La vida de los Moreno cambió desde que Lenin sumó poder en la política ecuatoriana: cargos públicos para familiares, crecimiento de su fortuna y sospechas de sobornos que pocas veces son investigadas por la justicia.
El niño Lenin Boltaire Moreno Garcés creció en la década de los 50 en medio de la Amazonía ecuatoriana. En su memoria conserva los mejores recuerdos de esos tiempos y como si del Libro de la Selva se tratase, con algo de fantasía y algo de realidad, ciertos capítulos han sido narrados por él en primera persona: “De repente nos topábamos con animalitos como el tigrillo, como el tigre, al cual le teníamos pavor y como las serpientes, a las cuales paradójicamente no les teníamos ningún tipo de miedo y jugábamos con ellas, así como lo hacían en la antigüedad en Grecia, en donde tenían dentro de sus casas serpientes que jugaban con los niños”, narraba un apacible y convencido Moreno en medio de la Cumbre Presidencial Amazónica, en septiembre de 2019, ante sus sorprendidos colegas.
Lenin Moreno siempre recuerda su niñez. Tiempos en los que ni a él ni a nadie de su familia, nunca se les ocurrió pensar que ese pequeño llegaría a la Presidencia de la República. Era un hombre con una vida de clase media, sin lujos y con las necesidades cubiertas hasta donde se podía. Junto con su mujer, Rocío de González, siempre se preocuparon de darle la mejor educación a sus tres hijas y con ese objetivo planteado, todo lo demás podía esperar. Así fue hasta el 2007.
Moreno no registró ninguna casa propia en las primeras declaraciones juramentadas de bienes que presentó apenas asumió como Vicepresidente de la República. En esos documentos consta el pequeño patrimonio que hasta entonces había conseguido: tres terrenos en el cantón Tena, provincia de Napo, en el Oriente ecuatoriano, el más valioso avaluado en menos de tres mil dólares; otro terreno con usufructo vitalicio ubicado en la parroquia Tababela de Quito, valorado en 15 mil dólares; y lo que es tal vez el lujo más grande hasta ese momento, una membresía que costó 10 mil dólares para el club Casa Blanca ubicado en Same, una bella playa de la provincia de Esmeraldas. Nada más.
Es que las cosas para la familia Moreno- González nunca resultaron sencillas, mucho más cuando el jefe del hogar quedó en silla de ruedas tras recibir un tiro por la espalda, en un asalto ocurrido el 3 de enero de 1998, en Quito. Tenía 46 años y desde entonces no volvió a caminar. Moreno, quien ya era conocido en las noches de bohemias quiteñas como un tipo alegre, se convirtió tiempo después del asalto –luego de atravesar una etapa de depresión- en un motivador que daba charlas en las que contaba su experiencia y de cómo pudo superar sus dolores físicos con la terapia de la risa.
Hasta que llegó el 2006. Fue Gustavo Larrea, amigo de su militancia de izquierda, quien le propuso a Moreno ser binomio del entonces candidato a presidente Rafael Correa, un ventarrón político que terminó como un fenómeno electoral. Moreno aceptó y desde entonces nada es igual. Ni para Moreno, ni para su esposa, ni para sus hijas, ni para sus hermanos. Ni para otros familiares cercanos. Ahora los Moreno tienen poder.
Así fue que Irina Moreno, una de las tres hijas de Moreno, estuvo durante seis años -tres de los cuales con su papá de Presidente- como funcionaria diplomática del Ecuador en las Naciones Unidas, primero en Ginebra, después en Nueva York, con un sueldo mensual de USD 8000. Solo en mayo de 2020 dejó su cargo, con la agudización de la crisis fiscal. Los hermanos de Moreno, Gary y Edwin, tienen cada uno partido político, que participarán activamente en las próximas elecciones de 2021. Otro hermano, Guillermo, a más de ser Fiscal, fue candidato a la Asamblea en 2017, sin éxito. Por el lado de la Primera Dama, Rocío González, su primo Héctor González es gobernador de Cotopaxi, y dos esposos de sus primas están al frente de oficinas del Estado en esa misma provincia. Mientras que al frente del Consejo Nacional de la Judicatura está su concuñada, María Maldonado.
Su patrimonio también ha cambiado. Aunque no está declarado como propio y hay indicios de una triangulación societaria, apareció a nombre de la empresa Ina, creada por el hermano de Moreno, Edwin, un departamento en Alicante, España, y una cuenta bancaria en Panamá, con varios millones de dólares depositados por una constructora china, lo que originó una investigación fiscal todavía en desarrollo.
LAS COIMAS QUE QUEDARON EN LA NADA
Un primo, un cuñado, un hermano. A su turno, cada uno de estos tres familiares de Lenin Moreno han aparecido en noticias relacionadas con presuntas coimas derivadas del ejercicio político y contrataciones públicas. Los dos primeros casos -el primo y el cuñado-están cerrados en la Justicia, mientras el del hermano Edwin sigue en investigación fiscal, pudo comprobar esta investigación desarrollada por La Historia en alianza editorial con CONNECTAS y con el apoyo del Internacional Center For Journalists (ICFJ).
La primera vez que un familiar de Lenin Moreno estuvo involucrado en un presunto acto de corrupción, ocurrió en el 2008, un año después de asumir como vicepresidente. Su primo Arturo Germán Moreno Encalada fue detenido en Quito acusado de cohecho. Según la denuncia presentada, Moreno Encalada llegó hasta el despacho del Director Regional del Servicio de Rentas Internas, Marcelo León Jara, con un maletín con USD 12.500, que era parte de una coima para desvanecer una deuda por impuestos de la constructora Hidalgo&Hidalgo por USD 1,2 millones. El funcionario León no aceptó el trato, pero la maleta fue dejada en su oficina, contra su voluntad. Por eso, León pidió ayuda a la Policía. Los agentes pusieron micrófonos y grabaron cuando en una visita posterior, Moreno reconoció que el maletín era de su propiedad. Los policías, que estaban escondidos en el baño, detuvieron al primo del Vicepresidente.
El juez de lo Penal Luis Fernández legalizó la detención de Moreno Encalada y en ese momento Lenin Moreno solo indicó públicamente que debían desarrollarse las investigaciones con independencia. El juicio siguió adelante y Moreno Encalada finalmente fue absuelto, pues se consideró que las pruebas obtenidas por la Policía no tenían validez procesal porque no habían sido ordenadas por un Juez. Después se dedicó a hacer política con su organización Pueblo, Igualdad y Democracia, con la que hizo campaña a favor del Sí en la Consulta Popular promovida por su primo en 2018.
El segundo caso de una denuncia contra un pariente de Lenin Moreno, esta vez su cuñado, tuvo un protagonista con mayor peso. El denunciante era nada menos que el hermano mayor del presidente Rafael Correa, Fabricio Correa. “Yo fui personalmente a la casa de Lenin, en Quito, y le dije en su sala que su cuñado Antonio Hidalgo estaba pidiendo coimas por la adjudicación de una obra en Loja”, recuerda en estos días Fabricio. La respuesta que recibió de Moreno, según Correa, fue que era algo preocupante y que se investigaría. Como respaldo, el denunciante presentó una letra de cambio por el valor de un millón y medio de dólares, que respondería al monto de la coima. Pero cuando el tema se hizo público, el Vicepresidente Moreno le restó validez, dijo que la letra de cambio presentada por Correa era falsa y que “cualquier estudiante de primer año de Diseño Gráfico la podía falsificar”.
El hermano de Correa asegura que presentó el caso ante el Fiscal Washington Pesántez, pero éste no le dio ninguna esperanza de que el caso se investigaría: “Me dijo que no podía hacerle eso al gobierno de mi hermano con quien se llevaba muy bien desde cuando estudiaron juntos en Bélgica”, relató el denunciante. Esta referencia es negada por el ex fiscal Pesántez, quien calificó como “una estupidez más” de Fabricio Correa tal afirmación: “Nunca me dijo nada y yo nunca le hubiera contestado así”, refiere. Hasta allí llegó la acusación contra el cuñado de Lenin Moreno.
