La Secretaría Nacional de Inteligencia desvió fondos de gastos especiales a la campaña de segunda vuelta de Lenin Moreno y Jorge Glas, con autorización de Rafael Correa y la operación de Rommy Vallejo. El informe de la Senain, al que accedió este portal registra millonarias cifras que incluyó pago de telefonía celular de Lenin Moreno y su familia, la entrega de cientos de miles de dólares a Santiago Cuesta para cubrir encuestas e incluso la movilización al estadio Atahualpa y el ataque al candidato Guillermo Lasso, en un partido de fútbol de la selección nacional.
El 19 de febrero de 2017, cuando Lenín Moreno y Guillermo Lasso pasaron a disputar la segunda vuelta electoral, Rafael Correa ya había ordenado a la Secretaría Nacional de Inteligencia iniciar una violenta campaña contra Guillermo Lasso usando dinero de gastos especiales. El plan fue llamado “Proyecto Especial: 1, 2 y 3 para la campaña del binomio Moreno-Glas”.
El paso al balotaje no estaba en la agenda del correísmo, que había asegurado el triunfo presidencial en una sola vuelta. Sin embargo, los resultados no jugaron a favor del oficialismo y fue el propio presidente Correa quien tuvo que reconocer una segunda vuelta entre Moreno y Lasso. «Nos quedamos a medio punto de ganar en una sola vuelta», dijo Correa. En esas condiciones y vaciadas las arcas financieras de la campaña, debió orientarse la mirada económica a una fuente segura y cercana: la Senain.
El contenido de este informe, al que Periodismo de Investigación accedió casi en su totalidad, fue ratificado por una autoridad de inteligencia de ese entonces, que pidió total reserva de su nombre.
Varios nombres que aparecen mencionados en estos documentos, también fueron identificados en el informe Arroz Moreno (financiamiento de la consulta popular de 2018), publicado en junio de 2020, por La Posta, y posteriormente cuando la fiscalía realizó allanamientos e incautó dispositivos en los que se encontró amplia información relacionada al caso. Esos documentos se calificaron como reservados por un juez de la Corte Nacional, en octubre del 2020.
Los gastos relacionados con operaciones de inteligencia y contrainteligencia deben ser conocidos y autorizados por el Presidente de la República, toda vez que la Senain depende directamente del ejecutivo.
El plan de campaña de la Senain inició el 7 de marzo de 2017, desde ese día se registraron, diariamente, desembolsos que van desde los $300 hasta $800,000. Los montos superan con facilidad los seis millones de dólares en total.
Uno de los primeros personajes en recibir esos recursos fue Santiago Cuesta para el levantamiento de tres encuestas. Fueron $225,000 en tres entregas de $75,000 los días 7, 13 y 21 marzo. El dinero llegó a manos del equipo de Jordi Segarra, el asesor que quedó al descubierto en enero de 2019 cuando este portal publicó un amplio informe sobre la ruta del dinero del presidente Lenín Moreno, que luego se llamaría el Informe Majano y que identificó la entrega de $1,5 millones de la Senain, a la campaña de primera vuelta de Moreno y Glas.
El miércoles 8 de marzo, Paulina Proaño, recibió $60,000. Ella es también identificada en el caso Arroz Verde, y se la relaciona como “Jefa de campaña”.
Desde el 2011, Proaño estuvo en los roles de pago de varias instituciones. En el Ministerio del Interior fue directora ejecutiva. En el Ministerio de Justicia, directora técnica de la Unidad Transitoria de Gestión Emergente para la Construcción y Puesta en Funcionamiento de los Centros de Rehabilitación Social. En el Ministerio de Salud, directora del Sistema de Pensiones del IESS, en el Centro de Inteligencia Estratégica fue coordinadora administrativa y financiera, y en la Asamblea trabajó con Gabriela Ribadeneira.
Entre el 7 y 21 de marzo se desembolsó $445,152.
Entre los rubros que se detallan en el informe de la Senain hay valores no justificados por casi un millón de dólares ($950,000) se mencionan operaciones de redes sociales a cargo de Carolina (Caro) Espinosa bajo el nombre Anonimus.
Se nombra además una llamada “Operación CNE”, que no explica en qué consistió, otra denominada “Operación control electoral CREO”, además de la “Compra de información en contra de candidatos para campaña de LM organizada por Paco, Jordi y Cotonete Suasnavas”, más la “Operación Cedatos” y pago de fuente humana “Caso Cedatos”, que según el registro se encargó a la entonces ministra Roxana Alvarado.
El 21 de marzo de 2017, Alvarado acusó a Cedatos de haber presentado encuestas alteradas para favorecer en primera vuelta a Guillermo Lasso, incluso reveló información privada de la encuestadora, la cual luego se confirmó fue obtenida de forma ilegal por el oficialismo. Las fechas de los desembolsos económicos en el caso Cedatos, coinciden con los hechos.
