Incoherencias imperdonables
El 2025 nos presenta un contexto donde los actores de la esfera política repiten de mil maneras que las ideologías perdieron su vigencia. Estas declaraciones, intercaladas con graciosas danzas que enganchan algoritmos, provocan que los emisores de este mensaje, en lugar de disfrutar del resultado final de aquello que parecería ser una brillante estrategia, evidencien su pobre comprensión del Estado y su funcionamiento.
Es evidente que a pesar de estar vigente una Constitución que diseñó un modelo de Estado fuerte de máximos y obeso desde algunos puntos de vista— en la práctica la ausencia de recursos ilimitados provocó que desde 2017 empecemos a transitar hacia un modelo de Estado mínimo con parámetros limitados para la elección gubernamental. Hablar de un modelo de Estado de máximos y de mínimos, no corresponde a palabras vacías, para ser viable, una u otra opción requiere de coherencia ideológica y teórica en su aplicación.
El modelo de Estado de mínimos tiene su base en el liberalismo clásico, que corresponde a la concepción del Estado que se enmarca en poderes y funciones limitadas. El Estado liberal es inseparable del Estado de derecho, pues sólo así se puede garantizar la protección de los individuos.
Mujeres y hombres protagonistas de la sociedad civil, quienes deberían tener el derecho de gozar de esferas de acción no controladas por el poder estatal, se encuentran con áreas de control cada vez más amplias. Si el camino que se construye en la política pública elimina de su ámbito de acción ciertas dimensiones consideradas no indispensables para las funciones estatales, será una sociedad civil fuerte la llamada a tomar esa responsabilidad.
Los problemas que se repiten entre millones de personas en Ecuador, sin importar su edad, no son menores; problemas como el debilitamiento progresivo de la calidad de vida, desnutrición infantil crónica, desempleo, hambre, violencia y muerte deberían interpelarnos y quitarnos el sueño. Si el diseño que está siendo implementado tiene como norte hacer bien lo básico, y no redistribuir riqueza, o intervenir en cada aspecto, ponerle trabas a la sociedad civil para su operación es indocto y temerario.
El proyecto de “Ley Orgánica para el Control de Flujos Irregulares de Capitales”, al solicitar sistemas internos de integridad para las asociaciones, federaciones, confederaciones y exigir el registro en el “Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales” (SUIOS) para que sus operaciones sean consideradas legales, es incoherente con lo que implica la implementación de un modelo de Estado liberal. Este hecho por sí mismo ya es escandaloso. Pero lo peor es que hace evidente que la empatía por el dolor de los otros es algo completamente ausente. Un Estado que no se hace cargo y que pone trabas a aquellos que sí quieren hacerlo, tampoco significa un problema, o dilema ético.
Ser liberal y demócrata de manera coherente implica creer en los órganos de autogobierno de la sociedad civil; garantizar condiciones libres de acción.
Existe una ciudadanía dispuesta a ir más allá de la crítica, a hacer su parte. Pero lo único que pide de regreso es coherencia. Somos testigos de una incoherencia imperdonable; es absurdo pretender que exista defensa posible frente a la catástrofe social que vivimos. Si el Estado, al más puro estilo de un secuestrador, nos amarra de manos y pies, ojalá no nos amarre la boca después.