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La presa fue inaugurada en el 2016, pese a que se tenía conocimiento de la cantidad de fallas, fisuras y problemas. La hidreléctrica más grande del país fue recibida por Ecuador con 19.000 items pendientes. Foto: Presidencia de la República

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Coca Codo Sinclair, el proyecto emblemático de la «revolución energética» del gobierno de Rafael Correa, el cual costó el país USD 3.200 millones, está operando bajo alto riesgo, debido a daños estructurales. La Contraloría General del Estado, en un informe borrador de más de 165 páginas, leído el 14 de noviembre del 2018, encontró 12 fallas graves en el proceso de construcción. Sobre todo, daños en los ocho conductos distribuidores de la casa de máquinas y en dos de las turbinas. Estos daños en los distribuidores consisten en la presencia de 7.648 fisuras en las dos tuberías de presión que conducen el agua hacia los rodetes que a su vez generan la electricidad. Estas tuberías están recubiertas de acero; las fisuras, una de ellas de 38 centímetros, están en las planchas y en las zonas de soldadura. El daño, a criterio de los técnicos consultados por estos portales, es catastrófico, estructural e irreversible.

Documento: Denuncia presentada en el 2012 en la Fiscalía, por Cléver Jiménez, que no fue tomada en cuenta por el fiscal Galo Chiriboga.

Documento: El texto de la carta a la Fiscalía.

Documento: El texto de la carta a la Procuraduría.

La Contraloría encontró que «la empresa Sinohydro Corporation, para la construcción de los distribuidores de las ocho turbinas del proyecto empleó materiales no homologados; fabricó los elementos sin efectuar un adecuado control de calidad; soldó elementos adicionales para el transporte y manipuleo; y, soldó candados para efectuar las pruebas hidrostáticas sin aplicar los procedimientos técnicos de soldadura. Asimismo, unió las partes de los distribuidores sin aplicar tratamientos térmicos pos soldadura, lo cual ocasionó que al momento de la construcción se presenten en los distribuidores fisuras de distintas dimensiones, lo que conllevó a que en el año 2015 se efectúen inspecciones y soldaduras de reparación en todos los distribuidores y en el año 2018 se realice una nueva inspección y reparación con soldadura en elementos esenciales para el funcionamiento de las turbinas de la central hidroeléctrica.

«CELEC EP invirtió en esta construcción USD 1.010’844.719,62. Sin embargo, en los primeros dos años de funcionamiento de la central hidroeléctrica, que fue diseñada para una vida útil de 50 años, la contratista ha intervenido por dos ocasiones empleando soldadura en elementos metálicos con bajo contenido de carbono».

Documento: El texto de la carta a la Contraloría.

Documento: La boleta de notificación a Cléver Jiménez sobre la apertura de la indagación previa. Jiménez denunció a los gerentes de la Obra por un presunto peculado.

Para uno de los consultores que determinaron el valor del daño, esta cifra multimillonaria es lo que el país perdería, porque sería imposible hacerlo sin destruir la casa de máquinas y todo su sistema; pues las partes dañadas están recubiertas de concreto de alta resistencia. «Es preferible hacer otra casa de máquinas», dijo el experto.

Documento oficial a los fiscalizadores de la obra, que da cuenta de las fisuras presentadas en varias unidades, luego de las pruebas de presión. Este informe explica que la presencia de fisuras puede impedir que el agua alcance la presión de 7.5 MPa, que es la presión del diseño, para que el sistema de generación eléctrica funcione.

El organismo de control determinó que las fisuras, las cuales producen filtraciones y que pueden hacer colapsar todo el sistema, fueron provocadas unas por la calidad del material, el cual no cumplía las especificaciones técnicas, y la otra por una mala gestión en el traslado y trasportación de las planchas desde China hasta el sitio de la obra, y las malas soldaduras en los anclajes que permitían la transportación.

