando logró alinear a Pablo Muentes y su jefe en un megaplan que muchos sabían y que callaron.
¿Para qué va? ¿Para que los asambleístas digan que se sienten amenazados y pidan al Ministerio del Interior resguardo policial por sus vidas? Aterra la vacuidad de la Asamblea que considera la política como la simple línea de una carretera que llega a ningún lado. Como aquel personaje de Oswaldo Soriano, el informático Coluccini, que recorre una errática ruta que parece más una huida o una búsqueda sin propósito.
Y no es un tema atribuible tan solo a la “juventud” de los asambleístas sino de sus carencias que hace sospechar de su irresponsabilidad y falta de propósito y consideración por las consecuencias ¿En serio quieren pasar a la historia como la pasiva audiencia de la réplica del tetón de la piscina que se llenó los bolsillos con el dolor y la muerte en temporada de COVID, con el tesorero del Patrón Norero y uno de los acusados de ser uno de los maquinadores del asesinato de un Asambleísta que sí honró la Comisión de Fiscalización y la Asamblea Nacional? ¿En serio creen que la Asamblea es el espacio para un repugnante reality donde los más buscados enarbolen sus mentiras?
De los 281 postulantes, 31 han enfrentado procesos penales. Mientras 106 aspirantes (39%) son rostros familiares en la función pública: exasambleístas, exministros, exautoridades de empresas estatales y de gobiernos seccionales.
PICHINCHA CIRCUNSCRIPCIÓN 1
34 candidatos a la Asamblea por la circunscripción 1 de Pichincha tienen declaraciones pendientes con el SRI
Un tercio de los postulantes ha sido funcionario público y hay 10 candidatos que han enfrentado procesos penales.
La situación tributaria es opaca en 34 de los 85 candidatos a asambleístas de la circunscripción 1 de Pichincha, pues no han presentado todas sus declaraciones de impuesto a la renta. Sin embargo, ninguno registra deudas con el Servicio de Rentas Internas (SRI). Por otro lado, diez aspirantes han enfrentado denuncias penales.
Existen partidos en los que la mayoría de sus candidatos tiene declaraciones tributarias pendientes. Esta es la situación de cuatro de los cinco candidatos presentados por el Partido Sociedad Patriótica (PSP, lista 3), Pueblo, Igualdad y Democracia (PID, lista 4), Acción Democrática Nacional (ADN, lista 7), Izquierda Democrática (ID, lista 12), Creando Oportunidades (CREO, lista 21) y Renovación Total (RETO, lista 33).
Cuatro de los cinco candidatos presentados por las organizaciones políticas: PSP, PID, ADN, ID, CREO, y RETO tiene declaraciones tributarias pendientes.
El candidato que más declaraciones de impuesto a la renta pendientes es Paúl Sampedro Cedeño de Acción Movilizadora Independiente Generando Oportunidades (Amigo, lista 16), con seis años. Le siguen Rafael Cueva Egüez (CREO), Rodrigo Jarrín Davila (Amigo), Michael Castillo Terán (ADN) y Andrés Castillo Maldonado (ADN), con cuatro años cada uno.
Luego están la exministra de Justicia Ledy Zúñiga Rocha (RC), Inés Alarcón Bueno (ADN), Ana Jácome Vivas (ID) y Andrea Arévalo Bravo (CREO), con tres años, cada una.
El SRI señala en su página web que están exentos de presentar declaración los contribuyentes domiciliados en el exterior y aquellos cuyos ingresos fueron demasiado bajos.
La circunscripción 1 de Pichincha está compuesta por las parroquias del centro y norte de Quito. Son 16 organizaciones políticas y una alianza las que se disputan cinco curules parlamentarias.
Esta es una investigación liderada por Fundamedios, con el apoyo de la Fundación Periodistas Sin Cadenas (FPSC), en la que participaron 38 periodistas. MIL HOJAS y otros 39 medios de comunicación se han unido a la alianza para difundir la información.
Declaraciones patrimoniales de los candidatos
De los 85 candidatos calificados, 28 tienen experiencia en el sector público y han laborado en 39 instituciones estatales. La mayoría en la Asamblea Nacional (9) y en el Municipio de Quito (6).
Entre ellos destacan la exministra Ledy Zúñiga y el exgerente de Yachay, Héctor Rodríguez Chávez, por la Revolución Ciudadana (RC); el exfuncionario de la Agencia Metropolitana de Control, Mauro Andino Espinoza, por Pachakutik (PK, lista 18), y el exjefe de negocios de Celec, Christian Albuja Terán, por Amigo (lista 16).
Además, la asambleísta Inés Alarcón Bueno (ADN, lista 7) busca la reelección así como la exlegisladora y exsecretaria de la Política, Ana Belén Cordero (CREO, lista 21).
Entre los rostros familiares que quieren volver a la política están: la exministra Ledy Zúñiga y el exgerente de Yachay, Héctor Rodríguez Chávez, de la Revolución Ciudadana; el exjefe de negocios de Celec, Christian Albuja Terán, por Amigo y el exfuncionario de la Agencia Metropolitana de Control, Mauro Andino Espinoza, de Pachakutik. Por la reelección como legisladoras están Inés Alarcón de ADN y Ana Belén Cordero de CREO.
Cuatro exfuncionarios han declarado en al menos una ocasión tener cero dólares de patrimonio. Es decir, ningún tipo de bien, ni dinero en cuentas bancarias ni inversiones, pero tampoco deudas. Es el caso de Xavier Veloz Vallejo (PSE, lista 17), Nickol Dávila Garnica (ID), Jean Larenas Duque (Avanza, lista 8) y María José Santos Calderón (Centro Democrático, lista 1).
Otros tres registraron alguna vez patrimonio negativo: Andrea Villagómez Cabrera (PSP) y Ana Belén Cordero y Andrea Arévalo Bravo (CREO).
En el análisis de los patrimonios declarados existen algunos incrementos considerables. Por ejemplo, el de Ana Jácome Vivas (ID), que pasó de 160 mil dólares en 2017 a más 600 mil dólares en 2024; Michel Briones Montesdeoca (CREO) que en 2010 declaró cien dólares y en 2024, 54 mil dólares; así como Vanessa Velásquez Rivera (Construye) que en 2017 declaró 10 mil dólares y en 2023 casi 190 mil dólares.
Denuncias penales contra los candidatos
Una decena de participantes, de siete listas, ha enfrentado denuncias penales por estafa, falsificación, daño a bien ajeno, defraudación tributaria.
En el sitio web de la Función Judicial están registrados 14 procesos penales relacionados con los candidatos de la circunscripción 1 de Pichincha. De estos, doce fueron archivados, principalmente porque la Fiscalía no encontró los elementos necesarios para mantener la acusación. En otro caso hubo una sentencia ratificatoria de inocencia.
Solamente uno, abierto en julio de 2024, está en curso. Se trata del presunto delito de usurpación del que se acusa al candidato Paúl Sampedro Cedeño (Amigo). Sin embargo, aún no hay formulación de cargos y el denunciante no ha reconocido la firma en el proceso desde octubre.
La candidata con más procesos es Inés Alarcón Bueno (ADN), que tuvo tres casos en su contra. Todos fueron abiertos por acusaciones de presuntas estafas y engaños, en la venta de productos, y ya fueron archivados.
Esta alianza periodística contactó a Alarcón para pedirle su versión sobre estas denuncias, pero hasta la publicación de este reportaje no hubo respuesta.
PICHINCHA CIRCUNSCRIPCION 2
Nueve de los candidatos a asambleístas por la circunscripción 2 de Pichincha han tenido procesos penales en su contra
Otros 35 candidatos tienen declaraciones pendientes con el SRI y cinco más suman deudas con la entidad.
Nueve de los aspirantes a legisladores de la circunscripción 2 de Pichincha han tenido procesos penales abiertos en su contra, por presuntos delitos como asociación ilícita, falsificación y cohecho. Pero, ahora, solamente dos están en curso. Los demás fueron archivados, sobreseídos, prescribieron o hubo sentencia ratificatoria de inocencia.
En esta circunscripción, que agrupa a las parroquias del centro sur de Quito, hay catorce listas con un total de 70 candidatos que buscan ocupar cinco curules de la Asamblea Nacional.
Y el único caso penal públicamente conocido es el de Christian Hernández Yunda, de la Revolución Ciudadana (RC, lista 5) y primo del exalcalde capitalino, Jorge Yunda. En 2021, fue acusado del presunto delito de asociación ilícita, junto a Sebastián Yunda, hijo del entonces alcalde, que huyó del país en su momento.
Sin embargo, Hernández fue declarado inocente, por no haber tenido participación en el presunto delito. El ahora candidato consta como testigo en el caso que aún sigue abierto y espera la audiencia de juzgamiento contra dos procesados.
Esta alianza contactó a Hernández para pedirle su comentario sobre su importancia como testigo del caso, pero hasta la publicación de este reportaje no hubo respuesta.
De los 70 candidatos, el 50% no ha presentado sus declaraciones de impuesto a la renta. El 39% del total de aspirantes ha ejercido cargos públicos.
Esta es una investigación liderada por Fundamedios, con el apoyo de la Fundación Periodistas Sin Cadenas (FPSC), en la que participaron 38 periodistas. MIL HOJAS y otros 39 medios de comunicación se han unido a la alianza para difundir la información.
Por otro lado, Juan Trujillo Soto, de Amigo (lista 16), es el que más procesos penales tiene registrados. Entre 2022 y 2024, registra dos casos por presunta falsificación y otro por supuesto cohecho. Todos fueron archivados, porque la Fiscalía no encontró elementos suficientes.
Esta alianza contactó a Trujillo, quien reiteró que dichas denuncias no tuvieron fundamento, por lo que fueron archivadas, y que la Fiscalía cumplió con su rol de investigar cada caso.
Actividad tributaria de los candidatos
El Servicio de Rentas Internas (SRI) registra que 35 candidatos que buscan una curul legislativa por la circunscripción 2 de Pichincha tienen declaraciones tributarias pendientes. La lista la encabeza Julio Troya Pantoja, candidato del Partido Socialista Ecuatoriano (PSE, lista 17), que tiene seis años pendientes.
En la misma línea, con cinco años de declaraciones pendientes, le siguen siete candidatos: Alexandra Guaytara Almache, del Partido Sociedad Patriótica (PSP, lista 3); Daniel Vaca Barahona, de Renovación Total (RETO, lista 33); Jenny Méndez Quelal (Amigo); José Guallichico Araujo (PSE); Myriam Hinojosa Barahona (alianza Súmate a la Transformación lista 23-65); Silvana Pillajo Lazo, de Revolución Ciudadana (RC, lista 5) y Yolanda Durán Sáenz, del Partido Unidad Popular (UP, lista 2).
En su página web, el SRI señala que están exentos de presentar declaración los contribuyentes domiciliados en el exterior o aquellos cuyos ingresos fueron demasiado bajos.
Además, hay otros cinco candidatos que tienen deudas tributarias. La más alta, de 6.766 dólares, pertenece a Juan Freire Díaz, del movimiento Creando Oportunidades (CREO, lista 21). Le sigue Carlos Fernando Mantilla Pérez (PSC, lista 6) con 945 dólares. El resto es por valores menores.
Y cinco candidatos a asambleísta no tienen ninguna información registrada en el SRI. Ellos son: Michelle Pilamunga Quishpe (PID), Brayan Iza Quingatuña (RC), Dominique Serrano Molina (ADN), Leslye Vallejo Armas (ID), Karellys Campoverde Bedón (Construye) y María Bueno Mera (Súmate a la Transformación, lista 23-65).
Declaraciones patrimoniales de los candidatos
De los 70 candidatos, el 39 por ciento ha ejercido cargos en la función pública. Pero solo dos perfiles han ocupado más de una decena de puestos: Édison Cando Rocha (PID) y Nataly Morillo Solorzano (ADN).
Ambos, además, coinciden en nunca haber declarado pasivos ante la Contraloría, es decir deudas contraídas. Sin embargo, Cando ha declarado en cuatro ocasiones tampoco poseer ningún activo.
De los 70 candidatos, el 39% ha trabajado en instituciones públicas. Dos postulantes han ocupado más de una decena de cargos.
Mientras que Morillo declaró un cambio de patrimonio de 4.000 dólares a 124.900 dólares entre julio de 2019, cuando dejó el puesto de Analista de Comunicación en el Ministerio del Interior, y abril de 2022, cuando terminó su gestión como Directora de Comunicación del Ministerio de Gobierno.
Morillo ya fue asambleísta entre 2023 y 2025, cuando llegó al Parlamento como suplente de Patricio Carrillo, por Construye, pero él no logró posesionarse. Además de ella, hay otros tres candidatos que buscan la reelección: Jhajaira Urresta Guzmán (RC), Eckenner Recalde Alava (ADN) y Marcelo Achi Sibri (PSC).
PICHINCHA CIRCUNSCRIPCION 3
En la circunscripción 3 de Pichincha hay 47 candidatos a la Asamblea que declaran sus impuestos en 0 dólares
Además, hay 30 candidatos que no han declarado impuesto a la renta en algún año entre 2017 y 2023. Y otros cuatro aspirantes a legisladores tuvieron procesos penales.
Cuatro candidatos buscan la reelección a la Asamblea Nacional en la circunscripción 3 de Pichincha, donde 14 organizaciones políticas se disputan cinco curules parlamentarias.
De los 70 candidatos a asambleístas, los cuatro que llegaron a la Asamblea tras la muerte cruzada, en 2023, y ahora buscan regresar son: Jahiren Elizabeth Noriega Donoso y Patricio Chávez Zavala por la Revolución Ciudadana (RC, lista 5), Manuel Bohórquez Tapia, por el Partido Social Cristiano (PSC, lista 6) y Nathaly Farinango Delgado, del oficialista Acción Democrática Nacional (ADN, lista 7).
Treinta de los 70 candidatos no han presentado su declaración de impuestos ante el Servicio de Rentas Internas (SRI) en alguno de los últimos siete años (2017-2023). Aunque este no es un requisito para la inscripción de la candidatura, demuestra un pendiente con la administración del Estado. En su página web, el SRI señala que están exentos de presentar declaración los contribuyentes domiciliados en el exterior o aquellos cuyos ingresos fueron demasiado bajos.
Quien encabeza esta lista es el candidato José Armendaris Sáenz, de CREO (lista 21), que tiene cinco declaraciones pendientes. Le siguen, con cuatro años, su coideario Erik Trejo Maldonado; Fausto Rodríguez Martínez, del Partido Socialista Ecuatoriano (PSE, lista 17); Germania Jiménez Torres, de la alianza Súmate a la Transformación (lista 23-65) y Perla Lalaleo Valencia, del Partido Sociedad Patriótica (PSP, lista 3).
Luego de publicada esta información, Camila Lalaleo presentó sus declaraciones de impuesto a la renta correspondientes a los años 2022 y 2023, con un valor de cero dólares. En una carta enviada a Fundamedios este 6 de febrero, la candidata manifestó que también solicitó al SRI que corrija su sistema, donde aún consta que tiene declaraciones pendientes por los años 2020 y 2021, argumentando que ella no debía realizar estas declaraciones ya que inició sus actividades económicas recién en 2022, cuando abrió su RUC.
El 66% de los candidatos reportaron no tener ingresos o al menos no los suficientes para pagar impuestos durante el período 2017-2023
Más de la mitad de los postulantes para esta circunscripción, es decir 47 candidatos han declarado cero dólares en alguno de los años del periodo analizado. De entre ellos, dos lo han hecho durante siete años, es decir que han reportado en este tiempo no tener ingresos o al menos no los suficientes para pagar impuestos. Ellos son: Juan Bayas Verduga, Pueblo, Igualdad y Democracia (PID, lista 4) y Ronal Toala Reyes, de Centro Democrático (CD, lista 1).
Además, una docena de candidatos no tienen ningún tipo de información registrada en el SRI. Pertenecen a varias tiendas políticas: Unidad Popular (UP), PID, RC, ADN, Izquierda Democrática (ID), PSE, CREO y Súmate a la Transformación.
Y otros cuatro postulantes por la circunscripción 3 tienen deudas pendientes con el SRI. La mayor de ellas de 3.285 dólares, de la candidata Mayra Brito Cuzco (CD), que fue presidenta de la Junta Parroquial de Tumbaco. Las otras tres varían entre un centavo y 3,25 dólares.
Esta es una investigación liderada por Fundamedios, con el apoyo de la Fundación Periodistas Sin Cadenas (FPSC), en la que participaron 38 periodistas. MIL HOJAS y otros 39 medios de comunicación se han unido a la alianza para difundir la información.
Experiencia en el sector público
De los 70 candidatos de la circunscripción 3 de Pichincha, un 42 por ciento tiene experiencia en el sector público y registran declaraciones juradas en la Contraloría General del Estado. El Consejo Nacional Electoral, la Asamblea Nacional y el Municipio de Quito son algunas de las instituciones en las que se han desempeñado los postulantes.
