El horror y la comedia se dan la mano en el evento que este lunes 21 de julio se va llevar en la Asamblea Nacional. El narcotraficante que ayudó acabar la vida de Fernando Villavicencio tendrá tribuna privilegiada para levantar un discurso político a su favor. Narrará su propia historia. Desde los años 80 políticos y empresarios corruptos levantaron una treta que la llamaron “mi verdad” y que hoy ha sido ampliamente analizada por teóricos sociales bajo el nombre de post verdad. Simplemente son mentiras aromatizadas con verdades a medias.
Lo hará en la Comisión de Fiscalización, el espacio que Villavicencio dirigió con lucidez. Este lugar le otorgará estatus político a un criminal. Nuestra reciente historia política, llena de fragilidades, nunca deja de sorprendernos: la Asamblea Nacional convertida en el teatro de purgas de dos criminales. Felicitaciones esa comisión por impulsar a un prófugo a la categoría de fiscal.
El pasado 17 de julio llegó a esa misma comisión el sentenciado Daniel Salcedo, que ya en su declaración jurada ante la justicia ha dicho todo lo que sabe del crimen de Fernando, pero en su visita a la Asamblea dejó enormes deuda sobre la gestión de los grupos empresariales y políticos con respecto a la contratación pública. No dijo nada que no se sepa: direccionamiento de términos de referencia para favorecer a participantes que además compiten por los contratos entre socios del mismo grupo. Esa debilidad institucional nunca ha sido superada y dudo que escuchemos a los miembros de Fiscalización u otra comisión debatir aquello.
No dijo una palabra sobre Abdalá Bucaram, sus hijos Dalito y Jacobito; de José Luis Llerena y de todos los protagonistas de los negocios sucios del hospital Teodoro Maldonado Carbo. Tampoco hubo asambleístas con suficiente solvencia para levantar la mano y preguntarle sobre los flujos de cuentas de esos contratos o mejor dicho la ruta del dinero: dónde se depositaron los recursos del Estado, cómo se distribuyeron en las diversas cuentas corporativas, cómo es que esos dineros llegaron a manos de líderes de la revolución ciudadana.
Los hechos del pasado pueden dejar de ser fieles y distorsionarse por una narrativa que siempre pasa por lo ideológico, lo religioso y por los intereses de grupos corporativos y eso es lo que está sucediendo en la Asamblea, donde un grupo de jóvenes alzamanos que no tiene idea del pasado reciente, acepta una narrativa, la del crimen organizado, como cierta y es incapaz de preguntarse cómo estos nuevos discursos incidirán en nuestro futuro y en la lucha contra la impunidad.
Daniel Salcedo tiene una fila de sentencias y en esos procesos arrastró a su hermano Noe. Sabemos que hizo lo imposible por guardar silencio, pero su vinculación al caso Villavicencio a inicios de este 2025, puso precio a su cabeza. Los grupos de delincuencia organizada acordaron su asesinato. Fueron los últimos eventos, dónde providencialmente se salvó -la bala se encasquilló en el cañón que apuntaba a su cabeza- que marcó un derrotero dónde tácita y públicamente aceptó haber sido el nexo entre los brutales grupos de delincuencia organizada, las corporaciones corruptas y la revolución ciudadana. Salcedo dijo que tenía una amistad con Javier Jordán. Que conoció su casa en Riberas del Batán, la misma donde encontraron a Leandro Norero. Que nadie ha tenido la valentía de hacer este tipo de denuncias, sentenció en la Asamblea ante el silencio de todos. Yo no no iba contar, prosiguió, pero me intentaron matar, eso cambió la figura y le pedí a mi abogado que presente el escrito (para acudir a la Asamblea). Luego vinculó a todos los que aparecen en la piscina como parte de la corrupción hospitalaria, como si estuviera revelando algo y no confirmando lo que se denunció desde 2020 en los portales La Historia y Periodismo de Investigación.
Frente a la dramática exposición Javier Jordán pidió lo mismo: hablar en la Asamblea, aunque sus condiciones son totalmente distintas: vive en una casa de al menos 3 millones de dólares en el norte de Miami y puede pagar cientos de miles en honorarios a un abogado que a estas alturas debe ser rico.
Nuestra reciente historia política, llena de fragilidades, nunca deja de sorprendernos: la Asamblea Nacional convertida en el teatro de purgas de dos criminales. Felicitaciones esa comisión por impulsar a un prófugo a la categoría de fiscal.
Hablará hoy en la casa del debate político nacional y dirá que su fortuna es legal, producto de su esfuerzo empresarial y aunque en su rostro miremos el objeto de su codicia, se atreverá negar cualquier relación con el crimen organizado a pesar de las decenas de mensajes periciados que detallan cómo planificó el crimen de Fernando e impulsó, también, asesinarme junto a otros colegas periodistas que no le temen y lo miran con el mismo desdén que yo lo hago.
