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Etiqueta: Impacto China

China: El dragón que secuestró a Ecuador y ahora ofrece rescatar a su mayor hidroeléctrica

La gigante Power China, matriz de Sinohydro, propone al gobierno «solucionar» los graves problemas de la hidroléctrica Coca Codo Sinclair, obra que su propia filial construyó con miles de fallas, entre ellas más de 17.000 fisuras, por las que Ecuador reclama US$ 580 millones.

Mientras el conflicto aún se dirime en arbitraje internacional, Power China pretende comprar o recibir en concesión la mayor hidroeléctrica del país para reparar y optimizarla, proyecto que costó US$ 3.300 millones -tres veces lo estimado por el gobierno de Rafael Correa- y que hoy enfrenta al Estado ecuatoriano y a Sinohydro.

Así lo revela en diálogo con Mil Hojas Carlos Pérez García, exministro de Energía y experto petrolero. Aunque admite que suena descabellada la propuesta, considera que podría ser la única opción para evitar una catástrofe ambiental y económica en la mega hidroeléctrica con la que el correato prometió sin éxito ahuyentar al fantasma de los apagones, que ahora está de regreso.

Pérez detalla cómo la relación bilateral con China, bautizada por Correa y su par Xi Jinping como Asociación Estratégica Integral, está marcada por una trama de corrupción, secretismo y sumisión al dragón asiático en la que dejó atrapado a Ecuador y sorprende ahora con un plan para rescatarlo del abismo al que él mismo lo empujó.

También cuenta detalles sobre la influencia de lobistas que, en conexión con ciertas autoridades y mandos medios en la burocracia, han tejido una red de relaciones que, según advierte, aún sigue operando.

La propuesta de Power China ya está en el Ministerio de Energía. Al presidente Daniel Noboa le corresponde decidir si toma acción ya, o patea el problema para después de las presidenciales que se realizarán a inicios de 2025.

Snai edificio
Snai edificio

Pese al secretismo en la política de endeudamiento con China, establecido bajo el gobierno de Rafael Correa, las limitaciones que ello ha significado para los gobiernos posteriores, y los problemas de funcionamiento de varios proyectos financiados por China, el régimen de Daniel Noboa ha anunciado un nuevo crédito para construir una cárcel en Santa Elena. ¿Cómo percibe esta situación?

El país quedó comprometido con grandes sumas de dinero, a tasas de interés bastante altas con el Gobierno chino. Esa decisión la tomó el presidente Correa en vista de que el presupuesto quedó desfinanciado principalmente por la baja del precio del petróleo. Los años de bonanza se acabaron y tenía que buscar fondos. Una buena parte se hizo con preventas de petróleo a China hasta 2024… Cuando pasé por el Ministerio de Energía se logró un desembolso adicional de US$500 millones en la renegociación de los contratos con el CDB (China Development Bank). En el Gobierno del presidente Moreno se consiguió renegociar ciertas tarifas, pero no había mucho espacio porque los contratos con China tenían una cantidad de candados. El secretismo era complicado. Inclusive a mí, el Ministerio de Finanzas se negaba a entregarme copia de los contratos, lo cual era absurdo porque era parte del Gobierno. La Contraloría tuvo que intervenir. Eso le costó el puesto al ministro (Carlos) De La Torre y tuvo que entregar la información.

Rafael Correa y Xi Jinping

¿Fue el ministro De la Torre quien le impidió acceder al contenido de los contratos? 
Él decía que son confidenciales y le dijo lo mismo a la Contraloría.

¿Tras su salida, pudieron acceder a esa información? 
Sí, el contralor de ese entonces, Pablo Celi, exigió que se me entreguen los contratos, pero solo podía leer, no podía sacar copias. Había un control extremadamente fuerte por el miedo de que el Gobierno chino demande al Ecuador por haber hecho públicos los contratos.

De La Torre venía del correato ¿estaba cuidando las espaldas?
Claro y había bastante gente del correísmo todavía en el Ministerio de Finanzas.

¿Aún siguen?
Todavía hay gente ahí. No querían entregar los contratos. El Gobierno chino había incluido cláusulas de confidencialidad absurdas. Está bien que haya esa confidencialidad mientras se está negociando pero, una vez que se firma un contrato, debe ser público y no fue así. Tuvimos que pelear duro.

¿Fue un error haber permitido cláusulas de confidencialidad y de soberanía en los contratos?
Se renunció absolutamente a todo. Mire lo absurdo, se creó un fideicomiso en Panamá para pagar el dinero de esos contratos, cuando era prohibido tener fideicomisos en paraísos fiscales. Todo el dinero de la venta del crudo entró a ese fideicomiso. De ahí, China dice tanto es mío y coge el dinero.

¿Quién constituyó el fideicomiso?
El Ecuador lo constituyó junto con el CDB (Banco de Desarrollo de China).

