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Etiqueta: Coca Codo Sinclair

China: El dragón que secuestró a Ecuador y ahora ofrece rescatar a su mayor hidroeléctrica

La gigante Power China, matriz de Sinohydro, propone al gobierno «solucionar» los graves problemas de la hidroléctrica Coca Codo Sinclair, obra que su propia filial construyó con miles de fallas, entre ellas más de 17.000 fisuras, por las que Ecuador reclama US$ 580 millones.

Mientras el conflicto aún se dirime en arbitraje internacional, Power China pretende comprar o recibir en concesión la mayor hidroeléctrica del país para reparar y optimizarla, proyecto que costó US$ 3.300 millones -tres veces lo estimado por el gobierno de Rafael Correa- y que hoy enfrenta al Estado ecuatoriano y a Sinohydro.

Así lo revela en diálogo con Mil Hojas Carlos Pérez García, exministro de Energía y experto petrolero. Aunque admite que suena descabellada la propuesta, considera que podría ser la única opción para evitar una catástrofe ambiental y económica en la mega hidroeléctrica con la que el correato prometió sin éxito ahuyentar al fantasma de los apagones, que ahora está de regreso.

Pérez detalla cómo la relación bilateral con China, bautizada por Correa y su par Xi Jinping como Asociación Estratégica Integral, está marcada por una trama de corrupción, secretismo y sumisión al dragón asiático en la que dejó atrapado a Ecuador y sorprende ahora con un plan para rescatarlo del abismo al que él mismo lo empujó.

También cuenta detalles sobre la influencia de lobistas que, en conexión con ciertas autoridades y mandos medios en la burocracia, han tejido una red de relaciones que, según advierte, aún sigue operando.

La propuesta de Power China ya está en el Ministerio de Energía. Al presidente Daniel Noboa le corresponde decidir si toma acción ya, o patea el problema para después de las presidenciales que se realizarán a inicios de 2025.

Snai edificio
Snai edificio

Pese al secretismo en la política de endeudamiento con China, establecido bajo el gobierno de Rafael Correa, las limitaciones que ello ha significado para los gobiernos posteriores, y los problemas de funcionamiento de varios proyectos financiados por China, el régimen de Daniel Noboa ha anunciado un nuevo crédito para construir una cárcel en Santa Elena. ¿Cómo percibe esta situación?

El país quedó comprometido con grandes sumas de dinero, a tasas de interés bastante altas con el Gobierno chino. Esa decisión la tomó el presidente Correa en vista de que el presupuesto quedó desfinanciado principalmente por la baja del precio del petróleo. Los años de bonanza se acabaron y tenía que buscar fondos. Una buena parte se hizo con preventas de petróleo a China hasta 2024… Cuando pasé por el Ministerio de Energía se logró un desembolso adicional de US$500 millones en la renegociación de los contratos con el CDB (China Development Bank). En el Gobierno del presidente Moreno se consiguió renegociar ciertas tarifas, pero no había mucho espacio porque los contratos con China tenían una cantidad de candados. El secretismo era complicado. Inclusive a mí, el Ministerio de Finanzas se negaba a entregarme copia de los contratos, lo cual era absurdo porque era parte del Gobierno. La Contraloría tuvo que intervenir. Eso le costó el puesto al ministro (Carlos) De La Torre y tuvo que entregar la información.

Rafael Correa y Xi Jinping

¿Fue el ministro De la Torre quien le impidió acceder al contenido de los contratos? 
Él decía que son confidenciales y le dijo lo mismo a la Contraloría.

¿Tras su salida, pudieron acceder a esa información? 
Sí, el contralor de ese entonces, Pablo Celi, exigió que se me entreguen los contratos, pero solo podía leer, no podía sacar copias. Había un control extremadamente fuerte por el miedo de que el Gobierno chino demande al Ecuador por haber hecho públicos los contratos.

De La Torre venía del correato ¿estaba cuidando las espaldas?
Claro y había bastante gente del correísmo todavía en el Ministerio de Finanzas.

¿Aún siguen?
Todavía hay gente ahí. No querían entregar los contratos. El Gobierno chino había incluido cláusulas de confidencialidad absurdas. Está bien que haya esa confidencialidad mientras se está negociando pero, una vez que se firma un contrato, debe ser público y no fue así. Tuvimos que pelear duro.

¿Fue un error haber permitido cláusulas de confidencialidad y de soberanía en los contratos?
Se renunció absolutamente a todo. Mire lo absurdo, se creó un fideicomiso en Panamá para pagar el dinero de esos contratos, cuando era prohibido tener fideicomisos en paraísos fiscales. Todo el dinero de la venta del crudo entró a ese fideicomiso. De ahí, China dice tanto es mío y coge el dinero.

¿Quién constituyó el fideicomiso?
El Ecuador lo constituyó junto con el CDB (Banco de Desarrollo de China).

¿Es decir que los ingresos por las preventas iban directamente al fideicomiso, no se registraban en las cuentas de Petroecuador?
En las cuentas de Petroecuador se registraba en la venta, pero el dinero iba al fideicomiso, el CDB tomaba la parte que le corresponde y el saldo regresaba al Ecuador, a la Cuenta Única.

¿Además de violar la ley contra los paraísos fiscales, era entregarles el manejo contable de ese dinero?
Claro, era una especie de garantía que tenía el Gobierno chino para cobrar sus haberes.

¿Usted ni nadie pudo hacer nada por la vía legal para anular ese tipo de operaciones?
 No, porque estaba previsto en el contrato.

 ¿Cómo constató que ese fideicomiso fue creado en Panamá?
Por la información que me dio el Ministerio de Finanzas, pero no tengo esos documentos.

¿Hizo algo sobre esos fideicomisos? 
No había cómo porque era parte del acuerdo con China. Deben estar vigentes hasta que se acabe de pagar las deudas y las preventas petroleras

Carlos Pérez García, exministro de Energía. Foto: Diario El Universo

Carlos Pérez García, exministro de Energía. Foto: Diario El Universo

¿Nos pusieron de rodillas por el financiamiento fácil, pero caro?
Fácil entre comillas, y caro. Como el Gobierno del presidente Correa cerró las puertas de los multilaterales, tuvieron que recurrir a gobiernos como el chino. Algo hubo con Rusia con un par de proyectos, pero principalmente fue dinero chino. En ese entonces, la política china era endeudar a los países para tener el control. Hoy lo están haciendo con África.

¿Es una cuestión geopolítica?
Es geopolítica. Cuando llegamos a China, le dije al presidente Moreno que hay que negociar de gobierno a gobierno, que debe reunirse con el presidente de China. Se consiguió algo, pero no muy importante. 