Lenin Moreno apareció por primera vez involucrado directamente en un caso de corrupción por el caso conocido como “Inapapers”, en alusión al nombre de la compañía offshore Ina Investment Corp. Esta sociedad, que fue creada por su hermano Edwin Moreno primero en Belice y luego en Panamá, recibió USD 18 millones pagados por la constructora china Sinohydro, la misma que fue denunciada por sobreprecios en la construcción de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, una obra que costó alrededor de USD 2500 millones.
Ese pago fue hecho por los servicios de lobby con la constructora realizados por Xavier Macías y Conto Patiño, amigos personales del presidente Moreno, quien era Vicepresidente en ese momento, tal como lo publicó el portal La Fuente de los periodistas Fernando Villavicencio y Christian Zurita. El lobby ocurrió en 2012, pero la existencia de la empresa y de los millonarios pagos recién se hicieron públicos en 2018 por los periodistas Villavicencio y Zurita. Ina, la razón social de la offshore, coincide con el final de los nombres de las tres hijas del presidente Moreno: Irina, Karina y Cristina.
El tema se hizo público y la primera consecuencia fue de corte privado: el hermano del presidente, Edwin, disolvió Ina Investment 12 días después de la publicación por parte de la prensa. Pero los periodistas Villavicencio y Zurita ya habían revelado que de las cuentas bancarias de la offshore habían salido pagos para comprar un departamento en Alicante, España, e incluso para comprar los muebles costosos que ocupó el mismo Lenin Moreno mientras vivió en Ginebra, Suiza, como Representante Especial para las Discapacidades de la ONU, en el periodo de 2013 a 2016.
Los aludidos hermanos Moreno, Lenin y Edwin, dieron su explicación: todo se trataba del pago de una deuda pues años atrás, cuando Edwin Moreno era migrante en Estados Unidos, le hizo un préstamo a Xavier Macías, necesitado de dinero. Y los depósitos que hizo Macías a Edwin Moreno eran la devolución.
Del caso InaPapers se motivó una investigación por parte de la Fiscalía General, indagación que avanza a pasos lentos, sin mayores hallazgos por parte del Ministerio Público. Casi dos años después de haberse iniciado esta causa, lo que se ha conseguido es que Panamá envíe la información completa de los movimientos de las cuentas bancarias de Ina Investment. Pero esta información no es pública porque goza de la reserva impuesta por la ley al tratarse de una investigación en curso. Lo que sí se sabe es que la fiscal General Diana Salazar también solicitó información bancaria de los investigados a Suiza, pero ese país se lo negó.
Edwin Moreno en 2018 constituyó el movimiento político Ecuatoriano Unido para apoyar políticamente a su hermano y a la Consulta Popular que convocó ese año. Igual que lo hizo el otro hermano, Gary Moreno Garcés, máximo líder del movimiento Libertad es Pueblo. Las dos organizaciones de los hermanos Moreno han presentado candidatos presidenciales para competir en las elecciones del próximo 7 de febrero.
Al Presidente de la República se le pidió una entrevista para tocar los temas planteados en este reportaje, por medio de la titular de la Secretaría de Comunicación, Caridad Vela. No se obtuvo una respuesta.
EL PODER DE LA PRIMERA DAMA
Rocío González Navas es de Latacunga, capital de Cotopaxi, una ciudad de fiestas y tradiciones. En esa provincia es donde su primo es gobernador y dos esposos de sus primas ocupan jefaturas en la Contraloría y Empresa Eléctrica.
Rocío González Navas, la Primera Dama del Ecuador, nació en Latacunga dentro de una de las familias más tradicionales. Cuando su esposo llegó al poder, Rocío González decidió ayudarlo, especialmente en el campo social de la Vicepresidencia, de donde salió Moreno con altos índices de popularidad. Ahora que es Presidente, ella tiene una activa participación en el plan de construcción de casas populares, pero la aceptación del político Moreno ya no es la misma de antes.
Las críticas se sienten más fuerte en Latacunga. El Gobernador de la provincia de Cotopaxi, Héctor González Jara, quien es primo hermano de la Primera Dama y vivió en casa de ella durante su juventud es el foco de esas acusaciones. A más del nepotismo, a González se lo señala de no cumplir con eficiencia sus labores y estar en ese cargo únicamente por el dudoso mérito de su parentesco. “Es una sinvergüencería que se repartan así los cargos. Pero para pagarnos nuestros sueldos no sirven y se atrasan constantemente”, se queja la profesora Rosana Palacios, quien ha sido presidenta de la organización nacional de maestros escolares más grande del Ecuador.
González Jara ha estado dos veces en el cargo, las dos por decisión de su primo político. En el 2019 renunció solo para ser candidato a Prefecto de Cotopaxi, pero perdió. Ya derrotado, volvió a ser designado Gobernador y allí sigue, sin conceder muchas entrevistas a los periodistas.
Héctor González Jara no es el único familiar de la Primera Dama en el sector público. También está el Gerente de la Empresa Eléctrica de Cotopaxi, José Alberto Semanate Noroña, quien está casado con Paulina González, otra prima de Rocío González. Y a la vez, el Director Regional de la Contraloría, Iván Andrade Hidalgo, está casado con Ruth Angélica González Jara, prima de la esposa del Presidente. “No hay derecho, no es justo. Mientras a los profesores nos deben dos meses de sueldo, los parientes del Presidente están muy bien ubicados y con buenos cargos”, reclamaba el pasado 18 de agosto frente a la Gobernación de Cotopaxi el profesor Luis Rivera.
No solo en Cotopaxi la Primera Dama tiene autoridades con parentesco. En enero de 2019, Ecuador recibió con sorpresa la noticia de que la jurista María del Carmen Maldonado, ex jueza de la Corte Constitucional en el gobierno de Correa, y quien había seguido las directrices políticas de ese régimen, ahora estaba al frente del Consejo de la Judicatura, el organismo que controla y sanciona las actuaciones de todos los jueces y fiscales del país. Lo que no se dijo es que la Primera Dama y María Maldonado son concuñadas.
A nadie le importó demasiado esta cercanía familiar. Hasta que en septiembre de 2019, tres abogados denunciaron que Diego Molina Restrepo, esposo de la presidenta de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, les había pedido USD 120.000 a cada uno para conseguirles el nombramiento de Notario en Quito. Y que ellos estuvieron dispuestos a pagar e hicieron un adelanto de USD 60.000 cada uno, dinero que fue entregado a Christian Ramírez, delegado de Molina Restrepo, según relatan. El asunto fue que, según los denunciantes, nunca se les entregó el cargo ofrecido ni tampoco se les devolvió el dinero pagado. Se sentían estafados.
La presidenta de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, reaccionó de inmediato: convocó a una rueda de Prensa y dijo que todo se trataba de un pasquín, que las firmas de los supuestos denunciantes habían sido falsificadas. Pero la Fiscal General Diana Salazar abrió una investigación y llamó a declarar a Maldonado y a su esposo, versiones que fueron rendidas el 28 de diciembre pasado. Desde entonces, no se ha sabido nada más, pues la indagación sigue siendo reservada. La concuñada de la Primera Dama ha continuado ejerciendo su complicado cargo.
EL CASO IRINA Y SU INFLUYENTE YERNO
Al Presidente Lenin Moreno se le hizo difícil hacer público el anuncio sobre la salida de su hija, Irina Moreno González, del cargo diplomático que mantuvo como Consejera de la Misión de Ecuador ante la ONU en Nueva York, con un sueldo mensual cercano a los 8 mil dólares. La hija del Presidente llegó a esta representación en 2014, primero en Ginebra, Suiza, acompañando a su padre que había sido designado por la ONU en la función honorífica para las Discapacidades, con todos los gastos pagados por el Estado ecuatoriano y la decisión tomada por el gobierno de Correa.
