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Etiqueta: Corrupción Petrolera

Gunvor – Petrochina: La simulación llega a su fin

La gran pregunta a responder es por qué Gunvor pagó los sobornos de los contratos de preventa de crudo ecuatoriano con Petrochina. La interrogante abre el camino para entender que los acuerdos, que garantizaron la deuda externa con petroleo, fueron una simulación de contratos.

Simular se define como hacer parecer que existe u ocurre una cosa que no existe o no ocurre. El negocio real nunca fue de Petrochina u otras empresas estatales, cada cargamento de crudo, en el mismo puerto de Esmeraldas, era endosado a las empresas intermediarias del grupo Gunvor. Una fórmula de corrupción que empezó a ser revelada por nuestro medio desde hace una década y que acaba de ser confirmada hace poco por la justicia de los Estados Unidos.

La campanada de la justicia gringa

Estados Unidos sigue desmantelando la red de corrupción del correísmo en Petroecuador. Quince personas, entre funcionarios, contratistas y lobistas, han reconocido ante la justicia de ese país, que recibieron y/o entregaron sobornos para lograr contratos con la petrolera ecuatoriana. Las confesiones superan ya $60 millones de dólares.

El último en declararse culpable de sobornar a funcionarios de Petroecuador es el vicepresidente de Gunvor, Raymond Kohut, quien reconoció que entregó $22 millones en coimas para que Petroecuador le entregase el crudo a dos empresas asiáticas con las que Gunvor tenía acuerdos para comercializar y vender los productos petroleros ecuatorianos.

Gracias al millonario esquema de sobornos, el crudo ecuatoriano entregado a Petrochina, Unipec y Petrotailandia terminó en manos de Gunvor, a través de las intermediarias Taurus Petroleum, Core Petroleum, Ursa Shipping, Gunvor S.A. y Castor Petroleum. Compañías relacionadas con el empresario Enrique Cadena Marín, a quien este medio ha identificado como el “consultor 2” (ciudadano de Ecuador y España) tanto en los esquemas de sobornos de Vitol-Oman Trading, Core Petroleum y Gunvor.

La denuncia del agente del FBI, James Kelley, señala que Gunvor “ayudó a obtener financiamiento por aproximadamente $5.400 millones en préstamos respaldados con petróleo de las entidades estatales a Petroecuador de conformidad con los contratos”.

Y que el esquema de pagos irregulares surgió con el primer contrato de compraventa de crudo, que se firmó en 2009 con Petrochina, para garantizar el préstamo de $1.000 millones que China le entregó al Ecuador.

Las líneas de crédito pagadas con petróleo se basaron en convenios de alianzas estratégicas y en el decreto 466, firmado por Rafael Correa Delgado.

Si bien el primer contrato de préstamo se firmó con Petrochina, fue la empresa Gunvor la que negoció y pagó la coima para que Petroecuador le diera el contrato.

Ese esquema se repitió tantas veces y solo quedó en evidencia cuando se descubrió la trama del caso Vitol, que en 2016 pagó las coimas por el contrato adjudicado a Oman Trading International Limited.

Quiere decir que fueron las intermediarias las que realmente controlaron los contratos de préstamos soberanos, garantizados con petróleo. Algo que, expertos consultados llaman simulación contractual.

En septiembre de 2020, el Consorcio Internacional de Periodistas – ICIJ, con información obtenida de la Unidad de Inteligencia Financiera Estadounidense (FinCEN), reveló que la empresa Fairgate Trading Corp., de propiedad de Enrique Cadena Marín, recibió $10,2 millones de la intermediaria Core Petroleum, firma vinculada a Taurus Petroleum, Castor Petroleum, Ursa Shipping y Gunvor. Core al igual que sus relacionadas revende el crudo ecuatoriano.

En Ecuador Core Petroleum está representada por el abogado Daniel Pino, que también es patrocinador jurídico de Enrique Cadena. Además, Pino figura como representante de Oman Trading, pantalla de Vitol.

A los contratos con Petrochina le siguieron otros con Unipec Asia Co. Ltd. (Sinopec), PTT Petrotailandia Public Company Limited, Oman Trading International Limited. Aunque los contratos comerciales suscriben las empresas estatales, los contratos de fletamento de buques con Flopec lo realizan las intermediarias.

En el caso de Petrochina, toda la documentación referida a los cargamentos del crudo se entrega a Petrochina International América, firma creada en Panamá y domiciliada en Houston, Texas.

Los documentos judiciales explican que Raymond Kohut no montó el esquema de sobornos, solo. Le ayudaron dos “consultores” que, a través de dos empresas gestionaron, cobraron y repartieron las coimas a tres funcionarios de Petroecuador. El mismo esquema que usó Javier Aguilar de Vitol, hecho público en diciembre de 2020.

Las investigaciones de Periodismo de Investigación PI encaminan nuevamente a ratificar que los consultores 1 y 2 en ambos casos (Vitol y Gunvor)  son los mismos empresarios: Antonio Peré (consultor 1, un ciudadano de Ecuador, Estados Unidos y España) y Enrique Cadena Marín (consultor 2, ciudadano de Ecuador y España), identificado como agente de Gunvor.

Kohut y los consultores “ofrecieron, prometieron y pagaron sobornos” a funcionarios ecuatorianos a cambio de que ayuden a Gunvor y a otros, a “obtener y retener negocios con Petroecuador”.

De los funcionarios sobornados, la denuncia de Kelley dice que uno ocupó un cargo alto en Petroecuador entre 2010 y mayo de 2017. Dados los hechos y las fechas todo conduce al exgerente de Comercio Internacional Nilsen Arias Sandoval, que ocupó ese cargo entre 2010-2017. Arias también aparece en el esquema de sobornos de Vitol como alias “gordo”.

El funcionario 2 “tuvo responsabilidades en el sector energético” entre 2018 y marzo de 2020 en el Gobierno. Fuentes de PI señalan que se trataría del exministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, José Agusto Briones.

De mayo de 2017 a mayo de 2018, José Agusto fue asesor del entonces ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez. Luego fue nombrado Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades) y a finales de 2018, secretario de la Presidencia.

En noviembre de 2019, se posesionó como ministro de Energía y Recursos Naturales, cargo al que renunció en marzo de 2020. José Agusto Briones es parte de otra trama de sobornos conocida como Las Torres, causa por la que se encuentra detenido.