El informe además señala 25 operaciones de influencia realizadas para la campaña de Lenín Moreno y diez operaciones para la segunda vuelta contra el binomio Guillermo Lasso y Andrés Páez.
Ataque en el estadio
Entre el domingo 26 de marzo y el miércoles 29 de ese mismo mes, es decir en sólo cuatro días la Senain desembolsó $2,300,000.
Los principales rubros: $700 mil y otros $800,000 se entregó a Gustavo Baroja para gastos de campaña. El informe dice que él se encargaba de llevar el control propio del dinero. Baroja ya fue señalado en la trama de Majano junto a Paola Pabón.
Ese mismo día (26 de marzo) a las 23h30 otros $200,000 se entregaron a Paulina Proaño por el concepto “concentraciones de campaña y movilización de LM. Se le entregó además (a las 23h38) $30,000 adicionales por el mismo concepto.
En ese chorro de cientos de miles de dólares de fondos reservados, el lunes 27 de marzo a las 11h32, se detalla un rubro de $150,000 (sin un nombre responsable al que se haya entregado) que dice “entradas fútbol”, el partido de la selección de Ecuador frente a Colombia al que asistió Guillermo Lasso con su familia y fueron atacados por una turba, dentro y fuera del estadio.
Ese mismo 27 de marzo en la tarde se entregó $50.000 a Alejandro Álvarez, encargado de los enlaces ciudadanos, para fomentar la campaña de LM en enlaces sabatinos.
El martes 28 de marzo en la mañana se pagó a Marcelo Donoso $100.000 para armar la tarima del triunfo de Lenín Moreno, en la avenida de los Shyris en Quito.
También se enumera una serie de hechos posteriores a la posesión de Lenín Moreno el 24 de mayo de 2017 bajo el título “Falta detallar operaciones realizadas posterior al 24 de mayo” por un valor de $4,500,000.
Establece rubros como: Manejo en redes sociales Caro Espinoza para LM. Teléfonos para redes sociales de LM recibidos por Rosángela Adoum, Julio Bueno y equipo de redes. Pago de motocicleta nueva, sueldo de 3 meses, y bono de accidente de Rocío de Moreno en Honda CRV (sic). Seguridad de la esposa de LM Sra. Rocío de Moreno en Barcelona, viaje al matrimonio de la hija y pago a fuentes humanas.
Proyecto especial III
El registro de gastos de esta parte del proyecto contempla una cifra de $194 mil dólares, que incluye 4 paquetes de 20k, 1 paquete de 18K, 1 paquete de 10K y 1 paquete de 1K. Las fechas de desembolsos van desde abril de 2017, hasta septiembre del mismo año. Entre los beneficiarios constan el exministro César Navas y David Téllez, que reciben varios desembolsos para control electoral.
Además aparecen desembolsos a favor del exasesor presidencial Omar Simon para el pago de una encuestadora, así como recursos a favor de Santiago Díaz, quien funge ahora de representante de Unión por la Esperanza – UNES, el movimiento que auspicia a Andrés Arauz. También consta un rubro denominado “Pago a negritos para que hagan video de desprestigio a Guillermo Lasso por ataques a Lenín Moreno¨.
Un examen de la Contraloría General del Estado – CGE, realizada del 1 de marzo al 24 de mayo de 2017, determinó responsabilidades civiles culposas. Entre enero y noviembre de 2017, la CGE identificó tres gastos no justificados por Rommy Vallejo como secretario de inteligencia: el primero del 12 de enero por $847 000; el segundo relacionado a una llamada Operación Centinela; y, otro en noviembre de ese año por casi 3 millones de dólares.
Los documentos de la Senain desglosan además otros gastos derivados por la seguridad de Lenín Moreno, que suman $600,000 y recursos adicionales que recibió cuando desempeñó funciones diplomáticas en las Naciones Unidas. Recibió $90,000 que gastó cuando desempeñó funciones de representación diplomática en Suiza.
El plan de sobornos que ha develado el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en la comercialización internacional de hidrocarburos, abre el camino para conocer el mayor caso de corrupción petrolera en la historia del Ecuador, gestado durante el gobierno de Rafael Correa Delgado. Altos funcionarios de Finanzas y Petroecuador junto a varios empresarios han sido identificados en una ruta de corrupción que los periodistas de este portal no hemos dejado de gritar en los últimos 8 años. Periodismo de Investigación le pone el cascabel al informe de la justicia norteamericana y revela los hechos con los nombres de los responsables y la dimensión real de la trama que envuelve a la petrolera Vitol, cuyo hilo delictivo conduce a desenredar la madeja de Petrochina.