Del total de aspirantes a las 5 curules previstas para esta circunscripción, 42% tiene experiencia en el sector público.
No todos han presentado declaración de fin de gestión ante la Contraloría. Laura Coello Fernández (Centro Democrático) es la que más ha repetido este incumplimiento, al salir de tres cargos zonales en el Municipio capitalino sin declaración final.
Por otro lado, en esta información pública hay un patrimonio que destaca por sobre los demás: el de Patricio Chávez Zavala (RC), asambleísta que busca la reelección. En su declaración de marzo de 2017, al finalizar su cargo como Gerente de la empresa pública en liquidación TAME, dijo superar los 14,3 millones de dólares. Pero al iniciar como asambleísta, en noviembre de 2023, declaró un patrimonio de 464.817 dólares. La principal variación fue en sus bienes inmuebles que disminuyeron en poco menos de un millón de dólares.
En 2017 apenas pagó 312 dólares de impuestos en el SRI y fue bajando anualmente hasta llegar a cero dólares en 2020. Desde entonces comenzó a declarar altos valores, por sobre los 8.000 dólares anuales.
Así como hay legisladores que aspiran a la reelección, también hay extenientes políticos que buscan llegar a la Asamblea: Cristian Romero Morocho (ADN), Fredy Espinoza Granda (Construye) y Paola Paillacho Coro (PSC).
Procesos judiciales sobreseídos o archivados
En cuatro de las listas aparecen candidatos que han tenido procesos penales en su contra. Los supuestos delitos que se investigaron fueron uno por estafa, dos por violencia psicológica de género y uno por asociación ilícita en instituciones públicas. Pero los casos fueron archivados, sobreseídos o prescribieron.
El caso de presunta asociación ilícita se trata de José Armendaris Sáenz (CREO), por una supuesta venta de cargos en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Pero el juez dictó sobreseimiento a su favor.
Mientras que en el proceso por supuesta violencia psicológica de género estuvo vinculado Manuel Bohórquez Tapia (PSC). Pero, tras pasar el tiempo equivalente a la pena máxima, de cinco años, el caso prescribió.
Esta alianza periodística contactó a ambos candidatos para conocer sus versiones, pero hasta la fecha de esta publicación no hubo respuesta.
PICHINCHA CIRCUNSCRIPCION 4
El 41 por ciento de los candidatos de la circunscripción 4 de Pichincha ha tenido experiencia en el sector público
Una tercera parte presenta declaraciones de impuesto a la renta con valor de cero dólares.
Entre los 56 candidatos que compiten en la circunscripción 4 de Pichincha, hay varias cosas en común que llaman la atención. El 41 por ciento de ellos ha sido funcionario público, en tanto que casi una tercera parte ha presentado declaraciones de impuesto a la renta con cero dólares en los últimos años.
En esta circunscripción hay también dos candidatos que apuestan por la reelección como asambleístas: Alexandra Andrea Castillo Campoverde, del PSC (lista 6), y Hernán Zapata Rojas, de ADN (lista 7).
Por otro lado, hay ocho aspirantes que han estado relacionados con 17 procesos penales, con distinto resultado.
En la circunscripción 4 de Pichincha hay catorce organizaciones políticas que inscribieron 56 candidatos a la Asamblea Nacional, que buscan quedarse con una de las cuatro curules parlamentarias.
Esta es una investigación liderada por Fundamedios, con el apoyo de la Fundación Periodistas Sin Cadenas (FPSC), en la que participaron 38 periodistas. MIL HOJAS y otros 39 medios de comunicación se han unido a la alianza para difundir la información.
Con respecto al pago de impuestos, en esta circunscripción hay 21 aspirantes que tienen declaraciones anuales pendientes con el Servicio de Rentas Internas (SRI) durante los últimos siete años (2017-2023).
Dos de los 21 son los que más han fallado en este requerimiento de la administración tributaria. Ellos son Galo Duque Calero, de Acción Movilizadora Independiente Generando Oportunidades (Amigo, lista 16) y José Cadena Yánez (ADN).
38% de los aspirantes a legisladores no ha presentado sus declaraciones anuales de impuesto a la renta
El SRI señala en su página web que están exentos de presentar declaración los contribuyentes domiciliados en el exterior y aquellos cuyos ingresos fueron demasiado bajos.
Mientras que casi una tercera parte de los candidatos ha presentado una o varias veces declaraciones de IR en cero dólares. Es decir que no tuvieron ingresos o que los ingresos recibidos estaban por debajo de la base imponible.
Los que lo han hecho durante el periodo más largo, de siete años, son Alejandra Alvear Nieto, del Partido Sociedad Patriótica (PSP, lista 3); Alexandra Castillo Campoverde, del Partido Social Cristiano (PSC, lista 6), y Elvia Inca Enríquez, del Partido Unidad Popular (UP, lista 2).
Pero también hay siete candidatos que no aparecen en los registros del SRI: Paola Albuja Estrella, Angélica Bernal Guasgua y Jorge Cevallos Velasteguí (Amigo); Daniela Dávila Cisneros, (Centro Democrático); Pedro Gualoto Ramírez (PID); Adamari Quiroz Cabezas (ADN) y Stephany Velasteguí Nicolalde (RETO).
Los casos penales de los candidatos
Entre los aspirantes a legisladores hay ocho que han tenido procesos penales abiertos en su contra y que suman un total de 17 casos. De estos, 13 fueron archivados, otros sobreseídos, declarados inocentes o aún están en proceso de juzgamiento.
Por ejemplo, Andrés Durán Montenegro, candidato por Renovación Total (RETO), fue acusado de presunta calumnia en agosto de 2024, pero el proceso no puede avanzar porque no han podido encontrarlo para notificarlo. Durán es conocido en redes sociales por hacer denuncias de presunta corrupción, y se presenta como periodista con su sobrenombre de “El Chochólogo”.
Esta alianza periodística contactó a Durán para pedirle su versión sobre esta denuncia, pero hasta la publicación de este reportaje no hubo respuesta.
Mientras que José Garzón Jácome (PSP, lista 3) fue acusado de una presunta estafa, en un caso de un migrante que pagó dinero para intentar llegar a Estados Unidos de manera irregular. Sin embargo, según consta en las actas del proceso, el denunciante desistió de la acusación después de haber llegado a un acuerdo para la devolución del dinero con los dos procesados, por lo que la Fiscalía se abstuvo de formular cargos. Y el juez dictó el sobreseimiento en 2022.
Esta alianza contactó a Garzón para pedirle su versión sobre esta denuncia. En su primera respuesta afirmó que su participación fue «haberle facilitado mi cuenta para que le depositen 2.000 que fueron entregados al denunciado Marco C.».
Pero, en su segunda respuesta, el candidato cambió de versión y dijo que «el falso denunciante nunca depositó en mi cuenta el valor indicado» (sic.).
Calumnia, estafa e intimidación son las figuras penales registradas en el portal de la función judicial respecto del 14% de postulantes.
Otro caso es el de Patricia Maigua Suntaxi, candidata del movimiento Pachakutik (PK, lista 18), que suma cuatro procesos judiciales, tres sin detalles de las acusaciones y uno por supuesta intimidación. Todos fueron archivados.
Esta alianza periodística contactó a Maigua para pedirle su versión sobre estas denuncias, pero hasta la publicación de este reportaje no hubo respuesta.
Asimismo, Paola Albuja Estrella (Amigo) registra cuatro procesos. Tres investigaciones fueron archivadas y en una causa fue declarada inocente. La candidata manifestó que ella planteó una denuncia por presunta usura en 2013 y que el expediente se extravió por cuatro años, tiempo en el cual el denunciado emprendió varios procesos penales en contra de ella.
“Todas las denuncias en mi contra fueron interpuestas por la misma persona, ya sea de forma directa o a través de sus empresas, repitiendo los mismos argumentos infundados”, apuntó Albuja. Añadió que, por error del sistema informático de la Función Judicial, una denuncia aparece como si se tratara de diferentes procesos y que en un caso fue declarada inocente tanto en la Corte Provincial como en la Nacional.
La experiencia en el sector público
El 41 por ciento de los candidatos de la circunscripción 4 han tenido experiencia en el sector público, en 26 instituciones, principalmente en entidades municipales y ministerios. Los que más cargos han ocupado son Andrés Durán Montenegro (RETO), con siete cargos, y Alejandra Alvear Nieto (PSP), con seis puestos.
En el caso de Andrés Durán, no consta en la Contraloría su declaración final de gestión como asesor nivel 2 de la legisladora Mónica Palacios, en la misma Asamblea Nacional, cargo al que debía renunciar para postularse como candidato.
Durán es el único de los 23 postulantes que presentó declaraciones en cero dólares, en 2018 y 2023, es decir que no poseía ningún activo ni pasivo en ese momento. En cambio, en su última declaración periódica de 2024 registró 41.184 dólares de patrimonio.
Además de él, una docena de candidatos también ha incumplido con la Ley de la Contraloría pues no han presentado sus declaraciones patrimoniales de fin de gestión de alguno de sus cargos.
Un sentenciado por tráfico de drogas, otro por presunto tráfico de influencias en contratación pública y hasta una pareja de esposos con un juicio por estafa, destacan en los casos judiciales de los postulantes. En 3 de las circunscripciones, casi la mitad de los aspirantes son caras conocidas de la política y la función pública.
GUAYAS CIRCUNSCRIPCIÓN 1
Cuentas tributarias grises en 33 candidatos a asambleístas de la circunscripción 1 de Guayas
Hay 13 candidatos con deudas al SRI. Seis han enfrentado acusaciones penales por tráfico de influencias, narcotráfico, receptación de objetos de origen dudoso, instigación y otros delitos.
Las cuentas tributarias no están claras en los candidatos de la circunscripción 1 de Guayas, donde 96 aspirantes, de 16 listas, compiten por seis curules, pues 33 no han presentado todas sus declaraciones del impuesto a la renta. Además, 13 aspirantes registran deudas con el Servicio de Rentas Internas (SRI). Mientras que seis han enfrentado denuncias penales.
Las organizaciones políticas con más candidatos incumplidos en la presentación de sus declaraciones de impuesto a la renta son Pueblo, Igualdad y Democracia (PID, lista 4), Revolución Ciudadana (RC, lista 5) y Amigo (lista 16), con cuatro cada uno.
Según los registros del SRI, el candidato con más años sin declaraciones, entre 2018 y 2023, es John Zhinin Huayamave (PID). Le siguen Ricardo Patiño Aroca (RC) y Yisley Chávez Brito (Pachakutik, lista 18), con cinco años.
El SRI señala en su página web que están exentos de presentar declaración los contribuyentes domiciliados en el exterior y aquellos cuyos ingresos fueron demasiado bajos.
Las organizaciones políticas con más candidatos incumplidos en la presentación de sus declaraciones de impuesto a la renta son: Pueblo, Igualdad y Democracia (PID, lista 4), Revolución Ciudadana (RC, lista 5) y Amigo (lista 16).
Además, trece de los candidatos, de diez listas, registran deudas en el SRI. Cinco adeudan menos de 100 dólares, siete con montos entre 120 dólares y 660 dólares y uno, Mario Cuvi Santacruz (Construye, lista 25), debe 3.179 dólares y ya tiene un convenio de pago.
De los 96 aspirantes, 22 no cuentan con información registrada en el SRI, y 23 han declarado cero dólares de impuestos en los últimos tres años.
La circunscripción 1 de Guayas está compuesta por parroquias del centro y suroeste de Guayaquil, entre ellas Ximena y Febres Cordero.
Esta es una investigación liderada por Fundamedios, con el apoyo de la Fundación Periodistas Sin Cadenas (FPSC), en la que participaron 38 periodistas. MIL HOJAS y otros 39 medios de comunicación se han unido a la alianza para difundir la información.
Casi la mitad exfuncionarios
De los 96 candidatos, casi la mitad (44) ha sido funcionarios públicos, según los registros de la Contraloría General del Estado.
En esta circunscripción los votantes decidirán si eligen asambleístas que ya han ocupado cargos en la función legislativa, como Roberto Cuero Medina (RC), Jorge Acaiturri Villa Varas (PSC), Jorge Chamba Cabanilla, Mayra Montaño, María Fernanda Jiménez y Paola Jaramillo Zurita (ADN).
En la nómina de postulantes hay 11 que han ocupado cargos en la municipalidad de Guayaquil o en sus empresas públicas, entre ellos: Óscar Estrada Tapia, Dalton Núñez Mateus, Hernán del Pozo Mosquera, María Fernanda Jiménez Vásquez, Jimmy Coronel Martínez, Romina Zeballos Avellán, Pablo Redín Vidal, Ángel Gaibort Gallegos y Mayra Montaño Guisamano.
Con respecto a las declaraciones patrimoniales juradas de los 44 funcionarios, la Contraloría indica que cuatro aspirantes reportaron cero dólares, otros quince registraron un patrimonio de hasta 10 dólares, cinco de hasta 10.000 dólares y trece de hasta 100.000. Otros seis candidatos (Unidad Popular y Revolución Ciudadana) tienen patrimonios que oscilan entre 100.000 y 500.000 dólares y un aspirante (PSC) llegó a los 900.000 dólares.
El patrimonio de Paola Jaramillo (exPSC y ahora ADN) tuvo un aumento considerable. En octubre de 2020, ella declaró un patrimonio de 4.400 dólares y en agosto de 2022, uno de 182.501 dólares.
Procesados por causas penales
En esta circunscripción hay seis candidatos que han sido procesados penalmente con distintos resultados. El caso más llamativo es un proceso activo cuya sentencia ha sido apelada: Mary Mendoza Muñoz (PSP) figura como procesada en un caso de tráfico de influencias por contrataciones irregulares durante la pandemia.
Mendoza suministró equipos de fumigación y limpieza por 143.990 dólares a la Prefectura del Guayas, durante la gestión del fallecido Carlos Luis Morales (PSC). La defensa de Mendoza argumentó en el juicio que no hubo ninguna relación, por cargo, jerarquía o amistad entre ella y la funcionaria de la prefectura que firmó los contratos. No obstante, la Fiscalía apeló la sentencia de la Corte Provincial de Guayas emitida en noviembre de 2022 confirmando la inocencia.
La audiencia de apelación fue fijada para el 31 de diciembre de 2024, pero en los registros judiciales no consta que se hubiera realizado. Mendoza no ha respondido a una solicitud de entrevista enviada sobre este tema.
Una candidata enjuiciada por presunto tráfico de influencias en contrataciones con la Prefectura del Guayas durante la pandemia, un exministro correista acusado de instigar al pueblo a la “resistencia combativa, entre los aspirantes a la legislatura.
Otro caso llamativo es el del exministro Ricardo Patiño Aroca, procesado por el delito de instigación, castigado con prisión de seis meses a un año, luego de que en un encuentro político de la RC en octubre de 2018 manifestara: “Tenemos que tomarnos las instituciones públicas, cerrar los caminos”.
Fue acusado de instigar al pueblo a la “resistencia combativa”. El juez le dispuso prisión preventiva. La defensa de Patiño apeló pero la sala de lo penal de la Corte Provincial de Cotopaxi ratificó la prisión en junio del 2019. En septiembre de ese año fue llamado a juicio, pero para entonces Patiño ya estaba en México. El 23 de abril del 2024, al cabo de cinco años, Patiño pidió que se declarase la prescripción, lo que fue aceptado por la justicia.
El candidato Lenin Duque Romero (Centro Democrático, lista 1) registró un proceso judicial por el delito de calumnia, pero el caso quedó prescrito tras dos años. Duque había acusado en 2014 a una cadena de hoteles por una “presunta doble contabilidad”.
Receptación, calumnia, tráfico
Otros dos candidatos, Michael Boni Dicado (Pachakutik), y Johnny Viracocha Cevallos (RETO), fueron procesados por los delitos de receptación (guardar o transportar objetos de origen dudoso) y calumnia, respectivamente. En un operativo policial en 2018, Boni fue hallado con tres celulares cuya propiedad no justificó, mientras que a Viracocha un abogado lo acusó en 2017 de afectar su honra al señalarlo como falsificador de documentos públicos.
En ambas causas, los procesados recibieron sentencias ratificatorias de inocencia emitidas por los tribunales. Consultados por Fundamedios para este reportaje, Boni no respondió al correo electrónico, en tanto que Viracocha reaccionó con la palabra “Excelente”, nada más.
Manuel Gómez Corozo (ID) fue detenido en abril del 2019 luego de que se hallara en la vivienda donde se encontraba varias funditas con 3,2 gramos de heroína, monedas de diferente denominación y una balanza.
El fiscal asignado emitió un dictamen abstentivo a favor de Gómez porque “las evidencias halladas no fueron encontradas en su posesión sino dentro del domicilio que no era de su propiedad, sino que éste era alquilado por terceras personas”. Gómez no respondió a las preguntas enviadas por correo electrónico desde Fundamedios.
