Quiero dedicarte esta columna Gladys, estés donde estés. No logro sacarte de mi cabeza… La historia de tu desaparición gira dentro de mí y se apoderó de todo lo que soy capaz de pensar.
Quisiera que sepas que en el año 2022, tendrías un colectivo feminista que acompañaría a tu madre en tu búsqueda, dentro de las 72 horas posteriores a tu desaparición, indispensables para recoger indicios. Que muchas mujeres abogadas estarían abanderadas de tu caso, que hoy tus hermanas exigimos nos expliquen qué te pasó.
Mientras imagino una serie de posibilidades de lo que te pudo suceder, las lágrimas salen de mis ojos con impotencia y rabia. Tú comprendes mejor que nadie que el misterio aun no resuelto de tu desaparición, es la prueba de todas las opresiones naturalizadas ejercidas sobre las mujeres operando en el año 2004.
Hoy inclusive los sectores conservadores de la opinión pública comprenden que una mujer menor de 18 años se encuentra sujeta a una relación de poder, a pesar de que le pinten el tema como «amor». Recuerdo claramente que el día tu mamá y tu abuelita no te volvieron a ver, tenías apenas 17 años.
Que hoy, la única línea de investigación posible, no sería aquella que se ajusta a la moral y las buenas costumbres.
Que si te hubieran llevado al medico para revisar si estabas embarazada horas antes de que desaparecieras, el dos de marzo del 2004. Ese médico habría sido parte de la investigación, aunque se hubiera necesitado mucha presión mediática para lograrlo.
Que si lo que sucedió es que tu familia no podía competir con la influencia, o el miedo que genera un funcionario publico corrupto. Hoy sería mucho mas complicado encubrir un delito contra tu vida o integridad, gracias a todas las formas anónimas de hacer una denuncia. Que hoy, la noticia de tu desaparición y los testimonios de los que te vieron por última vez, no podrían ser borrados tan fácilmente.
Que hipotéticamente, si hoy los hombres responsables de investigar que te pasó quisieran encubrir un delito, tendrían menos poder para proteger al o los culpables.
Que hoy el control social, tiene mayores efectos sobre las instituciones, que en el año 2004. Que nosotras exigimos saber que te pasó, que el Estado tiene una deuda contigo, y con tu madre, que tu desaparición no se ha olvidado. Que aunque hayan pasado tantos años la verdad debe salir a la luz, que tu caso debe conocerse. Que no se trata solo de ti, que somos todas.
Las investigaciones que este portal realizó entre 2021 y 2022, que concluyó con la publicación del reportaje Cacería y extinción de las tortugas gigantes de Isabela, permitió al equipo de pi. mantener sendas conversaciones con funcionarios de la Dirección del Parque Nacional Galápagos DPNG, quienes de distintas maneras entregaron información a este medio de comunicación.
En el mes de julio de 2022 pi. accedió a un informe de la Dirección del Parque Nacional Galápagos con fecha diciembre de 2013, en el que se expone la problemática de la matanza de tortugas gigantes en peligro de extinción dentro de la isla Isabela.
En las cinco secciones y los anexos que componen el informe se señala antecedentes de la problemática, se describe la situación de la matanza de tortugas gigantes y el tráfico de su carne en el 2013, se explica la relación entre cacería furtiva de tortugas gigantes y cacería de especies introducidas y se indica que, con el tiempo, estos crímenes han ido en aumento dentro de Isabela.
Llama la atención que ninguna autoridad conozca el contenido de este documento y aseguren que éste no existe oficialmente en los archivos de las oficinas del PNG. Si es así ¿cómo es que este medio lo tiene y no las autoridades llamadas a proteger la integridad del patrimonio natural?
Este portal no tiene dudas del contenido expresado en el informe, un año de seguimiento nos permite ratificarnos en cada uno de los reportajes que han evidenciado la negligencia de las autoridades del Parque Nacional Galápagos, acostumbrados al silencio y complicidad de guardaparques y grupos de colonos qué conocen la realidad.
El informe también presenta los nombres de 28 sospechosos implicados en la matanza de tortugas gigantes, entre ellos dos guardaparques de la Unidad Técnica Operacional de Isabela (UTI) de la DPNG, quienes actualmente están activos. Isabela es un cantón con aproximadamente 3000 habitantes dónde muchos saben quiénes matan tortugas en peligro de extinción, así como quiénes trafican y compran la carne de tortuga gigante.Cabe mencionar que nueve sospechosos presentes en el informe también fueron señalados por fuentes ciudadanas y por fuentes de la DPNG, dentro de la investigación periodística, por estar involucrados en la matanza de tortugas gigantes y en el tráfico de la carne de galápago. Varios de estos presuntos delincuentes ofrecen carne de tortuga gigante a los hogares de Puerto Villamil.
A continuación, el documento titulado “Informe Técnico. Sacrificio de tortugas gigantes en el sur de la isla Isabela”, tal como Periodismo de Investigación lo recibió de las fuentes en julio del presente año. El documento se explica solo.
4000 hectáreas en la parroquia El Morro del cantón Guayaquil están en pugna durante 10 años. Todo comienza por el ofrecimiento de la Revolución Ciudadana de expropiar estos predios para entregarlos a migrantes con el objetivo de que los hagan producir. El Plan Tierras de ese gobierno fracasó y con el transcurso del tiempo nuevos actores incursionaron en la disputa de la hacienda Ayalán. Ahora sus propietarios, camaroneros y migrantes retornados tienen papeles a su favor y reclaman tener derechos sobre el bien. El Ministerio de Agricultura ha decidido retomar el plan inicial con los migrantes, pero antes debe resolver todo un entuerto jurídico creado por esta misma oficina, durante distintas gestiones.
Devastar un bosque nativo cuesta USD 2 millones en Ecuador, pagados con fondos públicos. Eso ocurrió en la hacienda Ayalán, ubicada en la parroquia El Morro del cantón Guayaquil. Un amplio terreno de no muy fácil acceso al que se llega por la vía a Playas y en el que a primera vista todo parece ser una extensa zona que no está siendo plenamente aprovechada. No quedan mayores indicios de que aquí, hace apenas 9 años, todavía se podía apreciar el color verde de un amplio bosque, que además era el refugio natural de animales silvestres que ahora ya no se ven más. Las afectaciones a la naturaleza resultan irreversibles.
Y todo ese daño tuvo financiamiento del Ministerio de Agricultura, que en 2013 contrató el desbroce del bosque con un presupuesto de USD2 millones por un total de 3500 hectáreas. Un monto que no deja de llamar la atención a José Ignacio Jorgge Bejarano, quien conoce muy bien de los valores que se pagan por hectárea para dejar libre el terreno y listo para futuras siembras. «Allí hubo un sobreprecio descomunal», opina sobre lo que se pagó para eliminar los árboles en terrenos que siguen siendo de su propiedad, hasta hoy. Esto último es el segundo aspecto irregular de este tema: el ministerio de Agricultura disponiendo de los terrenos de una hacienda que todavía tiene otros propietarios, miembros de la familia guayaquileña Jorgge. El tercer punto que llama la atención es la cantidad que el Estado pretendió pagar por esta inmensa zona, en un proceso de expropiación y posterior mediación: menos de lo que canceló por el desbroce, USD1 millón quinientos mil dólares, cantidad que no ha sido aceptada por sus legítimos propietarios.
Todos estos detalles forman parte de un largo proceso en el que participan varios actores que intentan convertirse en los protagonistas principales y finales de lo que ya parece una película de suspenso que no tiene desenlace.
El ex ministro de Agricultura Javier Ponce asumió en 2015 la responsabilidad de los retrasos del proyecto Ayalán, que debió haberse puesto en marcha «hace mucho rato».
A NOSOTROS NOS OFRECIERON EN ESPAÑA
Si en algo coinciden los migrantes retornados que se reunieron en el Terminal Terrestre de Guayaquil para contar sus testimonios sobre este tema, es que todos ellos estaban por su cuenta trabajando duro en España -allá por los años 2000 al 2010- para intentar enviar algo de remesas a Ecuador, como parte de esa inmensa ola de compatriotas que salieron expulsados del país por el congelamiento de depósitos y la crisis bancaria.
Fue así que por el 2012 llegaron a Madrid, Barcelona y otras ciudades españolas, funcionarios del gobierno de Rafael Correa para hacerles un ofrecimiento tentador: que regresen a Ecuador para ser propietarios de tierras agrícolas. María Cisneros emigró cuando tenía 23 años y su primer trabajo fue cuidar ancianos y hacer limpieza por lo que ganaba 600 euros al mes. No era mucho, pero ella conseguía sobrevivir en la cara Europa. Después fue camarera de hotel, cajera de supermercado, niñera. Hizo de todo. Hasta que a los diez años de haber llegado a España se enteró de la oferta de retorno con propiedad incluida, tal como lo pintó el gobierno de la Revolución Ciudadana. Esta milagreña ahora asegura que se lo creyó todo, razón fundamental que tuvo para finalmente emprender el regreso.
Así como ella, Leonardo Díaz, Jorge Ricaurte, Issac Chumbay y algunos más como Lorena Alarcón, que a diferencia de sus compañeros, migró hasta Houston, Estados Unidos, cruzando en un bote el río fronterizo al salir de México. Esta mujer de 52 años y oriunda de Naranjal, llegó con el trabajo asegurado en un chifa, como parte del paquete de servicios ofrecido por un coyotero de Quito. Lo primero que ganó fue para pagar su deuda con el traficante de personas.
Historias así se repiten con frecuencia. Pero los que regresaron convencidos con los ofrecimientos, fueron alrededor de 400. Con el paso de los años, la mayoría perdió las esperanzas y dejaron abandonada la causa; incluso unos cuantos volvieron a migrar. Ahora son alrededor de cien los que siguen pendientes para que se concrete la promesa que les hicieron hace una década. Pasó el gobierno de Correa, terminó el gobierno de Moreno y ahora tienen la esperanza de que sea el gobierno de Lasso el que los haga propietarios de las tierras de Ayalán. Aunque Lasso nunca les ha ofrecido nada.
La esperanza es lo último que se pierde. Los migrantes que retornaron con la expectativa de tener tierras ahora son menos, pero diez años después siguen buscando que les cumplan con lo que les ofrecieron.
El proyecto político «Plan Tierras» se puso en marcha el 22 de agosto de 2012 por Resolución Nº 295 del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, con la que resuelve declarar de interés social y de ocupación inmediata el predio denominado Hacienda Ayalán, en una superficie de 4.137,40 hectáreas en la parroquia rural El Morro, cantón Guayaquil, provincia de Guayas. Meses después, en enero de 2013, la embajadora de Ecuador en España, Aminta Buenaño, les decía a los migrantes que la idea era que la tierra sea de quienes la trabajen: «Estamos pendientes todos en el gobierno de que este proyecto se haga en su debido tiempo», prometió.
El siguiente paso fue presentar por parte del Ministerio de Agricultura la demanda de expropiación. Eso ocurrió el 17 de junio de 2013, recayendo el libelo en el juzgado séptimo de lo Civil de Guayas, que al admitir a trámite el proceso ordenó la ocupación inmediata por parte del Proyecto Unificado de Acceso a Tierras y Productores Familiares, sobre la totalidad del inmueble materia de expropiación. Con la demanda planteada y la consignación respectiva, vía transferencia bancaria a la cuenta del juzgado, se evidenció la acreditación de USD1´521.901,00, con fondos del Ministerio, pidiendo la expropiación urgente del inmueble de 4.137,40 hectáreas de propiedad de la compañía Valoriani.
Pese a estar acreditado en el juzgado el valor determinado por avalúo catastral de estas tierras, los propietarios de la empresa Valoriani, se negaron a cobrar. Entonces se llegó a un punto muerto.
