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Etiqueta: Guillermo Lasso

El caso Flopec y su relación con Correa, Moreno y Lasso

El presidente Guillermo Lasso será el primer mandatario en ser enjuiciado políticamente con los instrumentos legales de la Constitución de Montecristi, en vigencia desde 2008, creada para evitar cualquier posibilidad de destitución de un presidente. Paradójicamente es el mismo correísmo el empeñado en caminar contra los principios constitucionales que diseñaron. Es cierto que el presidente es el responsable principal de esta crisis; son tantos los desaciertos que la Corte Constitucional ha resuelto abrir el camino del juicio con una acusación poco clara.

El juicio político por peculado que aprobó la Corte Constitucional nada tiene que ver con el caso “gran padrino”, en el que existe evidencia de la influencia del presidente para obstruir una investigación de narcotráfico denominada León de Troya que involucra a un amigo de su cuñado Danilo Carrera.

La acusación por peculado pasa por un complejo entramado de beneficios a corporaciones que mantienen contratos con Flopec hace 10 años, cuando gobernaba Rafael Correa. 

El caso Flopec

Si existe peculado a quién debemos responsabilizar es a los expresidentes Rafael Correa y Lenín Moreno, prófugos de la justicia, responsables de estructurar y consolidar el sistema de tarifas y transporte de crudo que benefició a las empresas privadas. 

Esta trama se inicia en los contratos de deuda externa con China, firmados por Rafael Correa, que pueden resumirse en recibir dinero con altas tasas de interés y plazos cortos a cambio de petróleo con precios muy por debajo a los del mercado internacional. 

Ese crudo entregado a los chinos  con valor descontado  debía ser transportado por Flopec tal como dice la Constitución. Esta empresa estatal cuenta con una norma llamada  Ley de Reserva de carga, que obliga a China embarcar su crudo en las naves de Flopec, para ellos era un problema porque encarecía el precio del petróleo a pesar de que el crudo ecuatoriano ya incluía el descuento por el valor del flete.

En el informe del caso Petrochina que el asambleísta Fernando Villavicencio y su equipo armaron se explica con claridad: “Petroecuador ha establecido en sus análisis que otro componente que afecta directamente el precio final de barril está relacionado con el flete, un descuento adicional por el transporte del crudo a cargo de la Empresa Pública Flota Petrolera Ecuatoriana, EP Flopec. El crudo es entregado en modalidad FOB, es decir en Esmeraldas y no en el puerto de destino final, esto, más la condición de “Libre destino”, ha permitido que las mismas intermediarias participen también dentro del negocio del transporte marítimo. El país paga fletes para enviar el petróleo a China, pero este en realidad es transportado y vendido en países más cercanos, como Perú”.

En septiembre de 2016 el portal La Fuente (uno de los medios que crearon Periodismo de Investigación) publicó : “Los chinos siempre decían que Flopec abusaba con el flete, entonces idearon un mecanismo para bajar los valores a niveles de mercado, incluso que no pueda usar sus barcos, esto para pagarle solo un diferencial del 10%. La parte que más afecta a los ecuatorianos está en la “clasificación de los barcos por tipo de prioridad y el protocolo de comunicaciones que faculta a Petrochina la contratación de buques de terceros”.

Así terminaron con los precios preferenciales de transporte que tenía Flopec.  Aquí otro párrafo del mismo reportaje de 2016: “en diciembre de 2014, el ministro Coordinador de Sectores Estratégicos, Rafael Poveda, conminó a la empresa pública Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec EP), a firmar un convenio de transporte de crudo, el cual afectó gravemente la operación de Flopec y creó beneficios para Petrochina, que a partir de entonces pudo contratar directamente buques de mayor volumen. Se estima que un 60% de este tipo de buques petroleros son contratados directamente por Core Petroleum y Baere, intermediarias de Petrochina”

MILLONARIO NEGOCIADO EN FLETES Y LA PRIVATIZACIÓN DE FLOPEC

Convenios de transporte que solo favorecen a otros

Ese acuerdo llamado framework tiene como principio reducir las ganancias que le corresponden a Flopec y para ello crearon un sistema de prioridades de embarques con supuesta ventaja para los buques de bandera, tripulación y propiedad ecuatoriana. La segunda oportunidad es para los buques fletados por tiempo, controlados comercialmente por Flopec o Petrochina por un período mínimo de 6 meses a una tarifa fija. La tercera línea era para buques de terceros del mercado spot presentados por Flopec o Petrochina.