GUAYAS CIRCUNSCRIPCION 2
Un tercio de los candidatos de la circunscripción 2 de Guayas ha trabajado en el sector público; uno registra una causa penal activa
Diez aspirantes reportaron a la Contraloría un patrimonio de cero dólares, mientras que nueve señalaron que tienen más deudas que ingresos.
Uno de cada tres candidatos en la circunscripción 2 de Guayas ha pasado por la función pública, son 33 de los 96 aspirantes a la Asamblea Nacional. Sus principales empleadores fueron las instituciones del Ejecutivo, los gobiernos autónomos descentralizados y el mismo Legislativo.
Entre los que van por la reelección figuran tres aspirantes. Juan Pablo Molina Saldaña (RC, lista 5), así como Amanda Hidalgo Astudillo (PSC-Avanza, lista 6-8), que fue asambleísta alterna. También está Victoria Desintonio Malavé (RC), que ganó la curul en 2021, después de haber sido destituida dos años antes como miembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).
Otros dos han sido ministros de Estado: Andrés Guschmer Tamariz, del Deporte en el actual gobierno de Daniel Noboa y que corre por el oficialista ADN (lista 7), y Gabriel Martínez Castro, de Transporte y Obras Públicas con Lenín Moreno, que se postula por SUMA (lista 23).
De los 33 candidatos que han sido funcionarios públicos, cuatro señalaron tener saldos negativos; cuatro registraron cero dólares; 19 reportaron bienes por hasta 200.000 dólares; y cinco informaron que sus bienes oscilan entre 200.000 dólares y más de un millón de dólares.
En estos últimos figuran los exministros Guschmer (ADN) y Martínez (SUMA), el asambleísta Molina Saldaña (RC), el exconcejal de Guayaquil Manuel Samaniego Zamora (PSC-Avanza) y el exfiscal Joselito Argüello Saltos (Partido Socialista Ecuatoriano).
En su declaración, Martínez reportó un patrimonio de 880.208 dólares cuando ascendió de viceministro a ministro de Transporte y Obras Públicas en 2019. Dos años más tarde, cuando dejó el ministerio, declaró un millón de dólares.
Mientras que Samaniego tuvo un incremento de más de 230.000 dólares en su patrimonio en cuatro años. En 2019, al dejar el cargo de concejal de Guayaquil, detalló activos por 336.762 dólares y cuatro años más tarde, en 2023, cuando dejó la coordinación institucional del Municipio de Guayaquil, subió a 569.776 dólares.
«Había una mejor condición de ingresos económicos en esos años», señaló Samaniego al referirse que en ese tiempo tenía tres ingresos mensuales como funcionario municipal, docente y por el alquiler de sus locales comerciales. «La mejor forma de ahorrar ha sido comprar activos, es la mejor forma de conservar el dinero, no se deprecia y gana plusvalía», indicó Samaniego, quien redujo sus deudas de 115.639 a 10.480 dólares entre 2023 y 2024. «Una parte fue pagada con la venta de unos activos y otra parte fue abonada con mis ingresos», acotó.
La circunscripciòn 2 de Guayas abarca dos populosas parroquias de Guayaquil: Tarqui y Pascuales, al noroeste de la ciudad. Quince partidos y movimientos políticos compiten por las seis curules, así como una alianza: PSC-Avanza.
Esta es una investigación liderada por Fundamedios, con el apoyo de la Fundación Periodistas Sin Cadenas (FPSC), en la que participaron 38 periodistas. MIL HOJAS y otros 39 medios de comunicación se han unido a la alianza para difundir la información.
Un exministro y exconcejal incrementaron sus patrimonios luego de dejar la función pública
Convenios de pago con SRI
De los 96 postulantes, doce tienen deudas con el Servicio de Rentas Internas (SRI). Entre ellos Ingrid Salazar, del Movimiento Construye (lista 25), que adeuda 420 dólares, y el exministro Martínez, quien registró un convenio de pago por 7.140 dólares. Otros deben menos de 80 dólares.
Por otro lado, 33 no han presentado declaraciones de renta en algunos años, mientras que 48 declararon cero dólares en su último reporte al SRI.
Los partidos o movimientos que tienen mayor número de candidatos con declaraciones en cero dólares son: Partido Unidad Popular (UP, lista 2) con cuatro aspirantes; le siguen Movimiento Centro Democrático (lista 1), Partido Sociedad Patriótica (PSP, lista 3) y Acción Democrática Nacional (ADN) con tres, y Pueblo Igualdad Democracia (PID, lista 4), la Revolución Ciudadana y la Izquierda Democrática con dos, cada uno.
El SRI señala en su página web que están exentos de presentar declaración los contribuyentes domiciliados en el exterior y aquellos cuyos ingresos fueron demasiado bajos.
De los 33 candidatos que han sido funcionarios públicos, 19 sí han tributado al SRI entre 2017 y 2023. Los tres que más han pagado impuestos son Janina Rizzo Alvear (Acción Democrática) con 142.632 dólares, Omar Sánchez Mantilla (PSP) con 135.928 dólares y Manuel Samaniego con 35.861 dólares
Otros diez, entre ellos Carlos García Neira (UP), Ulvio Cárdenas Granda (UP) y Elba Argüello Calderón (PSP) reportaron cero dólares. Tres candidatos no han presentado declaraciones desde 2017: Felipe Sánchez Pazmiño (Amigo), Mariuxi Torres Sánchez (Democracia Sí) e Ingrid Salazar Cedeño (Construye); en tanto que Patricia Villegas Rivera (RC) no tiene información registrada en el sistema del SRI.
Causas judiciales
En los registros de la función judicial constan cinco participantes con causas judiciales, cuatro de ellas archivadas. El aspirante del Partido Socialista Ecuatoriano, el exfiscal Argüello Saltos tiene un proceso activo por supuestas calumnias. “Si en algún momento me mandan preso, me iré, porque esa será una medalla para mí”, dijo el candidato sobre el proceso que el Banco del Pichincha le interpuso.
En esta causa, iniciada en enero de 2023 por unas declaraciones que Argüello realizó en sus redes sociales en noviembre del 2022, está pendiente la audiencia de juzgamiento. El 27 de diciembre de 2024 se tenía previsto realizar esa diligencia, pero fue diferida por pedido de la entidad bancaria.
En el proceso hay escritos de Argüello pidiendo que se declare la nulidad procesal por falta de citación, que se remita a la Fiscalía por haberse configurado fraude procesal y que se declare la prescripción de la pena. Argüello fue citado, sin embargo no se ha declarado el fraude procesal ni la prescripción de la causa.
Investigaciones archivadas
Otros cuatro candidatos de este distrito registran investigaciones archivadas: Luis Humberto Rivera Piza, Victoria Desintonio Malavé, Gabriel Martínez Castro y Manuel Samaniego Zamora.
En el caso de Rivera Piza, candidato por PID, su proceso fue archivado en 2017 a pedido de la denunciante quien señaló que «con la parte demandada hemos llegado a una conciliación».
No constan detalles de la denuncia. Rivera no atendió una entrevista solicitada por Fundamedios el pasado 4 de enero.
El caso en contra de Victoria Desintonio (RC) se archivó a pedido de la Fiscalía en mayo del 2024. El delito que se investigaba era el presunto incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, que se inició en 2019 cuando ella era vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).
La queja surgió luego de que Desintonio y otros siete consejeros aprobaron una moción para conformar una comisión que revise el proceso de selección de los jueces de la Corte Constitucional. «No existen elementos de convicción de los que se desprenda el cometimiento de un ilícito», concluyó Diana Salazar, fiscal General del Estado, al pedir el archivo de este proceso.
En contra de Martínez (SUMA) consta un proceso penal por el presunto delito de peculado, cuya investigación fiscal se inició en septiembre de 2021 tras una “noticia criminis”, luego de la exposición de un video en redes sociales donde se acusaba que seis personas, entre ellos Martínez, serían parte de una red de corrupción hospitalaria.
La Fiscal Diana Salazar solicitó el archivo. «No se advierte la existencia de una conducta ilícita de peculado por parte de los investigados», argumentó. Martínez fue consultado para abordar este caso, pero hasta el cierre de esta publicación no respondió.
El candidato Manuel Samaniego (PSC-Avanza) reporta una causa judicial en su contra por el delito de hostigamiento que data de 2018. En octubre de ese año, un dirigente estudiantil de la Universidad de Guayaquil –donde Samaniego es docente– lo acusó de ofrecerle trabajo en el Municipio de Guayaquil, donde Samaniego era concejal, a cambio de votar por un directivo ante el Consejo Universitario.
«En la Universidad Estatal había una pugna en un proceso de intervención, me parece, y un estudiante de un grupo político universitario levantó esta denuncia falsa. Al día siguiente, el mismo estudiante hizo una declaración pública retractándose de la denuncia», comentó Samaniego. En efecto, la causa fue archivada.
GUAYAS CIRCUNSCRIPCION 3
Más caras nuevas que conocidas entre los candidatos a asambleístas de la circunscripción 3 de Guayas
Cinco candidatos han enfrentado procesos penales y seis han registrado deudas con el SRI. 16 listas compiten por los seis escaños del distrito más grande de Guayas
De los 96 postulantes a la Asamblea Nacional por la circunscripción 3 de Guayas, 59 no registran experiencia en cargos públicos, es decir el 61 por ciento. El movimiento Pueblo Igualdad Democracia (PID, lista 4) es la única de las 16 listas que presentó un bloque completo de seis aspirantes sin trayectoria en el sector público, seguido por el Partido Socialista Ecuatoriano (PSE, lista 17) y la Izquierda Democrática (ID, lista 12), con cinco postulantes cada uno que comparten el mismo perfil.
Tras la revisión de bases de datos del Consejo de la Judicatura y el Servicio de Rentas Internas (SRI), se identificó que cuatro candidatos a asambleístas por esta provincia han enfrentado procesos penales. Entre ellos, un postulante de la Revolución Ciudadana (RC, lista 5) fue sentenciado como culpable. Además, 30 candidatos no han presentado al menos una declaración del impuesto a la renta entre 2017 y 2023.
Esta es una investigación liderada por Fundamedios, con el apoyo de la Fundación Periodistas Sin Cadenas (FPSC), en la que participaron 38 periodistas. MIL HOJAS y otros 39 medios de comunicación se han unido a la alianza para difundir la información.
Candidatos a la reelección y rostros nuevos en la política
La mayoría de los 96 candidatos de la Circunscripción 3 de Guayas, que compiten por seis curules, no tiene experiencia en cargos públicos. En los registros de la Contraloría General del Estado, 59 postulantes no tienen historial laboral en instituciones estatales. En el Movimiento Pueblo Igualdad Democracia (PID), fundado en 2017 para respaldar al expresidente Lenín Moreno, ninguno de sus candidatos ha desempeñado funciones en el sector público.
De los seis candidatos de la Izquierda Democrática (ID), del Partido Socialista Ecuatoriano (PSE) y de Democracia Sí, cinco no tienen experiencia en cargos públicos. Otros movimientos presentan una situación similar, con cuatro de sus seis candidatos carecen de experiencia en cargos públicos: los movimientos RC, Centro Democrático, Amigo, CREO y el Partido Unidad Popular (UP).
A la reelección va un grupo de cinco exasambleístas. Nuria Butiñá Martínez, vinculada históricamente a la RC, quien aspira nuevamente a una curul respaldada por este movimiento político. Lucía Jaramillo Zurita, electa en 2023 por el PSC, ahora busca su reelección con el oficialista Acción Democrática Nacional (ADN, lista 7).
Por su parte, Ferdinan Álvarez Zambrano dejó atrás la camiseta de la RC para postularse por ADN. Su desafiliación se concretó en octubre de 2023, tras un conflicto personal con el exvicepresidente Jorge Glas, que actualmente permanece en prisión.
Cinco exasambleístas buscan la reelección, tres de ellos correrán por los mismos partidos políticos. Entre los dos que cambiaron de bandera partidista está Ferdinan Álvarez (hoy ADN) quien se desafilió de la RC tras un conflicto personal con el exvicepresidente Jorge Glas
Mientras tanto, Daniel Onofa Cárdenas (ID) y Vicente Taiano Basante (PSC) buscan mantener sus posiciones legislativas bajo las mismas banderas políticas con las que construyeron sus carreras.
Quienes han sido funcionarios públicos han tenido que registrar sus patrimonios en la Contraloría General del Estado. El caso de Taiano Basante llama la atención por un aumento y disminución en poco tiempo. En julio de 2020 declaró un patrimonio de 173.929 dólares, en octubre de 2023 subió a 723.126 dólares y en noviembre del mismo año bajó a 377.154 dólares.
Ferdinan Álvarez (ADN) pasó de un déficit de 10.532 dólares en 2017 a un patrimonio de 138.242 dólares en 2023, poco antes de dejar la Asamblea tras la disolución por muerte cruzada. En la misma línea, Giovanni Fantoni (UP) triplicó su patrimonio en una década. En 2013 declaró 107.300 dólares y en 2023 reportó 373.832 dólares como asesor de gerencia en el Registro de la Propiedad de Guayaquil.
Las declaraciones de Gladys Loza Dávila (Pachakutik, lista 18) presentan inconsistencias. En 2024 afirmó ser asistente ejecutiva del CNEL desde 2008, pero tiene una declaración de 2019 como concejal alterna de Durán. En ninguno de los casos ha presentado declaración de fin de gestión. Como concejal alterna reportó un déficit de 17.170 dólares, es decir su patrimonio era negativo, en tanto que en la declaración periódica de 2024 señaló un patrimonio de 149.686 dólares.
María Gabriela García (Construye, lista 15) trabajó en ocho instituciones estatales en los últimos cuatro años, todas adscritas al Ejecutivo. En 2020 declaró un patrimonio de 23.400 dólares, que se incrementó en enero de 2024 a 218.500 dólares. En contraste, Jasmín Cedeño Mantilla (Democracia SÍ) declaró un patrimonio de 7,5 millones de dólares en 2015, principalmente por bienes inmuebles, es decir propiedades. Sin embargo, en 2024, este bajó a 158.415, según lo reportado ante la Contraloría.
Los pendientes con la Justicia
Cinco candidatos de esta circunscripción se han enfrentado a la justicia en procesos penales. Una sola de las causas llegó a sentencia de culpabilidad en primera instancia, otra prescribió y el resto fueron archivadas.
Un candidato de la RC fue sentenciado culpable. Se trata de Mario Moreno Araujo quien fue detenido en enero de 2018, durante un operativo policial en la Bahía de Guayaquil. Moreno atendía un local comercial en donde se encontraron 792 prendas de vestir valoradas en 3.970 dólares, cuya procedencia no pudo justificar, según las autoridades. La Fiscalía presentó cargos en su contra por el delito de receptación, argumentando que el acusado, como encargado del local, tenía conocimiento de que la mercancía era de origen ilícito.
Según la defensa, Moreno era empleado del dueño del local, quien no compareció durante el proceso judicial ni pudo ser localizado. La defensa presentó documentación que acreditaba la relación laboral de Moreno, incluyendo su afiliación al IESS desde 2011. A pesar de esto, las pruebas no justificaron la procedencia lícita de la totalidad de la mercadería.
El 6 de febrero de 2018, el tribunal dictó una sentencia condenatoria contra Moreno, aplicando una pena de 100 horas de trabajo comunitario, además de una multa equivalente al 25% del salario básico unificado. También se ordenó el decomiso de la mercadería.
Al ser consultado, Moreno respondió: “Las pruebas obrantes en el expediente demuestran fehacientemente que mi actuación se circunscribió al ámbito de mis funciones como empleado de un establecimiento comercial. Mi desconocimiento sobre la ilicitud de la mercancía, así como mi condición de trabajador afiliado al IESS, excluyen mi responsabilidad penal”.
Otro caso es el de Sandra Figueroa Aguilar, también candidata de la RC. De acuerdo al proceso judicial 0928720150055, en 2014 fue acusada de violación de propiedad privada por Josué Narváez Mendieta, hermano del exalcalde de Durán Dalton Narváez, ambos hijos de la exalcaldesa Mariana Mendieta.
Según la denuncia, el 24 de octubre de 2014, Figueroa, como funcionaria municipal de Durán, intervino en la expropiación de un local comercial que Josué Narváez arrendaba, sin mostrar documentación que respaldara la diligencia. Narváez afirmó en su acusación que Figueroa estaba acompañada por Julio César Arce Fajardo, padre de la entonces alcaldesa Alexandra Arce Plúas, a pesar de que este no tenía vinculación laboral con el Municipio.
El caso fue archivado, y todas las medidas cautelares contra Figueroa y Arce fueron revocadas. Fundamedios contactó a Figueroa para conocer su versión de los hechos, su relación con Julio César Arce y las razones de su acompañamiento, pero no se obtuvo respuesta.