¿Es decir que los ingresos por las preventas iban directamente al fideicomiso, no se registraban en las cuentas de Petroecuador?
En las cuentas de Petroecuador se registraba en la venta, pero el dinero iba al fideicomiso, el CDB tomaba la parte que le corresponde y el saldo regresaba al Ecuador, a la Cuenta Única.

¿Además de violar la ley contra los paraísos fiscales, era entregarles el manejo contable de ese dinero?
Claro, era una especie de garantía que tenía el Gobierno chino para cobrar sus haberes.

¿Usted ni nadie pudo hacer nada por la vía legal para anular ese tipo de operaciones?
 No, porque estaba previsto en el contrato.

 ¿Cómo constató que ese fideicomiso fue creado en Panamá?
Por la información que me dio el Ministerio de Finanzas, pero no tengo esos documentos.

¿Hizo algo sobre esos fideicomisos? 
No había cómo porque era parte del acuerdo con China. Deben estar vigentes hasta que se acabe de pagar las deudas y las preventas petroleras

Carlos Pérez García, exministro de Energía. Foto: Diario El Universo

Carlos Pérez García, exministro de Energía. Foto: Diario El Universo

¿Nos pusieron de rodillas por el financiamiento fácil, pero caro?
Fácil entre comillas, y caro. Como el Gobierno del presidente Correa cerró las puertas de los multilaterales, tuvieron que recurrir a gobiernos como el chino. Algo hubo con Rusia con un par de proyectos, pero principalmente fue dinero chino. En ese entonces, la política china era endeudar a los países para tener el control. Hoy lo están haciendo con África.

¿Es una cuestión geopolítica?
Es geopolítica. Cuando llegamos a China, le dije al presidente Moreno que hay que negociar de gobierno a gobierno, que debe reunirse con el presidente de China. Se consiguió algo, pero no muy importante. 

¿Eso se debe en parte a que hay una muralla tejida por los lobistas chinos?
Hay mucho lobista ecuatoriano en China y, chino en Ecuador, que manejan las gestiones entre los gobiernos. De ellos, unos han desaparecido, otros están presos. Recuerdo a un señor Sánchez, que salió en uno de los casos con problemas, como del ex contralor (Carlos Pólit), que está preso en Estados Unidos, los negociados de las preventas con el exgerente de Comercio Internacional de Petroecuador (Nielsen Arias, alias El gordo) … los proyectos hidroeléctricos, escuelas, hospitales. Recuerdo una de las épocas en las que estuvimos cortos de crudo y se le dijo al gobierno chino que no podíamos entregar el crudo, nos dijeron que si no se entrega el crudo no entregan el préstamo para el hospital de Bahía. Un chantaje.

¿Qué hizo usted?
Logramos argumentar una fuerza mayor en el contrato, había esa cláusula y logramos desenredarnos por un tiempo corto hasta poder entregar el crudo y conseguir el préstamo. Mientras tanto, había muchos problemas porque no se exigió que las empresas chinas hagan el due diligence de sus proyectos (investigación previa a la firma de un contrato). Tomaron como carta abierta lo que decían CELEC o CNEL, estén bien o mal. Ahora tenemos la erosión regresiva en Coca Codo, el túnel de Toachi-Pilatón que no aguantó, el túnel en Quijos que no se pudo terminar porque se venía derrumbando…

No hubo control de calidad ni entes de control vigilando los procesos
Claro. Lamentablemente esas negociaciones fueron hechas de gobierno a gobierno. La situación actual es diferente, el Gobierno chino se ha hecho a un lado. He tenido conversaciones con empresas como China Power que quería comprar Coca Codo Sinclair, devolvernos el dinero y hacerse responsable como está. Pero hay el sentimiento de que estamos entregando algo que es nuestro. Si algo no está funcionando, prefiero entregar a alguien que se haga cargo, responda por eso y devuelva el dinero.

Snai edificio

Coca Codo Sinclair

Suena extraño que una empresa china quiera hacerse cargo de algo que no sirve

No es que no sirva, la central funciona, pero hay el riesgo de problemas serios y nadie sabe cuándo, puede ser en 10 o 20 años, porque hay incertidumbre sobre la calidad de los equipos, las condiciones geológicas y cantidad de cosas.

¿Sería bueno abrir las puertas a una negociación? 
Sería bueno, entiendo que China Power, que es la matriz, la mamá de Sinohydro, ha presentado una propuesta, pero como la política se mete, dicen ‘no vamos a vender el proyecto’. Por eso han presentado una propuesta de concesión que, entiendo, reposa en el Ministerio de Energía.

¿Eso sería bueno para el país? 
Sería bueno porque la responsabilidad de lo que pase en esa hidroeléctrica pasa a ser de la concesionaria, no del Estado. 

¿Y todo lo que se ha perdido y todo el daño causado? 
Esos dineros serían reembolsados al Estado.

¿Los más de US$3.000 millones?
Cerca de US$3.000 millones. Habrá que discutir una tarifa de generación atractiva

¿Esa es la única salida para resolver el problema de Coca Codo?
Eso es algo que el Gobierno tiene que sentarse a negociar. No sé si hoy, por efecto de las elecciones, las cosas se estén dando un poco lento.