¿Eso se debe en parte a que hay una muralla tejida por los lobistas chinos?
Hay mucho lobista ecuatoriano en China y, chino en Ecuador, que manejan las gestiones entre los gobiernos. De ellos, unos han desaparecido, otros están presos. Recuerdo a un señor Sánchez, que salió en uno de los casos con problemas, como del ex contralor (Carlos Pólit), que está preso en Estados Unidos, los negociados de las preventas con el exgerente de Comercio Internacional de Petroecuador (Nielsen Arias, alias El gordo) … los proyectos hidroeléctricos, escuelas, hospitales. Recuerdo una de las épocas en las que estuvimos cortos de crudo y se le dijo al gobierno chino que no podíamos entregar el crudo, nos dijeron que si no se entrega el crudo no entregan el préstamo para el hospital de Bahía. Un chantaje.

¿Qué hizo usted?
Logramos argumentar una fuerza mayor en el contrato, había esa cláusula y logramos desenredarnos por un tiempo corto hasta poder entregar el crudo y conseguir el préstamo. Mientras tanto, había muchos problemas porque no se exigió que las empresas chinas hagan el due diligence de sus proyectos (investigación previa a la firma de un contrato). Tomaron como carta abierta lo que decían CELEC o CNEL, estén bien o mal. Ahora tenemos la erosión regresiva en Coca Codo, el túnel de Toachi-Pilatón que no aguantó, el túnel en Quijos que no se pudo terminar porque se venía derrumbando…

No hubo control de calidad ni entes de control vigilando los procesos
Claro. Lamentablemente esas negociaciones fueron hechas de gobierno a gobierno. La situación actual es diferente, el Gobierno chino se ha hecho a un lado. He tenido conversaciones con empresas como China Power que quería comprar Coca Codo Sinclair, devolvernos el dinero y hacerse responsable como está. Pero hay el sentimiento de que estamos entregando algo que es nuestro. Si algo no está funcionando, prefiero entregar a alguien que se haga cargo, responda por eso y devuelva el dinero.

Snai edificio

Coca Codo Sinclair

Suena extraño que una empresa china quiera hacerse cargo de algo que no sirve

No es que no sirva, la central funciona, pero hay el riesgo de problemas serios y nadie sabe cuándo, puede ser en 10 o 20 años, porque hay incertidumbre sobre la calidad de los equipos, las condiciones geológicas y cantidad de cosas.

¿Sería bueno abrir las puertas a una negociación? 
Sería bueno, entiendo que China Power, que es la matriz, la mamá de Sinohydro, ha presentado una propuesta, pero como la política se mete, dicen ‘no vamos a vender el proyecto’. Por eso han presentado una propuesta de concesión que, entiendo, reposa en el Ministerio de Energía.

¿Eso sería bueno para el país? 
Sería bueno porque la responsabilidad de lo que pase en esa hidroeléctrica pasa a ser de la concesionaria, no del Estado. 

¿Y todo lo que se ha perdido y todo el daño causado? 
Esos dineros serían reembolsados al Estado.

¿Los más de US$3.000 millones?
Cerca de US$3.000 millones. Habrá que discutir una tarifa de generación atractiva

¿Esa es la única salida para resolver el problema de Coca Codo?
Eso es algo que el Gobierno tiene que sentarse a negociar. No sé si hoy, por efecto de las elecciones, las cosas se estén dando un poco lento.

Pero, concesionar Coca Codo a China, nuevamente, suena hasta descabellado
Suena descabellado, pero es la única solución para que el país salga bien librado.

¿Nadie más se haría cargo?
Esa es una espada de Damocles que está encima del Estado. Si pasa algo con la hidroeléctrica, volveremos al problema de la falta de energía. Y se debería poner una cláusula en la que se determine cómo la empresa va a compensar al país si por ‘x’ o ‘y’ razón no puede generar.

¿Eso significaría echar tierra sobre las denuncias de corrupción, los informes de Contraloría con responsabilidades?

No sé cómo serían las negociaciones, pero el daño está hecho. No creo que al entregar la obra en concesión se borre los pecados de antes. Ahora, conociendo a China, no sería raro que proponga eso y diga: me libran de toda responsabilidad, mi embajador que estuvo involucrado ya no va a tener problemas, etcétera.

Sería bueno, entiendo que China Power, que es la matriz, la mamá de Sinohydro, ha presentado una propuesta, pero como la política se mete, dicen ‘no vamos a vender el proyecto’. Por eso han presentado una propuesta de concesión que, entiendo, reposa en el Ministerio de Energía.

Contrato de implementacion

¿Tendrán que hacer un balance sobre el costo-beneficio, incluido el costo político?

Claro, habrá que ver qué proponen. Solo sé que hay una propuesta económica y comercial. Que yo conozca no hay ningún planteamiento en cuanto a dejar sin efecto acusaciones anteriores a esta negociación. Ha habido una cantidad de abusos. Creo que el Gobierno chino ya se dio cuenta y por eso ya no interviene en las negociaciones. Gente con la que he hablado de empresas chinas, que aún tienen interés de invertir en el país, comenta que les están diciendo ‘usted va como empresa privada a invertir en Ecuador, no con respaldo del Gobierno chino’.

¿Será que no pensó que las cosas iban a llegar tan lejos?
La filosofía de esos países es totalmente diferente a la nuestra. Cuando me reunía con ellos me decían: usted es ministro, puede decidir lo que sea. Yo les decía no, tengo que seguir lo que dice la ley, no importa que sea ministro, no tengo la palabra final sino la ley y la Constitución… Cuando había un dominio por parte de la Presidencia de la República, se forzaba… y los resultados hoy en día son que todo el mundo anda preso o con acusaciones.

¿Cómo operan los lobistas, son equipos grandes dentro y fuera del país?
Los lobistas son gente que tiene contactos en China y se acostumbraron a estar incrustados en el Gobierno ecuatoriano. Mi primera sorpresa fue cuando fui a China y los lobistas estaban en el mismo hotel. ¿Cómo sabían que yo había ido a China, en qué hotel estaba y qué reuniones iba a tener con el Gobierno chino? Tenían toda mi agenda. 

¿Quiénes son? ¿Puede citarlos? 
Uno que a mí me sorprendió fue ese señor Sánchez, que venía y proponía ciertas cosas. Mi respuesta fue: ‘yo no camino por esos caminos’ 

¿Se refiere a Bolívar Sánchez, considerado uno de los principales lobistas petroleros y que, junto con Rafael Correa y Jorge Glas, es uno de los 20 sentenciados en el Caso Sobornos-Odebrecht?

Sí, hablo de Bolívar Sánchez

¿Qué le proponía? 

Comisiones y comisiones… Les dije que no trabajo así, que mi vida ha sido transparente y que mi labor es pelear por las mejores condiciones para el país. Que yo hago las cosas de gobierno a gobierno y que no voy a lidiar con ellos.

¿Le informó al presidente Moreno sobre eso? 

Claro.

¿Qué dijo él? 