Cuando Moreno decidió correr por la Presidencia, su hija pidió el cambio a Nueva York y se lo dieron. Moreno ganó la Presidencia y su hija siguió en el cargo hasta que, a fines de mayo de 2020, el Presidente informó que su hija había decidido renunciar. Esto ocurrió luego de que se dieran fuertes críticas al cargo de su hija y a su generoso sueldo en plena crisis económica -en sus 6 años en el cargo, se le pagó USD 570.000-. El último intento para justificar el cargo de Irina Moreno lo hizo el ex Canciller José Valencia, quien calificó como bueno el trabajo que la joven realizaba en las Naciones Unidas. Fue un intento vano porque ella se fue, al igual que el Canciller, quien renunció un mes después.
Otra de las hijas del Presidente, Cristina, hizo noticia en las páginas sociales a inicios de 2013. Fue por su matrimonio realizado en la patrimonial iglesia de La Compañía, en Quito, con el joven ingeniero agrónomo guayaquileño Juan Enrique Rodríguez Malo. Del yerno del Presidente se tuvo noticias posteriormente en 2016, cuando se reveló que una empresa suya había ganado un contrato público por USD 1,6 millones para limpiar unidades de Policía. El asunto no levantó mucho polvo ni fue ningún obstáculo para la campaña presidencial de Moreno, que consiguió un triunfo sobre Guillermo Lasso, que acusó de fraude en las elecciones de 2017.
El joven yerno, Juan Enrique Rodríguez Malo , tendría una fuerte influencia en la designación de funcionarios públicos, según un audio filtrado al medio digital La Fuente, en el que habla Santiago Cuesta Caputi, entonces asesor presidencial de Lenin Moreno. En ese audio, Cuesta dice que Rodríguez Malo ha puesto al director de la Agencia de Regulación y Control Sanitario, una importante oficina del gobierno que aprueba la importación y venta de insumos médicos y medicinas en Ecuador. Buscamos una entrevista con el yerno del presidente, sin una respuesta positiva. La Historia intentó contactar sin éxito a Rodríguez Malo para consultarle sobre lo que se ha publicado respecto a él y su supuesta influencia en el gobierno de su suegro.
La influencia del yerno en el gobierno es un hecho real, dice el periodista Fernando Villavicencio, autor de la investigación Arroz Verde, con la que condenaron a 8 años de cárcel por cohecho al ex presidente Correa y a 19 procesados más. Para muestra pone otro botón: la designación de María de Lourdes Rodríguez Malo, hermana del yerno del Presidente, como funcionaria de la embajada de Ecuador en Madrid, España. Y pide prestar también atención a la relación societaria del yerno Rodríguez Malo con el español Emilio Torres Copado, quien fue el vendedor del departamento en Alicante para la empresa Ina, lo que ahora está en investigación por la Fiscalía.
Lenin Moreno no ha dicho que hará después que entregue el poder el próximo 24 de mayo de 2021. Pero lo cierto es que con una aceptación de apenas el 6% de la población, según las últimas encuestas, el futuro está marcado como para un retiro definitivo de la política. Serán 14 años de un vertiginoso paso por el poder que cambiaron su vida y la de los suyos, sin habérselo propuesto siquiera. Ese niño que nació en medio de la selva amazónica solo pretendía jugar con las serpientes.
Este reportaje fue realizado por La Historia en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación de las Américas, del International Center for Journalists (ICFJ) en alianza con CONNECTAS.
Raúl Tello se mueve como pez en el agua en el pantanoso laberinto de los pasillos de la Asamblea Nacional. Ha sido el legislador que más juicios ha planteado al Gobierno de Lenín Moreno y, al mismo tiempo, tiene a amigos y parientes suyos en la administración de la provincia de Pastaza. También tiene cinco amigos en puestos de la Asamblea, más allá de la cuota que tienen todos los honorables.
El Asambleísta Raúl Tello sostuvo en Radio Rumba el 25 de enero de 2019: “Desde cuándo recomendar es gestionar un cargo” y entonces pasó a recomendar en la provincia de Pastaza algunos puestos para sus amigos y amigas, parientes.
A su cuñada, María Cecibel Ponce, casada con Franklin Tello Benalcázar, su hermano, la recomendó para dirigir el Ministerio del Ambiente en Pastaza.
No estuvo mucho tiempo en gestión, pero de inmediato fue reemplazada por Edgardo Mena, quien tampoco negó ser muy “amigo desde la juventud con Raúl Tello”.
El asambleísta Tello reconoce que amigos suyos ocupan cargos públicos en Pastaza, porque, según él, es amigo de casi todos, o al menos del 80% de la población de esa localidad.
“Es normal que aquello ocurra porque yo vivo en una provincia pequeña y todos o casi todos los funcionarios son mis amigos”. “Si lo relacionan con el tema de la amistad es difícil…porque yo soy amigo de medio mundo aquí y además soy político”, dice. “El hecho de que mis amigos ocupen determinados cargos no significa que ellos hayan ingresado por alguna gestión de mi parte, bajo ningún punto de vista”, agrega.
Y añade: “de los que usted me nombra (…) ahí faltan en el listado algunos que son mis amigos. La propia gobernadora es mi amiga, el director del IESS es mi amigo, la directora del hospital del IESS es mi amiga”, dice Tello.
El legislador amazónico, otrora radical de izquierda, obtuvo más espacio de gestión al integrar el bloque parlamentario BADI, liderado por el también amazónico Eliseo Azuero, a quien se lo responsabiliza del acuerdo para la designación de René Tamayo, exdirector del SECOB, ahora detenido por el escándalo de corrupción del hospital de Pedernales.
Frente al escándalo del gran reparto de hospitales e instituciones públicas a asambleístas y otras autoridades, Tello destaca que como legislador siempre se mostró crítico del Gobierno y asegura que “jamás” ha tenido vínculos o compromisos con el Gobierno ni ha gestionado ningún tipo de beneficio para él o sus cercanos.
Dice que en el caso de su cuñada María Cecibel Ponce tampoco tuvo nada que ver, pues según Tello, ella obtuvo ese cargo por una “relación de amistad con un subsecretario”.
LOS JUICIOS POLÍTICOS DE TELLO
Raúl Tello es el legislador que más juicios políticos ha planteado. Al inicio de su gestión ya lo llamó al ex Superintendente de Bancos Christian Cruz, después lo hizo con Gustavo Jalkh, expresidente de la judicatura, también al ex Procurador Diego García, al Defensor Público Ernesto Pazmiño.
Ahora mismo está pidiendo juicio político al Ministro Richard Martínez. También y por dos veces consecutivas el Asambleísta Raúl Tello, pidió juicio político en contra de Diana Atamaint y las autoridades del CNE.
En lugar de continuar con el juicio político a Diana Atamaint y CNE, Raúl Tello prefirió continuar con su estilo de no gestionar cargos públicos sino recomendar personas.
Recomendó entonces a Martha Cox para que cumpla con la dirección del CNE en Pastaza; ella fue posesionada el 14 de agosto de 2019 .
“Me parece algo totalmente fuera de lugar, yo no he tenido ninguna decisión en el tema de alguien del Consejo Electoral que me pueda vincular con ningún compromiso, ninguna decisión, ninguna gestión trascendente como legislador que me permita tramitar una cuestión de esas”, dijo Tello cuando este medio le preguntó sobre la funcionaria Cox.
LOS RECOMENDADOS AMIGOS DE TELLO
Martha Cox fue por muchos años su co-idearia; es madre de Brenda Guillén Cox, alterna de Richard Falconí, concejal del Cantón Pastaza por la lista 61-6, (de Tello) y ex asesor del asambleísta.