Mientras esto ocurría, ese mismo año 2013, un nuevo actor se sumó: la empresa camaronera Cofimar pagó a Valoriani USD200.000 por una promesa de compraventa de 600 hectáreas de Ayalán, que formaban parte de las 4137 hectáreas declaradas de interés social y demandadas en expropiación por el Ministerio de Agricultura. El negocio pretendido de la camaronera era por un valor total de USD1.200.000 y los USD200.000 eran un anticipo, explica el abogado de la empresa, Xavier Valverde. Desde entonces, esta empresa ocupó los terrenos y ha invertido más de USD10 millones para la producción acuícola que no ha parado, relata Valverde. El propio Ministerio de Agricultura le ha concedido vía adjudicaciones más tierra a esta camaronera, a razón de un valor de USD148 por hectárea, «que es lo que establece la ley. No hay cómo pagar más ni menos», sostiene el abogado Valverde
Vestigios de lo que un día fue. Ayalán está ubicado a una hora de Guayaquil, en la parroquia El Morro
Ya para 2014, el gobierno de Correa se preocupó de que no avanzaba la expropiación y la ofrecida entrega de las tierras a los migrantes. Fue el Canciller Ricardo Patiño el que llegó a Madrid para poner excusas y justificar «que no podemos estar en todo». Reconoció las fallas y «hablar otra vez de una hoja de ruta ya me da hasta vergüenza 》
Pero ni Patiño pudo hacer nada. El juicio de expropiación en Ecuador se fue de largo y no recibía sentencia «porque los jueces sabían que incurrirían en una ilegalidad si concretaban ese despojo», dice José Jorgge, de la empresa Valoriani, propietaria de la hacienda Ayalán.
Lo que sí ocurrió fue que mediante Acta de Acuerdo Total de Mediación No. 0010-CMAT-2016-QUI del 17 de enero de 2017, el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca y la compañía VALORIANI S.A., arribaron a un consenso en el Centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado, bajo el amparo jurídico otorgado por la Procuraduría General del Estado, mediante oficio No. 09122 de 13 de enero de 2017. Parecía que por fin se pondría fin al conflicto de tierras en Ayalán pero eso apenas fue la expectativa. La realidad fue diferente.
La realidad fue que un mes después del acuerdo de mediación, el 21 de febrero de 2017, la Autoridad Agraria Nacional otorgó Actas de Ingreso para Labores Agrícolas sobre el predio de Ayalán a un grupo de diez Asociaciones Campesinas y una cooperativa. Quienes formaban parte de estas asociaciones comenzaron a llegar a estas tierras y empezaron a sembrar. Ellos aseguran que los terrenos son fértiles y producen desde maíz, plátanos, uvas y otras frutas. Cuentan para ello con un canal de riego que cruza la propiedad.
En marzo de 2017, el juzgado Civil de Guayaquil dispuso el archivo del juicio de expropiación debido al desistimiento de las partes. Pero el acuerdo firmado por la Mediación de la Procuraduría tampoco se ejecutó, según José Jorgge, «por incumplimientos de la otra parte». Una vez más, el Estado ha intentado pagar lo establecido en la Mediación, pero Valoriani se rehúsa a recibir el dinero.
Ayalán ya tiene un centro poblado. Y las obras de agua potable y aguas servidas están siendo ejecutadas por el municipio en este momento.
El golpe de timón lo dio en su último acto la ex ministra de Agricultura Tanlly Vera, quien renunció el 15 de septiembre de 2021 y, un día antes, el 14 de septiembre, decidió “revertir la declaratoria de interés social y ocupación inmediata del predio denominado hacienda Ayalán, realizada mediante resolución administrativa N. 527 de 08 de noviembre de 2013 y resolución administrativa 301 del 21 de julio de 2014. Disponiendo la devolución del predio de la hacienda Ayalán a favor de la compañía VALORIANI S.A.”.
Esta acción de salida de Vera tomó por sorpresa a todos. En virtud de dicha resolución comenzaron a la par procesos de revisión de adjudicaciones de terrenos de Ayalán hechas a camaroneras en el año 2021. Estas empresas se defendieron y presentaron pedidos de medidas cautelares autónomas. Un juez de Samborondón se las concedió.
En septiembre del año pasado comienza también a intervenir en este tema el asambleísta de Pachakútik, Ricardo Vanegas. Su primera acción fue pedir información al recién llegado ministro de Agricultura, Pedro Álava, quien en noviembre de 2021 resolvió dejar sin efecto la resolución de Tanlly Vera en la que revertía la declaratoria de interés social de Ayalán y ordenaba devolver el predio a sus dueños.
El asambleísta Vanegas dice que interviene en este caso porque se trata de claros intereses de «los traficantes de tierras». Ni siquiera valida que las organizaciones que buscan ser adjudicadas estén integradas por migrantes retornados, sino por aprovechadores que andan buscan terrenos para invadirlos, en una práctica recurrente. Y que no defiende a las camaroneras, sino la seguridad jurídica.
El ministro Álava estuvo hasta mayo de 2022. Desde el 4 de ese mes, se sumó otro actor, el nuevo ministro de Agricultura, Bernardo Manzano, quien reconoce que quienes estuvieron al frente de esta Cartera antes no hicieron bien las cosas y enredaron todo en Ayalán. Ahora, con Manzano al frente, el Ministerio ha comenzado procesos de reversión de adjudicaciones hechas con irregularidades a empresas camaroneras. Un informe establece que “con base a la información remitida por la Dirección Distrital Guayas, esta Subsecretaría ha podido advertir irregularidades en los procesos de adjudicación realizados dentro del predio Ayalán, toda vez que los mismos fueron tramitados por posesión agrícola, cuando en realidad debieron tener un tratamiento como procesos de redistribución”. Adicionalmente, solicitó que se inicien los procedimientos administrativos de Revisión de Oficio contra los predios adjudicados dentro del predio Ayalán.
El propósito del ministro Manzano es que finalmente se concrete el ofrecimiento que se les hizo a los migrantes retornados y adjudicarles las tierras, una vez solucionado también el eterno conflicto con la empresa de la familia Jorgge, que sigue latente.
Por este hecho, el asambleísta Ricardo Vanegas, quien está a favor de las camaroneras, ha puesto en la mira al ministro Manzano. Y ha comenzado a recoger firmas para llevarlo a juicio político y conseguir su censura y destitución. Todo un propósito que lo justifica con la causal de incumplimiento de funciones. Manzano, por su parte, sostiene no estar amedrentado y lo toma casi como una consecuencia normal de topar fuertes intereses. Y por si no bastara todo el enredo legal, la Fiscal Diana Salazar sumó un hilo más, al abrir en agosto pasado una indagación previa por el supuesto delito de tráfico de influencias.
La familia Jorgge, por su lado, en su balance solo acumula pérdidas: «Con este cuento destruyeron 3500 hectáreas de bosque seco, guayacanes, algarrobos, cultivos, 200 hectáreas de maíz, 80 bovinos, 300 cabras, 10 hectáreas de papaya. Están ocupando y viviendo en mi casa. Millones de dólares se han esfumado», se queja Jhonnie Jorgge Álava.
«Están ocupando y viviendo en mi casa. Millones de dólares se han esfumado», se queja Jhonnie Jorgge.
Hay preguntas que no dejan de retumbar en la cabeza de una parte importante de los 18 millones de personas que vivimos en este país. ¿Hasta cuando, por omisión – y por más repleta de buenas intenciones que esté – continuaremos sin contar con capacidad de prevención frente a la penetración en el Estado, y sin capacidad de respuesta ante la operación de las estructuras de delincuencia organizada en los territorios?
¿Hasta cuándo ganará el cálculo de la renta electoral en la respuesta que los líderes locales le otorgan y le deben otorgar a la lucha contra este tipo de delincuencia? ¿Qué elementos deben tomarse en cuenta para que alcaldes y funcionarios de los gobiernos autónomos descentralizados tomen el lugar real que les corresponde y ejecuten de una vez una efectiva política pública preventiva?
¿Cuáles son los motivos detrás de la omisión del CIES en formar parte del gabinete Estratégico conformado por el Decreto 536 y, con esto dejar sin análisis prospectivos al Estado, al tomar decisiones de alta relevancia en materia de seguridad?
Sabemos ya que el Estado ecuatoriano por décadas construyó una serie de condiciones estructurales de desigualdad social, que privaron de su misma presencia real a territorios importantes del país; que ese mismo Estado ejerció y sigue ejerciendo violencia estructural contra los sectores más vulnerables de la población.
Conocemos que las estructuras de delincuencia organizada llenan el espacio dejado por el Estado, y al hacerlo ganan la fidelidad de la población, pues reclutan a personas vulnerables dentro de sus filas. El resultado de estos hechos se refleja en la ausencia del imperio de la Ley en barrios, sectores y ciudades completas.
Deja ver su lado humano en aquellas personas privadas de libertad por condenas, en su mayoría, de tráfico de drogas. Hablamos de mujeres y hombres que con suerte leen y escriben, que nacieron pobres, que no rompieron el círculo de pobreza que en este país pesa más que armadura de hierro y, que condena a generaciones completas.
Tenemos conciencia también de que bajo las condiciones actuales es alta la probabilidad de que «perdamos la batalla contra el narcotráfico»; utilizando la alegoría que se usa desde el mismo Gobierno.
No necesitamos ser expertos para intuir que: sin medidas estructurales de reforma en diferentes ámbitos, el país no experimentará mejoras en el panorama de seguridad. La violencia que sufrimos es multicausal; si la intención es solucionar la violencia de forma permanente el único camino es la prevención integral.
¿Cómo prevenir? Al mejorar las condiciones de vida de niñas, niños y adolescentes en el país, que amplíe sus posibilidades de vivir y no sólo de sobrevivir. Privilegiando en política pública todo lo referente a esta población, más aún cuando se trata de adolescentes infractores. La fidelidad a las pandillas, el consumo de drogas, y otras conductas de riesgo se aprenden a corta edad, y con el actual sistema sólo se consolidan. Para cumplir el objetivo requerimos que todos los sectores: Estado central, GADs, sector productivo, academia, gremios, entre otros se involucren de forma directa.
Mientras se actúa en este sentido también es urgente consolidar el proceso de depuración iniciado en Policía Nacional y Fuerzas Armadas; reformar los reglamentos disciplinarios y ejecutar una reforma importante en los procesos de formación de sus miembros, que les permita tener éxito al proporcionar seguridad.
En el mediano y en largo plazo centrarse en formar el tipo de profesional necesario para el contexto de hoy. Dejar de lado los ahorros que nos generan desventajas comparativas frente a otros cuerpos de seguridad de la región, y todavía más frente a estructuras de delincuencia organizada.
Sin generar capacidad de anticipación desde el Estado, gastaremos recursos sin solucionar el problema de fondo. Necesitamos reforzar un sistema de inteligencia profesionalizado.
Requerimos analistas civiles con nombramiento, que puedan dedicar su carrera profesional a descifrar este problema y salvar vidas, con capacidad real de generar prospectiva de forma constante. Requerimos también que los tomadores de decisiones tomen en cuenta estos criterios al diseñar políticas públicas.
No podremos solventar el problema de seguridad sin antes consolidar la institucionalidad del CIES y blindar el SNAI. Es urgente consolidar exitosamente el proceso de reordenamiento y depuración que construirá paz dentro de los centros de privación de libertad. Cada acción implementada para solucionar el problema tiene también un efecto colateral, la tendencia de subir el nivel del discurso ya nos está provocando consecuencias. No podemos esperar a llenarnos de niños y niñas muertos para empezar a tomar el problema en serio.
El Presidente Lasso tiene la oportunidad de pasar a la historia como el responsable de sentar las bases estructurales para que no sea la lógica de la delincuencia organizada la que prime en desmedro de la sociedad. Ecuador debe ser un territorio donde la vida pueda reproducirse, donde la vida se desarrolle libremente, y no esté a merced de las decisiones de los violentos.
According to Danny Rueda Córdova, Director of the Galapagos National Park, and to information from the Santa Cruz Prosecutor’s Office, on Friday, September 24, 2021, during a routine patrol at 8am, rangers from the Isabela Technical Unit (UTI, in Spanish) of the Galapagos National Park Directorate (GNPD) found the remains of 15 giant tortoises killed and slaughtered in the La Gorra sector, a rural area east of the Sierra Negra volcano, 16 kilometers from Puerto Villamil. Two of the tortoises had recently been murdered. They had been butchered. Of both, only the back (dorsal part of the shell) with the large intestine attached and the separated plastrons (ventral part of the shell) remained.
In the event report presented by the GNPD, through the UTI, to the Judicial Police, the names of Klever Enrique Gil Jaramillo and Jacinto Ramón Pinargote Pomboza appear as the rangers who found that “slaughtering center”.
They were probably the ones who took the photographs of the slaughter, which went viral and reached the authorities of the National Assembly and the Ministry of the Environment, Water and Ecological Transition (MAATE, in Spanish). But for unknown reasons, in that news report there was no mention of another park ranger who, according to UTI staff, would also have been there at the time of the finding, Máximo Mendoza Yépez.
A police officer and a park ranger at the giant tortoise slaughter center in La Gorra, in September 2021.
