Elizabeth Cabezas gana juicio y blinda información sobre su patrimonio
El pasado 2 de diciembre Teodoro Gallegos Salem fue sentenciado a 3 años de cárcel por supuestamente haber difundido información restringida relacionada al patrimonio de la ex presidenta de la Asamblea Nacional Elizabeth Cabezas Guerrero y su esposo Xavier Vaca Soto. La condena contra Gallegos Salem incluye una multa de 10 salarios mínimos, restricciones como imposibilidad de salir del país y medidas de alejamiento por supuesta violencia de género.
En los últimos 5 años Gallegos promovió una batalla que buscaba transparentar el patrimonio de Elizabeth Cabezas, impulsó procesos legales pero ninguno funcionó. Ha sido un intento fallido de promover la fiscalización activa desde la ciudadanía y pocos se atreverán realizar un trabajo de este tipo, conociendo ya que pueden ser sentenciados. Pese a ello hay información pública del patrimonio de la economista Cabezas que no se ha conocido y que hoy abordamos a propósito de la sentencia contra Gallegos.
Teodoro Gallegos Salem. Foto: Facebook
Para algunos ciudadanos, la función pública ha sido una bendición. La prosperidad se ha evidenciado en holgura económica, tranquilidad familiar, progreso. En esta época de redes sociales, ese bienestar se aprecia especialmente en las imágenes, fotos, relaciones, contactos. Eso se aprecia especialmente en jóvenes funcionarios a quienes la estabilidad económica les ha permitido pronto adquirir casa propia, vehículo y viajes familiares.
A otros la fortuna les ha sonreído de mejor manera. Ese sería el caso de Elizabeth Enriqueta Cabezas Guerrero. Su paso por la función pública se habría dado en medio de prosperidad, contratos inmobiliarios, inversiones en bienes inmuebles y créditos con instituciones privadas y con la Seguridad Social. Los negocios que inicialmente se desarrollaban en el Ecuador, cruzaron las fronteras. Específicamente se reportan actividades financieras en Miami, Estados Unidos, en donde los documentos evidencian la compraventa de casas y departamentos.
¿Quién es Elizabeth Cabezas?
Es una economista riobambeña. Nació el 14 de junio de 1963. Casada con Javier Antonio Felipe Vaca Soto con quien tiene dos hijos. Su historia laboral se desarrolló inicialmente entre 1983 y 2000 en el sector privado y en entidades como Banco del Pacífico, Banco GNB S.A., La Previsora e Instaservi C.A. A partir de 2003 ingresa en la función pública y lo hace en el Distrito Metropolitano de Quito en el Municipio capitalino, en la Secretaría Técnica del Ministerio de Coordinación de Desarrollo, en la Secretaría Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil, por casi dos años fue afiliada voluntaria entre 2009 y 2011 y a partir de 2013 ingresó como funcionaria en la Presidencia de la República. Pasó luego como asesora en la Vicepresidencia y en la Asamblea Nacional en donde estuvo desde 2017 hasta 2021 y fue su presidenta. Al año siguiente pasó a prestar servicios en Harrington Maccarthney Consultores & Asociados S. A. hasta agosto de 2023.
Elizabeth Cabezas junto a su esposo Javier Antonio Felipe Vaca Soto. Foto: Facebook
Los viajes de Cabezas desde 2005 le han llevado por más de una veintena de países. En ellos se incluyen los que tenían que ver con el cumplimiento de agendas por ser presidenta del Legislativo. Los destinos: En su mayoría Estados Unidos en vuelos normales y otros en vuelos privados a destinos como México, Guatemala, Brasil, Italia y Estados Unidos. En su vida financiera hay pagos de impuesto a la renta y salida de divisas.
Al ser funcionaria municipal y pública la mayoría de recursos provinieron, como no puede ser de otra manera, del Municipio de Quito y del Ministerio de Economía y Finanzas. Además, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) por concepto de cesantía capitalización, fondo de prestación, capitalización de los fondos de reserva, capitalización del seguro de salud, fondo prestacional del sistema de pensiones.
La bonanza no fue exclusivamente para Cabezas quien, por cerca de dos décadas estuvo en la función pública con cargos de elección popular y de designación, sino también para su esposo, hijos y la empresa relacionada con ellos. La compañía Harrington Maccarthney Consultores & Asociados S.A., que, en 2024 fue declarada disuelta por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.