Desde aquel entonces, Raúl Tello no es más crítico de la gestión del CNE y Diana Atamaint sino su defensor como lo manifestó en el curso del juicio político planteado por Jeannine Cruz y legisladores de CREO a inicios de este año, cuando pasó de crítico a defensor de la gestión del órgano electoral.
En su propósito de “seguir recomendando” personas que ocupen cargos públicos, en Pastaza ubicó también a otro “amigo de toda la vida”, Juan Carlos López en la Dirección Provincial de Educación de Pastaza.
Él debía firmar “la comisión de servicios” para que Narcisa Arboleda, esposa de Jaime Guevara, Prefecto y aliado de Tello, no renuncie a su cargo de maestra pese a que la Ley no le permitía otra comisión de servicios sin sueldo, al haber agotado plazos al paso de su esposo Jaime Guevara, en su primera y segunda administración como Prefecto.
Ese tema lo resolvería el amigo de Raúl Tello, como estipendio al Prefecto por haberlo patrocinado electoralmente. Raúl Tello, desde su militancia en el MPD, ha estado cerca del sector educativo y ahora está más cerca aún con su “recomendado”.
Raúl Tello también ha recomendado a cinco amigos suyos, para colocarlos en la legislatura, más allá de la cuota normal de los legisladores. Ellos son: Constante Altamirano Jaime Eduardo, Colala Peñarreta Eduardo Efraín, Montero Mariño Segundo Manuel, Arboleda Sanabria Patricio Jovanni y Pozo Carabajo Angel Vladimir.
Todos fueron recomendados por el Asambleísta Raúl Tello, inmediatamente después de su desempeño en el juicio a José Carlos Tuarez, ex del Consejo de Participación Ciudadana.
Y, aunque el asambleísta reconoce que “hay unos nombres que pertenecen a la comisión mía”, asegura que en ningún momento propuso esos nombres.
El Contralor General del Estado, fue convocado en varias oportunidades por Raúl Tello, al seno de la Asamblea Nacional. Seguramente en cualquiera de esos momentos supo recomendar a su esposa Vilma del Rocío Espinosa Cabrera, para que le eleven su cargo a “Experta Supervisora de la Contraloría General del Estado”, delegación Pastaza.
Antes, Vilma del Rocío había trabajado con Andrés Erazo, esposo de la ex-asambleísta de Manabí por AP Anny Marllely Vásconez Arteaga. Andrés Erazo, un policía en grado de Capitán en aquel entonces, pidió licencia para trabajar en la SENAIN y es ahí donde fue jefe temporal de la esposa de Tello, hasta que ella ascendió a Directora Administrativa.
En tiempos de Pablo Romero, Vilma del Roció llevaba las cuentas de la SENAIN. Se desvinculó en 2013 y pasó a trabajar en la Contraloría en condición de Auditora General Interna de los gobiernos autónomos descentralizados, hasta hace algunos meses que por recomendación de Raúl Tello y la anuencia de Pablo Celi, pasó a ser “Experta Supervisora de la Contraloría”.
Pablo Celi solicitó en junio de 2019 que en el plazo de 6 meses, la Contraloría delegación Pastaza, entregue un informe sobre la actuación de los consejeros provinciales en relación a la legalidad de actuación de Jaime Guevara, Prefecto, cuestionado por tener una sentencia de última instancia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
TELLO GRITA, AMENAZA, PRESIONA Y CONSIGUE
Estamos justo a un año y esa resolución no llega; no sale porque “el asambleísta Tello grita, amenaza, presiona y consigue”, ha dicho en una emisora local el Asambleísta Henry Moreno.
Tello, por su parte, insiste que su relación con el prefecto es exclusivamente política.
Jaime Guevara sigue ejerciendo de Prefecto Provincial de Pastaza, gracias a las omisiones de la Contraloría, también el silencio de Pablo Celi, quien delegó a funcionarios de la zonal de Ambato el tratamiento del tema cuando despedía de su despacho a Cumandá Guevara, Viceprefecta de la provincia.
“No se preocupe” le dijo “Jaime Guevara ejerce ilegalmente la Prefectura de Pastaza”. De eso ya también es un año.
Un año ya que la Contraloría camina con pies de plomo y nada dice que obrará para hacer valer las dos destituciones que perpetró contra Jaime Guevara a fines de 2013.
La Contraloría también “se ha olvidado” de darle seguimiento a la glosa por $ 130.023, 37 que en el año 2014 fue ratificada por el Ing. Paúl Noboa León, a nombre del Contralor General del Estado.
Ahora, de vuelta al Tribunal Contencioso Administrativo, a fines de 2019, dicha glosa prácticamente está desvanecida, (El Tribunal ha declarado la nulidad de la glosa), pero no porque se ha resuelto el motivo, sino porque la Contraloría no supo darle el correspondiente seguimiento.
Pese a que existe otra instancia jurídica, la casación, Tello dará por descontado que el órgano contralor mirará para otro lado…
La próxima extradición de Álex Saab Morán, señalado como el testaferro de Nicolás Maduro, desde Cabo Verde a los Estados Unidos, abre caminos de nuevos procesos judiciales en ese país y Ecuador puede jugar un papel preponderante, no solo desde el sector estatal, que permitió usar al Banco Central del Ecuador para realizar transferencias de dinero de la corrupción venezolana, también por las huellas que dejó la liberación de 60 millones de dólares a favor de Saab desde bancos ecuatorianos y que significó una celebración de quienes eran parte de Fondo Global de Construcciones, Foglocons. Reconstruimos esta trama de exportaciones ficticias, lavado y blanqueo de dinero que bordea los $2000 millones.
Cuando Álex Saab abordó en Caracas el jet privado Bombardier Global 5000, matrícula T7-JIS, rumbo a Irán, no imaginó que una parada de abastecimiento de combustible en Cabo Verde, cambiaría su vida y pondría al régimen de Nicolás Maduro al filo del abismo.
Saab no solo es un cofre de evidencias en contra del chavismo, su captura e inminente extradición a USA, también permitirá transparentar el mecanismo de exportaciones ficticias entre Ecuador y Venezuela y las relaciones de Rafael Correa con Hugo Chávez, intermediadas por Jaime Sánchez Yánez, quien fuera asesor personal del ex mandatario ecuatoriano y hermano del tercer socio de Foglocons-Ecuador, Luis Eduardo Sánchez Yánez.
¿Correa debe temer? Aunque la acusación en contra Álex Saab y su socio Álvaro Pulido, no hace referencia a Ecuador, las evidencias que condujeron a imputar a ambos por el delito de lavado, se encuentran en las operaciones realizadas desde Quito, a través de Foglocons. El negocio de Álex Saab perfeccionó en 2011 la adquisición de materiales de construcción desde Ecuador y Colombia, utilizando el sistema de compensación Sucre.
El negocio de Saab y Pulido creció rápidamente entre 2011 y 2013. Las cifras de exportaciones de Ecuador a Venezuela presentaban números jamás imaginados. Pero, las viviendas en el país llanero no aparecían. En realidad, se trataba de un mecanismo ficticio de exportaciones que hacía parte de un sistema regional de lavado.
En noviembre de 2011, Hugo Chávez y Juan Manuel Santos, suscribieron un convenio para la construcción de viviendas populares en Venezuela. Justamente Fonglocons sería la encargada de proveer los materiales.
Aunque los gobiernos de los dos países hicieron lo imposible por ocultar el escándalo, la verdad empezó a revelarse.
Informes oficiales hablan de una cifra que bordea los $ 2000 millones por exportaciones ficticias y subvaloradas, realizadas entre Ecuador y Venezuela, sin embargo, la justicia abrió expedientes por apenas $ 156 millones, que fueron archivados y sus responsables sobreseídos, en procesos en los que, se cuestionó la actuación del Fiscal General del Estado, Galo Chiriboga Zambrano, pariente de Rafael Correa.