Asimismo, Roxana Chala Quintero (RETO) fue dos veces querellada por calumnia en 2024, pero ambas causas fueron archivadas. Otro candidato denunciado por los mismos cargos fue Martha Fierro Baquero (AMIGO), pero el caso no avanzó y prescribió el 1 de julio de 2022.
Finalmente, Robert García Lecaro (PSC) fue denunciado en 2023 por estafa, según el proceso 11282202304515G, pero la Fiscalía concluyó que no se encontraron elementos suficientes para formular cargos en su contra. García enfrentó un segundo proceso (07283202401159G) cuyos detalles no constan en los archivos de la Función Judicial. Esta causa también fue archivada.
Los pendientes con el Fisco
Las deudas firmes de los candidatos con el Servicio de Rentas Internas (SRI) son limitadas, con solo seis personas registran pendientes. La mayor deuda corresponde a César Carrera (PID), por 1.124 dólares, mientras que las restantes no superan los 250 dólares.
Por otra parte, 30 de los 96 candidatos no han presentado al menos una declaración del Impuesto a la Renta entre 2017 y 2023. Entre quienes sí lo han hecho, solo dos reportaron montos superiores a los 10.000 dólares, alcanzando incluso cifras mayores a 100.000 dólares.
Alejandro Vanegas Cortazar (RC) declaró un IR de 52.903 dólares en 2018, que aumentó a 107.807 en 2019 y bajó a 10.986 dólares en 2023. En un caso similar registra Luis Ayala Aguirre (Construye), quien declaró 21.836 dólares en 2017, incrementó a 51.611 dólares en 2019 y redujo la cifra a 8.392 dólares en 2023.
El SRI señala en su página web que están exentos de presentar declaración los contribuyentes domiciliados en el exterior y aquellos cuyos ingresos fueron demasiado bajos.
En 2023, al menos ocho candidatos declararon valores entre 1.100 y 5.000 dólares, mientras que 10 reportaron montos entre 1 y 1.000 dólares. En contraste, 37 de los 96 candidatos declararon en cero su Impuesto a la Renta y otros ocho no presentaron declaraciones en ese período.
La Circunscripción 3 de Guayas es la más grande entre las cuatro circunscripciones de la provincia. Con 1’598.271 votantes empadronados, esta zona incluye cantones con profundos desafíos como Durán, donde la corrupción se ha enquistado en sus instituciones municipales afectando su capacidad de gestión, y donde la pobreza alcanza al 65,40% de sus habitantes. También comprende el cantón Playas y algunas parroquias de Guayaquil, como Posorja, Puná, Tenguel y Rocafuerte.
GUAYAS CIRCUNSCRIPCION 4
Narcotráfico, estafa, peculado… 15 candidatos por la circunscripción 4 de Guayas registran juicios penales
Un sentenciado por tráfico de drogas y otros procesados por estafa, traspaso de acciones sin consentimiento o daño de bienes patrimoniales constan entre los candidatos.
El camino hacia la Asamblea Nacional tiene claroscuros en el distrito 4 de Guayas, donde se escogerá a seis asambleístas. Un análisis detallado de los datos públicos revela que quince de los 90 candidatos de esa zona han acumulado procesos penales. Y, aunque varios casos han sido archivados y muchas inocencias ratificadas, entre los cargos más graves figuran peculado, estafa, tráfico de drogas y falsificación de firmas.
También hay vacíos en el cumplimiento tributario de los candidatos. De los 90, 24 no han presentado todas sus declaraciones de impuesto a la renta, según los registros del Servicio de Rentas Internas (SRI) y cuatro siempre han declarado este tributo en cero dólares, los últimos años. Esto también contrasta con los patrimonios abultados de varios aspirantes, que en ciertos casos han pasado de cinco a seis cifras en cuestión de pocos años.
Esta es una investigación liderada por Fundamedios, con el apoyo de la Fundación Periodistas Sin Cadenas (FPSC), en la que participaron 38 periodistas. MIL HOJAS y otros 39 medios de comunicación se han unido a la alianza para difundir la información.
Los procesos penales no son exclusivos de una tienda política. SUMA (lista 23) tiene tres candidatos con este tipo de antecedentes. Acción Democrática Nacional (ADN, lista 7), Centro Democrático (CD, lista 1), Pachakutik (lista 18), el Partido Socialista Ecuatoriano (PSE, lista 17) y Unidad Popular (UP, lista 2) tienen dos cada uno.
También están Construye (lista 25), Democracia Sí (lista 20) y el Partido Social Cristiano-Madera de Guerrero (PSC–MG, lista 6-75), cada uno con un candidato en esta situación, según los registros disponibles de la Función Judicial.
En el conjunto de presuntos delitos constan: tres procesos por estafa, dos por calumnia, dos por incumplimiento de decisiones legítimas de la autoridad, dos por paralización de un servicio público, uno por tráfico de drogas, uno por destrucción de bienes del patrimonio cultural, uno por peculado, uno por ataque o resistencia, uno por falsificación de firmas y uno por tenencia y porte de armas. De estos, 7 fueron archivados tras la investigación previa.
Cinco casos son los más llamativos: un sentenciado por tráfico de drogas, una pareja de esposos investigados por presunta estafa, un exalcalde que fue acusado de daño a un bien patrimonial y un postulante que ha sido señalado de falsificar firmas.
Tráfico de drogas
Willian Angulo Araujo busca un puesto en la Asamblea por el Partido Socialista Ecuatoriano (PSE, lista 17). Fue condenado a tres años de cárcel, tras haber sido hallado culpable en el grado de autor directo del delito de tráfico ilícito de drogas.
Angulo fue hallado con 29 sobres de cocaína el 10 de enero de 2018. Sin embargo, fue beneficiado con una suspensión condicional de la pena por doce meses, el 2 de mayo de ese año. La medida fue concedida por el juez Ricardo Ramos, quien dispuso que Angulo se abstuviera de frecuentar centros nocturnos de concurrencia masiva, centros educativos, saliera del país sin previa autorización; además de presentarse periódicamente ante él.
Un aspirante a legislador fue sentenciado por tráfico de cocaína pero un dictamen judicial de mayo de 2024 le benefició de una suspensión condicional de la pena por un año.
El candidato tiene otra sentencia previa a un año de cárcel por no acatar sentencia judicial, porque fue hallado en la casa de su pareja, de quien tenía orden de alejamiento.
Fundamedios contactó a Angulo, pero no respondió al pedido de entrevista.
Esposos sortean acusación de estafa
Las candidaturas de los esposos Héctor Rodríguez Cabrera y Sara López Hungría son auspiciadas por el movimiento Centro Democrático (lista 1), del presidenciable Jimmy Jairala. De acuerdo con el proceso judicial —en el que se investiga una presunta estafa— estaba previsto que la audiencia de juzgamiento se realice el lunes 6 de enero, cuando los denunciados ya estaban en plena campaña. Sin embargo, el fiscal del caso, Nelson Vela, se excusó por un problema de salud.
El proceso inició el 28 de noviembre de 2018 y la audiencia de formulación de cargos fue el 26 de marzo de 2019. Ahí la jueza Gladys Perea ordenó el inicio de la instrucción fiscal por pedido del fiscal Juan Carlos Iturralde. El denunciante aseguró que los esposos le hablaron “de MY TRADER COIN, una plataforma donde se invierte dinero”; y que el 19 de junio de 2017, él les entregó 5.000 dólares, a manera de inversión, con la promesa de que recibiría ganancias diarias por 12 dólares.
Sin embargo, el denunciante dijo que, pese a que en la plataforma se veía el monto acumulado, nunca pudo sacar ni el monto entregado ni las supuestas ganancias.
Durante el proceso, Christian Cevallos, abogado de los sospechosos, aseguró que sus clientes sí cancelaron los valores. Fundamedios intentó comunicarse con los aludidos, a través de los correos electrónicos que constan en el proceso judicial, pero no hubo respuesta. Al cierre de esta nota, el Tribunal Penal no había definido una nueva fecha para el juicio. Tampoco se ha hecho mención en el expediente que los procesados son candidatos.
Enrique Guerrero, secretario general de Centro Democrático, se sorprendió al enterarse de este caso, aunque asegura que el proceso de selección de candidatos fue transparente, público y que sí revisaron los datos de los postulantes. “Para mí es nuevo. Si bien se hizo la confirmación, las sentencias no estaban ejecutoriadas. Yo puedo tener una denuncia o una investigación, pero eso no da impedimento”, dijo Guerrero.
Supuesto traspaso de acciones sin consentimiento
En otro caso está implicado Víctor Morán Andrade, de Construye, junto a otras tres personas (entre ellas una notaria). El denunciante los señala como sospechosos de traspasar acciones de una empresa sin su consentimiento, a través de una organización delictiva.
La denuncia data de 2010 y el registro judicial digital es breve, pero arroja un dato relevante: la Fiscalía pidió, el 1 de octubre de 2024, el archivo de esa causa, que se sigue por presunta asociación ilícita. Es decir, el archivo se pidió justo en la época en que Morán era inscrito como candidato.
“La víctima empezó a revisar el estado de las participaciones que la compañía Inmobiliaria Central S.A. tenía en la Hotelera El Ejecutivo C. Ltda. y se encontró con la sorpresa de que fueron transferidas sin su consentimiento”, se lee en el proceso. La Fiscalía solicitó el archivo argumentando falta de “indicios fundamentales”.
Hasta el cierre de esta nota aún no constaba algún auto relacionado con el trámite del archivo. También está pendiente una respuesta de Morán ante un pedido de entrevista de este equipo periodístico.
Denuncia contra exalcalde de Milagro
Otro de los casos relevantes es el de José Asán Wonsang, alcalde de Milagro entre 2005-2014 y 2019-2023, que hoy busca una curul por SUMA, lista 23. Sobre él pesa la denuncia de un ciudadano por destrucción de bienes del patrimonio cultural.
El expediente de la investigación previa lo conoció la Presidencia de la Corte del Guayas, cuando la titular era Fabiola Gallardo (actualmente involucrada en el caso Purga).
La entonces fiscal Provincial, Yanina Villagómez, quien también enfrenta acusaciones por el caso Purga, pidió el 2 de enero de 2024 que se convocara a la audiencia de formulación de cargos. Nueve días después dijo que, por un lapsus involuntario, no se notificaron acciones de la Fiscalía a las partes y que, para salvaguardar el debido proceso, se dejara sin efecto la convocatoria de dicha audiencia.
El 19 de febrero de 2024, el juez ponente, Hugo González, concedió el pedido de Villagómez y dejó sin efecto la audiencia de formulación de cargos.
Asán asegura que en 2014, durante su administración se decidió derrocar un edificio que estaba atrás del Municipio de Milagro, para evitar un accidente, ya que se estaba «cayendo a pedazos». Este es el origen del proceso, cuya fecha de ingreso al sistema judicial data del 3 de enero de 2024, es decir, unos 10 años después, según los datos de la plataforma digital del Consejo de la Judicatura.
«Se convirtió en un peligro para la ciudadanía. Nosotros le pedimos al Instituto de Patrimonio que viniera a desvincular algunos predios que ellos habían declarado patrimoniales en el gobierno de (Rafael) Correa», comentó Asán, quien asegura que no lo han citado por ese tema.
La función pública en el pasado de 43 candidatos
Esta investigación también identificó que 43 de los 90 aspirantes han ocupado cargos públicos. Los partidos con más funcionarios son ADN y SUMA, con cinco cada uno, seguidos por Amigo, la Revolución Ciudadana, y la alianza PSC-MG, con cuatro cada uno. Pachakutik, Sociedad Patriótica y Unidad Popular también tienen una representación significativa, mientras que CREO, RETO y otras organizaciones cuentan con menos representantes.
Y entre los cuadros que han ocupado un cargo público reciente están los cuatro asambleístas que buscan la reelección: Francisco Cevallos Macías y Marjorie Rosado Sánchez (ADN), Ana María Raffo Guevara (RC) y Nelly Plúas Arias (PSC-MG).
Hay candidatos que, tras su paso por la gestión pública, registran patrimonios de seis cifras; incluso, algunos superan el millón de dólares.
También hay quienes han amasado patrimonios de seis cifras; incluso, algunos superan el millón de dólares.
Por ejemplo, Fricson George Tenorio, quien destacó como futbolista en Barcelona Sporting Club, registraba 400.000 dólares de patrimonio en 2014, cuando ocupaba el cargo de concejal de Daule. Seis años después, en 2023, ese monto escaló a los 712.000. En ese año ostentaba la función de Subdirector de Desarrollo Recreacional en el municipio dauleño.
Francisco León Flores, quien fue alcalde de Salitre entre 2014 y 2019, tenía un patrimonio de 66.000 dólares. Dos años después fue elegido como asambleísta nacional y su periodo terminó con la muerte cruzada en mayo de 2023. Al dejar ese cargo, su patrimonio había subido a 436 mil dólares.
La exprefecta del Guayas, Susana González Rosado, también está en el grupo de candidatos con patrimonios abultados. Ella contaba con 1,2 millones de dólares cuando llegó a una de las concejalías de Guayaquil, en 2014. Luego, buscó la viceprefectura junto con Carlos Luis Morales, quien falleció. González suplió a Morales y, al final del mandato, en 2023, su patrimonio era de 1,3 millones de dólares.
Nelly Plúas Arias, quien ocupó el cargo de asambleísta provincial desde mayo 2021 hasta ahora (está con licencia por campaña), presentó un patrimonio de 2,7 millones de dólares en mayo de 2023. En septiembre pasado, cuando declaró su patrimonio por un cargo de docente ocasional en la Universidad de Guayaquil, su patrimonio se había reducido a 2,4 millones de dólares.
Cuestión de impuestos
El pago de impuestos es opaco en algunos candidatos. De acuerdo con el registro del SRI, 24 no han presentado las declaraciones de Impuesto a la Renta en todos los años. La organización política con más candidatos en esta situación es ADN, con cuatro postulantes.
El candidato que más declaraciones pendientes tiene es José Crespín Pacheco (CREO), con seis. Le siguen Ana Carrera Ramírez (ADN), Yolanda Vera Rivas (PSE), Isabel Alarcón Tello (Democracia Sí), Williams Sarzosa Narando (UP) y Jackson Ronquillo Frías (PSC-MG), con cuatro declaraciones no presentadas.
El SRI señala en su página web que están exentos de presentar declaración los contribuyentes domiciliados en el exterior y aquellos cuyos ingresos fueron demasiado bajos.
Además, hay cuatro candidatos que siempre han declarado cero dólares de Impuesto a la Renta, desde el 2017. Es el caso de Máxima Bravo Vargas (PSC–MG), quien ha sido asistente legal del Municipio de El Triunfo en los últimos tres años. También el de Lucy Yépez Goya (CREO), quien ha tenido varios cargos públicos como asistente del Municipio del El Triunfo, responsable de Logística del Cuerpo de Bomberos de ese mismo cantón y jefa política de la Gobernación del Guayas. Otra candidata es María Esmeraldas Oramas (Amigo), una docente pública con casi 40 años de experiencia. Completa esta lista Luis Arteaga Ludeña (Construye), quien no registra cargos públicos.
Por último, cuatro candidatos han registrado deudas menores al SRI, que no superan los 120 dólares.
Para este reportaje se buscó comentarios de ADN, Partido Socialista, Unidad Popular, Democracia Sí, entre otras tiendas políticas. Esta última organización, a través de su dirigente principal, Gustavo Larrea, justificó el hecho de que hagan falta declaraciones de impuestos de ciertos candidatos porque, dice, son personas “del pueblo, que no tienen muchos ingresos”. El resto de partidos o movimientos no contestaron.
Guayas elegirá 24 legisladores provinciales, repartidos en cuatro circunscripciones. En la circunscripción 4 compiten catorce partidos y movimientos, así como la alianza PSC-MDG.
Entre los postulantes prevalecen exasambleístas, sus alternos o sus exasesores, además de exfuncionarios públicos
MANABÍ CIRCUNSCRIPCIÓN 1
La mitad de los candidatos a asambleístas de la circunscripción 1 de Manabí ya han sido funcionarios públicos
Once de los 50 postulantes a la legislatura han tenido procesos penales.
En la circunscripción 1 de Manabí, que comprende quince cantones del norte de la provincia, 50 candidatos a asambleístas correrán por nueve tiendas políticas y una alianza. La mitad de ellos han sido funcionarios públicos. Por otro lado, una decena ha tenido procesos penales.
Además, tres actuales legisladores, que llegaron a la Asamblea Nacional después de la muerte cruzada, ahora buscan la reelección. Ellos son Lenin Barreto Zambrano, por la Revolución Ciudadana (RC, lista 5); Jaime Moreno Félix, por Construye (lista 25), y Jaminton Enrique Intriago Alcívar, por la alianza Unidos por el Desarrollo, que agrupa al Partido Social Cristiano (PSC), el movimiento Amigo y el local Cambio, lista 6-62-16.