Uno de los operadores políticos de Enrique Cadena Marín, en el gobierno de Lenín Moreno, fue el exconsultor presidencial Santiago Cuesta Caputi, quien reconoció ser compadre del “zar petrolero”.

La relación de Cadena y Cuesta se confirmó en al menos una transferencia bancaria de 2012, por $200 mil. El poder de Cadena se hizo presente en la campaña electoral del binomio Moreno – Glas en 2017, con varios compromisos económicos.

El funcionario 3, según los documentos judiciales, reemplazó al “alto funcionario 1” a partir de 2017 en Petroecuador. Este medio le consultó a Mauricio Samaniego, quien también ocupó la gerencia de comercio internacional. Le preguntamos si estuvo involucrado en el sistema de sobornos.

Respondió que esos contratos fueron firmados años antes de que ocupe cargos en Petroecuador, que al no haber sido parte de acuerdos del pasado no había razón para que su nombre sea involucrado en el caso: “yo no reemplacé a Nilsen Arias en la gerencia de comercio internacional, yo reemplacé a Jorge Cisneros y nunca supe de Gunvor, si se quiere certezas soliciten los nombres a la justicia”, dijo.

Samaniego ocupó el cargo de gerente de comercio internacional entre diciembre de 2017 y noviembre de 2020.

La única negociación directa realizada por Gunvor, fue en 2020, asociada a la firma Sycar, durante el gobierno de Lenín Moreno, cuando obtuvo de forma discrecional una autorización para importar gas natural, un acuerdo comercial cuestionado por varios sectores.

El esquema

En el caso Gunvor, los consultores crearon empresas en Panamá e Islas Vírgenes para gestionar, ocultar y realizar los pagos irregulares.

Los sobornos salían de las cuentas de Gunvor en Singapur a las cuentas bancarias de los consultores en Suiza, Panamá e Islas Caimán. Luego, las coimas eran transferidas a las cuentas de los funcionarios de Petroecuador. La mayoría de los pagos realizados por Gunvor se hicieron a través de cuentas bancarias en EE. UU, “en parte para ocultar las ganancias de los esquemas de sobornos”.

Para lavar las coimas simularon contratos de consultorías ficticias. Tal como lo hizo Vitol (y Odebrecht) en sus sistemas de sobornos, porque el dinero sucio debe justificarse de alguna forma.

Los consultores celebraron contratos falsos de consultorías con una subsidiaria de Gunvor en Singapur. Esos acuerdos establecían que Gunvor pagaría a las “empresas consultoras” una comisión por cada barril de petróleo que obtuviese.

El mismo mecanismo que usaron Enrique Cadena Marín y Jaime Baquerizo Escobar para cobrar las comisiones por “ayudar” en las negociaciones en la primera preventa de crudo firmada con Petrochina en 2009. Es así como el crudo que salió de Ecuador terminó en manos de Gunvor.

Contrato de Eston Trading

Solo en ese contrato Ecuador entregó más de 69 millones de barriles. La misma Contraloría General del Estado reconoció que el crudo ecuatoriano entregado a Petrochina tenía “libre destino”, no llegaba a China porque se revendía en otras partes del mundo y era cargado por Taurus Petroleum, cuyos propietarios Ben Pollner y Edward Pollner, también administraban Castor Petroleum y Gunvor S.A. de Panamá, esta última creada en 2007. Una de las cláusulas negociadas con los sobornos fue la introducción en los contratos de la cláusula de libre destino, violando la normativa de alianzas estratégicas.

A cambio de su gestión, Cadena y Baquerizo, a manera de comisión, recibieron $1 dólar por cada barril que Petroecuador entregó. Fue Castor Petroleum -otra intermediaria- quien pagó las comisiones a través de Waterway Petroleum Ltd., compañía que también es parte del grupo Gunvor.

Waterway Petroleum Ltd simuló contratos de asesorías en comercialización de crudo con Eston Trading Ltd., una compañía creada en Nevada, EE. UU. con dinero de Naparina Corp. S.A, de Enrique Cadena. Eston Trading a su vez contrató a Livinstong Financial Corp. para que sea su agente, a cambio de una comisión de $ 0,80 por barril. Es así como USD 0,20 fueron a la cuenta Eston Trading Ltd. y USD 0,80 a Livingston Financial.

La ruta peruana

Información de Petroperú nos permitió confirmar el perjuicio en la intermediación. El crudo ecuatoriano facturado por Petroecuador a Petrochina, Unipec y PTT y entregado en el puerto de Esmeraldas, presenta entre 3 y 5 dólares menos que el precio de facturación (precio de mercado) pagado por la estatal peruana a las intermediarias Gunvor, Core, Taurus y Castor.

Considerando una diferencia promedio de 3 dólares por barril y 1300 millones de barriles comprometidos, el perjuicio para Ecuador hasta el año 2024, llegaría a $4 mil millones.

Este medio ha publicado más de una docena de reportajes sobre la relación de Cadena con las intermediarias y funcionarios de Petroecuador. En un reportaje de septiembre de 2019, el portal hizo público un correo electrónico, de enero de 2011, en el que José Ordóñez (Cortisona), ejecutivo de Petroecuador, le comunicaba a José San Martín, empleado de Cadena, que habían “valores pendientes en el tema de Petrochina, puesto que inclusive no se canceló valor alguno en las fiestas navideñas.

Te solicito realizar las gestiones pendientes a fin de regularizar los pagos de manera continua”, se lee en la comunicación.

Otros correos a los que este medio ha tenido acceso dan cuenta de la relación comercial existente entre Cadena y los ejecutivos de Taurus Petroleum, Core Petroleum y Castor Petroleum.

En estos documentos se advierte que son los intermediarios quienes manejan la cadena de trading, coludidos con las empresas estatales que sirven de pantallas para evitar la licitación.

La investigación de Estados Unidos, basada en información proporcionada por dos testigos cooperantes, registros bancarios, llamadas telefónicas y reuniones grabadas, comunicaciones de WhatsApp y correo electrónico, revisión de contratos, acuerdos y otros documentos, señala que, hasta febrero de 2020, Kohut y sus conspiradores se reunieron en Estados Unidos para tratar el tema de los sobornos en Petroecuador.

¿Pero, cómo se conocieron Raymond Kohut y Enrique Cadena?

Kohut conoce bien cómo funcionan los negocios petroleros en Ecuador. Hace 20 años fue gerente de relaciones comunitarias del Consorcio OCP (integrado por Occidental Petroleum (Oxy), Alberta Energy Corp., Kerr McGee, AGIP-ENI, Perez Companc, Repsol-YPF, Techint) que construyó el oleoducto de crudos pesados.