El presidente Moreno en estas cosas no se involucraba mucho. Le gustaba meterse más en los programas sociales. Al ministro de Finanzas (Richard Martínez) y a mí nos dejaba manejar los sectores.

¿Qué reputación tienen los lobistas chinos?

Son complicados. En el mundo de los negocios se dice que con los chinos se empieza a negociar luego de que se ha firmado los contratos porque no respetan las cláusulas y siempre exigen más. A pesar de que el Gobierno chino lo niega, hay bastante corrupción. Frené bastante a los benditos lobistas que querían meterse por todos lados para influenciar. Me decían que puedo hacer lo que me dé la gana, que no importa la ley ni los jueces. Yo les respondía que eso podrán hacer en su país, pero acá deben cumplir la ley.

¿Ítalo Cedeño es uno de esos lobistas?

El era uno de los mayores lobistas de las empresas chinas y muy amigo del exvicepresidente Jorge Glas. Se reunían a cada rato. Lo conozco muchísimos años, no concuerdo con su forma de trabajar, ni de comportarse, peor aún con el escándalo de la esposa. Los chinos se mueven a todo nivel y este señor Cedeño, que trabajó tanto tiempo en Andes Petroleum, tiene con ellos un cordón umbilical. Era terrible, ofertaban cualquier cosa. Lo importante es mantenerse firme y no aceptar nada de nada.

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Adjudicaciones para asegurar hidroeléctricas y termoeléctricas sin respaldo de reaseguros

La póliza de seguros para los bienes de las centrales hidroeléctricas de la Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP, fue adjudicada a Aseguradora del Sur pese a que no contaba con el aval efectivo de su reasegurador, la compañía Allianz, y por lo tanto mantuvo a las plantas hidroeléctricas con cobertura parcial por, al menos unos 15 días, hasta completar el 100% del respaldo por parte del reaseguro. Además, el valor de esta prima se encareció en 24% respecto a la contratada en el período anterior.

En este proceso se encuentran en juego los mayores activos del sector eléctrico del país, pues suman más de US$ 12.000 millones, que quedaron parcialmente desprotegidos por al menos 15 días debido a un proceso licitatorio en el que las autoridades no se cercioraron de que se cumplan con los requerimientos básicos exigidos en los pliegos del concurso.

Tras la decisión del presidente Guillermo Lasso de iniciar el proceso de liquidación de Seguros Sucre por los escándalos de corrupción que había protagonizado esta empresa pública, se dio inicio al proceso de licitación CELEC No. LISEG-CELCC0-023-21 para la contratación del Programa de Seguros para los Bienes e Instalaciones de las centrales hidroeléctricas y eólica de la Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP». El concurso inició el 23 de junio de 2021 con un presupuesto referencial de US$ 33´115.745 de prima neta sin IVA.

Las ofertas presentadas para acceder a esta nueva póliza fueron de: Aseguradora del Sur, Hispana de Seguros y el Consorcio Celec (integrado por Latina de Seguros y Seguros Alianza).                 

La vigencia de la póliza a contratar era de 365 días a partir del primero de agosto de 2021. El valor asegurado fue de US$ 500 millones, a diferencia del proceso licitatorio previo en el que se contrataron pólizas de seguro por separado: en una, solo para Coca Codo Sinclair hasta por US$ 500 millones y en otra, para el resto de hidroeléctricas, por US$ 500 millones más.

Es decir que hasta julio de 2021 todos estos activos estaban asegurados en un total de US$ 1.000 millones, con una prima de US$ 21 millones. Mientras en este nuevo concurso se unificaron ambos riesgos, pero con una suma total asegurada de tan solo US$ 500 millones y una prima de US$ 26 millones. La simple comparación de las cifras echa por tierra el discurso gubernamental del ahorro, pues en este último concurso se subió el valor de la prima en un 24% respecto al proceso previo para asegurar la mitad del valor, pues este pasó de US$ 1.000 a solo US$ 500 millones.

De acuerdo con los pliegos del concurso, las oferentes debían entregar cartas de respaldo del reaseguro por el 20% de indemnización por evento.

Aseguradora del Sur presentó ese aval del reasegurador Allianza, lo que significa que esta empresa respaldaba con hasta US$ 100 millones por evento. No obstante, en la práctica Allianza no otorgó respaldo a todas las centrales hidroeléctricas de CELEC.

Hispana de Seguros también ofertó el mismo valor y presentó una carta de respaldo del reasegurador londinense Alcor Lloyds 4612. Pero este mismo reasegurador confirmó que solo podía otorgar un respaldo hasta US$ 10 millones y no como aparentemente Hispana dio a entender en su oferta. Por lo tanto, no contaba con la capacidad requerida en la licitación y el certificado de respaldo de Alcor no era válido.

Los detalles de estas irregularidades fueron expuestos en correos electrónicos cursados, primero entre diversos actores del mercado, y luego, enviados a las autoridades de CELEC EP y del Ministerio de Energía, en julio de 2021 durante la etapa de calificación y previo a la adjudicación.

En el caso del reaseguro de Aseguradora del Sur sobresale una comunicación interna del 30 de julio de 2021, entre Allianz Global Corporate & Specialty escrita por James Wright, uno de los socios de la División de Energía y Servicios Públicos, en la que se aclara que, junto a la compañía Alesco, están actuando como reaseguradores de Seguros Sucre S.A. con una participación del 20% en el seguro de todo riesgo operacional de la central Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair. Con este antecedente señala “Alesco nos ha pedido que consideremos si deseamos suscribirnos a una participación en todo el programa Hydroeléctrico detrás de una aseguradora local…Rechazaremos la participación debido a la falta de información sobre riesgos”.

En el caso del reaseguro de Hispana, la primera comunicación se origina en Alcor el 20 julio de 2021 (a las 17:58). lan Craigs, suscriptor general de Propiedades de Alcor envía un email a Nick Burn, director internacional de P&C que es el seguro de propiedad y siniestros de Tysers lnsurance Brokers Limited, un broker de seguros londinense. En este email Craigs explica que la carta enviada por Alcor a CELEC EP no es una cotización vinculante y que no puede participar porque esta licitación no es de su interés.

Una semana después (27 de julio de 2021 a las 17:28, Craigs vuelve a escribir un correo a Nick Burn en el que le especifica: “Es posible que Howdens (corredor de seguros europeo) haya presentado esta oferta, pero en su momento dejamos muy claro que no somos un mercado proporcional y que no tenemos ese tipo de capacidad…”

Luego de este intercambio de mensajes Nick Burn, de Tysers, envió un correo a Gonzalo Uquillas, gerente de CELEC, (27 de julio de 2021 20:27), en el que le dice que “la documentación con la que se respaldan ciertas reaseguradoras en la licitación de Celec parece ser malinterpretada”. Agrega haber sido informado que Alcor ha presentado una participación del 20% como respaldo de los US$ 500 millones y que eso no es correcto, por lo que adjunta los correos electrónicos ya mencionados, confirmando que no se han ofrecido a apoyar esta licitación.