La tarifa del flete aplicada se calcula por una cotización emitida por un panel de Brokers denominado ASBA (un supuesto tercer protagonista imparcial) y sobre esa tarifa, Flopec tuvo derecho a una comisión del 10%; pero el costo del ASBA se divide en partes iguales entre Petrochina y Flopec. 

“El framework se adjuntó como anexo a todos los contratos de compra-venta de crudo existentes entre Petrochina y Petroecuador.  Es decir, que cada vez que Petrochina tenga una carga, siempre y cuando cumpla con avisar dos semanas antes, se aplica este acuerdo” se expuso en el informe de Villavicencio en la Asamblea Nacional.

Amazonas Tanquers ¿Qué sucedió después?

Ese convenio de transporte de crudo dio paso a la creación del consorcio Andes Tanquers en el correísmo y en 2018 fue perfeccionado y llamado Amazonas Tanquers y que fue defendido a capa y espada por la asambleísta Ana Belén Cordero desde el oficialismo y Mireya Pazmiño Arregui desde la oposición (o mejor dicho desde los acuerdos con Amazonas Tanquers). 

La historia está detalladamente contada en nuestro portal, narra la relación tripartita entre Jaime Condoy, un gerente de Flopec de triste recordación; el canadiense Raymond Kohut, de Ursa Shipping Ginebra, Gunvor Bahamas y Clearlake Shipping (brazo marítimo de Gunvor); más el americano William Saudhaus, representante de Core Sinergy LLC, con sus empresas Ursa Shipping Hong Kong, Baere Maritime, Dragun USA, Core Transport, Mjølner Shipping

Amazonas tanquers se creó gracias a una extensión de contrato llamada adenda 3 en 2018, firmada en Nueva York, Estados Unidos, por Jaime Condoy de Flopec y Casey Dalcher, vicepresidente de Dragun (parte del grupo Core). Este grupo tiene un operador llamado Roberto Dongo, un apuesto ejecutivo peruano que se encarga de conquistar mujeres y calentar los bolsillos de los funcionarios. Quién intenta tomar distancia y hacer lo correcto dentro de Flopec es amenazado.  

CÓMO GUNVOR SE APODERÓ DE FLOPEC

Ahora es el correísmo junto a sus socios social cristianos quienes aseguran que estos contratos son la muestra del peculado de Lasso. Quieren enjuiciar al presidente endosando sus propias responsabilidades. Es cierto que el presidente no tuvo la voluntad de acabar con esta estructura, su discurso de romper las cadenas de la corrupción en el sector petrolero fueron puro cuento y su falta de acción hoy se convierte en su mayor debilidad. 

Aunque es muy posible que el presidente sea destituido, al periodismo le corresponde decir la verdad: que será acusado por un delito que cometió Rafael Correa, lo consagró Lenín Moreno y que él se allanó al pasado corrupto de sus sucesores.

El arbitrario juego de los seguros estatales

El pastel de grandes contratos se ha repartido sobre todo a Hispana de Seguros, en los dos últimos años ha incrementado sus primas en casi el 200%. Todos quienes pensamos que el nuevo escenario -con la llegada del presidente Lasso- abriría la transparencia y los concursos públicos de diversas compañías privadas que propongan mejores ofertas para asegurar los bienes del Estado, fue una quimera.

La salida y liquidación de Seguros Sucre puede resumirse en la frase “quítate tú para ponerme yo”.

Todos quienes pensamos que el nuevo escenario -con la llegada del presidente Lasso- abriría la transparencia y los concursos públicos de diversas compañías privadas que propongan mejores ofertas para asegurar los bienes del Estado, fue un espejismo. La realidad es que solo tres empresas se disputan y reparten un mercado que ha sido marcado por las preferencias y la arbitrariedad.