Entre los años 2013 y 2014, luego de varias denuncias públicas, la fiscalía ecuatoriana se vio obligada a abrir investigaciones penales en contra de Fonglocons. En los procesos fueron vinculados Luis Zúñiga Burneo, Álvaro Pulido Vargas, Amir Nassar Tayupe y Luis Sánchez Yánez.
Dentro del proceso judicial se ejecutó la incautación de $60 millones de Foglocons, de ese monto $56.3 millones estaban depositados en los bancos Amazonas y Austro. A raíz de la incautación este medio conoció que el abogado de Rafael Correa, Caupolicán Ochoa, intentó presionar al banco Amazonas para la liberación de los recursos, algo que escapaba del control de la entidad bancaria.
La jueza María Jaramillo Hidalgo en 2016, tras una larga disputa, ordenó el desbloqueo y la entrega de esos recursos, a través de empresas offshore, del presidente de la LigaPro, Miguel Ángel Loor Centeno y de Víctor Silva Sosa.
Como apoderado judicial de Foglocons y Álvaro Pulido Vargas, actuó Jorge Zavala Egas, quien recibió honorarios por $3.8 millones, de los propios recursos liberados.
La felicidad de Pulido y Saab, alcanzada por la impunidad judicial en Ecuador, les duraría poco. En 2019, ambos eran investigados por la DEA, mientras la fiscalía de Florida-EEUU los acusaba de lavado en las operaciones de Fondo Global de Construcciones.
Algo que la justicia ecuatoriana nunca consideró fue que el verdadero nombre de (Álvaro Pulido Vargas), era Germán Enrique Rubio Salas, líder del denominado cartel de Bogotá, que en 1999 había coordinado el envío de cocaína a Europa. Fue justamente a Álvaro Pulido Vargas, a quien la justicia de Ecuador sobreseyó y devolvió los $60 millones requeridos por él y su amigo Álex Saab, ahora detenido en Cabo Verde.
De igual forma, la justicia de Ecuador no investigó los posibles vínculos de Luis Sánchez Yánez con el narcotráfico, pese a que la misma fiscalía reportó ese antecedente.
La lupa de USA sobre Saab y Pulido
Según la investigación de la justicia norteamericana, entre 2011 y 2015, Álex Saab Morán, su socio Álvaro Pulido Vargas y funcionarios del régimen chavista se aprovecharon del sistema de cambio de divisas controlado por el gobierno de Venezuela “bajo el cual se podían obtener dólares estadounidenses a una tasa favorable, presentando documentos de importación falsos y fraudulentos de bienes y materiales que nunca fueron importados a Venezuela”. Saab y Pulido transfirieron más de $ 350 millones fuera de Venezuela, a través de Estados Unidos.
Además, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos dice que Saab Morán dirige una red de corrupción que “ha permitido al expresidente Nicolás Maduro y a su régimen beneficiarse significativamente de la importación y distribución de alimentos en Venezuela”. “Se ha beneficiado personalmente de contratos sobrevalorados, incluido el programa de subsidios alimentarios”.
Para obtener contratos, mover sus negocios, desviar, ocultar y lavar el dinero obtenido de la corrupción Saab creó una compleja estructura global de empresas fantasmas que fueron fachadas para dificultar el rastro de sus actividades. Entre 2017 y 2018, Saab logró contratos por $1.500 millones para entregar a Venezuela alimentos, juguetes y medicinas.
Por las manos de Saab y Pulido pasaron desde el manejo de divisas preferenciales, obras públicas, negocios petroleros, importación de gasolina iraní hasta el comercio del oro y carbón venezolano. Su fortuna, que no se conoce a cuánto asciende, está repartida en millonarias cuentas bancarias y lujosos bienes alrededor del mundo. La justicia de USA ordenó la incautación de $700 millones en cuentas de Saab en el paraíso fiscal de Liechtenstein.
En Italia y Reino Unido Álex Saab y su esposa, la modelo italiana Camilla Fabri, son investigados por lavado de activos. En Suiza y Bulgaria sus cuentas también están en la mira por tener dinero de origen ilícito. La Fiscalía colombiana también anunció que sería llamado a juicio por lavado de activos y otros delitos.
Según informaron fuentes venezolanas, a finales de agosto de 2019, el expresidente Rafael Correa, habría aprovechado una visita realizada a Venezuela para reunirse con Álex Saab y altas autoridades del gobierno chavista. La visita de Correa fue aprovechada también para grabar una entrevista con Nicolás Maduro para la cadena Rusia Today.
El dinero lavado en Ecuador llega a EEUU
Tal y como está planteada la denuncia criminal contra los llamados testaferros de Maduro en una corte federal de Miami, lo que ocurrió en Ecuador con el Fondo Global de Construcción podría ser el eje central de un eventual juicio a los empresarios ecuatorianos, esta vez en Estados Unidos.
Eso significa que sería altamente probable que en la corte salgan a relucir acciones, omisiones y favores en efectivo alrededor del fallido proceso penal de la justicia ecuatoriana contra uno de los empresarios y sus socios por lavado de activos.
La clave está en el punto tres de la acusación de Estados Unidos contra Alex Saab y Alvaro Pulido, los empresarios colombianos que actuaron durante años como operadores del régimen venezolano con presuntos cómplices en Ecuador, México, Perú y Chile.
Como se ha dicho, Saab y Pulido están acusados de hacer transacciones financieras con dinero producto de la corrupción. Los fiscales de EEUU aseguran que desde marzo de 2012 hasta final de 2014 los empresarios hicieron transferencias por más de 350 millones de dólares desde bancos de su propiedad o controlados por ellos en Venezuela a bancos corresponsales en Estados Unidos e instituciones financieras en otros países.
El punto tres explica el propósito de la confabulación de los acusados que era enriquecerse ilícitamente a través del pago de sobornos a funcionarios venezolanos para obtener beneficios, “incluyendo la aprobación de documento falsos y fraudulentos relacionados con la importación de bienes y materiales de construcción’’. Y a eso se suma el acceso al sistema de cambio de Venezuela (Cadivi) para “asegurarse que los pagos fueran hechos en dólares’’ basándose, de nuevo en facturas falsas.
Aunque Ecuador no se menciona en el documento acusatorio, se sabe que las supuestas importaciones citadas por el punto tres tuvieron como origen envíos de ese país a Venezuela de implementos para la construcción de vivienda popular , la mayoría ficticios.
Hay un capítulo también ecuatoriano que no figura en la acusación pero que podría llamar la atención a los fiscales del caso en Miami: el destino de los dineros del Fondo Global de Construcción que fueron descongelados en febrero de 2016 por órdenes de la jueza de garantías penales de Guayas, María Jaramillo Hidalgo, como lo reveló Periodismo de Investigación.
Se sabe que una buena parte de los 56.3 millones liberados llegaron a Miami ¿La pregunta es si a los ojos de la justicia de Estados Unidos ese dinero fue producto de transacciones ilícitas, deben responder quienes lo recibieron en este país?
La defensa formal para los intermediarios del rescate de los fondos descongelados es que el fallo de la juez Jaramillo dejó libre de culpa esos dineros. En una polémica decisión la jueza Jaramillo argumentó que la fiscalía ecuatoriana no había demostrado el origen ilícito de los dineros, condición para hablar de lavado de activos y que en cambio existía una certificación del Banco Central de Venezuela de que se trataba de fondos oficiales enviados como adelanto para la compra del material. De acuerdo con el fiscal que manejó el caso en Ecuador, la decisión fue apresurada por cuanto la juez debería haber llevado el tema a juicio para definir en presencia de los acusados y con testigos, si existieron operaciones ilícitas previas al envío de semejante fortuna a Ecuador.