Pero, concesionar Coca Codo a China, nuevamente, suena hasta descabellado
Suena descabellado, pero es la única solución para que el país salga bien librado.

¿Nadie más se haría cargo?
Esa es una espada de Damocles que está encima del Estado. Si pasa algo con la hidroeléctrica, volveremos al problema de la falta de energía. Y se debería poner una cláusula en la que se determine cómo la empresa va a compensar al país si por ‘x’ o ‘y’ razón no puede generar.

¿Eso significaría echar tierra sobre las denuncias de corrupción, los informes de Contraloría con responsabilidades?

No sé cómo serían las negociaciones, pero el daño está hecho. No creo que al entregar la obra en concesión se borre los pecados de antes. Ahora, conociendo a China, no sería raro que proponga eso y diga: me libran de toda responsabilidad, mi embajador que estuvo involucrado ya no va a tener problemas, etcétera.

Sería bueno, entiendo que China Power, que es la matriz, la mamá de Sinohydro, ha presentado una propuesta, pero como la política se mete, dicen ‘no vamos a vender el proyecto’. Por eso han presentado una propuesta de concesión que, entiendo, reposa en el Ministerio de Energía.

Contrato de implementacion

¿Tendrán que hacer un balance sobre el costo-beneficio, incluido el costo político?

Claro, habrá que ver qué proponen. Solo sé que hay una propuesta económica y comercial. Que yo conozca no hay ningún planteamiento en cuanto a dejar sin efecto acusaciones anteriores a esta negociación. Ha habido una cantidad de abusos. Creo que el Gobierno chino ya se dio cuenta y por eso ya no interviene en las negociaciones. Gente con la que he hablado de empresas chinas, que aún tienen interés de invertir en el país, comenta que les están diciendo ‘usted va como empresa privada a invertir en Ecuador, no con respaldo del Gobierno chino’.

¿Será que no pensó que las cosas iban a llegar tan lejos?
La filosofía de esos países es totalmente diferente a la nuestra. Cuando me reunía con ellos me decían: usted es ministro, puede decidir lo que sea. Yo les decía no, tengo que seguir lo que dice la ley, no importa que sea ministro, no tengo la palabra final sino la ley y la Constitución… Cuando había un dominio por parte de la Presidencia de la República, se forzaba… y los resultados hoy en día son que todo el mundo anda preso o con acusaciones.

¿Cómo operan los lobistas, son equipos grandes dentro y fuera del país?
Los lobistas son gente que tiene contactos en China y se acostumbraron a estar incrustados en el Gobierno ecuatoriano. Mi primera sorpresa fue cuando fui a China y los lobistas estaban en el mismo hotel. ¿Cómo sabían que yo había ido a China, en qué hotel estaba y qué reuniones iba a tener con el Gobierno chino? Tenían toda mi agenda. 

¿Quiénes son? ¿Puede citarlos? 
Uno que a mí me sorprendió fue ese señor Sánchez, que venía y proponía ciertas cosas. Mi respuesta fue: ‘yo no camino por esos caminos’ 

¿Se refiere a Bolívar Sánchez, considerado uno de los principales lobistas petroleros y que, junto con Rafael Correa y Jorge Glas, es uno de los 20 sentenciados en el Caso Sobornos-Odebrecht?

Sí, hablo de Bolívar Sánchez

¿Qué le proponía? 

Comisiones y comisiones… Les dije que no trabajo así, que mi vida ha sido transparente y que mi labor es pelear por las mejores condiciones para el país. Que yo hago las cosas de gobierno a gobierno y que no voy a lidiar con ellos.

¿Le informó al presidente Moreno sobre eso? 

Claro.

¿Qué dijo él? 

El presidente Moreno en estas cosas no se involucraba mucho. Le gustaba meterse más en los programas sociales. Al ministro de Finanzas (Richard Martínez) y a mí nos dejaba manejar los sectores.

¿Qué reputación tienen los lobistas chinos?

Son complicados. En el mundo de los negocios se dice que con los chinos se empieza a negociar luego de que se ha firmado los contratos porque no respetan las cláusulas y siempre exigen más. A pesar de que el Gobierno chino lo niega, hay bastante corrupción. Frené bastante a los benditos lobistas que querían meterse por todos lados para influenciar. Me decían que puedo hacer lo que me dé la gana, que no importa la ley ni los jueces. Yo les respondía que eso podrán hacer en su país, pero acá deben cumplir la ley.

¿Ítalo Cedeño es uno de esos lobistas?

El era uno de los mayores lobistas de las empresas chinas y muy amigo del exvicepresidente Jorge Glas. Se reunían a cada rato. Lo conozco muchísimos años, no concuerdo con su forma de trabajar, ni de comportarse, peor aún con el escándalo de la esposa. Los chinos se mueven a todo nivel y este señor Cedeño, que trabajó tanto tiempo en Andes Petroleum, tiene con ellos un cordón umbilical. Era terrible, ofertaban cualquier cosa. Lo importante es mantenerse firme y no aceptar nada de nada.