Cuando estuvo vinculado a Oxy (que extraía crudo del bloque 15 en las provincias de Sucumbíos y Orellana) conoció a Carlos Cadena, este a su vez, le presentó a Enrique Cadena. En 2006, Oxy dejó el país porque el presidente Alfredo Palacio declaró la caducidad del contrato por violar la Ley de Hidrocarburos. Enseguida la compañía Taurus Petroleum, de la mano de Enrique Cadena, se adjudicó los cargamentos de crudo de los campos que estaban a cargo de Oxy. Kohut y Cadena empezaron a trabajar juntos comercializando el crudo ecuatoriano.

En enero de 2013, el libro “Ecuador, made in China”, de Fernando Villavicencio, reveló el millonario negocio que tenían las intermediarias con el crudo ecuatoriano. Identificó a Enrique Cadena, Raymond Kohut y varias empresas intermediarias como los dueños del negocio de la intermediación y reveló que Kohut, de Gunvor en Ecuador, estaba vinculado desde hace años a Castor Petroleum y Taurus Petroleum.

Para 2013 la fiscalía de New York investigaba las operaciones de Gunvor y recibió información de respaldo del libro Ecuador made in China.

En 2014 el gobierno de Obama emitió sanciones en contra de Gunvor Group.

En Ecuador los representantes de Gunvor son el estudio Bustamante & Bustamante, que además tiene relación con Taurus Petroleum, pues Bayardo Poveda, abogado de ese estudio, endosaba los conocimientos de embarque de Petroecuador – Petrochina a nombre de Taurus Petroleum. Bayardo Poveda es primo hermano de Rafael Poveda, exministro Coordinador de Sectores Estratégicos del régimen correísta. El referido estudio jurídico, también asesoró al exvicepresidente Jorge Glas, sentenciado por corrupción.

Miles de documentos en poder de PI y de la Fiscalía de Ecuador, confirman las rutas del petróleo y del dinero. Los conocimientos de embarque (bill of lading) son endosados en representación de Petrochina América (off shore panameña) por el banco Paribas y en representación de Taurus Petroleum por Bayardo Poveda (Bustamante & Bustamante).

La refinería compradora del crudo deposita el dinero en la cuenta de la empresa intermediaria (Taurus) en el Paribas. A través de correo electrónico, Natasha Lecomt, operadora de Taurus, autoriza transferencia de la comisión, de la cuenta del Paribas a una cuenta de Enrique Cadena (Consultor) en el JP Morgan de EEUU. Y, de acuerdo con las investigaciones de la justicia norteamericana, de esos recursos, el consultor entregó los sobornos a los funcionarios del gobierno de Rafael Correa.

¿Quiénes ganaron en el negocio de la compraventa de crudo?

Todos, menos Petroecuador. La comercialización de crudo en Ecuador es un negocio lucrativo de las intermediarias que se esconden detrás de las fachadas de las empresas estatales con el fin de evitar los procesos de licitación.

Ganan las intermediarias que compran el crudo más barato y lo revenden en cualquier parte del mundo a precios mayores a los comprados a Petroecuador. Análisis comparativos de precios de los mismos buques facturados en Ecuador, difieren hasta en 5 dólares el barril, de los facturados en refinerías de Perú.

Ganan las empresas estatales y sus países. En el caso de Petrochina que, aunque no comercia directamente con el crudo ecuatoriano, gana porque tiene negocios a futuro. Entregando préstamos con altos intereses y garantizados, además, con crudo a precios inferiores a los del mercado.

Gana el gobierno chino que obliga a Ecuador a contratar con sus empresas, utilizando parte de los créditos (tramo B) para financiar obras con sobreprecios.

Conclusión:

Entre 2009 y 2020, los gobiernos de Rafael Correa y Lenín Moreno, suscribieron líneas de crédito por más de 20 mil millones de dólares, garantizadas con la entrega de 1300 millones de barriles de petróleo y fuel oil, hasta el año 2024.

Dependiendo del precio del petróleo, se estima que durante ese período Ecuador entregó un volumen cinco veces superior al requerido para cubrir el monto de la deuda. Es decir, con un precio promedio de 60 dólares el barril, se requería apenas 350 millones de barriles para pagar la deuda total, pero se comprometió un volumen cinco veces superior.

Las empresas estatales y sus intermediarias manejaron $80 mil millones en negocios a futuro, lo que en buen romance significa que acabaron prestando a Ecuador su propio dinero con intereses usureros. Una auténtica estafa transnacional.

Los negocios con Petrotailandia ponen claridad sobre este mecanismo delictivo. El contrato de provisión de crudo con PTT no cuenta con un colateral financiero, es decir no hay banco que garantice el crédito. ¿Cómo así una empresa petrolera presta dinero con intereses?

En realidad los créditos salen de los propios intermediarios que utilizan el petróleo como garantía o de otras fuentes sospechosas. El contrato no lo firma la empresa pública de Tailandia, sino su trader privado de Singapur. Fuentes del sector confirmaron a PI que los contratos con PTT fueron negociados por Nilsen Arias, William Vásconez, Marco Calvopiña y Antonio Peré. Este último vinculado al caso Odebrecht por José Miguel Terán, quien reveló que la constructora brasileña entregó millones de dólares a Marco Calvopiña, a través de una off shore de Peré.

La participación de Antonio Peré como operador del correísmo fue confirmada por el exministro de Hidrocarburos Carlos Pérez, al revelar que Peré junto a William Phillips (Crupo Azul), -en representación de Jorge Glas- negociaron con él, cuando representó a Halliburton, un crédito de $1500 millones a cambio de la concesión del campo petrolero Sacha. Un negocio que finalmente no prosperó.

Durante los últimos 14 años, las negociaciones de deuda externa y negocios de los sectores estratégicos, especialmente con China y Tailandia, contaron con la asesoría de la firma norteamericana Hogan Lovells (HL). Este portal pudo establecer que en la actualidad HL gestiona créditos al sector público y privado de Ecuador y uno de sus operadores es el exsecretario de crédito público, William Vásconez.

El engaño revolucionario

En 2007, el flamante presidente Rafael Correa Delgado, condenaba la intermediación petrolera: “Regalábamos nuestros dineros a las transnacionales y a los intermediarios, ahora se acabó la intermediación de los crudos. Petroecuador es la única empresa de producción de crudo que yo conozco, que no vende al consumidor final, que es la refinería, sino al intermediario.”, decía.