También presenta un extracto del sitio web de Alcor que muestra que su capacidad máxima de cobertura es de US$ 10 millones.

En efecto, de acuerdo con la información publicada por este reasegurador en su propia página web (https://alcoruw.com/products/all-risk-property/), se indica que cuenta con una capacidad de solo hasta US$ 10 millones.

El 29 de julio de 2021 (16:47) Burn se dirige nuevamente, vía electrónica, al ministro de Energía de entonces Juan Carlos Bermeo, a Uquillas y otros funcionarios de CELEC, donde les pide que vean “un correo de Alcor aclarando su posición sobre esta licitación y demostrando que lo que ha presentado Hispana es engañoso”.  En esta comunicación, Ian Craigs de Alcor le dice a Burn que esta reaseguradora “no ha proporcionado indicación de cobertura o cotización de términos para las centrales hidroeléctricas o centrales térmicas. La participación máxima que Alcor puede ofrecer en cualquier cuenta es US$ 10m (US$ 10 millones)”.

El 30 de julio (13:18) Nick Burn, en otro email, se dirigió al ministro de Energía de entonces Juan Carlos Bermeo y a Uquillas observando que no ha recibido ninguna respuesta de las autoridades en relación con sus correos anteriores respecto a la licitación y que está sorprendido “especialmente de los problemas de Alcor y Allianz porque iría totalmente en contra del interés de CELEC EP. La calificación de Allianz permite puntos más altos, lo que está distorsionando el proceso, no están respaldando todos los activos de Celec… Le recomendamos encarecidamente que considere toda esta evidencia y, aparte de esto, la oferta de Latina Seguros es mucho más favorable a Celec y su interés”.

¿Por qué son importantes estas comunicaciones? En los pliegos de la licitación se incluye la potestad de CELEC de constatar la validez de las confirmaciones que realicen los reaseguros. En la cláusula destinada para ello se señala: “CELEC EP se reserva el derecho de verificar en todo momento y por cualquier medio, la autenticidad de toda la información proporcionada por la aseguradora, en especial, en lo referente a los certificados y notas de cobertura de reaseguros, so pena de ser declarado adjudicatario fallido y de iniciar las acciones que en derecho correspondan, en caso de encontrar cualquier tipo de falsedad en la información proporcionada.”

Pese a todo esto, el mismo día en que Allianz decidió no participar en este concurso, el viernes 30 de julio de 2021 se concretó la adjudicación y la póliza empezó a regir desde el domingo primero de agosto de 2021, a las 12 horas. Pero al estar de por medio un fin de semana entre la fecha de adjudicación y la vigencia del contrato era imposible completar el 100% del reaseguro para estos bienes en tan corto tiempo y peor aun cuando la empresa adjudicada no tenía una oferta en firme, sino que solo un «desk quote» o cotización de escritorio. Fuentes del sector explicaron que una oferta en firme es cuando los reaseguradores otorgan, de manera escrita a las aseguradoras, un respaldo real en todas las condiciones y valores; mientras que la oferta de escritorio es cuando la aseguradora únicamente presenta su oferta sin contar con el aval efectivo del reasegurador.

Para conseguir un reaseguro de esta magnitud se necesitan, generalmente, unos 15 días hasta poder negociar y completar el respaldo requerido, por lo que a esa fecha dicho riesgo no debió estar colocado al 100%, lo que significa que las centrales hidroeléctricas solo tenían cobertura parcial, en caso de siniestro.

Irregularidades en proceso de evaluación inclinaron otra vez la balanza

Otro punto de controversia tiene que ver con la forma en que se otorgaron puntajes a las oferentes según la calificación de riesgo de sus reaseguros. Los pliegos de la licitación establecen que esas calificaciones debían ser otorgadas por las firmas Standard & Poors, AM Best o Moody’s y registradas en la Superintendencia de Compañías.

Hispana de Seguros y el Consorcio Celec (Latina Seguros-Seguros Alianza S.A.) presentaron respaldos de Sindicatos de Lloyds (grupo de aseguradoras londinenses), los cuales, de acuerdo con el registro de la Superintendencia, tienen calificación A (excelente). No obstante, al evaluar la oferta del Consorcio Celec (Latina-Alianza), la Comisión Técnica que se encargó de esa tarea, la calificó como A, mientras a Hispana Seguros la puntuó como A+.

El 27 de julio de 2021, el Consorcio Celec pidió la recalificación de su oferta. Uno de sus argumentos fue que se dio a Hispana la calificación más alta (15 puntos) pese a tener el mismo reasegurador que el Consorcio Celec (Sindicatos de Lloyds), dándole a este último oferente una calificación de 12.50 puntos, sin considerar que la compañía líder del consorcio (Latina de Seguros), por sí sola, tiene calificación de riesgo «AAA».

La comisión técnica respondió que fue el mismo Consorcio Celec el que registró la calificación de cada uno de sus reaseguradores en un formulario, donde se evidencia que 5 de ellos tienen calificación «A» y uno, calificación «AA». Al momento de aplicar las fórmulas correspondientes, esas calificaciones no alcanzan los 15 puntos reclamados por el Consorcio.

Por lo tanto, la comisión concluyó que no puede modificar las calificaciones de riesgo presentadas por el oferente para homologar con los reaseguros presentados por otros oferentes, por el solo hecho de pertenecer al Sindicado Lloyd’s.

El Consorcio Celec también pidió que se revise la evaluación hecha a la reaseguradora de Hispana, Alcor de Lloyd’s, pues esta posee una capacidad para el seguro de todo riesgo de solo US$ 10 millones, nivel insuficiente para asumir el porcentaje requerido. El Consorcio Celec solicitó también se aclare cuál fue el criterio de la valoración hecha a los respaldos de reaseguros ante una posible insuficiencia de asumir el riesgo. Y requirió la publicación de todas las cartas de respaldo de los reaseguros. Además, afirmó que esta adjudicación sería un perjuicio al Estado, pues la oferta del Consorcio Celec es la más baja.

La comisión evaluadora puntualizó que la capacidad del reaseguro no es una condición que consta en los pliegos del concurso donde se señala: a) “Los oferentes deberán presentar copia simple de los certificados de reaseguros emitidos por reaseguradores internacionales de reconocido prestigio, sobre la colocación en firme de al menos el 20% de la suma asegurada del Reaseguro, para cada una de las pólizas de manera individual y/o grupal…”

Pese a que se especifica que los certificados que deben presentar los reaseguradores están relacionados con un porcentaje requerido en el concurso, la interpretación de la comisión técnica es que “la capacidad de los reaseguradores no consta como requisito exigido en el pliego” y, por si fuera poco, admite que “el certificado emitido por Alcor, no corresponde a un retrocesionario (reasegurador)”.