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Contrato de grilletes electrónicos con CEIEC mantiene encadenado al Estado

El Servicio Nacional de Atención a Privados de la Libertad (SNAI) y China National Electronics Import & Export Corporation (CEIEC) mantienen una disputa por la millonaria liquidación que la empresa asiática reclama para poder finiquitar el contrato mediante el cual vendió al Estado ecuatoriano 5.497 dispositivos electrónicos, entre ellos 4.000 grilletes o tobilleras.

Luego de casi 7 años de iniciadas las operaciones y funcionamiento de este sistema de monitoreo y vigilancia, los reflectores vuelven a enfocarse en este proceso contractual.

La controversia no ha podido zanjarse porque el SNAI reclama varios incumplimientos contractuales a CEIEC, como el no haber entregado el código fuente, que es el conjunto de archivos y bases de datos inicial de la plataforma tecnológica del sistema de vigilancia electrónica. La empresa china no dio mantenimiento a uno de los soportes del software que es el Google Maps y pese a que no dio ese servicio cobró US$ 80 mil adicionales al costo real de ese rubro. Es decir, la empresa china quiere cobrar más de lo que constan en las actas del proceso. CEIEC también incumplió plazos de entrega de productos y servicios.

El remanente reclamado por CEIEC suma US$ 2 millones, pero el SNAI sostiene que solo deben cancelarse US$ 800 mil.

El 31 de enero de 2024, el SNAI solicitó a la Contraloría General del Estado un examen especial sobre las actuaciones del equipo auditor por eliminar irregularidades cometidas por una exministra de Justicia, dos exadministradores de contrato y la empresa CEIEC que sirvieron para desvanecer una glosa de US$ 9,5 millones.

Snai edificio

El SNAI recuperó documentación sobre el contrato con CEIEC, en diez cajas con información que no fue entregada formalmente por administraciones anteriores.

La polémica no es solo un desacuerdo en las cifras. Lo que coloca más cuesta arriba la situación del SNAI es una decisión que tomó la Contraloría General del Estado hace más de cuatro años al desvanecer una glosa en contra de la empresa china y varios funcionarios del extinto ministerio de Justicia, argumento que ahora es usado por la excontratista china para desconocer los incumplimientos contractuales identificados por el SNAI.

En octubre de 2018, la Contraloría estableció una glosa por US$ 9,5 millones en contra de la contratista CEIEC, la ministra de Justicia del régimen correista, Ledy Zúñiga (quien firmó el contrato), Fabián Rosas Espinoza, entonces subsecretario de Rehabilitación Social, Reinserción y Medidas Cautelares, y Roberto Vaca Mejía, a la fecha coordinador General de Gestión Estratégica (estos dos últimos administradores del contrato).

Pero en diciembre del 2019, los mismos auditores, que elaboraron el examen especial y establecieron responsabilidades civiles, desvanecieron la glosa y liberaron de responsabilidades a los funcionarios y a la empresa china. Quien firmó la resolución fue el contralor subrogante Luis Miño, el mismo que, junto con Pablo Celi, firmaron otros desvanecimientos de glosas a favor de las empresas asiáticas Petrochina y Sinohydro.

El SNAI busca ahora que los administradores del contrato sean “responsables por sus acciones y omisiones” y que los auditores del organismo de control sean investigados. Por ello el 31 de enero de 2024 solicitó formalmente a la Contraloría un examen especial a las “actuaciones del equipo auditor”.

La Contraloría respondió “favorablemente” a este pedido, el pasado 21 de febrero.

“Los auditores que dijeron que no hay nada de novedad (al desvanecer la glosa) pueden responder por el derecho de repetición porque son evidenciables todas las anomalías porque ni siquiera hicieron un análisis profundo al contrato de la empresa china. El análisis que hicieron los auditores fue un análisis rápido y somero”, dijo a Mil Hojas, el director del SNAI, Luis Zaldumbide.

La autoridad del organismo encargado de las cárceles del país explica que no se puede realizar otro examen especial sobre un tema que ya fue cerrado por la Contraloría. Pero sí se puede pedir que se investigue la actuación de los auditores que analizaron este proceso contractual.

Por lo tanto, el SNAI quiere que se investigue también a los responsables de decisiones como la firma de actas que señalaban que se entregó el código fuente sin que ello se haya realizado, el no haber cobrado las multas correspondientes a las demoras en las entregas de productos y servicios, el haber suscrito documentos que decían que la contratista entregó productos y servicios, pese a que no lo hizo.

En la glosa que determinó la Contraloría constan multas no impuestas a CEIEC debido a prórrogas injustificadas por un total de US$ 95.987,20.

El SNAI no descarta que estas y otras irregularidades que siguen recopilando formen parte de denuncias judiciales en contra exfuncionarios, que serán presentadas posteriormente.

