El megaproyecto acumula al menos 14 Informes con Indicios de Responsabilidad Penal (IRP) emitidos por la Contraloría desde 2018. Todos reposan en la Fiscalía, pero siguen en indagación previa, pese a que la ley fija un plazo máximo de un año para pasarlos a instrucción fiscal o disponer su archivo provisional o definitivo.
La Contraloría General del Estado (CGE) acumula cerca de un centenar de exámenes especiales sobre los contratos del fallido proyecto Yachay, Ciudad del Conocimiento suscritos desde el año 2014 por el Gobierno de Rafael Correa. En estos días, por disposición de su titular Mauricio Torres, la entidad ejecuta una nueva acción de control para verificar el cumplimiento de cinco informes: DNA2-0014-2022, DNA2-0018-2022, DNA2-0078-2023, DPI-0022-2023 y DNA2-008-2024, emitidos entre 2022 y 2024.
No es la primera vez que las auditorías señalan irregularidades y afectación económica. En 2018, la Contraloría determinó un perjuicio de $31,4 millones en la construcción de los cinco edificios del complejo universitario en los que halló fisuras, fallas estructurales y sobreprecios. Los exámenes realizados por los auditores permitieron detectar un patrón de comportamiento: contratos inconclusos, pagos anticipados sin sustento, obras paralizadas con apenas 20% o 30% de avance pese a que las contratistas cobraron hasta el 80% del costo. También documentaron duplicidad de funciones en Yachay EP y la Senecyt, hecho que infló los gastos administrativos.
El primer contrato con Gezhouba por $169,67 millones incluye 18 obras, entre ellas el sistema de agua y alcantarillado y el edificio Clúster de las Ciencias, que se encuentra en este estado: Foto: Mil Hojas
En los informes del máximo ente de control del manejo de los recursos del Estado, también se advirtió que, entre 2015 y 2018, año en el que el entonces presidente Lenín Moreno cambiara el nombre del proyecto de Yachay a Siembra y reorientara su labor hacia lo agrícola, se acumuló más de $30 millones en pérdidas debido a adquisiciones sin planificación, terrenos improductivos, sobreprecios y contratos de consultorías que nunca fueron realizadas. Ante el sombrío panorama, ese mismo año, el exmandatario liquidó la empresa.
Los auditores señalaron como responsables de las anomalías a los gerentes de Yachay EP desde 2015 hasta 2020, a exsecretarios de Educación Superior y a otros altos funcionarios. Se establecieron glosas e iniciaron juicios coactivos; sin embargo, los procesos se han dilatado en el Tribunal Contencioso Administrativo y, en la mayoría de los casos, no se ha emitido sentencia en firme que obligue a que los responsables de las irregularidades devuelvan el dinero al Estado.
El primer gerente general de Yachay EP fue el correista Héctor Rodríguez, quien asumió el cargo en 2013 y renunció el 5 de julio de 2017. Fue él quien suscribió los contratos con Gezhouba y CEIEC. Dejó el cargo tras denunciar falta de apoyo al proyecto por parte del Gobierno de Lenín Moreno. En la actualidad, Rodríguez es asambleísta del movimiento correista Revolución Ciudadana, cargo que debe ejercer durante el período 2025-2029. Fue reemplazado por su coideario y exalcalde de Ibarra Jorge Martínez quien dimitió el 22 de febrero de 2019. En junio de ese año, el guayaquileño Adrián Zambrano asumió la gerencia y ofreció reorientar el enfoque del proyecto hacia el desarrollo agrícola. Estos dos últimos fueron designados por Lenín Moreno.
Héctor Rodríguez, Jorge Martínez y Adrián Zambrano, exgerentes de Yachay EP, entre 2013 y 2019.
En 2018, la Contraloría estableció un perjuicio de $31,4 millones en la construcción de cinco edificios con fisuras, fallas estructurales y sobreprecios, por lo que emitió glosas por más de $200 millones que se han tornado incobrables.
En 2018 la Fiscalía abrió tres investigaciones -una en Quito y dos en Urcuquí-, pero no hay avances hasta la fecha o, al menos, no se han hecho públicos. De acuerdo con una nota de diario El Telégrafo, publicada ese año, la exfiscal general (e), Ruth Palacios, sostuvo que la demora en las investigaciones obedecía a la falta de recursos, de peritos y a que el número de fiscales era escaso frente a los múltiples informes que remitía la Contraloría: solo entre 2017 y 2019 habrían recibido 92 informes con indicios de responsabilidad penal (IRP), 14 de los cuales correspondían a la administración de Yachay EP. https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/sociedad/6/yachay-contraloria-fiscalia. Cada peritaje costaba entre $20.000 y $25.000 y lo máximo que puede pagar la institución es de apenas $3.900, reveló la funcionaria.
Hace ocho meses, en entrevista con Mil Hojas, el contralor Mauricio Torres informó que sobre Yachay existen más de 80 IRP y glosas que superan los $200 millones. Admitió, además, que muchas obras siguen inconclusas y que la universidad apenas sobrevive. “El proyecto se ejecutó al revés, priorizando la obra gris sin garantizar servicios básicos. Hay personas sancionadas por eso”, dijo. Además, en un análisis más amplio, el juez de cuentas denunció que, solo entre 2019 y 2023, el país perdió US$4.488 millones por glosas caducadas, debido a graves falencias en la aplicación de sanciones, gracias a una red de corrupción que operó bajo la administración de sus predecesores Pablo Celi y Carlos Riofrío. Más detalles en el video de la entrevista al contralor.
Solo de 2019 a 2023, el país perdió $4.488 millones por glosas caducadas, gracias a una red de corrupción que operó en las administraciones de sus predecesores Pablo Celi y Carlos Riofrío, denunció Mauricio Torres.
El contralor Mauricio Torres reconoció a Mil Hojas que muchas obras siguen inconclusas: “El proyecto se ejecutó al revés, priorizando la obra gris sin garantizar servicios básicos. Hay personas sancionadas”. Sin embargo, no dio detalles sobre los funcionarios ni las empresas chinas responsables.
Aunque no se cuenta con la cifra exacta de glosas atribuidas solo a compañías chinas, uno de los casos que más llamó la atención del contralor es el examen sobre un contrato del Sistema Ecu- 911 por US$750 millones con una empresa china que, en 2016, llegó al despacho del entonces contralor Carlos Pólit, en donde desapareció, lo que impidió cualquier acción de control posterior.
Si en la Contraloría, según denuncia de su titular, uno de los obstáculos para obtener justicia y reparación era ese subrepticio mecanismo para hacer que las glosas caduquen, en la Fiscalía la eternización de los procesos de investigación es lo que ha ocasionado que hasta ahora no se haya iniciado más acciones en torno a Yachay.
Para conocer el avance de las investigaciones sobre las irregularidades en el proyecto, desde inicios del presente mes de septiembre de 2025, Mil Hojas envió a la Fiscalía General una solicitudde entrevista y un pedido de información sobre la suerte de varios informes con indicios de responsabilidad penal remitidos por la Contraloría. También se le consultó si la situación denunciada por la exfiscal Palacios persiste o no. Sobre esto último no hubo respuesta; sobre lo primero, este 15 de septiembre, entidad envió un correo en el que señala:
“Las investigaciones llevadas a cabo al seno de la Fiscalía General del Estado son exclusivas de las Unidades Fiscales que las tienen a su cargo, por lo cual gozan del carácter de reservadas. Incluso los funcionarios que no pertenecen a dichas Unidades Fiscales no poseen acceso ni pueden acceder, bajo pena, a tales expedientes.
Igualmente, según lo dispuesto en los artículos 472, numeral 3, y 584 del Código Orgánico Integral Penal, las investigaciones que se encuentren en marcha gozan de reserva legal, motivo por el cual nos resulta imposible brindarle detalles sobre el caso que usted requiere por el presente medio. Así, le sugerimos que acuda, personalmente o por medio de su abogado, a la Fiscalía donde se encuentra sustanciado su proceso (en caso, lógicamente, de ser parte procesal), con la finalidad de que allí pueda solicitar visionar y revisar el expediente y obtener la información requerida. En el ámbito de sus competencias, le corresponde al Fiscal que conoce su causa disponer todas las diligencias que estime pertinentes, incluido el hecho de comunicar los avances de la investigación únicamente a las partes procesales. A su vez, recuerde que todos los impulsos fiscales les serán debidamente notificados mediante los correos electrónicos y las casillas judiciales que hayan señalado las partes”.
Ante esta respuesta la redacción de Mil Hojas considera pertinente precisar que los informes de Contraloría con indicios de responsabilidad penal que consultamos fueron emitidos entre 2018 y 2022. En tanto, el artículo 215 del Código de Procedimiento Penal (CPI) señala que: “De no existir fundamentos para deducir la imputación, la indagación no podrá mantenerse abierta por más de un año, y transcurrido este plazo, la fiscal o el fiscal dispondrá el archivo provisional del expediente o solicitará al juez su archivo definitivo, según fuera el caso; este plazo se contará desde la fecha en la cual el fiscal dio inicio a la indagación previa. Sin embargo, si llegaren a poder de la Fiscal o el Fiscal elementos que le permitan imputar la autoría o participación en el delito a persona determinada, iniciará la instrucción, aunque el plazo hubiere fenecido, siempre que la acción penal no hubiere prescrito según las reglas generales.”
Por lo tanto, hace años que estos procesos debieron ser archivados (provisional o definitivamente) o debieron haber pasado a instrucción fiscal, con lo cual la información sobre lo sucedido, el archivo o la instrucción, debería ser de conocimiento público, no solo de las partes procesales. Sin embargo, de la respuesta de la Fiscalía se desprende que las investigaciones o indagaciones continúan activas de manera indefinida y sin que exista transparencia sobre las mismas.
Once años y medio después del crédito chino que dio vida a La Ciudad del Conocimiento, esta otra “obra emblemática” de Rafael Correa se reduce a edificios en ruinas, contratos incumplidos, deudas millonarias, un opaco proceso de liquidación y una estela de corrupción e impunidad. Del megaproyecto, ejecutado por empresas chinas, solo la universidad Yachay Tech sigue en pie, pero la absorción de la Senescyt por el Ministerio de Educación, dispuesta por el presidente Daniel Noboa, abre un nuevo capítulo de incertidumbre sobre el futuro del centro académico.
El “Silicon Valley” del régimen correista está en ruinas. La Universidad Yachay Tech, inaugurada en 2014 con 187 estudiantes bajo la promesa de convertir a Urcuquí -cantón agrícola de la provincia de Imbabura donde se asienta la obra- en la capital latinoamericana de la ciencia y la innovación tecnológica, es lo único que funciona de ese megaproyecto que le costó al país más de US$1.000 millones en créditos chinos que fueron gestionados directamente por el expresidente Rafael Correa con su par Xi Jinping.
Para construir la también llamada Ciudad del Futuro, proyecto en el cual la Universidad Yachay Tech era sólo una parte, Correa dispuso la expropiación de 6.462 hectáreas en una de las primeras gestiones polémicas al llegar al poder en 2007. Con esto aseguró que cambiaría la matriz productiva del país y reduciría la pobreza. Acto seguido modificó el marco jurídico y, vía régimen especial, fueron suscritos contratos por US$486,34 millones, 91% de los cuales, es decir $442,3 millones, corresponden a cuatro empresas chinas. Aquí el detalle:
Como se puede ver en el gráfico, Gezhouba Group Company acaparó $367,44 millones o el 75,4% del total analizado, seguida por CEIEC con el 13%. Con valores menores figuran CWE y China Camc. Prácticamente toda la infraestructura arquitectónica y de ingeniería civil, electricidad, agua potable, comunicaciones y tecnología fue entregada a las cuatro firmas asiáticas.
Hace un año, un equipo de Mil Hojas visitó el proyecto y constató que ninguno de los contratos había sido ejecutado en su totalidad. Desde entonces, nada ha cambiado admite en diálogo con Mil Hojas Andrés Rosales, rector de la universidad: tres de los cinco edificios que forman la “Gran Ciudad del Conocimiento” siguen inconclusos y abandonados; un supercomputador, que es parte del contrato con Gezhouba, costó US$6,25 millones pero nunca entró en funcionamiento; una subestación de energía eléctrica de 25 megavatios, por la que CEIEC cobró más de US2,5 millones, quedó a medias; de los 18 laboratorios planificados apenas hay tres. También se prometió modernas residencias que albergarían a unos 30.000 jóvenes de Ecuador y del resto del mundo. En la actualidad solo vive ahí la mitad de los 2.000 estudiantes que tiene la universidad. Eso no es todo, 2.000 aspirantes no pudieron cumplir su sueño de ingresar a Yachay Tech debido a la falta de acuerdos para concluir las obras y resolver los demás problemas que impiden mejorar la capacidad instalada y desarrollar nuevos proyectos e iniciativas. (Más detalles en la entrevista con Andrés Rosales, al final de este informe)
El supercomputador, que es parte del contrato con Gezhouba, costó US$6,25 millones pero nunca entró en funcionamiento. Foto: cortesía Yachay
La subestación de energía eléctrica de 25 megavatios, por la que CEIEC cobró más de US2,5 millones, quedó a medias. Foto: cortesía Yachay
Para construir la Ciudad del Futuro, Rafael Correa dispuso la expropiación de 6.462 hectáreas en el cantón Urcuquí (Imbabura), en una de las primeras gestiones polémicas al llegar al poder en 2007.
El megaproyecto tenía tres pilares, dos se derrumbaron
Yachay EP, empresa pública creada en 2013 para administrar el gran proyecto. En 2023 se ordenó su liquidación, el proceso aún no concluye
La Ciudad del Conocimiento, con parque industrial, subestación eléctrica, supercomputador y otros servicios, está abandonada e improductiva
Universidad Yachay Tech, sobrevive conjurando las adversidades
El Rector lamenta que no hayan sido convocados para un análisis previo a la emisión del Decreto 100, mediante el cual, el pasado 15 de agosto de 2025, el presidente Daniel Noboa dispuso la eliminación de la Senescyt como Secretaría de Estado y su absorción por parte de la Cartera de Educación, con lo que la Senescyt pasó a ser un viceministerio. No obstante, Rosales hace votos para que el cambio sea positivo y permita que, por ejemplo, por fin, se llegue a un acuerdo con el Municipio de Urcuquí para resolver problemas elementales como la entrega de escrituras de las 700 hectáreas que ocupa la universidad, algo indispensable para desarrollar nuevos proyectos y programas. También cuestiona que, desde el inicio del proceso de liquidación en 2023, no se haya agilitado el traspaso de bienes a la universidad. “Todo, incluso el supercomputador y la subestación eléctrica, sigue a nombre de la Senescyt”, advierte. Con la desaparición de la Senescyt se crea un vacío respecto de estos bienes, que debe ser resuelto.
Vía WhatsApp, Mil Hojas contactó a la ministra de Educación Alegría Crespo, para solicitarle una entrevista y consultarle qué pasará con la Senescyt y Yachay Tech, al ejecutar el mencionado Decreto 100. La funcionaria respondió que seremos contactados por alguien de su equipo de Comunicación. Así sucedió, ese mismo día recibimos la llamada y ante nuestra consulta, la respuesta fue: “El proceso de fusión no ha concluido; mientras tanto, los temas de Senescyt siguen siendo comunicados y tratados por dicha secretaría”.
El 1 de septiembre hablamos por celular con César Vásquez, titular de la Senescyt, quien solicitó que se le envíe un cuestionario a su correo institucional. Ese mismo día se lo remitimos y una semana después se realizó un segundo envío. Hasta el cierre de esta edición no recibimos respuesta. Esta no es la primera vez que Vásquez no concede una entrevista a Mil Hojas ni responde nuestros pedidos de información. Hace un año se realizó la gestión directa con él y a través de su Directora de Comunicación se le envío un pedido de entrevista que no fue agendada y nuestro cuestionario ha quedado sin respuesta desde entonces.
El 1 de septiembre César Vásquez (foto), titular de la Senescyt, pidió que le enviemos un cuestionario para concedernos una entrevista; una semana después se mandó una insistencia; Hasta el cierre de este reporte no hubo respuesta. Hace un año tampoco respondió a Mil Hojas.
Un supercomputador, que es parte del contrato con Gezhouba, costó US$6,25 millones y nunca entró en funcionamiento; una subestación de energía eléctrica de 25 megavatios, por la que CEIEC cobró más de US$2,5 millones, quedó a medias. Las dos empresas son chinas.
Entrevista
Rector de Yachay Tech solicita que el Gobierno de Daniel Noboa resuelva los problemas que arrastran desde hace 11 años
El rector de Yachay Tech, Andrés Rosales, reconoce que la absorción de la Senecyt por el Ministerio de Educación tomó por sorpresa a la institución, pero espera que este cambio sirva para resolver los problemas que arrastra desde el correísmo. Pese a estas trabas y a que la promesa de tener una réplica del Silicon Valey quedó en el papel, afirma que se afianza su crecimiento, se ubica entre las tres mejores universidades públicas del país y será un referente en la región.