En otra confusa explicación la comisión también dice que “la validación del cumplimiento de los requisitos mínimos, que sí están exigidos en los pliegos, se hizo sobre la base de la revisión de las copias de los certificados de reaseguros…” pero “el cumplimiento de los requisitos contenidos en el certificado de reaseguros, no son objeto de valoración”.

En otras palabras, la validación es solo revisar las copias, pero no lo que se afirma en los certificados.

Finalmente, el 28 de julio de 2021 la comisión desestimó todo y pese a los reclamos del Consorcio Celec y a las informaciones entregadas por los reaseguradores a la empresa pública CELEC, señalando que no fueron reales los respaldos de reaseguros de Allianz en el caso de Aseguradora del Sur y del reasegurador Alcor en el caso de Hispana de Seguros, nunca hubo respuesta de sus autoridades y la adjudicación se concretó para Aseguradora del Sur.

Seguros para las centrales termoeléctricas

El concurso para contratar el seguro de los bienes e instalaciones de las Centrales Termoeléctricas de CELEC EP funcionó casi igual al proceso ejecutado con las hidroeléctricas. Se adjudicó la póliza sin que Hispana de Seguros, la empresa seleccionada, cuente con los respaldos de los reaseguros, con un agravante: su oferta fue casi US$ 800 mil más cara que la de su competidor, el Consorcio Celec.

Se trata del proceso de licitación CELEC No. LISEG-CELCCO-024-21, iniciado por la Corporación Eléctrica del Ecuador con un presupuesto referencial (Sin IVA) de US$ 25,99 millones para la prima neta y un monto a asegurar de US$ 236 millones.

Luego de la publicación del proceso en el portal de compras públicas el 23 de junio de 2021, se presentaron 2 ofertas:

La adjudicación de este contrato se dio también el 30 de julio de 2021 al igual que en el caso de las hidroeléctricas, y entró en vigencia el primero de agosto de ese año, con un plazo de 365 días.

Los problemas alrededor de su proceso de licitación son idénticos a los de la contratación del seguro de las centrales hidroeléctricas. Es decir, la oferente adjudicada tampoco tenía una oferta en firme, sino solo una cotización. Entonces a la fecha de la adjudicación dicho riesgo no estaba colocado al 100% con el respaldo de reaseguros, por lo que si se hubiera presentado un siniestro las centrales termoeléctricas carecían de cobertura.

La oferta que presentó Hispana de Seguros fue con una carta del reasegurador Alcor Lloyd´s, de un supuesto respaldo a las centrales termoeléctricas en un 20% del riesgo. Sin embargo, hay una comunicación de este reasegurador, en la que manifiesta que nunca otorgó cotización tanto para las centrales hidroeléctricas como para las termoeléctricas. Además, confirma que solo emite avales no proporcionales, es decir, que no da el respaldo del 20% para todas las coberturas. Su capacidad máxima es US$ 10 millones, con lo que definitivamente no hubiera podido cubrir los US$ 47 millones requeridos.

Durante el concurso Hispana de Seguros y el Consorcio Celec (Latina y Alianza) presentaron respaldos de Sindicatos de Lloyd´s, los cuales, de acuerdo al registro de la Superintendencia de Compañías tienen calificación A (excelente).

Cuando el Comité de Evaluación publicó el Acta de evaluación de oferta, el 27 de julio de 2021 en donde Hispana aparecía seleccionada, el oferente Consorcio CELEC le envió una comunicación mediante la cual planteó los mismos reclamos que en el concurso de seguros para las hidroeléctricas, recibiendo la negativa de la Comisión Técnica, basada en iguales argumentos que en el mencionado proceso, es decir que el reclamo del Consorcio Celec “no es procedente por carecer de sustentos, puesto que, lo solicitado difiere de lo requerido expresamente en el pliego de este procedimiento de licitación”.

La adjudicación se concretó con una oferta de Hispana de Seguros basada en un respaldo ficticio.

Sin concurso Hispana asegurará por dos años más los activos de CNEL y CELEC

La Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP decidió no realizar una licitación pública sino simplemente renovar por dos años la póliza de seguros que protege sus bienes y servicios y los de la Unidad de Generación de la Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP, con la compañía Hispana de Seguros, por US$ 21, 32 millones, hasta enero de 2023.

Para justificar este incumplimiento de la ley general de seguros se basó en informes internos que recomendaron a la gerencia no llamar a un nuevo concurso porque no hubo cotizaciones de otras compañías de seguros.

¿Por qué contratar una cobertura de seguros para los riesgos de dos empresas eléctricas? El contrato de seguros original (2019-2021) con Hispana para los riesgos de CNEL y CELEC tuvo como antecedente un convenio entre ambas empresas públicas (firmado el 1 de abril de 2015) para la administración, operación y mantenimiento de las centrales de generación eléctrica Álvaro Tinajeros y Aníbal Santos de la Unidad de Negocio Guayaquil. En este marco se determinó la necesidad de contratar un programa de seguros con coberturas de los ramos generales y de vida en grupo. La justificación que se dio en aquel entonces para una contratación conjunta fue que se conseguiría mejores condiciones para el aseguramiento del personal, bienes y operación. Así que se unificaron en el programa de seguros a: CNEL EP Distribución/ Comercialización y la Unidad de Generación.

Luego, mediante proceso No. LICS-CNELCORP-008-18, el 14 de diciembre del 2018 la gerencia de CNEL EP inició la licitación para contratar las pólizas de seguros de CNEL EP y de la Unidad de Generación de CELEC EP. Con un presupuesto referencial de US$ 21,64 millones (sin IVA), el 17 de enero la comisión técnica del proceso de contratación recomendó adjudicar el contrato a la oferta presentada por Hispana de Seguros por un valor de US$ 21´320.176 y un plazo de 730 días. Sobre esta base CNEL resolvió adjudicar la póliza a la mencionada compañía y el contrato lo firmó Wilfrido Veintimilla Terreros como gerente de CNEL EP, el 23 de enero de 2019.

Las pólizas contratadas son nueve para distribución: Multirriesgo, Equipo y maquinaria, vehículos, responsabilidad civil, fidelidad, transporte de dinero y valores, transporte interno, casco buque; Vida en Grupo. Y, dos para generación: Multirriesgo y Responsabilidad Civil.

PÓLIZAS CONTRATADAS

Pese a que la presidencia de la República había dado una clara disposición, el 30 de agosto de 2018, mediante su secretario general de entonces Eduardo Jurado (en oficio No. PR-SGPR-2018-6942-O) de que «a partir de esta fecha, se debe evitar el uso de procedimientos de contratación directa (emergencia y consultoría) y de régimen especial, con la finalidad de promover la concurrencia de más participantes y transparencia de contratación pública y optimizar el gasto público”, en octubre de 2020 CNEL inició el proceso de renovación de pólizas de seguros para el período entre 27 de enero de 2021 y 27 de enero del 2023. Para ello se requirió un informe técnico de la Coordinación de Seguros y el criterio de la gerencia jurídica de CNEL.