Otros dos que dejaron la Asamblea por la muerte cruzada en mayo de 2023 también quieren regresar. Son Eitel Zambrano Ortiz por CREO (lista 21), y Guido Mendoza Andrade, por la RC.
Manabí es la tercera provincia más grande del Ecuador y en ella hay 1,3 millones de electores que, el próximo 9 de febrero, decidirán la suerte de una zona signada por la violencia: enero de 2025 ha sido el mes más violento de los últimos años.
Esta es una investigación liderada por Fundamedios, con el apoyo de la Fundación Periodistas Sin Cadenas (FPSC), en la que participaron 38 periodistas. MIL HOJAS y otros 38 medios de comunicación se han unido a la alianza para difundir la información.
Además de los exasambleístas que intentan regresar, entre los candidatos por la circunscripción 1 de Manabí hay tres asambleístas alternos, todos de la alianza Unidos por el Desarrollo (lista 6-62-16): Natalia Garzón León, Jorge Bravo Alcívar y Diego Sabando Párraga.
Más allá de los asambleístas, sus alternos o sus exasesores, entre los candidatos hay otros exfuncionarios públicos que han sido profesores universitarios y de colegio, un asistente de alcaldía, un agente tributario, una veterinaria y una tutora de asistencia domiciliaria, entre otros, según el registro de la Contraloría General del Estado.
En general, los municipios son los principales empleadores, aunque también aparecen el SRI y el Consejo Nacional Electoral.
Los cinco aspirantes de la alianza Unidos por el Desarrollo han sido funcionarios públicos. Luego sigue la RC con cuatro candidatos; y CREO, SUMA (lista 23) y ADN (lista 7), con tres cada uno.
De acuerdo con los registros de la Contraloría, una candidata de la RC labora para el Municipio de Quito y busca ser electa asambleísta por Manabí. Se trata de Bertha Vélez Vélez, que desde julio de 2024 aparece como “funcionario directivo 7” del municipio capitalino. Antes trabajaba para la Prefectura de Manabí. Su última declaración es una periódica de 2024 donde consta un patrimonio de 108.045 dólares, pero no ha hecho constar la de fin de gestión.
Los registros de la Contraloría reflejan muchas incongruencias. Hay funcionarios que presentan varias declaraciones para el mismo periodo con distintos valores. Una de ellas es María Mercedes García Bravo, analista de la Prefectura, que en una declaración periódica de 2024 señala un patrimonio de 623.337 dólares y en otra, también periódica de 2024, 10.833 dólares.
Los candidatos que han declarado mayor patrimonio, por encima de los 300 mil dólares son Jaime Moreno Félix, Jaminton Intriago Alcívar y Jorge Bravo Alcívar.
En cambio, el exasambleísta Eitel Zambrano Ortiz declaró un patrimonio negativo de 4.400 dólares en 2018 cuando dejó de trabajar en el Hospital Básico de Chone. Es decir que sus deudas superaban sus activos. Cuatro años y medio después, al dejar la Asamblea, declaró 138.501 dólares de patrimonio.
Hay 19 postulantes a la legislatura que no han cumplido con la obligación de declarar el impuesto a la renta.
Poca cultura tributaria
La cultura tributaria manabita no refleja la riqueza de la provincia. La excepción de la regla son los candidatos que pagan impuestos. Apenas siete de los 50 aspirantes han declarado impuesto a la renta con valores superiores a cero dólares durante tres años seguidos, en el periodo analizado por esta alianza periodística, que corre entre 2017 y 2023.
Ellos son: Jorge Cassis González, de Centro Democrático; Lenin Barreto Zambrano, de la RC; Eitel Zambrano Ortiz, de CREO; Marlon Vera Delgado, de SUMA; Jaime Moreno Félix, de Construye, y Jaminton Intriago Alcívar, de Unidos por el Desarrollo.
El resto ha registrado valores apenas uno o dos años seguidos; ha declarado cero dólares de impuesto a la renta la mayoría de las veces o no ha cumplido con el requisito de presentar su declaración. Este último grupo asciende a 19 aspirantes a asambleístas. Los partidos con la mayor cantidad de candidatos que no han presentado sus declaraciones son Unidad Popular (UP), con cuatro, y ADN, con tres.
El SRI señala en su página web que están exentos de presentar declaración los contribuyentes domiciliados en el exterior y aquellos cuyos ingresos fueron demasiado bajos.
Por otro lado, hay seis candidatos que no tienen registros en el SRI. Cuando se consulta su nombre aparece: El ciudadano / contribuyente no tiene información registrada en la base de datos del SRI o reportada por terceros.
Cuatro candidatos mantienen deudas con el SRI, pero ninguno debe más de 300 dólares.
Procesos por delincuencia organizada
Esta alianza periodística también analizó los procesos penales relacionados con los candidatos durante los últimos diez años y que constan en la página web de la Función Judicial. Once de los cincuenta postulantes de la circunscripción 1 de Manabí registran procesos penales.
El exalcalde de Flavio Alfaro y exasambleísta, Jaminton Enrique Intriago Alcívar (Unidos por el Desarrollo), es el candidato con más denuncias registradas en su contra. Su nombre está relacionado con casos por presuntos delitos de estafa, hurto, incumplimiento de decisiones de autoridad y fraude procesal.
Los casos de estafa y hurto fueron archivados, mientras que el proceso por presunto fraude procesal tiene una solicitud de archivo en curso. Los expedientes relacionados con el presunto incumplimiento de decisiones de autoridad, iniciados durante su gestión como alcalde de Flavio Alfaro, también fueron archivados. Uno de estos casos se originó por la falta de pago a una empleada municipal que trabajó durante dos años y denunció el incumplimiento de una compensación económica. El otro estaba relacionado con la falta de cancelación de la liquidación de un abogado.
Sin embargo, un proceso por supuesto incumplimiento de decisiones de autoridad aún sigue activo en la Corte Provincial, donde la fiscal general Diana Salazar solicitó información al respecto.
Para este artículo, esta alianza intentó obtener la versión de Intriago Alcívar, pero hasta el cierre de esta edición no ha respondido al requerimiento.
La circunscripción 1 de Manabí presenta el cuarto porcentaje más alto (22%) de candidatos que han enfrentado procesos penales en la última década.
El partido político con el mayor número de candidatos que han enfrentado demandas penales en la circunscripción 1 de Manabí es SUMA, con tres postulantes: Cecil Cedeño Buenaventura, Fabiola Saltos Moreira y Marlon Vera Delgado.
Cedeño Buenaventura enfrenta un proceso penal por presunto abigeato, lo que ha derivado en medidas cautelares como la retención de fondos y la prohibición de enajenar bienes. Fue llamada a juicio como cómplice. El caso se tramitará en Chone, donde debe presentarse periódicamente ante la justicia, según consta en una providencia emitida en enero de este año. Aunque esta alianza buscó obtener su versión para este artículo, Cedeño no accedió a dar declaraciones.
Por su parte, Saltos Moreira enfrentó una demanda por supuesta calumnia, cuya pena fue declarada en extinción tras llegar a una conciliación con el denunciante. En el caso de Vera Delgado, este enfrentó un proceso por presunta delincuencia organizada iniciado en 2022, pero dicho expediente fue finalmente archivado.
Otra candidata que tiene un llamamiento a juicio es Bertha Vélez Vélez, dentro de un proceso por presunta falsificación y uso de documento falso. La audiencia donde se escucharán las pruebas que permitan determinar si es culpable o inocente está prevista para el próximo 14 de febrero.
Este proceso se abrió en 2015, con la denuncia del representante legal de una compañía de transporte, quien apuntó que su empresa registraba un contrato público con la Dirección Distrital del MIES de Chone – Flavio Alfaro, pero que ese acuerdo no era verdadero. En esa época, Vélez era la directora de esta institución, según el expediente judicial. Ella también enfrentó una causa por presunto tráfico de influencias, pero esta fue archivada. Este equipo periodístico la contactó, pero no respondió.
MANABÍ CIRCUNSCRIPCIÓN 2
14 candidatos a asambleístas de la circunscripción 2 de Manabí han enfrentado procesos penales
La mitad de los postulantes a la legislatura han ejercido anteriormente cargos públicos y algunos han incrementado su patrimonio siendo funcionarios.
En las elecciones del próximo 9 de febrero, la circunscripción 2 de la provincia de Manabí elegirá a cinco asambleístas de un total de 75 postulantes. De estos, 14 han enfrentado procesos penales, entre los que se cuentan los presuntos delitos de estafa y peculado.
La circunscripción 2 de Manabí comprende siete cantones, incluyendo los dos más poblados de la provincia, la capital, Portoviejo, y el cantón Manta. Se han inscrito doce tiendas políticas y tres alianzas.
El Movimiento PID (lista 4) es la organización política que postula en esta circunscripción la mayor cantidad de aspirantes que han enfrentado procesos penales. Las hermanas Gabriela y Ana Flecher Vélez registran demandas por presuntas usurpación y estafa.
En el caso de Gabriela Flecher. La causa por presunta usurpación se abrió por pedido de una compañía inmobiliaria en el año 2021 y no fue admitida, y el caso por presunta estafa fue producto de la venta de terrenos que, supuestamente, no le pertenecían por más de 34 mil dólares en 2019.
Estos dos procesos están relacionados y en uno de ellos obtuvo una sentencia ratificatoria de inocencia emitida por el Tribunal de Garantías Penales de Manta. La defensa de Gabriela Flecher declaró que ella “no causó el perjuicio” y que tenía un contrato de corretaje a nombre de una tercera persona.
Mientras que Ana Flecher fue procesada por presunta usurpación debido a una querella de la misma compañía inmobiliaria, pero finalmente, una sala de la Corte Provincial de Justicia la declaró inocente.
Las hermanas Flecher comparten la lista con Amado Cevallos Carranza, quien tiene dos cédulas de identidad. Con una de ellas registra un proceso por presunta falsificación de documentos públicos y, con la otra, una boleta de detención vigente.
Aunque ambos casos, de 2019, aparecen archivados, se buscó la versión de Cevallos desde diciembre pasado, pero no hubo respuesta hasta el cierre de este artículo.
Por otro lado, Wilver Arteaga Palacios, de la alianza Camino Manabita, registra procesos por supuesto tráfico de influencias en 2020 y presunto peculado en 2023. Camino Manabita, lista 6-62, está integrada por el Partido Social Cristiano (PSC) y el Movimiento Cambio.
En el primer proceso contra Arteaga, el ahora aspirante fue sobreseído. En el segundo, generado durante su ejercicio como alcalde de Montecristi, la Fiscalía formuló cargos en su contra, pero le levantaron la medida cautelar de presentación periódica ante la autoridad debido al proceso electoral, aunque mantiene la prohibición de salida del país. Por su candidatura, el proceso se encuentra suspendido.
Según la Fiscalía, existiría un perjuicio económico al Estado de 687.726 dólares. Esta alianza periodística buscó la versión de Arteaga vía telefónica, pero no respondió al requerimiento.
Carlos Pazmiño Zamora, de Centro Democrático (lista 1), enfrentó un proceso por el presunto delito de paralizar un servicio público, que fue archivado en investigación previa. Y a Adriana Cañizares Falconí, del Partido Socialista Ecuatoriano (PSE, lista 17), se le archivó un proceso por supuesto fraude electoral en 2023.
El Movimiento PID presenta la mayor cantidad de candidatos que han enfrentado procesos penales. Luego están: Alianza Camino Manabita (PSC y Movimiento Cambio), Centro Democrático y PSE
Esta es una investigación liderada por Fundamedios, con el apoyo de la Fundación Periodistas Sin Cadenas (FPSC), en la que participaron 38 periodistas. MIL HOJAS y otros 38 medios de comunicación se han unido a la alianza para difundir la información.
Pocas declaraciones de IR
Un tercio de los 75 candidatos a asambleístas por la circunscripción 2 de Manabí no ha cumplido con el requerimiento de presentar sus declaraciones de impuesto a la renta (IR), durante los últimos siete años (2017-2023).
El partido con mayor número de candidatos que no han presentado estas declaraciones es el movimiento Democracia Sí, lista 20. Cinco de sus postulantes no han cumplido con ese requerimiento. Entre ellos está Leonardo Alcívar Viteri (Democracia Sí), quien además es el único postulante que ha registrado una deuda en firme con el Servicio de Rentas Internas (SRI), por 951 dólares.
Los postulantes que en más ocasiones han incumplido con la obligación de declarar su IR son Mery Zamora García, de Unidad Popular (UP), con cuatro años sin declaraciones y Ana Fletcher Vélez, del PID, también con cuatro.
El SRI señala en su página web que están exentos de presentar declaración los contribuyentes domiciliados en el exterior y aquellos cuyos ingresos fueron demasiado bajos.
Al igual que en la circunscripción 1 de la provincia, son muy pocos los candidatos que sí presentan declaraciones de impuesto a la renta con valores por encima de los cero dólares durante tres años seguidos. En la circunscripción 2 son diez de un total de 75 aspirantes.
Por otro lado, 16 de los candidatos no registran información en el sistema del SRI. Junto a su nombre el sistema señala: El ciudadano / contribuyente no tiene información registrada en la base de datos del SRI o reportada por terceros.
En esta circunscripción, cinco asambleístas buscan su reelección. Entre ellos, la actual asambleísta nacional Valentina Centeno Arteaga, del oficialista Acción Democrática Nacional (ADN, lista 7); Carlos Vera Mora, de Camino Manabita, y Adriana García Mejía (ex Construye), por la alianza Por la Seguridad y el Bienestar de los Manabitas, conformada por Avanza y Machete, lista 8-61.
La Revolución Ciudadana (RC), que conformó alianza con el movimiento Sí Podemos (lista 5-72), postuló a la reelección a Fernando Cedeño Rivadeneira y María Gabriela Molina Menéndez.
Además de los asambleístas que buscan la reelección, hay otros 33 postulantes que han sido funcionarios públicos, en total son 38, prácticamente la mitad, según los registros de la Contraloría General del Estado.
El partido con mayor cantidad de candidatos con experiencia como funcionarios es el Movimiento Creando Oportunidades (CREO), con cinco candidatos. El Partido Unidad Popular (UP) y la RC pusieron en la papeleta a cuatro exfuncionarios.
Entre los funcionarios públicos destacan los exalcaldes de Portoviejo Ervin Gonzalo Valdiviezo Solórzano, por Amigo, y el de Montecristi Wilver Arteaga Palacios, por Camino Manabita. Así como dos exconcejales de Manta que corren por partidos distintos: Víctor Chiriboga Erazo, por Centro Democrático, y Diego Franco Hanze, 12por ADN. También están por CREO, la expresidente del directorio de Autoridad Portuaria, Jessika Guadamud Carreño, y el exprosecretario relator de la Asamblea Nacional, Jhon Becker Argandoña Mejía.
Hay casos de candidatos con aumentos importantes en sus patrimonios luego de haber ejercido cargos públicos, como el de un exdirector de la cárcel de El Rodeo que llegó a declarar hasta 1,4 millones de dólares
En la lista también consta Jorge Aguilar Granda, por el Partido Sociedad Patriótica (PSP, lista 3), exdirector de la cárcel de El Rodeo en el año 2021. En su declaración periódica a la Contraloría, declaró ese mismo año un patrimonio de 1,4 millones de dólares. No ha presentado declaración de fin de gestión.
Otro candidato con un registro de patrimonio alto es Fernando Cedeño Rivadeneira, quien antes de ser asambleísta fue procurador general de la Universidad Técnica de Manabí y miembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) que llegó a presidir en 2014. En 2017, Cedeño declaró un patrimonio de 753.868 dólares. Sin embargo, en su última declaración periódica presentada en 2024, su patrimonio disminuyó a 120.066 dólares, según los registros de la Contraloría.
El exconcejal de Manta, Chiriboga Erazo declaró un patrimonio de 512.447 dólares cuando asumió en mayo de 2023, en tanto que en su última declaración periódica de 2024 registró un patrimonio de 660.426, es decir un incremento de más de 140 mil dólares.
Mientras que Guadamud Carreño declaró un patrimonio de 115.012 dólares en 2021 cuando asumió la presidencia de Autoridad Portuaria de Manta y dos años después registró 203.000 dólares.
Al contrario, hay dos aspirantes que han declarado patrimonio negativo siendo funcionarios públicos, es decir que sus deudas superaban a sus activos. Ellos son Marcela Cruz Basurto (ID), que fue directora de Tránsito del cantón Manta y declaró un patrimonio de -164.725 en 2019 y Rafael Alonzo Dumes (UP), que como docente de la Coordinación zonal de Educación registró un patrimonio de -235.792 dólares en su declaración periódica de 2024.
Seis de los postulantes han estado relacionados en procesos judiciales, la mayoría archivados por falta de pruebas.
