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Dieciséis meses y siete días pasaron antes de que Jorge Glas retorne a prisión para cumplir los casi tres años que le faltan para completar su sentencia por los delitos de asociación ilícita y cohecho y afrontar una nueva investigación fiscal por peculado y una demanda por acoso e intimidación.

Desde el 6 de abril de 2024, el dos veces vicepresidente de la República, ocupa una celda de máxima seguridad en la cárcel La Roca en Guayaquil, a donde llegó tras la irrupción de fuerzas especiales en la Embajada de México en Quito, que lo detuvieron para evitar que huyera en un avión militar mexicano para reencontrarse con sus compañeros de partido y de ideología que están asilados y exiliados en ese territorio y que también han sido procesados unos y sentenciados otros en el Ecuador.

Glas llegó a esta delegación diplomática el 17 de diciembre de 2023 bajo la figura de ‘huésped’. El Gobierno del presidente Daniel Noboa declaró persona no grata y expulsó a la embajadora mexicana Raquel Serur, en respuesta a los comentarios del presidente de ese país Andrés Manuel López Obrador sobre el magnicidio del excandidato presidencial Fernando Villavicencio. La reacción de México fue conceder asilo a Glas y exigir la entrega de un salvoconducto que fue negado.

Con la convicción de que faltaba casi nada para concretar su huida a tierras mexicanas, horas antes de su detención en la sede diplomática, Glas publicaba triunfante en sus redes sociales: “No se puede vencer al que nunca se rinde”.

En sus últimas entrevistas, durante su periodo de libertad provisional, el exvicepresidente repetía desafiante que “la justicia debe ser sagrada y la libertad mucho más”, en alusión a su pelea por lograr la libertad, pues se autocalificaba como “un perseguido político y víctima del ‘lawfare judicial’ (persecución judicial)”. Ese era el discurso que intentaba posicionar en las intervenciones que pactó con medios locales y extranjeros, así como desde su espacio radial al que llamó ‘Glas en línea’. Sin embargo, en la práctica, para Glas, la justicia no fue sagrada. Cuando entró a prisión se rodeó de abogados que mientras recurrían a polémicos recursos legales y estrategias para ponerlo en libertad, como la compra de votos y conciencias de operadores de justicia, policías y fiscales, litigaban con estas mismas prácticas para liberar a los narcotraficantes y cabecillas de bandas narcodelictivas como Jorge Zambrano, alias Rasquiña de los Choneros y Leandro Norero Tigua de Los Tiguerones.

CASO ODEBRECHT

El 13 de diciembre de 2017, el exvicepresidente fue sentenciado por asociación ilícita a seis años de prisión, por recibir sobornos de la empresa brasileña Odebrecht mientras fue ministro de Sectores Estratégicos del gobierno de Rafael Correa. El mismo dictamen fue para su tío Ricardo Rivera, quien estaba relacionado con el sector de telecomunicaciones y dos exfuncionarios más del mismo régimen. Según la Fiscalía, los sobornos llegaron a estos personajes a través de empresas intermediarias.

Y así lo corroboró el pasado 10 de abril, el exejecutivo de Odebrecht José Conceicao Santos, en la Corte del Distrito Sur de la Florida donde señaló que él sobornó a Jorge Glas y le entregó entre “USD $ 17 y USD $ 18 millones tanto en efectivo como a través de transferencias bancarias”.

En la investigación de la trama de Odebrecht realizada en Ecuador, Tomislav Topic, propietario de la empresa Telconet, apareció en la ruta del dinero de sobornos. En 2019, en una de sus intervenciones públicas, Harrison Salcedo, entonces abogado defensor del exvicepresidente Glas, aseguraba que Tomislav Topic, nunca entregó aportes económicos para Alianza País, movimiento político del correísmo que auspició al binomio Lenin Moreno y Jorge Glas para llegar a la presidencia en el 2017.

En ese entonces el Tribunal de la Corte Nacional dispuso que, Glas y su tío, restituyan al Estado $16,1 millones, pero se restaron dos millones porque Topic dijo haber entregado a la justicia esos recursos, asegurando que “alguien” depositó en las cuentas de esta compañía los dos millones y los tenía inmovilizados desde el 2010.