El rector de Yachay Tech, Andrés Rosales. Foto: archivo Mil Hojas
El cambio institucional, con la absorción de la Senecyt por parte del Ministerio de Educación ¿beneficiará o agudizará la problemática de Yachay Tech?
Cuando nos enteramos de la fusión, me comuniqué con el secretario de Senecyt, César Vázquez. Nos dijo que habrá una transición de seis meses en la que se mantendrán los acuerdos. Sin embargo, cada cambio implica volver a explicar los proyectos y el estado de la universidad, lo que toma tiempo.
Al decir cuando nos enteramos, significa que les tomó por sorpresa la fusión, no fueron consultados previamente?
Efectivamente, no hubo conversaciones previas.
Usted publicó en julio un comunicado sobre esta medida ¿ha tenido alguna respuesta oficial?
Conversé con César Vázquez y reiteró que el proceso tomará tiempo, unos seis meses y aseguro que se respetará la gestión de la universidad.
¿Cuáles son las principales preocupaciones?
La universidad depende totalmente de la Senecyt, incluso los bienes en los que se asienta están bajo su responsabilidad. No sabemos qué pasará con la titularidad de las tierras y edificios, por ejemplo.
¿Qué pasó con la liquidación de Yachay EP y Siembra EP dispuesta por los expresidentes Lenín Moreno y Guillermo Laso?, son procesos poco transparentes, pues la Senecyt no ha dado a conocer los informes semestrales ni el cumplimiento de recomendaciones de la Contraloría. ¿Qué sabe al respecto?
No hay detalles claros. El GAD de Urcuquí y la Senecyt no llegan a un acuerdo definitivo sobre más de 4.200 hectáreas destinadas a la ex Ciudad del Conocimiento.
¿Qué avances hay sobre conflictos contractuales con empresas chinas por las obras inconclusas?
No conocemos avances. Las empresas chinas han mostrado apertura, pero sin acuerdos entre Senecyt y las deudas con el Municipio de Urcuquí, no se puede avanzar. Se estima que 3.500 hectáreas podrían destinarse a otros proyectos productivos y energéticos, pero falta definir la titularidad.
«Las empresas chinas han mostrado apertura para arreglar los problemas, pero sin acuerdos de Senecyt por las deudas con el Municipio de Urcuquí, no se puede avanzar. 3.500 hectáreas podrían destinarse a proyectos productivos y energéticos, pero falta definir la titularidad».
¿De cuánto es la deuda con el Municipio?
Alrededor de US$4 o US$5 millones por multas, intereses, permisos y tasas.
¿Qué pasa con el supercomputador y la subestación de CEIEC?
Siguen a nombre de Senecyt, pero no están en uso. Sería interesante que pasen a la universidad, pero requieren acuerdos y repotenciación.
A pesar de todo, Yachay se destacó en producción científica. ¿Cómo lo lograron?
La universidad se enfocó desde el inicio en ciencia y tecnología, con personal académico muy productivo y estudiantes de alto rendimiento. Eso nos posicionó como la universidad con mayor producción científica en 2019 y 2020. Hoy seguimos entre las tres mejores públicas del país, detrás de la ESPOL y la EPN y somos la mejor universidad joven en los rankings 2024.
¿Con qué presupuesto cuenta la universidad?
Un promedio de US$13 millones.
¿Se ha afectado la oferta académica por los problemas que persisten?
No. Al contrario, cada semestre hay más interesados: 4 mil aspirantes para 700 cupos. Tenemos 2 mil estudiantes, la mitad vive en las residencias.
¿Mantienen la meta de crecer en número de estudiantes?
No buscamos la masificación sino formar excelentes científicos. Más del 60% de nuestros graduados estudian maestrías y doctorados en el extranjero, con muy buenos resultados.
¿Se ha corregido los excesos salariales del pasado?
Sí. Hoy Yachay se rige por la normativa nacional. Los sueldos de los profesores son incluso más bajos que en otras universidades públicas. Ya no hay gerentes con sueldos altos; ahora trabajamos con directores que ganan alrededor de US$2.500 al mes.
¿Cómo impactó el cierre de Yachay EP y Siembra EP?
Mucho. Estas empresas manejaban bienes y servicios básicos. El traspaso de propiedades y equipos ha sido muy lento; la mayoría aún no está a nombre de la universidad.
¿Qué esperan de este nuevo cambio institucional?
Que sea beneficioso y acelere procesos.
¿Qué mensaje envía al Gobierno, al presidente Noboa, a la ministra Alegría Crespo…?
Nos encantaría recibir la visita del presidente Daniel Noboa y de la ministra Alegría Crespo, que vengan para que conozcan lo que se hace en Yachay. La universidad sigue creciendo y aportando al país. Invertir en equipamiento científico, mejorar condiciones para profesores y ofrecer programas de calidad como doctorados. Con el apoyo del Gobierno y la empresa privada, podremos aportar más al país. Con la calidad de nuestros profesores y estudiantes, Yachay Tech se convertirá en un referente científico y tecnológico de la región.
Lea el lunes 22:
La lupa de la Contraloría vuelve al fallido proyecto, cuyos responsables gozan de impunidad
La Ciudad del Conocimiento se convirtió en un monumento a la impunidad: edificios en ruinas, contratos no concluidos por empresas chinas e indagaciones previas interminables la consagran. El contralor Mauricio Torres se pronuncia: ya dispuso que se verifique el cumplimiento de recomendaciones emitidas en 5 informes entre 2022 y 2024. Lea el reporte completo en Mil Hojas.
En el primer año del TLC con China se acumuló un déficit comercial de US$ 1.832 millones, superior al registrado antes de la firma del acuerdo. El mayor impacto provino de la fuerte caída en las exportaciones de camarón, concentrados de plomo y cobre y banano. El futuro inmediato no pinta mejor.
El discurso de que un Tratado de Libre Comercio TLC de Ecuador con China sería un ganar-ganar en la relación comercial no da señales de cristalizarse. Los primeros resultados no son favorables a los intereses de Ecuador y las previsiones para los siguientes años tampoco son las mejores. En la primera evaluación oficial al TLC con el gigante asiático, realizada por el Ministerio de Producción y Comercio Exterior, se atribuye la caída de las exportaciones a China, sobre todo del camarón y el banano, a las restricciones sanitarias impuestas por China, así como al menor crecimiento de su economía, lo que ha golpeado su nivel de consumo. Para expertos nacionales e internacionales en el tema comercial, la desaceleración del gigante asiático no se revertirá en el corto plazo y mientras el TLC esté vigente hay el riesgo de profundizar la dependencia de la exportación de materias primas y serán pocos los sectores beneficiados.
El inicio de operaciones de la naviera china Cosco en los puertos de Manta y Guayaquil genera expectativa sobre su incidencia en las exportaciones de Ecuador a China.
El déficit comercial de Ecuador con China fue de US$ 1.832 millones, durante el primer año de vigencia del TLC entre ambas naciones. El saldo rojo para nuestro país significa que, entre el 1 de mayo de 2024 y el 1 de mayo de 2025, compró más productos al gigante asiático de lo que le vendió: las importaciones desde China totalizaron US$ 7.065 millones mientras las exportaciones sumaron US$ 5.233 millones.
El país enfrenta el reto de romper la racha histórica de la desigual relación comercial con China. En los últimos 20 años: US$ 39.000 millones de saldo negativo para Ecuador
Este comportamiento no es la foto solo de ese período. La desigual relación comercial ha sido histórica y la puesta en marcha del acuerdo con China ni siquiera ha empezado a frenar los resultados negativos para nuestro país, pues la balanza deficitaria de los primeros 12 meses del TLC fue superior al que se evidenció antes de la aplicación del tratado.
Los reportes del Banco Central del Ecuador demuestran que del primero de mayo de 2023 al primero de mayo de 2024, el saldo en contra de Ecuador sumó US$1.320 millones.
No hay certeza sobre cuándo el TLC empezará a incidir para revertir esta situación.
Estas cifras del Banco Central del Ecuador (BCE) comprueban la desigual relación comercial que ha existido al menos en los últimos 20 años entre Ecuador y China
Ecuador se comprometió con el FMI a buscar nuevos fondos, lo que podría incluir más créditos chinos. Con una deuda de US$ 2.000 millones con ese país, el gobierno baraja posibles concesiones como Coca Codo Sinclair o acelerar proyectos como Mirador II.
En medio de estas incertidumbres que plantea el TLC con China y en el contexto de la guerra arancelaria que enfrentan Estados Unidos y China, el presidente Daniel Noboa realizó una gira internacional que incluyó como primer destino el gigante asiático. Previo al viaje la canciller Gabriela Sommerfeld dijo que “el objetivo principal es fortalecer el acuerdo comercial, pero toda ayuda será bienvenida”. Este tono de las declaraciones evidencia la enorme necesidad que tiene el país de incrementar el flujo de dólares hacia su economía, ya sea vía deuda, inversión o exportaciones.
De su encuentro con el jefe de estado de China, Xi Jinping, y con otras autoridades de ese país, hubo varios anuncios, pero pocos detalles. El pasado 27 de junio, siguiendo similar libreto al que se sometieron los gobiernos que le precedieron, Noboa firmó un plan de cooperación para promover la iniciativa de la Nueva Ruta de la Seda (proyecto de desarrollo e integración global de China), al que Ecuador ya se adhirió en 2018.
En dicho plan, además de mejorar la relación comercial con China, los intereses de Ecuador se orientan a buscar fuentes de financiamiento, pues la canciller Sommerfeld ha asegurado que China es clave para que Ecuador mantenga su programa de asistencia con el Fondo Monetario Internacional.
“Estamos dispuestos a trabajar junto con la parte ecuatoriana para profundizar y consolidar la asociación estratégica integral entre China y Ecuador”, dijo Xi Jinping a la delegación liderada por Noboa en ese país. Según difundió la presidencia de la República, eso se traduce en el interés manifestado por el gigante asiático en proyectos energéticos y portuarios en Ecuador.
La primera gira internacional del segundo período presidencial de Daniel Noboa empezó con China, donde se reunió con el jefe de ese estado, Xi Jinping. Foto: Presidencia de la República
Respecto a la opción de que una empresa china se encargue de la operación y mantenimiento de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, la más grande del país, la vocera presidencial Carolina Jaramillo, en una evaluación preliminar (del 30 de junio pasado) del viaje de Noboa, no aclaró si hubo avances sobre este tema. Solo anunció que uno de los primeros resultados será el ingreso de US$ 400 millones provenientes de la estatal Power China para proyectos de energía renovable y almacenamiento hasta diciembre del 2026. “Adicionalmente, Power China nos brindará asistencia técnica para optimizar el plan maestro de electricidad”, dijo Jaramillo.
Ahora resta esperar cuánto de estos planes se concretan.
Lo que se promete y lo que preocupa
En un tiempo récord de 10 meses se realizaron 4 rondas de negociaciones y concluyó la fase técnica del acuerdo comercial entre Ecuador y China. Luego de revisiones legales a nivel gubernamental, el entonces presidente Guillermo Lasso, firmó el TLC el 10 de mayo de 2023.
Los siguientes filtros: la Corte Constitucional (octubre de 2023), la Asamblea Nacional y el actual presidente Daniel Noboa (febrero de 2024) aprobaron y ratificaron el documento que empezó a regir el 1 de mayo de 2024.
Los ejes del nuevo escenario comercial son:
Acceso preferencial al 99,6% del mercado chino para las exportaciones ecuatorianas, con desgravación total en un plazo de hasta 10 años.
Desgravación extendida (hasta 20 años) para productos agrícolas e industriales sensibles.
Eliminación de barreras no arancelarias y grandes facilidades para la inversión extranjera.
Impulso a las PYMEs mediante plataformas digitales y herramientas de conexión comercial.
Fomento del comercio electrónico con marcos regulatorios modernos y autorregulación privada.
Resolución de disputas mediante tribunales arbitrales binacionales.
Según el Ministerio de Comercio chino, el acuerdo con Ecuador es el vigésimo TLC firmado por China y el primero suscrito entre Ecuador y un país asiático. Destaca que China se ha mantenido como el segundo sociocomercial más importante de Ecuador por cuarto año consecutivo.
De acuerdo con fuentes cercanas a las negociaciones del TLC, desde 2023 las autoridades ecuatorianas tenían la expectativa de que el TLC también abra las puertas a “productos no tradicionales” como pitahaya, piña, mango, arándanos, quinua, alimentos procesados, frutas frescas y en conserva, entre otros.
Pero las mismas cifras oficiales revelan cómo ha sido la relación comercial de Ecuador con China, un fuerte consumidor de alimentos y materias primas.
En su evaluación del primer año del TLC con China, el Ministerio de Producción de Ecuador señala que los productos tradicionales no mineros que más nos ha comprado China entre 2020 y 2024 han sido: camarón, balsa, banano, harina de pescado, artículos de madera, desperdicios de metales, otras manufacturas de metales, pescado y cacao. Lo que China nos ha vendido en ese período ha sido: teléfonos y celulares, otras manufacturas de metales, electrodomésticos, automóviles livianos, máquinas industriales y sus partes, computadoras, vehículos pesados, motocicletas, velocípedos y sus partes.
El resultado de la balanza comercial, siempre negativo en todos estos años, totalizó US$ 3.866 millones.
¿Qué ha cambiado posfirma del TLC? Para los productos estrella de exportación a China: camarón, concentrados de plomo y cobre y banano no se revirtieron las cifras negativas.
En el informe del Ministerio de la Producción también se compara el comportamiento de los principales productos tradicionales no petroleros y no mineros intercambiados con China durante 2023 y 2024, antes y después de la vigencia del TLC y los montos evidencian bajas considerables en exportaciones.
Aunque el ministerio destaca los incrementos registrados por productos como el cacao con el 66%, elaborados de cacao con 88% y particularmente el pescado con 95%, hay que resaltar que la participación de estos tres productos en el total de este tipo de exportaciones es de apenas el 0,43%. También productos con acceso preferencial a China como balsa, calamares y pitahayas tienen subidas importantes en sus ingresos que van desde el 54% hasta el 1.300%, pero su participación en el total de exportaciones es de solo el 2,14%.
En cambio, las exportaciones de camarón que ya habían experimentado una baja del 1,5% entre 2022 y 2023, se redujeron aún más al cierre de 2024. Reportaron US$ 633 millones menos de ingresos que significaron una contracción del 16,4% respecto al año anterior.
El camarón representa el 64% de las exportaciones tradicionales a China.
El segundo golpe que contribuyó a aumentar nuestro saldo rojo en el comercio con China provino de las exportaciones de plomo y cobre, pues disminuyeron en US$ 73 millones, 6,2% menos que el año previo. Este producto representa el 21,75% de las exportaciones a ese país.
El banano también bajó sus ventas a China en 26%, es decir reportó US$ 39,34 millones menos de ingresos. Este producto representa el 2,26% de las ventas externas a China.
Pese a la escalada de ventas de cacao, pescado, balsa, calamares y pitahayas, sus cifras no superaron el 3% de todas las exportaciones no petroleras
El Ministerio de la Producción asegura que la caída de las exportaciones a China “responde a factores no comerciales… se deben a un tema sanitario ligado a regulaciones chinas sobre los límites de metabisulfito de sodio”. La Administración de Aduanas China reportó que en repetidas ocasiones las exportaciones ecuatorianas de camarón superaron el límite aceptable y fueron suspendidas hasta que cuenten con un certificado de laboratorio que desvirtúe tal falencia.
La cartera de Estado asegura que las exportaciones se retomaron, aunque se mantiene el requisito del análisis de laboratorio. En las conclusiones de su evaluación del TLC, el Ministerio admite que la reducción de exportaciones de camarón y banano se debió también a factores de demanda y de comportamiento del PIB: “Tanto Ecuador como China han experimentado desaceleración económica. En Ecuador, la caída de las exportaciones y la inversión afectaron el PIB, mientras que, en China, la crisis inmobiliaria y el desempleo han reducido el consumo”.
Este análisis del Ministerio de Producción se dio a inicios de 2025. El Banco Central del Ecuador, en su boletín de comercio exterior del primer trimestre de este año, destaca la cifra récord de las ventas de camarón de US$ 1.887,6 millones, ocasionada por mayores envíos a EE. UU. (28,8%), Francia (44,9%) y Vietnam (135,1%) y también por un aumento en la demanda de España (40,9%) y China (12,2%). De acuerdo con el BCE, el mayor consumo de China se debe al “positivo resultado de crecimiento de su PIB en 2025 (5,4% interanual)”; y también a que ya no está vigente la suspensión a varias empresas nacionales por problemas fitosanitarios.