The 15 Galapagos tortoises killed were Chelonoidis guntheri, a species listed as critically endangered by the International Union for Conservation of Nature (IUCN). In chapter 20 of the book Galapagos Giant Tortoises, by James Gibbs et. al., published in 2020, it is estimated that the population density of giant tortoises should normally be 2.5 adult giant tortoises per habitat hectare.
Images of the discovery of the giant tortoise slaughter center in the La Gorra sector in September 2021.
The habitat area calculated for Chelonoidis guntheri is large, 170 km2 which comprise high and low areas around the Sierra Negra volcano and where, based on the calculation, there should be 42 500 tortoises. But, as mentioned in this chapter of this book, in the last population census of this species, carried out in 2006, only 286 individuals were found in the field and an approximate 572 tortoises was estimated throughout their habitat. After that census, done 16 years ago, currently the population size of the species is unknown.
However, as detailed in chapters 19 and 20 of Galapagos Giant Tortoises, due to the invasive species that currently prey on Isabela’s giant tortoises and their eggs, such as fire ants, rats, pigs and dogs, to those that compete for food with giant tortoises such as feral cows, and mainly due to poaching, the number of surviving Chelonoidis guntheri individuals could be very small.
It is also worth mentioning that in recent years, the theft of juvenile Chelonoidis guntheri and Chelonoidis vicina tortoises (giant tortoises of the Cerro Azul volcano catalogued as endangered by the IUCN) from the Arnaldo Tupiza Chamaidán Breeding Center in Isabela for international species trafficking entails serious problems for conservation. These two species, emblems of Isabela and Ecuador, are a few steps away from disappearing forever and the causes are well known by scientists and also by GNPD and MAATE officials.
The authorities of these institutions know that the giant tortoises of the south of Isabela, Chelonoidis guntheri and Chelonoidis vicina, are becoming extinct mainly because of the clandestine consumption of giant tortoise meat by a minority of the Isabela Island population.
In Galapagos, the slaughter of giant tortoises has been prohibited since 1933. Currently, killing an animal of an endangered species is a crime typified in article 247 of the Integral Criminal Organic Code of Ecuador (COIP, in Spanish) as a crime against the country’s flora and fauna. However, in Isabela, unlike the rest of the Galapagos province, the slaughter of giant tortoises continues taking place in the sight of the competent public agencies.
According to the information obtained in this journalistic research, one of the possible reasons for the lack of action on behalf of the agencies may be related to the fact that there would allegedly be employees of the Isabela Municipal GAD (Decentralized Autonomous Government), the Galapagos Governing Council, the Agency for the Regulation and Control of Biosecurity and Quarantine for Galapagos (ABG, in Spanish) and the Galapagos National Park Directorate (UTI-GNPD) involved in these crimes against the country’s most emblematic wildlife.
At the beginning of 2022, during a visit to the Arnaldo Tupiza Chamaidán Giant Tortoise Breeding Center in Puerto Villamil in Isabela, when asking the site guide about the consumption of Galapagos tortoise meat, he explained that in the past settlers slaughtered giant tortoises to survive on the island but that no one does it anymore due to the crime it represents and the current availability of varied foods in Isabela and throughout the Galapagos.
Then the guide spoke about a program where Isabela´s children feed and take care of Galapagos tortoises to raise their awareness and prevent them from killing giant tortoises in the future.
Going back to the subject again, the guide admitted that there are “fishermen” who, knowing that it is a crime, still capture Galapagos tortoises, even in the north of the island, for meat consumption. However, he said it was a delicate matter and stated that if you are a snitch (and turn them in) they can even kill you… for being a good citizen and denouncing them.
Last May, in a conversation between this media outlet and Att. Christian Fárez, the first prosecutor who investigated the case of the 15 Galapagos tortoises killed and slaughtered in Isabela, Fárez revealed a significant fact: the slaughtering of giant tortoises is carried out for consumption and also for illegal meat trade among a certain group of islanders.
In conversations with residents of Isabela, who for safety reasons asked Periodismo de Investigación to protect their anonymity, we found out that 10 or 12 years ago most Isabeleños, who are now tour operators, were fishers, and that several of them used to kill Galapagos tortoises, even more than 40 Galapagos tortoises a month.
Residents say that among the people currently working in showing the value of Isabela’s natural heritage to tourists are, ironically, some of the endangered giant tortoise meat eaters.
But then, who are those who make wildlife crime a way to make money?
Isabela’s residents explained that before answering that question, legalized hunting must be understood as a transcendental issue of the problem. Surprisingly, by filling in an application at the GNPD technical units and paying USD 2.00, residents of San Cristóbal, Santa Cruz and Isabela islands can get a permit that allows them to hunt introduced species of social interest such as pigs, cows and goats on their islands, for three days, within the Galapagos National Park, as a means of controlling their populations.
But, according to Isabela’s park rangers and residents, those who hunt usually enter the protected areas with or without such permit. Now, in what way is the hunting of introduced animals performed? The use of firearms is prohibited within the National Park, but to our bigger surprise this activity is carried out with packs of hunting dogs. According to UTI officials, information from the Galapagos Giant Tortoises book, and to residents of the island, these are poorly cared for and unsterilized dogs that usually run away in the countryside and are currently invading the island’s ecosystems and further affecting Isabela’s native fauna. In fact, in the 2021 and 2022 entry control sheets to Isabela’s protected areas, the number of dogs have been recorded at the hunters’ entry, but not at their exit.
After reviewing the ecological problem posed by these hunting methods to target introduced animals, we move on to the biggest problem which, according to anonymous GNPD and resident sources and based on a 2013 GNPD internal control document, many of those hunting the pigs and feral cows of Isabela are also those who are slaughtering the Galapagos tortoises of the island and those trafficking their meat.
In Chapter 20 of Galapagos Giant Tortoises, poaching is pointed out as the main cause of the current extinction process of Chelonoidis guntheri and according to the information collected for this report, the poaching of this species is closely related to the hunting of invasive species: pigs and cows. A GNPD report on poaching on the island verbatim states that: “to avoid suspicion, hunters mix tortoise meat with beef and pork, which are also hunted in the same places where these reptiles are found”.
That is how, even when the GNPD knows about the killing of tortoises and the introduction of dogs to the natural environments of Isabela, the hunting of pigs and feral cows remains conceptualized as an ecosystem restoration activity, according to the 2005 Management Plan of the Galapagos National Park, as it is considered as the extraction of invasive fauna.
Fabricio Morocho Segura pointed out by resident sources and DPNG sources as giant tortoise meat trafficker in Puerto Villamil.
Several residents of Isabela, who are not related to each other, stated that a man named Fabricio Morocho Segura goes from house to house, offering giant tortoise meat, in Puerto Villamil. This man works as a captain of tourist boats and is the brother of Víctor Ramiro Morocho Segura.
Ramiro is a member of the Isabeleños ASSOCIATION FOR THE CONTROL AND MANAGEMENT OF INTRODUCED SPECIES, which is an unincorporated association formed by the island’s hunters. However, when Periodismo de Investigación requested information from this organization, in the response letter to the questions asked, it was explained that neither the MAATE nor the GNPD have provided the hunters with any training on the “control and management of introduced species.”
According to an anonymous GNPD source, many years ago, in the early 2000s, the institution carried out two invasive species control projects in Isabela in collaboration with invasive species hunters. At that time, some of those hunters were already known as giant tortoise killers.
Among the names that anonymous GNPD and resident sources stated most frequently as giant tortoise hunters and Galapagos tortoise meat traffickers in Isabela are those of the people who run the hunting association, Adolfo Flor Moya and Julio Tiler Flor Yepez, nephews of the former assemblywoman for the province of Galapagos and wife of the former mayor of Santa Cruz, Brenda Flor Gil.
Julio Tiler Flor Yépez a hunter pointed out by several sources and singled out in the DPNG report, as a trafficker of giant tortoise meat.
On October 6, 2021, at the 32nd Session of the Biodiversity and Natural Resources Commission of the National Assembly, after learning about the case of the 15 tortoises killed in Isabela, Galapagos assemblyman Pedro Zapata asked Environment Minister Gustavo Manrique about the actions his state portfolio would take in this regard. The Minister first replied that he “wanted” to see this matter as an issue of tortoise meat “ancestral consumption”, trying to disguise this crime as a cultural manifestation.
Then the Minister gave the floor to Danny Rueda, the Director of the National Park, who gave details about the complaint made. Nevertheless, ancestry cannot be brought to the table since the first human settlements in Isabela were in 1897 and only 36 years later the killing of giant tortoises was banned. According to the Galapagos Giant Tortoises book, those who historically exploited the Galapagos tortoises between the 16th and 19th centuries were European pirates who stopped on the islands to capture them for food.
Efrén Pomboza Gil, UTI’s park ranger, signed, in the DPNG report, as giant tortoise meat consumer. Efrén is brother of Tony Pomboza Gil, who was signed, in the DPNG report, as a trafficker of giant tortoise meat trafficker
According to Jacinto Gordillo in his book Relatos de 44 años en Galápagos (Stories of 44 years in Galapagos,) criminal fugitives fleeing from the Colonia Penal (the Prison) that the state established in Isabela between 1946 and 1959 also consumed giant tortoise meat.
In general, the sources consulted for this report feel discomfort about what is happening with the Galapagos tortoises and agree that tortoise meat consumers are a minority among the 2 350 inhabitants of Isabela. Island sources agree that those are people who need to value the unique and wonderful nature they coexist in. Currently, the Galapagos province lives on its natural attractions. In fact, according to the Galapagos 2030 Plan of the Galapagos Governing Council, currently 51.4% of the economically active population work on tourism-related activities, which represent 64% of the provincial Gross Added Value (GAV), thanks to the archipelago’s natural wonders. And Galapagos wouldn’t be Galapagos without giant tortoises.
According to GNPD officials, who asked not to disclose their names, knowing all the hunters registered in the hunting permits and in the entry control sheets to the National Park, does not guarantee finding all those who kill Isabela’s giant tortoises there. Residents say that there are those who by land or sea enter the protected areas without permits, sometimes even from other islands, and also kill giant tortoises.
This problem is serious because those criminals are more difficult to identify and stop. According to anonymous GNDP sources, the place in Isabela where park rangers have reported most remains of giant tortoises slaughtered is the Caleta Iguana sector, habitat of Chelonoidis vicina, near the Cerro Azul volcano.
To the poaching problem, the neglect of the island in terms of security is added. Isabela is the largest island in Ecuador with 4 588 km2 in area. In comparison, the province of Tungurahua measures 3 386 km2. In a meeting with Homero Bucheli Robalino, lieutenant colonel of the Ecuadorian Air Force, on security, he explained to Periodismo de Investigación that, due to the island’s size, at least drones with a 25-kilometer range, long autonomy, with 200x cameras, thermal imagers and advanced command and control centers linked to all the relevant authorities would be necessary for proper protected area surveillance, however this technology is not currently being used.
On the other hand, sources from GNDP’s Isabela Technical Unit (UTI) assure that, on the island, the Environmental Police mainly fulfills urban patrol roles within Puerto Villamil, due to lack of police personnel. Moreover, based on a 2013 GNPD internal control report Periodismo de Investigación had access to, Isabela’s park rangers, UTI officials, are involved in crimes against the flora and fauna of Ecuador.
According to this report, dated December 20, 2013, entitled «Slaughter of giant tortoises in the south of Isabela Island», which was provided to our outlet by an anonymous GNPD official, 28 citizens including hunters, fishers, several municipal employees, an employee of the Agency for the Regulation and Control of Biosecurity and Quarantine for Galapagos (ABG) and UTI officials would be consumers of giant tortoise meat. Nine of the 28 people in the report were also SINGLED OUT INDEPENDENTLY BY DIFFERENT SOURCES.
Table obtained from the Technical Report: Slaughter of giant tortoises in the south of Isabela Island, December 20, 2013 (DPNG leaked document). This table of that internal report shows the names of 28 people allegedly involved in the slaughter of giant tortoises in danger of extinction in Isabela, also shows the work activity they carry out, indicates whether they are consumers or tortoise meat traffickers and in which places in the south of Isabela they carry out the massacres. Along with the table of the document, information about the hunting permits that each one has obtained between January 2021 and June 2022 is included. It is also indicated if each one listed in the document were also indicated by this media outlet sources and if these people belong or not to the Isabela hunting association.