CASO SOBORNOS

El 7 de abril de 2020 Glas recibió su segunda sentencia por corrupción, pero esta vez junto con su líder y
expresidente de la República Rafael Correa. El Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) compuesto por Iván León, Iván Saquicela y Marco Rodríguez, dictó ocho años de prisión para estos dos políticos como autores del delito de cohecho pasivo en el caso que la Fiscalía lo tituló como Sobornos
2012-2016, donde se revelaron los aportes de compañías multinacionales, entre ellas, Odebrecht, Sinohydro y Telconet, al movimiento político de Rafael Correa y también para lograr contratos con el Estado.

Como coautores sentenciaron a otros funcionarios del correismo: Alexis Mera, exsecretario jurídico de la Presidencia; los ministros María de los Ángeles Duarte y Walter Solís, Vinicio Alvarado, Viviana Bonilla, Christian Viteri y Pamela Martínez. En total fueron sentenciadas 19 personas.Harrison Salcedo intentó nuevamente en mayo, con una acción constitucional de habeas corpus la liberación de Glas, argumentando problemas de salud y para cuidar su integridad física. El recurso fue negado.

En agosto, Glas contrató al estudio jurídico FandeT  Law Firm para que lo represente en su recurso extraordinario de casación  y que en una codefensa con su abogado Harrison Salcedo lograr su  libertad. El director principal de este bufete Cristian Romero Moya se encargó de la estrategia de defensa que no fue efectiva, porque el 8 de septiembre, la Corte Nacional de Justicia ratificó la sentencia de ocho años de prisión para Glas y los 18 involucrados en diferentes grados del delito de cohecho.Dos meses antes, Salcedo había logrado la prelibertad de Jorge Zambrano, Alias Rasquiña, cabecilla en ese entonces del grupo narcodelictivo Los Choneros. Pero para acceder a este recurso, antes el juez Luis Tamayo Arana, le redujo la pena que cumplía por asesinato de 20 a 8 años de cárcel. Este juez es tío de Xavier Novillo, mano derecha de otro de los líderes narcos, Leandro Norero.

CASO SINGUE

El 25 de enero de 2021, Glas fue sentenciado a 8 años de prisión junto con el ex ministro de Energía Carlos Pareja Yannuzzelli y otros cinco exfuncionarios por el delito de peculado en la contratación irregular de servicios de exploración y explotación del campo petrolero Singue que se adjudicó al consorcio Dygoil Consultora y Servicios Petroleros Cía. Ltda y la firma Gente Development LLC, durante el gobierno de Rafael Correa.  “Como máximas autoridades del sector petrolero, dispusieron arbitrariamente de recursos del Estado en beneficio propio y de terceros”, sentenció el tribunal de la CNJ.

Con tres sentencias a cuestas, en abril de 2022, Diego Moscoso, juez de Manglaralto, ordenó la liberación inmediata de Glas mediante el recurso de habeas corpus, lo que le permitió dejar la cárcel de Latacunga. Pero la decisión fue anulada por una apelación del gobierno de Guillermo Lasso.

Antes de ingresar nuevamente a prisión Glas estaba seguro de que recobraría su libertad: “no voy a huir, yo me quedo, me he entregado por dos veces a la cárcel y aquí sigo, porque tengo que limpiar mi nombre… pero volveré a salir”,

En mayo de 2022 el exvicepresidente volvió a entregarse a la justicia y esta vez logró quedarse en la cárcel 4, en Quito, donde enseguida recibió una demanda de alimentos para que junto con sus dos hermanos (Heriberto y Silvia) se hagan cargo de la pensión alimenticia del hijo de su padre, Jorge Glas Viejó, quien murió en febrero de ese año. Glas Viejó, fue declarado culpable del delito de violación a una niña de 12 años, quien tuvo a su bebé. La justicia ordenó que el padre del exvicepresidente debía pagar una pensión alimenticia de $ 300.  En noviembre de 2021, fue la última vez, que el niño que hoy tiene 13 años recibió pensión.

Pasó poco tiempo para que se activara una agresiva acción de la defensa de Glas con la presentación de acciones constitucionales. En agosto de 2022, el estudio jurídico FandeT Law Firm actuó para Glas y paralelamente con habeas corpus para su otro cliente, Leandro Norero. El abogado Jonathan Aguinda Shiguango, experto en derecho penal y constitucional presentó en audiencia del 5 de ese mes, el recurso de habeas corpus para la libertad de Glas. El juez Banny Rubén Molina, de Manabí, lo aceptó y ordenó la liberación de Glas y de paso de Daniel Salcedo, sentenciado por corrupción hospitalaria que hoy es procesado en el caso Metástasis.