Sin embargo, esta es la imagen de la situación comercial hasta marzo de 2025.
En abril, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump impuso un arancel del 145% a las importaciones chinas, mientras que Beijing respondió con un gravamen del 125% sobre algunos productos estadounidenses. Aunque un mes después de iniciada esta guerra comercial ambos países acordaron reducir sus tarifas arancelarias a la importación por 90 días, no ha terminado la incertidumbre internacional sobre los efectos de las medidas de ambas potencias, especialmente en el crecimiento económico de China.
El FMI proyecta que el PIB del gigante asiático crecerá en el 4,6% para 2025, el portal especializado en comercio exterior Santander Trade prevé que la economía china se ralentice hasta el 4,5% y Goldman Sachs estima que el crecimiento será del 4% debido a los aranceles estadounidenses.
La consultora Focus Economics prevé que por el freno de su desarrollo y las restricciones arancelarias de EE. UU el PIB de China apenas superará el 3% en una década.
Los riesgos de negociar con prisa y sin visión de futuro
A las desproporciones que existen en la relación comercial entre Ecuador y China se unen las falencias en el contenido de un TLC firmado con premura.
Además de que China definió la agenda de negociación desde el Gobierno de Lenín Moreno, cuando el expresidente Guillermo Lasso tomó las riendas exigió a sus negociadores ajustarse a su política: “Más Ecuador en el mundo, y más mundo en el Ecuador”.
El éxito de esta política se medía por el número de TLC que el país logre suscribir, indica Santiago Carranco, investigador académico de estos acuerdos, quien asegura que China aprovechó las circunstancias políticas de Ecuador, lo que derivó en un TLC de primera generación, que significa solo un intercambio de productos.
Los servicios y capítulos importantes como propiedad intelectual (patentes), medio ambiente (respeto a la biodiversidad), trabajo justo y salarios mínimos quedaron fuera del tratado.
Esta omisión podría frenar la producción nacional.
Según el experto, a diferencia del acuerdo con la Unión Europea, que sí contempla estos temas, el tratado con China podría incentivar a las empresas a exportar a mercados con menos exigencias, sacrificando calidad y responsabilidad social.
Carranco advierte que, si bien el tratado puede dinamizar la economía en el corto plazo, podría generar un efecto perverso: industrias nacionales optando por mercados menos regulados como China, en lugar de cumplir con estándares internacionales más rigurosos. Esto ya ha tenido consecuencias, como sanciones de la UE a exportadores ecuatorianos por incumplimientos ambientales.
“La economía se activa, sí, pero ¿a qué costo?”, cuestiona el experto, subrayando que los TLC deben pensarse no solo en términos de ingresos inmediatos, sino en su impacto estructural en las próximas décadas.
Un TLC sin normas de propiedad intelectual y derechos humanos podría alejar a la industria nacional de mercados más exigentes como Europa.
Parsifal D’ Sola Alvarado, director ejecutivo de la Fundación Andrés Bello – Centro de Investigación Chino Latinoamericano, cuestiona la rapidez y falta de transparencia con que Ecuador firmó el TLC. Al comparar con otros tratados que China tiene en la región, como con Chile, Perú y Costa Rica, que se tardaron años, “queda claro que en el caso ecuatoriano no hubo mayor consulta pública, ni asesoría, y eso solo levanta dudas sobre el proceso… potencial corrupción y otros problemas que deben haber acelerado esa firma”, señala D’ Sola.
El experto además observa que el TLC de Ecuador no es parte del debate regional, pues en la última reunión del Foro CELAC- China, en mayo pasado, este tema no suscitó mayor interés.
Por la ausencia de regulaciones sobre propiedad intelectual y derechos humanos en este tratado D’ Sola vaticina que se puede abrir la puerta a una ola de importaciones de productos chinos de toda índole que debilite la industrial nacional.
“Ecuador está facilitando mucho al empresariado chino, que es grande y diverso, sobre todo hoy que se le están cerrando los mercados de Estados Unidos y Europa y está buscando nuevos mercados”.
Agrega que la coyuntura comercial internacional es una ventana para obtener concesiones tanto de China como de Estados Unidos, pero con un TLC mal negociado no se puede aprovechar esta oportunidad.
A criterio de este analista el gobierno podría mejorar las condiciones del TLC porque Ecuador tiene más margen de maniobra que otros países de la región que son más dependientes de China como Chile y Perú.
China advierte a sus empresas que no tienen blindaje para sus inversiones
Mientras el acuerdo comercial avanza, al gobierno chino le preocupa la ausencia de un marco legal sólido para proteger las inversiones de sus empresas.
En el documento titulado ‘Guía Regional para la Inversión y la Cooperación en el Extranjero’ publicada por el Ministerio de Comercio de país asiático (diciembre de 2024), se alerta al empresariado chino sobre la falta de un Tratado Bilateral de Inversión con Ecuador, anulado en 2017 y sin perspectivas de reactivación en el corto plazo. Recomienda a los inversores chinos tomar medidas legales para evitar riesgos, negociar cláusulas claras de arbitraje en casos de disputas y buscar acuerdos por proyecto para proteger sus intereses.
El Ministerio de Comercio chino expone un perfil poco alentador del gobierno ecuatoriano al señalar que “ha experimentado cambios frecuentes en su liderazgo y carece de consistencia en políticas y regulaciones”. Critica la rotación constante de funcionarios y la inestabilidad institucional como factores que han restado coherencia y sostenibilidad en las políticas y regulaciones. Además, se reconoce que varios proyectos chinos en Ecuador enfrentan sanciones por problemas de calidad y una opinión pública negativa.
Entrevista
El TLC con China desindustrializó a Chile
A 20 años del Tratado de Libre Comercio entre Chile y China hay pocos avances en la exportación de productos con valor agregado y duros golpes a la industria textil, de calzado y siderúrgica. Estas son algunas advertencias que Maia Seeger, directora ejecutiva de la ONG Sustentarse, expone sobre los efectos de estos acuerdos comerciales. Esta periodista y catedrática chilena plantea también serias dudas sobre el rumbo que podría tomar Ecuador.
– ¿Cuál es la evaluación del TLC Chile-China, el primero que firmó el gigante asiático en América Latina?
-Chile empezó a negociar en 2002 con China. Hay distintas etapas: la primera es el TLC aprobado en 2005, que entra en vigor en 2006 y permite un crecimiento exponencial del comercio entre ambos países. Hoy las exportaciones a China son de casi el 40% del total, ósea la dependencia es enorme. Las importaciones representan el 25%. En 20 años, China se transformó en nuestro principal socio comercial, con un superávit a favor de Chile, que no es lo común en América Latina. Pero junto con la vigencia del TLC, se van negociando otros tratados. Después entra en vigor un anexo sobre comercio y servicios, que no ha tenido mucho impacto, porque a diferencia de China que nos vende bastantes servicios en ingeniería y construcción, Chile le vende muy pocos servicios.
– ¿Qué otro tratado ha firmado Chile con China?
-En 2016 entra en vigor el capítulo de inversiones y se comienza a negociar la profundización del TLC. Luego Chile es el primer país que firma esta profundización, con la particularidad de que por primera vez en un TLC de China se incluye un capítulo ambiental. Pero de lo que hemos analizado el tema ambiental tiene un efecto más declarativo que una aplicación práctica. De hecho, había el compromiso oficial de hacer seguimiento a su implementación, lo cual no se ha cumplido.
A partir de 2018 empiezan importantes operaciones de inversión extranjera directa en Chile, como la compra del 24% de la más grande empresa chilena de litio SQM por parte de la china Tianqi Lithium, que superó los US$ 4.000 millones de dólares. Después, inversiones en varias empresas eléctricas que están en los negocios de generación, transmisión y distribución. Hoy China controla el 56% de la distribución eléctrica en Chile.
China entró muy fuerte en las alianzas público-privadas a través de las concesiones que incluyen construcción, mejoramiento, mantenimiento y explotación de las obras. Significa que si construyen un camino no sólo hacen su mantenimiento por el periodo de la concesión, sino que pueden cobrar los peajes. También construyen hospitales, proveen sus equipos, hacen el mantenimiento y dan ciertos servicios como alimentación, aprovisionamiento y mantenimiento de equipo.
-Qué caracterizó las negociaciones del TLC con China?
-En Chile estas negociaciones se llevan en secreto. No hay participación ciudadana. El argumento es que Chile tiene buenos negociadores y mucha experiencia en negociar TLC, visión que no compartimos todos los chilenos. Los TLC incorporan mecanismos de investigación y mediación en conflictos donde hay cesión de soberanía. El Estado se compromete a resarcir impactos en ciertos negocios si cambia sus políticas públicas y regulaciones.
Lo que ha pasado en nuestro caso es una reprimarización de la economía sin creación de valor agregado porque seguimos exportando productos derivados de la minería.
Al abrir las puertas a productos baratos y que pueden ser subsidiados también se ha afectado a nuestra industria. Al acero de China le impusieron salvaguardas transitorias, pero al levantarlas la principal planta siderúrgica chilena ‘Huachipato’, cerró sus operaciones en 2024.
Toda la industria textil y de calzado que teníamos en Chile desapareció y muchas otras más. El país se ha desindustrializado.
– ¿Hubo un impacto favorable en el empleo por las grandes inversiones chinas?
-No hay muchos estudios sobre eso, pero vemos una tendencia: las inversiones de gran escala son cada vez menos intensivas en generar empleo, sobre todo empleo permanente, pues muchas veces hay una explosión de contratación de mano de obra en proyectos en fase de construcción, pero cuando las operaciones comienzan su marcha normal, funcionan con muy pocas personas por la tendencia a la automatización de los procesos.
– ¿En los países que estamos empezando los TLC con China peligra nuestra industria?
-Creo que eso va a acelerar los procesos de reprimarización. Ustedes no van a exportar a China valor agregado, sino petróleo, minerales, alimentos, etc, pero ¿todas las externalidades ambientales y sociales que eso implica? O sea, ellos (China) tienen acceso a materias primas, a alimentos de alta calidad sin tener ningún costo ambiental y social asociado, porque la contaminación y los conflictos socioambientales quedan en nuestros países. Para el productor agroindustrial que exporta grandes cantidades es un buen negocio, porque el costo lo pagan terceros. Por ejemplo, los cultivos de soya en Argentina y Brasil son mega producciones bien depredadoras. O la industria forestal en Chile, o los camarones en Ecuador. Entonces es bien bueno el negocio para ellos (China).
Aunque fue la constructora china Sinohydro la responsable de levantar la principal obra energética del correísmo —con más de 20.000 fisuras estructurales y un impacto ambiental devastador—, a casi una década de su entrega y en un giro inesperado, las actuales autoridades ecuatorianas barajan como la única salida negociar su concesión o venta al mismo país que estuvo detrás de su cuestionada ejecución.
La trama alrededor de la obra de generación hídrica más costosa del país, Coca Codo Sinclair, vuelve a adquirir relevancia tras la visita, desde el domingo pasado, del presidente Daniel Noboa a Beijín y el próximo encuentro con su par Xi-Jinping , programado para este viernes 27 de junio de 2025.
Según la ministra de Relaciones Exteriores Gabriela Sommerfeld, uno de los temas centrales de la agenda de los mandatarios será definir el destino de Coca Codo, construida en 2016 por Sinohydro y promovida como la obra estrella del régimen de Rafael Correa, con el que prometió conjurar al fantasma de los apagones, que aún persigue al país.
Aunque el gobierno no ha mencionado a qué empresa china se podría transferir la operación y el mantenimiento de la central hidroeléctrica, el exministro de Energía Carlos Pérez García ya advirtió en noviembre de 2024 en entrevista con Mil Hojas que China Power (casa matriz de Sinohydro) habría presentado al gobierno de Daniel Noboa una oferta para comprar Coca Codo Sinclair.
Es decir, esta gran corporación propuso “salvar” la obra, construida por una de sus subsidiarias y cuestionada por su elevado costo de más de US$3.300 millones y sus fallas de construcción que motivaron un arbitraje internacional en el que Ecuador reclama el pago de US$ 580 millones por los daños causados al país.
China, 23 de junio de 2025.- El presidente Daniel Noboa arribó a la República Popular China para cumplir con una importante agenda oficial. Mantendrá reuniones de alto nivel y participará en el Foro de Davos de Verano 2025, que reúne a líderes mundiales para abordar desafíos de la economía global. Foto: Isaac Castillo/Presidencia del Ecuador.
El exministro de Energía Carlos Pérez, en diálogo exclusivo con Mil Hojas, hace siete meses reveló que China Power, matriz de Sinohydro, quiere lavar su imagen y “rescatar” la hidroeléctrica que su filial dejó plagada de anomalías.
A criterio de Pérez, debido a que la opción de venta tendría un alto costo político, la opción más viable sería concesionar su administración. El argumento principal: trasladar la responsabilidad a una concesionaria y proteger al Estado de posibles consecuencias técnicas o legales.
Para el exministro, aunque esta negociación puede sonar descabellada, podría ser la única alternativa realista para evitar una catástrofe económica y ambiental. El Estado podría recuperar lo invertido, siempre que se negocie una tarifa de generación atractiva.
Además de sus limitaciones operativas, Coca Codo Sinclair ha estado envuelta en una telaraña de irregularidades. La Fiscalía abrió una investigación que destapó una presunta red de corrupción que operaba entre 2009 y 2018. Se habrían pagado alrededor de US$76 millones en coimas entregadas por Sinohydro, utilizando a terceras personas, a cambio de falsos servicios de consultorías y representaciones, y canceladas a través de dádivas, cheques y transferencias.
Entre los 37 procesados figuran el expresidente de la República Lenín Moreno y varios de sus familiares por el presunto delito de cohecho durante la contratación de Sinohydro para la construcción de la hidroeléctrica.
También son investigados 5 ejecutivos de Sinohydro y Cai Rungo, exembajador de China en Ecuador, señalado por la Fiscalía como actor clave para la concesión del crédito que el Eximbank otorgó para este proyecto.
La Fiscalía abrió una investigación según la cual, entre 2009 y 2018, Sinohydro habría pagado US$76 millones en coimas para asegurar la adjudicación del contrato. Entre los 37 procesados figuran el expresidente Lenín Moreno y Cai Rungo, exembajador de China en Ecuador.
Pablo Sempértegui, presidente de la Fundación Lucha Anticorrupción, en un encuentro en Quito organizado por el Instituto Republicano Internacional (IRI) aseguró que, desde su planificación, Coca Codo Sinclair estuvo marcada por errores técnicos y omisiones ambientales que provocaron una crisis ecológica sin precedentes, como la desaparición de la cascada San Rafael, la más alta del país
Con ello se inició una cadena de desastres como la deforestación de 500 hectáreas en la zona de influencia del río Coca, lo que ha desplazado a las comunidades cercanas que se quedaron sin acceso a agua potable y fuentes de sustento como la pesca.
Pero, la mayor amenaza es la erosión regresiva del río Coca, que avanza sin control y pone en peligro a la infraestructura de la central y a los oleoductos que transportan el petróleo, cuya reubicación demandaría un costo de US$ 200 millones.
Si no se toman medidas urgentes, Sempértegui advierte que Coca Codo Sinclair podría colapsar mucho antes de cumplir su vida útil de 50 años. “Las soluciones implementadas hasta ahora han sido parches costosos que no han logrado detener el avance del desastre”, enfatizó.
Este es el complejo panorama alrededor de la “emblemática” obra. La gran pregunta ahora es: ¿podrá Daniel Noboa marcar la diferencia con el correato y negociar en condiciones transparentes y beneficiosas para Ecuador o estamos en la antesala de un nuevo capítulo de sumisión y endeudamiento con el dragón asiático?
En un contexto geopolítico internacional, desafiante y cada vez más tenso, marcado por la incertidumbre y la confrontación Estados Unidos-China, Ecuador está dejando pasar grandes oportunidades de inversión en energías limpias y en el comercio. Así lo advierte Augusto Hung-Ta Liao, Representante de la Oficina Comercial de Taiwán en Ecuador.
En entrevista con MIL HOJAS, el diplomático insta al presidente Daniel Noboa a vencer el miedo ante el poder de China y a considerar propuestas estratégicas para impulsar la economía ecuatoriana. Subraya que empresarios taiwaneses están dispuestos a inyectar al menos US$120 millones para construir una planta de energía solar y otra de vehículos eléctricos en el país.