Fue a las 7:30 de la noche del martes 4 de octubre de 2016. Los miembros del directorio de Petroecuador, José Icaza Romero, ministro de Hidrocarburos; Jorge Wated Reshuan, delegado del presidente Rafael Correa; Adolfo Salcedo Gluckstadt, delegado de la Secretaría Nacional de Planificación y Pedro Merizalde, gerente general de Petroecuador, dieron luz verde a la negociación del contrato de fuel oil con la empresa Oman Trading International Limited (OTI). Aunque en toda la papelería aparece la supuesta firma estatal omaní, este no era sino uno más de los contratos que escondían a poderosas compañías intermediarias privadas (Vitol) y un cartel de lobistas ecuatorianos.
El siguiente paso fue la reunión del 12 de octubre de 2016 en Madrid, España, ocho días después. En la última mesa de negociación estuvieron presentes William Vásconez Rubio, subsecretario de Financiamiento Público del Ministerio de Finanzas, Nilsen Arias (el gordo), gerente de Comercio Internacional de Petroecuador y representantes de OTI.
La reunión de Madrid fue narrada en un informe de Carla Arellano, subgerente de Finanzas de Petroecuador, con fecha 31 de octubre de 2016 y dirigida a William Vásconez. Allí especificó que OTI solicitó el Certificado de compromiso de pasivo contingente del Ministerio de Finanzas y pidió a Vásconez entregarlo.
Vásconez fue un operador clave de las líneas de crédito durante el régimen de Alianza PAIS, tras dejar el ministerio de Finanzas en 2017 se vinculó con la firma Hogan Lovells, consultora que asesoró a Rafael Correa Delgado, en los negocios con China.
El Ministerio de Finanzas aceptó el pedido y dio paso a la constitución del compromiso de pasivo contingente (en concreto, una garantía soberana sobre lo que Ecuador iba a vender). El memorando “Análisis legal del Compromiso de Pasivo Contingente”, firmado por el coordinador Jurídico del Ministerio de Finanzas, Marco Almeida Costa, ratificó que el compromiso es un respaldo de la operación comercial entre Petroecuador y Oman.
Finalmente, el memorando MINFIN-SRF-2016-090 dirigido a Juan Hidalgo Andrade, subsecretario de Financiamiento subrogante, en un análisis de solo un párrafo aseguró que Petroecuador contaba con sostenibilidad financiera para soportar el pasivo contingente.
El memorando reservado de la Subsecretaría de Financiamiento Público del 25 de noviembre de 2016, firmado por Juan Hidalgo Andrade, recomendó al ministro de Finanzas, Fausto Herrera Nicolalde y a Madeleine Abarca Runruil, viceministra de esa cartera, suscribir el compromiso de pasivo contingente. Tres días después el Comité de Deuda y Financiamiento integrado por Patricio Rivera, delegado del presidente Rafael Correa, Fausto Herrera, Adolfo Salcedo Gluckstadt, delegado de Senplades y Juan Hidalgo aprobaron los términos y condiciones del compromiso.
El contrato bajo esas condiciones debe entenderse como un crédito internacional contra entrega de hidrocarburos y no como un compromiso de compraventa; de hecho, tiene todas las condiciones de un crédito: establece una garantía soberana llamada “compromiso de pasivo contingente”, un interés anual y además una fórmula discrecional para fijar el precio mensual de cada lote de fuel oil 6.
Este crédito es una copia calcada de todas las denominadas preventas que el Ecuador firmó con Petrochina, Unipec y Petrotailandia y evidencia el sistema de corrupción que benefició a funcionarios y empresarios.
Omán Trading International (OTI) surgió en 2006 como una asociación entre, Oman Oil Company y Vitol Group. Ahora OTI es propiedad del grupo OQ, del Gobierno de Omán.
Lo que hizo el gobierno de Rafael Correa es entregarle a OTI un volumen casi tres veces superior de fuel oil 6 para amortizar el adelanto de 300 millones que recibió. Además, se le entregó una garantía soberana por 17,1 millones de barriles de ese producto para que Vitol y OTI puedan titularizar en cualquier banco internacional un crédito de 300 millones de dólares y entregarlo al país.
Un negocio a futuro y grandes ganancias para los privados porque Vitol vendió ese fuel oil 6 en el mercado internacional a un valor no menor de $720,000.000, según las cifras del mercado en 2017.
El contrato de buena fe
El contrato, firmado el 6 de diciembre de 2016, por Pedro Merizalde Pavón, gerente general de Petroecuador, y Talal Awifi, director ejecutivo de OTI, le permitió a Finanzas acceder a los $ 300 millones mencionados como anticipo por la entrega de 17.100.000 barriles de fuel oil 6 repartidos en 90 cargamentos de 190.000 barriles cada uno, por un período de 36 meses, más una tasa de interés (sobre el anticipo) del 6.85%.