La Asamblea le dará podio al tesorero de Leandro Norero y le dirá al país que es víctima de una farsa judicial, un complot de mentiras propagadas por los periodistas, que los ha enjuiciado en el Ecuador y el Estado de la Florida, dónde probará todas las mentiras. Por supuesto uno de los enjuiciados es quien escribe este texto y si yo no he comparecido en uno de los juicios es porque simplemente no tengo 30 mil dólares para costear abogados en las cortes de Miami. Tampoco es muy necesario, el Departamento de Homeland Security y el FBI le han dedicado investigaciones, no tiene pasaporte y no hay forma que en la administración Trump lo proteja con el paraguas del asilo político.
No les contará nada de las decenas de empresas que operan en Ecuador, Costa Rica y Reino Unido. Seguramente no dirá una palabra de cómo compró la emblemática casa de la familia Macías Carmigniani, tesoreros del patrimonio del ex presidente Lenín Moreno, en Salinas. Tampoco dirá nada de cómo obtenía información privilegiada del sistema de inteligencia gracias a que su amigo y socio Nain Massuh accedía a información de los contratos de software que mantuvo con el Centro de Inteligencia Estratégica. Y mucho menos dirá cómo activó el crimen contra Fernando Villavicencio cuando logró alinear a Pablo Muentes y su jefe en un megaplan que muchos sabían y que callaron.
¿Para qué va? ¿Para que los asambleístas digan que se sienten amenazados y pidan al Ministerio del Interior resguardo policial por sus vidas? Aterra la vacuidad de la Asamblea que considera la política como la simple línea de una carretera que llega a ningún lado. Como aquel personaje de Oswaldo Soriano, el informático Coluccini, que recorre una errática ruta que parece más una huida o una búsqueda sin propósito.
Y no es un tema atribuible tan solo a la “juventud” de los asambleístas sino de sus carencias que hace sospechar de su irresponsabilidad y falta de propósito y consideración por las consecuencias ¿En serio quieren pasar a la historia como la pasiva audiencia de la réplica del tetón de la piscina que se llenó los bolsillos con el dolor y la muerte en temporada de COVID, con el tesorero del Patrón Norero y uno de los acusados de ser uno de los maquinadores del asesinato de un Asambleísta que sí honró la Comisión de Fiscalización y la Asamblea Nacional? ¿En serio creen que la Asamblea es el espacio para un repugnante reality donde los más buscados enarbolen sus mentiras?
Las demandas penales y las órdenes de prisión fueron los principales dispositivos del correísmo para neutralizar investigaciones sobre corrupción y silenciar a la sociedad crítica. Esos hechos de persecución vuelven a ser noticia luego de que Raymond Kohut, vicepresidente de la transnacional Gunvor se declaró culpable en una corte del estado de Nueva York por sobornar a funcionarios de Petroecuador con 22 millones de dólares para obtener contratos. Fernando Villavicencio denunció la corrupción en la intermediación petrolera en Petroecuador y la respuesta de la estatal fue una demanda, que luego la propia contraloría general del Estado se encargó de declararla ilegal. Vale recordar esta historia que el correísmo y morenismo trataron de guardar en su estado de propaganda.
Una auditoría realizada por la Contraloría concluye que Marco Calvopiña, ex gerente de Petroecuador, presentó la denuncia en contra del autor del libro Ecuador made in China en medio de incumplimientos de las leyes de administración pública
Calvopiña permitió que la firma Vizueta & Asociados entregue sus servicios de patrocinio en ese caso, sin contar con un contrato de por medio.
Cuando finalmente se celebró el contrato, el argumento de Petroecuador para ello fue la falta de confianza en los funcionarios del área legal de la estatal.
Fueron ilegales los procesos pre contractuales y contractuales realizados por Petroecuador con el estudio jurídico Vizueta & Asociados al encargarle la denuncia penal en contra del activista Fernando Villavicencio, por presunto uso doloso de documentos no autorizados para su publicación y falsedad de instrumentos privados, en su libro ‘Ecuador made in China’, donde se advierte sobre varios escándalos de corrupción petrolera.
Así lo señala el informe de Contraloría DASE 0063-2016, en su examen especial al proceso de contratación suscrito entre la estatal petrolera y Vizueta & Asociados S.A..