The document also identifies the sectors where 24 of the suspects would slaughter the tortoises. In addition, 19 of the 28 suspects are also identified as alleged Galapagos tortoise meat traffickers. The 2013 report explains that the price for each whole dead tortoise ranged from US$ 60 to US$ 100, within Isabela. According to anonymous UTI sources and anonymous citizen sources, those trafficking Galapagos tortoise meat currently also sell, by underground ways, cooked meat at a price of US$10 per serving.
This internal investigation report would have been reportedly sent to Arturo Izurieta, Director of the Galapagos National Park at the time, and the document would have been handed over from the General Directorate to the Police. However, the complaint never reached the courts, and no action was taken from GNPD against the UTI employees.
The report states that, since 2000, UTI has been keeping records of giant tortoises found slaughtered by humans in the field. An anonymous GNPD source stated that currently the number of tortoises killed in Isabela amounts to 353, since the beginning of the registry, but the figure corresponds only to the remains discovered and reported by park rangers.
The report points to areas that can be accessed by sea and land such as Roca Unión and Cazuela, near Puerto Villamil, and Caleta Iguana, near Cerro Azul, as the sites where most slaughtered tortoises have been found.
Map of southern Isabela
GNPD sources told Periodismo de Investigación that all those people in the report’s list to this day commit the same crimes, with the exception of Alfredo Gil Ochoa, who passed away. Manuel Ortega Aguirre, Tony (Toni) Pomboza Gil, Christian Ortega Pomboza, Júber Flor Moya, and Danilo Toro Ramírez are still employees of the Municipality of Isabela. Gonzalo Tupiza Villegas and Fabián Jaramillo Pomboza, both identified as Galapagos meat traffickers, keep working, the first as an inspector for ABG and the second as an employee of the Galapagos Government Council in Isabela.
Number of Galapagos tortoises killed by humans that have been found and reported by UTI park rangers by year and location. The age of the tortoises remains from the 1990s are estimates made in the year 2000 by UTI staff according to the state of the shells.
About the GNPD officials listed in the report, Efrén Pomboza Gil, an alleged consumer of Galapagos tortoise meat and who is brother of Tony Pomboza Gil, the alleged meat trafficker, currently works as the person in charge of UTI’s Ecosystem Process and is one of the officials who approve hunting permits in Isabela.
Máximo Mendoza Yépez, who, like his brother Braulio Mendoza Yépez, is listed in the document for killing giant tortoises in the Cazuela sector, continues to work as a UTI park ranger and is one of the officials who control and register the entry of hunters to protected areas in the Sierra Negra Volcano sector.
GNPD Facebook Post from July 5, 2021, in tribute to Máximo Mendoza for Galapagos Park Ranger´s Day. Máximo and his brother Braulio Mendoza are accused, in the 2013 GNPD leaked report, of killing giant tortoises in the Muro de las Lágrimas sector.
Vicente Pinargote Pomboza, a hunter accused of killing giant tortoises at El Solitario sector and of trafficking meat, is the brother of park ranger Jacinto Ramón Pinargote Pomboza. On September 24, 2021, during the discovery of the “slaughter center” of the 15 tortoises, in the La Gorra sector, very close to Cazuela, Jacinto Ramón Pinargote Pomboza and Máximo Mendoza Yépez were at the place. Great ironies and great coincidences.
Before completing this journalistic investigation, Periodismo de Investigación conducted a telephone interview with Danny Rueda Córdova, the current general director of the Galapagos National Park. One of the questions was about the actions that the GNPD would take if an official of the institution was involved in the slaughter of giant tortoises. The director said that every person is presumed innocent until proven otherwise in trial.
This story was produced with support from Internews’ Earth Journalism Network.
Belorusneft es la empresa estatal petrolera de Bielorrusia que tiene en su poder el campo Armadillo en la Amazonía ecuatoriana. Desde que la Revolución Ciudadana, le abrió la puerta para extraer el crudo se ha perjudicado y estafado a decenas de empresas nacionales.
El pasado 26 de febrero Carlos Rabascall, binomio del candidato a la presidencia Andrés Arauz por la alianza correísta Unión por la Esperanza (UNES), reveló que se reunió con funcionarios y empresarios de Bielorrusia con el fin de promover inversiones en sectores estratégicos.
Las promesas de inversiones bielorrusas datan de la época de Rafael Correa, cuando en 2012 anunció prósperas cooperaciones bilaterales en materia de ciencia, tecnología, innovación, petróleo y electricidad. No se trataba solo de vender, se trataba de “producir juntos”, según Correa. De eso, solo quedaron los titulares de prensa.
La visita de Aleksandr Lukashenko al Ecuador en 2012 y el posterior viaje de Correa a Minsk, capital de ese país europeo, provocó el arribo de dos empresas bielorrusas: la estatal Belorusneft y Belzarubezhstroy.
La primera se quedó con la explotación del campo Armadillo en el Bloque 55, ubicado en la provincia de Napo, la segunda ganó la fiscalización del montaje de las líneas de transmisión del proyecto Coca Codo Sinclair, por $34 millones, obra financiada con préstamos chinos.
En 2013 Belorusneft constituyó, junto a la empresa ecuatoriana Edinpetrol S.A., el Consorcio Service Oil Ecuador Ecuaservoil S.A.
En febrero de 2015, firmó con Petroamazonas EP (PAM) un contrato para explotar, durante 15 años, el Campo Armadillo. Ecuaservoil se comprometió a invertir $146 millones en perforación de pozos, obras civiles, ingeniería e infraestructura, valores que luego serían cobrados a Petroamazonas con una tarifa fija de $ 33.20 por cada barril de petróleo producido.
Un año después, en mayo de 2016, Ecuaservoil S.A. firmó un contrato con la empresa ecuatoriana Servicios Drilling Technologies (SDT) para que financie y ejecute las actividades y obligaciones contractuales, es decir la perforación de 11 pozos, los estudios de ingeniería, construcción de obras civiles y de infraestructura que se había acordado en el contrato de 2015.
También suscribieron un Acuerdo Máster de Servicios (AMS) que estableció que SDT sería el principal proveedor de servicios integrados de Ecuaservoil y que los recursos para financiar los trabajos debía conseguirlos por sus propios medios, ya sea mediante fondos propios, de terceros o prestación de servicios.
En otras palabras, el consorcio Ecuaservoil (con participación accionaria de los bielorrusos en el 61%) estaba por lograr sus metas contractuales y sin poner un devaluado rublo gracias a la inversión de la empresa ecuatoriana SDT.
La crisis de los precios del petróleo obligó a Petroamazonas a renegociar sus contratos. En junio de 2016 José Luis Cortázar, gerente general de Petroamazonas y Yaraslau Dorash, gerente general de Ecuaservoil firmaron un adendum al contrato que redujo el monto de las inversiones a $ 126.5 millones (20 millones menos) y cambió la tarifa a variable, según el precio del West Texas Intermediate (WTI).
Desde julio de 2017 a diciembre de 2020, Ecuaservoil ha extraído alrededor de 2.4 millones de barriles de crudo del campo Armadillo. Por ello, PAM ha cancelado más de $65 millones. Dinero que ha ido directamente a las cuentas de Belorusneft pese a no invertir ni la tercera parte de la cifra acordada en 2015.
Hoy, las empresas (SDT y sus proveedores) que realizaron la inversión en el campo Armadillo reclaman a la empresa bielorrusa pagos pendientes por más de $ 60 millones.
EL Fideicomiso
Para cobrar a Petroamazonas los montos por las inversiones realizadas, acordaron la constitución de un fideicomiso. En el documento -notarizado en mayo de 2017- constan las firmas de Stanislau Shapkin, gerente general de Ecuaservoil, Jorge Burbano, gerente general de SDT, Andrei Bohan, apoderado especial de la empresa estatal Belorusneft sucursal Ecuador, Zhang Xiong, apoderado especial de CNPC, Chuanqing Drilling Engineering Company Limited, sucursal Ecuador, y Álvaro Pólit, gerente general de Heimdaltrust Administradora de Fondos y Fideicomisos S.A. (La Fiduciaria).
Los beneficiarios del “fideicomiso de flujos Ecuaservoil” serían las compañías SDT (beneficiario 1), Belorusneft (beneficiario 2), Cnpc Chuanqing Drilling Engineering Company Limited (beneficiario 3), como beneficiario 4 la institución financiera que realice el crédito a favor de Ecuaservoil y beneficiario 5 la institución financiera que realice el crédito a favor de SDT.
Las instrucciones fiduciarias establecen que de esos recursos se pagarían hasta $2 millones anuales a Ecuaservoil por gastos operacionales (OPEX), el 90% del flujo sería para SDT por las inversiones realizadas y el 10% restante para Belorusneft.
Estas instrucciones fiduciarias nunca fueron cumplidas por Ecuaservoil, pues entre 2018 y 2020 las cifras por OPEX aumentaron arbitrariamente. Al menos, $12 millones usó Ecuaservoil a lo inicialmente acordado.
En junio de 2018, Ecuaservoil y Heimdal – Administradora de fondos y fideicomisos suscribieron un contrato en el que se le otorgó a Heimdal el encargo fiduciario. El dinero debía llegar a las cuentas de Heimdal, luego debía ser transferido al “Fideicomiso Flujos Ecuaservoil” para el pago de los beneficiarios de este.
En mayo de 2019, se hizo una reforma al encargo fiduciario. El contrato de reforma lo firmaron Ecuaservoil, Belorusneft y Heimdal. Belorusneft pasó a ser el beneficiario principal y la única depositaria de los fondos. Es decir, el dinero pagado por PAM va a la cuenta bancaria de Heimdal, luego es transferido a Belorusneft y el remanente, en caso de haber, destinado al “Fideicomiso Flujos Ecuaservoil” para pagar a sus beneficiarios.
Y aquí empezaron los problemas: SDT y sus proveedores acusan a Belorusneft de apropiarse de los fondos que debían llegar al “Fideicomiso Flujos Ecuaservoil”.
“La empresa contratista Service Oil Ecuador Ecuaservoil S.A. (Ecuaservoil) y su socio mayoritario, empresa líder del contrato: Empresa Estatal Unitaria Unión de Empresas Productoras Belorusneft Ecuador (Belorusneft) han ejecutado las actividades y obligaciones contractuales financiandose con más de 60 empresas, entre ellas muchas ecuatorianas que se encuentran en una situación financiera muy complicada, al borde de la quiebra, por no recibir el pago por los trabajos realizados en el campo Armadillo”, dicen los contratistas impagos, en un carta enviada al ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, René Ortiz.
En junio de 2020, Ecuaservoil y SDT iniciaron un proceso de negociación con el fin de cumplir con los pagos, actualmente, el problema sigue sin solución, pero Belorusneft sigue cobrando mensualmente las facturas por el campo Armadillo.
Petroamazonas, por su parte, ha señalado que asumió derechos y obligaciones con Ecuaservoil, “más no con sus Contratistas y/o Subcontratistas”.
En su carta, los contratistas señalan que Belorusneft también le debe a instituciones del Estado como el Servicio de Rentas Internas, Corporación Financiera Nacional y el ISSPOL.
El pleito llegó hasta instancias judiciales. A finales de 2020, un accionista de SDT denunció penalmente a Stanislau Shapkin, gerente general de Ecuaservoil y apoderado de Belorusneft, por abuso de confianza. Según la demanda el dinero pagado por Petroamazonas corresponde a la producción incremental de crudo, obtenida a partir de los bienes y servicios prestados por SDT a Ecuaservoil, sin embargo, esos recursos fueron dispuestos en BELORUSNEFT, “perjudicando de manera dolosa al primer beneficiario del FIDEICOMISO FLUJOS ECUASERVOIL, que es la compañía SDT”.
El caso lo lleva la fiscal Ruth Castillo, quien dispuso un allanamiento a las instalaciones de Ecuaservoil. Stanislau Shapkin, en una queja dirigida al Consejo de la Judicatura, firmada por su abogado Felipe Rodríguez, ha dicho que se trata de una “absurda denuncia” y ha pedido el cambio de fiscal, alegando “abuso del Derecho”, por cuanto no fue informado sobre el “injustificado” allanamiento ni notificado sobre la denuncia en su contra.
Este medio conoció que las accionistas de Ecuaservoil planean vender sus acciones a Gazprom International, una empresa petrolífera de origen ruso y que la consultora Servicios Ambientales Walsh Sawmp S.A., una empresa quiteña, dedicada a actividades de consultoría ambiental, realiza los trabajos de ‘DUE DILLIGENCE’ (análisis sobre la conveniencia de la negociación) previo a la firma del contrato de compraventa.