Los defectos fueron detectados en los cordones de soldadura, tanto en la fábrica como en el sitio de instalación. Según fuentes vinculadas a la investigación del organismo de control, una de las razones fundamentales para la mala calidad de los materiales era que en el proceso se cambiaron las especificaciones que originalmente eran para acero de fabricación japonesa para favorecer acero de fabricación china.  El uso de este acero, que no tenía la aleación adecuada ni la resistencia necesaria para soportar las presiones fue aceptada por el consorcio mexicano que actuó como fiscalizadora de la obra.
Las más de 7648 fisuras fueron encontradas en el 2015. Sin embargo, lo problemas encontrados en el transcurso de la mega obra,  que fueron ratificados por la Contraloría, fueron reportados desde el 2013, en un informe publicado por la revista Vanguardia y en una denuncia ante la Fiscalía que fue presentada por el entonces asambleísta de PK, Cléver Jiménez.

Las fallas encontradas en el 2015 fueron subsanadas supuestamente. Las Unidades más afectadas fueron la 2, 4, 7 y 8, con más de 1500 fisuras cada una en promedio. Las unidades 3 y 4 tuvieron hasta cuatro reparaciones.

En el 2015, en la etapa de pruebas hidrostáticas, Sinohydro Corporation, la constructora, soldó placas metálicas y candados y luego de efectuada la prueba se retiraron los elementos soldados, y fiscalización detectó, además de las fisuras de las zonas correspondientes a las zonas de soldaduras, una fisura de 38 centímetros de longitud en la brida de ingreso del distribuidor de la unidad 3, así como en sectores con la presencia de indicaciones en las soldaduras de fábrica. Las fisuras fueron reportadas, pero los documentos entregados por la contratista en la dirección de Gerenciamiento y Fiscalización no reportaron novedades en la inspección de las soldaduras, «evidenciando ausencia de supervisión en la construcción de los distribuidores y poniendo en duda la integridad de los documentos de control de calidad», dice el informe de la Contraloría.

Reacción de Rafael Correa, en el 2012, contra la denuncia de Cléver Jiménez. Hay que actuar con todo, les dice a sus remitentes, incluso con «nuestros legisladores».

Un técnico de la empresa Consulting Inspection Services, CIS, en su informe del 8 de abril del 2015, luego de detallar decenas de irregularidades sobre materiales empleados que no cumplían las especificaciones técnicas ni del contrato, señaló que «ningún tipo de fisura es aceptable; se deben revisar los procesos de soldadura para determinar la causa del agrietamiento y prevenir futuros defectos ; y que la fisuración puede conducir a la pérdida de la integridad estructural, a fugas y a la falla del equipo».

Portada del informe reservado de la Contraloría sobre el poyecto Coca Codo.

Pero el proceso de reparación también fue observado: «las normas aplicables no establecen el número de veces que un acero al carbono y de baja aleación puede ser reparado mediante soldadura», por cuanto la producción  y el material empleado tiene diferentes parámetros. Pero es práctica de la industria, dice la Contraloría, que la reparación por soldadura del material base y los cordones de soldadura se realicen una sola vez.  Ya la campaña de soldadura y reparación del 2015 incluyeron hasta tres soldaduras de reparación y si en el 2018 se está interviniendo con nuevas soldaduras de reparación, «podemos afirmar que el procedimiento de reparación de fisuras, empleado, no fue el adecuado».

El organismo de control reclama a CELC y a la Unidad de Negocios Coca Codo Sinclair, que tras haber detectado las fisuras, no han recomendado ni dispuesto que se efectúe la evaluación integral de dichas estructuras.  ¿Cuál es su aptitud para el servicio? ¿Cuál es su vida útil? ¿Cuál es su estado? ¿Cuál su comportamiento futuro si son recipientes sometidos a constante e intensa presión de agua? Preguntas que, según la Contraloría, aún ningún responsable contesta al país.

¿Por qué se habla de un daño estructural? La evaluación permitirá conocer si los distribuidores instalados pueden seguir operando pese a las observaciones técnicas reportadas, pueden soportar más campañas de soldadura de modo indefinido o deben ser reemplazados, a costa de Sinohydro Corporation. En este caso, CELEC EP debe contar, dice la Contraloría, con las garantías necesarias para que el costo de todos esos trabajos sea reconocido por esa empresa.