El organismo de control determina que la mencionada firma de abogados trabajó con Petroecuador en la demanda contra Villavicencio durante 7 meses antes de su contratación. Por lo que en sus conclusiones establece que el ex gerente de la estatal, Marco Calvopiña (hoy en la cárcel por estar involucrado en la mayor trama de corrupción de Petroecuador) quien presentó la denuncia en contra del activista, no cumplió las leyes que rigen la administración pública al permitir que Vizueta & Asociados entregue sus servicios de patrocinio, sin que exista un contrato de por medio. Y se destaca que la contratación, hecha posteriormente, tampoco se justifica debido a que existían suficientes abogados en Petroecuador para encargarse del proceso legal.
En el libro ‘Ecuador made in China’ publicado en enero del 2013, el eje fundamental de las denuncias de Villavicencio apuntó a los negocios de Petroecuador con Petrochina. El activista afirmó que no había preventas petroleras a ese país, sino que eran préstamos que Ecuador recibía a cambio de la entrega de petróleo: “Se prendó el crudo nacional en operaciones de crédito público… Encubrieron (las autoridades) la violación de varias normas relacionadas con el endeudamiento público, en cuanto a autorizaciones y registros se refiere y se transgredió el Art. 130 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas… Se afectó gravemente la capacidad financiera de EP Petroecuador; se permitió pagar directamente deuda externa pública con ingresos petroleros”. Por lo que, según la investigación de Villavicencio, con estas acciones se incumplieron los artículos 315 de la Constitución, 3 y 39 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, así como el Art. 91 Código de Planificación y Finanzas Públicas.
También denunció a detalle casos como el presunto peculado que se habría causado al Estado por la compra de 240 mil barriles de diesel premiun por parte de Petroecuador a PMI de México, compañía que no tenía ese combustible, pues lo compró a Glencore, una intermediaria descalificada en Ecuador, que además ofertó un precio más alto que las otras oferentes. Esta compra generó un perjuicio de unos $448.800 por el buque, de acuerdo con las estimaciones de Villavicencio.
Estas y otras revelaciones expuestas en el mencionado libro dieron pie a posteriores publicaciones e investigaciones de medios de comunicación nacionales e internacionales. Y con ello desataron la reacción del anterior Gobierno, especialmente del entonces vicepresidente, Jorge Glas, quien ahora funge el mismo cargo, pero sin funciones, en medio de su creciente involucramiento en el escándalo de corrupción de Odebrecht.
Glas y el ex secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, dispusieron a Marco Calvopiña, quien era gerente de Petroecuador, que inicie la acción penal en contra del activista, así consta en el informe de Contraloría.
En efecto, el 5 de diciembre del 2013 Calvopiña presentó en la Fiscalía General del Estado la denuncia en contra del autor del libro ‘Ecuador made in China’ con el patrocinio del estudio jurídico Vizueta & Asociados “por contener hechos fraudulentos lesivos y dañinos en el que se ha distorsionado la naturaleza de los documentos originales que reposan en los archivos generales de la empresa”.
Pero esta firma de abogados externos ya estaba en escena dentro de la historia de este polémico caso desde fines de agosto del 2013, pues según la Contraloría, ya venía prestando el servicio de asesoramiento para atender las acciones judiciales que demandaba el tema, sin que Petroecuador haya contratado sus servicios profesionales.
En 2015 Villavicencio pidió al Contralor que inicie una auditoría a los procesos pre contractual y contractual del citado estudio jurídico. La petición la hizo tras acceder a una proforma de honorarios profesionales que envió Vizueta y Asociados a Petroecuador por $580 mil, el 28 de octubre del 2013, señalando que por pedido del gerente de Petroecuador, ha realizado por casi 60 días el estudio y la preparación legal y procesal por los actos contenidos en el libro ‘Ecuador made in China’, “que lesiona gravemente a la empresa y sus funcionarios… que hay un uso doloso de documentos no autorizados para su publicación y hay también falsedad de instrumentos privados, por lo que es procedente el enjuiciamiento penal del autor del libro”.
La Contraloría hizo un examen especial, analizando el período desde el primero de enero del 2013 hasta el 16 de marzo del 2016.
El gerente de comercio internacional de Petroecuador presentó a Calvopiña, entonces gerente de Petroecuador, como sustento para la demanda en contra de Villavicencio que éste realiza afirmaciones de ciertas operaciones comerciales realizadas por la petrolera que no están acordes a la realidad y afectan a la imagen de la empresa. Sobre esta base, el 15 de noviembre del 2013 el gerente de asuntos jurídicos de Petroecuador recomienda la contratación de un abogado externo para seguir las acciones legales en contra de Villavicencio y sugiere contratar al estudio jurídico Vizueta y Asociados. El gerente de asuntos jurídicos dijo a la Contraloría que debido al monto de la propuesta original de Vizueta & Asociados también planteó a Calvopiña negociar a la baja ese valor.