Entre 2011 y 2023, los movimientos económicos vinculados a Elizabeth Cabezas, su esposo, sus hijos y una empresa familiar sumaron alrededor de 1,6 millones de dólares, según informes patrimoniales y transferencias públicas.
Si se sabe invertir y ahorrar, el sector público puede ser una fuente segura de éxito económico. Eso se mira en el caso de los integrantes de la familia Vaca-Cabezas conformada por Javier Antonio Felipe Vaca Soto y su esposa la expresidenta de la Asamblea Elizabeth Enriqueta Cabezas Guerrero. La prosperidad y bonanza también alcanzó a sus hijos Javier Antonio y Andrea Elizabeth y la persona jurídica Harrington Maccarthney Consultores & Asociados S. A. Al menos eso se evidencia de la información relacionada con la familia Vaca Cabezas.
Documentos como informes patrimoniales de la Contraloría General del Estado y transferencias públicas dan cuenta, entre 2011 y 2023, movimientos alrededor de 1.6 millones de dólares alimentado por su paso por el Municipio de Quito como concejala, como funcionaria pública: asesora en la Vicepresidencia, asambleísta y presidenta de la Asamblea y los recursos que su esposo recibió en pagos por parte del Ministerio de Economía por la infraestructura arrendada a la Senescyt o a la Policía Judicial. En ese patrimonio hay un aporte de su hijo y de la firma familiar Harrington Maccarthney Consultores & Asociados S. A.
Una publicación del portal Mil Hojas en 2022 da cuenta que la ex asambleísta “abrió cuentas bancarias internacionales y ha contratado abultados créditos con instituciones financieras estadounidenses”. En ese portal la ex asambleísta señaló que había presentado 19 declaraciones juramentadas de bienes. Del análisis de sus declaraciones juradas se evidencia que varios bienes no se reportaron a tiempo sino en posteriores declaraciones. Eso habría ocurrido con casas, terrenos y una oficina.
Se consultó a la Contraloría General del Estado sobre la situación actual de Cabezas en esa entidad. La respuesta fue que emitió dos informes generales al paso de Elizabeth Enriqueta Cabezas Guerrero por la función pública, tanto en sus labores en la Vicepresidencia y Presidencia de la República entre 2013 y 2018 y como asambleísta y presidenta de la Asamblea entre 2017 y 2021. Los periodos analizados en un primer informe fueron: 9 diciembre de 2013 a 20 agosto de 2018 y segundo informe general: de 21 de agosto de 2018 a 21 de octubre de 2020, informó ese organismo. No se emitieron informes con indicios de responsabilidad penal (IRP). Sí se analizaron las Declaraciones Patrimoniales Juradas (DPJ) y no se reportaron novedades.
En la Fiscalía no hubo respuesta a la consulta sobre la situación de Cabezas en esa entidad, investigaciones previas activas o archivadas. De lo que se hizo público en 2022 fue que se archivó una investigación previa por presunto enriquecimiento ilícito. En la página web de la Fiscalía, en el sistema de denuncias se registran al menos ocho en las que Cabezas es la denunciante. En cinco de ellas el denunciado fue Teodoro Gallegos Salem.
En la red social Facebook escribió: “Ecuatorianos Elizabeth Cabezas entontecida por el dinero, ha usado hasta a sus hijos y conviviente para enriquecerse a través de dinero público. Ya es hora de que la fiscalía evite la impunidad. Esperemos que el Sr Contralor obre distinto.!!!”. A esa publicación agregó un documento presentado ante el contralor Xavier Torres el pasado 23 de abril.
Contratos de arriendo firmados con entidades del Estado, valores por metro cuadrado superiores al mercado y posibles conflictos de interés forman parte de las denuncias que hoy están cerradas o archivadas.
¿Qué solicitó a la autoridad? Pidió “se digne disponer a la Unidad pertinente de la institución a su cargo la ejecución de un examen de la etapa preparatoria precontractual y contractual del procedimiento de contratación de un contrato de arrendamiento de un bien inmueble utilizado como “OFICINAS DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN TELEFONÍA MÓVIL AVANZADA PARA LA INVESTIGACIÓN DEL DELITO, cuyo oferente y posterior arrendatario es el señor XAVIER ANTONIO FELIPE VACA SOTO, esposo de Elizabeth Cabezas Guerrero, expresidenta de la Asamblea Nacional y del entonces Director Nacional de Investigaciones de la Policía Judicial, General de Distrito MANUEL ÍÑIGUEZ SOTOMAYOR”.