Documentos obtenidos por este medio, dan cuenta de comunicaciones entre Ecuaservoil, Gazprom y Walsh relacionadas con el plan de trabajo de Walsh y las visitas al campo Armadillo, realizadas en febrero de este año, cuyo propósito fue inspeccionar las instalaciones de la plataforma Armadillo-B (incluidos pozos, instalaciones de producción, auxiliares, instalaciones de infraestructura), tubería, línea de transmisión eléctrica. Además de comprobar pasivos ambientales de la perforación cerca de la plataforma Armadillo-B, entre otras actividades.
Las irregularidades están marcadas como instructivo en la propia página web de Andrés Arauz, desde allí se invita a sus simpatizantes a donar recursos para su campaña a través del financiamiento colectivo o crowdfunding.
Pese a ello Arauz y Rabascall se han mostrado orgullosos del éxito de su plan de financiamiento y han expresado en varios medios que recibieron donaciones por un millón de dólares ¡Todo un récord!
El crowdfunding correísta fue anunciado por el candidato presidencial Andrés Arauz, en sus redes sociales en diciembre de 2020. Arauz lo posicionó como un mecanismo de financiamiento ciudadano para intentar desestimar las acusaciones de un supuesto aporte de $80 mil por parte del grupo terrorista, ejército de liberación nacional. El candidato del correísmo en varios medios de comunicación insistió en que su crowdfunding apelaba a la solidaridad con aportes de $15 dólares por persona. Así, uno a uno sumaron el primer millón de dólares.
El 14 de diciembre de 2020, UNES abrió el RUC 179310533501 a nombre de Verónica Gallardo Aguirre. Posteriormente se apertura la cuenta corriente 11003002123 en el Banco de Desarrollo de los Pueblos (CODESARROLLO). Esta cuenta es la que figura como receptora de los recursos del crowdfunding y es la misma reportada ante el CNE. La responsable del manejo económico, Verónica Gallardo, fue viceministra de Finanzas durante la gestión de Patricio Rivera, asesor del gobierno de Nicolás Maduro.
Se entiende como crowdfunding el financiamiento colectivo de proyectos o causas a través de plataformas de internet. A nivel internacional hay varias para ese tipo de actividades y en todas partes existe una legislación clara de aplicación para evitar que la información privada, de los aportantes, se haga pública. Pero sobre todo para certificar que los fondos que se entregan o transfieren no provienen de actividades ilícitas como el lavado de dinero o que acaben convirtiendo al propio crowdfunding en un mecanismo de lavado.
Estos principios no se cumplen en el mal llamado crowdfunding de Unión por la Esperanza.
En Ecuador el crowdfunding se formalizó con la Ley de Emprendimiento, requiere una plataforma digital y para promover sus fines debe estar aprobada en la Superintendencia de Compañías, incluso bajo regulaciones del Consejo Nacional de Valores.
El sistema de fondeo que UNES llama crowdfunding, no es mas que una pantalla de un supuesto financiamiento ciudadano, para ocultar el origen de los dineros recibidos a través de depósitos en efectivo o transferencias directas a la cuenta del Banco de Desarrollo de los Pueblos, sin que exista de por medio información clara de los depositantes y la procedencia de los recursos.
¿Quiénes son los aportantes de ese primer millón de dólares en la cuenta única de UNES?
Sospechosos depósitos
Al revisar una lista de los 186 depositantes superiores a los 900 dólares y escoger al azar sus nombres para confrontar su capacidad económica saltan las sorpresas.
Carlos Antonio Calderón Lucas, manabita de 56 años, vive en Tosagua, tiene un pequeño taller de tapicería que es la fuente de ingresos de su familia. Su esposa es enfermera y no registra ingresos. Tiene tres hijos de 26, 24 y 18 años. Su última niña se graduó en un colegio a distancia fuera de su provincia.
Ellos son parte de la lista de principales aportantes a la campaña del binomio Andrés Arauz y Carlos Rabascall. Cada uno de los integrantes de la familia, aportó mil dólares en efectivo, cinco mil en total, según las cuentas que esa organización política presentó ante el Consejo Nacional Electoral, como justificativos de ingresos de la primera vuelta.
En una primera consulta sobre los aportes de la familia Calderón a la campaña de Arauz, su respuesta fue que no había aportado, que era una familia pobre, incluso Calderón aseguró que ese momento no contaba con su cédula para corroborar si se trataba de él.
Luego de dos días consultamos nuevamente al señor Calderón, pero ahora cambió su versión, dijo que hizo una colecta para que su esposa, que es profesional (enfermera), acceda a un trabajo futuro:
Por acá si queremos trabajar nos piden seis mil por un cargo así que con un grupo de profesionales recolectamos eso y depositamos por ventanilla en la cooperativa Coodesarrollo, ¿cuál es el problema?”, dijo.
En la lista de aportantes encontramos la donación de Nilo Farfán, de 74 años y otros familiares, todos de Portoviejo. Los aportantes no poseen registro alguno de pago de impuestos en el portal del Servicio de Rentas Internas, desde 2012; dos personas de la tercera edad y dos jóvenes de 24 y 19 años entregaron $11 mil dólares.
Desde que UNES obtuvo el Registro Único de Contribuyentes para promover su campaña no demoró en abrir en el Banco de Desarrollo de los Pueblos (Codesarrollo) la cuenta corriente No.11003002123, que registra 541 operaciones de depósitos y 265 transferencias, en total 806 transacciones de ingresos económicos a su cuenta.
No existe claridad en la ruta de los depósitos y transferencias de esos recursos a la cuenta única de campaña de UNES.
Xavier Navarro, un empresario de Manabí al que consultamos sobre la entrega de $25 000a la campaña, aseguró que ese dinero se lo transfirió desde su cuenta en el Banco del Pichincha a otra similar en el mismo banco. En diálogo con PI se comprometió a entregar el formulario en el que justifica la transferencia y la licitud de los recursos, finalmente se negó a entregar el documento.
– ¿No transfirió a la cuenta del banco de Desarrollo de los Pueblos?, se le preguntó.
– “No, fue al banco del Pichincha”, respondió el empresario.
De una muestra de 190 aportantes tomados al azar, 95 son de la provincia de Manabí. En total hemos revisado aportes por 89 mil dólares en efectivo, correspondientes a 89 depósitos de mil dólares cada uno.
En la capital manabita se registra el caso de Alfredo Vergara Chávez, de 31 años, quien mantiene un RUC suspendido, fue denunciado por robo y enfrentó una demanda de alimentos en la que se estableció una pensión de apenas $100, que no ha cumplido en varias ocasiones.
En el registro aparece también como aportante con $1000, Santiago Díaz Asque, jefe de campaña del binomio Arauz-Rabascall. De igual forma, la esposa de Díaz, Helen Pazmiño, figura con un aporte de $1800.
Con $5000 consta el ciudadano Jaime Fernández Ludeña, que registra al menos tres empresas a su nombre, una de ellas, Panampensa S. A, mantiene contratos de servicios petroleros con las estatales Petroecuador y Petroamazonas.
Hasta el cierre de nuestra edición, el binomio Arauz-Rabascall reportó al CNE una cifra de $1.157.502, correspondiente a 839 aportes, entre depósitos en efectivo, donaciones en especie y transferencias directas. Ninguno de estos aportes se ha realizado a través del sistema crowdfunding.
Hay mas casos que pueden calificarse de anómalos en la misma provincia de Manabí, en un mismo día.Por ejemplo: el 29 de diciembre de 2020 Juan José Peña Vera donó $5000, que representa el 25% de sus ingresos. Bessy Intriago Moreira, una jubilada sin perfil financiero entregó $4000. Rubén Cedeño Zambrano, empleado de una entidad pública pagó $5000 cuando sus ingresos anuales totales suman $13200. O Alicia Espinoza Macías que sin perfil financiero le dio a la campaña $5000.
UNES está muy lejos de cumplir los requisitos mínimos de control de los recursos que posee. El falso crowdfunding que promueve es un mecanismo abierto al lavado de dinero y lo saben.
Los depósitos y transferencias de UNES desde su cuenta a varios proveedores, suman un monto superior a los $750 mil y aún queda por justificar $400 mil en gastos de acuerdo con el reporte del CNE.
Ruta de los depósitos
¿Cómo se han dado esas transacciones? Periodismo de Investigación PI realizó dos transferencias a la cuenta 11003002123, reportada en la plataforma del crowdfunding, para comprobar si existe control sobre el origen de sus depósitos y constatamos que no.
El jueves 11 de marzo del 2021, realizamos dos transferencias por un monto de 2 dólares cada una, a través de un banco local a la cuenta 11003002123 del Banco de Desarrollo de los Pueblos S.A. En el video tutorial se pide descargar el formulario de la web, pero al no ser posible, nos comunicamos al número de celular que aparece en la página https://andresarauz.ec/campana_union_por_la_esperanza/ Telf: 0963961656 como contacto referente. Por esta vía nos enviaron el formulario y la dirección donde debíamos dejar los documentos: Av. Shyris N36-120 y Suecia, edificio Allure Park piso 7, Quito.
Nuestro aportante con toda la documentación en mano fue a la oficina señalada para entregar el formulario. Constató que en ese lugar (departamento 7B) funciona la empresa Lokal Consult, donde fue atendido por Rubén Gallardo Aguirre, hermano de la responsable económica de UNES, Verónica Gallardo, que figura como accionista de la empresa.
Rubén Gallardo indicó que no podía recibir los documentos y pidió hacerlo en las oficinas del partido, ubicadas supuestamente en la Shyris y Naciones Unidas, donde no existe ninguna sede de UNES.
El dinero sale como entra
Según los reportes de UNES al CNE, correspondientes a la cuarta quincena de campaña, los egresos del binomio presidencial llegan a $1.151,582. De esa cifra, los gastos vía transferencia bancaria suman $752.896,62, hasta marzo de 2021.
Entre los beneficiarios de los gastos consta la empresa Creaideas, domiciliada en Quito, encargada de publicidad, la cual recibió dos transferencias de $112 mil cada una (total $224.000), desde la cuenta oficial del Banco de Desarrollo de los Pueblos a una cuenta en el banco del Pichincha.
Karen Villamar Murillo, recibió $79.184 en tres transferencias por servicios de publicidad.
Verónica Gallardo Aguirre, no solo figura como responsable económica de UNES, también aparece como proveedora de servicios profesionales, actividades por las que recibió un total de $12.241,92. Entre los aportes realizados por Gallardo constan dos transferencias por un monto total de $7000.
Entre tanto Rubén Gallardo Aguirre, hizo un aporte de $1200, pero recibió $3006 en tres transferencias de $1002 cada una. En el reporte de gastos consta por pago de arriendo.
Codesarrollo, un banco amigo del correísmo
El Banco de Desarrollo de los Pueblos, es familiar para el correísmo. En 2017, el expresidente Rafael Correa Delgado, abrió una cuenta en esa institución, a nombre del Instituto de Pensamiento Político y Económico Eloy Alfaro – IPPE, donde recibió transferencias por $281.000 desde el Banco de Desarrollo de Venezuela – BNDES. Documentos revelados en 2019 confirmaron que Correa y varios de sus coidearios fueron beneficiados con esos recursos económicos, como consta en el cuadro adjunto.
La Secretaría Nacional de Inteligencia desvió fondos de gastos especiales a la campaña de segunda vuelta de Lenin Moreno y Jorge Glas, con autorización de Rafael Correa y la operación de Rommy Vallejo. El informe de la Senain, al que accedió este portal registra millonarias cifras que incluyó pago de telefonía celular de Lenin Moreno y su familia, la entrega de cientos de miles de dólares a Santiago Cuesta para cubrir encuestas e incluso la movilización al estadio Atahualpa y el ataque al candidato Guillermo Lasso, en un partido de fútbol de la selección nacional.
El 19 de febrero de 2017, cuando Lenín Moreno y Guillermo Lasso pasaron a disputar la segunda vuelta electoral, Rafael Correa ya había ordenado a la Secretaría Nacional de Inteligencia iniciar una violenta campaña contra Guillermo Lasso usando dinero de gastos especiales. El plan fue llamado “Proyecto Especial: 1, 2 y 3 para la campaña del binomio Moreno-Glas”.