Trabas burocráticas -como la exigencia de visa a taiwaneses y la ausencia de una oficina comercial en Taipéi- frenan el intercambio que, pese a los obstáculos, sigue creciendo. En 2024, la exportación desde Ecuador hacia Taiwán alcanzó los US$161 millones (superior a la exportación hacia Brasil, por ejemplo), ubicando a la isla como el socio comercial número 27 del país andino. ¿En su segundo mandato, Daniel Noboa dará el paso hacia una relación más fuerte con Taiwán? Aquí la perspectiva de Augusto Liao.
Hay lazos que unen a Taiwán y Ecuador desde hace años ¿cuáles son sus expectativas con el gobierno de Daniel Noboa que acaba de posesionarse?
Taiwán y Ecuador siempre han tenido una muy buena amistad. En este momento aún no tenemos relación diplomática, pero teníamos muy buena relación de cooperación con el gobierno de Ecuador. Desde 1983 hasta 2021 tuvimos cooperación técnica, apoyamos el desarrollo de proyectos de camarón, de banano, de trucha, de chancho, de arroz, bambú, hasta el último proyecto de ostras en Santa Elena. Son más de 20 proyectos de desarrollo. Ustedes son hoy número uno en exportación de camarón y banano. Tienen que agradecer a Taiwán porque tenemos muy buena tecnología sobre agricultura para ayudarles. Tuvimos relación de cooperación muy buena hasta 2021. Antes de este año, el gobierno de izquierda forzó para terminar esos proyectos… Taiwán siempre puede y queremos mantener esa buena relación con Ecuador y estamos trabajando en dos sentidos: primero seguir mejorando el comercio entre los dos países; el año pasado la exportación desde Ecuador hacia Taiwán ha crecido a US$161 millones. Somos el socio 27 en comercio con ustedes. Esa cifra es más grande de lo que ustedes venden a Corea del Sur o Brasil.
Augusto Liao lamenta que el expresidente Rafael Correa inclinara la política exterior hacia China al no renovar el Convenio de Cooperación Técnica con Taiwán, poniendo fin a más de 20 proyectos.
US$161 millones es una cifra importante
Sí, pero el gobierno de Ecuador no hizo mucho esfuerzo en este mercado de Taiwán y tenemos tanto logro. Tu presidente está viajando a Medio Oriente y realmente Taiwán compra muchas cosas más que ellos. Aunque ha terminado en 2021 ese tipo de cooperación técnica, yo siento que es muy importante para ustedes… Hace 30 o 40 años nosotros les apoyamos en cómo cultivar para desarrollar la industria del camarón, del banano. Ahorita podemos ayudar con tecnología AIoT o ‘Internet de las cosas para la agricultura’, para tener una mejor calidad y más producción por el mismo costo o a menor costo.
¿Han tenido algún acercamiento con el presidente Noboa, con alguno de sus ministros?
Siempre estamos llamando, pero todavía no logramos con este gobierno una comunicación muy directa. Hemos presentado nuestra idea, nuestra voluntad…Pero, si su gobierno sigue como el gobierno pasado, al que China dice que tú tienes que ser conejo (sumiso), tú no puedes comunicarte con Taiwán, pues estás perdiendo uno de los mercados más grandes del mundo. Taiwán es el número 22 en la economía (mundial), el número 16 en exportación, el número 21 en importación. Es el número 7 entre los socios de comercio de Estados Unidos, es el número 4 de comercio de Japón. Hablemos más cerca, Taiwán es el número 6 de socios de México… Si (Ecuador) quisiera trabajar, tener negocios con Taiwán, tiene que hacer más esfuerzo. El año pasado la exportación hacia Taiwán ha aumentado 60% en comparación con el año 2023 y, como te dije, el gobierno de Ecuador no hace mucho esfuerzo porque no tiene una oficina en Taiwán para promover los productos.
¿Puede ser por la influencia que China ejerce sobre países a los que ha prestado mucho dinero y en los que tiene mucha inversión? ¿Es como un chantaje: los países que quieren mantener una relación con China, no pueden ser amigos y peor tener negocios o inversiones con Taiwán?
Esta idea es lo que justo tu gobierno pasado está recibiendo y está ejecutando.
Pese a no tener relación diplomática, la oficina de representación de Taiwán en Quito sigue apuntalando el comercio que, en 2024 creció 60% y superó los US$160 millones.
¿Se refiere a cuál gobierno?
…Tu idea de chantaje siempre está. Desde Lenín Moreno y Correa están parando proyectos con nosotros. El último proyecto trabajamos con la provincia de Santa Elena, ya no con el Ministerio de Agricultura.
¿Hasta cuándo trabajaron con el Ministerio de Agricultura?
Hasta 2015
¿Es decir que, desde el segundo mandato de Rafael Correa empezó a frenar toda la relación con Taiwán?
Todavía estamos aquí, pero se inclinó más hacia China, eso es claro y ya no quiso iniciar nuevos proyectos desde el 2014 con Taiwán… No quiso renovar el convenio de cooperación técnica, pero seguimos trabajando hasta 2021.
Después de 2021 ¿qué pasó?
Hemos retirado la misión técnica, pero como oficina comercial seguimos promoviendo el comercio. Estamos trabajando mucho, solo que no tenemos mucho contacto directo con el Gobierno.
¿La misión técnica puede volver?
Sí. Si el gobierno está abierto para hablar con nosotros y pedir nuestro apoyo… Seguro que otros países tienen este tipo de chantajes, pero si tú quieres recibes o no…En Taiwán no tiene (oficina comercial) ProEcuador. Es el único país que, entre sus primeros 30 o 40 socios de comercio, no tiene ninguna oficina.
¿Hay oportunidades para ingresar con otro tipo de productos, que se está desaprovechando?
Sí, porque si quisiera exportar más cosas a Taiwán, hay muchos procesos. Por ejemplo, si es producto de agricultura tiene un proceso fitosanitario y si no tiene ninguna persona allá, ¿cómo va a hacer? Es complicado.
El presidente Noboa inicia un nuevo mandato que le da un plazo mediano para apoyar al sector productivo que, con esfuerzos está llegando a Taiwán ¿Lo ideal sería que tenga una embajada en Taiwán?
Como no tenemos relación diplomática, no van a tener una embajada. Eso es normal…Tampoco queremos pedir que rompan relación con China, porque esa es una decisión política de ustedes. Lo que queremos es una estrategia de ganar y ganar. El primer paso es mejorar la situación de inversión o comercio para los taiwaneses.
¿Cómo hacerlo?
Primero tiene que eliminar las visas a los taiwaneses. Ustedes piden las visas a muy pocos países de África, de Medio Asia y a China porque tienen una gran migración ilegal desde Asia hasta Ecuador para ir a Estados Unidos. En ese momento no sé por qué la política de una sola China que tu gobierno afecta a la política de migración a los taiwaneses, pues Taiwán no es el mismo Estado. Para ir a Estados Unidos no necesitamos visa, está súper abierto para los taiwaneses.
¿Nosotros (los ecuatorianos) necesitamos visa para ir a Taiwán?
Sí, pero es una visa muy fácil. Nosotros podemos entregarte en unas dos horas, pero un taiwanés, si quiere aplicar una visa a Ecuador tarda como dos meses. Tiene que enviar todos sus documentos hacia aquí porque usted no tiene oficina en Taiwán. El proceso total de aplicación de visa cuesta US$ 600.
Liao advierte que Ecuador no tiene representación comercial en Taiwán. Insta al gobierno de Noboa a aprovechar las oportunidades de comercio e inversión que ofrece su país.
Si el gobierno de Daniel Noboa hace un acercamiento con Taiwán ¿tienen una cartera de inversiones o de proyectos que ofrezcan a Ecuador? ¿Cuáles son? ¿Por qué montos?
Estamos quitando el bloqueo o dificultad para la inversión, como la visa, pero usted solo siente el chantaje de China y tiene mucho miedo, pero México, Argentina, Brasil, Chile, Perú tienen oficina en Taiwán. Y ellos no temen el chantaje.
Claro, China acaba de poner el Puerto de Chancay en Perú
Ellos son muy cercanos, pero son más inteligentes, más prácticos para conocer Taiwán. Ese mercado no pueden perder, tienen que aprovechar, tienen que invertir. Solo Estados Unidos tiene 23 oficinas en Taiwán, somos socios muy fuertes.
¿Qué inversión puede traer Taiwán?
Ustedes tienen problemas de energía. Estamos invitando a la inversión en una planta de energía solar. Están evaluando el precio de la energía, que un grado (kilovatio) para su gobierno ahorita es 0,8 centavos. Si quisiera instalar una planta, con el riesgo de su país, el préstamo internacional sería con un interés muy alto. Para tener un balance de costo-beneficio e interés, el precio tiene que llegar hasta 10 centavos de dólar. Este es un problema general para todos inversionistas internacionales, el precio está negociando internamente el Ministerio de Energía. Estamos esperando para ver.
El año pasado hemos anunciado la inversión para una planta de bus eléctrico. Hay varias empresas de Taiwán que están interesadas, están evaluando. Pero, en estos días, dos compradores de camarón más importantes me dijeron que, en su viaje a Latinoamérica no van a entrar aquí porque no tienen suficiente tiempo para lograr una visa, porque tarda dos meses. Quizá US$600 para ellos no es nada, pero dos meses de proceso no es posible. No van a venir. Esto es un bloqueo de la inversión, del comercio, del turismo provenientes de Taiwán. Nosotros vamos a México, a Chile, a Perú y compramos a ellos. Chile vende 10 veces más cosas que Ecuador a Taiwán, Perú vende tres veces más…
¿Están esperando todavía una respuesta del Gobierno de Daniel Noboa?
Las empresas están estudiando. Eso depende de la política del Ministerio de Energía sobre el nuevo precio de la energía que afecta a los inversionistas para invertir o no.
¿Cuánto dinero podría recibir Ecuador en inversiones para las plantas de energía solar y de buses eléctricos?
Para una planta de energía solar, la inversión es de un poco más de US$100 millones para una planta de 100 megavatios. Esa es una primera etapa que se está evaluando.
¿Y para la planta de buses eléctricos cuál sería la inversión?
El año pasado hablaron de una inversión de US$20 millones en una primera etapa. Se va acumulando.
¿Si Ecuador abre las puertas a nueva inversión de Taiwán, estamos hablando de una primera etapa de US$120 millones?
El mercado de Ecuador está abierto, solo que los taiwaneses están evaluando, porque tienen mucha dificultad. Por ejemplo, la gente no puede venir por el problema de la visa, es muy complicado. Realmente, es incómodo para Taiwán, pero siempre está llegando.
¿Por temor a China el Gobierno de Ecuador está perdiendo la oportunidad de recibir inversiones de Taiwán y más bien bloquea el turismo, el comercio y la inversión?
Sí, por supuesto, porque Taiwán, por el problema de ellos (China) ya no puede entrar a Ecuador sin visa. Ese es un ambiente no amigable ¿quién va a visitar o a invertir en un ambiente no amigable?
¿Ecuador es el país más complicado de América Latina por esta tramitología?
Correcto, porque tú no tienes oficina allá. Y realmente lo que vende Perú a Taiwán es muy parecido a ustedes… y la calidad de ustedes es mucho más alta que ellos. Pero ellos venden más.
¿Ellos saben negociar mejor?
Ellos tienen una oficina allá para promover su producto. Eso es lo que tienen que hacer. Si quieren atraer inversiones, tienen que ser más cómodo para nuestro inversionista que es el que tiene dinero… En nuestra alianza en Paraguay con Santiago Peña (actual presidente), que es becario de Taiwán y muy amigo de Noboa, Taiwán está ayudándolo para convertir una zona franca en un parque de tecnología y hemos invitado a empresas taiwanesas. Hemos instalado una empresa de bus eléctrico y tenemos la Universidad Politécnica de Taiwán, donde ayudamos a entrenar a los estudiantes, son técnicos que estudian dos años allá y dos años en Taiwán y tienen doble diploma. Como Taiwán es famoso por los semiconductores y Paraguay tiene calidad de agua y precio muy bajo de electricidad, tienen un buen ambiente para desarrollar esta industria. Ustedes son camarón, ellos son carne de res, 40% va a Taiwán. Compramos más del doble de cosas que a Ecuador que es una economía más grande que Paraguay. Ustedes no tienen buena calidad de agua, tampoco tienen una energía eléctrica estable… En este momento podemos ayudar. Siempre podemos ofrecer becas o entrenamiento de sus técnicos para el diseño de chips, pues Taiwán es número uno en producción y número dos de diseño de chip.
¿Podrían ayudarnos a arreglar Coca Codo Sinclair?
No tenemos relación diplomática para ayudar, para convertir o establecer una estructura de economía más fuerte, más sólida… Si tu país quiere ser más avanzado, tiene que ser más industrializado. No puede ser sólo para la venta de materia prima. Con eso no va a ganar mucho dinero.
Eso es lo que China hace: llevar los productos primarios, por eso no se desarrolla la industria local.
Así es. En Centroamérica estamos diciendo que produce mucha azúcar, China compra muy barato, produce una bolsita y te vende 10 veces más que ese precio, igual que el camarón de ustedes, se está desarrollando, pero muy lento, no solamente debe vender camarón congelado y el precio más barato del mundo es hacia China. Tiene que hacer un valor agregado; por ejemplo, (sobre) el camarón de sushi tienen que conocer cómo procesar aquí.
Y dar más empleo y ganar más por el valor agregado de cada producto.
Correcto, porque en su economía muchos son informales en el sector de la agricultura. Si tiene industrializado puede tener más contratos, más empleo. Ese es el modelo de China desde el año 2000. Ustedes tienen que conocer en qué tipo de industria el gobierno tiene que invertir. En Taiwán, en el año 70 empezamos a desarrollar la industria del chip y ahorita, después de 40 años, ya somos el número uno del mundo. Ustedes tienen que tener una visión de invertir y dar protección como Brasil, que tiene mucha industria de su agricultura. Eso es lo que tienen que hacer.
Mientras la política arancelaria de Donald Trump debilita a Estados Unidos, China gana más terreno, según Liao, quien asegura que Taiwán no será “la nueva Ucrania”
¿Cómo mira Taiwán las últimas decisiones de política arancelaria de Estados Unidos con el presidente Donald Trump y la política de China con Rusia?
Con incertidumbre. Hace poco (Trump), en el anuncio de los cien días de su mandato, dijo que la idea central de su gobierno es mejorar su economía y con eso mejorar la situación comercial para volver a hacer de Estados Unidos la nación más importante del mundo. Por ello se lanzó con esta guerra de aranceles para todo el mundo, especialmente con China y Asia en general.
China salió para visitar a sus amigos del sureste de Asia, Japón también habló con ellos para mejorar (relaciones). En ese mundo, la mayoría de los países sino es socio de Estados Unidos, es socio de China. Por eso, en el caso de Japón, ya está pensando cómo mejorar su situación comercial.
¿Una cooperación trilateral Corea del Sur, Japón y China?
Ellos no tienen este tipo de marco de cooperación. Por política nueva de Trump, todo el mundo está hablando no solamente con China o Japón, también con India, Taiwán. Todos hablamos de que debemos abrir nuestros mercados a todo el mundo y no depender de uno solo.
¿Una reconfiguración?
Sí, eso es lo que todos los países están haciendo. Yo creo que Estados Unidos ya está ajustando su política arancelaria para que el efecto no sea tan directo para las economías mundiales porque también les afecta a ellos; pero ya hizo el daño, la gente (los países) ya empezaron a buscar otras opciones y alternativas porque no podemos depender de ese país. Por supuesto Estados Unidos es el mercado más importante del mundo, pero su política ha afectado incluso a su estrategia Indo-Pacífico donde quería tener un bloqueo contra China.
Por ejemplo, QUAD (India, Japón, Estados Unidos y Australia) es una alianza militar donde se trabaja juntos para mantener una situación preferencial de estos cuatro países con un bloqueo a China. Estados Unidos también tiene mucha cooperación militar con Filipinas, Corea del Sur y Taiwán. Aparte del QUAD, todos tenemos cooperación militar muy fuerte. Pero por hoy se piensa en lo comercial.
¿Una reconfiguración total que está obligando a estos países, aliados de Estados Unidos en tema militar, a juntarse con otros a nivel comercial para sobrevivir?
El tema comercial ha afectado al político ¿Esta estructura de defensa conjunta se va a mover o se reconfigurará? No creo que todavía se puede hablar de eso, todavía falta. Siento que Estados Unidos va a ajustar y ceder, pero el punto es que la gente antes decía que siempre vamos a cooperar con Estados Unidos, era lo sólido, lo natural. Pero ahora creo que se ha cambiado de idea y ahora se cree que Estados Unidos puede cambiar por cualquier tipo de interés específico, por ejemplo, el comercial. Y eso afecta la confianza mutua. Pero la cooperación militar de Corea o Taiwán con Estados Unidos no va a cambiar, no van a ir con China, eso no va a ocurrir.