La lista de invitados a sacar del Ecuador los fondos descongelados es larga, pero hay un personaje muy emblemático de la operación por lo que se mueve entre Ecuador y Estados Unidos. Se trata de Miguel Angel Loor Centeno, el presidente de la Liga Profesional que dirige las divisiones superiores del fútbol de Ecuador. Es además abogado de la universidad de Especialidades Espíritu Santo. Loor aparece relacionado con el exvicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, (preso por corrupción) en un informe del organismo de inteligencia gubernamental CIES.
Loor figura asociado a empresas escogidas por Víctor Silva Sosa, representante de Fondo Global, para que reciban transferencias millonarias de los depósitos que habían sido descongelados en Ecuador. Una de esas empresas es Prymera Asesores SA de Panamá de la cual Loor es director. Silva ordenó que se le entregara a esta firma 24 millones de dólares. La primera fue incorporada en julio de 2016 poco antes de que empezara la feria de las transferencias.
En otra carta de instrucciones de Silva del 29 de agosto de 2016, Loor aparece como el destinatario de $ 2.58 millones. De acuerdo con las instrucciones la transferencia de los $ 2.5 millones debía hacerse a la cuenta corriente de Loor en el Biscayne Bank de Miami. (cuenta que empieza con el número 811007). En ese punto se pierde el rastro del dinero.
Los contratos entre las empresas de Saab y Neme
Una de las rutas menos conocidas de esta trama es la protagonizada por Electrocables C.A. y sus accionistas Jorge y Nassib Neme Antón, este último dirigente del Club Sport Emelec y amigo cercano del expresidente Rafael Correa.
La relación de Nassib Neme con la empresa de Álex Saab y Álvaro Pulido se basa en dos contratos suscritos en febrero y mayo de 2013, entre los representantes de Electrocables y Foglocons. En el marco de esa operación, se realizaron pagos a favor de Luis Eduardo Sánchez Yánez (socio de Foglocons-Ecuador), desde la cuenta bancaria de la empresa de Neme.
Luis Sánchez Yánez, es hermano del asesor de seguridad de Rafael Correa, Jaime Sánchez Yánez (el Chamo), persona de confianza de Hugo Chávez.
Tan cercana era la relación que Correa nombró a Abisaab Neme Kalaban, primo de Nasib, como embajador en Qatar.
Neme había negociado cerca de $95 millones con Fondo Global para la venta de material eléctrico a través de dos contratos suscritos en febrero y mayo de 2013, por $25 millones y $69.5 millones respectivamente. La venta de este material no estaba en el radar de la Fiscalía General del Estado y por tanto no era parte de las investigaciones por lavado de dinero que impulsaba esa entidad. Los contratos aparecen firmados por Jorge Neme Antón de Electrocables y Luis Zúñiga Burneo por Fonglocons. Saab personalmente hacía seguimiento a estos contratos.
Pero las alarmas sonaron el 15 de septiembre de 2016 cuando Guadalupe Neme Antón de Concha y Jacqueline Neme Antón de Pernigotti solicitaron sendos informes sobre la situación financiera de Electrocables de los años 2011 a 2014, debido a ciertos abusos que el accionista mayoritario realizó.
La Superintendencia de Compañías, se vio obligada abrir un expediente (No.09691) y ordenar un peritaje contable que al final evidenció los negocios con Fondo Global.
En un extracto de esos informes se dijo: “Dejo constancia que la existencia de inconsistencias y anomalías relacionadas con las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar con transacciones comerciales realizadas antes de la fecha de la firma del contrato por valores significativos, como la contabilización afectando cuentas contables de manera incorrecta por aproximadamente USD 9 millones de dólares de los Estados Unidos de Norteamérica con Fondo Global de Construcciones S.A., así como diferencias con los valores declarados en el formulario 101, se comprueban también en el peritaje 2011, 2012 y 2013, lo que revela que las labores de control de la Superintendencia, que se ha negado intervenir la compañía no están sirviendo en el propósito previsto en la ley”.
Las conclusiones del peritaje contable se incluyeron en la investigación fiscal que se inició en noviembre de 2013 y se sumó un informe de la Unidad de Análisis Financiero.
La Dirección Nacional de Prevención y Lavado de Activos determinó que el 25 de enero de 2013 Electrocables y Fondo Global firmaron un contrato por $25 millones. Electrocables, entre el 1 y 26 de febrero, recibió cheques del Banco Territorial ($9,9 millones), Pacífico ($8 millones) y Pichincha ($5,8 millones), es decir 23,7 millones.
Pero de ese monto Electrocables solo facturó $13,1 millones (incluido el IVA) a favor de Fondo Global, es decir quedó un remanente por $9,1 millones pendiente de entrega y que nunca se conoció el destino final de ese material pagado por adelantado.
La justicia de Ecuador miró para otro lado
Los contratos entre las dos empresas, dice la Superintendencia de Compañías, debieron cancelarse contra entrega recepción de los productos, pero la realidad es que se pagó por adelantado. La muestra son los cheques entregados en febrero frente a las 18 facturas que se emitieron entre el 1 de febrero y el 6 de junio de 2013.
Según informes fiscales, todas esas facturas se emitieron a nombre de Red de Abastos Bicentenario, la red que hasta el momento Nicolás Maduro usa en Venezuela. Los productos tenían como supuesto destino también a dos empresas venezolanas relacionadas a los negocios de Álex Saab y Álvaro Pulido, ELM Import S.A y Thermo Group, relacionadas con Fonglocons-Venezuela.
Los miembros de la junta directiva de Fondo Global de Construcción de Venezuela, son Miguel Ángel Medida Acosta y Menahem Michel Edery, quien es, a su vez, propietario del 25% de las acciones de Thermo Group, compañía intermediaria entre Fonglocons de Ecuador y su similar de Venezuela. Thermo Group C.A y ELM Import S.A, obtuvieron contratos del chavismo para la construcción de viviendas por un valor de $ 654 millones, el gran negocio alcanzado en 2011 por Álex Saab, en el célebre encuentro entre Chávez y Santos.
En el juicio por lavado de activos que la Fiscalía impulsó en 2015 contra Gabriel Andrés Peñaherrera Romero, Alvaro Pulido, Enrique Nassar Tayupe, Luis Zúñiga Burneo y Eduardo Sánchez Yánez se señaló que Electrocables en el primer semestre del 2013, contaba con comprobantes de ventas por $ 46,9 cancelados a Fondo Global.
Se reconoció además la entrega de $ 23,7 en cheques. Se dijo que en 2013 fue el cliente más importante de Fondo Global de Construcción S. A. Ni la Superintendencia de Compañías y ni la Fiscalía investigaron a Neme y mucho menos la relación de Neme con Saab y Pulido.
Desde julio de 2013 en que se inició la investigación con el allanamiento de las oficinas de Fondo Global, cinco fiscales conocieron el caso y ninguno pudo concretar la formulación de cargos contra Neme Antón pero desde esa fecha pasaron cinco fiscales y ninguno de ellos pudo formular cargos contra los Neme Antón. El caso se cerró en junio de 2016 con el sobreseimiento de todos los implicados.
La ruta bolivariana de lavado
Una las estrategias de Hugo Chávez y Rafael Correa, en el marco de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), era la de crear una moneda virtual que reemplace al dólar en las operaciones comerciales y financieras entre los países de la subregión. La idea de los dos mandatarios encontró claridad en septiembre de 2008, durante la tercera cumbre del ALBA, evento en el que se firmó un Acuerdo Marco para la creación del sistema de compensación Sucre.
Según el mecanismo de compensación Sucre, el banco pagador de Venezuela entregaba bolívares al Banco Central de Venezuela, con una orden de pago, que vía Banco Central del Ecuador, recibía la acreditación en «Sucres» -cotización a la par en dólares, liquidables en la compensación, en dólares- nominando un banco destinatario en Ecuador, que debía notificar al destinatario final -el exportador- la acreditación. El total de transacciones en «Sucres» fueron miles de millones de dólares, intermediando casi todo el sistema financiero ecuatoriano.