Así lo anunció estos días el ministro de Hidrocarburos y Electricidad, Carlos Pérez. Dio el nombre de una empresa alemana que hará la evaluación técnica, sin referirse a los hallazgos de la Contraloría, y dijo que la  constructora china asumiría todos los costos de ese proceso. No mostró al país un convenio o documento alguno con la firma de Sinohydro.

Si esto pasa, si se opta por detener la operación para hacer una reparación integral, tendría que considerarse la cantidad de energía generada por Coca Codo que el país dejaría de recibir. Si entre enero del 2017 y julio del 2018 (un año y medio) la represa generó, con toda su potencia, cerca de 9.600 millones de Kwh (un promedio de 505 millones de kilovatios al mes), a un precio promedio de 9,86 centavos el kilovatio-hora, se tiene que el sistema eléctrico nacional dejaría de recibir USD 49 millones mensuales. Cerca de USD 600 millones al año. A esto hay que sumar los USD 83 millones del costo de instalación de los distribuidores. Además, en caso de que sea imposible reparar el sistema de distribuidores con fisuras y sea necesario  reemplazar la casa de máquinas, esta tiene un valor de USD 1.010’844.719.

Estos daños ya han causado la paralización de tres unidades para efectos de inspección y reparación. Un reporte del subgerente de producción de CELEC EP – Coca Codo Sinclair da cuenta que entre agosto del 2016 y julio del 2018 la Unidad 4 paralizó 72 días, la Unidad 2 paró 46 días y la Unidad 3 fue paralizada el 20 de julio del 2018 hasta la fecha.

Otra de las fallas en el sistema Coca Codo se presenta en la línea de trasmisión de la subestación El Inga, a la cual llegan dos líneas trifásicas de 500 MW, con un haz de cuatro conductores por fase. En cambio, en el tramo El Inga-Tisaleo-Chorrillos se ha instalado una línea trifásica de 500 MW con un haz de tres conductores elevándose el efecto corona, e incrementando las pérdidas en la línea, la radio interferencia, el ruido y los destellos luminosos alrededor de cada fase. Esto ha provocado la protesta de las comunidades por las que atraviesa. Es, por tanto, una línea que no está operando y es una razón más por la cual la central Coca Codo no pueda evacuar toda la energía que produce. Para completar este cuadro, el cuarto conductor y convertir la línea en un haz de cuatro conductores se requiere una inversión aproximada de USD 28 millones, que se pretende pedir a… China.

La central hidroeléctrica fue diseñada para una vida útil de 50 años, pero la contratista ha intervenido en dos ocasiones, empleando soldadura en elementos metálicos con bajo contenido de carbono y alta tenacidad; ocasionando que las soldaduras y el material base de los distribuidores se vuelvan más frágiles. La Contraloría señala que es «de total responsabilidad de la contratista, las consecuencias de dicha acción».

Para evaluar la condición de los distribuidores se hicieron varias inspecciones. Foto: Archivo El Comercio