El paso al balotaje no estaba en la agenda del correísmo, que había asegurado el triunfo presidencial en una sola vuelta. Sin embargo, los resultados no jugaron a favor del oficialismo y fue el propio presidente Correa quien tuvo que reconocer una segunda vuelta entre Moreno y Lasso. «Nos quedamos a medio punto de ganar en una sola vuelta», dijo Correa. En esas condiciones y vaciadas las arcas financieras de la campaña, debió orientarse la mirada económica a una fuente segura y cercana: la Senain.
El contenido de este informe, al que Periodismo de Investigación accedió casi en su totalidad, fue ratificado por una autoridad de inteligencia de ese entonces, que pidió total reserva de su nombre.
Varios nombres que aparecen mencionados en estos documentos, también fueron identificados en el informe Arroz Moreno (financiamiento de la consulta popular de 2018), publicado en junio de 2020, por La Posta, y posteriormente cuando la fiscalía realizó allanamientos e incautó dispositivos en los que se encontró amplia información relacionada al caso. Esos documentos se calificaron como reservados por un juez de la Corte Nacional, en octubre del 2020.
Los gastos relacionados con operaciones de inteligencia y contrainteligencia deben ser conocidos y autorizados por el Presidente de la República, toda vez que la Senain depende directamente del ejecutivo.
El plan de campaña de la Senain inició el 7 de marzo de 2017, desde ese día se registraron, diariamente, desembolsos que van desde los $300 hasta $800,000. Los montos superan con facilidad los seis millones de dólares en total.
Uno de los primeros personajes en recibir esos recursos fue Santiago Cuesta para el levantamiento de tres encuestas. Fueron $225,000 en tres entregas de $75,000 los días 7, 13 y 21 marzo. El dinero llegó a manos del equipo de Jordi Segarra, el asesor que quedó al descubierto en enero de 2019 cuando este portal publicó un amplio informe sobre la ruta del dinero del presidente Lenín Moreno, que luego se llamaría el Informe Majano y que identificó la entrega de $1,5 millones de la Senain, a la campaña de primera vuelta de Moreno y Glas.
El miércoles 8 de marzo, Paulina Proaño, recibió $60,000. Ella es también identificada en el caso Arroz Verde, y se la relaciona como “Jefa de campaña”.
Desde el 2011, Proaño estuvo en los roles de pago de varias instituciones. En el Ministerio del Interior fue directora ejecutiva. En el Ministerio de Justicia, directora técnica de la Unidad Transitoria de Gestión Emergente para la Construcción y Puesta en Funcionamiento de los Centros de Rehabilitación Social. En el Ministerio de Salud, directora del Sistema de Pensiones del IESS, en el Centro de Inteligencia Estratégica fue coordinadora administrativa y financiera, y en la Asamblea trabajó con Gabriela Ribadeneira.
Entre el 7 y 21 de marzo se desembolsó $445,152.
Entre los rubros que se detallan en el informe de la Senain hay valores no justificados por casi un millón de dólares ($950,000) se mencionan operaciones de redes sociales a cargo de Carolina (Caro) Espinosa bajo el nombre Anonimus.
Se nombra además una llamada “Operación CNE”, que no explica en qué consistió, otra denominada “Operación control electoral CREO”, además de la “Compra de información en contra de candidatos para campaña de LM organizada por Paco, Jordi y Cotonete Suasnavas”, más la “Operación Cedatos” y pago de fuente humana “Caso Cedatos”, que según el registro se encargó a la entonces ministra Roxana Alvarado.
El 21 de marzo de 2017, Alvarado acusó a Cedatos de haber presentado encuestas alteradas para favorecer en primera vuelta a Guillermo Lasso, incluso reveló información privada de la encuestadora, la cual luego se confirmó fue obtenida de forma ilegal por el oficialismo. Las fechas de los desembolsos económicos en el caso Cedatos, coinciden con los hechos.
El informe además señala 25 operaciones de influencia realizadas para la campaña de Lenín Moreno y diez operaciones para la segunda vuelta contra el binomio Guillermo Lasso y Andrés Páez.
Ataque en el estadio
Entre el domingo 26 de marzo y el miércoles 29 de ese mismo mes, es decir en sólo cuatro días la Senain desembolsó $2,300,000.
Los principales rubros: $700 mil y otros $800,000 se entregó a Gustavo Baroja para gastos de campaña. El informe dice que él se encargaba de llevar el control propio del dinero. Baroja ya fue señalado en la trama de Majano junto a Paola Pabón.
Ese mismo día (26 de marzo) a las 23h30 otros $200,000 se entregaron a Paulina Proaño por el concepto “concentraciones de campaña y movilización de LM. Se le entregó además (a las 23h38) $30,000 adicionales por el mismo concepto.
En ese chorro de cientos de miles de dólares de fondos reservados, el lunes 27 de marzo a las 11h32, se detalla un rubro de $150,000 (sin un nombre responsable al que se haya entregado) que dice “entradas fútbol”, el partido de la selección de Ecuador frente a Colombia al que asistió Guillermo Lasso con su familia y fueron atacados por una turba, dentro y fuera del estadio.
Ese mismo 27 de marzo en la tarde se entregó $50.000 a Alejandro Álvarez, encargado de los enlaces ciudadanos, para fomentar la campaña de LM en enlaces sabatinos.
El martes 28 de marzo en la mañana se pagó a Marcelo Donoso $100.000 para armar la tarima del triunfo de Lenín Moreno, en la avenida de los Shyris en Quito.
También se enumera una serie de hechos posteriores a la posesión de Lenín Moreno el 24 de mayo de 2017 bajo el título “Falta detallar operaciones realizadas posterior al 24 de mayo” por un valor de $4,500,000.
Establece rubros como: Manejo en redes sociales Caro Espinoza para LM. Teléfonos para redes sociales de LM recibidos por Rosángela Adoum, Julio Bueno y equipo de redes. Pago de motocicleta nueva, sueldo de 3 meses, y bono de accidente de Rocío de Moreno en Honda CRV (sic). Seguridad de la esposa de LM Sra. Rocío de Moreno en Barcelona, viaje al matrimonio de la hija y pago a fuentes humanas.
Proyecto especial III
El registro de gastos de esta parte del proyecto contempla una cifra de $194 mil dólares, que incluye 4 paquetes de 20k, 1 paquete de 18K, 1 paquete de 10K y 1 paquete de 1K. Las fechas de desembolsos van desde abril de 2017, hasta septiembre del mismo año. Entre los beneficiarios constan el exministro César Navas y David Téllez, que reciben varios desembolsos para control electoral.
Además aparecen desembolsos a favor del exasesor presidencial Omar Simon para el pago de una encuestadora, así como recursos a favor de Santiago Díaz, quien funge ahora de representante de Unión por la Esperanza – UNES, el movimiento que auspicia a Andrés Arauz. También consta un rubro denominado “Pago a negritos para que hagan video de desprestigio a Guillermo Lasso por ataques a Lenín Moreno¨.
Un examen de la Contraloría General del Estado – CGE, realizada del 1 de marzo al 24 de mayo de 2017, determinó responsabilidades civiles culposas. Entre enero y noviembre de 2017, la CGE identificó tres gastos no justificados por Rommy Vallejo como secretario de inteligencia: el primero del 12 de enero por $847 000; el segundo relacionado a una llamada Operación Centinela; y, otro en noviembre de ese año por casi 3 millones de dólares.
Los documentos de la Senain desglosan además otros gastos derivados por la seguridad de Lenín Moreno, que suman $600,000 y recursos adicionales que recibió cuando desempeñó funciones diplomáticas en las Naciones Unidas. Recibió $90,000 que gastó cuando desempeñó funciones de representación diplomática en Suiza.
Neurona y Celag son empresas que se constituyeron al amparo económico de los gobiernos del socialismo del siglo XXI. Gozan de contratos estatales desde 2015 y de importantes pagos a sus sus integrantes, entre ellos Rafael Correa. Las dos empresas son los tanques de pensamiento de la izquierda populista que gobierna varios países de América Latina y son cogobierno en España; hoy uno de sus líderes, Juan Carlos Monedero es acusado de corrupción.
Juan Carlos Monedero, cofundador del partido político ‘Podemos’ fue cuestionado en Ecuador por hacer proselitismo en favor del candidato presidencial Andrés Arauz. Mientras era observador en las elecciones del 7 de febrero pasado, ha sido imputado en un juicio en España en el que se investiga una supuesta financiación irregular de la mencionada agrupación izquierdista.
El caso Neurona, como se ha denominado al proceso judicial en el que Juan José Escalonilla, titular del juzgado de Instrucción # 42 de Madrid, investiga el mencionado delito, inició a mediados de 2020 después de que José Manuel Calvente, ex abogado de Podemos, denunció ante las autoridades españolas una serie de irregularidades, como la contratación ficticia de la consultora mexicana Neurona por parte de Podemos. También Mónica Carmona, entonces responsable del Área de Cumplimiento Normativo del partido, sostuvo ante la justicia que los trabajos de Neurona para Podemos nunca existieron.
NEURONA EN ECUADOR
Neurona ha recibido dinero de países como Argentina, México y Ecuador, entre 2017 y 2019 sumó $1,380,286 los pagos que se hicieron desde los tres países. Entre los principales clientes, en 2017, se encuentra el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela ($531,362) y la propia Consultora Neurona Sociedad Anónima (registró $239,583), según información a la que este portal tuvo acceso.
Esta empresa, que tiene su oficina matriz en el estado de Morelia, México, inició sus operaciones en Ecuador con una sociedad anónima constituida el 16 de noviembre de 2016, con domicilio en Quito, bajo el nombre de CONSULTORIA NEURONA, con un capital suscrito de $800. Su objeto social registrado en la Superintendencia de Compañías es: publicidad y estudios de mercado. Mientras la actividad económica detallada ante el Servicio de Rentas Internas (SRI): estudios sobre las posibilidades de comercialización (mercados potenciales), la aceptación y el grado de conocimiento de los productos y los hábitos de compra de los consumidores con el objeto de promover las ventas y desarrollar nuevos productos, incluidos análisis estadísticos de los resultados.
Al momento sus accionistas son: Andrea Edlin López Hernández con $799 de capital (el 99,9%) y César Hernández Paredes con apenas $1 de participación. Ambos mexicanos. La primera es la gerente y el segundo es el presidente de la empresa.
Pero cuando la consultora fue recién constituida, el argentino Guillermo Celso Oglietti figuró como accionista, con menos del 1% del capital. El 9 de junio de 2017 transfirió sus acciones a César Hernández.
Según los balances financieros que constan en la Superintendencia de Compañías en 2017, año en el que el candidato correísta Lenín Moreno ganó las elecciones presidenciales, CONSULTORIA NEURONA tuvo ingresos por $580.133. En el estado de resultados de la empresa se indica que sus costos y gastos sumaron $533.579,67, de los cuales el mayor rubro de gastos ascendió a $476.304,83 por el pago de honorarios. A estos se sumaron costos operativos, administrativos y financieros, con lo que la empresa tuvo una utilidad de $46.554, 27.
Según el SRI, en 2017 Neurona sacó divisas del país por $78.503.
Ya para 2018, los ingresos de la empresa bajaron a $100, tuvo pérdidas por $1.739 y no declaró impuestos a la renta ni a la salida de divisas.
Concomitantemente sus activos también se redujeron de $32.028,80 en 2017 a $18.202,21 en 2018, y a $16.801,06 en 2019, año en el que la compañía no tuvo actividad económica y registró una pérdida de $1.401,1, según informe presentado por la gerente de CONSULTORIA NEURONA, Andrea López Hernández, ante la Superintendencia de Compañías, el 8 de mayo de 2020. En este documento se menciona que ya inició un proceso de liquidación.
El antecedente de esto fue la declaratoria de inactividad de la empresa mediante Resolución #6378 del 24 de julio de 2018 por parte del organismo de control. Sin embargo, casi un año después (el 23 de mayo de 2019), la Superintendencia de Compañías emitió otra resolución (N° SCVS-IRQ-DRASD-SD-2019-00004218) en la que se dejó sin efecto la declaratoria de inactividad.
Aún no se cuenta con los indicadores financieros de 2020, pues las empresas deben presentar esos balances en este 2021. Al momento la empresa sigue constando ante los organismos de control societario y tributario como una empresa activa, pese a los indicadores reportados en los últimos años.
LA PROPAGANDA
Al menos unas 15 campañas con gran diversidad de temas han sido construidas por la CONSULTORIANEURONA para el correato y sus seguidores. La gama de la asesoría ha sido desde posicionar temas emblemáticos (aunque deben denominarse de corrupción) del gobierno de Rafael Correa, promocionar la imagen de este ex mandatario, hasta la campaña electoral presidencial de 2017 y las marchas en contra del régimen de Lenín Moreno.