El pastel de grandes contratos se ha repartido sobre todo a Hispana de Seguros, en los dos últimos años ha incrementado sus primas en casi el 200% (primas netas al 2022 de 169 millones). Le sigue Aseguradora del Sur que aumentó el 77% (primas netas al 2022 de 131 millones). Luego está Latina de Seguros con un incremento de primas netas al 2022 de 115 millones.

Hispana mantiene pólizas de Petroecuador, las empresas termoeléctricas, la Empresa Eléctrica Quito, la Empresa Pública de Agua, el Municipio de Guayaquil, BIESS. Aseguradora del Sur tiene los contratos con las unidades de negocios de generación hidroeléctricas y el casco marítimo del Ministerio de Defensa. Latina Seguros emitió la póliza por los bienes generales de CELEC, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, el Consejo de la Judicatura y el casco aéreo del Ministerio de Defensa, este último contrato dado de baja por pedido del presidente Guillermo Lasso, ¿Las razones para haber declarado desierto ese concurso? Aquí la historia.

La caída del casco aéreo

El Ministerio de Defensa Nacional sin explicación alguna ordenó descalificar el concurso de ofertas Nro. LICSG-MDN-003-2022, Contratación de Seguro de Casco Aéreo y Responsabilidad Civil para aeronaves del Ministerio de Defensa Nacional. Fue impulsado el último trimestre de 2022 con un presupuesto referencial de $18,045,982.08.

La única oferta que conoció la Comisión de Contratación fue de Latina de Seguros por $17.670.537,22. Entre el 20 y 27 de octubre Latina Seguros respondió preguntas de la Comisión de selección y convalidó su propuesta. El informe técnico de dicha comisión fue favorable con 100 puntos y recomendó al ministro de defensa contratar la propuesta de Latina el 28 de octubre del año pasado.

Firmaron el vicealmirante Rafael Poveda, la capitán de Fragata Fanny Lagla, el teniente coronel Nel Vaca mas otro grupo de oficiales y abogados de la comisión técnica. Pero el 2 de noviembre de 2022, cuatro días antes de que la póliza venciera, se emitió la resolución No.116 que echó abajo la contratación.

Las razones expuestas en la resolución ministerial 116 para declarar desierto el concurso son inexistentes. Así consta en el documento: “En virtud de haber revisado y verificado la documentación sustentatoria del informe de la comisión tecnica (sic) del proceso, no se acoge la recomendación de adjudicación…”

Las razones no son claras, pero los audios evidencian que la decisión era evitar la contratación de Latina Seguros y  buscar una forma de impedirles ganar nuevamente en caso de presentarse a licitar. Se trata de una paradoja porque esa aseguradora era la que mantenía el contrato de seguro del casco aéreo del Ministerio de Defensa, quiere decir que tumbaron el contrato para evitar una nueva contratación de Latina pero debieron extender la cobertura de la póliza con esa misma empresa ¡Brillante forma de quitar contratos para perjudicar a una empresa y sin embargo extender pólizas con la misma! No existe fórmula de entendimiento.

Informe MIDENA 28 octubre 2022
Informe MIDENA 2 nov 2022 firmado por el ministro Luis Lara
Transcripción del audio

¿Hasta cuándo?

Hay preguntas que no dejan de retumbar en la cabeza de una parte importante de los 18 millones de personas que vivimos en este país. ¿Hasta cuando, por omisión – y por más repleta de buenas intenciones que esté – continuaremos sin contar con capacidad de prevención frente a la penetración en el Estado, y sin capacidad de respuesta ante la operación de las estructuras de delincuencia organizada en los territorios?

¿Hasta cuándo ganará  el cálculo de la renta electoral en la respuesta que los líderes locales le otorgan y le deben otorgar a la lucha contra este tipo de delincuencia?  ¿Qué elementos deben tomarse en cuenta para  que alcaldes y funcionarios de los gobiernos autónomos descentralizados tomen el lugar real que les corresponde y ejecuten de una vez una efectiva política pública preventiva?