¿Por qué y para qué se compraron dispositivos de vigilancia electrónica?

El contexto legal y político en el que las autoridades ecuatorianas se ampararon para llevar adelante el proyecto de vigilancia electrónica fue el Código Orgánico Integral Penal (COIP) que establece el uso de dispositivos de vigilancia electrónica como parte de las medidas cautelares y sustitutivas de la prisión preventiva y ordena que el ministerio de Justicia con el Consejo de la Judicatura pongan en funcionamiento tales dispositivos con su respectiva plataforma; también estaba el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, que establece entre sus objetivos el consolidar la transformación de la justicia y la seguridad integral.

A su vez el sustento de estas normas y del plan de desarrollo era que la compra de dispositivos electrónicos se debía a la necesidad de reducir los gastos provocados por el sistema penitenciario. El extinto Ministerio de Justicia señaló que, por cada caso de arresto domiciliario, se necesitaba de tres policías para la custodia, lo que generaba un costo de US$ 90 diarios, mientras que con el uso del grillete o tobillera ese valor se reduciría a US$ 5.

El mencionado proyecto fue diseñado con tres componentes: implementar una plataforma de gestión ajustada a la normativa ecuatoriana, implementar un modelo de gestión del sistema de vigilancia electrónica; y monitorear el funcionamiento y cumplimiento del modelo de gestión del sistema de vigilancia electrónica, de acuerdo con la documentación precontractual y contractual revisada por Mil Hojas.

La Subsecretaría de Gobierno Electrónico de la Secretaría Nacional de la Administración Pública fue la encargada de entregar el aval técnico del proyecto al Ministerio de Justicia, en marzo de 2015.

Al mes siguiente la ex Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo SENPLADES emitió el dictamen de prioridad y para entonces ya estaba definido un presupuesto de US$ 18’ 014,369.98 (período 2015-2017), para el proyecto. El valor incluía un préstamo de China Development Bank (CDB) por USD 4’226.494,05, financiamiento pagado con petróleo ecuatoriano a precios descontados.

Entre los hitos precontractuales a destacar está el convenio Cooperación Interinstitucional para coordinar el Sistema de Vigilancia Electrónica firmado el 23 de febrero de 2016 entre la entonces ministra de Justicia Ledy Zúñiga y un representante del Ecu 911.

Para julio de 2016 ya estaba autorizado el inicio de la contratación bajo régimen especial e invitación directa a CEIEC para que participe en el proceso. La decisión la tomó Karla Benítez, ministra de Justicia (s).

El 3 de agosto de ese año la ministra Zúñiga dictó la resolución de adjudicación a CEIEC. Y el 18 de agosto, junto con Wag Fei, apoderado de CEIEC, la titular del ministerio de Justicia suscribió el contrato por US$ 13,712.456,45, a un plazo de 480 días desde la fecha de efectivización del anticipo.

La empresa China National Electronics Import & Export Corporation (CEIEC) exige el pago de un remanente de US$ 2 millones, pero el SNAI sostiene que solo deben cancelarse US$ 800 mil, tras confirmar una serie de irregularidades cometidas por la contratista asiática en la ejecución del contrato por el cual se  adquirieron 5497 dispositivos electrónicos.

Los compromisos que asumió CEIEC

En el objeto del contrato se establece que CEIEC tiene que “suministrar, instalar, entregar debidamente funcionando los bienes y servicios que comprenden la adquisición e implementación de la plataforma informática y dispositivos de geo­posicionamiento electrónico, según las condiciones, especificaciones técnicas y características de los servicios, pliegos precontractuales y la oferta presentada.

Contrato de implementacion
Condiciones de los contratos dispositivos electronicos

La contratista también debía proveer los dispositivos de vigilancia electrónica, con el siguiente detalle:

► 3000 dispositivos de vigilancia electrónica para libre circulación, 600 dispositivos para protección y 400 para arresto domiciliario.

► Un software de monitoreo basado en desarrollo web y motores de mapeo para la ubicación de los monitoreados utilizando un nivel de detalle a full color, con detalles en imágenes vía satélite y mapas tipo callejero, satelital e híbrido.

El sistema de Vigilancia y Monitoreo debía contar con tres tipos de monitoreo:

  • Domiciliario
  • Libre circulación
  • Para protección (víctima – agresor, testigo)

El software de monitoreo tenía que soportar el monitoreo simultáneo de al menos 10.000 dispositivos de vigilancia electrónica.

► Infraestructura de hardware: que incluye servidores, equipos de red, almacenamiento, cableado y demás elementos que se estimen necesarios, considerando que deben soportar la Plataforma en su totalidad.

► El software base (sistemas operativos, bases de datos) y todos los componentes que requiera su plataforma.

La contratista implementará la interoperabilidad con el sistema del ECU 911. Los parámetros técnicos para el intercambio de la información serán definidos entre el Ministerio de Justicia, la contratista y el sistema ECU 911.