El acuerdo de entrega del combustible a OTI/VITOL, establece la entrega CFR (costo y flete en el puerto de destino) del fuel oil en Balboa, Panamá. Es decir, que Petroecuador asumió la entrega de los lotes de fuel oil en Panamá generando un beneficio de al menos $ 0,85 por barril a Vitol, lo que representa en todo el contrato un perjuicio a Ecuador de $14.5 millones, solo por fletes y aranceles. En ninguno de los informes que autorizó el Ministerio de Finanzas y Petroecuador se discutió las razones de entregar el combustible en un puerto internacional ¿Por qué las autoridades no negociaron con Vitol la entrega de fuel oil en Balao, como lo hicieron en otros contratos?
Se debe considerar cada uno de los ítems que significa entregar el combustible en otro puerto, como: costos portuarios en Esmeraldas, combustible (IFO) viaje Esmeraldas – Balboa, combustible (MDO) durante descarga, costos portuarios en Balboa, combustibles regreso (IFO) Balboa-Esmeraldas. A este valor debe sumarse el costo del transporte (flete), que implica $18.000 por día.
Además, el contrato establece un acuerdo que solo puede explicarse a la luz del informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Se trata de una negociación de “buena fe” a la que recurrieron las partes para establecer el valor del diferencial o castigo del fuel oil. No existen antecedentes de una negociación de “buena fe” cuando de por medio un centavo puede hacer la diferencia entre perder o ganar millones en contra o a favor del Estado. Se trata de una cláusula discrecional que sin duda benefició a Vitol.
Bajo similar modalidad, las mismas autoridades vinculadas al caso Vitol, adjudicaron otro contrato de fuel oil, igual para cubrir una línea de crédito, a la empresa china Unipec. Los nombres de los operadores de esta negociación se repiten en todos los contratos de comercialización de hidrocarburos suscritos en los gobiernos de Correa y Moreno, con Petrochina, Unipec, Petrotailandia, Noble América, OTI.
Otro contrato que está en la mira de las investigaciones es el de Noble Américas, gestionado en 2014 bajo la dirección de Nilsen Arias y Alex Bravo (preso por corrupción). La firma extranjera entregó un crédito de $1000 millones de dólares al gobierno de Rafael Correa, para financiar supuestamente la construcción del Poliducto Pascuales Cuenca y la repotenciación de la Refinería de Esmeraldas. El crédito tenía al igual que el contrato con Oman Trading, un colateral de provisión de derivados de petróleo. En 2017 las acciones de Noble Américas pasaron a control de la transnacional Vitol.
Plan de sobornos
La acusación del Departamento de Justicia puntualiza cómo se dieron los hechos y quiénes participaron en el plan para obtener el contrato de fuel oil.
Vitol les pagaría a sus cómplices, los consultores 1 y 2, una comisión por cada barril de fuel oil que obtuviesen del contrato con Petroecuador. Estos a su vez “utilizarían parte de esos fondos para pagar sobornos a funcionarios ecuatorianos a nombre de Vitol”.
Para ello Vitol y sus conspiradores contrataron consultorías falsas, crearon empresas fantasmas, emitieron facturas ficticias y usaron cuentas de correos electrónicos con seudónimos para transferir fondos a empresas offshore involucradas en la conspiración.
El punto de partida de esta historia es el 20 de septiembre de 2016, cuando el mexicano Javier Aguilar, ejecutivo de Vitol, envió un correo electrónico al “consultor de Ecuador 2” pidiéndole que enviara cartas de parte de OTI al “gordo” o “funcionario ecuatoriano 1”.
Dados los hechos y las fechas todo hace presumir que se trata del exgerente de Comercio Internacional Nilsen Arias, que ocupó ese cargo en los años 2010-2017.
Este portal buscó un pronunciamiento de Arias a través de su abogada y se le explicó que considerábamos que el llamado funcionario ecuatoriano 1 es el exgerente de comercio internacional. Ella aseguró que respondería con la mayor información posible del tema.
La declaración de Aguilar se compadece con los tiempos porque el 21 de septiembre de 2016, Petroecuador recibió la propuesta de Talal Al Awfi para la compra a largo plazo de fuel oil.
Luego de que el contrato se formalizó el 6 de diciembre de 2016, el Departamento de Justicia identificó que los sobornos fueron pagados a través de facturas falsas: “el 7 de marzo de 2018 o alrededor de esa fecha, el consultor 2 de Ecuador envió al intermediario 1 un correo electrónico adjuntando 39 facturas falsas de la empresa consultora a una empresa fantasma controlada por el intermediario 1”, dice la acusación del Departamento de Justicia.
Posteriormente, el 18 de mayo de 2018 se identificó que el intermediario 1 envió un correo electrónico a Aguilar indicando que había recibido $ 1.4 millones en facturas de Ecuador. Agrega que de eso monto $ 510.000 ya se habían pagado. Aguilar instruyó que hicieran pagos de hasta $150.000 cada 15 días.