El discurso aplaudido por millones le permitió al joven mandatario -autoproclamado izquierdista-, levantar un andamiaje jurídico y contractual dirigido a entregar directamente el petróleo ecuatoriano a empresas estatales de los “países amigos”. En boca de Correa, el crudo debía ser llevado a las refinerías públicas. Supuestamente, era la muerte de los intermediarios.

Nadie se imaginaba que ese discurso resultaría una estratagema orientada a ocultar a viejos y nuevos traders, utilizando como pantallas a empresas estatales de los «países amigos».

Así, en casi quince años de revolución ciudadana, se perpetró uno de los mayores negociados de la historia petrolera ecuatoriana, delito que ahora empieza a ser confirmado por la justicia de USA.

Petroecuador incumplió la ley al contratar firma de abogados que demandó a Villavicencio

Las demandas penales y las órdenes de prisión fueron los principales dispositivos del correísmo para neutralizar investigaciones sobre corrupción y silenciar a la sociedad crítica. Esos hechos de persecución vuelven a ser noticia luego de que Raymond Kohut, vicepresidente de la transnacional Gunvor se declaró culpable en una corte del estado de Nueva York por sobornar a funcionarios de Petroecuador con 22 millones de dólares para obtener contratos. Fernando Villavicencio denunció la corrupción en la intermediación petrolera en Petroecuador y la respuesta de la estatal fue una demanda, que luego la propia contraloría general del Estado se encargó de declararla ilegal. Vale recordar esta historia que el correísmo y morenismo trataron de guardar en su estado de propaganda.

  • Una auditoría realizada por la Contraloría concluye que Marco Calvopiña, ex gerente de Petroecuador, presentó la denuncia en contra del autor del libro Ecuador made in China en medio de incumplimientos de las leyes de administración pública
  • Calvopiña permitió que la firma Vizueta & Asociados entregue sus servicios de patrocinio en ese caso, sin contar con un contrato de por medio.
  • Cuando finalmente se celebró el contrato, el argumento de Petroecuador para ello fue la falta de confianza en los funcionarios del área legal de la estatal.

Fueron ilegales los procesos pre contractuales y contractuales realizados por Petroecuador con el estudio jurídico Vizueta &  Asociados al encargarle la denuncia penal en contra del activista Fernando Villavicencio, por presunto uso doloso de documentos no autorizados para su publicación y falsedad de instrumentos privados, en su libro ‘Ecuador made in China’, donde se advierte sobre varios escándalos de corrupción petrolera.

Así lo señala el informe de Contraloría DASE 0063-2016, en su examen especial al proceso de contratación suscrito entre la estatal petrolera y Vizueta & Asociados S.A..

El organismo de control determina que la mencionada firma de abogados trabajó con Petroecuador en la demanda contra Villavicencio durante 7 meses antes de su contratación. Por lo que en sus conclusiones establece que el ex gerente de la estatal, Marco Calvopiña (hoy en la cárcel por estar involucrado en la mayor trama de corrupción de Petroecuador) quien presentó la denuncia en contra del activista, no cumplió las leyes que rigen la administración pública al permitir que Vizueta & Asociados entregue sus servicios de patrocinio, sin que exista un contrato de por medio. Y se destaca que la contratación, hecha posteriormente, tampoco se justifica debido a que existían suficientes abogados en Petroecuador para encargarse del proceso legal.

En el libro ‘Ecuador made in China’ publicado en enero del 2013, el eje fundamental de las denuncias de Villavicencio apuntó a los negocios de Petroecuador con Petrochina. El activista afirmó que no había preventas petroleras a ese país, sino que eran préstamos que Ecuador recibía a cambio de la entrega de petróleo: “Se prendó el crudo nacional en operaciones de crédito público… Encubrieron (las autoridades) la violación de varias normas relacionadas con el endeudamiento público, en cuanto a autorizaciones y registros se refiere y se transgredió el Art. 130 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas… Se afectó gravemente la capacidad financiera de EP Petroecuador; se permitió pagar directamente deuda externa pública con ingresos petroleros”. Por lo que, según la investigación de Villavicencio, con estas acciones se incumplieron los artículos 315 de la Constitución, 3 y 39 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, así como el Art. 91 Código de Planificación y Finanzas Públicas.

También denunció a detalle casos como el presunto peculado que se habría causado al Estado por la compra de 240 mil barriles de diesel premiun por parte de Petroecuador a PMI de México, compañía que no tenía ese combustible, pues lo compró a Glencore, una intermediaria descalificada en Ecuador, que además ofertó un precio más alto que las otras oferentes. Esta compra generó un perjuicio de unos $448.800 por el buque, de acuerdo con las estimaciones de Villavicencio.

Estas y otras revelaciones expuestas en el mencionado libro dieron pie a posteriores publicaciones e investigaciones de medios de comunicación nacionales e internacionales. Y con ello desataron la reacción del anterior Gobierno, especialmente del entonces vicepresidente, Jorge Glas, quien ahora funge el mismo cargo, pero sin funciones, en medio de su creciente involucramiento en el escándalo de corrupción de Odebrecht.

Glas y el ex secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, dispusieron a Marco Calvopiña, quien era gerente de Petroecuador, que inicie la acción penal en contra del activista, así consta en el informe de Contraloría.

En efecto,  el 5 de diciembre del 2013 Calvopiña presentó en la Fiscalía General del Estado la denuncia en contra del autor del libro ‘Ecuador made in China’ con el patrocinio del estudio jurídico Vizueta & Asociados “por contener hechos fraudulentos lesivos y dañinos en el que se ha distorsionado la naturaleza de los documentos originales que reposan en los archivos generales de la empresa”.

Pero esta firma de abogados externos ya estaba en escena dentro de la historia de este polémico caso desde fines de agosto del 2013, pues según la Contraloría, ya venía prestando el servicio de asesoramiento para atender las acciones judiciales que demandaba el tema,  sin que Petroecuador haya contratado sus servicios profesionales.

En 2015 Villavicencio pidió al Contralor que inicie una auditoría a los procesos pre contractual y contractual del citado estudio jurídico. La petición la hizo tras acceder a una proforma de honorarios profesionales que envió Vizueta y Asociados a Petroecuador por $580 mil, el 28 de octubre del 2013, señalando que por pedido del gerente de Petroecuador, ha realizado por casi 60 días el estudio y la preparación legal y procesal por los actos contenidos en el libro ‘Ecuador made in China’, “que lesiona gravemente a la empresa y sus funcionarios… que hay un uso doloso de documentos no autorizados para su publicación y hay también falsedad de instrumentos privados, por lo que es procedente el enjuiciamiento penal del autor del libro”.