China sigue teniendo en la mira a Taiwán para hacer su unificación, además está ganando terreno en lo económico y militar y con (Vladimir) Putin (presidente de Rusia) muy de cerca.
Se está hablando en el mundo si Taiwán va a ser la siguiente Ucrania. Yo creo que eso todavía no es un tema para discutir, pero la gente dice que el 2027 es un año posible para tener guerra entre China y Taiwán. El 20 de mayo fue el primer aniversario de nuestro presidente y él dijo que nosotros debemos tener más independencia en defensa nacional e invertir más en nuestra industria de defensa nacional y en ese sentido creo que va a aumentar mucho la inversión en compra militar y desarrollo de nuestra industria nacional.
¿Cómo mira el gobierno de Taiwán la relación de la CELAC con China?
CELAC-China no es una nueva alianza y cada cuatro años tienen encuentros a nivel ministerial. ¿Qué es CELAC? Es una organización creada para quitar influencia de Estados Unidos y Canadá y para que piensen en los latinos y caribeños. Por ello China piensa que es una muy buena plataforma porque su enemigo principal, que es Estados Unidos, no está dentro de la CELAC.
Hace 15 años se creó la iniciativa de La Franja de Camino Continental y La Ruta de Seda Marítima. En ese tiempo hubo una burbuja económica con mucho dinero y esos recursos se destinaron como préstamos con altísimos intereses para muchos países y (para) buscar la salida de sus empresas de construcción de infraestructura y ganar influencia política que a la vez se constituyó en una trampa de deuda, por ejemplo, para Ecuador con una deuda china millonaria a través de proyectos como el de Coca Codo Sinclair, que no funciona. Esa situación es generalizada en todo el mundo.
A pesar de esa imagen de desprestigio y corrupción por obras mal hechas, que no funcionan o no terminan a tiempo y que han derivado en juicios y arbitrajes internacionales, China acaba de inaugurar el Puerto de Chancay en Perú. ¿Cómo ve Taiwán esta extensión del dominio chino, particularmente en América Latina?
Nosotros decimos que esta iniciativa de la ruta y franja está en un periodo de baja de influencia porque el problema mayor es que China ya no tiene dinero por la recesión de su economía y su burbuja inmobiliaria ya está quebrando. China está invirtiendo montón de dinero desde el gobierno central hacia el gobierno local o provincial para limpiar la deuda mala que tiene un interés muy alto. Ellos internamente ya tienen muchas necesidades de fondos y su gente ya no tiene capacidad de compra.
Aún con esta nueva reunión con la CELAC, China anunció que va a apoyar a los países amigos y que son alianza del sur y no como un país que ocupa su política de guerra de aranceles para atacarlos. Por eso China anunció un nuevo fondo de US$ 900 millones para desarrollo de la región. Este monto es menor al anunciado en las tres reuniones anteriores, pero que tampoco se ejecuta, siempre es solo palabras. Es decir, que esta declaración conjunta con la CELAC fue solo una declaración política.
Usted pregunta que ¿si la influencia de China en América Latina es cada día más fuerte? sí, es más fuerte sobre la base de que la influencia de Estados Unidos es cada día menos y por eso China tiene más espacio para crecer en presencia y afectar.
La política arancelaria del presidente Trump está beneficiando a China
A pesar de que Trump diga American first (América primero), ya no es primero, la amistad ya no es primero. Por eso quitó fondos de USAID que eran importantes para cooperar. Esto afecta la confianza de sus países amigos y beneficia a la influencia de China en la región.
En estos días últimos en Ecuador, China está hablando más fuerte. Hace un mes publicó un comunicado que decía que hay muchas autoridades que me llaman embajador. Hace una semana, China publicó un comunicado para atacar a Estados Unidos y dice que este país está haciendo trampa para influenciar y atacar la imagen de China.
En febrero de 2025, el gobierno del presidente Daniel Noboa puso en marcha la central hidroeléctrica Toachi Pilatón, la obra más cara de este tipo en la historia del país porque cada megavatio instalado tiene un costo promedio de US$3,9 millones, casi el doble del valor de generación de Coca Codo Sinclair.
El gobierno estuvo obligado a ceder en todas las diferencias técnicas y legales que provocaron los constructores del proyecto porque debía mitigar en algo los graves problemas de generación eléctrica que enfrenta la nación en los meses de estiaje, por eso no dudó en pagar costes por US$21 millones que exigía una de las empresas responsables de la obra.
La puesta en operación de esta central muestra la tragedia, técnica, legal y económica que implicó la construcción y que tiene como responsables al Consejo Provincial de Pichincha, el Ministerio de Energía, el Ministerio de Finanzas, la Corporación Eléctrica del Ecuador, más las empresas privadas Odebrecht de Brasil, las rusas JSC Inter RAO y Tyashmash, pero sobre todo la China Water and Electric, CWE, que construyó las obras civiles.
El presidente Daniel Noboa se vio obligado a pagar las pretensiones económicas de la empresa rusa Tyazhmash, fabricante de los equipos electromecánicos, de no hacerlo la central no estaría en funcionamiento. El pago se logró previo a un acuerdo entre las partes, la rusa pidió US$53,4 millones y la operación se cerró en aproximadamente US$21 millones. Foto: Eduardo Santillán/Presidencia de la República.
HISTORIA
Toachi Pilatón fue un sueño costoso que tomó impulso en el 2003, cuando la Prefectura de Pichincha invitó a la empresa argentina Industrias Metalúrgicas Pescarmona, IMPSA, para estudiar el proyecto y hacer una propuesta. Esta contempló un presupuesto total de US$300 millones. IMPSA obtuvo la concesión del entonces CONELEC para ejecutar el proyecto, pero ésta fue entregada a Hidrotoapi S.A., empresa del Consejo Provincial de Pichincha, que ya tenía un acuerdo (colusorio) previo con Odebrecht.
IMPSA evidenció fallas en el diseño de las obras, luego fue separada del proyecto.
Odebrecht contrató a otro proveedor del equipamiento. Posteriormente salió de escena y la obra civil quedó en manos de la empresa China International Water & Electric Corp, CWE.
CWE interpuso acción de protección con medida cautelar Nro. 23281-2022-01259 ante el juez de la Unidad Judicial Penal con sede en el cantón Santo Domingo de los Tsáchilas. Se negó esta medida.
El plazo para el levantamiento de la medida cautelar concluyó recién el 26 de julio de 2024, fecha en la cual el Gerente de la Unidad de Negocio Hidrotoapi en conjunto con su asesora legal, debieron solicitar al juez de primera instancia el levantamiento de la medida cautelar para que el Estado ecuatoriano cobre las garantías por alrededor de US$13 millones a CWE e inscriba a la contratista fallida en el SERCOP. Además, se pida una indemnización por daños y perjuicios. Pero no se hizo esto, al contrario, con base al autobloqueo inducido por CELEC EP un juez de Samborondón se ha pronunciado extendiendo la medida cautelar a favor de la empresa fallida CWE, con lo que se consuma un perjuicio más al Ecuador.
La mano china
En el año 2009, el presidente Rafael Correa expulsó a Odebrecht de Ecuador y obligó a la empresa brasilera a dejar el proyecto; el reemplazo fue un consorcio chino-ruso conformado porChina International Water and Electric (CWE) que se encargó de realizar las obras de ingeniería física y la rusa Inter RAO, responsable de instalar los equipos de generación eléctrica.
Lo que nace mal, crece mal: el ex prefecto Gustavo Baroja (izquierda) entregó la construcción de la obra a Odebrecht con sobrecostos, el ex presidente Rafael Correa tenía acuerdos políticos con Brasil para permitir operar a Odebrecht a su gusto y el ex ministro de electricidad Alecksey Mosquera (derecha) había recibido un millón de dólares de Odebrcht para otorgar la licencia de construcción. Foto: Archivo
En marzo de 2019, CWE —única responsable del contrato de obras civiles— pidió la terminación de su relación contractual con Corporación Eléctrica del Ecuador, Celec, y la recepción de las obras ejecutadas, pero luego del análisis que hizo el equipo de fiscalización de Celec, se reconoció una serie de errores que hacían imposible recibir la central: estaba marcada por atrasos constantes, más errores técnicos y estructurales que pusieron al límite el proyecto, aunque los influyentes abogados de CWE siempre lograron acomodar los hechos como simples actos administrativos, susceptibles de ser subsanados por nuevos acuerdos.
Esta obra se compone de dos circuitos hidráulicos: Pilatón Sarapullo, que posee obras de captación, túnel de descargas de agua, casa de máquinas y chimenea de equilibrio. El segundo, llamado ‘Aprovechamiento Alluriquín’, se compone de la presa Toachi, túnel de descarga, chimenea de equilibrio, casa de máquinas y subestación.
En cientos de documentos de la Corporación Eléctrica del Ecuador se detalla el desastre constructivo de Toachi Pilatón y sobresalen las argucias que usaban los abogados de CWE para hacer ver los problemas de construcción como simples procesos administrativos. Por ejemplo: en el Oficio CELEC-EP-HTP-2021-0237-OFI de 25 de junio de 2021, que tiene que ver con la “Multa impuesta por impermeabilización de las cunetas de la viga del borde de techo falso de la casa de máquinas Alluriquín”, se daba a conocer el levantamiento de las suspensiones y sanciones contra la empresa china, pese a que se comprobó que en la “Captación Pilatón” huboun asentamiento del canal de lavado de las cámaras del desarenador; es decir, se hundió. Además, se identificaron fisuras en la cámara de transición entre el desarenador y el túnel de ingreso a Sarapullo. Estos problemas fueron perdonados.
Las conclusiones del estudio realizado por Ordóñez Farias decían que a la fecha de las inspecciones que fue en marzo de 2021 la rugosidad superficial y geometría del hormigón no cumplía especificaciones al contacto con el agua. Las imperfecciones en diferentes superficies incumplen las especificaciones de la obra. Se recomienda a la contratista CWE reparar toda la superficie en contacto con el agua.
La consultora Lombardi en enero de 2021 presentó un informe técnico detallado de los problemas constructivos que CWE dejó en las obras del túnel de carga Toachi – Alluriquín. El estudio permitió diseñar las reparaciones.
El Túnel Captación Pilatón – Casa de Máquinas Sarapullo no contabacon acero de refuerzo expuesto, debía además recuperar y brindar mantenimiento de válvulas que mostraban filtraciones. En dicha casa de máquinas debía corregirse zonas con hormigón y acero y realizarinyecciones de impermeabilización en ciertos sectores. En la Presa Toachi no se había realizado el hormigonado de los desagües del fondo de la presa y eso ya era excesivo. Los equipos técnicos de Celec demostraron además:
1.- No se encontraban realizadas las inyecciones de concreto entre los bloques de la presa.
2.- No se habían colocado pantallas de permeabilización en la fundación de la presa.
3.- No había el hormigonado adecuado en las etapas de construcción.
En octubre de 2021 Celec encargó a Gilmar Ordoñez Farías un peritaje sobre las obras civiles realizadas por CWE en toda la central. Descubrió grietas, fisuras, filtraciones en la presa.
Sobre el embalse de la presa no se restituyó el río a su cauce original porque no había compuertas de cierre en el túnel de desvío. Tampoco se había construido el tapón en el túnel de desvío. Y sobre los errores en el Túnel Presa Toachi – Casa de máquinas Alluriquín faltaba la reparación en las abscisas 6+120, 6+913 y 6+920; faltaba también la ejecución de perforación de drenes simultáneos además del mantenimiento de válvulas y filtraciones. En la Casa de máquinas Alluriquín los problemas fueron similares: falta de hormigonado, culminación del túnel de acceso, corrección de hormigones y aceros expuestos en difusores.
También se detectó que la montaña que sostiene la chimenea de equilibrio del circuito Alluriquín, que regula la presión del agua del túnel, tenía desplazamientos por la deficiencia de los drenajes y podía colapsar, provocando deslizamientos de tierra y por tanto daños irreparables al proyecto.
A 2021 el proyecto era un rosario de errores técnicos que parecían insuperables pero los abogados de CWE siempre usaron el mismo justificativo para validar cualquier error: el Estado no paga a tiempo sus planillas: “Su mora purgó y purga cualquier eventual y no consentida mora de CWE, por disposición legal expresa, contenida en el Artículo 1568 del Código Civil. Además, estos incumplimientos han ocasionado un desequilibrio económico en el Contrato de Obras Civiles, en perjuicio de CWE, lo que ha sido advertido en múltiples ocasiones”, dijeron los abogados.
Los hechos no desmintieron las narrativas forjadas por los grupos de abogados, liderados por María Rosa Fabara; ni la Contraloría General del Estado logró desmontar las justificaciones de CWE, pese a que en 2019 emitió el informe DNA4-056 que había identificado los problemas señalados.
Celec se vio impedida de iniciar los trabajos de remediación encaminados a atender las recomendaciones que la Contraloría General del Estado dio a conocer en dicho informe (DNA4-056). CWE también acumuló multas impuestas por la fiscalización o control del proyecto por valores que superaron el 12,6% en relación con el valor del contrato, montos suficientes para terminar el contrato unilateralmente.
El informe de Celec del 21 de junio de 2021 detalla las multas incurridas por la empresa china en el proceso de construcción. CWE nunca aceptó esos valores como responsabilidad suya, como respuesta inició sendos procesos judiciales que al día de hoy han neutralizado cualquier intento de cobro del Estado.
En marzo de 2022, luego de casi doce años de firmado el contrato, el Estado declaró la terminación por fallas estructurales de la obra y observaciones de Contraloría que denunciaron fisuras, grietas, deslizamientos, filtraciones de agua que comprometieron las obras.
CWE respondió mediante sendas acciones legales con tres propósitos: revertir, vía acción constitucional de protección, el cobro de garantías por US$13 millones, neutralizar las multas identificadas por la Contraloría General del Estado por US$31,1 millones y evitar la terminación unilateral del contrato.
Buscó un juez en el cantón Mejía, provincia de Pichincha, para que emita medidas cautelares a su favor e impida la ejecución de las garantías. Pero su jugada salió mal porque su petición fue negada; inmediatamente buscó otro juez, pero en Santo Domingo de los Tsáchilas, al que solicitó lo mismo. El juez Jorge Eduardo Armendáriz Zuluaga calificó la acción de protección y aceptó la medida cautelar, con ello CWE logró que el dinero de las garantías no se recupere y, por tanto, no existan los fondos para subsanar los daños que ella misma causó.
También inició una demanda contra el país por US$100 millones como respuesta a las multas identificadas por Contraloría General del Estado.
Las obras de remediación no fueron concluidas por la empresa china. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército se encargó de ponerlas a punto para que la empresa rusa, al fin, someta a prueba los equipos electromecánicos.
Los estudios realizados al interior del túnel Toachi Alluriquín determinaban filtraciones de agua a presión que generaban fisuras y destruían el revestimiento del túnel.
El túnel Toachi Alluriquín evidenciaba humedad en su revestimiento de hormigón y presencia de sales, generando desprendimientos de hormigón y deformación de la armadura en bóveda.
Los daños en el revestimiento del túnel entre los kilómetros 6,5 y 7,5 eran evidentes, con mayor cantidad de agua.
La historia rusa
Para finalizar la obra, el actual gobierno debió entrar a una mediación con la empresa fabricante de los equipos electromecánicos, la rusa Tyazhmash, que había reemplazado a otra llamada Inter RAO. El proceso se retomó el 16 de septiembre de 2024; hasta entonces, las negociaciones se encontraban detenidas por un reclamo de $54,2 millones.
Tyazhmash justificó el atraso en la instalación final de los equipos electromecánicos por los problemas provocados por CWE. Según los rusos, se requería de agua para probar los equipos, pero un informe de fiscalización (N. 084 MAYO -2018-CPT-I-084-18A) dijo que el montaje no debía representar un problema.
Las discrepancias entre Celec y la empresa rusa obligaron a establecer condiciones de confidencialidad en la mediación; esta se mantuvo en sigilo hasta el final, aunque trascendió los nombres de los negociadores del Estado: Luis Mora de la Procuraduría General del Estado junto a Carlos Jurado Bedrán, que fue parte del equipo del exvicepresidente Jorge Glas, el funcionario que entregó la obra a los chinos.
A finales de 2023 el Estado recibió la propuesta de Tyazhmash, incluyó los costos de recuperación de garantías que los equipos electromecánicos perdieron en un momento del proyecto.
La pregunta entonces era bajo qué argumentos técnicos se debe pagar esos valores. De los US$54.2 millones requeridos por Tyazhamash, se reconocieron como pronto pago US$22 millones que se desglosaron de la siguiente forma:
· US$18 millones por la recuperación de garantías técnicas de los equipos, que fue observado por la Contraloría en el informe DNA4-0019-2022, ya que hubo una prórroga de vigencia de garantías técnicas de 1 a 5 años. El contrato con Tyazhmash se firmó en 2019.