OTROS DAÑOS ENCONTRADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

• Los rodetes de las unidades U4 y U6 presentan áreas afectadas por abrasión y desprendimiento de la protección de carburo de tungsteno, a pesar de lo cual la contratista ha rechazado las solicitudes emitidas por CELEC EP para su reparación, lo que ha ocasionado que a la fecha de corte de esta acción de control no se hayan resuelto las afectaciones reportadas.
• Sinohydro Corporation y CELEC EP no han llegado a un consenso sobre la aprobación de un cronograma optimizado y consolidado para atender los ítems pendientes definidos en la fase 1 y 2 del proyecto, entre estos la construcción de un campamento permanente de operación, que a la fecha de corte de este examen presenta el avance de un 76,38%, lo que ha dado lugar a que la Unidad de Negocio de Coca Codo Sinclair incurra en gastos adicionales por USD 763.560,00, para el transporte del personal técnico y administrativo desde el campamento hacia la central hidroeléctrica.
• La empresa Sinohydro no atiende en los tiempos establecidos contractualmente ni soluciona de manera efectiva la causa u origen y defectos comunicados por Coca Codo Sinclair, por lo que al corte de esta acción de control persisten 171 defectos sin atención o solución, ocasionándose un perjuicio de USD 465.380,18 a Coca Codo Sinclair; y USD 27’779.406,57 al Estado ecuatoriano por la afectación a los ingresos que debía percibir con la comercialización de la energía producida.
• La Segunda Junta Combinada de Disputas del contrato EP favoreció a la contratista Sinohydro con una prórroga adicional de 167 días para cumplir con la entrega de la operación inicial y la entrega de la fase 1, sin haberse impuesto una penalidad por 184 días de retraso equivalente a USD 78’200.000,00.
• La empresa Sinohydro hasta la fecha de corte del examen no culminó con las pruebas de eficiencia del funcionamiento del modo automático a través del sistema, tampoco se reemplazó ni corrigió la calibración de las ecosondas que presentan mal funcionamiento. Además, no se capacitó al personal de CELEC sobre el equipo.
• El representante legal de Sinohydro presentó solicitudes de reembolso por ítems pendientes no concluidos, mismas que fueron canceladas incumpliéndose además los plazos de entregas.
• El gerente de Sinohydro no cumplió con el Plan de Capacitación y entrenamiento continuo del personal operativo, conforme los requerimientos técnicos.
• Los gerentes de la unidad de negocio de Coca Codo Sinclair dispusieron que el equipo de supervisión del proyecto pese a sus limitaciones del personal se encargue del proceso de relevamientos de los ítems pendientes sin establecer las funciones específicas a desempeñar, lo que ocasionó que este proceso no haya sido concluido luego de transcurridos más 500 días.
• Los responsables de la gestión ambiental de Coca Codo Sinclair no presentaron al Ministerio del Ambiente los Términos de Referencia para contratar y ejecutar las auditorías ambientales, en los periodos 2014-2016 y 2016-2018; tampoco tramitaron la emisión de la licencia ambiental para la fase de operación del proyecto.
• La empresa Sinohydro manejó inadecuadamente los desechos generados en el campamento de operación permanente, además no cumplió las medidas de control ambiental para la distribución de combustible en los campamentos.
• La empresa Sinohydro presentó planillas sin incluir documentos de soporte que certifiquen el control de calidad efectuado en la ejecución de los trabajos.

A puertas de que el pleno del Consejo de Participación Ciudadana de Transición (CPCCS-T) conozca un informe de la evaluación a los jueces de la Corte Constitucional, que podría devenir en el cese anticipado de todos sus magistrados -y en medio de una investigación penal abierta por la Fiscalía General del Estado- el alto organismo de control constitucional pretendió limpiar su historial con un sospresivo fallo que echó abajo las cuestionadas enmiendas constitucionales aprobadas por la misma magistratura durante el gobierno de Rafael Correa.

La Fiscalía General del Estado, basada en informes de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), inició, en junio de este año, indagaciones previas por presunto delito de lavado de activos, en contra de varios magistrados y funcionarios de la Corte Constitucional (CC).

Información revisada por este medio, indica que, en los movimientos financieros de los investigados, se encontraron “operaciones inusuales e injustificadas”, como “depósitos en efectivo y cheques que no registran ordenantes, “emisión de cheques de gerencia” hechas a un “beneficiario desconocido”, “pagos de cheques sin registro de beneficiario”, “depósitos significativos” de ordenantes no identificados o envíos de dinero a paraísos fiscales.

Los jueces investigados son: Francisco Butiñá Martínez, Wendy Molina Andrade, Pamela Martínez Loayza, Marien Segura Reascos, Alfredo Ruíz Guzmán, Ruth Seni Pinoargote, Tatiana Ordeñana Sierra, Manuel Olvera Maldonado y Antonio Gagliardo Loor.

Una de las indagaciones previas, signada con el número 170101818061503 apunta al magistrado Manuel Viteri Olvera, por la misma razón. Una segunda indagación previa con registro 170101818061405 señala a la jueza Emma Roxana Silva Chicaiza.