El 15 de enero del 2014 la Fiscalía inicia la indagación por la acusación de Petroecuador hacia Villavicencio por supuestamente haber cometido el delito de uso doloso de documento falso de carácter público, tipificado y sancionado por los Arts. 339 y 341 del Código Penal.
Para esta fecha Vizueta & Asociados continuaba dando sus servicios de asesoría en las acciones judiciales que implicaba la demanda.
Cuando la Contraloría comunica a Héctor Vizueta Rogasner, gerente de la firma privada, los resultados provisionales de la auditoría sobre la prestación de sus servicios sin que se haya realizado previamente un proceso contractual, la respuesta de Vizueta solo ratifica lo señalado por el organismo de control, al confirmar que “antes de proceder la acción pre-procesal, Vizueta & Asociados efectuó un estudio minucioso de la documentación de los archivos de Petroecuador y la información contenida en la obra “Ecuador made in China”, labor ardua llevada a cabo con funcionarios del área de comercio exterior, archivo general y de administración de Petroecuador”. Vizueta agrega que este trabajo duró aproximadamente 60 días hasta la presentación del informe para revisión de los ejecutivos de la empresa estatal.
Luego de la lectura del borrador de su informe de auditoría, Vizueta sostiene que esta firma de abogados no ha infringido ninguna ley y que “por la complejidad del caso, no podía requerir a Petroecuador la instrumentación de un contrato, mientras no se realizaran los estudios pertinentes a la documentación obtenida, para poder determinar si merecía proseguir con alguna acción penal.”
Pese a estos argumentos, el organismo de control concluye que Calvopiña, entonces gerente de Petroecuador, no observó las leyes que rigen la administración pública, al permitir que el estudio jurídico entregue sus servicios de patrocinio sin contar con un contrato de por medio. Y observa también que en estas condiciones de incumplimiento de las leyes, el ex gerente de la petrolera estatal presentó la denuncia en contra del autor del libro ‘Ecuador maade in China’.
Al cabo de dos meses de iniciada la indagación previa de este caso, Petroecuador recién contaba con los términos de referencia para iniciar la fase pre contractual del patrocinio jurídico de Vizueta & Asociados. El 21 de abril de ese año el jefe de adquisiciones, servicios y consultorías de Petroecuador, adjudica el contrato por $200 mil, bajo el procedimiento de Régimen Especial.
Los argumentos que el subgerente de Patrocinio y admnistrador del contrato dio a la Contraloría para justificar esta adjudicación fue que “dicha firma jurídica por disposición del señor gerente general de la época ya venía trabajando en el tema, tanto con la misma gerencia general cuanto con la gerencia de comercio exterior, por lo cual al realizar el requerimiento de contratación se siguió con esa disposición…”.
Es decir, se acepta prácticamente que este contrato se asignó a dedo, sin argumentos legales y técnicos.
“No había confianza en abogados de Petroecuador”: así justifica la estatal la contratación de abogados externos“
El argumento del subgerente jurídico para explicar la contratación de abogados externos para este caso, pese a contar con profesionales del derecho en la misma empresa estatal, fue que “ a la época de asumir funciones, mediados del 2013… se habían dado circunstancias por demás extrañas, como las de no presentar recursos en casos de cuantías enormes, como el de AKIRA de $49 millones, por lo que no existía la confianza necesaria en el personal, tanto así que de la Presidencia de la República, el Secretario Nacional Jurídico remitió el oficio N° T.1 C.1-SNJ-13-564 del 27 de junio del 2013… mediante el cual se hace notar tales irregularidades; todo esto sumado a la carencia de personal, por lo que se trataba de integrar un equipo de trabajo….ya que el personal existente estaba saturado y no cubría las necesidades de defensa de la empresa”.
Luego de los informes favorables de la comisión de evaluación de Petroecuador, la Contraloría resalta que el gerente de asuntos jurídicos, al recomendar la contratación de Vizueta &Asociados no cumplió con un proceso de selectividad para la contratación, con lo que inobservó el artículo 2 de la Ley de Contratación Pública.
Además, este proceso pre contractual inicia bajo la figura de Régimen Especial, pero el jefe de adquisiciones, servicios y consultorías de Petroecuador no argumentó las razones por las cuales se estableció la necesidad de la empresa para acogerse al mencionado Régimen Especial. Por ello, incumplió el numeral 1 del artículo 92 del Reglamento de la Ley de Contratación pública, según la Contraloría.