Entre las primeras y de mayor proyección nacional e internacional estuvo la campaña Chevron – LA MANO SUCIA EN ECUADOR. Las cortes ya no fueron los únicos escenarios de los enfrentamientos legales que mantenía el Estado ecuatoriano con la petrolera. El tema trascendió al campo de las estrategias de comunicación. Desde septiembre de 2013 personajes famosos nacionales e internacionales visitaron la Amazonía ecuatoriana en el marco de la mencionada campaña. El objetivo de las visitas guiadas a las piscinas de petróleo supuestamente adjudicadas a Chevron-Texaco fue difundir las prácticas y los daños socio-ambientales que se habrían derivado del trabajo de la multinacional, que dejó de operar en el país hace más de 30 años.
Entre las celebridades que recorrieron la Amazonía están Danny Glover, Mia Farrow; la ganadora del premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú, el cantante español Luis Eduardo Aute y los líderes de la banda puertorriqueña Calle 13.
Fotos tomadas de la página web: http://pras.ambiente.gob.ec/listado_noticias/-/blogs/la-mano-sucia-de-chevron-se-muestra-al-mundo
Esta campaña estuvo salpicada por denuncias de corrupción. En 2018 el gobierno de Lenín Moreno acusó a Correa de haber gastado diez millones de dólares de fondos públicos para apoyar la estrategia internacional desplegada en contra de Chevron.
La estrategia incluyó el pago a personalidades como los actores estadounidenses Mia Farrow y Danny Glover, quienes supuestamente apoyaban la causa, dijo el secretario general de la presidencia, Eduardo Jurado”, según publicó la agencia AFP.
Jurado cuestionó la campaña «La mano sucia de Chevron”, diciendo que se pretendió convencer al país que las celebridades internacionales apoyaban la causa, cuando en realidad estas recibían un alto pago por su visita con fondos públicos».
Según el gobierno, Farrow y Glover recibieron $188.000 y $330.000, respectivamente, por visitar Ecuador y hundir su mano en un pozo de desechos tóxicos en la provincia de Sucumbíos.
Neurona también trabajó en la campaña de las elecciones seccionales de 2019. La consultora generó piezas audiovisuales amparadas en la imagen del expresidente Correa y el discurso de la revolución ciudadana para la candidatura de Paola Pabón, quien postuló para dirigir el gobierno provincial de Pichincha por la lista 5 (usada por el correato para participar en aquella lid electoral).
Las ofertas fueron desde crear la marca Pichincha, ampliación de importantes arterias viales hasta la reinserción laboral de los jóvenes.
‘A mí me importa Pichincha’ fue otra de las piezas audiovisuales producidas por Neurona con miras a las elecciones de marzo de 2019, promoviendo a Pabón para la función de prefecta.
La consultora ha estado a cargo además de promocionar proyectos de Pabón, luego de que esta ganara las elecciones. Uno de ellos es el denominado “Pichincha Provincia Semilla” mediante la realización de un video promocional en el que se ofrecen desde obras hasta la generación de oportunidades de empleo.
Pabón ha sido asambleísta por Alianza País y Secretaria de la Gestión Política durante el correato y el morenismo, pero renunció a su cargo por discrepancias con Lenín Moreno para luego candidatizarse a la prefectura de Pichincha. Pabón fue procesada por el presunto delito de rebelión, relacionado con las protestas de octubre de 2019.
Otro spot producido por Neurona en su campaña de posicionamiento electoral de la Lista 5 fue: ‘Intervención en vía pública – Rafael Correa – Ecuador 2019’
La generación de contenidos audiovisuales para difundir la marcha de abril de 2019 convocada por la Revolución Ciudadana en contra del gobierno de Lenín Moreno fue otro de los productos de Neurona.
En la ofensiva en contra del morenismo, Neurona continuó con piezas como “Lenin Chao – Ecuador 2019.
Para promover los cuadros de asambleístas del correato para las elecciones de 2017 hay otros trabajos, como el realizado para Pabel Muñoz, extitular de la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades) y candidato por el distrito norte de Pichincha.
OGLIETTI, EL PUENTE ENTRE NEURONA Y CELAG
Otro punto de convergencia de Podemos en el Ecuador es el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG), donde el argentino Guillermo Oglietti es el puente con Neurona.
Bajo el nombre de CELAG GEOPOLITICA Compañía Anónima, se constituyó ese Centro estratégico, en nuestro país el 19 de agosto de 2015, registrando como su actividad principal, ante la Superintendencia de Compañías y el SRI, la de ‘otros tipos de consultoría técnica’ y asesoramiento. Tiene un capital suscrito de $1.000.
Cuando recién se integró esta compañía, el ecuatoriano Mauro Alejandro Andino Alarcón y el español Alfredo Serrano Mancilla fueron sus accionistas originales, con $250 de capital, cada uno.
Mauro Andino Alarcón, quien desempeñó altos cargos en los gobiernos del correato y del morenismo (viceministro del Servicio Público del Ministerio de Trabajo; Subdirector de Gestión Estratégica del SRI; y Director General del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador hasta mayo del 2018) transfirió sus acciones de CELAG GEOPOLITICA a Guillermo Celso Oglietti, el 11 de julio de 2019.
De 2015 a 2016 Oglietti fue parte del proyecto Prometeo de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. Como beneficiario de una beca otorgada en el marco del mencionado proyecto recibió $20.589,05, de acuerdo con información a la que tuvo acceso Periodismo de Investigación. No obstante, el portal ‘Primicias’ publicó que “entre abril de 2015 y abril de 2016 Oglietti recibió USD 58.993 -unos USD 5.000mensuales”, por ser becario.
Oglietti fue accionista de CONSULTORIANEURONA de Ecuador y es el actual gerente de CELAG de Ecuador. Es doctor en Economía Aplicada por la Universidad Autónoma de Barcelona y licenciado en Economía por la Universidad Nacional de Río Cuarto de Argentina, de acuerdo con su hoja de vida publicada en el portal de Celag. Ha estudiado temas como la inmigración, la inversión extranjera, la relación ahorro-inversión y la enfermedad holandesa en los países latinoamericanos.
Luego Oglietti se desempeñó como asesor en el SRI en la época en que Leonardo Orlando, prefecto de Manabí por el correato era el director de la administración tributaria. En ese cargo Oglietti percibió un sueldo de $3.798.
Celag ha recibido desembolsos de Alemania, Estados Unidos, Portugal y Ecuador por $1,300,755 entre 2015 y 2019.
Entre esos años además recibió dinero de clientes como el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela, Neurona, la Embajada de Venezuela, Andrea López Hernández, de Quatrivium Cia Ltda y de la Fundación Centro de Ayuda Integral Monseñor Leonidas Proaño un valor total de $583,597
Celag ha tomado la posta al Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS), la fundación española dirigida por Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero, principales líderes de Podemos”. El CEPS desapareció luego de las revelaciones periodísticas sobre cobros de más de 4millones de euros a los gobiernos latinoamericanos del socialismo del siglo 21 (ya detallado anteriormente).
En el consejo consultivo de CELAG (que consta de 10 miembros) se encuentra Juan Carlos Monedero, el ex presidente Rafael Correa y el ex secretario de educación superior, René Ramírez.
Por convenios firmados con Ecuador entre 2009 y 2012, según publicó diario El País de España, el CEPS percibió 721mil Euros y de acuerdo con el portal El Economista, en los dos siguientes dos años se benefició de un total de 685mil Euros adicionales, por convenios de cooperación con Senplades y la Cancillería ecuatoriana. “Los objetivos eran de apoyo técnico «en la supervisión de diferentes contenidos» y los importes fueron, según las cuentas de Ceps, de 274.432,24 euros en 2013 y 410.606 en 2014”.
El contrato con Senplades fue para elaborar estudios técnico-políticos sobre «la planificación y democratización del Estado» y para crear una red de contactos nacionales e internacionales, con «números telefónicos, cuentas en redes sociales, correos electrónicos». Y con la Cancillería fue para diseñar estrategias para la Dirección de Comunicación y Análisis Político, entre ellas la orientación de los procesos de integración latinoamericana.
Al año siguiente de haberse constituido en Ecuador, es decir en 2016, CELAG pagó por impuesto a la renta $4,064.60 y por impuesto a la salida de divisas $1,160.67. Para 2017 su impuesto a la renta se multiplicó por más de 5 respecto a lo pagado en el ejercicio anterior: $22,534.13. Pero desde 2018 no reporta pagos por este tributo.
Esta empresa que da asesoría da asesoría en temas económicos y políticos relacionados con la integración regional no está al día en sus obligaciones con la Superintendencia de Compañías, pues no ha entregado el «Registro de Sociedad de Interés Público».
En los estados financieros presentados ante este organismo de control consta que a diciembre de 2016 sus activos totalizaban $53.076. Sus ventas totales ascendieron a $130.597, sus gastos operacionales (principalmente pagos de honorarios) sumaron $103.543 y una utilidad bruta de $27.054.
Para 2017 sus activos subieron a $200.985, sus ventas casi se cuadruplicaron respecto al año anterior al ubicarse en $473.418. Sus gastos también se incrementaron a $353.041. Y su utilidad (antes de impuestos y participación de trabajadores) fue de $120.376.
El ascenso en cuanto a sus activos siguió en el 2018 en que sumaron $246.977; pero las ventas bajaron considerablemente hasta los $66.555 que frente a un total de gastos de $74.036 generaron pérdidas por $7.480. Para el 2019 estos indicadores se deterioran aún más. Sus activos bajaron a $51.557, sus ventas fueron de $ 7.492,29, cifra que frente a gastos de $38.628, produjeron pérdidas por $31.136.
Como evidencian los principales indicadores económicos tanto de CONSULTORIANEURONA como de CELAG GEOPOLITICA hay un declive de sus negocios en Ecuador, pese a que esta última ha estado un poco más activa realizando sondeos, encuestas y talleres en línea.
Según publica en su página web, en noviembre de 2018 CELAG hizo estudio cuantitativo de opinión sobre la situación política de Ecuador. En marzo de 2019 realizó otro análisis del mismo tipo, basado en 2.000 entrevistas presenciales. La encuesta se hizo en 13 provincias del país, con un margen de error de entre un +/-0,9% a un +/-2,2% y un intervalo de confianza del 95%.
Dado el bajón financiero experimentado por las dos empresas mencionadas no han faltado las voces que han señalado que en este año Monedero vino a Latinoamérica en busca de clientes.
El portal español de derecha Vozpópuli publicó en febrero de 2021 que Neurona “ha firmado contratos de “servicios” también en Ecuador, presuntamente por el candidato Andrés Arauz”.
Monedero estuvo en Ecuador como observador de las elecciones de febrero de este año y fue uno de los protagonistas de denuncias de supuestas irregularidades. Uno de los vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE), Enrique Pita, pidió a la presidenta, Diana Atamaint, que revoque la acreditación a dos observadores españoles, Monedero y el eurodiputado Manu Pineda. Pita criticó que Monedero, cuyo viaje es costeado por el Estado ecuatoriano- «persista en deslegitimar las elecciones nacionales con declaraciones alineadas ideológicamente a una candidatura presidencial”. Los dos cuestionados hicieron declaraciones políticas en sus cuentas de redes sociales, el pasado 29 de febrero, en favor del candidato del correato, Andrés Arauz. Hablaban de una posible suspensión de la contienda electoral.
Pese al pedido del consejero Pita, el CNE no adoptó ninguna medida al respecto. No se retiró la acreditación para Monedero.
El plan de sobornos que ha develado el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en la comercialización internacional de hidrocarburos, abre el camino para conocer el mayor caso de corrupción petrolera en la historia del Ecuador, gestado durante el gobierno de Rafael Correa Delgado. Altos funcionarios de Finanzas y Petroecuador junto a varios empresarios han sido identificados en una ruta de corrupción que los periodistas de este portal no hemos dejado de gritar en los últimos 8 años. Periodismo de Investigación le pone el cascabel al informe de la justicia norteamericana y revela los hechos con los nombres de los responsables y la dimensión real de la trama que envuelve a la petrolera Vitol, cuyo hilo delictivo conduce a desenredar la madeja de Petrochina.