Los jueces bajo sospecha

Francisco Butiñá Martínez: “militante activo” de Alianza País, como él mismo se define, es juez de la Corte Constitucional desde el 5 de noviembre de 2015. Estuvo a cargo de del pedido de referéndum impulsado por el colectivo Rafael Contigo Siempre, que buscaba la reelección indefinida del ex presidente Rafael Correa. Butiñá Martínez dio paso al proceso de recolección de firmas en favor de la reelección de Correa.
Francisco Butiñá tiene una extensa carrera laboral dentro del gobierno correísta: fue asesor de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, del Ministerio del Deporte y en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

En 2006, fue gerente general de la empresa Adextelecom S.A., que registra 12 participaciones en el Servicio de Compras Públicas (Sercop) y una adjudicación por USD 45.000,00 con la Empresa Pública de Transporte de Guayaquil.

Sus movimientos financieros indican que, entre 2012 y 2018, tuvo ingresos totales por aproximadamente USD 452.000 mil dólares, de esta cifra USD 281 mil dólares corresponden a depósitos en efectivo y cheques que no registran ordenantes. En 2010, hizo una transferencia al paraíso fiscal de Namibia, por USD 514,00.

Según la Superintendencia de Compañías registra participación accionaria y administrativa en las empresas Adextelecom S.A. (gerente general), Smiths Heiman Gmbh (apoderado), Operatec Operaciones Técnicas S.A. (accionista), Alcestis S.A. (gerente general) y Divanca S.A (accionista). Es dueño de dos inmuebles en Guayaquil.

El valor más alto, pagado por impuesto a la renta, lo registró en 2016 y 2017, con USD 7.238,00 y USD 6.249,00 respectivamente. En 2015, declaró 0 dólares y en 2014, USD 295,09.

Su círculo cercano lo integran Alfredo Alvarado, registrador mercantil del Loja, Isidro Guamán, experto constitucional, Ximena Loyo, Vladimir Bazante, experto constitucional, el abogado Pablo Sevilla, Jairo Escobar, experto constitucional jurisdiccional y Pablo Alarcón Peña, hijo del ex presidente de la República Fabián Alarcón Rivera.

Wendy Molina Andrade: jueza constitucional desde 2012. En ocho años (2010-2018) tuvo ingresos por 446.108,00. Los principales ordenantes de pagos son la cuenta del Ministerio de Economía, el Fondo de Capitalización del Biess y Carranza Barona Juan, seguido por depósitos que “no registran ordenantes”.
De los egresos totales, según la información revisada por este medio, USD 231.000 se deben a “emisión de cheques de gerencia” hechas a un “beneficiario desconocido”.

A su nombre aparecen dos bienes inmuebles, con un avalúo municipal de USD 1.1 millón de dólares. Además, registra entradas de divisas desde Panamá en su cuenta bancaria, de “ordenante desconocido”, por USD 22.590,00 en el año 2010.

En 2010, fue asesora del entonces presidente de la CC presidente Patricio Pazmiño. Trabajó en la Procuraduría General del Estado y en el Ministerio del Ambiente.

En su círculo de confianza figura Ernesto Pazmiño Chávez, hijo del ex presidente de la Corte Constitucional y actual miembro de la Corte IDH, Patricio Pazmiño. También forma parte de sus allegado, Pablo Alarcón.

Pamela Martínez Loayza:  jueza desde noviembre de 2015. Entre 2010 y 2015, fue asesora del despacho presidencial y expresidenta de la extinta Comisión de Calificación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de 2012 a 2013. Su hermano Jorge Martínez desempeña el cargo de asesor en la Presidencia.

Sus ingresos totales sumaron USD 399.753, compuestos en su mayoría por transferencias recibidas del Ministerio de Economía, y de cuentas propias, seguido de “depósitos en efectivo y cheques que no registran ordenantes por USD 59.744”. Entre 2012 y 2015, recibió transferencias por USD 3.000 del entonces cónsul del Ministerio de Relaciones Exteriores en Murcia, Gustavo Mateus. Los egresos, por su parte, alcanzaron los USD 40.835, de ese valor USD 5.395 corresponden al “pago de cheque sin registro de beneficiario”. A su nombre constan dos inmuebles en Quito, avaluados en USD 96.401.