De los 18 candidatos a asambleístas provinciales por Pastaza, trece han sido funcionarios públicos. De ellos, dos han registrado incrementos patrimoniales significativos. A pesar de que cuatro de estos aspirantes se destacan por poseer los patrimonios más altos, sus aportes al impuesto a la renta son prácticamente inexistentes.
Uno de los casos más llamativos por el incremento de patrimonio es el de Raúl Valverde Gallardo, candidato del movimiento Integración, Progreso y Cambio (MIPC, lista 62).
Valverde, de 67 años, ha ocupado cargos públicos en tres ocasiones, según los registros de la Contraloría General del Estado. En 2015, se desempeñó como médico veterinario del Municipio de Pastaza, periodo en el que su patrimonio superaba el medio millón de dólares. Tres años después, en 2018, su patrimonio aumentó en un 193%, alcanzando más de 1,5 millones de dólares.
Según su última declaración juramentada presentada a la Contraloría en 2022, cuando dejó el cargo de administrador del camal municipal, su patrimonio se ubicó en 1,4 millones de dólares.
En cambio, Marivel del Rocío Bravo, candidata por la alianza Unidos por el Progreso (listas 6-61, del PSC y Unidos por Pastaza) es la única aspirante que registra un patrimonio negativo. Lo que significa que tiene más deudas que bienes y activos.
Otro caso es el de Polo Lascano Díaz, también de la alianza Unidos por el Progreso, quien ha ocupado cargos públicos en tres ocasiones, según los registros de la Contraloría.
En el 2021 y por casi mes y medio (entre inicios de abril y finales de mayo), Lascano fue docente en la Universidad Estatal Amazónica. Posteriormente, fue designado gobernador de Pastaza por el entonces presidente Guillermo Lasso, cargo que desempeñó durante un año, hasta junio de 2022. En septiembre de 2024, ejerció como asesor en la Asamblea Nacional por un periodo de diez días.
Entre su primer y último cargo público —tres años en total—, el patrimonio de Lascano experimentó un aumento del 70%. El incremento más significativo sucedió entre 2022 y 2024, cuando su patrimonio pasó de más de 68.300 dólares a más de 118.600 dólares.
Una de las candidatas con mayor patrimonio y cargos en la administración pública es Deysy Ortiz Durán, de la alianza Revolución Ciudadana (RC-RETO, listas 5-33). Según los registros de la Contraloría, Ortiz inició su carrera en el sector público en mayo de 2019 y continuó hasta agosto de 2024. Actualmente, su patrimonio asciende a casi 250.000 dólares.
María Cristina Acuña, candidata oficialista por la alianza ADN-Semilla (listas 7-63) y esposa del actual prefecto de Pastaza, declaró un patrimonio de casi 182.000 dólares. A lo largo de su trayectoria, Acuña ha ejercido un único cargo público: el de presidenta del Patronato Provincial de Pastaza, posición que ocupó desde mayo de 2023 hasta julio de 2024.
Otros candidatos que han ejercido cargos en la función pública son: José Luis Nango y Jeimy Pozo Morillo, de Pachakutik; Karol Barona Sánchez, de Amigo; Raúl Tello, de SUMA; Rosa Valencia, del MIPC; César Andino, de ADN-Semilla; Diana Bermeo y Sebastián Ochoa, de CREO. Este último se desempeña desde el 2023 como Teniente Político de la parroquia Tarqui.
Esta es una investigación liderada por Fundamedios, con el apoyo de la Fundación Periodistas Sin Cadenas (FPSC), en la que participaron 38 periodistas. MIL HOJAS y otros 37 medios de comunicación se han unido a la alianza para difundir la información.
El 28% de los candidatos a asambleístas por Pastaza consta en los registros de la función judicial como involucrados en procesos penales
Alto patrimonio, bajo pago de impuesto a la renta
En el caso del candidato Valverde, del MIPC, que en cuatro años tuvo un significativo crecimiento patrimonial, los registros del Servicio de Rentas Internas (SRI) muestran que Valverde solo ha declarado valores de impuesto a la renta en dos ocasiones desde 2017: en ese año, registró apenas 23,92 dólares y, en 2020, señaló 130,65 dólares. Las demás declaraciones han sido en cero.
Algo similar sucede con el postulante Lascano, de la alianza Unidos por el Progreso, quien, según el SRI, entre 2017 y 2023, declaró valores solo en cuatro de los siete años. El más alto fue en 2022, con 862,54 dólares, y el más bajo en 2019, con 51,78 dólares.
La candidata de RC-RETO Ortiz Durán registra desde 2017 un promedio de declaración anual del impuesto a la renta de 1.475 dólares, aunque en 2020 declaró en cero y en 2021 su declaración fue apenas de cuatro centavos.
Todos los candidatos menores de 30 años no registran declaración del impuesto a la renta o han declarado cero dólares. Se trata de Esteban Chávez (26 años) y Jennifer Jiménez (22 años), de Unidad Popular; Karol Baraona Sánchez (29 años), de AMIGO; Jeimy Pozo Morillo (27 años), de Pachakutik; Sebastián Ochoa (24 años), de CREO; César Andino (29 años), de ADN-Semilla.
La aspirante por SUMA Sarbelia Toqueton, de 39 años, también ha declarado cero dólares de IR, según el SRI. En cambio, el candidato José Luis Jiménez, de SUMA, desde 2017 hasta 2022, no ha presentado la declaración del impuesto a la renta.
El SRI señala en su página web que están exentos de presentar declaración los contribuyentes domiciliados en el exterior y aquellos cuyos ingresos fueron demasiado bajos.
Ninguno de los 18 candidatos tiene deudas con el SRI, según la información pública de la entidad.
Procesos penales de los candidatos
Cinco de los 18 candidatos han sido investigados o constan dentro de causas por el presunto cometimiento de delitos. En casi todos los casos, los procesos han terminado en el archivo de las causas tras la etapa de investigación previa por falta de elementos probatorios.
Pastaza es la provincia con el segundo porcentaje más alto de aspirantes a asambleístas a quienes les han iniciado procesos penales en su contra. Cohecho, negligencia, abuso de confianza e intimidación figuran entre los supuestos delitos de los que se les ha acusado.
Por supuestos delitos de cohecho y negligencia en el manejo de documentos fue investigado un postulante a la Asamblea, mientras se desempeñó como funcionario de la Fiscalía y luego en el Consejo de la Judicatura.
José Luis Nango, de Pachakutik, fue procesado por el presunto delito de cohecho en el 2016, mientras se desempeñaba como secretario en la Fiscalía de Napo. El caso fue archivado en el 2017. No obstante, la más reciente acción registrada en el Satje por este proceso data de diciembre de 2024, cuando un juez de la Unidad Multicompetente de Quijos dispuso “la desactivación / ocultamiento” del proceso porque “se encuentra concluido por archivo de la indagación previa”. Esto, como respuesta a la solicitud presentada por Nango en noviembre del año pasado, amparado en el reglamento para el tratamiento de datos personales.
Nango también consta entre los investigados previamente por el presunto delito de negligencia en el manejo de documentos procesales. La causa fue ingresada en agosto de 2020, un año y siete meses después de que Nango fuera delegado provincial del Consejo de la Judicatura de Pastaza. El proceso fue archivado.
En el 2017, la candidata Diana Bermeo, de CREO, fue procesada por el presunto delito de calumnias, según el Satje. El querellante aseguraba que Bermeo habría causado daños a su honor y reputación durante una diligencia judicial relacionada con un proceso de reivindicación de tierras. El tribunal concluyó que las expresiones atribuidas a Bermeo no cumplían con los elementos necesarios para configurar el delito de calumnia: no se demostró que hubiera una imputación falsa de un delito concreto ni se estableció el dolo o intención de causar daño al honor del querellante. Además, la evidencia presentada fue considerada insuficiente. El juez de primera instancia ratificó el estado de inocencia de Bermeo.
Esta decisión fue convalidada en apelación por la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Pastaza. Bermeo tiene otra investigación archivada porque la Fiscalía concluyó que no existían pruebas suficientes para formular cargos en su contra. El juez encargado del caso aceptó la solicitud del fiscal el 5 de diciembre de 2024.
En cambio, José Luis Jiménez, candidato por Amigo, fue acusado en 2019 por el presunto delito de abuso de confianza. Los documentos disponibles en el Satje no detallan los hechos que originaron la acusación, pero en ellos consta que el proceso no avanzó a la formulación de cargos porque la Fiscalía declaró que no contaba con pruebas suficientes en ese momento para sustentar una imputación penalmente relevante.
Sarbelia Toquetón, de SUMA, y su hermano fueron denunciados en abril de 2024 por el presunto delito de intimidación. Tras la investigación previa, la Fiscalía pidió el archivo de la causa porque no hubo elementos para establecer indicios claros sobre la existencia del delito. En mayo de 2024, una magistrada aceptó el pedido de la Fiscalía y archivó el caso.
En cambio, Polo Lascano, de la alianza Unidos por el Progreso, consta en dos causas que fueron archivadas tras la investigación previa, en junio y noviembre de 2015: una por supuesto delito de robo y otra por supuesta intimidación.
Un arma hallada en el domicilio, suplantación de identidad e investigaciones por presunta comercialización de pornografía constan en las denuncias y procesos que relacionan a varios de los candidatos a asambleístas por Santo Domingo.
Catorce de los 60 postulantes a asambleístas en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas registran procesos o denuncias penales en los últimos diez años, es decir casi una cuarta parte. De estos, seis han ocupado o actualmente ocupan cargos en la función pública.
En esta boleta electoral también constan tres candidatos que ganaron su curul en noviembre de 2023, a raíz de las nuevas elecciones por la muerte cruzada, y ahora buscan la reelección. Ellos son: la actual presidente de la Asamblea, Viviana Veloz Ramírez, por la Revolución Ciudadana (RC), lista 5; Jadira Bayas Uriarte, por Acción Democrática Nacional (ADN), lista 7, y Amy Gende Córdova, de Construye, lista 25.
Una cuarta, Amada Ortiz Olaya, llegó a la Asamblea en 2021 por la Izquierda Democrática y ahora es candidata por el Movimiento Pueblo Igualdad Democracia (PID), lista 4.
Con procesos penales
Entre los candidatos a asambleísta que enfrentaron procesos penales en esta última década, Víctor Hugo Moya Atiencia, de Amigo, lista 16, registra dos casos: el uno, en 2015, por presunta extorsión, en el que fue declarado inocente; y el otro, por tenencia y porte de armas, en el que fue sentenciado como culpable.
En el primero, fue acusado por un ciudadano de supuestamente formar parte de un grupo que ofrecía préstamos y hacía llamadas extorsivas. El juez a cargo declaró la existencia del delito y halló responsable a uno de los acusados, y declaró a Moya inocente, por no existir acusación fiscal en su contra. En ese proceso, el denunciante dijo que en las llamadas extorsivas se mencionó dinero proveniente de bandas delictivas internacionales.
Al año siguiente, un juez penal le dictó sentencia condenatoria en su contra, por haberse hallado en su domicilio, durante un allanamiento policial, un revólver calibre 38, del que no poseía el permiso. El juez levantó la pena privativa de libertad, que inicialmente le había impuesto, para que cumpla la pena en libertad, realice trabajo comunitario y pague una multa. Tras hacerlo, la pena quedó extinta.
Moya, que ocupó el cargo de director del Consejo de la Judicatura de Santo Domingo de los Tsáchilas entre 2022 y 2023 también fue mencionado dentro de los casos Metástasis y Plaga, por, presuntamente, haber llegado a la dirección del Consejo de la Judicatura de Santo Domingo de los Tsáchilas gracias a un pago de 30.000 dólares financiados por Christian Romero Moya, a quien se identificaba como su primo; y por haber suspendido una sanción disciplinaria contra el exjuez Ángel Lindao, quien liberó bienes del narcotraficante Leandro Norero.
Christian Romero era uno de los abogados de Norero, y fue también parte de la defensa del exvicepresidente Jorge Glas. Moya también fue director distrital de Educación, entre mayo y agosto de 2023.
Sobre estos temas, Moya fue consultado por esta alianza periodística vía correo electrónico, que respondió vía mensaje de WhatsApp. Sobre la denuncia de 2015, Moya relató que “cuando terminaba sus estudios de abogado, un vecino del sector lo contactó para que le ayudara cobrando un dinero. Realicé la llamada y en los mejores términos solicité que paguen el dinero.. ..pero, oh sorpresa, había este ciudadano denunciado por extorsión”, afirmó.Al referirse al segundo caso, dijo que “se trató de un allanamiento injusto y erróneo” pero reconoció que sí tenía el arma en su casa “por seguridad… porque, días atrás, por tres ocasiones entraron a robar a mi domicilio… inclusive existía la llamada al 911”.
Sobre las menciones en los casos Metástasis y Plaga, señaló: “Lo que pasó es que no accedí a la pretensión de quien hizo la declaración, como tampoco le di contratos que exigía para sus familiares (…). Jamás he pedido ni me han ofrecido bien alguno” y aclaró que él no tiene vínculo familiar con Christian Romero.
El 23% de los candidatos a asambleístas de Santo Domingo aparece en procesos penales en los últimos diez años. Uno de ellos incluso ha sido mencionado en los casos Metástasis y Plaga por supuestos pagos para acceder a la dirección del Consejo de la Judicatura de esa provincia
Otro de los candidatos, Antonio Añasco Toral, de CREO, lista 21, quien fue candidato a concejal de Santo Domingo por el Partido Social Cristiano en 2023, fue detenido en 2019 y acusado por el supuesto delito de suplantación de identidad. Según el proceso, tras haber dictado prisión preventiva en su contra, el juez sustituyó la prisión por medidas cautelares y, posteriormente, por un acuerdo de conciliación, pidió disculpas públicas a la víctima y le pagó 650 dólares como reparación del daño.
Por otro lado, el candidato Marco Calderón Vega, de la Izquierda Democrática, lista 12, fue hallado culpable en 2016 del delito de ataque o resistencia a la autoridad, en sentencia de primera instancia. Calderón fue detenido por policías cuando circulaba a alta velocidad por la ciudad, y estos lo acusaron de haberlos atacado con insultos y amenazas, así como de agredir físicamente a uno de ellos con el vehículo que manejaba.
El juez que conoció la causa le impuso cuatro meses de cárcel y una multa, pero en la apelación se le dispuso otras medidas, entre esas, que se presente periódicamente ante el Fiscal, se someta a tratamiento psicológico, ejerza trabajo u oficio y no reincida durante el tiempo que le restaba para completar la pena.
Calderón Vega también aparece como denunciado en otros dos casos, que fueron archivados.
Otros procesos en los que varios postulantes por esta provincia constan como denunciados fueron archivados en etapa de indagación previa, debido a que los fiscales se abstuvieron de acusarlos por falta de pruebas. Algunos de estos casos fueron por supuestos delitos de tenencia de armas, comercialización de pornografía con utilización de menores, falsificación, uso doloso de documentos falsos y venta y producción de material para la falsificación de dinero.
Hasta el cierre de esta edición, los candidatos Añasco Toral y Calderón Vega no respondieron nuestra solicitud de una versión sobre el tema.
Esta es una investigación liderada por Fundamedios, con el apoyo de la Fundación Periodistas Sin Cadenas (FPSC), en la que participaron 38 periodistas. MIL HOJAS y otros 37 medios de comunicación se han unido a la alianza para difundir la información.
Sin declaraciones de impuestos
Según información del sitio web del Servicio de Rentas Internas (SRI), 24 de los 60 candidatos a la Asamblea Nacional por esta provincia registran al menos un período en el que no presentaron su declaración al impuesto a la renta, entre 2017 y 2023.
El SRI señala en su página web que están exentos de presentar declaración los contribuyentes domiciliados en el exterior y aquellos cuyos ingresos fueron demasiado bajos.
Por otro lado, hay siete aspirantes que no están registrados como contribuyentes de este impuesto en la base de datos del SRI.
En el movimiento Amigo, el incumplimiento de este requerimiento es más notorio: tres de los cuatro candidatos de esta lista, según la base de datos del SRI, no presentaron las declaraciones respectivas. Solo el candidato Víctor Moya Atiencia lo hizo, declarando un pago de cero impuesto a la renta entre los años 2017 y 2022 (en 2020 no aparece como contribuyente), mientras que en 2023 reportó el pago de 196 dólares.
En diversos partidos hay candidatos que no han declarado en ninguno de esos años. Así, en esa base de datos, la frase “La Declaración de Renta no ha sido presentada” acompaña a los nombres de candidatas como Shakira Sangoquiza Pazmiño, de RETO, y Lizardo Suárez Mogro, de Democracia Sí.
Otros, como los candidatos Andrea Kelly Robayo Zambrano, de Amigo, y Francisco Javid Saavedra García, sólo las presentaron en un período y declararon cero dólares.
El pago de cero impuesto a la renta es una constante en los candidatos de esta provincia. Así, por ejemplo, del partido Unidad Popular, los dos candidatos que cumplieron con la presentación de la declaración de su impuesto a la renta indicaron cero en todos los períodos; otro candidato de esa lista no declaró en un período, y los otros años declaró un impuesto de cero dólares; mientras que el cuarto no está registrado como contribuyente.