Las conclusiones del informe técnico de la Coordinación de Seguros se basaron en un estudio de mercado que a su vez tomó como principal referencia los estudios que la Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC y EMELNORTE realizaron en mayo y junio de 2020 (previo a la contratación) a las pólizas que requerían para cubrir sus riesgos en ese entonces.

Lo que se hizo fue utilizar normativa del SERCOP sobre proformas de proveedores para fijar presupuestos referenciales y se elaboró un cuadro comparativo entre las primas del contrato de seguros que estaba por fenecer y las establecidas en el estudio de mercado de CELEC y EMELNORTE. La Coordinación de Seguros de CNEL usó estas últimas, que eran más altas, para advertir que si se realizaba una nueva licitación el valor del presupuesto referencial del contrato subiría a US$ 28,75 millones (sin IVA), pero si se hacía la renovación, ese rubro sería de US$ 24,16 millones (sin IVA), por el período bianual.

Para reforzar su posición la Coordinación de Seguros advirtió también que realizar un nuevo concurso significaría revisar valores de los deducibles en los ramos con riesgos más altos y otras coberturas y rubros por la agravación del riesgo debido a la siniestralidad ocurrida en 2016 (terremoto de abril), lo cual ocasionaría un incremento de la tasa.

Resaltó también que en el portal de compras públicas no hay procesos similares a los realizados por CELEC y EMELNORTE y además estaba el hecho de no haber recibido ninguna cotización de otras compañías de seguros que le permita contar con un elemento comparativo de precios.

Otra premisa de este informe técnico fue que la aseguradora ha cumplido con la entrega del servicio en atención de siniestros y en beneficios adicionales y no hay indemnizaciones pendientes, lo cual se adecúa a la cláusula de renovación que consta en el contrato.

Finalmente, a pesar de que la Coordinadora de Seguros resaltó la intención de la presidencia de la República de promover los concursos públicos y transparentes, recomendó no hacer un nuevo proceso de licitación y mantener las pólizas con Hispana de Seguros.

Por su parte la gerencia jurídica de CNEL, el 23 de octubre de 2020 presentó los argumentos que justificarían la renovación de la póliza con Hispana. Primero, las pólizas no están reguladas por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSCP), sino por la Superintendencia de Compañías. El Reglamento de la LOSCP señala que “los contratos que se rijan por leyes especiales o que respondan a formatos regulados, tales como pólizas de seguros, servicios básicos, servicios de telecomunicaciones y otros, no observarán los formatos de los modelos de pliegos obligatorios, ni cumplirán con las cláusulas obligatorias del Sistema Nacional de Contratación Pública”.

En consecuencia, este caso de contratación de seguros, a criterio de la gerencia jurídica, cuenta con estipulación especial para dar paso a la continuación de las pólizas por dos años más.

Segundo, la renovación de las pólizas se sustenta en la contratación de seguros y en los pliegos del proceso original (Nro. LICS-CNELCORPO-008-18). Además, se afirma que la renovación no es el inicio de un proceso precontractual y no requiere la autorización del directorio para ejecutarse.

Finalmente se dio la renovación del contrato con Hispana, pese a que no se evidenció en el portal del SERCOP la falta de respuesta de otras compañías de seguros para cotizar en este proceso, como afirman las autoridades.

Si no hubo interés de otras aseguradoras ¿por qué no se actuó como en la licitación anterior hecha para contratar los seguros del período 2018-2020? Ahí CNEL EP tampoco obtuvo respuestas del mercado para poder establecer un presupuesto referencial. Solo Seguros Sucre, que era la contratista vigente en ese proceso, presentó su oferta, otras se abstuvieron de cotizar porque requerían más tiempo y otras dijeron que lo harían cuando haya un proceso de licitación subido al portal de compras públicas, lo cual se concretó y se lanzó el concurso.

BIESS: dos aseguradoras deben proteger sus riesgos crediticios, solo hispana tiene la póliza

Al margen de la ley el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS) mantiene las pólizas para cubrir los riesgos de los créditos hipotecarios únicamente en manos de Hispana de Seguros cuando deberían ser al menos dos aseguradoras las calificadas para emitir todas las pólizas.

La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera tiene la facultad de emitir las políticas y regulaciones crediticia y financiera, incluyendo la política de seguros. En la normativa expedida por este cuerpo colegiado mediante Resolución (No. 072-2015-F) de 28 de mayo de 2015 y reformada (con Resolución No. 220-2016) el 11 de marzo de 2016, en su artículo 4 sobre la selección del seguro de desgravamen obligatorio para los créditos hipotecarios establece: “El seguro de desgravamen será contratado por el deudor, considerando lo siguiente: a. en forma directa con cualquier empresa de seguros autorizada para operar en el Ecuador en este ramo; y, b. con las empresas de seguros que individualmente las entidades del sistema financiero nacional y los fondos complementarios previsionales hayan seleccionado para el efecto. Estas entidades deberán seleccionar por lo menos dos empresas de seguros (…)”

El 19 de julio de 2019 se realizó la convocatoria para el concurso de “Selección de empresas proveedoras de pólizas de seguros de Vida-Desgravamen, Incendio y Líneas Aliadas (catástrofes naturales) y todo riesgo contratista para los préstamos hipotecarios del Biess” por un valor asegurado de US$ 7.083´470.532.

Las compañías seleccionadas fueron Seguros Sucre e Hispana de seguros. Esta última se quedó a cargo de todas las pólizas de incendio, Todo Riesgo Construcción y Desgravamen, desde junio de 2021, luego de que Seguros Sucre entró en liquidación forzosa.

El BIESS realizó tres concursos, en diciembre 2021, febrero de 2022 y marzo de 2022, los cuales fueron declarados desiertos. Como resultado de estos intentos fallidos Hispana se mantuvo como la única aseguradora para cubrir todos los riesgos de las operaciones crediticias.

El último gerente del BIESS en ratificar a esta aseguradora al frente de las pólizas de vida, desgravamen, incendio y líneas aliadas fue Iván Tobar. Pero esa decisión de Tobar le significó su separación del cargo, pues esta gestión no contó con la aprobación previa del Directorio, conforme lo requerido por la Contraloría General del Estado, “exponiendo al BIESS a riesgos legales y reputacionales”.

A pesar de esta resolución del directorio Hispana continúa como la única aseguradora del BIESS. El monto total de valores asegurados asciende a más de US$ 9 mil millones, con el consecuente riesgo de que una sola compañía de seguros tenga la responsabilidad del 100% de la cobertura de estos activos que generan mensualmente primas descomunales.