En ese mismo esquema, entre el 28 de mayo y 25 de junio se hicieron tres pagos por € 201.306 y un pago total de $ 19.283 de una compañía fantasma controlada por el intermediario 1 a cuentas bancarias en las Islas Caimán y Curazao controladas por consultor 1 y 2.
Para el 5 de julio de julio de 2018 o alrededor de esa fecha, el Consultor 1 y el Consultor 2 enviaron instrucciones a un banco para transferir aproximadamente $ 225,000 desde una cuenta propiedad de Consultor 1 y Consultor Ecuador 2 en las Islas Caimán, a través de una cuenta bancaria corresponsal ubicada en Nueva York, a una cuenta ubicada en Portugal en beneficio del funcionario ecuatoriano 1.
Para 2014, Oman Trading International se presentó en Petroecuador como una compañía con el 30% de capital privado y el 70% estatal. Un documento entregado a Petroecuador de ese año y al que PI tuvo acceso, detalla que sus principales ejecutivos eran Talal Al Awfi en calidad de CEO y Said Al Maawali, vicepresidente.
También hace referencia a sus refinerías, al puerto Mina AL Fahal y al puerto de aguas profundas de Sohar.
El documento también señala que, a ese año, 2014, el representante en Ecuador de Omán Trading International, era el abogado Daniel Pino Arroba, que registró la dirección en el edificio La Previsora, Guayaquil. Pino figura como patrocinador del empresario Enrique Cadena Marín, investigado por la Fiscalía en la trama de corrupción que envuelve a Petrochina.
Daniel Pino además registró su nombre como representante de Core Petroleum LLC, una intermediaria de crudo, que entregó $ 10,2 millones a Fairgate Trading Corp., una compañía de Enrique Cadena, según documentos publicados por diario El Universo.
Cadena figuró en los papeles de Panamá al haber recibido la comisión de 1 dólar por barril por la intermediación en los contratos firmados con Petrochina. Documentos en poder de PI lo relacionan con autoridades de Petroecuador.
Altas fuentes de Petroecuador y del sector petrolero privado señalaron a PIque el consultor 1 sería Antonio Peré. Su nombre ya apareció en el expediente del caso Odebrecht en el que José Rubén Terán señaló que la brasileña hizo transferencias a la empresa Houston Energy Consulting de Peré, como parte de los recursos que recibió Marco Calvopiña por el poliducto Pascuales Cuenca, tal como publicó diario Expreso.
Luego de una larga deliberación, el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador finalmente negó el recurso de apelación presentado por la defensa del expresidente Rafael Correa y el resto de procesados en el caso Sobornos 2012-2016, ratificando la condena por el delito de cohecho con la pena de 8 años en prisión.
El antecedente de esta sentencia es la investigación periodística denominada “Arroz Verde”, publicada el 3 de mayo de 2019 en el portal de la Fundación Mil Hojas y realizada por los periodistas Fernando Villavicencio, Christian Zurita y Cristina Solórzano.
Por este trabajo de investigación, los periodistas fueron reconocidos nacional e internacionalmente con el Premio al Periodismo Ecuatoriano «Jorge Mantilla Ortega» – UDLA 2019 y galardonada con la mención honorífica en la Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación – COLPIN 2018, México.
La Fiscal encargada del proceso, Diana Salazar, fundamentó su investigación penal sobre la base del reportaje “Arroz Verde” y el Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia emitió el 7 de septiembre de 2020 la sentencia de casación en el Caso Sobornos 2012-2016.
Durante la investigación, la fiscal llegó a determinar que durante esos cuatro años del gobierno de Rafael Correa se montó una estructura criminal de corrupción para recibir aportes ilegales para su partido Alianza País, por parte de empresas como SK, Odebrecht, CONSERMIN, entre otras compañías, a cambio de la adjudicación de millonarios contratos.
Luego de la ratificación de la sentencia, la fiscal general escribió en su cuenta de Twitter que fueron desvirtuadas cada una de las apelaciones y que por tanto el Tribunal ratificó la sentencia en contra de 18 sentenciados, además de modificar parcialmente la condena de otros dos.
El coautor de la investigación, Fernando Villavicencio, reaccionó en redes sociales expresando:
Es un día trascendental para el periodismo de investigación, para la justicia liderada por Diana Salazar y los jueces que actuaron en derecho. Es un día de esperanza para millones de ecuatorianos. Es el fin del tipo de la democracia de sobornos que hemos vivido, y sin duda alguna este nuevo proceso electoral será una señal de cambio, donde la honestidad será la credencial ética de los nuevos candidatos.