El pago de cero impuesto a la renta es una constante en los candidatos de Santo Domingo
En la lista de ADN constan José Vera Torres y Christopher Jaramillo Gómez con declaraciones de cero dólares en todos los años presentados.
Por otro lado, cuatro candidatos de esta provincia registran deudas en firme con el Servicio de Rentas Internas, la más alta la tiene Antonio Añasco Toral, por 2.342,36 dólares.
Patrimonios fluctuantes
De los 60 candidatos que compiten por las cuatro curules, 23 han sido funcionarios públicos, según los registros de la Contraloría General del Estado.
Tres candidatos registran patrimonios superiores a los 200 mil dólares. Una de ellas es Jadira Bayas (ADN), a quien intentaron secuestrar en Guayaquil a mediados de enero. Fue liberada por la Unase a las pocas horas.
Le siguen Édgar Benítez Calva, quien se postula por la Alianza Alternativa, lista 6-63, con un valor de 341.408 dólares, al finalizar su gestión como Prefecto de esta provincia, durante el período 2014-2018.
Édgar Benítez Calva es uno de los políticos con más amplia trayectoria de la joven provincia. Actualmente, es asambleísta de Santo Domingo por la alianza provincial del Partido Social Cristiano (PSC) y el Movimiento Positivo. De la mano de Alianza País (ahora RC) se convirtió en el primer prefecto que tuvo Santo Domingo de los Tsáchilas, en 2008. Fue reelegido en 2009 y en 2014.
Le sigue Rafael Sánchez Espinosa, del partido Avanza, lista 8, que experimentó cambios notables en su patrimonio en los últimos años. En 2019, al finalizar el cargo de Comisario Segundo de Policía, que cumplió desde enero de 2018, señaló un valor en negativo de 16.510 dólares; mientras, en julio de 2024, al dejar la delegación provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas de la Defensoría del Pueblo, que tuvo desde julio de 2023, declaró un valor patrimonial de 238.942 dólares.
Entre los postulantes que han tenido cargos públicos, tres declararon un patrimonio de cero dólares, cuando culminaron sus períodos de servicio.
Nota de la redacción: En la información de los asambleístas de cada provincia, Mil Hojas destacará seis de aquellas donde hay un número importante de candidatos involucrados en causas penales, como son: Zamora Chinchipe, con el 36% de sus aspirantes; Pastaza, con el 28%; Santo Domingo de los Tsáchilas, con el 23%; las circunscripciones 1 y 2 de Manabí, con el 22% y el 19% en su orden. Y por supuesto las provincias con mayor peso electoral: Guayas y Pichincha.
La mayoría de postulantes tiene trayectoria en el sector público. Cuatro no han presentado todas sus declaraciones tributarias.
En Zamora Chinchipe, con un padrón de 92.069 votantes, 22 candidatos de 11 organizaciones políticas compiten por dos curules en la Asamblea Nacional.
En el análisis de procesos judiciales en los que aparecen los postulantes a la legislatura a nivel nacional, esta provincia amazónica destaca con el más alto porcentaje de candidatos con procesos penales iniciados en su contra, pues constan en quince casos tramitados en la última década. Las denuncias, que abarcan delitos como ocupación ilegal de tierras, peculado, estafa, hurto y demás, señalan a ocho postulantes. Sin embargo, ninguno fue encontrado culpable, pues todos los casos fueron archivados o declarados prescritos.
Asimismo, cuatro candidatos no han presentado todas sus declaraciones de impuesto a la renta, según los registros del Servicio de Rentas Internas (SRI); y tres constan como deudores tributarios, aunque con valores bajos.
Esta es una investigación liderada por Fundamedios, con el apoyo de la Fundación Periodistas Sin Cadenas (FPSC), en la que participaron 38 periodistas. MIL HOJAS y otros 37 medios de comunicación se han unido a la alianza para difundir la información.
Víctor Cueva Rojas, candidato de la Alianza Fuerza, Frente de Unidad por la Equidad y Renovación (listas 2-1), fue denunciado en 2013 por presunto peculado, cuando se desempeñaba como viceprefecto de Zamora Chinchipe, junto al líder indígena y entonces prefecto Salvador Quishpe (PK).
El caso avanzó con una investigación previa iniciada en marzo de 2013, y el 16 de julio de 2015 se dio inicio formal a la instrucción fiscal, que los acusaba de irregularidades en proyectos de infraestructura vial. Las denuncias, respaldadas por un informe de la Contraloría General del Estado y presentadas por la Fiscalía, señalaron supuestos incumplimientos en procedimientos administrativos y posibles sobrecostos en las obras.
El caso concluyó con la prescripción, el 21 de marzo de 2022, al determinarse que habían transcurrido más de cinco años desde el inicio de la causa sin que se dictara una sentencia. Esta decisión cerró el proceso judicial y exoneró a Cueva y Quishpe de responsabilidad penal, dejando sin resolver en juicio la determinación de culpabilidad o inocencia. Fundamedios consultó a Cueva sobre este proceso, pero no hubo respuesta.
También consta el caso de Sheny Meza Ochoa, del Partido Sociedad Unida Más Acción (SUMA), lista 23. Ella tuvo tres investigaciones archivadas. La primera, en 2023, por supuesta estafa, concluyó al no contar con la colaboración de la denunciante.
En otra denuncia también por presunta estafa, la Fiscalía concluyó que no había pruebas suficientes. Finalmente, en 2024, un caso relacionado con un supuesto uso indebido de documentos también fue archivado tras confirmar que Meza resolvió el conflicto con la denunciante. Fundamedios contactó a la candidata para tratar sobre estos procesos, pero no hubo respuesta.
Miriam Zamareño Pérez, del Partido Sociedad Patriótica (PSP), lista 3, enfrentó dos denuncias. La primera, en 2017, fue por presunto tráfico de tierras. La investigación concluyó tras dos años sin encontrar pruebas que le permitieran a la Fiscalía formular cargos. El juez determinó que el caso debía resolverse en la vía civil.
En 2024, Zamareño tuvo una segunda denuncia por presunta tentativa de asesinato. El incidente, ocurrido en el barrio El Pincho, en Yantzaza, involucró agresiones en un conflicto de tierras en el marco de un escándalo público que incluso requirió de intervención policial. La Fiscalía determinó que no había elementos para configurar un delito penal y remitió el caso a la vía civil. Fundamedios consultó a Zamareño sobre estos procesos, pero no hubo respuesta.
Otros casos incluyeron a Glenda Quezada Sarmiento, de la Revolución Ciudadana (RC), lista 5, y un socio suyo. Ambos fueron denunciados por supuestos hurto y abuso de confianza. Tras las investigaciones, la Fiscalía concluyó que no existían delitos y archivó ambos casos.
Consultada al respecto, Quezada defendió su inocencia y profirió una advertencia: “Son procesos que ya están archivados porque se demostró mi inocencia y no pasó de indagación previa. Pero me llama la atención que solo saquen los procesos que existieron y no se trate de dar a conocer a una figura como candidato en todos sus aspectos. No puedo dar más información, pero estaré atenta, para mí, al intento de acoso hacia mi persona. Estaré pendiente con mis asesores legales”.
Esperanza del Cisne Rogel, del oficialista Movimiento Acción Democrática Nacional (ADN), lista 7, enfrentó dos procesos. El primero en 2019, por presunto ejercicio ilegal de la profesión, se archivó tras concluir que Rogel no actuó como abogada, como sostenía la denuncia, sino como representante de su comunidad.
En 2023, fue investigada por supuesto peculado como comisaria municipal de Yantzaza, pero la Fiscalía concluyó que no había pruebas que la vincularan al delito, archivando también este caso.
Édgar Jumbo Pineda, también de SUMA, enfrentó dos procesos, que fueron archivados. Uno, en 2021, por presunta falsificación de documentos, y otro, en 2024, por supuesta violencia psicológica, ambos cerrados por falta de pruebas y la no colaboración de los denunciantes.
Alcíbar Lupercio Sarango, del Movimiento Acción y Servicio (MAS), afrontó denuncias por presuntos violación a la intimidad y perjurio, en 2015 y 2022. En los dos casos, la Fiscalía determinó que no existían elementos para formular cargos y archivó las investigaciones. Él se ha desempeñado como asesor parlamentario y ahora busca ocupar directamente un curul.
Para contrastar sus versiones, se intentó contactar a los candidatos mencionados, pero ninguno concedió entrevistas ni respondió a las solicitudes.
Zamora registra el más alto porcentaje de candidatos con procesos penales iniciados en su contra: 36% del total de sus postulantes.
Incrementos de patrimonios y obligaciones tributarias
El exasambleísta Diego Esparza Aguirre, candidato del Partido Socialista Ecuatoriano (PSE), incrementó su patrimonio de 7.450 dólares a USD 78.700, entre 2018 y 2021, de acuerdo con sus declaraciones juradas presentadas a la Contraloría General del Estado. En los años mencionados, pasó de trabajar como técnico territorial y analista en el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, a ser electo asambleísta. Es el único candidato que busca la reelección. Dejó su curul tras la muerte cruzada ordenada por el expresidente Guillermo Lasso.
En contraste, hay candidatos cuyo patrimonio ha disminuido. Un caso que salta a la vista es el de Wilson Uday Patiño (Nuevo Horizonte), que en 2017 declaró 1’341.380 dólares, cuando trabajaba en el Municipio de Yantzaza; y en 2024, como jefe político de Zamora Chinchipe, registró un patrimonio de 1.020 dólares. Básicamente, todos los bienes inmuebles que había señalado anteriormente ya no constan en su última declaración.
De los 22 candidatos, 14 han ocupado cargos públicos. Cada una de las once organizaciones políticas presenta a dos candidatos en esta provincia. De estas, Amigo (lista 16) y el Partido Sociedad Patriótica (PSP, lista 3) postularon candidatos sin ninguna experiencia en el sector público, contrario a ADN (lista 7), MAS (lista 63) y Nuevo Horizonte (lista 21-25), donde todos tienen ese tipo de historial laboral. En todos los demás movimientos hay un candidato con y otro sin trayectoria en la burocracia.
Además del exasambleísta Diego Esparza y del exasesor parlamentario Alcíbar Lupercio, hay otra candidata que también ha trabajado en la Asamblea Nacional. Janeth Macas Mendoza (PSE) busca pasar del servicio legislativo a la representación política.
En cuanto a las obligaciones con el Servicio de Rentas Internas (SRI), cuatro candidatos no han presentado al menos una declaración del impuesto a la renta en los últimos años: Sheny Meza (SUMA), en 2021 y 2023; Héctor Valladarez (RC), en 2022; Eldi Quiñonez (Fuerza), en 2020; y Esperanza Del Cisne Rogel, en 2018.
El SRI señala en su página web que están exentos de presentar declaración los contribuyentes domiciliados en el exterior y aquellos cuyos ingresos fueron demasiado bajos.
El candidato que más alto declaró este impuesto fue Diego Esparza (PSE), en 2022, con 6.684 dólares. Mientras que Wilson Unday y Narciza Orellana, ambos de Nuevo Horizonte, declararon en 2022 un impuesto a la renta de 1.015 y 1.076 dólares, respectivamente.
Por otro lado, tres candidatos registran deudas con el SRI, con valores por debajo de los 60 dólares.
En esta provincia, que tiene una basta región fronteriza y megadiversa, los motores del desarrollo económico, así como los principales problemas sociales, están estrechamente ligados a la actividad minera.
Desde el caso Metástasis hasta las deudas de la madre del Presidente, pasando por moras tributarias y patrimonios fluctuantes, aparecen en esta radiografía a los candidatos.
Con el llamado a juicio por el caso Metástasis, el público se enteró de que uno de los acusados no podría ser procesado porque era aspirante a asambleísta nacional en estas elecciones de 2025. Se trata de Armando Flor Izaguirre, quien ya se había inscrito como candidato por el partido Pueblo Igualdad Democracia (PID).
Este no es el único caso. Otros candidatos de las listas nacionales también tienen procesos judiciales activos y, por mandato del Código de la Democracia, pueden acogerse a la inmunidad temporal que les otorga la ley.
Entre ellos: Álex Bósquez Cáceres (PSP) y Sergio Peña Veloz (RC-RETO), según el archivo digital de la Función Judicial, con corte a diciembre de 2024.
De acuerdo con el artículo 108 de este Código, “las candidatas y candidatos no podrán ser privados de la libertad ni procesados penalmente desde el momento de la calificación hasta la proclamación de resultados ni enjuiciados, salvo los casos de delito flagrante, delitos sexuales, violencia de género e intrafamiliar”.
Una vez proclamados los resultados, dispone la norma, los procesos penales en su contra podrán reactivarse, pero los asambleístas gozarán de fuero de corte nacional.
Además de estos tres casos hay un cuarto activo abierto por calumnia. Otros 14 candidatos tienen investigaciones previas archivadas, otros dos con condenas ejecutoriadas y uno con sobreseimiento. En total, 21 candidatos a asambleístas nacionales, de un total de 180, es decir un once por ciento, han enfrentado denuncias e investigaciones penales, ya sea en el desempeño de sus actividades públicas o en el ámbito privado.
Estos fueron inscritos para alcanzar una curul por el oficialista Acción Democrática Nacional (ADN, lista 7), Amigo (lista 16), Centro Democrático (lista 1), PID (lista 4), Izquierda Democrática (ID, lista 12), el Partido Social Cristiano (PSC, lista 6), SUMA (lista 23), Unidad Popular (UP, lista 2), Partido Sociedad Patriótica (PSP, lista 3) y la alianza Revolución Ciudadana-RETO (RC-RETO, lista 5-33).
El próximo 9 de febrero se elegirán 15 diputados nacionales.
Esta es una investigación liderada por Fundamedios, con el apoyo de la Fundación Periodistas Sin Cadenas (FPSC), en la que participaron 38 periodistas. MIL HOJAS y otros 37 medios de comunicación se han unido a la alianza para difundir la información.
Estos son los casos penales destacados:
Llamado a juicio por el caso Metástasis
Una de las postulaciones más polémicas en estas elecciones es la de Armando Flor Izaguirre (PID, lista 4). El ahora candidato fue llamado a juicio en el caso Metástasis, como supuesto testaferro del narcotraficante Leandro Norero. Flor Izaguirre solicitó a la Corte Nacional ―acogiéndose al beneficio del Código de la Democracia― que se suspenda la etapa de juicio hasta la proclamación de resultados electorales.
Según los testimonios recogidos por la Fiscalía, Flor Izaguirre habría perdido la confianza de los capos de la organización criminal porque supuestamente incluyó facturas fantasmas en las declaraciones tributarias de Norero.
Armando Flor Izaguirre
El candidato fue contactado por Fundamedios para obtener su versión, pero a través de su abogado, Luigi García Cano, indicó que “no le interesa la entrevista”. García Cano, además, es compañero de lista de Izaguirre por el mismo PID, y fue asambleísta alterno del exlegislador Dalo Bucaram, entre 2017 y 2021, por el movimiento Fuerza Ecuador. El candidato presidencial del PID, el general de la policía en servicio pasivo Víctor Araus, a quien Estados Unidos le retiró la visa en 2021, cuestionó la postulación de Flor Izaguirre, pero esta ya estaba inscrita.
Desde el 2022, Sergio Peña Veloz (RC-RETO, lista 5-33) está procesado —junto con varias personas— en un caso por supuesta asociación ilícita. La Fiscalía determinó que Peña Veloz supuestamente formaba parte de un grupo que ofrecía altos cargos en el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae) a cambio de dinero.
En principio, las autoridades judiciales consideraron que no había suficientes evidencias para llamarlo a juicio. La Fiscalía apeló esta decisión y el recurso le fue concedido en 2023. Actualmente, existe un llamamiento a juicio contra Peña, del cual aún no se ha fijado fecha.
En el repositorio digital de la Función Judicial no hay evidencia de que Peña haya pedido la suspensión de su procesamiento, pero, al estar vigente su inscripción a una elección popular, puede acogerse a la inmunidad temporal que prevé el Código de la Democracia. Peña fue consultado sobre este caso, pero no contestó las preguntas enviadas por este equipo periodístico.
Sentenciado por asociación ilícita
En 2019, la Policía interceptó varias llamadas telefónicas y determinó que Juan Carlos Caicedo Salazar (Centro Democrático, lista 1) habría cobrado dinero a particulares, especialmente a personas de bajos recursos, a cambio de la promesa de conseguirles acceso a viviendas del Miduvi y de la Secretaría Técnica del Plan Toda Una Vida.
Por este caso, de presunta asociación ilícita, los tribunales le impusieron una pena de cinco años de prisión y una multa de 12 salarios básicos unificados. Caicedo apeló, pero sus intenciones fueron desechadas.