De todas formas el contrato Nº 2014082 con Vizueta & Asociados se suscribe el 2 de mayo del 2014, por $200 mil más IVA, es decir 7 meses después de presentada la denuncia en la Fiscalía. El plazo era de aproximadamente tres años y el monto debía pagarse en cinco partes: $60 mil más IVA, a la presentación del informe y de la denuncia en la Fiscalía; $60 mil más IVA, al abrirse la instrucción fiscal; $30 mil más IVA, al dictarse el llamamiento a juicio; $30 mil más IVA, luego de que el Tribunal Penal emita sentencia; y $20 mil más IVA, una vez que exista sentencia ejecutoriada en firme y no se haya presentado recurso extraordinario de protección o si esto se da, una vez resuelto de forma favorable a Petroecuador.
El mismo día de la firma del contrato Vizueta envía su factura a Petroecuador por $60 mil más IVA por el primer pago, valor que le fue cancelado entre el 21 y el 28 de mayo de 2014.
El proceso de indagación continuó hasta cuando la fiscal del caso, Cecilia Garzón, solicitó al Juez de Garantías Penales de Pichincha la desestimación y el archivo de la denuncia presentada por Calvopiña, al considerar que no hay delito.
En su resolución Garzón derriba todas las imputaciones en contra de Villavicencio. Entre sus principales argumentos explica que “los hechos incorporados en la obra “Ecuador made in China “, corresponden a ideas descritas por el autor y que según la Ley de Propiedad Intelectual (Art. 10) “el derecho de autor protege también la forma de expresión mediante la cual las ideas del autor son descritas, explicadas, ilustradas o incorporadas a las obras”. Por lo que concluye que “los hechos denunciados no se adecúan al tipo penal como es el uso doloso de un documento público”.
Agrega que, en su libro, Villavicencio “ha plasmado sus opiniones y críticas a los diferentes gobiernos de turno, para lo cual, si bien es cierto, se tomaron como base convenios, contratos y más documentación de Petroecuador, como empresa pública, no por eso, su obra puede considerarse un documento público, peor aún falso.
Entre los planteamientos de la denuncia de Calvopiña se señalaba que producto de la distorsión de la información del libro, “él (Villavicencio) busca alterar el equilibrio económico y financiero de Petroecuador a nivel nacional e internacional, poniendo en grave riesgo aquellas negociaciones a las cuales está sometida la estatal y lo que es más, divulgando actos irreales de los primeros mandatarios del país, afectando la credibilidad, responsabilidad y honorabilidad de los mismos”.
Frente a ello la Fiscal explica que, según las pericias practicadas, “los convenios y contratos a los que refiere la denuncia, se encuentran en los archivos de Petroecuador y ya surtieron su efecto legal, por lo que la publicación de esta obra no ha impedido la firma de contratos o convenios y que a consecuencia de esto se haya producido una crisis petrolera y económica tanto de Petroecuador como del país”.
Debido a que gran parte de la información expuesta por Villavicencio en su libro había sido solicitada oficialmente por el ex asambleísta Cléver Jiménez, la Fiscalía General también se pronuncia por el fuero de Corte que entonces tenía el legislador y, en febrero del 2016, señala que la solicitud de información hecha por Jiménez se dio sobre la base de su atribución de fiscalizar los actos del poder público, amparado en el artículo 128 de la Constitución y el 192 del Código Orgánico de la Función Judicial.
El 5 de abril de 2016 el juez de la Unidad Penal de Pichincha resolvió desestimar y archivar la indagación previa.
Tras el dictamen fiscal y la resolución del mencionado juez, Vizueta & Asociados presentó a ese juzgado más informes sobre el tema, consiguiendo que en el mismo mes de abril del 2016, el juez pida al Fiscal Provincial que delegue la causa a otro fiscal que continúe la investigación. Aunque esto sí se concretó, al final el proceso fue archivado.
A pesar de que nunca se llegó a la etapa de formulación de cargos con la que inicia la instrucción fiscal, el estudio jurídico Vizueta & Asociados ya desde el 21 de septiembre del 2015 había pedido a Petroecuador el segundo pago pactado en el contrato por $60 mil. Este pago fue negado por el administrador del contrato.
Para Villavicencio, se evidencia la persecución política en su contra debido al sinnúmero de irregularidades y violaciones a la ley que se cometieron para configurar esa persecución en este caso.
VIZUETA & ASOCIADOS Y SUS CONTRATOS CON EL GOBIERNO
El representante legal de este estudio jurídico es Héctor Vizueta Rogasner. Su oficina matriz está en Guayaquil. Inició sus actividades el 6 de febrero de 1997 y está registrado en el SRI con el RUC 0991383727001.
Su relación con empresas de gobierno se evidencia en varias ocasiones. En 2007 esta firma de abogados estuvo en el ojo del huracán. La razón: Una indagación previa iniciada por el fiscal de la Unidad Especial de Delitos Financieros, Abraham Cheing, el 12 de marzo de ese año por el supuesto pago de honorarios al estudio jurídico Vizueta & Asociados S.A. por la defensa de Pacifictel en el caso Nedetel.