Según la información revisada por este portal, registra transferencias a paraísos fiscales por USD 823,00 entre 2014 y 2017. Varias fuentes señalan que, en 2015, junto a su esposo Jimmy Salazar, dirigió el programa de televisión “Es de justicia”, que se transmitía todos los domingos por TC Televisión, espacio que fue aprovechado para hacer “proselitismo político en favor del expresidente Correa”.
Su entorno más cercano lo conforman su esposo y presidente del Colegio de Abogados de Guayas, Jimmy Salazar, además de Daniel Burneo, experto constitucional y Héctor Carrera, actuario de la Corte Constitucional. También aparece relacionada con el ex Secretario Jurídico de la Presidencia Alexis Mera Giler, del estudio Romero & Menéndez.

Marien Segura Reascos: llegó a la Corte Constitucional en 2016, luego de ser postulada por el expresidente Correa, para ese cargo.

Sus movimientos financieros indican que, entre 2010 y 2018, tuvo un ingreso total que alcanzó los USD 410.703, de esa suma, USD 51.775 corresponden a depósitos en efectivo y cheques “que no registran ordenantes”. De sus egresos (USD 108.744), USD 4.200 pertenecen a un pago hecho a Martha Durango, tesorera de la Secretaría Técnica Plan Ecuador.

En junio de 2017, Amparo Gómez, expareja de Ricardo Rivera, acusó a Segura, de cumplir “una consigna”, mientras fue Jueza de la Niñez y Adolescencia, “ella me tuvo 4 años sin pensión alimenticia, sin un centavo”, dijo refiriéndose al juicio de alimentos que planteó en contra de Rivera.

Es cercana a Francisco Albuja, experto constitucional, Miguel Tapia, experto constitucional jurisdiccional y Mariana González, actuaria de la CC.

Alfredo Ruíz Guzmán: presidente de la Corte Constitucional desde noviembre de 2015. Sus ingresos totales, de los años 2010 a 2018, suman USD 161.962, de este rubro, USD 24.880 corresponden a “depósitos y cheques que no registran ordenantes”. La información revisada por este medio, señala que “no se evidencia los ingresos por relación de dependencia en sus cuentas de ingresos, así como tampoco se reflejan los pagos a proveedores en sus cuentas de egresos, por cuanto se presume dispone de cuentas en otras entidades financieras (cooperativa, sociedades financieras)”. Los egresos totales ascienden a USD 42. 097, “compuestos únicamente por pago de tarjetas de crédito por USD 42.097, entre 2012 y 2017”. Registra dos bienes inmuebles en Guayaquil, avaluados en USD 149.713.

Su círculo de trabajo lo integran: Pablo Alarcón Peña, Pamela Aguirre Castro, ex secretaria técnica jurisdiccional, Carlos Aguirre, experto constitucional, Pedro Alarcón, experto constitucional, Carlos Villacreses Pincay, coordinador del despacho institucional, Jaime Pozo, secretario general, Freddy Villagrán, experto constitucional jurisdiccional; todos funcionarios de la Corte Constitucional. Igualmente, está relacionado con Alexis Mera Giler. Tambien figura como cercano Ivolé Zurita, registrador de la propiedad de Guayaquil.

Ruth Seni Pinoargote: jueza constitucional desde noviembre de 2012. Registra obligaciones pendientes ante el Servicio de Rentas Internas como declaración de impuesto a la renta de los años 2015 y 2016 y anexo de gastos personales, año 2015 y 2016. Su hijo, Luis Cevallos Seni, registra participación en dos empresas: Seniconstructora S.A., y Constructora Eskala S.A., ésta última registra 32 participaciones en el Sercop y una adjudicación con el Municipio de Olmedo para mejoramiento de vías, por USD 247.447.
Sus ingresos totales, de 2010 a 2018, suman USD 600.529. De esa cantidad, USD 81.610 corresponden a “depósitos en efectivo y cheques que no registran ordenantes”. De los egresos totales (USD 110.358), USD 26.405 fueron pagados con cheques del Banco Bolivariano a beneficiario “sin registro”. A su nombre se encuentran registrados 28 bienes inmuebles y uno en Manta, por un avalúo total de USD 725.760.

Forman parte de su grupo de trabajo sus hijos Homero y David Cevalos Seni, Asdrubal Homero Granizo Haro, experto constitucional, Victor Hugo Holguín Cárdenas, coordinador del despacho institucional y Nelson Alejandro Enríquez Caicedo, experto constitucional, funcionarios de la CC.