· US$5 millones por mayor permanencia en obra, pero este rubro se calcula solo en contratos de construcción de obra civil, que no es el caso de suministro y montaje de equipos. Los propios reportes de la empresa determinan además que existió retraso en la provisión de suministro, lo que significa el reconocimiento de valores dentro de los tiempos muertos de contrato, donde incluso el personal estaba parado por la misma empresa por falta de suministro.
· Los US$31 millones restantes suponían un nuevo arbitraje. En el gobierno de Guillermo Lasso fue sometido a análisis por la Unidad de Análisis Financiero y Económico, UAFE, los movimientos financieros de Tyazhmash S.A., pero “sorpresivamente” el trámite se extravió en el período de Hernán Luque Lecaro, detenido en Argentina por estar vinculado en el caso Encuentro.
Según el informe de Contraloría DNA 4-0042 – 2024, que es una auditoría de gestión entre el 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2023, en CELEC, del Proyecto Toachi Pilatón se concluye que:
· No se gestionaron los plazos para las contrataciones y ejecución de las obras civiles y eléctricas e hidromecánicas, en medio de controversias jurídicas.
· No se hizo un seguimiento de las actividades ni hubo un mecanismo para verificar el avance del proyecto, esto retrasó la puesta en marcha de Toachi Pilatón, en su conjunto, y su aporte al Sistema Nacional Interconectado para generar 254,4 MW de energía para cubrir la demanda a nivel nacional.
En su informe, la Contraloría pidió de manera urgente que los Gerentes del proyecto entreguen documentación técnica y comprueben qué seguimiento se hizo a las obras civiles y, además, que si la empresa rusa Tyazhmash no se hacía cargo de estas obras se modifiquen los términos de contratación para que el Estado ecuatoriano no pierda.
CELEC conocía que el procedimiento de mediación con Tyazhmash S.A. podía ser ilegítimo por temas legales arrastrados del pasado, previo a la firma del acuerdo existieron 6 suspensiones de trabajos, la Procuraduría reconoció 23,8 millones en la negociación, el gobierno de Daniel Noboa no ha dicho el monto exacto que recibió la empresa rusa
Cuerpo de Ingenieros salvó el proyecto.
Las últimas obras civiles para la puesta en marcha del complejo hidroeléctrico Toachi Pilatón las hizo el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, CEE, quien informó que terminó la construcción del tapón del túnel de desvío.
En un comunicado del 24 de noviembre de 2024 informaron la terminación de esta obra: “El personal militar al momento se encuentra realizando trabajos de remoción de material que permitan el llenado del embalse de la presa Toachi”. El proceso de llenado del embalse en el río Toachi empezó el pasado 8 de noviembre con la presencia de la ministra de Energía y Minas encargada, Inés Manzano; del viceministro de Electricidad, Fabián Calero, y autoridades de la CELEC.
Con eso se dio inicio a la “cuenta regresiva” para la operación de la central Alluriquín, que tiene una capacidad de 204 MW, cuya primera turbina de 68 MW (de un total de tres turbinas de la misma potencia) se planificó para el 17 de diciembre.
La presa tiene una altura de 60 metros y 170,50 metros de ancho. El embalse tiene una longitud de 3 kilómetros y una capacidad de almacenamiento de 6.770 metros cúbicos.
El viernes 22 de noviembre, CELEC junto con técnicos de la controvertida empresa rusa Tyazhmash, arrancó con las pruebas mecánicas de la turbina de la central Alluriquín. Las otras dos turbinas, de la misma arrancaron en enero y febrero del 2025.
Dentro del millonario perjuicio económico causado al Ecuador por glosas caducadas y desvanecidas, así como por expedientes desaparecidos, hay casos de empresas chinas que la Contraloría General del Estado ha remitido a la Fiscalía, que, desde 2024, tiene a su cargo las investigaciones de los responsables de estas irregularidades.
El país perdió US$ 4.488 millones solo entre 2019 y 2023, debido a graves falencias en la aplicación de sanciones y cobro de glosas.
En entrevista exclusiva con este portal, el contralor Mauricio Torres, recordó que fue una red de corrupción bajo la administración de sus predecesores Pablo Celi y Carlos Riofrío la que dio lugar a la caducidad de ese millonario volumen de sanciones.
Aunque no cuenta todavía con la cifra exacta de glosas atribuidas solo a compañías chinas, uno de los casos que más ha llamado la atención del contralor es un examen sobre un contrato del Sistema Ecu- 911 por US$750 millones con una empresa china que, en 2016, llegó al despacho del entonces contralor Carlos Pólit en donde desapareció, lo que impidió cualquier acción de control.
En este diálogo, Torres también destacó que hay procesos que involucran a firmas chinas que pasaron años sin pagar las glosas establecidas por el organismo de control a las que ya se les canceló su condición de proveedores del Estado, se ordenó el embargo de sus bienes y se les bloqueó las cuentas. Otros casos se ventilan en el Tribunal Contencioso Administrativo y unos cuantos más están con título de crédito para el cobro.
Durante esta entrevista, realizada en enero de 2025, el contralor ofreció dar “sin problema” los nombres de las empresas chinas con sanciones civiles y administrativas. Sin embargo, pese a nuestra insistencia y luego de más de tres meses de espera, la Dirección de Comunicación, vía correo eléctrico, se ha negado a remitir la información ofrecida por Torres, argumentando dos impedimentos: la Ley de Protección de Datos Personales y una resolución de la Procuraduría General del Estado.
Mil Hojas está investigando los principales contratos de empresas chinas que han operado en Ecuador desde hace más de una década… En cuanto al desvanecimiento de glosas, que usted mencionó al cierre del año anterior, ¿cuánto corresponde a empresas chinas?
No tenemos un valor total todavía, pero son varios expedientes caducados que tienen que ver con empresas chinas. El total de los expedientes caducados llegó a más de US$4.000 millones. De lo que hemos examinado, entre esos hay bastante expediente chino. Y llegó a mis manos un expediente de una empresa china de US$11 a US$12 millones, que estuvo casi por caducar. Tuvimos que apurarlo y se logró salvar, ya está con título de crédito para el cobro.
¿De qué empresa es? No recuerdo el nombre, se puede revisar, pero ya está con título de crédito. Se presentó una acción de protección, la ganamos y el Estado tiene que recuperar ese dinero.
En las empresas que son objeto de nuestra investigación, hay siete u ocho glosas de CEIEC, China Camce, China International Water & Electric, entre otras. ¿Están en el grupo de las que han caducado, ya no se puede hacer nada…?
Hay muchas glosas de estas empresas que están dentro del grupo de los US$4.000 millones que caducaron; otras glosas están en el (Tribunal) Contencioso Administrativo y otras están con título de crédito para su cobro. Estas ya pasaron todo el proceso, ya estamos para la ejecución y no tienen más que cancelar…Habían estado algunos años sin el respectivo cobro, por lo que hemos cancelado el RUP (Registro Único de Proveedores) de algunas empresas, estamos pidiendo el embargo de bienes y hemos bloqueado las cuentas de algunas empresas…
La Contraloría dispuso la retención de fondos y la prohibición de enajenar bienes muebles e inmuebles de una empresa china que por responsabilidad civil adeuda US$6,6 millones, más intereses de US$5,8 millones, al 31 de enero de 2025.
Hay un contrato del ex Ministerio de Justicia para la adquisición de grilletes electrónicos. La glosa que se estableció en 2017 fue desvanecida en 2019. La Secretaría Nacional de Inteligencia pidió a la Contraloría un nuevo examen a los auditores que desvanecieron esa glosa. ¿Cómo está ese proceso?
Todo lo que fue auditado no se puede volver a auditar, eso ya está sacramentado, pero sí podemos hacer un examen sobre los auditores para sancionarlos. Sí existe el pedido de lo que tiene que ver con grilletes, eso ya está ya para la revisión, tendrá que salir en unos días. Ya hemos hecho varios de esos exámenes, igualmente determinaremos, pero son exámenes donde no podemos recuperar esos recursos, pero sí sancionar a los auditores que tuvieron una responsabilidad.
¿Ahí se aplica el derecho de repetición? Esto se vuelve penal.
¿Hay esperanza de que se recupere, al menos por esa vía, algo? La Justicia es la que tendría que actuar en este caso. Nosotros mandamos el informe de responsabilidad penal a la Fiscalía y es esta la que tiene que actuar.
¿Esos US$ 4.000 millones, en qué período y con qué contralor se dejó caducar? …No hemos auditado todo. Hemos hecho una auditoría del 2019 al 2023. Estamos hablando del tiempo de Pablo Celi y de Carlos Riofrío… Todos esos expedientes con los responsables también han sido remitidos a la Fiscalía General del Estado.
¿Y de Pólit? Son antes del 2017, sobre eso no tenemos la facultad para examinar. Solo podemos determinar responsabilidades hasta siete años y ese tiempo ya feneció.
¿Podemos saber qué pasó antes de 2017, los montos de las glosas, el perjuicio al Estado? Podríamos hacer un examen, pero sin determinar ninguna responsabilidad. Por ejemplo, hicimos un barrido de algunos exámenes y determinamos que uno que tenía que ver con el Ecu 911, de US$750 millones, llegó al despacho del contralor de ese entonces Carlos Pólit y desapareció. No se supo qué pasó, nunca se determinó responsabilidades. Eso también enviamos a la Fiscalía. Y así hay un sinnúmero de exámenes que se han perdido, que dejaron caducar, desaparecieron y nunca pasaba nada.
¿Qué ha hecho para atacar este problema?
Estamos tratando de poner la casa en orden, hemos encontrado algunas falencias, estamos mejorando, tenemos sistemas de alerta para no dejar caducar los exámenes. Pero claro, por más que tengamos sistemas de alerta, cuando alguien quiere dejar caducar se los va a guardar y punto…Cambiamos a los directores nacionales que, en ciertos casos, tenían 15 años, se manejaron con los tres últimos contralores, eran un equipo en todo ese tiempo.
¿Están fuera todos? Los directores si, están todos fuera.
En el caso del Ecu-911, son cinco contratos firmados con CEIEC. ¿Esta empresa china está involucrada en el desvanecimiento u ocultamiento de glosas? Es que en este examen no sabemos, está desaparecido, se perdió.
¿No sabe ni siquiera qué responsabilidades hubo? No sabemos qué responsabilidades hubo, no tenemos el archivo, está en el sistema el examen, pero no lo encontramos. El último trámite está en el despacho del Contralor (Pólit). Hasta ahí llegó el examen y de ahí desapareció…
¿Recuerda de qué fecha es? No recuerdo, podemos hacerle llegar, pero esta denuncia fue enviada a la Fiscalía para que se investigue.
¿Cuándo se mandó a la Fiscalía? Si podríamos enviar también eso.
En el Ecu 911 logramos identificar 4 glosas, pero no llegan al monto que acaba de mencionar. …Este examen es en el año 2016, si no me equivoco
Eso es más grave porque llegó al escritorio de Polit y desapareció. Es importante determinar quién fue el contratista. Por supuesto, habría que revisar qué había ahí.
¿Cuándo va a tener resultados? Ya nosotros entregamos a la justicia y tiene que hacerse cargo de esto. Nosotros no somos parte procesal inclusive en esa situación.
¿No hay un seguimiento? Hacemos seguimientos cuando nos llaman, inclusive cuando comparecemos, pero llegamos hasta la entrega del informe con el indicio del responsable penal o la denuncia… Estamos revisando y sabemos los procesos como están.
En el desvanecimiento de glosas, ¿hay bufetes de abogados que hacen todo el trámite ante los organismos de control…? Sí, hemos detectado que antes eran bufetes de abogados los que hacían el desvanecimiento de glosas, pero ya no los necesitaban porque lo más práctico era el archivo, el guardarse y dejar caducar las glosas.
¿Quiere decir que malos funcionarios dentro de la Contraloría reemplazaron a los lobistas? Así es. Puede ser que -vamos a pensar bien- por tener mucha acumulación, podían haberse caducado, pero no puede ser que coincida que las que caducan son montos bien altos y algunos son de años… Y algo muy grave: los auditores tienen un trabajo muy grande, muchas veces se llevan trabajo a la casa, sacrifican horas del hogar, se quedan trabajando en las oficinas hasta tarde, porque hay plazos para entregar. Máximo un examen se debe aprobar en 180 días y lo logran y el que tiene que aprobar, que es el director, no lo hace. Yo digo bueno se pasó un día, pero aprueban a los 400, 500 y hasta 1.000 días. Eso no es correcto.
¿Cree que esa práctica ya no existe? Conmigo no existe. Podemos asegurarlo. Con nosotros, todos los exámenes se aprueban dentro de los 180 días. Inclusive tuvimos que hacer un plan de contingencia el año pasado porque tuvimos 1.400 expedientes que podían haber caducado y no lo permitimos.
El contralor asegura que con él terminó la práctica de dejar caducar las glosas, pues asegura que son aprobadas dentro de los 180 días que manda la ley.
¿Por qué hay mucha reserva con lo relacionado a las empresas chinas? Es que cuando son IRP (Indicios de Responsabilidad Penal), todo es reservado y entra a investigación.
¿Cuánto de los US$4.000 millones en glosas caducadas corresponde a empresas chinas? Podemos investigar en Planificación o con Auditoría Interna… Lo que mandamos a la Fiscalía se vuelve reservado, con lo administrativo y civil, no hay problema. Lo que está caducado tengo que firmar y no es que yo caduqué, pero si ya está 1.000 días ¿qué me queda a mí?
Pedido de Mil Hojas de ampliación de información: 14 de enero de 2025
Pero eso la gente no conoce, es importante que usted diga “esto recibí y me tocó firmar” Algunos malinterpretan y dicen que estoy sacando caducados… Hay bastante de empresas chinas…se puede determinar más o menos cuántas.
¿Por qué la acción de Contraloría no analiza los préstamos chinos? Eso se somete a otro examen financiero de cómo se desembolsó el préstamo, sería un alcance.
¿Eso se ha hecho? Se puede hacer, pero hay préstamos a los que no podemos entrar. Hay muchos que vienen desde afuera, donde el control lo hacen directamente las empresas que prestan. Esa condición ponen.
¿Eso no puede topar la Contraloría? La Contraloría no entra porque existe una norma internacional que está sobre la ley local y ponen como referencia que ellos serán los que auditan los recursos.
Torres admite que hay créditos de estatales chinas que no puede auditar porque hay normas internacionales que están sobre la legislación nacional
…En algunos casos los recursos ni siquiera llegaban al país, se quedaban en los bancos chinos. ¿Eso la Contraloría auditó? No podemos hacerlo porque van a decir ¿para qué firmaron entonces y aceptaron esto? Y no tengo facultad para auditar porque fue muchos años atrás. Estoy auditando todo lo que tiene que ver con el año 2020 para arriba.
¿Entonces está consagrada la impunidad. Sigue la estructura de corrupción que se tejió cuando eliminaron los informes previos de Contraloría y de Procuraduría? Así es. No puedo examinar más de siete años. Por eso hemos presentado un proyecto de Ley Anticorrupción y pedimos una reforma a la Ley Orgánica de la Contraloría, para que se vuelva a tener un informe previo, no el de pertinencia que es un saludo a la bandera.
¿Restablecer el informe previo que el correísmo eliminó en la Constituyente de 2008? Sí. Decían que mucho tiempo demora y era cierto, pero si yo pongo que debe ser aprobado en 15 días, caso contrario se da por aceptado y tendrá responsabilidad el funcionario que estuvo a cargo, es diferente. Ahi sí, cualquiera va a sacarlo rápido, pero tiene que aprobarlo bien. Y que después la Procuraduría también dé el visto bueno. Con esos dos informes vamos a frenar mucho la corrupción. Ya lo enviamos a la Asamblea.
¿Cree que tendrá votos para eso? Es lo que no sé, pero debemos intentarlo.
En otro tema. El exministro de Energía Carlos Pérez nos dijo haber descubierto que en el Gobierno de Rafael Correa, Ecuador y China crearon un fideicomiso en Panamá al que mandaban los recursos de las preventas petroleras. Es decir, Ecuador no recibía nada. ¿Puede usted disponer un examen o revisión sobre este tema? Todos esos fondos chinos son de hace tiempo. No está en el período que puedo examinar.
Algunos créditos están vigentes, todavía no los terminamos de pagar. Sí, pero esos fondos ¿dónde están? ¿Hace qué tiempo se fue ese dinero allá?
Se siguen yendo, la mayoría de los contratos venció, pero algunos aún no Si se siguen yendo yo podría actuar, pero no tengo en mi radar eso. Si yo supiera que hay dineros que están yéndose a otro lado, pudiera actuar, pero no tengo una denuncia.