► A solicitud del Ministerio de Justicia, CEIEC debía realizar la verificación técnica al domicilio de la persona privada de la libertad PPL  (en caso de vigilancia electrónica de arresto domiciliario) o lugares autorizados por el Juez (en caso de libre circulación), debiendo informar el nivel de riesgo en los accesos y el cumplimiento de las condiciones técnicas mínimas requeridas para la adecuada implementación de la vigilancia, en un informe de viabilidad técnica, en un plazo no mayor a 48 horas.

CEIEC debía verificar que las áreas de tránsito restringido o el perímetro del domicilio, sean accesibles físicamente, que exista disponibilidad del servicio de telefonía móvil tanto de voz como de datos, que cuente con señal satelital de suficiente intensidad y que cuente con servicio de energía eléctrica para recargar las baterías del dispositivo de vigilancia electrónica.

► El código fuente de la versión implementada será entregado al Ministerio de Justicia para su uso exclusivo, sin restricciones y de manera perpetua.

► CEIEC debe implementar centros de monitoreo. Luego la operación de los Centros de Monitoreo Principal y de Respaldo será de responsabilidad del Ministerio de Justicia.  

► Si los dispositivos de vigilancia sufren algún daño que no esté relacionado con la cobertura de la garantía técnica, la contratista reemplazará el dispositivo por otro nuevo de las mismas características, en un plazo no mayor a 48 horas, hasta un máximo del 15% de la totalidad de los dispositivos adquiridos durante la vigencia del contrato.

► CEIEC realizará un programa de capacitación orientada a jueces y fiscales, funcionarios del SIS ECU911, policía nacional, funcionarios del Ministerio de Justicia y Proyecto de dispositivos de vigilancia electrónica.

Sobreprecios, sobrecompras e incumplimientos caracterizaron al contrato

El contrato entre el ex Ministerio de Justicia y CEIEC para implementar la vigilancia electrónica estuvo plagado de irregularidades, desde sobreprecios en los dispositivos y sobrecompra de equipos hasta el incumplimiento de cronogramas. Además de la descoordinación de datos y otras falencias en su funcionamiento.

el CEIEC edificio

CEIEC tiene su oficina principal en Quito

En 2017, es decir al año siguiente de firmado el contrato, nuestro equipo periodístico ya reveló irregularidades en este proceso: la empresa china adquirió los grilletes a la empresa Megasteky con un posible sobreprecio de 800%. 

En el desglose del valor del contrato constan los valores de los dispositivos de vigilancia electrónica (DVE) que están divididos en: 4.000 grilletes o dispositivos de libre circulación, 600 denominados dispositivos víctimas, 400 dispositivos de arresto domiciliario y 500 dispositivos de reconocimiento facial, que con el costo de sus respectivas licencias suman un valor de US$ 6.483.000.

En el item correspondiente a los grilletes consta un valor unitario de US$ 1.058: US$ 960 por cada dispositivo, más el costo de la licencia permanente de US$ 98 por cada unidad. El contrato no especifica qué características y valores se incluyeron dentro de los US$ 960.

El equipo ofertado por CEIEC fue el modelo MT200, del año 2016, con tecnología y comunicación GSM, GPRS/UMTS, Quad-band 850/900/1800/1900Mhz, 3G, GPS, Bluetooth, micrófono y parlante incorporado. Para precisión de ubicación: 15 metros, puerto para cable de carga; resistentes a humedad y temperaturas hasta 250 grados y batería de 15 horas de duración.

En la investigación realizada por nuestro equipo de investigación en 2017, se descubrió que, al comparar a nivel internacional, su valor de mercado oscilaba entre los US$130 y US$135. Quiere decir que a cada brazalete de ese modelo (MT200) se le aumentó US$825, es decir, que cada dispositivo tuvo más del 800% de incremento.

Al poco tiempo de estos hallazgos, la Contraloría General del Estado examinó este contrato y en octubre de 2018 emitió el informe DNA1-0049-2018 que concluyó con la GLOSA-DNPR-01463-80.

Si bien en párrafos anteriores, ya se mencionó a esta glosa, es importante destacar que las irregularidades encontradas por el órgano de control fueron más allá de la no entrega del código fuente o de incumplimientos de plazos por parte de CEIEC.

Entre los graves reparos a la empresa china y a las autoridades consta que “la interoperabilidad de los sistemas del Ministerio de Justicia y del Sistema ECU 911 no contó con la definición de parámetros técnicos, ni cumplió con los requisitos mínimos establecidos en los Términos de Referencia; solo el 18% de los grilletes electrónicos estaba en uso efectivo, por lo que se concluyó que se compraron equipos en demasía.

Además, ya se evidenciaron discrepancias en los datos sobre la localización de personas privadas de libertad entre el Ministerio de Justicia y el ECU-911, lo que ocasionó “que no se ubique en tiempo real a los PPL; y por tanto la plataforma informática y dispositivos de geoposicionamiento electrónico no cumplan con el objeto del contrato para el cual se adquirió, ocasionando un perjuicio a la entidad por US$9 598 719,52 correspondiente al valor del anticipo”.