Aunque el sistema de compensación tardó algún tiempo en perfeccionarse, los gobiernos de Venezuela y Ecuador ensayaron previamente otros mecanismos. Uno de ellos se pactó el 26 de agosto del 2009 en Quito. Con la firma de documentos y varios apretones de manos se creó Empreven Ecuador, plataforma de intercambio comercial apoyada por Correa y Chávez. Entre los invitados al nacimiento estaban: Alejandro Uzcátegui, presidente de Empreven Venezuela; Gabriela Uzcátegui, delegada por PDVSA; y Luis Zúñiga Burneo, representante de los empresarios ecuatorianos, quien tres años después aparecerá como representante de la empresa de Álex Saab y Álvaro Pulido.
En diciembre del 2009, Alejandro Uzcátegui, fue señalado por el cierre y posterior intervención del Banco Real, entidad financiera venezolana, sospechosa de estar inmersa en actividades irregulares, lo que mereció una difusión roja de Interpol.
Gabriela Uzcátegui, es hija de Diego Uzcátegui Matheus, exdirector de la Oficina de Presidencia de PDVSA y expresidente de PDVSA Argentina. Gabriela fungía como representante de la petrolera venezolana, pero su nombre fue relacionado durante el “escándalo del maletín”, en agosto del 2007, suceso protagonizado por su entonces pareja sentimental, Guido Antonini Wilson, empresario venezolano cercano al gobierno de Hugo Chávez, detenido en Buenos Aires con una maleta con $790 mil, la cual quiso ingresar sin declarar.
Otro de los asistentes a la cita de lanzamiento de Empreven Ecuador, fue Luis Zúñiga Burneo, que se convirtió en uno de los más entusiastas impulsadores del comercio con Venezuela. Zúñiga creó la Corporación Andina de Comercio, con la cual tocó muchas puertas y ofreció servir de puente entre empresas de los dos países. Luis Zúñiga era el representante legal de Fonglocons al momento de cometerse los actos ilícitos.
Luego de una larga deliberación, el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador finalmente negó el recurso de apelación presentado por la defensa del expresidente Rafael Correa y el resto de procesados en el caso Sobornos 2012-2016, ratificando la condena por el delito de cohecho con la pena de 8 años en prisión.
El antecedente de esta sentencia es la investigación periodística denominada “Arroz Verde”, publicada el 3 de mayo de 2019 en el portal de la Fundación Mil Hojas y realizada por los periodistas Fernando Villavicencio, Christian Zurita y Cristina Solórzano.
Por este trabajo de investigación, los periodistas fueron reconocidos nacional e internacionalmente con el Premio al Periodismo Ecuatoriano «Jorge Mantilla Ortega» – UDLA 2019 y galardonada con la mención honorífica en la Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación – COLPIN 2018, México.
La Fiscal encargada del proceso, Diana Salazar, fundamentó su investigación penal sobre la base del reportaje “Arroz Verde” y el Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia emitió el 7 de septiembre de 2020 la sentencia de casación en el Caso Sobornos 2012-2016.
Durante la investigación, la fiscal llegó a determinar que durante esos cuatro años del gobierno de Rafael Correa se montó una estructura criminal de corrupción para recibir aportes ilegales para su partido Alianza País, por parte de empresas como SK, Odebrecht, CONSERMIN, entre otras compañías, a cambio de la adjudicación de millonarios contratos.
Luego de la ratificación de la sentencia, la fiscal general escribió en su cuenta de Twitter que fueron desvirtuadas cada una de las apelaciones y que por tanto el Tribunal ratificó la sentencia en contra de 18 sentenciados, además de modificar parcialmente la condena de otros dos.
El coautor de la investigación, Fernando Villavicencio, reaccionó en redes sociales expresando:
Es un día trascendental para el periodismo de investigación, para la justicia liderada por Diana Salazar y los jueces que actuaron en derecho. Es un día de esperanza para millones de ecuatorianos. Es el fin del tipo de la democracia de sobornos que hemos vivido, y sin duda alguna este nuevo proceso electoral será una señal de cambio, donde la honestidad será la credencial ética de los nuevos candidatos.
Periodismo de Investigación libera el hilo de la madeja y responde sin distracciones la pregunta de una sociedad asqueada por la corrupción: ¿Quién entregó los hospitales del IESS a estructuras criminales? Los protagonistas de decenas de reuniones clandestinas en la suite del Gran Reparto: empresarios de pantalla, intermediarios, políticos, administradores de hospitales y el representante del presidente Lenín Moreno ante el Seguro Social, reunidos en la comodidad de la suite 8-7 de la Torre Colón, en la ciudad de Guayaquil.
Una suite arrendada por Daniel Salcedo Bonilla se convirtió en el epicentro de los negocios ilegales del gobierno de todos.
En la zona de mayor desarrollo empresarial del país, junto al hotel Hilton Colón de Guayaquil, reservadamente se metió en la vecindad de reconocidos personajes del empresariado nacional, en sigilo vivió entre ellos, allí estableció acuerdos con políticos y disfrutó excesos de todo tipo junto a sus amigos y allegados.
Periodismo de Investigación pudo revisar varias bitácoras de ingresos de visitantes al edificio y descubrió sorprendentes novedades que responden la pregunta: ¿Quién entregó los hospitales del IESS?
El 7 de febrero de 2018 Daniel Salcedo Bonilla firmó un contrato con la empresa Lauria S.A., administradora de la torre Colón # 1 de Guayaquil para arrendar la suite número siete del octavo piso.
Salcedo entregó $2400 como garantía del contrato y nombró garante a Jorge Antonio San Lucas Vanegas, un empleado contable y financiero de Hdc producciones, la empresa que recibió millonarios contratos en la gobernación del Guayas y la Contraloría General del Estado.
Por un valor de $1200 mensuales de arriendo Salcedo convirtió ese lugar en la suite del gran reparto.
Información a la que Periodismo de Investigación PIpudo acceder da cuenta que buena parte de sus encuentros con políticos y empresarios relacionados a su estructura delictiva usaron ese departamento (8/7) y la suite número 6 del piso 3 (3/6), a nombre de Gonzalo Campos.
Para burlar las bitácoras de registro de visitas al edificio, sus amigos y él usaban regularmente el ingreso vehicular y un ascensor de servicio que carece de cámaras de seguridad.
La suite siete de Daniel Salcedo fue un centro de operaciones, siempre concurrido, que mantuvo estrecha relación con la suite 3/6 de Gonzalo Campos y con el lujoso departamento ubicado en la torre Colón #2, piso 14, del mismo complejo, con área de 400 metros cuadrados, valorada en cerca de $1 millón, propiedad de Luis Enrique Jairala Zunino, el gerente del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, cabeza operativa de la red de sobreprecios de la que varios políticos, autoridades y empresarios formaron parte con consentimiento del gobierno de Lenín Moreno.
La suite 8/7 de la torre Colón #1 tiene semejanza a la que Odebrecht mantuvo en Quito en la torre B del Swishotel con el número 156.
Allí se transaron negocios y pagaron sendas coimas a importantes funcionarios. En esa suite el exsuperintendente de Odebrecht José Santos Filho, grabó a Ricardo Rivera, tío del exvicepresidente Jorge Glas que fue determinante para conocer los sobornos que recibió el exvicepresidente de la constructora brasilera.
En ese departamento, dijo el exfiscal general Carlos Baca Mancheno, se entregó mucho dinero en efectivo al excontralor general Carlos Pólit que además mantenía una suite en el mismo edificio.