Lo que busca con su pedido es que se analice el tipo de contratación realizada y el documento oferta del adjudicado ya que, del metraje arrendado y el valor pagado por el arriendo, mismo que alcanza el valor de 16.677,37 por año, “lo que presume sobreprecio en relación al valor del mercado y eventual tráfico de influencias”, agregó.
Adjuntó contratos de arriendo de oficinas pertenecientes a la empresa Harrington Maccarthney Consultores & Asociados S.A., suscritos por Andrea Vaca Cabezas, hija de la ex legisladora y otros 15 que firmó el esposo de Cabezas, Javier Vaca Soto, que asegura fueron renovados desde 2012 desde que Cabezas se desempeñaba como concejal del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, como funcionaria de la Presidencia y Vicepresidencia de la República y durante su paso por la Presidencia de la Asamblea Nacional. Para él, eso deja en evidencia un presunto tráfico de influencias y presunto perjuicio económico al Estado por los valores pagados que rebasarían el valor del mercado establecido por Inmobiliar en 9,86 dólares por metro cuadrado.
Afirma que, de acuerdo a los contratos firmados por la Senescyt, los valores pagados fueron de hasta 25 dólares más IVA por metro cuadrado de área útil con reajuste automático según el índice de precios del consumidor en cada renovación del inmueble El Tiempo, adquirido por los esposos Vaca Cabezas y por la empresa de propiedad de la familia de la ex asambleísta, un mes antes de ser arrendados a la Senescyt. Cita un informe de gerencia de la empresa que habría firmado la hija de Cabezas como gerente. Habla de que el presunto beneficio para la familia Vaca Cabezas sería de 600.000 dólares y que el posible perjuicio para el Estado sería ese mismo monto. Según la defensa de Cabezas, el contralor ya habría respondido señalando que no hay nada que investigar.
Elizabeth Cabezas ingresando a la Asamblea Nacional. Foto: Asamblea Nacional
Las denuncias contra Cabezas le han traído consecuencias. Además de las que aparecen en el sistema de la Fiscalía tiene procesos judiciales que se reflejan en el sistema Satje. En uno de ellos por posible difusión de información restringida el tribunal fijó para el martes 1 de julio la reinstalación de la audiencia de juzgamiento dentro de la causa y fue sentenciado a inicios de diciembre. Y tiene otros casos por incumplimiento de decisiones de autoridad competente, contravenciones de cuarta clase y una investigación previa archivada que la defensa de Cabezas anuncia que pedirán que se reabra.
Se consultó meses atrás a la expresidenta de la Asamblea su versión para este reportaje. Inicialmente ofreció conceder un espacio de entrevista el lunes 16 de junio pasadas las 14:00, luego de una cita médica. Posteriormente se retractó y direccionó hacia su abogada Jessica Jaramillo. En 2022, cuando el portal Mil Hojas le consultó sobre los hallazgos en su patrimonio ella respondió: “Tengo bienes comprados y heredados, varios porque mi papá lastimosamente falleció cuando yo tenía 26 años. Él nos dejó varios bienes. Algunos conservo, otros hemos vendido, hemos comprado otra cosa, hemos cambiado etc. No oculto mis bienes porque si hubiera robado le pondría a nombre de otros, no mío”.
Ella explicó que las propiedades se compraron con préstamos e ingresos obtenidos por su trabajo y el de su esposo. Añadió que la Contraloría examinó sus declaraciones y no encontró nada irregular. Para ella, las denuncias solo han tratado de afectar su honra.
Según la defensa de la exasambleísta, las denuncias son infundadas y motivadas en persecución de la que responsabiliza a Benigno Gallegos. De él señala que lo que busca es que Cabezas le responda para adquirir notoriedad. Advierte que alistan una denuncia por violencia política de género. Recuerda que su defendida ya tiene una boleta de auxilio otorgada hace tres años por la Junta Metropolitana de Protección de Derechos de las Mujeres y de las personas Adultas Mayores. Afirma que no hay irregularidades en la adquisición de sus bienes.