La Contraloría hizo un examen especial, analizando el período desde el primero de enero del 2013 hasta el 16 de marzo del 2016.

El gerente de comercio internacional de Petroecuador presentó a Calvopiña, entonces gerente de Petroecuador, como sustento para la demanda en contra de Villavicencio que éste realiza afirmaciones de ciertas operaciones comerciales realizadas por la petrolera que no están acordes a la realidad y afectan a la imagen de la empresa. Sobre esta base, el 15 de noviembre del 2013 el gerente de asuntos jurídicos de Petroecuador recomienda la contratación de un abogado externo para seguir las acciones legales en contra de Villavicencio y sugiere contratar al estudio jurídico Vizueta y Asociados. El gerente de asuntos jurídicos dijo a la Contraloría que debido al monto de la propuesta original de Vizueta & Asociados también planteó a Calvopiña negociar a la baja ese valor.

El 15 de enero del 2014 la Fiscalía inicia la indagación por la acusación de Petroecuador hacia Villavicencio por supuestamente haber cometido el delito de uso doloso de documento falso de carácter público, tipificado y sancionado por los Arts. 339 y 341 del Código Penal.

Para esta fecha Vizueta & Asociados continuaba dando sus servicios de asesoría en las acciones judiciales que implicaba la demanda.

Cuando la Contraloría comunica a Héctor Vizueta Rogasner, gerente de la firma privada, los resultados provisionales de la auditoría sobre la prestación de sus servicios sin que se haya realizado previamente un proceso contractual, la respuesta de Vizueta solo ratifica lo señalado por el organismo de control, al confirmar que “antes de proceder la acción pre-procesal, Vizueta & Asociados efectuó un estudio minucioso de la documentación de los archivos de Petroecuador y la información contenida en la obra “Ecuador made in China”, labor ardua llevada a cabo con funcionarios del área de comercio exterior, archivo general y de administración de Petroecuador”. Vizueta agrega que este trabajo duró aproximadamente 60 días hasta la presentación del informe para revisión de los ejecutivos de la empresa estatal.

Luego de la lectura del borrador de su informe de auditoría, Vizueta sostiene que esta firma de abogados no ha infringido ninguna ley y que “por la complejidad del caso, no podía requerir a Petroecuador la instrumentación de un contrato, mientras no se realizaran los estudios pertinentes a la documentación obtenida, para poder determinar si merecía proseguir con alguna acción penal.”

Pese a estos argumentos, el organismo de control concluye que Calvopiña, entonces gerente de Petroecuador, no observó las leyes que rigen la administración pública, al permitir que el estudio jurídico entregue sus servicios de patrocinio sin contar con un contrato de por medio. Y observa también que en estas condiciones de incumplimiento de las leyes, el ex gerente de la petrolera estatal presentó la denuncia en contra del autor del libro ‘Ecuador maade in China’.

Al cabo de dos meses de iniciada la indagación previa de este caso, Petroecuador recién contaba con los términos de referencia para iniciar la fase pre contractual del patrocinio jurídico de Vizueta & Asociados. El 21 de abril de ese año el jefe de adquisiciones, servicios y consultorías de Petroecuador, adjudica el contrato por $200 mil, bajo el procedimiento de Régimen Especial.

Los argumentos que el subgerente de Patrocinio y admnistrador del contrato dio a la Contraloría para justificar esta adjudicación fue que “dicha firma jurídica por disposición del señor gerente general de la época ya venía trabajando en el tema, tanto con la misma gerencia general cuanto con la gerencia de comercio exterior, por lo cual al realizar el requerimiento de contratación se siguió con esa disposición…”.

Es decir, se acepta prácticamente que este contrato se asignó a dedo, sin argumentos legales y técnicos.

“No había confianza en abogados de Petroecuador”: así justifica la estatal la contratación de abogados externos“

El argumento del subgerente jurídico para explicar la contratación de abogados externos para este caso, pese a contar con profesionales del derecho en la misma empresa estatal, fue que “ a la época de asumir funciones, mediados del 2013… se habían dado circunstancias por demás extrañas, como las de no presentar recursos en casos de cuantías enormes, como el de AKIRA de $49 millones, por lo que no existía la confianza necesaria en el personal, tanto así que de la Presidencia de la República, el Secretario Nacional Jurídico remitió el oficio N° T.1 C.1-SNJ-13-564 del 27 de junio del 2013… mediante el cual se hace notar tales irregularidades; todo esto sumado a la carencia de personal, por lo que se trataba de integrar un equipo de trabajo….ya que el personal existente estaba saturado y no cubría las necesidades de defensa de la empresa”.

Luego de los informes favorables de la comisión de evaluación de Petroecuador, la Contraloría resalta que el gerente de asuntos jurídicos, al recomendar la contratación de Vizueta &Asociados no cumplió con un proceso de selectividad para la contratación,  con lo que inobservó el artículo 2 de la Ley de Contratación Pública.

Además, este proceso pre contractual inicia bajo la figura de Régimen Especial, pero el jefe de adquisiciones, servicios y consultorías de Petroecuador no argumentó las razones por las cuales se estableció la necesidad de la empresa para acogerse al mencionado Régimen Especial. Por ello, incumplió el numeral 1 del artículo 92 del Reglamento de la Ley  de Contratación pública, según la Contraloría.

De todas formas el contrato Nº 2014082 con Vizueta & Asociados se suscribe el 2 de mayo del 2014, por $200 mil más IVA, es decir 7 meses después de presentada la denuncia en la Fiscalía. El plazo era de aproximadamente tres años y el monto debía pagarse en cinco partes: $60 mil más IVA, a la presentación del informe y de la denuncia en la Fiscalía; $60 mil más IVA, al abrirse la instrucción fiscal; $30 mil más IVA, al dictarse el llamamiento a juicio; $30 mil más IVA, luego de que el Tribunal Penal emita sentencia; y $20 mil más IVA, una vez que exista sentencia ejecutoriada en firme y no se haya presentado recurso extraordinario de protección o si esto se da, una vez resuelto de forma favorable a Petroecuador.