Una publicación de diario El Universo, del 20 de marzo del 2007, informa que Carlos Reyes Izquierdo, abogado guayaquileño en libre ejercicio, denunció que “Nedetel salió favorecida en un laudo arbitral que condenaba a Pacifictel a pagar “varios millones de dólares ($ 12 millones), que eso está resuelto en última y definitiva instancia, y que por tanto, no se justifica la contratación del estudio y pagarle $ 300 mil”.
El entonces gobernador del Guayas, Camilo Samán, “quien dijo intervenir en el tema por delegación del presidente de la República, explicó que se contrató al estudio para defender a la empresa con un recurso de nulidad del laudo planteado ante la Corte de Justicia”. Añadió que el directorio de la desaparecida Pacifictel aprobó cancelar al bufete el 10% de anticipo ($30 mil) y el 90% restante, por resultados. Y que hasta ahora no se ha pagado ni un solo centavo”.
La firma Vizueta & Asociados ha estado relacionada con otras demandas y juicios de Petroecuador, como el caso de Akira. Este bufete de abogados firmó el 9 de septiembre del 2013 un contrato con la estatal petrolera para defenderla en el juicio No. 564-2008-2 y recurso de casación No. 209-2013, iniciados en su contra por la empresa Akira Internacional. El contrato fue por $300 mil con IVA.
Akira demandó a Petroecuador por haberlo incluido en la lista de contratistas incumplidos y haber retenido un valor consignado por la emisión de las cartas de crédito.
La firma Vizueta & Asociados aparece también en reuniones con funcionarios de la Refinería del Pacífico en marzo del 2016 y recientemente fue contratada por el asambleísta de PAIS, Esteban Albornoz para entablar un juicio penal por calumnias a los miembros de la Comisión Anticorrupción.
Este medio accedió a uno de los informes reservados que la Secretaría Nacional de Inteligencia (SENAIN) elaboró sobre las actividades de Fernando Villavicencio Valencia, entre 2015 y 2016. Se trata de un informe que confirma la veracidad de las investigaciones publicadas por el periodista y evidencia con claridad la capacidad de seguimiento que tenía la Senain contra los ciudadanos. Expresiones como “miembro de CIA”, “opositor”, “ataques al presidente”, son lugares comunes utilizados por los agentes en el documento. Abuso de poder, violación a la intimidad, poca inteligencia y el gasto de mucho dinero público en el seguimiento son otras conclusiones a las que llegamos.
La Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain) fue creada en 2009 por el expresidente Rafael Correa, con el fin de realizar “actividades de inteligencia y contrainteligencia para la protección interna, el mantenimiento del orden público y la defensa nacional”, según su normativa. En la práctica, fue el instrumento político utilizado por el correísmo para espiar, intimidar, hackear y perseguir a políticos, activistas sociales, periodistas y ciudadanos críticos al régimen. Ni los menores de edad que confrontaron a Correa por redes sociales se salvaron de ser investigados. “Senain por favor investigar estos insultos y proceder judicialmente”, fue la orden que dio en 2012, vía Twitter, luego de leer los mensajes de varios jóvenes, que lo tildaban de mitómano. La Senain obedecía mansamente cada orden.
Con orden del ejecutivo y los millonarios presupuestos asignados, compró sofisticados equipos de espionaje y ejecutó más de 150 operaciones. La Contraloría auditó entre 2012 y 2018, $310,9 millones gastados por la Senain. Los recursos fueron manejados de forma reservada, sobre todo los “fondos públicos permanente de gastos especiales”, calificados de “secretísimos”.
Correa siempre negó que la Senain espiaba para él. “La prensa corrupta y oposición son capaces de convertir a Víctor Jara en torturador y a Pinochet en filántropo humanista”, dijo en 2015 sobre los rumores de espionaje que circulaban. “Senain tiene mando civil, y es controlada por Contraloría, Fiscalía y Asamblea”, dijo en su cuenta de Twitter. Aseguró que la Senain únicamente trabajaba “en favor de la sociedad, desarticulando bandas del crimen organizado”. “La Senain no es mala, es buena”, dijo en una sabatina.
La rendición de cuentas de los gastos especiales era presentada a la Contraloría General del Estado, posteriormente los respaldos de todas esas actividades eran “destruidos e incinerados”, según consta en un acta de febrero de 2014, firmada por el entonces contralor Carlos Pólit.
En varias ocasiones la Contraloría encontró irregularidades en el uso del dinero destinado para gastos especiales. En una rendición de cuentas de 2013, por ejemplo, el organismo de control le dijo a Pablo Romero que había gastos que no se justificaron debidamente y no tenían relación con los gastos especiales, que los resultados que se presentaban como forma de justificación de los pagos nada tenían que ver con las operaciones de inteligencia y que se hicieron pagos a gente que no existía.