En 2024 planteó un recurso de casación, que tampoco fue aceptado en la Corte Nacional. Luego, interpuso una acción extraordinaria de protección, que aún deberá ser resuelta por la Corte Constitucional. Caicedo fue consultado sobre este caso, pero no contestó las preguntas enviadas por este equipo periodístico.
Sentenciado por abuso de confianza
Una sentencia por abuso de confianza se dictó en contra del candidato por Centro Democrático, Óscar Chuquimarca Chuquimarca, en 2017. Según el expediente judicial, hubo malos manejos de dinero en una construcción en Loja, por lo que Chuquimarca fue condenado a tres años de cárcel, una multa de 16 dólares y el pago de 20 mil dólares al perjudicado.
El caso, sin embargo, concluyó con la suspensión condicional de la pena. Eso significaba que, entre otras medidas, Chuquimarca tenía la obligación de permanecer en un domicilio determinado, presentarse periódicamente ante un juez y no podía salir del país. Esta última medida contenía una excepción, debido a que el implicado estaba cursando una maestría en Lima (Perú).
Chuquimarca fue consultado sobre este caso, pero no contestó las preguntas enviadas por este equipo periodístico.
21 candidatos a asambleístas nacionales, de un total de 180, es decir un once por ciento, han enfrentado denuncias e investigaciones penales, sea como funcionarios públicos o como empleados privados.
Sentenciada por estafa
La candidata del movimiento Amigo (lista 16) Gema Álava Álava fue sentenciada a tres años de prisión por estafa, en 2015. Según los documentos del caso, durante su tiempo de reclusión, cumplió más de las dos quintas partes de su condena y participó en talleres y actividades de rehabilitación, logrando una conducta óptima. Por ello, se le otorgó el beneficio de prelibertad bajo régimen semiabierto en marzo de 2017, y se le aplicaron medidas cautelares como presentarse semanalmente ante el juez, no consumir sustancias psicotrópicas ni alcohol, y no salir de Manabí.
El 10 de mayo de 2018 se declaró la extinción de la pena, pues la cumplió en su totalidad. El caso está cerrado y archivado.
Álava fue declarada inocente en otro proceso por presunto abuso de confianza. Este equipo periodístico intentó contactar a la candidata a través de sus coidearios, pero no fue posible.
Denunciado por calumnia
Raúl Chávez Nuñez del Arco (RC-RETO, lista 5-33) —exdirectivo de Barcelona, exconcejal y mano derecha del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez— tiene un caso por calumnia en el sistema de la Función Judicial. Este expediente se abrió en 2024 y está pendiente de resolución, aunque a lo largo del año las autoridades han intentado notificar a Chávez sin suerte. Según el expediente no se le ha podido entregar la citación.
Denunciado por simular ser juez
La postulación como candidato a la Asamblea Nacional por el PSP le permitió a Álex Bósquez Cáceres pedir la suspensión del juicio que se le sigue por presunta usurpación y simulación de funciones públicas.
Bósquez fue procesado debido a que supuestamente suscribió documentos como juez de Paz de la Corte Nacional de Justicia Indígena y Consejos de Gobiernos de los Pueblos y Nacionalidades. La denuncia fue presentada por Francisco Jácome Marín, en su calidad de Director Provincial del Consejo de la Judicatura del Guayas. El caso continúa activo.
En otro proceso que se le seguía por este mismo delito, Bósquez obtuvo un sobreseimiento, y en otro más por presunta concusión.
El candidato fue consultado sobre su participación en estas causas, pero no contestó las preguntas para este reportaje.
Tres investigaciones archivadas
Yaku Pérez Guartambel (Amigo, lista 16) registra tres investigaciones archivadas, en las que se lo ha indagado por los presuntos delitos de peculado y tráfico de influencias, de acuerdo con el archivo de la Función Judicial.
Los tres casos estuvieron relacionados con su actividad política. Mientras fue prefecto de Azuay, fue acusado por el arrendamiento de un inmueble y la contratación de personal. También fue acusado de atentar contra las instalaciones de la Asamblea en el paro nacional de octubre de 2019, durante las manifestaciones contra la eliminación del subsidio de los combustibles.
No obstante, todas las investigaciones fueron archivadas por falta de pruebas.
Pérez dijo a esta alianza periodística que “las denuncias fueron archivadas por no tener ningún sustento jurídico. Tampoco hubo ningún daño económico… Antes fui procesado por defender el agua y la naturaleza, lo que para nosotros es una condecoración”.
En total, 14 de los 180 candidatos a asambleístas nacionales han registrado investigaciones archivadas en el sistema de la Función Judicial. También hay el caso de un postulante que fue sobreseído, Édison Alexis Cantuña Cañaveral, del partido Unidad Popular (UP, lista 2).
Debiendo al SRI
De los 180 candidatos a asambleístas nacionales, trece registran valores pendientes de pago con el Servicio de Rentas Internas (SRI).
Los valores más altos de deudas en firme corresponden a Dimitri Rojas Fedorow (ID), quien hasta mediados de enero registraba una obligación pendiente de 3.273 dólares y Luigi García Cano (PID), de 635 dólares. El resto son deudas menores.
En tanto que los valores más altos de facilidades de pago son los que deberán cancelar el exconcejal de Guayaquil Raúl Chávez Núñez del Arco (RC-RETO) con 27.179 dólares y el exlegislador Juan Fernando Flores Arroyo (CREO) con 1.077 dólares.
El Impuesto a la Renta no es de todos
Según la base de datos del SRI, 64 candidatos a asambleístas nacionales no han presentado todas sus declaraciones anuales de Impuesto a la Renta (IR), en el periodo analizado, entre 2017 y 2023. Esto significa que un poco más de un tercio de los aspirantes ha incumplido con este requerimiento tributario.
El SRI dispone que la declaración anual del IR es obligatoria para todos los contribuyentes, salvo para aquellos domiciliados en el exterior y aquellos cuyos ingresos fueron menores que la base tributaria.
64 candidatos a asambleístas nacionales no han presentado todas sus declaraciones de Impuesto a la Renta, en el periodo 2017-2023. Es decir un poco más de un tercio de los aspirantes ha incumplido con esta obligación
La candidata y madre del presidente
La lista de los candidatos con más declaraciones de impuesto a la renta pendientes está encabezada por Annabella Azín Arce, madre del presidente y candidato Daniel Noboa, y postulante para la Asamblea Nacional por ADN.
El archivo público muestra que todavía no ha presentado las declaraciones de renta correspondientes a los últimos siete años. Además, el nombre de Azín consta con obligaciones pendientes del Anexo patrimonial de 2018 y 2019.
La candidata abrió un RUC el 30 de enero de 2002 como persona natural, el cual aparece como suspendido el 7 de agosto de 2012 en la base de datos del SRI.
Por otro lado, la base de datos revela que 20 aspirantes a asambleístas nacionales no constan en el sistema del SRI: “El ciudadano / contribuyente no tiene información registrada en la base de datos del SRI o reportada por terceros”.
Un total de 76 candidatos cumplieron con la obligación de reportar sus actividades productivas al SRI, ya sea con declaración en cero o con el pago de diferentes montos.
Un expresidente que no paga IR
El expresidente y asambleísta desde noviembre de 2023, Lucio Gutiérrez (PSP), tiene sus declaraciones de Renta en cero en los últimos tres años, entre 2021 y 2023. Y la de 2019 aún está pendiente de presentar.
Consultado sobre el tema, Gutiérrez aseguró que como empresario aporta al SRI con impuestos que paga su emprendimiento de té de guayusa embotellada. El candidato recibe dos pensiones, una como coronel retirado del Ejército y otra como exmandatario, pero estas no son consideradas como renta para la declaración de IR.
Funcionarios públicos
El ejercicio del servicio público no es una novedad para 80 de los 180 candidatos a asambleístas nacionales (un 44 por ciento). Ellos ya han desempeñado funciones como asambleístas, profesores, mandos medios de organismos locales o en ministerios.
La información se desprende de las declaraciones patrimoniales juradas que todos los funcionarios públicos deben presentar al asumir y al finalizar un cargo en el Estado, así como durante su gestión. Estos datos constan en el archivo digital de acceso público de la Contraloría General del Estado.
El sistema arroja 17 nombres de quienes han ocupado más de 5 diferentes cargos públicos.
La candidata con más cargos registrados es Diana Jácome Silva (ADN), quien colaboró con los gobiernos de Rafael Correa, Lenín Moreno y Daniel Noboa, de quien fue asesora. Su rostro es conocido, pues fue reportera de los medios públicos. Ella ha pasado, además, por la Corte Constitucional, el CPCCS, el Consejo de Regulación de la Comunicación, el Consejo de la Judicatura y el Ministerio del Trabajo. En este último, tuvo varias funciones, entre ellas la de subsecretaria, en dos ocasiones.
Le sigue Eddy Rubio Iza (ID), quien ha pasado por diez puestos. Laboró en empresas públicas como las extintas Enfarma y Tame; también en el Ministerio de Defensa y el Servicio de Contratación Pública (Sercop), entre otras instituciones. En los últimos años estuvo vinculado a la Empresa Eléctrica Quito.
Jaime García Bonilla (ID) ha desempeñado varias funciones dentro de la Asamblea Nacional, ocupando en total ocho cargos. Ha sido servidor, analista, asesor y defensor público, en diferentes periodos.
Los “saltos” de patrimonio
En la Contraloría General del Estado están las declaraciones juradas de los funcionarios públicos con la información de su patrimonio, que es el resultado de la diferencia entre sus activos (lo que poseen en bienes, maquinaria o cuentas bancarias) y sus pasivos (deudas). En este caso, 80 de los candidatos han presentado este formulario en la última década.
De ellos, al menos 19 tuvieron patrimonios superiores a 100 mil dólares.
Los que suben…
La exasambleísta María Antonieta Guarderas Celi, ahora candidata por el PID, sextuplicó su patrimonio entre 2023 y 2024. Cuando dejó la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) en octubre de 2023 declaró un patrimonio de 642.100 dólares. Luego ganó una curul en la Asamblea Nacional y en su declaración periódica señaló poseer un patrimonio de 4,17 millones de dólares, especialmente por bienes inmuebles.
Asimismo, el patrimonio de la candidata Olguita Yance Coloma (PSP) pasó de 817 dólares a 160.030 entre febrero de 2019 y julio de 2021, cuando trabajó como brigadista y supervisora de la Secretaría Técnica del Plan Toda una Vida. No obstante, en diciembre de 2020 y enero de 2021 presentó dos declaraciones con un valor de cero dólares de patrimonio.
El profesor Edgardo Véliz Llaguno, que según la documentación que reposa en la Contraloría firmó un contrato “ocasional y medio tiempo” con la Universidad de Guayaquil, reportó 5.000 dólares en 2021. Tres años después, en 2024, su patrimonio declarado fue de 208.000, lo que equivale a un aumento del 4.060 por ciento.
Lucy Coronel Goyes (CREO) tenía un patrimonio de 4.000 dólares en 2018 que aumentó a 266.997 dólares en 2023. Su primer cargo registrado fue el de analista de relaciones internacionales del Ministerio de Salud. Luego pasó a ser asistente y asesora en la Asamblea Nacional, y analista en el Ministerio de Gobierno.
El patrimonio del exasambleísta y exjefe de Talento Humano de la Gobernación del Carchi, Juan Carlos Yar Araujo (Amigo), se triplicó entre 2016 y 2021, al pasar de 45.000 a 143.524 dólares, entre 2016 y 2021, cuando fue legislador.
Los sube y baja…
El exarquero Jacinto Espinoza Castillo (PSC), conocido como “El Chinto”, ha sido asambleísta, asesor del GAD de Pedro Moncayo y director en la Prefectura de Pichincha. Según sus declaraciones juradas, pasó de 930.010 dólares en 2019 a 1,11 millones en 2023. No obstante, sufrió una caída abrupta en 2022, cuando reportó un saldo negativo de 269.975 dólares.
El abogado Ricardo Xavier Vanegas Cortázar (Centro Democrático), quien se desempeñó como asambleísta y profesor en la Universidad de Guayaquil partió con un patrimonio de 3,21 millones de dólares en 2021, el cual se redujo a 1,34 millones en 2024, una disminución 58 por ciento.
Un total de 18 aspirantes ya han sido asambleístas y buscan regresar al Legislativo, muchos de ellos cobijados por otra tienda política. No todos ganaron una curul en noviembre de 2023 después de la muerte cruzada.
Los partidos con más candidatos a la reelección en la lista nacional son el PSC (4) con Alfredo Serrano Valladares, Jacinto Espinoza Castillo, Pedro Zapata Rumipamba y Simón Remache Moreno; el PID (3) con Arturo Moreno Encalada (fundador del PID y primo del expresidente Lenín Moreno), María Antonieta Guarderas Celi y Luigi García Cano. El mismo número tiene la alianza RC-RETO (3): Paola Cabezas Castillo, Franklin Samaniego Maigua y Liliana Durán Aguilar.
Les sigue SUMA con dos aspirantes: Guillermo Celi Santos (excandidato presidencial) y Geraldine Weber Moreno (exPSC).
Los seis restantes son: por Centro Democrático, Ricardo Vanegas Cortázar (exPK); por PSP, el expresidente Lucio Gutiérrez Borbúa; por ADN, Luis Esteban Torres Cobo (exPSC); por Amigo, Juan Carlos Yar Araujo; por el PSE, Xavier Santos Sabando (exID), y por CREO, Juan Fernando Flores Arroyo.
El trabajo partió de las listas proporcionadas por el CNE, que se limpiaron para evitar homónimos. Se creó una redacción virtual de 38 periodistas con reporteros y editores. El sábado 14 de diciembre los grupos se reunieron en distintos horarios para recibir la capacitación e instrucciones sobre los datos que se debían obtener de los registros públicos.
Para la información de los procesos penales se consultó el sistema e-Satje-2020 de la Función Judicial, disponible en este enlace (https://bit.ly/4gBHmch) . Solo se tomaron en cuenta los procesos judiciales filtrados por materia Penal COIP. Las consultas de cada candidato se hicieron entre el 14 y el 27 de diciembre de 2024. Casi inmediatamente comenzaron las contrastaciones sobre esta información con los candidatos.
La información sobre las declaraciones de impuesto a la renta se obtuvo del sitio web del Servicio de Rentas Internas (SRI), en este enlace (https://bit.ly/3WeVEYX), que solicita registro de usuario. Se tomaron en cuenta las declaraciones entre 2017 y 2023, pues ya no es pública la información de años anteriores y porque aún no termina el plazo para presentar las declaraciones de 2024. Las consultas de cada candidato se hicieron entre el 14 y el 27 de diciembre de 2024.
La información sobre las deudas tributarias se obtuvo del sitio web del SRI, en este enlace (https://bit.ly/CandidatosImpuestos). Las consultas de cada candidato se hicieron entre el 14 y el 27 de diciembre de 2024. El resultado arrojó que 153 candidatos registraban obligaciones. El 17 de enero de 2025, se actualizó la información de los candidatos que registraban deudas mayores a 300 dólares, con una nueva consulta.
Con respecto a los cargos públicos y patrimonios declarados, se consultó el sitio web de la Contraloría General del Estado, en este enlace (https://bit.ly/4gmvnPF). Para este trabajo, solo se tomaron en cuenta las declaraciones patrimoniales presentadas al final de gestión de cada cargo. Solo en caso de no existir esta declaración, se tomaron en cuenta las declaraciones periódicas, en caso de que las hubiere, o las de inicio de gestión, en este orden de prioridad. Las consultas de los candidatos se realizaron entre el 14 y el 27 de diciembre de 2024.
Medios aliados:
Conectados Diario Centro Eco Amazónico Ecotel Ecuador Chequea El Diario El Mercurio El Norte El Universo EnfoqueEc GK Habla Serio Play InforManta Informe Reservado La Fuente La Barra Espaciadora La Hora,La Hora (Tungurahua) La Marea Lupa y cedazo Manavision Mil hojas Moteradio Plan V Primer Reporte Primicias Radio Amiga Radio Antena Uno Radio La Hechicera Radio Centro Guayaquil Radio Democracia Radio Sucumbios Radio Visión Teleamazonas Tierra de Nadie Tu Voz Tv Vistazo Digital Visionarias
De los 18 candidatos a asambleístas provinciales por Pastaza, trece han sido funcionarios públicos. De ellos, dos han registrado incrementos patrimoniales significativos. A pesar de que cuatro de estos aspirantes se destacan por poseer los patrimonios más altos, sus aportes al impuesto a la renta son prácticamente inexistentes.
El trabajo partió de las listas proporcionadas por el CNE, que se limpiaron para evitar homónimos. Se creó una redacción virtual de 38 periodistas con reporteros y editores. El sábado 14 de diciembre los grupos se reunieron en distintos horarios para recibir la capacitación e instrucciones sobre los datos que se debían obtener de los registros públicos.