Tatiana Ordeñana Sierra: jueza constitucional desde noviembre de 2012. Entre 2010 y 2013 fue consejera en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

De 2010 a 2018, sus ingresos alcanzaron los USD 830.979, por transferencias recibidas que suman los USD 548 mil dólares; y de cuentas propias (USD 32.000); además de depósitos en efectivo y cheques recibidos “que no registran ordenantes” por USD 147.717.

Los egresos totales suman USD 334.919. De esta suma, USD 206.600 mil corresponden a transferencias enviadas, entre 2012 y 2018, al Fideicomiso Catalina Aldaz, “a más de un beneficiario” y a cuentas propias, “cabe mencionar que envió a más de un beneficiario y cuentas propias USD 40.366 a Estados Unidos entre 2016 y 2017”. “Los ingresos registrados en sus cuentas son superiores en relación a su facturación y relación de dependencia (…), registra transferencias de más de un ordenante por más de medio millón de dólares”, dicen los documentos revisados por este medio. A nombre de Ordeñana constan seis bienes inmuebles: cinco en Quito y uno en Guayaquil, cuyo avalúo total es de USD 508.642.

El círculo cercano de Tatiana Ordeñana lo integran: Alvaro Diego Contreras, coordinador constitucional, Pamela Lizeth Barrionuevo Soto, experta constitucional y el abogado Jimmy Salazar Gaspar, presidente del Colegio de Abogados del Guayas.

Manuel Viteri Olvera: juez constitucional desde 2012. El Sistema Migratorio Ecuatoriano, registra una alerta de la Interpol en contra de Olvera.

Los movimientos financieros indican que, desde 2012 a 2018, sus ingresos sumaron USD 553.405, por transferencias de USD 297.035 recibidas entre 2012 y 2016, “siendo sus principales ordenantes no identificados”, también recibió cheques y depósitos en efectivo que “no registran ordenantes” por USD 254.664.

Tuvo egresos totales por USD 367.339, compuestos en su mayoría por cheques del exterior, que sumaron USD 335.906, de 2012 a 2017, “siendo los principales beneficiarios no identificados, con registro a los cuales realizó envíos de dinero hacia Estados Unidos por USD 314. 950, en 2017 y al paraíso fiscal africano de Namibia por USD 20.956, en 2012; además de retiros por USD 6.108 y emisión de cheques a beneficiarios no identificados. En 2017, registró un impuesto a la salida de divisas por USD 15.051,25.
Su hija, Martha Viteri Thompson es funcionaria del Consejo de la Judicatura y su hijo Manuel Viteri fue funcionario en esa misma entidad entre 2009 y 2011.

El circulo de Viteri, está integrado por su hijo Manuel Viteri Thompson, el abogado Nicolas Castro Patiño, Raúl Renato Cedeño Bonilla, experto constitucional funcionario de la Corte y Alfredo Isidro Guamán Bagua, también funcionario de la CC.

Roxana Silva Chicaiza: jueza constitucional desde noviembre de 2015.  Sus datos financieros, según la información revisada por este medio, indican que, entre 2010 y 2018, sus ingresos totales alcanzaron los USD 795.598, “siendo sus principales ordenantes: más de un ordenante por USD 236. 305, cuentas propias por USD 169.842 y Multianalytica Cía Ltda por USD 32.004, seguido por depósitos en efectivo y cheques que recibió por USD 321.766 de ordenantes no identificados y venta de divisas”.

Sus egresos sumaron USD 686.135.  De éstos, USD 363.842 fueron transferidos, entre 2012 y 2018, a Banco Pichincha, a José Silva Tutiven, cuentas propias. En enero de este año, emitió un “cheque de gerencia a favor de Nelson Moncayo Cadena por USD 206.500 quien registra como actividad económica actividades de ingeniería civil”.

Según datos de la Superintendencia de Compañías, es accionista de Cervecería Nacional con el 0,0002% de participación. A su nombre constan ocho bienes: seis en Quito y dos en Guayaquil, cuyo avalúo total aproximado es de USD 1.1 millón de dólares.