Buena parte de ellas se dedicaron a vigilar a ciudadanos contrarios al Gobierno de Correa. Como el caso de la Operación Goliat creada para desprestigiar al exasambleísta Galo Lara, o la Operación Q que se encargó de vigilar minuciosamente al entonces legislador por Pachakutik Cléver Jiménez y Fernando Villavicencio.
El seguimiento
Los informes confidenciales sobre Jiménez y Villavicencio fueron elaborados entre diciembre del 2013 y abril del 2014, período en el que enfrentaban un juicio por supuesto hackeo a las cuentas electrónicas de Correa y que originó el allanamiento, en la Navidad de 2013, al despacho de Jiménez y al domicilio de Villavicencio.
Las operaciones de seguimiento y espionaje al periodista arrancan en 2013 a raíz de la publicación del libro Ecuador Made in China y de una investigación sobre la intromisión del régimen en el juicio en contra de Chevron, en la revista PlanV.
En un correo electrónico de octubre de 2013, Rafael Correa Delgado, dispone a los mandos de la Senain, Pablo Romero Quezada (sentenciado por secuestro) y Rommy Vallejo, hacerse cargo del seguimiento a Jiménez y Villavicencio.
La persecución, en el caso de Villavicencio, se extendió hasta 2016. Hay documentos que reportan qué hizo y con quién se reunió en 2015. “El 28 de agosto de 2015, en Guayaquil, se reunió con Karen Hollihan de la CIA, coronel (sp) Alberto Molina, Martha Roldós y Enrique Herrería, ex Asambleísta Social Cristiano”, dice el informe.
En 2017, Karen Hollihan, demandó por difamación a la cadena de televisión chavista Telesur en una Corte de Florida, Estados Unidos. Ella fue acusada de agente de la CIA por el régimen venezolano, con información falsa proporcionada por el gobierno de Rafael Correa Delgado. Hollihan pide una compensación de USD 15 millones.
Todas las personas que se reunían frecuentemente con Villavicencio fueron investigadas. En los informes se registran datos sobre periodistas que fueron seguidos hasta sus casas, o colaboradores de Villavicencio de quiénes detallaron hasta sus actividades de ocio. Por ejemplo: de la coordinadora de noticias de radio Exa dijeron que previo a su ingreso al trabajo “siempre fuma un cigarrillo”. “Cabe destacar que Fernando Villavicencio fue entrevistado en radio Exa el 24 de mayo de 2016”, dice el informe.
De las escuchas telefónicas tampoco escapó: “Fernando Villavicencio en julio de 2015 mantenía contactos telefónicos con Jorge Enrique Rodríguez Torres, representante de Alfa Seguros y miembro de la Comisión Nacional Anticorrupción”, notificaron los agentes.
El informe calificado como “secreto” y “urgente” contiene la recopilación de la información personal, judicial y financiera del periodista. Además de artículos periodísticos donde se le menciona.
En 2016, la Senain consideraba que Villavicencio y su familia “lideraron una campaña de desprestigio contra el Gobierno Nacional”, que el apoyo para esa campaña lo obtuvo de Karen Holligan “miembro de la NDI, institución vinculada a la CIA de los Estados Unidos, y Esteban Saltos directivo de la aerolínea Ícaro en Miami con nexos con el asambleísta Andrés Páez”. Inteligencia indicó que el principal medio de difusión del periodista era el portal FOCUS, pero que sus denuncias también eran replicadas por otros medios digitales como Plan V y Ecuador en Vivo.
La Senain concluyó que la campaña de desprestigio contó con la “colaboración de periodistas de oposición, quienes procesaron y difundieron la información a través de medios digitales, entre estos se encuentran: Martha Roldós de Mil Hojas, Juan Carlos Calderón y Pablo Jaramillo de Plan V, Richard Cortez, periodista independiente, Laura Patricia Sandoval Jiménez de El Universo, Diego Bravo de diario El Telégrafo y Fausto Yépez de Teleamazonas”, dice el informe.
También indicaron que Villavicencio recibía información de funcionarios de Petroecuador, Flopec, Cfn, Arcotel, Supertel, Iniap y el Hospital del IESS, “quienes le proporcionarían documentos, fotografías y videos auténticos, que servirían de prueba para denunciar en la Fiscalía General del Estado, a Rafael Correa y miembros de su gabinete por actos de corrupción”.
A esa fecha, la Senain ya había elaborado un organigrama con los contactos de Villavicencio. Allí se incluyó a periodistas, funcionarios de las instituciones mencionadas anteriormente, familiares, “contactos Guayaquil”, “contactos cercanos” y enlistaron a quiénes se reunieron con él en las cafeterías Sweet & Coffee y Bush.