Este tema fue de interés del capo Norero, procesado por lavado de activos e investigado por narcotráfico, que llegó a la cárcel de Latacunga en mayo de 2022 y fue asesinado en octubre de ese año por otros internos. Según los chats que se extrajeron de sus cinco teléfonos celulares y que constan en el caso Metástasis, Norero estaba interesado en entregar dinero para la libertad de Glas y se propuso un monto de $ 250.000 que no se concretó, según Hélive Angulo, testigo protegido y administrador de los bienes del narco.

El 9 de agosto, según esos chats, Norero conversó con Xavier Jordán, otro de los procesados en Metástasis por delincuencia organizada y vinculaciones con el narcotraficante, sobre la posible salida de Glas de la cárcel de Latacunga.

Jordán: El habeas corpus de Glas ya está en el registro judicial.

Norero: Si ya tienen las boletas mañana salen.

Jordán: 50 lucas me costó esto porque es una jugada maestra. Jg sale hoy.

Norero: Ese loco que salga y se vaya de una del país.

Las boletas a las que se refiere el narco Norero en este diálogo periciado fueron alteradas. Según el Consejo de la Judicatura, los abogados Edison Loaiza, Hugo Lara Olmos y Jonathan Aguinda (estos dos últimos procesados en el caso Plaga) presentaron las boletas de excarcelación de Glas y de Daniel Salcedo en la cárcel 4 de Quito sin formato, sin código QR y la de Jorge Glas tenía error en uno de los diez números de su cédula de identidad. En el sistema de la Judicatura, nunca encontraron las boletas. Además, se acusó a Banny Molina de emitir esos documentos cuando se le suspendió en sus funciones de juez.

Si bien Glas y Daniel Salcedo no salieron de la cárcel en ese entonces, hace pocos días (el pasado 26 de marzo) se conocieron detalles inéditos de cómo se habría coordinado los planes, entre un poderoso personaje político y narco delincuentes, para liberar a Glas. En su testimonio anticipado, Marcelo Lasso Saavedra, compañero de celda de Norero, relató que fue testigo de varias conversaciones entre el expresidente Rafael Correa y Norero sobre “la libertad de Jorge Glas”.

“Leandro y Salcedo, estaban invirtiendo en la libertad del señor Glas con fines políticos, sabían que eventualmente algún día les iba a servir. Yo ví las video llamadas, yo escuché, vi su cara (de Correa), yo pasaba en la celda con Norero. Le decía Mashi”, según el testigo Lasso Saavedra.

Meses después, los esfuerzos por liberar a Glas volvieron al terreno de sus abogados. El 10 de noviembre de 2022, un Tribunal de la Corte Nacional de Justicia, nulitó el caso Singue y dejó sin efecto la sentencia por la “caducidad del caso” y el exvicepresidente y quienes llevaban su defensa legal: Cristian Romero, Jonathan Aguinda y Hugo Lara, reactivaron el pedido para que la sentencia de ocho años (caso Sobornos) absorba a la de seis años (caso Odebrecht) y pueda acceder a la prelibertad. Se presentó un nuevo habeas corpus y medidas cautelares que fueron negadas.

El 26 de noviembre, según Álex Palacios, director nacional de asesoría jurídica de la Judicatura, acompañó al presidente de ese entonces Wilman Terán a Santo Domingo de los Tsáchilas y se hizo la entrega de la medida cautelar a favor de Jorge Glas a la abogada Anabel Torres para que el juez Emerson Curipallo falle a favor de Glas. “La medida cautelar fue elaborada por Wilman Terán en su computadora y le entregó en un pendrive”, relató Palacios investigado en el caso Metástasis y que hoy forma parte del programa de Víctimas y Testigos dirigido por la Fiscalía.

Y así pasó, el 28 de noviembre de 2022 el juez Emerson Curipallo, ordenó la liberación provisional de Jorge Glas. Al momento Curipallo, quien perdió condición de juez, está procesado en el caso Metástasis por liberar a sicarios alias ‘Madrid’ y alias ‘Cuyuyuy’, que estaban al servicio del narcotraficante Leandro Norero.

En enero de 2023, la justicia decidió que Jorge Glas cumpla solo 8 de los 14 años que sumaba en condenas de corrupción y la Fiscalía anunció que lo procesará por el presunto delito de peculado por el mal uso de recursos recaudados para la reconstrucción de Manabí tras el terremoto de abril de 2016 que devastó extensas zonas de la provincia.