La trama de corrupción del bloque petrolero Singue queda al descubierto. Utilizaron el poder para beneficio particular. Se apropiaron de información pública y armaron un laberinto offshore. Retacearon el mapa petrolero y convirtieron en bloque a un pequeño campo compartido. Generaron simulación contractual y aparentaron licitación pública. No arriesgaron en exploración, el dinero salió del mismo cuero del Estado. Tampoco descubrieron un barril nuevo de petróleo, las reservas ya estaban descubiertas. Este es un nuevo episodio de la generosidad del Estado papá.
Hace ocho años, un 21 de marzo de 2012, el entonces ministro de Hidrocarburos, Wilson Pástor Morris, autorizó la suscripción de uno de los últimos contratos de su larga gestión petrolera, el de exploración y explotación del bloque Singue, con el consorcio DGC, integrado por las empresas Dygoil (60%) y Gente Oil Development LLC (40%).
Este contrato, en el que aparece vinculada su hija, Silvana Pástor Tapia, tiene a su padre y a otras personas, entre ellas al ex vicepresidente Jorge Glas, en el banquillo de los acusados por el delito de peculado.
SIGUE EL CASO SINGUE EN ESTA LÍNEA DE TIEMPO DESDE EL 2011
Periodismo de Investigación encontró una auténtica simulación en torno a la creación de Gente Oil, la negociación, firma del contrato y operación de Singue. Un libreto en el que las fechas y los actores se suceden como puntadas de sastre, configurando un tejido de irregularidades e ilegalidades.
LICITACIÓN PARA UN SOLO OFERENTE
La décima ronda petrolera en la que fue licitado el bloque Singue, se convocó el 16 de junio del 2011, para esa fecha aún no se había creado en Ecuador el consorcio DGC, ni siquiera la empresa Gente Oil Development LLC.
La referida compañía fue registrada en el paraíso fiscal de Delaware y luego domiciliada en California – EEUU., recién en septiembre de 2011, tres meses después de abierta la licitación.
El 26 de septiembre de 2011, tres días después de su creación, el consorcio DGC presentó su oferta, la única existente. Luego de los análisis, el Comité de Licitación Hidrocarburífera – COLH, liderado por Jorge Glas, recomendó al ministro Wilson Pastor, autorizar la firma del contrato.
La autorización la suscribió Pastor, apenas dos días después de que la empresa Gente Oil Development LLC., se había registrado en la Superintendencia de compañías (19 de enero de 2012) aunque todavía no estaba inscrita en el registro de Hidrocarburos, algo que sucedió recien el 19 de marzo de 2012. El contrato fue suscrito el 30 de abril de ese año.
LA SOMBRA DE IVANHOE Y EL LABERINTO SOCIETARIO
Gente Oil Development LLC, es propiedad de Gente Oil Exploration LLC, otra empresa creada en Delaware y cuyos socios son David Martin, Giacomo Pecorari y Mathew Martin. En calidad de representante figura David Martin, accionista de Ivanhoe, transnacional que abandonó Ecuador el 2014, luego del fracaso del contrato del campo Pungarayacu, considerado por Rafael Correa como el mejor contrato de la historia.
Giacomo Pecorari ostenta en la actualidad el cargo de Director de Gente Oil Ecuador PTE, operadora del bloque Singue.
La creación de Gente Oil en EEUU por parte de Martin, coincidió con el colapso anticipado de Pungarayacu. Es decir, la máxima autoridad petrolera (Wilson Pastor) pese a saber del engaño de Ivanhoe, le preparaba un nuevo banquete geológico, esta vez sin riesgo alguno.
El gerente de operaciones de Ivanhoe, a esa fecha, era nada menos que Santiago Pastor Morris, hermano del entonces ministro.
El 18 de septiembre de 2012, antes siquiera de que DGC inicie las actividades operativas en Singue, los representantes del consorcio solicitaron a Wilson Pastor, autorice la transferencia del 60% de participaciones de Dygoil y el 40% de Gente Oil Development LLC., a una nueva empresa, inexistente a esa fecha en Ecuador y creada apenas 24 horas antes en Singapur: Gente Oil Ecuador PTE LTD.
Dygoil ya había cumplido su papel y el siguiente paso era que Gente Oil tome el control total del proyecto. En esa dirección, el 5 de octubre de 2012, Wilson Pastor dispuso se elabore un informe orientado a autorizar las transferencias.
La retirada inmediata de Dygoil -la empresa que aseguró la solvencia técnica, económica y legal para la firma del contrato-, dejaba en evidencia que la empresa de César Guerra, fue el comodín hasta conformar el consorcio y adjudicarse el bloque. La flamante Gente Oil no tenía experiencia ni en clavar un alfiler.
Documentos revisados por nuestro portal identifican que Gente Oil Ecuador PTE LTD, fue constituida en Singapur el 17 de septiembre de 2012 y domiciliada en Ecuador en enero de 2013. Es decir, una persona nacida en Singapur a la que le pusieron de nombre Ecuador. Esta empresa, de acuerdo con documentos de la Superintendencia de Compañías, es de propiedad de Gente Oil Global PTE LTD, creada también en Singapur en las mismas fechas.