Fue a las 7:30 de la noche del martes 4 de octubre de 2016. Los miembros del directorio de Petroecuador, José Icaza Romero, ministro de Hidrocarburos; Jorge Wated Reshuan, delegado del presidente Rafael Correa; Adolfo Salcedo Gluckstadt, delegado de la Secretaría Nacional de Planificación y Pedro Merizalde, gerente general de Petroecuador, dieron luz verde a la negociación del contrato de fuel oil con la empresa Oman Trading International Limited (OTI). Aunque en toda la papelería aparece la supuesta firma estatal omaní, este no era sino uno más de los contratos que escondían a poderosas compañías intermediarias privadas (Vitol) y un cartel de lobistas ecuatorianos.
El siguiente paso fue la reunión del 12 de octubre de 2016 en Madrid, España, ocho días después. En la última mesa de negociación estuvieron presentes William Vásconez Rubio, subsecretario de Financiamiento Público del Ministerio de Finanzas, Nilsen Arias (el gordo), gerente de Comercio Internacional de Petroecuador y representantes de OTI.
La reunión de Madrid fue narrada en un informe de Carla Arellano, subgerente de Finanzas de Petroecuador, con fecha 31 de octubre de 2016 y dirigida a William Vásconez. Allí especificó que OTI solicitó el Certificado de compromiso de pasivo contingente del Ministerio de Finanzas y pidió a Vásconez entregarlo.
Vásconez fue un operador clave de las líneas de crédito durante el régimen de Alianza PAIS, tras dejar el ministerio de Finanzas en 2017 se vinculó con la firma Hogan Lovells, consultora que asesoró a Rafael Correa Delgado, en los negocios con China.
El Ministerio de Finanzas aceptó el pedido y dio paso a la constitución del compromiso de pasivo contingente (en concreto, una garantía soberana sobre lo que Ecuador iba a vender). El memorando “Análisis legal del Compromiso de Pasivo Contingente”, firmado por el coordinador Jurídico del Ministerio de Finanzas, Marco Almeida Costa, ratificó que el compromiso es un respaldo de la operación comercial entre Petroecuador y Oman.
Finalmente, el memorando MINFIN-SRF-2016-090 dirigido a Juan Hidalgo Andrade, subsecretario de Financiamiento subrogante, en un análisis de solo un párrafo aseguró que Petroecuador contaba con sostenibilidad financiera para soportar el pasivo contingente.
El memorando reservado de la Subsecretaría de Financiamiento Público del 25 de noviembre de 2016, firmado por Juan Hidalgo Andrade, recomendó al ministro de Finanzas, Fausto Herrera Nicolalde y a Madeleine Abarca Runruil, viceministra de esa cartera, suscribir el compromiso de pasivo contingente. Tres días después el Comité de Deuda y Financiamiento integrado por Patricio Rivera, delegado del presidente Rafael Correa, Fausto Herrera, Adolfo Salcedo Gluckstadt, delegado de Senplades y Juan Hidalgo aprobaron los términos y condiciones del compromiso.
El contrato bajo esas condiciones debe entenderse como un crédito internacional contra entrega de hidrocarburos y no como un compromiso de compraventa; de hecho, tiene todas las condiciones de un crédito: establece una garantía soberana llamada “compromiso de pasivo contingente”, un interés anual y además una fórmula discrecional para fijar el precio mensual de cada lote de fuel oil 6.
Este crédito es una copia calcada de todas las denominadas preventas que el Ecuador firmó con Petrochina, Unipec y Petrotailandia y evidencia el sistema de corrupción que benefició a funcionarios y empresarios.
Omán Trading International (OTI) surgió en 2006 como una asociación entre, Oman Oil Company y Vitol Group. Ahora OTI es propiedad del grupo OQ, del Gobierno de Omán.
Lo que hizo el gobierno de Rafael Correa es entregarle a OTI un volumen casi tres veces superior de fuel oil 6 para amortizar el adelanto de 300 millones que recibió. Además, se le entregó una garantía soberana por 17,1 millones de barriles de ese producto para que Vitol y OTI puedan titularizar en cualquier banco internacional un crédito de 300 millones de dólares y entregarlo al país.
Un negocio a futuro y grandes ganancias para los privados porque Vitol vendió ese fuel oil 6 en el mercado internacional a un valor no menor de $720,000.000, según las cifras del mercado en 2017.
El contrato de buena fe
El contrato, firmado el 6 de diciembre de 2016, por Pedro Merizalde Pavón, gerente general de Petroecuador, y Talal Awifi, director ejecutivo de OTI, le permitió a Finanzas acceder a los $ 300 millones mencionados como anticipo por la entrega de 17.100.000 barriles de fuel oil 6 repartidos en 90 cargamentos de 190.000 barriles cada uno, por un período de 36 meses, más una tasa de interés (sobre el anticipo) del 6.85%.
El acuerdo de entrega del combustible a OTI/VITOL, establece la entrega CFR (costo y flete en el puerto de destino) del fuel oil en Balboa, Panamá. Es decir, que Petroecuador asumió la entrega de los lotes de fuel oil en Panamá generando un beneficio de al menos $ 0,85 por barril a Vitol, lo que representa en todo el contrato un perjuicio a Ecuador de $14.5 millones, solo por fletes y aranceles. En ninguno de los informes que autorizó el Ministerio de Finanzas y Petroecuador se discutió las razones de entregar el combustible en un puerto internacional ¿Por qué las autoridades no negociaron con Vitol la entrega de fuel oil en Balao, como lo hicieron en otros contratos?
Se debe considerar cada uno de los ítems que significa entregar el combustible en otro puerto, como: costos portuarios en Esmeraldas, combustible (IFO) viaje Esmeraldas – Balboa, combustible (MDO) durante descarga, costos portuarios en Balboa, combustibles regreso (IFO) Balboa-Esmeraldas. A este valor debe sumarse el costo del transporte (flete), que implica $18.000 por día.
Además, el contrato establece un acuerdo que solo puede explicarse a la luz del informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Se trata de una negociación de “buena fe” a la que recurrieron las partes para establecer el valor del diferencial o castigo del fuel oil. No existen antecedentes de una negociación de “buena fe” cuando de por medio un centavo puede hacer la diferencia entre perder o ganar millones en contra o a favor del Estado. Se trata de una cláusula discrecional que sin duda benefició a Vitol.
Bajo similar modalidad, las mismas autoridades vinculadas al caso Vitol, adjudicaron otro contrato de fuel oil, igual para cubrir una línea de crédito, a la empresa china Unipec. Los nombres de los operadores de esta negociación se repiten en todos los contratos de comercialización de hidrocarburos suscritos en los gobiernos de Correa y Moreno, con Petrochina, Unipec, Petrotailandia, Noble América, OTI.
Otro contrato que está en la mira de las investigaciones es el de Noble Américas, gestionado en 2014 bajo la dirección de Nilsen Arias y Alex Bravo (preso por corrupción). La firma extranjera entregó un crédito de $1000 millones de dólares al gobierno de Rafael Correa, para financiar supuestamente la construcción del Poliducto Pascuales Cuenca y la repotenciación de la Refinería de Esmeraldas. El crédito tenía al igual que el contrato con Oman Trading, un colateral de provisión de derivados de petróleo. En 2017 las acciones de Noble Américas pasaron a control de la transnacional Vitol.
Plan de sobornos
La acusación del Departamento de Justicia puntualiza cómo se dieron los hechos y quiénes participaron en el plan para obtener el contrato de fuel oil.
Vitol les pagaría a sus cómplices, los consultores 1 y 2, una comisión por cada barril de fuel oil que obtuviesen del contrato con Petroecuador. Estos a su vez “utilizarían parte de esos fondos para pagar sobornos a funcionarios ecuatorianos a nombre de Vitol”.
Para ello Vitol y sus conspiradores contrataron consultorías falsas, crearon empresas fantasmas, emitieron facturas ficticias y usaron cuentas de correos electrónicos con seudónimos para transferir fondos a empresas offshore involucradas en la conspiración.
El punto de partida de esta historia es el 20 de septiembre de 2016, cuando el mexicano Javier Aguilar, ejecutivo de Vitol, envió un correo electrónico al “consultor de Ecuador 2” pidiéndole que enviara cartas de parte de OTI al “gordo” o “funcionario ecuatoriano 1”.
Dados los hechos y las fechas todo hace presumir que se trata del exgerente de Comercio Internacional Nilsen Arias, que ocupó ese cargo en los años 2010-2017.
Este portal buscó un pronunciamiento de Arias a través de su abogada y se le explicó que considerábamos que el llamado funcionario ecuatoriano 1 es el exgerente de comercio internacional. Ella aseguró que respondería con la mayor información posible del tema.
La declaración de Aguilar se compadece con los tiempos porque el 21 de septiembre de 2016, Petroecuador recibió la propuesta de Talal Al Awfi para la compra a largo plazo de fuel oil.
Luego de que el contrato se formalizó el 6 de diciembre de 2016, el Departamento de Justicia identificó que los sobornos fueron pagados a través de facturas falsas: “el 7 de marzo de 2018 o alrededor de esa fecha, el consultor 2 de Ecuador envió al intermediario 1 un correo electrónico adjuntando 39 facturas falsas de la empresa consultora a una empresa fantasma controlada por el intermediario 1”, dice la acusación del Departamento de Justicia.
Posteriormente, el 18 de mayo de 2018 se identificó que el intermediario 1 envió un correo electrónico a Aguilar indicando que había recibido $ 1.4 millones en facturas de Ecuador. Agrega que de eso monto $ 510.000 ya se habían pagado. Aguilar instruyó que hicieran pagos de hasta $150.000 cada 15 días.
En ese mismo esquema, entre el 28 de mayo y 25 de junio se hicieron tres pagos por € 201.306 y un pago total de $ 19.283 de una compañía fantasma controlada por el intermediario 1 a cuentas bancarias en las Islas Caimán y Curazao controladas por consultor 1 y 2.
Para el 5 de julio de julio de 2018 o alrededor de esa fecha, el Consultor 1 y el Consultor 2 enviaron instrucciones a un banco para transferir aproximadamente $ 225,000 desde una cuenta propiedad de Consultor 1 y Consultor Ecuador 2 en las Islas Caimán, a través de una cuenta bancaria corresponsal ubicada en Nueva York, a una cuenta ubicada en Portugal en beneficio del funcionario ecuatoriano 1.
Para 2014, Oman Trading International se presentó en Petroecuador como una compañía con el 30% de capital privado y el 70% estatal. Un documento entregado a Petroecuador de ese año y al que PI tuvo acceso, detalla que sus principales ejecutivos eran Talal Al Awfi en calidad de CEO y Said Al Maawali, vicepresidente.
También hace referencia a sus refinerías, al puerto Mina AL Fahal y al puerto de aguas profundas de Sohar.
El documento también señala que, a ese año, 2014, el representante en Ecuador de Omán Trading International, era el abogado Daniel Pino Arroba, que registró la dirección en el edificio La Previsora, Guayaquil. Pino figura como patrocinador del empresario Enrique Cadena Marín, investigado por la Fiscalía en la trama de corrupción que envuelve a Petrochina.
Daniel Pino además registró su nombre como representante de Core Petroleum LLC, una intermediaria de crudo, que entregó $ 10,2 millones a Fairgate Trading Corp., una compañía de Enrique Cadena, según documentos publicados por diario El Universo.
Cadena figuró en los papeles de Panamá al haber recibido la comisión de 1 dólar por barril por la intermediación en los contratos firmados con Petrochina. Documentos en poder de PI lo relacionan con autoridades de Petroecuador.
Altas fuentes de Petroecuador y del sector petrolero privado señalaron a PIque el consultor 1 sería Antonio Peré. Su nombre ya apareció en el expediente del caso Odebrecht en el que José Rubén Terán señaló que la brasileña hizo transferencias a la empresa Houston Energy Consulting de Peré, como parte de los recursos que recibió Marco Calvopiña por el poliducto Pascuales Cuenca, tal como publicó diario Expreso.
Juan Carlos Monedero, cofundador del partido político ‘Podemos’ fue cuestionado en Ecuador por hacer proselitismo en favor del candidato presidencial Andrés Arauz. Mientras era observador en las elecciones del 7 de febrero pasado, ha sido imputado en un juicio en España en el que se investiga una supuesta financiación irregular de la mencionada agrupación izquierdista.
Otro punto de convergencia de Podemos en el Ecuador es el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG), donde el argentino Guillermo Oglietti es el puente con Neurona.
La acusación del Departamento de Justicia puntualiza cómo se dieron los hechos y quiénes participaron en el plan para obtener el contrato de fuel oil.