Los abogados volvieron a actuar y presentaron recursos para dilatar la instalación de la audiencia de formulación de cargos y el 18 de diciembre de 2023 Glas se refugió en la Embajada de México. Ese mismo día, recibió la noticia de la negativa a su pedido de prelibertad y se ordenó que el exsegundo mandatario vuelva a prisión para cumplir los casi tres años que faltan por sus sentencias de corrupción.

CASO RECONSTRUCCIÓN DE MANABÍ

El 1 de junio de 2023, la Fiscalía General del Estado anunció la investigación del caso Reconstrucción de Manabí y por tres ocasiones intentó formular cargos contra Jorge Glas, Carlos Bernal, el exsecretario del Comité para la Reconstrucción y Pablo Ortiz, el exgerente de la Empresa Pública Ecuador Estratégico, hasta que el 5 de enero de 2024 se logró la instalación de la audiencia y el juez dictó prisión preventiva para el exvicepresidente Jorge Glas.

La Fiscalía solicitó la vinculación de otras seis personas al proceso y este 12 de abril, pidió prisión preventiva para Walter Solís, exministro de Transporte. Él está refugiado en México desde 2021 por su sentencia en el caso Sobornos. Para otros cinco involucrados en la investigación se solicitaron medidas cautelares.

El sustento del caso es por un supuesto desvío de $ 367 millones que se recaudaron con la vigencia de la Ley de Solidaridad para beneficio de terceras personas naturales, contratistas y fiscalizadores que ejecutaron otro tipo de proyectos que no cumplían los requisitos de la emergencia por el terremoto del 2016.  Jorge Glas era el presidente del Comité de Reconstrucción.

Entre el 2019 y 2020, la Fiscalía recibió de la Contraloría General del Estado los resultados de un examen especial a los contratos suscritos para la construcción del parque Las Vegas ubicado en Portoviejo y la construcción del proyecto tramo Acceso al Puerto de Manta, redondel del Imperio Colisa, cuyo financiamiento, $68 millones, salió de los fondos de la Ley de Solidaridad que eran recursos para enfrentar las consecuencias del terremoto.

Además, recibió una denuncia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social sobre 584 proyectos que el Comité para la Reconstrucción priorizó “sin sustento técnico que evidenciara la finalidad emergente de reconstrucción”.

CASO SOLEDAD PADILLA

El exvicepresidente Jorge Glas enfrenta desde octubre de 2023, una denuncia por acoso e intimidación presentada por su excolaboradora Soledad Padilla. Desde 2008, Padilla, trabajó con Glas, en el Ministerio de Sectores Estratégicos, Ministerio de Telecomunicaciones, el desaparecido Fondo de Solidaridad y finalmente en la Vicepresidencia de la República con Rafael Correa (2006 a 2016) y con Lenin Moreno (2017).

Esta denuncia en la que Padilla acusa a Glas de “hostigamiento, amedrentamiento y amenazas”, se encuentra en investigación previa. La Fiscalía ha practicado diligencias para reunir elementos antes de la formulación de cargos. Esta fase se encuentra en reserva.

Glas hizo lo mismo y presentó una denuncia en contra de Padilla por extorsión.

ÚLTIMO INTENTO PARA SALIR EN LIBERTAD

A pesar de que el 29 de febrero de 2024 la Corte Constitucional revocó las medidas cautelares a Glas y otras dos decenas de personas con sentencias ejecutoriadas por salir en libertad de manera irregular, el exvicepresidente a través de sus defensores presentó nuevamente un habeas corpus que le fue negado este 12 de abril de 2024.

Aunque la Sala Especializada de la Niñez y Adolescentes Infractores de la Corte Nacional de Justicia, en su resolución final dijo que la “detención (de Jorge Glas) en una misión diplomática fue ilegal y una arbitrariedad, no dio paso al mencionado recurso constitucional.

“…Correspondería disponer la libertad, no obstante, como se ha justificado en la audiencia, existen sentencias condenatorias y causas juzgadas, cuyas penas están unificadas y este Tribunal no puede modificar las condenas, por ello no es procedente conceder la libertad”, concluyó la Sala que se negó a pronunciarse sobre la legalidad del asilo diplomático entregado por México al sentenciado Glas, porque “eso es cuestión de competencia diplomática y autoridades de cada país”.

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