Gente Oil Global Pte., registra nuevamente como directores a los mismos accionistas de la primera Gente Oil, creada en EEUU: David Martin y Giacomo Pecorari. Además incluye a Izeldin D. Sultan El-Saigh, Abdullah SA. Araj, Baey Cheng Song, y Yeo Poh Noi Caroline. En términos sencillos, la familia Gente Oil, tiene un mismo progenitor: Ivanhoe.
Una vez consumado todo el proceso, Wilson Pastor Morris, abandonó el ministerio. Viajó a Austria, designado por Rafael Correa como su embajador. Desde ahí manejaría hasta el final del correato, la representación en la OPEP y continuaría asesorando al régimen en materia petrolera.
El cambio de ministro en nada afectó los intereses de Gente Oil. Con acuerdo ministerial 504, de 15 agosto de 2013, suscrito por Pedro Merizalde, se autorizó la esperada transferencia de participaciones de Dygoil y Gente Oil Development a Gente Oil Ecuador PTE.
En uno de los considerandos del acuerdo ministerial, se señala que la garantía solidaria emite la empresa Gente Holdings PTE en calidad de casa matriz. Esta garantía de solvencia financiera y operativa la tenía que asegurar la propia contratista, pero Gente Oil Ecuador era solo un membrete.
Esta es la única mención que se hace a Gente Holdings en toda la información revisada. No hemos podido encontrar documentos que justifiquen la relación entre Gente Oil Ecuador PTE con Gente Holdings y Gente Oil Group, otra empresa que aparece apadrinando el proceso, pese a que el referido acuerdo ministerial sostiene que la supuesta casa matriz tiene el 70% de acciones de Gente Oil Ecuador.
El epílogo de este laberinto de simulación se escribió el 2 de septiembre de 2014. Silvana Pastor Tapia, apoderada de Gente Oil Ecuador PTE e Yvonne Fabara Arias, secretaria de Hidrocarburos, suscribieron el contrato modificatorio a través del cual, la compañía singapurense asumió el 100% de los derechos y obligaciones del contrato y se convirtió en operadora del bloque, sin cumplir los requisitos de capacidad operativa exigidos en los pliegos licitatorios.
De esta forma, la empresa manejada por la hija del ex ministro de Hidrocarburos, se aseguraba el control total de Singue. Dos años después de firmado el contrato original, los verdaderos actores de esta historia presentaban sus rostros.
La firma del contrato modificatorio incluyó exclusivamente la transferencia de participaciones de Digoil y Gente Oil a la nueva empresa creada en Singapur, pero no mejoró la participación del Estado en el negocio como dispone el artículo 16 de la Ley de Hidrocarburos, pese a que a que a esa fecha, era evidente que tanto la producción como las reservas de Singue, superaban diez veces las cifras establecidas en el contrato original.
Yvonne Fabara fue excluida del proceso penal pese a que la Contraloría determinó responsabilidades en su contra.
TIGRES DE PAPEL
El sinuoso sendero recorrido por la familia Gente Oil, representada en Ecuador desde 2013 por Silvana Pastor Tapia, es digno de incorporarse al guión de una película inspirada en los Panamá Papers.
Al ingresar al registro de identidad de Gente Oil nos encontramos con un auténtico holding petrolero: siete empresas aparentemente distintas pero con un mismo origen.
Dos creadas y domiciliadas en Estados Unidos, en la dirección de Ivanhoe, y las cinco restantes, concebidas casi en la misma fecha (2012) aparecen acomodadas en la oficina 32-01 de Land Tower de Singapur.
Al buscar los proyectos hidrocarburíferos de este gigante, representado por rimbombantes nombres americanos y árabes, nos encontramos con un solo proyecto perdido en una esquina de la depredada Amazonía ecuatoriana: el pequeño campo Singue. Así como leen, un enjambre de empresas, miles de fojas, escritura sobre escritura… puro papel.
Y un nombre que no puede escaparse de nuestro recuerdo: David Martin, el dueño de Ivanhoe, el mismo encantador de serpientes que en 2008 le regaló a Rafael Correa un barrilito de plástico en señal del “mejor contrato de la historia”, aquel contrato que con la ayuda de la tecnología Heavy to Light (HTL)haría de Pungarayacu, el nuevo boom petrolero. Seis años después hasta el barrilito de plástico se llevó Rafael.
DE CAMPO MARGINAL A PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Meses antes de que se convoque a la décima ronda, Dygoil había rescindido un contrato anterior (campo marginal) suscrito en 2008 para la explotación del mismo campo Singue.