En “Vigilancia y Seguimientos” detallaron cómo, dónde y con quiénes se reunía. No faltaron las fotografías de esos encuentros. Así, por ejemplo, fotografiaron a Villavicencio, Francisco Jácome, Pablo Jaramillo y a un “sujeto no identificado” en la reunión que tuvieron el 3 de mayo de 2016 a las 14H00. “Abordaron temas de petróleo, “USD 15 millones que han salido del país y que no han regresado y la campaña con pruebas reales en contra del presidente. Esta información sería difundida en redes sociales y serviría como sustento legal para presentar denuncias ante la Fiscalía”.
Mencionó además que “planifican crear un portal en internet con las debidas seguridades y plantean ataques de hackers para denunciar al Gobierno, en el cual indicarán como Correa ha crecido económicamente desde 2006” (sic). Finalmente concluyen que tendrán una nueva reunión y que las publicaciones se realizarán en FOCUS y en la página SOLO ECUADOR y que a Fernando Villavicencio le correspondería tener las denuncias, fotos, videos y documentos que sean auténticos para que den credibilidad”, reportaron los agentes.
El 4 de mayo de 2016, fotografiaron a los periodistas Cristina Solórzano y Pablo Jaramillo, y a Francisco Jácome, en Sweet & Coffee, mientras conversaban con Villavicencio. Dijeron que dos días después se reunió con Martha Roldós, que el lunes, 9 de mayo de 2016 dio una entrevista a radio Exa donde habló de la corrupción en Petroecuador y que el miércoles, 11 de mayo de 2016 se reunió Juan Carlos Pérez Vásquez en una cafetería, al norte de la ciudad. “Este ciudadano hace publicaciones ofensivas en contra del presidente Rafael Correa a través de la red social Facebook, no registra ningún cargo en el sector público”, dijeron sobre Pérez.
Los reportes dan cuenta que fue vigilado todo ese mes: del 12 de mayo dicen que se reunió en la cafetería del Hilton Colón con Eduardo Valencia Vásquez y luego se dirigió al edificio de la Unión Nacional de Periodistas. Del 16 de mayo que se reunió con Pablo Jaramillo y Sergio Coellar Mideros en el restaurante El Español, el 17 de ese mismo mes ingresó a la cafetería del Hilton Colón donde se reunió con Sergio Coellar, quien le entregó una carpeta con documentos y mencionó que «con eso va a mandar a la cárcel a todos» luego llegó Pablo Jaramillo.
También indicaron que Francisco Jácome “se encontró con Fausto Yépez periodista de Teleamazonas y se trasladaron hasta la calle Veintimilla E8-125 y av. Seis de Diciembre donde funciona la oficina de Villavicencio, quien se encontraba con Jaramillo. Allí permanecieron aproximadamente una hora”. El 18 de mayo, al medio día, Villavicencio con Jácome y Ramiro Eduardo Guerrero Córdova (ex empleado del Comité de Empresa Nacional de los Trabajadores de Petrocomercial Filial de Petroecuador-Cenapeco) ingresaron al restaurante de comida China donde dialogaron y mencionaron lo siguiente, Jácome dijo «USD 160 millones que se robaron que pudieron servir para la educación. Hay que difundir en medios de comunicación, Freddy nos va a ayudar en eso», indica el documento.
Dijeron que entre el 24, 30 y 31 de mayo de 2016, acudió a entrevistas donde habló de la corrupción en Petroecuador y que se reunió con los periodistas Pablo Jaramillo, Javier Montenegro y Juan Carlos Calderón. Los reportes se extienden hasta inicios de julio de 2016.
Una investigación del portal Periodismo de Investigación, reveló que el equipo central de la extinta Senain, se había reagrupado y se encontraba operando al servicio de la campaña de Andrés Aráuz, candidato presidencial de Rafael Correa.
Entre los planteamientos de la denuncia de Calvopiña se señalaba que producto de la distorsión de la información del libro, “él (Villavicencio) busca alterar el equilibrio económico y financiero de Petroecuador a nivel nacional e internacional, poniendo en grave riesgo aquellas negociaciones a las cuales está sometida la estatal y lo que es más, divulgando actos irreales de los primeros mandatarios del país, afectando la credibilidad, responsabilidad y honorabilidad de los mismos”.
A pesar de que nunca se llegó a la etapa de formulación de cargos con la que inicia la instrucción fiscal, el estudio jurídico Vizueta & Asociados ya desde el 21 de septiembre del 2015 había pedido a Petroecuador el segundo pago pactado en el contrato por $60 mil. Este pago fue negado por el administrador del contrato.