¿Es legal que el país venda el crudo a China y, en lugar de que ingrese el dinero a las cuentas del Tesoro Nacional, se haya creado un fideicomiso en un paraíso fiscal…? Todo depende de cómo firmaron el contrato, depende de cuál fue la condición para la firma. Si lo hicieron así, nos toca respetar.
¿Si se determina algo ilegal en la firma del contrato? Por supuesto que se puede actuar, eso le corresponde a la Procuraduría como abogado del Estado. No lo tenemos en nuestro radar ni tenemos ninguna denuncia en ese aspecto. Si tuviéramos sería bueno para poder actuar…
¿Si todavía no vencen los contratos, usted puede entrar de oficio? Siempre y cuando el contrato nos permita, pero sabiendo exactamente a qué, porque tengo que saber el alcance, a donde voy a ir.
¿Puede pedir que le entreguen todos los contratos con las empresas chinas? Puedo hacer una verificación preliminar (VP), un levantamiento de la información y, de acuerdo con eso, hago un alcance. Eso demora pocos días…
¿Lo va a hacer? Lo podría hacer, pero sabiendo de qué se trata.
Los contratos de las preventas petroleras son reservados todos Si son reservados, si no permiten que entre la Contraloría, muy difícil, no me van a dar. Depende de qué reserva tengan, tenemos que analizar eso… Pueden darme ustedes los nombres, yo puedo verificar si son contratos realmente reservados o no, porque a veces dicen que son reservados y pueden mentirnos.
El exministro Carlos Pérez dijo que ni siquiera a él le permitían acceder a los contratos. Pero no puede ser tanto porque entonces: viva la fiesta.
Él dijo que pedía una copia y no le daban Es que nada puede estar sobre un control. No creo que exista un contrato al que nadie pueda entrar. Me gusta actuar para que las cosas vayan saliendo bien. Ayúdenme. Cuando tengas denuncias, información, mándenme. Estoy en el lado de luchar contra la corrupción.
Empezamos con este listado de las empresas chinas que estamos investigando. Necesitamos saber qué glosas están caducadas, cuáles están pendientes de cobro, si se les canceló el RUP… Están bastantes
Son las principales empresas chinas que hicieron contratos con el Estado y recibieron cualquier cantidad de dinero… Es que en el tiempo que sabemos, estas eran las mimadas.
Miles de cámaras de video, dispositivos de rastreo satelital GPS, botones de auxilio, sensores de apertura y cierre de puertas, cables y piezas electrónicas que hace más de una década eran parte de los kits de seguridad del proyecto “Transporte Seguro” del gobierno de Rafael Correa, están arrumados en dos bodegas de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) en el norte de Quito, a la espera de una firma para convertirse en chatarra.
Este proyecto que le significó al Estado un gasto de US$109 millones en dos contratos con la estatal China National Electronics Import & Export Corporation (CEIEC) terminó desmoronándose por graves omisiones, irregularidades y actos de corrupción. Esta empresa abandonó el Ecuador llevándose consigo no solo el monto total de los contratos, sino también las claves para desencriptar la plataforma tecnológica imprescindible para operar los kits de seguridad que se pretendían instalar en más de 70.000 unidades de transporte público.
Kits de seguridad completos y piezas de equipos como GPS y sensores, fueron incautados en los 29 talleres de la empresa Dismundi, subcontratista de la china CEIEC. En estos talleres, según la Agencia Nacional de Tránsito se ‘deshuesaban’ los equipos buenos para arreglar los equipos dañados. Foto: ANT
Por cada kit de seguridad, los dueños de las unidades de transporte pagaban entre US$1.500 y US$2.000. A cambio, Dismundi entregaba un certificado para que el transportista pueda hacer trámites administrativos, por ejemplo, vender su vehículo. Foto: ANT
El primer contrato, correspondiente a la fase 1 del proyecto “Transporte Seguro” se firmó el 1 de noviembre del 2012 por US$ 72’994.792. CEIEC debía entregar e instalar 55.000 kits de seguridad para el transporte público a nivel nacional y una plataforma tecnológica que enlace a todas las unidades de transporte que tengan su kit y a su vez las conecte con otra plataforma en el ECU911.
El segundo contrato, suscrito el 5 de septiembre de 2014 como parte de la fase 2, ascendió a US$36’196.421,51 para la adquisición de 17.256 kits adicionales. Además, contempló la construcción de infraestructura, el soporte a la plataforma tecnológica y la expansión del Data Center del proyecto de Seguridad Integral para el Transporte Público y Comercial.
Ambos contratos fueron adjudicados vía régimen especial e invitación directa del gobierno de Correa a la estatal CEIEC. El primero, en el 2012 lo firmó Mauricio Peña, director ejecutivo de la Agencia Nacional De Regulación y Control Del Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial, y Zhu Yingtao, subgerente de la división de contratación de CEIEC.
Mientras que dos años después, María Lorena Bravo, directora ejecutiva de la Agencia Nacional de Tránsito y Wang Fei, apoderado de CEIEC, pusieron sus rúbricas en el segundo contrato.
Para Alejandro Lascano, actual director de la ANT, el corazón del proyecto de “Transporte Seguro” era la plataforma porque esta tenía la capacidad de enlazar a los más de 72.000 kits de seguridad distribuidos en transportes público y comercial.
El Proyecto Transporte Seguro que empezó a ejecutarse en enero de 2013 fue diseñado por el Gobierno de Rafael Correa para dar protección a los propietarios de taxis y buses del transporte público del país, pero también para dar seguridad a los pasajeros que usan el transporte público a diario.
La plataforma china denominada SITPC (Sistema Integral de Transporte Público y Comercial), entró en funcionamiento en enero de 2014 para el monitoreo, alarmas y alertas de las unidades de transporte interprovincial, intraprovincial, buses urbanos, de turismo, carga mixta y ambulancias.
En ese mismo año la plataforma empezó su operación con la transmisión de datos del 35% de los kits, pero nunca llegó a la meta del ciento por ciento.
“Fue un proyecto que no arrancó de golpe. Se demoró más de 2 años hasta que ingresen los equipos que constaban en la primera fase, es decir 55.000 kits. Se demoraban en el enlace porque se generó un cuello de botella por ser una sola plataforma y tenían a la cola muchos usuarios que ya compraron el dispositivo. Hacer el registro, el enlace y hasta estar operativo demoraba semanas”, contó Jorge Urquizo, director de Control Técnico Sectorial de la ANT.
La empresa china CEIEC vendió al Estado más de 72.000 kits de seguridad para el proyecto Transporte Seguro, pero se descontinuaron luego de tres años, y no pudieron ser renovados. Los aparatos colocados en taxis y buses se convirtieron en adornos. Fotos: Archivo EL COMERCIO y EL UNIVERSO
El monopolio de un solo proveedor como CEIEC empezó a preocupar a los transportistas; esta empresa era la dueña de los equipos, proveedora de los kits de seguridad, la única que podía acceder al Software de la plataforma y la que, a través de su subcontratista, Dismundi S.A. instalaba y desinstalaba los equipos en 29 talleres seleccionados por ellos.
Además, le quitó la potestad a la ANT para emitir un certificado que se convirtió en requisito para trámites administrativos de los transportistas a cambio de US$1.500 y hasta US$2.000 por cada kit.
La empresa china aseguró el manejo y el mantenimiento de la plataforma instalando un “candado”, que era un sistema de encriptación en idioma chino que ningún técnico pudo desencriptar.
Urquizo, señaló a Mil Hojas, que CEIEC sí entregó el Código Fuente (conjunto de archivos y bases de datos inicial de la plataforma tecnológica), pero “nadie pudo descifrar cómo ampliar el espectro para que se incluya (en la plataforma) a otro tipo de equipos que no sea los proporcionados por esta empresa asiática”.
“Lo mismo le pasó al ECU 911 (con el Sistema Nacional de Comando y Control para la Seguridad Ciudadana firmado en el 2011) que también contrató con CEIEC; a ellos le dieron una plataforma de monitoreo, llegó a su etapa de vida útil y el ECU 911 no pudo hacer nada más y debió instalar una nueva plataforma”, contó Urquizo.
La plataforma tecnológica instalada con un software diseñado por la empresa china se saturó y apenas pudo registrar al 35% de los kits colocados en las unidades de transporte público y comercial. Tampoco pudo transmitir información a la plataforma del ECU911. Foto: X, Ecu 911
Incluso dijo, que en los archivos de la ANT existe un informe de las TICs que concluye que el Código Fuente es indescifrable. El director de esta entidad se comprometió con Mil Hojas a entregar este documento, pero hasta el cierre de este reportaje no llegó.
En el Gobierno de Rafael Correa se concretó la firma del proyecto Transporte Seguro y en dos contratos de primera y segunda fases se pagó a la empresa china CEIEC, US$109 millones.
El 11 de enero del 2014, durante su sabatina en el cantón Babahoyo, Rafael Correa promocionó el proyecto de Transporte Seguro, firmado con la empresa china CEIEC y anticipó una reducción de los índices de delitos en el transporte público y comercial “Quienes usen estos servicios estarán más seguros y tranquilos”, dijo.
La falta de mantenimiento y de actualizaciones del software por tener un Código Fuente encriptado hizo que la plataforma deje de tener capacidad para ingresar los kits en el tercer año de funcionamiento; y de cumplir la meta de registrar y operativizar el 100% de los más de 72.000 kits. Solo llegó al 35% porque la plataforma se saturó, tenía intermitencias y no almacenaba las grabaciones de las unidades de transporte.
Solo por este el Código Fuente, el Estado canceló a la contratista US$ 700.000.
Según conoció MIL HOJAS, la empresa china negociaba con el gobierno de Lenin Moreno, la firma de una tercera fase del proyecto en el 2018 para actualizar el software con nuevos servidores y equipos y una remodelación de infraestructura. Pero las largas negociaciones y la pandemia interrumpieron las negociaciones con CEIEC.
Dismundi siguió vendiendo kits cuando la plataforma dejó de funcionar
A pesar de que la ejecución de los contratos de la china CEIEC terminó en marzo de 2017 y la plataforma tecnológica dejó de funcionar por completo en el 2019, la empresa subcontratista Dismundi continuó vendiendo los kits de seguridad a los transportistas hasta el 2021.
“Tener el kit se convirtió en un requisito administrativo. Si queríamos hacer un cambio de un nuevo socio o cambio de vehículo, debía tener el certificado, eso era una obligación y debíamos comprar los kits. Esa era la trampa, porque no tuvimos un beneficio para nuestra seguridad o la seguridad de nuestros usuarios a mediano y peor a largo plazo”, señaló Washington Nuñez, presidente de la Federación Nacional de Transporte Urbano del Ecuador (Fenatu).
“El proyecto como se planteó era muy bueno y cuando empezó a ejecutarse sí disminuyó la delincuencia en las unidades de transporte, hubo buenas experiencias que reportaron los compañeros conductores. Igual el botón de pánico fue una protección, pero lamentablemente la forma como se desarrolló y los procedimientos nunca fueron claros y falló. Tampoco conocimos el contenido del proyecto y peor los contratos firmados con la empresa china”, se quejó Núñez.
Según el dirigente de la Fenatu y otros transportistas de taxis consultados, el kit de seguridad costaba UD$ 1.500 pero en ciertos talleres de Dismundi (empresa importadora de vehículos comerciales) el cobro llegaba a los US$ 2.000. Lo que fue ratificado por Urquizo.
Los 29 talleres habilitados por Dismundi eran los únicos que podían hacer el mantenimiento de los equipos y el arreglo. Según Urquizo, en esos lugares se confirmó que, para el reemplazo de una pieza, deshuesaban un nuevo y cobraban a los transportistas como un nuevo equipo, pero eran modificados. “Eran los únicos que podían hacerlo porque CEIEC se encargó de que no haya otra opción”.
“La ANT de ese entonces autorizó a estos talleres, pero CEIEC a través de Dismundi les daba los usuarios para el ingreso a la plataforma tecnológica. Nosotros fuimos parte del proceso, pero no administramos, ANT era un usuario más de esa plataforma”, aseguró Lascano.
Este Portal de Investigación envió un correo electrónico a Dismundi, solicitando una entrevista, pero no obtuvo respuesta. Tampoco respondieron a su teléfono convencional que aparece en la página web de esta empresa, ubicada en la vía Manta, Montecristi, provincia de Manabí.
El 28 de diciembre de 2022, el Directorio de la ANT en su resolución 029-DIR-2022-ANT, suspendió de manera temporal el requisito del ‘Certificado de Instalación’ como constancia documental del kit de seguridad (instalado, operativo y funcionando) en los trámites administrativos para habilitación vehicular, registro de cambio de socio y de titularidad.
La suspensión definitiva se aprobó recién el 2024, con la resolución 032-DIR-2024-ANT.
Después del fracaso del proyecto Transporte Seguro, los transportistas conformaron mesas de trabajo en el 2024 y desde fines de enero del 2025 este gremio firmó un contrato con T42 / Tracking System Tracsym Ecuador, que provee el servicio de plataforma para controlar el rastreo de unidades y monitorear la telemetría del conductor. Foto: X de Transporte Seguro / ANT
Los kits de seguridad estaban compuestos por un botón de auxilio, un GPS, dos cámaras de video con capacidad de grabación infrarroja, sensores de apertura y cierre de puertas para buses, y un UPS para la reserva de energía. La señal emitida por las unidades de transporte era receptada por el ECU911 que las monitoreaba en el caso de ocurrir cualquier emergencia. La ANT monitoreaba las rutas y unidades que recorrían el territorio el ecuatoriano para el control de la gestión del tránsito.
En el 2019, la Contraloría General del Estado emitió una serie de conclusiones y recomendaciones tras un examen especial a los procesos precontractuales, contractuales y de ejecución de la segunda fase del proyecto Transporte Seguro.
Contraloría señaló observaciones que no se pudieron corregir
Cinco años después de la firma del segundo contrato del proyecto de Transporte Seguro, la Contraloría aprobó el informe DNAS-0012-2019 (enero de 2019) tras un examen especial donde se encontraron irregularidades en la ejecución.
Equipos observados por los auditores estaban dañados, fuera de línea, sin ser rastreados por el ECU 911.
CEIEC subcontrató a Dismundi S.A. para encargarle la actualización de los equipos, es decir, la desinstalación y reinstalación de los kits de seguridad, algo que no se ejecutó por completo, y cuando se realizó la auditoría, 1.012 equipos estaban en bodega sin funcionar.
Los derechos de autor del software de la plataforma tecnológica SITPC para el Transporte Público y Comercial, adquirido por la ANT a CEIEC, no fueron registrados en el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), lo que ocasionó que la entidad no cuente con los documentos que certifiquen que es titular de la propiedad intelectual del software desarrollado por la compañía china.
Los equipos no informáticos del centro de datos principal del proyecto, instalados en el edificio del ECU 911 en Samborondón, Guayaquil, no contaron con códigos únicos de identificación, lo que dificultó su ubicación, seguimiento, control y custodia.
Al equipo de auditoría se le entregó la documentación del segundo contrato: incompleta, desordenada y sin anexos.
Sobre la instalación y adecuación del Data Center en Samborondón (con un costo de US$ 1’600.000), a cargo de la subcontratista Hardsofnet Soluciones Cía. Ltda., el equipo de la Contraloría no pudo determinar que estén bajo custodia todos los equipos no informáticos del centro de datos principal del proyecto.
Se comprobó además que los kits de seguridad fueron manipulados por los conductores de las unidades de las diferentes operadoras de transporte. Hubo daños en fusibles, parlantes, panel de velocidad y GPS.
Sobre las recomendaciones emitidas por la Contraloría, todas se ejecutaron y están cerradas, dijeron tajantes Lascano y Urquizo.
Una de ellas, era que se designe a un funcionario del proyecto “Transporte Seguro” que elabore un inventario de bienes intangibles para que, a través de este registro se controlen los derechos de propiedad intelectual. Este inventario, dijo Urquizo, reposa en el ECU 911 y en la ANT está el software de la plataforma desarrollado por CEIEC “que ya no sirve porque todo está caducado”.
En referencia al pedido de la Contraloría para que CEIEC reinstale los equipos o kits de seguridad en el transporte público y se corrija el proceso para su inmediato funcionamiento, Lascano señaló que estas observaciones “se cayeron” porque la plataforma a donde se enviaba el registro para que los kits funcionen, ya no estaba operativa en 2019 y justificó que esta observación quede en el aire porque “no se puede solucionar algo que ya no existe”.
El funcionario insistió que “con CEIEC no tenemos nada pendiente y tampoco, nada por pagarle”. A la empresa china se le canceló la totalidad de los contratos de más de US$ 109 millones.