¿Cuáles son los  motivos detrás de la omisión del CIES en formar parte del gabinete Estratégico conformado por el Decreto 536 y, con esto dejar sin análisis prospectivos al Estado, al tomar decisiones de alta relevancia en materia de seguridad?

Sabemos ya que el Estado ecuatoriano por décadas construyó una serie de condiciones estructurales de desigualdad social, que privaron de su misma presencia real a territorios importantes del país; que ese mismo Estado ejerció y sigue ejerciendo violencia estructural contra los sectores más vulnerables de la población.

Conocemos que las estructuras de delincuencia organizada llenan el espacio dejado por el Estado, y al hacerlo ganan la fidelidad de la población, pues reclutan a personas vulnerables dentro de sus filas. El resultado de estos hechos se refleja en la ausencia del imperio de la Ley en barrios, sectores y ciudades completas.

Deja ver su lado humano en aquellas personas privadas de libertad por condenas, en su mayoría, de tráfico de drogas. Hablamos de mujeres y hombres que con suerte leen y escriben, que nacieron pobres, que no rompieron el círculo de pobreza que en este país pesa más que armadura de hierro y, que condena a generaciones completas.

Tenemos conciencia también de que bajo las condiciones actuales es alta la probabilidad de que «perdamos la batalla contra el narcotráfico»; utilizando la alegoría que se usa desde el mismo Gobierno.

No necesitamos ser expertos para intuir que: sin medidas estructurales de reforma en diferentes ámbitos, el país no experimentará mejoras en el panorama de seguridad. La violencia que sufrimos es multicausal; si la intención es solucionar la violencia de forma permanente el único camino es la prevención integral.

¿Cómo prevenir? Al mejorar las condiciones de vida de niñas, niños y adolescentes en el país, que amplíe sus posibilidades de vivir y no sólo de sobrevivir. Privilegiando en política pública todo lo referente a esta población, más aún cuando se trata de adolescentes infractores.  La fidelidad a las pandillas, el consumo de drogas, y otras conductas de riesgo se aprenden a corta edad, y con el actual sistema sólo se consolidan. Para cumplir el objetivo requerimos que todos los sectores: Estado central, GADs, sector productivo, academia, gremios, entre otros se involucren de forma directa.

Mientras se actúa en este sentido también es urgente consolidar el proceso de depuración iniciado en Policía Nacional y Fuerzas Armadas; reformar los reglamentos disciplinarios y ejecutar una reforma importante en los procesos de formación de sus miembros, que les permita tener éxito al proporcionar seguridad.

En el mediano y en largo plazo centrarse en formar el tipo de profesional necesario para el contexto de hoy. Dejar de lado los ahorros que nos generan desventajas comparativas frente a otros cuerpos de seguridad de la región, y todavía más frente a estructuras de delincuencia organizada.

Sin generar capacidad de anticipación desde el Estado, gastaremos recursos sin solucionar el problema de fondo. Necesitamos reforzar un sistema de inteligencia profesionalizado.

Requerimos analistas civiles con nombramiento, que puedan dedicar su carrera profesional a descifrar este problema y salvar vidas, con capacidad real de generar prospectiva de forma constante. Requerimos también que los tomadores de decisiones tomen en cuenta estos criterios al diseñar políticas públicas.

No podremos solventar el problema de seguridad sin antes consolidar la institucionalidad del CIES  y blindar el SNAI. Es urgente consolidar exitosamente el proceso de reordenamiento y depuración que construirá paz dentro de los centros de privación de libertad. Cada acción implementada para solucionar el problema tiene también un efecto colateral, la tendencia de subir el nivel del discurso ya nos está provocando consecuencias. No podemos esperar a llenarnos de niños y niñas muertos para empezar a tomar el problema en serio.

El Presidente Lasso tiene la oportunidad de pasar a la historia como el responsable de sentar las bases estructurales para que no sea la lógica de la delincuencia organizada la que prime en desmedro de la sociedad. Ecuador debe ser un territorio donde la vida pueda reproducirse, donde la vida se desarrolle libremente, y no esté a merced de las decisiones de los violentos.