La empresa Luria S.A., autorizó a Salcedo la compra de un sticker de ingreso vehicular y uso en los diferentes subsuelos, pero en ocasiones los estacionamientos estaban llenos por lo que los visitantes dejaban sus autos fuera del edificio.
Lo dejaba al cuidado de la seguridad que vigilaba el ingreso en la calle Naim Isaías. Entonces no tenían más remedio que registrarse y es a esa información a la que accedió este medio.
La suite de los encuentros
Entre los varios libros que registran el paso y salida de propietarios, arrendatarios e invitados a los diferentes pisos sobresalen dos visitas especiales fechadas en junio y julio de 2019.
El 3 de junio en la recepción del edificio se registró el ingreso de Paúl Granda a la suite 8/7 de Daniel Salcedo.
Lo propio ocurrió el jueves 11 de julio de 2019, el servicio de vigilancia anotó en la bitácora, la salida del entonces presidente del Consejo Superior del IESS, Paúl Granda, de la suite 7. Para esas fechas, el nombre de Daniel Salcedo ya aparecía en reportes de medios digitales y al menos en un informe del organismo gubernamental de inteligencia CIES.
Pocos días después de la segunda visita de Granda, el 21 de julio de 2019, se realizó otro importante encuentro en la referida suite.
Los hechos de ese día se sucedieron así: a las 16H07 sale por la piscina del Hilton Colón, Daniel Salcedo y su familia; a las 16H10, entra por el subsuelo 1, Dalo Bucaram y se dirige a la suite; a las 16H30, ingresa una señorita; y, a las 18H30, entra a la suite Xavier Jordán, el conocido proveedor del IESS sobre quien pesan acusaciones de corrupción.
El domingo 8 de septiembre de 2019, pasadas las 18 horas, quedó registrada la visita de dos altos funcionarios del hospital Teodoro Maldonado Carbo.
El entonces gerente Luis Jairala Zunino y el jefe de compras Jorge Henriques Aguilera, que para esa fecha encabezaban un informe con responsabilidad penal de la Contraloría.
Vale recordar que Jairala Zunino, fue designado por Richard Espinoza, que dirigió el IESS en los gobiernos de Rafael Correa y Lenín Moreno. Henriques Aguilera, fue tesorero del Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE) y asambleísta alterno de Gabriela Pazmiño.
De acuerdo con el ritmo de visitas a la suite de 8/7, queda la impresión de que era un auténtico cuarto de guerra y un espacio de encuentros nocturnos.
Los amigos de Daniel Salcedo entraban y salían del lugar a cualquier hora, incluso a la madrugada, casi siempre acompañados.
La llave y la tarjeta de ingreso a los aparcaderos y a la suite estaban a disposición en la recepción del edificio.
Varias reuniones con Daniel Salcedo, se realizaban también en la suite 3/6 registrada a nombre de Gonzalo Campos, un personaje cercano a Luis Jairala.
Otros amigos de Salcedo que visitaron la suite en 2019, fueron Lenín Duque y Stefano Adum.
La mayor parte de suites de las dos torres son propiedad de particulares o están registradas a nombre de empresas.
Entre los que se repiten en las bitácoras constan importantes empresarios de vieja data y también nuevos ricos.
Es el caso de la suite 10/4 de Jorge Martin, amigo personal de Jorge Glas. Un hecho anecdótico es que frente a la suite 8/7 de Salcedo, está la 8/5, de un reconocido empresario.
Los pactos del reparto
Las estructuras de Daniel Salcedo y otras como las de José Antonio Marazita y Xavier Jordán, no son nuevas, han escrito su expediente delictivo desde el régimen de Rafael Correa.
«No pienso salir del país», le dijo a la prensa Dalo Bucaram Pulley, un 4 de mayo de 2018, mientras acudía a la Fiscalía del Guayas, a presentar una denuncia por presunta difamación.
Para entonces, el expresidenciable se quejaba de que en redes sociales habían difamado a su familia, acusándola de manejar la seguridad social y el sector eléctrico.
Dos días después, el 6 de mayo, la familia Bucaram alertó el hallazgo de una granada que había sido colocada en uno de los neumáticos traseros del vehículo 4×4 color negro de Dalo Bucaram, frente al ingreso de la torre #1 en la que Salcedo arrendaba la suite. Según el oficial de policía a cargo de la investigación, la granada estaba descompuesta, jamás iba a explotar.
Exactamente dos años después, 4 de mayo de 2020, la Fiscalía lideró varios allanamientos en los que eran apresadas 14 personas acusadas de corrupción en los hospitales del IESS.
En esa lista de detenidos aún no constaba Daniel Salcedo, menos todavía el exgerente del hospital Teodoro Maldonado Carbo, Luis Jairala Zunino, tampoco Jorge Henríques Aguilera, exjefe de compras de la citada casa de salud.
Y mucho menos, nombres marcados en las agendas de corrupción hospitalaria, como José Antonio Marazita, que ahora disfruta en Florida-EEUU y Xavier Jordán.
Anticipándose a los acontecimientos, Dalo y Gabriela, viajaron sin retorno a Florida-EEUU. Días después, desde la casa de Daniel Salcedo en Miami, Dalo pudo ver por televisión los allanamientos a su casa y a la de su padre, donde encontraron 2 mil pruebas de Covid-19 y 5 mil mascarillas, según reportó la Fiscalía.
Silencio oficial
Desde la mañana de este 25 de junio intentamos comunicarnos en varias ocasiones con el exdirector del IESS, Paúl Granda; sin respuesta insistimos con un mensaje escrito en su chat de Whatsapp. A las 11 am recibimos una llamada del periodista Alex Mora, excolaborador de Granda, que nos dijo que el exfuncionario se encontraba conduciendo hacia Cuenca. Le informamos que queríamos hablar con él sobre las visitas que realizó a Salcedo Bonilla en su suite y que teníamos los respaldos de su presencia en ese departamento. A la 1h15 pm Granda envió un mensaje en el que aseguró que apenas llegue a un punto con buena señal se comunicaría.
Moreno no registró ninguna casa propia en las primeras declaraciones juramentadas de bienes que presentó apenas asumió como Vicepresidente de la República. En esos documentos consta el pequeño patrimonio que hasta entonces había conseguido: tres terrenos en el cantón Tena, provincia de Napo, en el Oriente ecuatoriano, el más valioso avaluado en menos de tres mil dólares; otro terreno con usufructo vitalicio ubicado en la parroquia Tababela de Quito, valorado en 15 mil dólares; y lo que es tal vez el lujo más grande hasta ese momento, una membresía que costó 10 mil dólares para el club Casa Blanca ubicado en Same, una bella playa de la provincia de Esmeraldas. Nada más.
El asambleísta Tello reconoce que amigos suyos ocupan cargos públicos en Pastaza, porque, según él, es amigo de casi todos, o al menos del 80% de la población de esa localidad.
Martha Cox fue por muchos años su co-idearia; es madre de Brenda Guillén Cox, alterna de Richard Falconí, concejal del Cantón Pastaza por la lista 61-6, (de Tello) y ex asesor del asambleísta.
Estamos justo a un año y esa resolución no llega; no sale porque “el asambleísta Tello grita, amenaza, presiona y consigue”, ha dicho en una emisora local el Asambleísta Henry Moreno.
Un año ya que la Contraloría camina con pies de plomo y nada dice que obrará para hacer valer las dos destituciones que perpetró contra Jaime Guevara a fines de 2013.
Ahora, de vuelta al Tribunal Contencioso Administrativo, a fines de 2019, dicha glosa prácticamente está desvanecida, (El Tribunal ha declarado la nulidad de la glosa), pero no porque se ha resuelto el motivo, sino porque la Contraloría no supo darle el correspondiente seguimiento.
El domingo 8 de septiembre de 2019, pasadas las 18 horas, quedó registrada la visita de dos altos funcionarios del hospital Teodoro Maldonado Carbo.