Cientos de unidades en buses urbanos y taxis tuvieron los kits instalados y registrados hasta por una década, pero no transmitían ninguna información porque no estaban conectados a ninguna plataforma, pero el transportista necesitaba el certificado de instalación y “le tocaba instalar este adorno”.
Pagos a CNT y liquidación de personal frena cierre de proyecto
Para cerrar el proyecto están pendientes pagos a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT, por mantenimientos al Data Center entre el 2018 y 2019 y por el servicio de telemetría que era un plan de datos para que cada kit de seguridad pueda transmitir información del GPS.
Recién en noviembre del 2024 se cerró ese servicio de transmisión de datos que CNT seguía proporcionando a pesar de que la plataforma dejó de funcionar en 2019.
Los rubros, hasta el cierre de este reportaje no fueron entregados. “Como dice una de las recomendaciones de la Contraloría, hay que hacer una valoración de las facturas; nosotros hemos mandado desde diciembre tres insistencias a la CNT para que nos diga el valor de las facturas que debemos cancelar porque no tienen a detalle y hasta la fecha no nos ha respondido”, afirmó Lascano
La otra cuestión sin resolver es la liquidación de 200 personas que se contrataron exclusivamente para el proyecto “Transporte Seguro”. “Hay un informe de liquidación con fechas de ingreso, rango, desvinculación y ya tenemos el rubro completo que asciende a más de US$ 50.000. Esperamos que el Ministerio de Finanzas nos asigne ese rubro y poder liquidar a todo el personal”.
Otro pendiente para cerrar el proyecto es que la ANT defina una fecha para chatarrizar los equipos que están en sus bodegas desde hace tres años. Esperan un informe que justifique contablemente el número de kits y piezas que se destruirán.
Esos equipos y piezas llegaron a las bodegas de la ANT luego de un recorrido por los 29 talleres de Dismundi. “Los talleres se negaron a entregar los kits por lo que procedimos a una incautación porque son bienes del Estado comprados a CEIEC… En estos lugares usaban los kits que desinstalaban de las unidades de transporte, para sacar sus piezas y armar nuevos equipos y seguirlos vendiendo. Esto fue una práctica que se extendió hasta el 2021”, afirmó Urquizo.
La ANT no confirmó si esta alteración en bienes del Estado que realizaban los talleres autorizados por Dismundi y CEIEC constituye un delito o si iniciarán acciones legales.
Un espacio inédito en Ecuador, promovido desde la academia, con panelistas nacionales y extranjeros de primer nivel, será el Foro Internacional «China-América Latina: Perspectivas y Debates», a realizarse el 23 y 24 de abril en Quito.
La iniciativa es del Programa de Estudios Asiáticos -antes Centro Asia-, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO-Ecuador) y la Universidad San Francisco de Quito (USFQ) y busca impulsar un análisis crítico y un debate informado sobre la influencia y la compleja relación entre la República Popular China (RPCH) y Latinoamérica.
Richard Salazar, docente y coordinador del Programa y del Foro, en diálogo con nuestro portal, destaca que, en este ejercicio de profundizar el conocimiento sobre la región Asia-Pacífico, se busca identificar las estrategias económicas, tecnológicas y políticas de China especialmente en la Región Andina, además de las acciones para aprovechar los beneficios de esta relación, a fin de minimizar su impacto.
Las ponencias y resultados de investigaciones serán expuestas por representantes de la sociedad civil y expertos de Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, México, Perú y de las fundaciones Mil Hojas, de Ecuador, y Andrés Bello, de Colombia.
China ha ralentizado su presencia en la región, de acuerdo con algunos analistas. En Ecuador ha disminuido su expansión, sobre todo en el ámbito de las inversiones. ¿Qué motiva a la academia a realizar este foro?
A nivel académico no se ha hecho un evento que trate las relaciones de China con nuestro país, con la región andina y latinoamericana, a pesar de que ha existido una muy fuerte presencia de China, especialmente desde 2010. Existen opiniones divididas sobre la importancia, la positividad o negatividad de la presencia china en Ecuador y en la región y se ha convertido en un tema más bien polémico y con un tinte bastante político. Mucha gente opina que la inversión china es buena, otros dicen que es pésima porque ha ocasionado corrupción, hay proyectos de infraestructura grandes, pero no están tan bien hechos; otros opinan que la perspectiva política de China, un país enorme, de partido único, tiene una influencia para ralentizar los procesos de democracia, etc. Es muy importante que se pueda trabajar, desde una perspectiva académica, con investigaciones y argumentos, las críticas y los debates en torno al gigante asiático, pues tenemos que ser claros: aunque tuviéramos una postura crítica con China, vamos a tener que relacionarnos, vamos a tener que lidiar con la presencia china, porque es uno de los grandes poderes en este momento. De hecho, se está disputando la hegemonía con Estados Unidos, por lo cual tenemos China para rato.
Por ello, desde hace un año y medio hemos trabajado en esta propuesta, desde una perspectiva conjunta con la Universidad de San Francisco de Quito y se unió también la Fundación Andrés Bello de Colombia, que tiene mucha experiencia en temas chinos.
El Foro contará con prestigiosos panelistas como las académicas Carol Wise, de la University of Southern California y Maricela Connelly, de México; el experto Renato Balderrama, del CIDE y los periodistas argentinos Julián Varsavsky, editor de Página 12, y Marcos González Gava, director de Reporte Asia.
¿Quiénes serán los participantes y cuáles las temáticas?
Académicos, periodistas, representantes de ONGs de Ecuador y de la región. Es una temática diversa sobre política, relaciones internacionales, gobernanza democrática, derechos humanos, economía, comercio e inversión, intercambio cultural y académico, impacto ambiental, tecnologías de la información y la comunicación y proyectos de infraestructura.
¿Cuáles son los perfiles de los ponentes de este evento?
La profesora Carol Wise, de la University of Southen de California (EEUU); Maricela Connelly, de México, que es seguramente la académica que más ha escrito en español sobre China, desde los años 80. Del CIDE (Centro de Investigación y Docencia Económicas), el profesor Renato Balderrama, quién se dedicó a trabajar los temas de China y del este asiático desde hace unos 20 a 25 años. De Argentina tendremos dos periodistas: Julián Varsavsky, editor de Página 12 y uno de los mayores conocedores de Asia en su país y en Sudamérica. También estará Marcos González Gava, quien dirige Reporte Asia, el portal más importante de noticias en español.
¿Por parte de Ecuador, con quiénes contaremos?
Tenemos a Fundación Mil Hojas que, hace poco tiempo, publicó el libro “Los secretos de la deuda china”, un tema neurálgico para el Ecuador. Participarán académicos de la FLACSO, de la Universidad San Francisco de Quito, de la Universidad Católica y de Cuenca. Será una muy nutrida delegación ecuatoriana.
¿Habrá espacios de interacción, de compartir criterios, experiencias?
Sí. El día 1 será en la FLACSO-Ecuador, el día 2 en la Universidad San Francisco de Quito. Habrá espacios para diálogos de estudiantes de las dos universidades, con funcionarios y académicos. También se prevé que los estudiantes hagan sus propias ponencias.
Equipos de las fundaciones Andrés Bello de Colombia y Mil Hojas de Ecuador, serán parte del grupo de talleristas que compartirán sus experiencias respecto a las investigaciones y publicaciones que han realizado sobre los contratos y las inversiones chinas.
Un aporte adicional será un módulo de apoyo técnico ¿En qué consiste?
Habrá dos capacitaciones con la Fundación Andrés Bello. Ellos, como periodistas y además académicos, tienen experiencia en la investigación. Los periodistas ecuatorianos podrán profundizar en la temática china y saber dónde buscar información. También está abierto al público.
La incidencia de la presencia de China en la institucionalidad a través de inversiones o contratos es un tema importante. ¿Alguna autoridad está invitada?
Se ha extendido invitaciones al sector público porque este tema atañe a todos los sectores. El Ejecutivo, la Función Judicial y la Asamblea necesitan conocer esto para negociar, por ejemplo, el TLC o reformar cuestiones de contratación pública. Esperamos que haya funcionarios públicos que asistan. Queremos dar voz no solo a académicos y expertos de fundaciones que trabajan a fondo estos temas, sino también a miembros de organizaciones de la sociedad civil, de lugares donde hay proyectos chinos y se sienten afectados.
¿Cómo y hace cuánto tiempo nace el Programa de Estudios Asiáticos de la FLACSO?
El Programa de Estudios Asiáticos es un espacio de investigación, docencia y asesoramiento sobre países de la región del Asia-Pacífico, desde una perspectiva multidisciplinaria. En 2023 decidimos crear este centro porque existe mucha desinformación y desconocimiento con relación a este tema. Por ello hacemos cursos especializados, eventos académicos, congresos, foros y seminarios.
Las fallas estructurales en la construcción de la hidroeléctrica Toachi Pilatón no fueron atendidas por la contratista China International Water & Electric Corporation (CWE), pese a las observaciones de Contraloría y reclamos de la Corporación Eléctrica del Ecuador. Fisuras, grietas y deslizamientos están a punto de comprometer la central; el proyecto, casi finalizado, es una bomba silenciosa.
Han pasado 13 años desde que se colocó la primera piedra, el 17 de enero de 2008. Ese día, el ex presidente Rafael Correa, junto al entonces prefecto Gustavo Baroja, aseguró que la obra costaría USD 452 millones y que estaría lista en el 2012, pero a las puertas de 2022 la hidroeléctrica aún no funciona, enfrenta desequilibrios geológicos y se han gastado más de USD 900 millones. CELEC intenta forzar el inicio de operaciones de la hidroeléctrica Toachi Pilatón tras 13 años de larga espera. A través de Hidrotoapi, seinició con una fase de pruebas de funcionamiento de las obras civilesel 17 de mayo de 2021, pese a los problemas de infraestructura dejados por la firma China International Water & Electric Corporation (CWE).
Toachi Pilatón cumple con todas las características propias de unproyecto emblemático de la Revolución Ciudadana: es una obra inconclusa, con sobreprecio, que lleva a cuestas un largo historial de denuncias de corrupción; y, además, está llena de fallas estructurales que impiden el inicio de sus operaciones.
Para la construcción de las obras civiles se contrató primero a la brasileña Odebrecth, pero fue expulsada por problemas en otra hidroeléctrica a su cargo, San Francisco. Luego, se buscó a otra contratista y entregaron el proyecto a la empresa china CWE.
Ya en 2020, la Contraloría General detectó una serie de fallas estructurales, fisuras y desprendimientos, además de incumplimientos en el plan de manejo ambiental. La única responsable es la empresa CWE, que se ha valido de un intercambio de oficios, impugnaciones y recursos de apelación para no subsanar los defectos de construcción y evadir el pago de multas.
Una prueba de esto fue el oficio CELEC-EP-HTP-2021-0237-OFI suscrito por la CELEC el 23 de junio de 2021, para la terminación del contrato por mutuo acuerdo. La CWE impugnó la decisión siete días después. El 29 de julio, un mes más tarde, la Gerencia de CELEC negó el recurso de apelación.
Asimismo, el 17 de agosto pasado, la CELEC envió cinco oficios solicitando la intervención inmediata de la contratista CWE respecto a las fallas señaladas por la Contraloría en el informe DNA4-0056-2020, respecto a incumplimientos en la construcción de obras civiles.
Pero la empresa china se lava las manos y asegura que sus retrasos se deben, a su vez, al destiempo en los pagos por parte de CELEC. Su mora purgó y purga cualquier eventual y no consentida mora de CWE, por disposición legal expresa, contenida en el Artículo 1568 del Código Civil. Además, estos incumplimientos han ocasionado un desequilibrio económico en el Contrato de Obras Civiles, en perjuicio de CWE, lo que ha sido advertido en múltiples ocasiones EP, cita el oficio CWETP-HTP/2021-1325 emitido por la firma china.
CWE suma retrasos por un total de 970 días en la entrega de las obras. Sin embargo, según la Contraloría, la CELEC EP no impuso las multas estipuladas en el contrato por USD 29,8 millones por estos incumplimientos.
Oficios van y vienen mientras los problemas de infraestructura continúan sin ser resueltos y la firma china se resiste a resolverlos y evade sus responsabilidades, lo que pone en riesgo toda la infraestructura hidroeléctrica.
Existen tres problemas severos que afectan la estructura hidroeléctrica, obras que ya fueron pagadas en su totalidad a la contratista CWE:
Defectos en las pantallas de impermeabilización de la presa, tanto en la presa, como en los estribos.
Desprendimientos en el túnel de presión Toachi Alluriquín. Se detectaron defectos de diseño y en la metodología aplicada por la firma china.
Drenajes defectuosos en la zona de chimenea de equilibrio superior de Alluriquín, en donde ya se han registrado desplazamientos del terreno.
El costo de las reparaciones se estima enUSD 2’986.701. En detalle:
USD 1155.508,62 por la pantalla de impermeabilización en la presa Toachi.
USD 224.534 para la demolición y restitución del revestimiento de los tramos afectados en el túnel de presión Toachi Alluriquín.
USD 682.217 adicionales por los drenes en el túnel, pues no el hormigonado de los dos desagües de fondo de la presa no se hicieron.
USD 924.442 por la estabilización de la chimenea de equilibrio superior de Alluriquín.
Fallas detectadas por la Contraloría General
La hidroeléctrica Toachi Pilatón presenta fallas estructurales que afectan su operación. Según el informe de Contraloría DNA4-0056-2020 aprobado en diciembre de 2020, el túnel de carga Toachi Alluriquín, por el que se pagó USD 63,7 millones, tiene fracturas que impiden poner en marcha el proyecto en ese tramo del río. Además, no se cobraron a la contratista multas por USD 29,8 millones.
La integridad del túnel de carga está comprometida por desperfectos en las obras civiles, según el examen especial realizado a la ejecución de obras civiles entre 2015 y 2019. Los daños incluyen fisuras, roturas, desprendimiento del hormigón de recubrimiento y altos volúmenes de agua filtrada. Las soluciones que aplicó la constructora no surtieron efecto.
En 2018, los fiscalizadores de la obra informaron que la empresa CWE realizó las reparaciones en la parte superior de la sección de revestimiento de hormigón, pero no intervino la mitad inferior ni los sitios por los cuales se filtraba agua.
El informe incluye un registro fotográfico que ilustra el desprendimiento del hormigón de revestimiento en la bóveda y paredes laterales, reparaciones mal ejecutadas, deformaciones en el acero de refuerzo por el empuje de la roca sobre la obra y la ausencia de un sistema de captación y conducción del agua para evitar que se infiltre hacia el interior del túnel.
La zona de captación Pilatón y la presa Toachi también presentan fallas por el incumplimiento de los protocolos y técnicas constructivas. No se cumplieron las especificaciones adecuadas para impermeabilizar las áreas, incumplimientos que pueden causar socavones y asentamientos diferenciados, disminuyendo la vida útil de infraestructura que alcanzó un costo de USD 2,8 millones.
Ausencia de remediación ambiental
La contratista china tampoco cumple con el proceso de remediación ambiental. Está pendiente el retiro y clausura de pozos, fosas sépticas y trampas de grasas, manejo de escombros, retiro y transporte de equipos y máquinas.
Tampoco se han cerrado las piscinas de sedimentación, no se han limpiado las áreas afectadas ni se ha comenzado con la gestión de materiales químicos, residuos o desechos peligrosos. Asimismo, no se han estabilización y reforestado los taludes.
Hasta la presente fecha, la contratista china CWE no ha iniciado los trabajos de remediación que incluso fueron señalados por la Contraloría en el informe Nro. DNA4-0056-2020.
Según fuentes contactadas por PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN, existen pasivos ambientales no tratados en varios frentes de la hidroeléctrica; pero, en lugar de atenderlos, el personal de CWE ha comenzado levantar su maquinaria y equipos sin aprobación o conocimiento de CELEC.
Las multas y pagos pendientes
Primero se establecieron multas en contra de CWE por un total de USD 36,5 millones, pero ya fueron cobrados cerca de USD 6,7 millones (2,62% del total). Actualmente, el total de multas que pesan en contra de la contratista china suman USD 31’136.052, equivalente a un 12,6% en relación con el valor del contrato actualizado y reajustado.
Con la liquidación del contrato, CWE debería pagar al Estado ecuatoriano un valor USD. 28,4 millones, pero hay que considerar que todavía está en discusión un proceso de mediación entre CELEC y CWE por el reconocimiento de gastos indirectos por la primera extensión de plazo de 315 días a favor de CWE cuyo monto asciende a los USD 7.6 millones.
Se ha propuesto la ejecución de un peritaje en contratación pública para determine la pertinencia o no del pago. En caso de ser favorable el pago a CWE el valor de la liquidación del contrato sería de USD. 204 millones en contra de CWE.