La persecución por los Inapapers

¿Cómo un gobierno intenta callar a un periodista? Utilizando la estructura del Estado. Días antes de la revelación de los Inapapers, en 2018, el círculo presidencial de Lenin Moreno decidió armar su defensa atacando a uno de los autores de la investigación. Desacreditado el mensajero, anulado el mensaje, se habrá pensado. Se lo planeó en las altas esferas de Carondelet y se lo ejecutó con la asesoría de Inteligencia del CIES y la dócil obediencia del SRI. Pero nada pudo detener la publicación del reportaje que desnudó el primer gran acto de corrupción en el que aparece involucrado Moreno y su entorno familiar. La Fiscalía continúa investigando y pronto habrá novedades.

En Ecuador existen criterios coincidentes respecto de que los personajes Rafael Correa y Lenín Moreno fueron cortados por la misma tijera, o dicho de otro modo, fueron concebidos y se desarrollaron en la misma placenta. Políticamente, nacieron definitivamente juntos y formando un dúo triunfador llegaron sin mayores inconvenientes al poder en 2007, que no aflojaron durante catorce largos años.

También se ha dicho que pese al tener el mismo origen, hay marcas que cada uno implantó en el ejercicio de sus mandatos. Y que eso los diferencia. Uno de los principales aspectos tiene que ver con el abuso del poder y la persecución a los opositores. Correa ha quedado señalado en la historia como un vivo ejemplo del autoritarismo y utilización de la justicia para criminalizar la protesta social y la protesta política que sus gobiernos comenzaron a sentir especialmente a partir de 2014. Famosa se hizo la Secretaría Nacional de Inteligencia -SENAIN- como famosos se hicieron sus líderes, como Rommy Vallejo, Pablo Romero y los que siguieron. Y escandalosas fueron las revelaciones que se hicieron en medios digitales cuando se supo que opositores estaban siendo espiados electrónica y telefónicamente, revisados sus estados financieros y perfilados en sus vidas públicas y privadas, para establecer algún tipo de punto débil o rabo de paja que pudiera ser explotado políticamente por el correísmo. Entonces se aplicaba la lógica de que desacreditado el mensajero, desacreditado el mensaje.

Todo eso fue con Rafael Correa. Se dijo que con la llegada de Lenin Moreno, eso no se volvió a repetir. Y que a nadie se persiguió o se escudriñó ilegalmente sus estados financieros utilizando el aparataje estatal, durante ese gobierno.

Eso se dijo.

El 23 de noviembre de 2018, el Portal de Periodismo de Investigación publicó el reportaje «Coca Codo Sinclair y la huella del presidente Moreno». Nada menos se decía que uno de los mejores amigos de Lenin Moreno, Xavier Macías Carmigniani, yerno del lobista Conto Patiño, había comprado muebles finos para que se sientan cómodos Lenin Moreno y su esposa, cuando vivieron en Ginebra, Suiza. Todo esto con dinero proveniente de la constructora china Sinohydro, encargada de levantar el proyecto hidroeléctrico más ambicioso del Ecuador, Coca Codo Sinclair. Era la primera punta que salía a la luz de un largo, oscuro y maloliente ovillo que hasta hoy no encuentra su parte resolutiva en la justicia.

La continuación siguió el 19 de febrero de 2019. El mismo portal Periodismo de Investigación publicó con las firmas de Fernando Villavicencio y Christian Zurita el reportaje «El laberinto off shore del círculo presidencial». Se trataba del reparto con más detalles de las millonarias comisiones para el grupo cercano del presidente Lenin Moreno, provenientes de la contratista china del gigante proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair, Sinohydro, que pese a los USD3200 millones que costó, ahora resulta que tiene serios riesgos de colapsar y quedar inservible.

Muy pronto los reportajes de Villavicencio y Zurita fueron rebautizados como los «Inapapers», relacionado al nombre de la empresa off shore creada para recibir los millones de dólares provenientes de Sinohydro. Más de USD18 millones se estableció en ese momento, que fueron repartidos entre los amigos y que incluyeron ciertos gastos, como muebles finos para la casa en Suiza de Lenin Moreno, cuando era representante de la ONU para las Discapacidades, y la compra de un departamento en Alicante, España, que aunque todo indica que es de él o de sus familiares, Moreno siempre ha negado ser el dueño de dicha propiedad. Pero dos años después, se va descubriendo que el monto de las coimas para el mismo grupo fue superior: casi 80 millones de dólares, dice uno de los autores de la investigación, Villavicencio, quien ahora es el presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea.

Ha sido la denuncia de corrupción más seria y sustentada en contra del entonces presidente Lenín Moreno, que optó por minimizar los hechos y no darles importancia. La Fiscalía abrió indagación previa y los correístas que se dicen traicionados por Moreno trataron de convertirse en los abanderados de la investigación que había lanzado Villavicencio, autor de decenas de revelaciones de casos de corrupción durante la década de Rafael Correa. Hacerlo tuvo consecuencias para el periodista, cuya casa fue allanada por la Policía y Fiscalía en la Navidad de 2013 y luego tuvo que buscar refugio en territorio de los indígenas Sarayaku, durante varios meses, para evitar la cárcel.

La recuperación del respeto a la libertad de expresión y a las investigaciones periodísticas fue uno de los logros de su gobierno, dijo hace poco nomás en su despedida el ex presidente Lenin Moreno.

Pero ahora se sabe que no fue así.

Resulta que para el primer reportaje publicado el 23 de noviembre de 2018, el periodista Christian Zurita había puesto en conocimiento de la Presidencia de la República el tema de la compra de los muebles finos para Lenin Moreno con dinero de Sinohydro y había conversado con Andrés Michelena, entonces Secretario de Comunicación, quien lo confirmó durante una reunión mantenida con Zurita en la última semana de octubre de 2018.

Michelena había pedido las preguntas por escrito para responderlas y habló al respecto también con Villavicencio. En principio, se acordó una entrevista con la Presidencia que finalmente fue cancelada. Esto ocurrió quince días antes que salga el reportaje. La Presidencia ya sabía lo que se venía.

Las casualidades no existen en la vida política del Ecuador. Cuando la publicación de Villavicencio y Zurita se venía para el 23 de noviembre, tres días antes comenzó la arremetida del gobierno, utilizando el aparato estatal. La mejor defensa es el ataque, se habrá pensado en Carondelet. La estrategia fue armada directamente desde el CIES -Centro de Inteligencia Estratégica, ex Senain- desde donde salió la idea de destruir la reputación del denunciante.

El 20 de noviembre de 2018, José Almeida Hernández, Subdirector General de Cumplimiento Tributario del Servicio de Rentas Internas, ordenó por escrito a Melvin Xavier Páez Mulki, Jefe del Departamento de Inteligencia Tributaria, que se realice, con carácter de reservado, el análisis tributario del contribuyente Fernando Alcibíades Villavicencio Valencia. Y también de sus familiares. El mismo periodista que en esos días estaba por publicar la denuncia más fuerte de corrupción en contra del presidente Lenin Moreno.