El mismo día de la firma del contrato Vizueta envía su factura a Petroecuador por $60 mil más IVA por el primer pago, valor que le fue cancelado entre el 21 y el 28 de mayo de 2014.

El proceso de indagación continuó hasta cuando la fiscal del caso, Cecilia Garzón, solicitó al Juez de Garantías Penales de Pichincha la desestimación y el archivo de la denuncia presentada por Calvopiña, al considerar que no hay delito.

En su resolución Garzón derriba todas las imputaciones en contra de Villavicencio. Entre sus principales argumentos explica que “los hechos incorporados en la obra “Ecuador made in China “, corresponden a ideas descritas por el autor y que según la Ley de Propiedad Intelectual (Art. 10) “el derecho de autor protege también la forma de expresión mediante la cual las ideas del autor son descritas, explicadas, ilustradas o incorporadas a las obras”.  Por lo que concluye que  “los hechos denunciados no se adecúan al tipo penal como es el uso doloso de un documento público”.

Agrega que, en su libro, Villavicencio “ha plasmado sus opiniones y críticas a los diferentes gobiernos de turno, para lo cual, si bien es cierto, se tomaron como base convenios, contratos y más documentación de Petroecuador, como empresa pública, no por eso, su obra puede considerarse un documento público, peor aún falso.

Entre los planteamientos de la denuncia de Calvopiña se señalaba que producto de la distorsión de la información del libro, “él (Villavicencio) busca alterar el equilibrio económico y financiero de Petroecuador a nivel nacional e internacional, poniendo en grave riesgo aquellas negociaciones a las cuales está sometida la estatal y lo que es más, divulgando actos irreales de los primeros mandatarios del país, afectando la credibilidad, responsabilidad y honorabilidad de los mismos”.

Frente a ello la Fiscal explica que, según las pericias practicadas, “los convenios y contratos a los que refiere la denuncia, se encuentran en los archivos de Petroecuador y ya surtieron su efecto legal, por lo que la publicación de esta obra no ha impedido la firma de contratos o convenios y que a consecuencia de esto se haya producido una crisis petrolera y económica tanto de Petroecuador como del país”.

Debido a que gran parte de la información expuesta por Villavicencio en su libro había sido solicitada oficialmente por el ex asambleísta Cléver Jiménez, la Fiscalía General también se pronuncia por el fuero de Corte que entonces tenía el legislador y, en febrero del 2016, señala que la solicitud de información hecha por Jiménez se dio sobre la base de su atribución de fiscalizar los actos del poder público, amparado en el artículo 128 de la Constitución y el 192 del Código Orgánico de la Función Judicial.

El 5 de abril de 2016 el juez de la Unidad Penal de Pichincha resolvió desestimar y archivar la indagación previa.

Tras el dictamen fiscal y la resolución del mencionado juez, Vizueta & Asociados presentó a ese juzgado más informes sobre el tema, consiguiendo que en el mismo mes de abril del 2016, el juez pida al Fiscal Provincial que delegue la causa a otro fiscal que continúe la investigación. Aunque esto sí se concretó, al final el proceso fue archivado.

A pesar de que nunca se llegó a la etapa de formulación de cargos con la que inicia la instrucción fiscal,  el estudio jurídico Vizueta & Asociados ya desde el 21 de septiembre del 2015 había pedido a Petroecuador el segundo pago pactado en el contrato por $60 mil. Este pago fue negado por el administrador del contrato.

Para Villavicencio, se evidencia la persecución política en su contra debido al sinnúmero de irregularidades y violaciones a la ley que se cometieron para configurar esa persecución en este caso.

VIZUETA & ASOCIADOS Y SUS CONTRATOS CON EL GOBIERNO

El representante legal de este estudio jurídico es Héctor Vizueta Rogasner. Su oficina matriz está en Guayaquil. Inició sus actividades el 6 de febrero de 1997 y está registrado en el SRI con el RUC 0991383727001.

Su relación con empresas de gobierno se evidencia en varias ocasiones. En 2007 esta firma de abogados estuvo en el ojo del huracán. La razón: Una indagación previa iniciada por el fiscal de la Unidad Especial de Delitos Financieros, Abraham Cheing, el 12 de marzo de ese año por el supuesto pago de honorarios al estudio jurídico Vizueta & Asociados S.A. por la defensa de Pacifictel en el caso Nedetel.

Una publicación de diario El Universo, del 20 de marzo del 2007, informa que Carlos Reyes Izquierdo, abogado guayaquileño en libre ejercicio, denunció que “Nedetel salió favorecida en un laudo arbitral que condenaba a Pacifictel a pagar “varios millones de dólares ($ 12 millones), que eso está resuelto en última y definitiva instancia, y que por tanto, no se justifica la contratación del estudio y pagarle $ 300 mil”.

El entonces gobernador del Guayas, Camilo Samán, “quien dijo intervenir en el tema por delegación del presidente de la República, explicó que se contrató al estudio para defender a la empresa con un recurso de nulidad del laudo planteado ante la Corte de Justicia”. Añadió que el directorio de la desaparecida Pacifictel aprobó cancelar al bufete el 10% de anticipo ($30 mil) y el 90% restante, por resultados. Y  que hasta ahora no se ha pagado ni un solo centavo”.

El gerente del estudio jurídico, Héctor Vizueta, declaró a la prensa que mandó una pro forma, como se estila, que es el 2,5% del valor del laudo, pero para defender su integridad resolvieron no cobrar ni el 10%, sino el total cuando obtengan resultados positivos y agregó “el Presidente de la República ha puesto sobre los hombros de nuestro estudio esta tarea”. 

La firma Vizueta & Asociados ha estado relacionada con otras demandas y juicios de Petroecuador, como el caso de Akira. Este bufete de abogados firmó el 9 de septiembre del 2013 un contrato con la estatal petrolera para defenderla en el juicio No. 564-2008-2 y recurso de casación No. 209-2013,  iniciados en su contra por la empresa Akira Internacional. El contrato fue por $300 mil con IVA.

Akira demandó a Petroecuador por haberlo incluido en la lista de contratistas incumplidos y haber retenido un valor consignado por la emisión de las cartas de crédito.

La firma Vizueta & Asociados aparece también en reuniones con funcionarios de la Refinería del Pacífico en marzo del 2016 y recientemente fue contratada por el asambleísta de PAIS, Esteban Albornoz para entablar un juicio penal por calumnias a los miembros de la Comisión Anticorrupción.