En cuanto a los argumentos para glosar a cada funcionario, sobre la exministra de Justicia, Ledy Zúñiga y los administradores del contrato, el ex subsecretario de Rehabilitación Social, Fabián Rosas Espinoza, y el excoordinador General de Gestión Estratégica, Roberto Vaca Mejía, la Contraloría les responsabilizó por no coordinar acciones para el intercambio de datos entre los sistemas del Ministerio de Justicia y del ECU 911. Tampoco verificaron que CEIC suministre, instale y entregue los módulos de integración con ECU-911 y el complementario para el Software ECU-911 según las especificaciones técnicas previstas en el contrato.

A Zúñiga se le cuestionó también por firmar el contrato “sin contar con los estudios y diseños completos, definitivos y actualizados, ni especificaciones técnicas para verificar la real necesidad del objeto a contratar, y por no solicitar reportes de avances, ni verificar el cumplimiento de las etapas del contrato”.

Por recomendar y autorizar una prórroga de 7 días a CEIEC para que entregue 1.500 dispositivos sin que existiera una situación de fuerza mayor, ocasionando que no se imponga la multa respectiva a la contratista se glosó a Fabián Rosas y Karla Benítez con US$ 95.987,20.

Por haber suscrito el acta de entrega de recepción parcial, señalando que CEIEC cumplió con las obligaciones establecidas, “sin observar que existieron 8 días de retraso en la entrega de los productos se glosó a Roberto Vaca con US$617.060,54. Así mismo autorizó la modificación del cronograma de entrega del producto lo que representó una demora de 44 días, retraso por el que tampoco se le impuso multa a la contratista.

Estas glosas civiles sumaron US$ 713.047,74.

Pese a las pruebas recopiladas por el organismo de control, en septiembre de 2019, a través de resolución 17886, Contraloría desvaneció la responsabilidad civil de US$ 603.348,08 “en favor” de Roberto Vaca, administrador del contrato y la empresa CEIEC, por cuanto la contratista demostró “documentadamente” que no incumplió los plazos de entrega. Y en diciembre de 2019, Luis Miño, subcontralor General del Estado, con resolución 17923, decidió que los sistemas de interoperabilidad “se encuentran funcionando”, por lo tanto, resolvió desvanecer la glosa en contra de Zúñiga, Rosas y Vaca.

documento responsabilidad civil

El documento confirmó la responsabilidad civil por US$ 109.699,66 en contra de Fabián Rosas y Karla Benítez.

La Contraloría no hizo el seguimiento a la compra que hizo CEIEC de los grilletes a la empresa Megasteky y, de lo que conocemos hasta el momento, esa denuncia no prosperó a instancias judiciales.

Las fallas de este sistema de grilletes electrónicos, al que el correato también denominó emblemático (así bautizaba a muchas de sus obras), fueron ampliamente denunciadas por políticos y periodistas. Por ejemplo, en abril de 2020 se conoció que la plataforma que controla el funcionamiento de los grilletes electrónicos se cayó y los operadores del sistema temían que PPL sentenciados puedan escapar.

“Para que funcione un grillete se destruían cinco”

Con los altos niveles de inseguridad de Ecuador, que ha alcanzado un récord en la tasa de homicidios de alrededor de 45 por cada 100.000 habitantes, no todo sospechoso de haber cometido un delito va preso. Muchos son juzgados en libertad por la opción que da el Código Orgánico Integral Penal (COIP art 522) del uso de grilletes o tobilleras electrónicas como una medida sustitutiva a la prisión preventiva.

Sin embargo, los recurrentes problemas técnicos que han impedido que estos dispositivos rastreen en tiempo real a los procesados han abonado a la impunidad en el sistema de justicia del país.

Pese a las deficiencias en estos equipos, los problemas solo se han agravado. Cuando Mario Carrillo, llegó a la subdirección del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI) en septiembre de 2023, funcionaban dijo, alrededor de 800 dispositivos electrónicos y unos de 4.200 “eran solo piezas porque dentro de esta institución se hacía canibalismo técnico, es decir, para que funcione un dispositivo, destruían a cinco”.

Carrillo asegura que la justificación que se le explicó en ese entonces para adoptar tal procedimiento fue que debían cumplir órdenes judiciales y no contaban con grilletes en buenas condiciones. Sino habilitaban un grillete se cometía el delito de desacato.

“Me dijeron que como siguen dando órdenes judiciales no se puede dejar de cumplir; entonces trataron de recuperar piezas, destruyendo otros (grilletes), cambiando partes, lo que se convierte en una bola de nieve que se va agrandando”,

Carrillo confirma que a estos problemas se sumaba la poca o casi nula vigilancia que dio el sistema ECU 911, encargado de hacer el seguimiento de cada grillete colocado.