La publicación se realizó, como debe ser. El periodista en ese momento ya recibió información de que él y sus familiares estaban siendo investigados por el CIES y el SRI, que incluyó en el rastreo de movimientos financieros inclusive a su fallecido abuelo.

La segunda parte se publicó el 19 de febrero de 2019. Y el SRI tuvo una reunión plenaria para conocer los resultados de la investigación tributaria que ellos bautizaron como FV-Leñador, el 14 de marzo del mismo año, en donde se presentaron los hallazgos encontrados. Allí estuvieron presentes los funcionarios de Rentas Internas Patricio Jiménez, Xavier Páez, Geoconda Sosa, Carola Jurado y Clara Véliz, funcionaria de Inteligencia.

Tres meses después de la segunda investigación sobre los Inapapers, los resultados del seguimiento tributario ordenado por el gobierno de Lenin Moreno contra Fernando Villavicencio, salieron a la luz pública.

Quien se encargó de difundirlo en los medios de comunicación fue el consejero presidencial Santiago Cuesta Caputi, quien el 9 de mayo de 2019 grabó el programa Veraz, dirigido por Carlos Vera, para Canal Uno. Comenzó diciendo, con toda tranquilidad, que el gobierno de Lenin Moreno «devolvió a los periodistas la libertad de expresión. Hoy hay inclusive gente que abusa de ese privilegio de ser periodista y ataca duramente al Presidente Moreno sin pruebas». Minutos después hizo una cerrada defensa al Presidente y su relación de amistad con el lobista Xavier Macías Carmigniani.

En un siguiente bloque de la entrevista con Vera, Santiago Cuesta sacó a relucir los hallazgos encontrados por la administración tributaria durante todos esos meses de investigación: se trataba de las cantidades de dinero que habían movido en sus cuentas bancarias durante varios años los familiares de Fernando Villavicencio, dos de ellos propietarios de una cadena de restaurantes en Quito. Eran cifras propias de los movimientos económicos de este tipo de negocios, según explicó Villavicencio, pero Cuesta intentó presentar el hecho como irregular, sin explicar porqué exhibía números de cuentas bancarias privadas e información tributaria particular con absoluta libertad. Luego el consejero presidencial repitió su exposición en el programa del medio digital La Posta, con el periodista Anderson Boscán. Todo esto considerando que Villavicencio hasta ese momento seguía haciendo investigación periodística y no era funcionario público, pese a lo cual su información reservada fue expuesta, al igual que la de sus familiares. Ahora él añade que está investigando el financiamiento que realizó el CIES en el gobierno de Moreno para la difusión en medios de comunicación de la información que Rentas Internas le había proporcionado a Cuesta.

Meses después, la investigación de Rentas Internas contra Villavicencio ya tenía un nombre oficial: «Tormenta 4». Así aparece en el memorando que firma el 23 de septiembre de 2019 Melvyn Xavier Páez Mulki, Jefe Nacional del Departamento de Inteligencia Tributaria, dando a conocer a Carlos Eduardo Jaramillo Totoy, Director Nacional de Control Tributario, las actas de reunión realizadas para la difusión del caso Tormenta 4: «Por tratarse de un caso reservado, los riesgos de carácter tributario se socializan únicamente a través de este documento. Dichas actas fueron expuestas a Silvia Pérez e Iliana Rea el 17 y 18 de junio de 2019.

Durante todo este tiempo quien estuvo al frente del Servicio de Rentas Internas, desde el 23 de mayo de 2018, «por su impecable trayectoria laboral», según se lee en la página web del SRI, es Marisol Paulina Andrade Hernández, economista riobambeña de 40 años, quien desde muy joven se vinculó al gobierno de Rafael Correa en 2007 como Directora de la Regional Centro II del SRI, con sede en su ciudad natal, cargo que ocupó hasta el 2014. Desde ese año y hasta el 2018 fue la Directora Provincial del SRI en Chimborazo.

Tan bien le fue que el 24 de mayo de 2021, el mismo día de la posesión del presidente Guillermo Lasso, fue ratificada en sus funciones por el nuevo gobernante mediante el Decreto Ejecutivo Número 37. Es la única alta autoridad del gobierno de Lenin Moreno que fue ratificada en el nuevo gobierno de Lasso.

El presidente Guillermo Lasso ha reiterado su respeto y defensa absoluta a la libertad de expresión y al ejercicio del trabajo periodístico, para que se realice con absoluta libertad. Como lo repetía en su momento el ex presidente Lenín Moreno.

Villavicencio es ahora el presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea y como tal remitió una solicitud de información el pasado 1 de junio a la Directora del SRI Marisol Andrade Hernández. Entre otras cosas, el asambleísta le pide indicar las acciones de control tomadas por esta oficina desde 2013 en torno a las empresas fantasmas o inexistentes, el valor económico que ha perdido el Estado por la acción de estas empresas fantasmas que vendieron facturas para beneficiar a otras compañías que dejaron de pagar sus impuestos; y las denuncias penales presentadas por el SRI ante la Fiscalía por el delito de defraudación tributaria.

El SRI contestó el requerimiento de información, en donde dio la cifra oficial de USD 509 millones como pérdidas para el Estado por la evasión fiscal hecha por contribuyentes que han comprado facturas a empresas fantasmas. Pero el SRI también hizo algo más.

El Servicio de Rentas Internas, liderado por Marisol Andrade, ha vuelto a interesarse en los pedidos de información tributarios hechos contra los familiares de Fernando Villavicencio. El último de ellos fue durante este nuevo gobierno y tiene fecha del 17 de junio de 2021. Ese documento existe y tiene el número SRI-NAC-ITR-2021-0204-M. Leyendo una parte del mismo, queda al descubierto que en enero de 2019, el seguimiento ordenado contra Fernando Villavicencio mereció inclusive una reunión reservada en el Palacio de Gobierno. Se justificaba todo diciendo que se investigaba presuntas evasiones fiscales, que perjudican a las cuentas del fisco. Mientras al mismo tiempo, el mismo SRI perdonaba multas de USD 300 millones a grandes empresas como el caso de Andes Petroleum, y muchas más amparadas en la ley de remisión aprobada en el gobierno de Moreno, que sumaron hasta USD 1400 millones que el Estado no recaudó.

El presidente de la República Guillermo Lasso ya está al tanto de este hecho. Villavicencio exige la salida del cargo de Andrade, pero además anuncia acciones penales en contra de ella y de todos los funcionarios que ejecutaron la orden proveniente de la Presidencia en 2018, con la intención de frenar la publicación de los Inapapers. El abogado Antonio López detecta el cometimiento de por lo menos dos delitos con la acción ejecutada en contra del ahora Asambleísta: asociación ilícita -que tiene penas de cárcel de entre 3 a 5 años- y la revelación ilegal de bases de datos, sancionado con la pena privativa de libertad de uno a tres años.