JUSTICIA DE USA TRAS “EL GORDO” DE LA CORRUPCIÓN PETROLERA

El plan de sobornos que ha develado el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en la comercialización internacional de hidrocarburos, abre el camino para conocer el mayor caso de corrupción petrolera en la historia del Ecuador, gestado durante el gobierno de Rafael Correa Delgado. Altos funcionarios de Finanzas y Petroecuador junto a varios empresarios han sido identificados en una ruta de corrupción que los periodistas de este portal no hemos dejado de gritar en los últimos 8 años. Periodismo de Investigación le pone el cascabel al informe de la justicia norteamericana y revela los hechos con los nombres de los responsables y la dimensión real de la trama que envuelve a la petrolera Vitol, cuyo hilo delictivo conduce a desenredar la madeja de Petrochina.

Fue a las 7:30 de la noche del martes 4 de octubre de 2016. Los miembros del directorio de Petroecuador, José Icaza Romero, ministro de Hidrocarburos; Jorge Wated Reshuan, delegado del presidente Rafael Correa; Adolfo Salcedo Gluckstadt, delegado de la Secretaría Nacional de Planificación y Pedro Merizalde, gerente general de Petroecuador, dieron luz verde a la negociación del contrato de fuel oil con la empresa Oman Trading International Limited (OTI). Aunque en toda la papelería aparece la supuesta firma estatal omaní, este no era sino uno más de los contratos que escondían a poderosas compañías intermediarias privadas (Vitol) y un cartel de lobistas ecuatorianos.

El siguiente paso fue la reunión del 12 de octubre de 2016 en Madrid, España, ocho días después. En la última mesa de negociación estuvieron presentes William Vásconez Rubio, subsecretario de Financiamiento Público del Ministerio de Finanzas, Nilsen Arias (el gordo), gerente de Comercio Internacional de Petroecuador y representantes de OTI.

La reunión de Madrid fue narrada en un informe de Carla Arellano, subgerente de Finanzas de Petroecuador, con fecha 31 de octubre de 2016 y dirigida a William Vásconez. Allí especificó que OTI solicitó el Certificado de compromiso de pasivo contingente del Ministerio de Finanzas y pidió a Vásconez entregarlo.

Vásconez fue un operador clave de las líneas de crédito durante el régimen de Alianza PAIS, tras dejar el ministerio de Finanzas en 2017 se vinculó con la firma Hogan Lovells, consultora que asesoró a Rafael Correa Delgado, en los negocios con China.

El Ministerio de Finanzas aceptó el pedido y dio paso a la constitución del compromiso de pasivo contingente (en concreto, una garantía soberana sobre lo que Ecuador iba a vender). El memorando “Análisis legal del Compromiso de Pasivo Contingente”, firmado por el coordinador Jurídico del Ministerio de Finanzas, Marco Almeida Costa, ratificó que el compromiso es un respaldo de la operación comercial entre Petroecuador y Oman.

Finalmente, el memorando MINFIN-SRF-2016-090 dirigido a Juan Hidalgo Andrade, subsecretario de Financiamiento subrogante, en un análisis de solo un párrafo aseguró que Petroecuador contaba con sostenibilidad financiera para soportar el pasivo contingente.

El memorando reservado de la Subsecretaría de Financiamiento Público del 25 de noviembre de 2016, firmado por Juan Hidalgo Andrade, recomendó al ministro de Finanzas, Fausto Herrera Nicolalde y a Madeleine Abarca Runruil, viceministra de esa cartera, suscribir el compromiso de pasivo contingente. Tres días después el Comité de Deuda y Financiamiento integrado por Patricio Rivera, delegado del presidente Rafael Correa, Fausto Herrera, Adolfo Salcedo Gluckstadt, delegado de Senplades y Juan Hidalgo aprobaron los términos y condiciones del compromiso.

El contrato bajo esas condiciones debe entenderse como un crédito internacional contra entrega de hidrocarburos y no como un compromiso de compraventa; de hecho, tiene todas las condiciones de un crédito: establece una garantía soberana llamada “compromiso de pasivo contingente”, un interés anual y además una fórmula discrecional para fijar el precio mensual de cada lote de fuel oil 6.

Este crédito es una copia calcada de todas las denominadas preventas que el Ecuador firmó con Petrochina, Unipec y Petrotailandia y evidencia el sistema de corrupción que benefició a funcionarios y empresarios.

Omán Trading International (OTI) surgió en 2006 como una asociación entre, Oman Oil Company y Vitol Group.  Ahora OTI es propiedad del grupo OQ, del Gobierno de Omán.

Lo que hizo el gobierno de Rafael Correa es entregarle a OTI un volumen casi tres veces superior de fuel oil 6 para amortizar el adelanto de 300 millones que recibió. Además, se le entregó una garantía soberana por 17,1 millones de barriles de ese producto para que Vitol y OTI puedan titularizar en cualquier banco internacional un crédito de 300 millones de dólares y entregarlo al país.

Un negocio a futuro y grandes ganancias para los privados porque Vitol vendió ese fuel oil 6 en el mercado internacional a un valor no menor de $720,000.000, según las cifras del mercado en 2017.

El contrato de buena fe

El contrato, firmado el 6 de diciembre de 2016, por Pedro Merizalde Pavón, gerente general de Petroecuador, y Talal Awifi, director ejecutivo de OTI, le permitió a Finanzas acceder a los $ 300 millones mencionados como anticipo por la entrega de 17.100.000 barriles de fuel oil 6 repartidos en 90 cargamentos de 190.000 barriles cada uno, por un período de 36 meses, más una tasa de interés (sobre el anticipo) del 6.85%.

El acuerdo de entrega del combustible a OTI/VITOL, establece la entrega CFR (costo y flete en el puerto de destino) del fuel oil en Balboa, Panamá. Es decir, que Petroecuador asumió la entrega de los lotes de fuel oil en Panamá generando un beneficio de al menos $ 0,85 por barril a Vitol, lo que representa en todo el contrato un perjuicio a Ecuador de $14.5 millones, solo por fletes y aranceles. En ninguno de los informes que autorizó el Ministerio de Finanzas y Petroecuador se discutió las razones de entregar el combustible en un puerto internacional ¿Por qué las autoridades no negociaron con Vitol la entrega de fuel oil en Balao, como lo hicieron en otros contratos?

Se debe considerar cada uno de los ítems que significa entregar el combustible en otro puerto, como: costos portuarios en Esmeraldas, combustible (IFO) viaje Esmeraldas – Balboa, combustible (MDO) durante descarga, costos portuarios en Balboa, combustibles regreso (IFO) Balboa-Esmeraldas. A este valor debe sumarse el costo del transporte (flete), que implica $18.000 por día.