Citó como ejemplo, el caso de Fernando Alvarado, ex secretario de comunicación de la Presidencia del correísmo. “El 911 tenía que haber detectado ese aparato que estaba en tal quebrada y no fue así. Uno tiene que enterarse el momento que están desactivándolo y, en tiempo real, (saber) dónde está esa persona con el dispositivo”.

Modelo de grillete que usó Fernando Alvarado

Este es el grillete que usó el exsecretario de Comunicación del correato, Fernando Alvarado.

El ex subdirector del SNAI se refiere a uno de los mayores escándalos que pusieron al descubierto las graves falencias del funcionamiento de los grilletes electrónicos. El 20 de octubre de 2018, se dio la orden de que todos los pasos fronterizos estuvieran alertas. Fernando Alvarado, que tenía medidas cautelares por un caso de corrupción, se había quitado el dispositivo y escapó.

Alvarado había logrado que un juez le sustituyera la prisión preventiva en el caso de un supuesto peculado para la producción de los enlaces ciudadanos (las llamadas sabatinas), que eran utilizados para atacar a los oponentes políticos del correísmo.

Tras su huida, se inició otro juicio en contra de Alvarado por incumplir orden legítima de autoridad al haberse retirado el grillete electrónico, uno de los 4.000 entregados por la empresa china CEIEC.

Precisamente fue la fuga de este alto funcionario del correato uno de los hechos más simbólicos que confirmó las falencias de este sistema de vigilancia, concebido cuatro años antes, al amparo del entonces naciente COIP, (vigente desde febrero de 2014) que ordenaba que el ex Ministerio de Justicia con el Consejo de la Judicatura pongan en funcionamiento tales dispositivos con su respectiva plataforma.

El 86,5% de los grilletes están dañados, perdidos o en revisión

Dispositivos electronicos

El contrato con CEIEC estableció que debían entregar a su contraparte ecuatoriana un total de 5.497 dispositivos electrónicos desglosados en 4000 grilletes o tobilleras; 600 Beeper, 400 radios, 500 tablet, pero según la constatación física realizada por el SNAI, al momento, no existen todos estos dispositivos.

En cuanto a los grilletes, 2.615 están dañados, 495 están en proceso de repotenciación, 286 están perdidos y ya se han presentado 80 denuncias formales ante la justicia reportando estas pérdidas. Además 36 están en cadena de custodia y 25 están en proceso de verificación de daños. Solo 540 están en uso y controlados desde el centro de monitoreo.

De los 600 Beeper MT70, solo 14 están en uso y monitoreados; de las 400 radios bases S921, 32 están instaladas y funcionando en la plataforma; y de las 500 Tablet Aaron-5, apenas 8 están en uso.

El director del organismo de control de las cárceles del país, Luis Zaldumbide, asegura que está optimizando los equipos que tiene. Anunció que repotenciará los dispositivos que están en la plataforma con accesorios nuevos para aumentar la disponibilidad de estos aparatos. También hay que remplazar baterías dañadas.

Además, se repotenciará la plataforma con el apoyo de la Unión Europea que también entregará las licencias por un valor de US$13.000, por seis meses. Para ello, dijo Zaldumbide ya se hicieron las pruebas de una de las plataformas de control que es Google Maps.

“Estábamos ciegos. Esto se vuelve hacer después de casi tres años, una nueva inversión en dispositivos y no solo para repotenciar los que tenemos en plataforma”, puntualizó Zaldumbide, quien aseguró que ya no se recurrirá a la práctica que se había generalizado en los últimos años del “canibalismo técnico” mediante el cual se usaban partes de otros dispositivos para completar otros con el fin de que sean funcionales.

Pese a la mala experiencia que dejó al estado ecuatoriano este contrato con CEIEC, el SNAI apostó por una subsidiaria china, la empresa Puentes y Calzadas Infraestructuras SL, para la construcción de la cárcel de Santa Elena por US$ 52 millones y se lo hizo mediante un proceso publicado en compras públicas y declarado bajo reserva para los próximos diez años.

La contratista para el nuevo centro de privación de libertad es controlada por la estatal «China Road And Bridge Corporation» (CRBC).

El Gobierno del presidente Daniel Noboa optó por esta empresa a través de una carta directa y sin concurso público. Esta subsidiaria de CRBC ha dejado sentado en los documentos oficiales, que está dispuesta a recibir todo el pago por construir la cárcel, en bonos del Estado.

Por un contrato de US$ 55,5 millones, firmado en 2012 con la exministra de Obras Públicas, María de los Ángeles Duarte, la Contraloría cuestionó a CRBC por subcontratar la totalidad de las siete obras que debía entregar. Esto, pese a que solo podía contratar con terceros un máximo del 30% del monto del contrato. Además, obtuvo una ganancia adicional a la establecida en los costos indirectos y utilidades de su oferta.

La empresa asiática formaba parte de la lista de empresas inhabilitadas por el Banco Mundial desde 2009, pues fue acusada de actos de corrupción en Filipinas.

Al momento CRBC está envuelta en la polémica compra del hotel Quito.

Documentos de respaldo

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