Además, el contrato establece un acuerdo que solo puede explicarse a la luz del informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Se trata de una negociación de “buena fe” a la que recurrieron las partes para establecer el valor del diferencial o castigo del fuel oil. No existen antecedentes de una negociación de “buena fe” cuando de por medio un centavo puede hacer la diferencia entre perder o ganar millones en contra o a favor del Estado. Se trata de una cláusula discrecional que sin duda benefició a Vitol.

Bajo similar modalidad, las mismas autoridades vinculadas al caso Vitol, adjudicaron otro contrato de fuel oil, igual para cubrir una línea de crédito, a la empresa china Unipec. Los nombres de los operadores de esta negociación se repiten en todos los contratos de comercialización de hidrocarburos suscritos en los gobiernos de Correa y Moreno, con Petrochina, Unipec, Petrotailandia, Noble América, OTI.

Otro contrato que está en la mira de las investigaciones es el de Noble Américas, gestionado en 2014 bajo la dirección de Nilsen Arias y Alex Bravo (preso por corrupción). La firma extranjera entregó un crédito de $1000 millones de dólares al gobierno de Rafael Correa, para financiar supuestamente la construcción del Poliducto Pascuales Cuenca y la repotenciación de la Refinería de Esmeraldas. El crédito tenía al igual que el contrato con Oman Trading, un colateral de provisión de derivados de petróleo. En 2017 las acciones de Noble Américas pasaron a control de la transnacional Vitol.

Plan de sobornos

La acusación del Departamento de Justicia puntualiza cómo se dieron los hechos y quiénes participaron en el plan para obtener el contrato de fuel oil.

Vitol les pagaría a sus cómplices, los consultores 1 y 2, una comisión por cada barril de fuel oil que obtuviesen del contrato con Petroecuador. Estos a su vez “utilizarían parte de esos fondos para pagar sobornos a funcionarios ecuatorianos a nombre de Vitol”.

Para ello Vitol y sus conspiradores contrataron consultorías falsas, crearon empresas fantasmas, emitieron facturas ficticias y usaron cuentas de correos electrónicos con seudónimos para transferir fondos a empresas offshore involucradas en la conspiración.

El punto de partida de esta historia es el 20 de septiembre de 2016, cuando el mexicano Javier Aguilar, ejecutivo de Vitol, envió un correo electrónico al “consultor de Ecuador 2” pidiéndole que enviara cartas de parte de OTI al “gordo” o “funcionario ecuatoriano 1”.

Dados los hechos y las fechas todo hace presumir que se trata del exgerente de Comercio Internacional Nilsen Arias, que ocupó ese cargo en los años 2010-2017.

Este portal buscó un pronunciamiento de Arias a través de su abogada y se le explicó que considerábamos que el llamado funcionario ecuatoriano 1 es el exgerente de comercio internacional. Ella aseguró que respondería con la mayor información posible del tema.

La declaración de Aguilar se compadece con los tiempos porque el 21 de septiembre de 2016, Petroecuador recibió la propuesta de Talal Al Awfi para la compra a largo plazo de fuel oil.

Luego de que el contrato se formalizó el 6 de diciembre de 2016, el Departamento de Justicia identificó que los sobornos fueron pagados a través de facturas falsas: “el 7 de marzo de 2018 o alrededor de esa fecha, el consultor 2 de Ecuador envió al intermediario 1 un correo electrónico adjuntando 39 facturas falsas de la empresa consultora a una empresa fantasma controlada por el intermediario 1”, dice la acusación del Departamento de Justicia.

Posteriormente, el 18 de mayo de 2018 se identificó que el intermediario 1 envió un correo electrónico a Aguilar indicando que había recibido $ 1.4 millones en facturas de Ecuador. Agrega que de eso monto $ 510.000 ya se habían pagado. Aguilar instruyó que hicieran pagos de hasta $150.000 cada 15 días.

En ese mismo esquema, entre el 28 de mayo y 25 de junio se hicieron tres pagos por € 201.306 y un pago total de $ 19.283 de una compañía fantasma controlada por el intermediario 1 a cuentas bancarias en las Islas Caimán y Curazao controladas por consultor 1 y 2.

Para el 5 de julio de julio de 2018 o alrededor de esa fecha, el Consultor 1 y el Consultor 2 enviaron instrucciones a un banco para transferir aproximadamente $ 225,000 desde una cuenta propiedad de Consultor 1 y Consultor Ecuador 2 en las Islas Caimán, a través de una cuenta bancaria corresponsal ubicada en Nueva York, a una cuenta ubicada en Portugal en beneficio del funcionario ecuatoriano 1.

Para 2014, Oman Trading International se presentó en Petroecuador como una compañía con el 30% de capital privado y el 70% estatal. Un documento entregado a Petroecuador de ese año y al que PI tuvo acceso, detalla que sus principales ejecutivos eran Talal Al Awfi en calidad de CEO y Said Al Maawali, vicepresidente.

También hace referencia a sus refinerías, al puerto Mina AL Fahal y al puerto de aguas profundas de Sohar.

El documento también señala que, a ese año, 2014, el representante en Ecuador de Omán Trading International, era el abogado Daniel Pino Arroba, que registró la dirección en el edificio La Previsora, Guayaquil. Pino figura como patrocinador del empresario Enrique Cadena Marín, investigado por la Fiscalía en la trama de corrupción que envuelve a Petrochina.

Daniel Pino además registró su nombre como representante de Core Petroleum LLC, una intermediaria de crudo, que entregó $ 10,2 millones a Fairgate Trading Corp., una compañía de Enrique Cadena, según documentos publicados por diario El Universo.

Cadena figuró en los papeles de Panamá al haber recibido la comisión de 1 dólar por barril por la intermediación en los contratos firmados con Petrochina. Documentos en poder de PI lo relacionan con autoridades de Petroecuador.

Altas fuentes de Petroecuador y del sector petrolero privado señalaron a PI que el consultor 1 sería Antonio Peré. Su nombre ya apareció en el expediente del caso Odebrecht en el que José Rubén Terán señaló que la brasileña hizo transferencias a la empresa Houston Energy Consulting de Peré, como parte de los recursos que recibió Marco Calvopiña por el poliducto Pascuales Cuenca, tal como publicó diario Expreso.