Hasta aquí Singue seguía siendo campo, no bloque. En ese contrato la firma ecuatoriana actuó asociada a la empresa venezolana Suelo Petrol, en el Consorcio Petrolero Amazónico (CPA).Un informe de la Contraloría de 2012, estableció que CPA no realizó inversiones para desarrollar el campo, además observó a las autoridades de hidrocarburos por no precautelar los intereses nacionales.
La tarifa pactada en este contrato, no superaba los 8 dólares por barril incremental, una tarifa radicalmente baja comparada con la definida en el nuevo contrato de prestación de servicios (33,50 U$/BL).¿Por qué Dygoil y el consorcio CPA no desarrollaron el proyecto durante casi tres años?
Una tarifa de 8 dólares por barril, no era un negocio apetecido, dicen los expertos; además, estaban confiados que el ministerio de Hidrocarburos adelantaba el nuevo modelo contractual de prestación de servicios, con una tarifa muy generosa.
Así las cosas, había que dar sepultura al contrato de campo marginal para resucitarlo con el contrato de servicios, maquillado por Wilson Pastor Morris.
LA AMISTAD DE RAFAEL CORREA CON DYGOIL
Con el cambio de la modalidad contractual resuelta en la reforma a la ley de Hidrocarburos de 2010, las compañías debieron migrar a los nuevos contratos de prestación de servicios o revertir las áreas al Estado.
Los acercamientos para negociar el contrato de Singue se dieron al más alto nivel. En una misiva suscrita por el gerente de Dygoil, César Guerra, remitida al presidente de la República, Rafael Correa, en enero de 2011, informa que mantuvo reuniones con el entonces ministro Wilson Pastor, con quien negoció las posibles inversiones que llegaban a 26.7 millones de dólares y una tarifa de 29,3 dólares/barril.
El 3 de febrero de 2011, Guerra informó a su socio de SueloPetrol, que ha comunicado a su amigo Rafael Correa su predisposición a firmar los contratos de prestación de servicios para los campos Pucuna y Singue.
En la misiva, el gerente de Dygoil señala que ha presentado la oferta en consideración “a las buenas relaciones personales que mantiene con el señor Presidente.”
En la carta agrega que el nuevo contrato en principio sería suscrito por el Consorcio Petrolero Amazónico, pero que luego solo quedaría Dygoil como la única accionista y operadora. Por ello, solicita la transferencia de las participaciones de SueloPetrol a favor de Dygoil.
Las razones por las que no prosperó la negociación con CPA, es algo que algún día se sabrá; lo cierto es que, una vez rescindido el contrato del campo marginal, Suelo Petrol quedó fuera e inmediatamente surgió la idea de constituir una nueva empresa. Así nació Gente Oil.
La relación documentada entre Rafael Correa y César Guerra, no fue suficiente para Fiscalía, que acabó desvinculando del proceso al expresidente, pese a que Contraloría determinó su responsabilidad penal.
CONTRALORÍA DETERMINÓ PECULADO
Tras la denuncia publicada en 2015 por el portal Focus Ecuador, la Contraloría abrió un examen especial. Luego de dos años de investigación, en agosto del 2017, el organismo de control presentó a la Fiscalía General del Estado, un primer informe con responsabilidad penal y en febrero de 2018, un informe complementario en el que involucró al expresidente Rafael Correa, varios ex funcionarios públicos y ejecutivos privados, por el delito de peculado.
El consorcio DGC no cumplió con lo requerido en las bases de licitación, que exigían la presentación de información sobre la capacidad operativa de la oferente correspondiente a los años 2006 a 2010.
Los miembros del equipo negociador recomendaron al COLH que se apruebe la negociación con DGC a pesar de que no se contaba con el análisis de los informes y certificaciones referentes a las fuentes de financiamiento para el proyecto, conforme a las inversiones comprometidas.
Los miembros del equipo negociador recomendaron al COLH que se apruebe la negociación con DGC a pesar de que no se contaba con el informe de la capacidad o fuentes de inversión del oferente.
En la corrida matemática contenida en el sobre 2, no existe evidencia de que la tarifa de $33,50 por barril, responda a la aplicación de las variables establecidas en el modelo de contrato.
El equipo negociador, sin argumento técnico, consideró un total de 3.015.446 barriles a recuperar en 20 años y como lineamientos el 19,2% de tasa interna de retorno (TIR) para establecer el riesgo incurrido por amortización de la inversión, costos y gastos y una utilidad razonable.
En 2011 Dygoil ofertó una tarifa de $29,3 por barril, sin embargo, la misma empresa ofertó meses después de $34,5, la que se negoció y adjudicó por el monto final de $33,5 por barril; esto es, $4,2 sobre la tarifa original. Ese incremento, según Contraloría, implicó un perjuicio de $5.2 millones para el Estado.
SINGUE, UN BLOQUE CREADO EN LA ERA PASTOR
Singue fue descubierto por Petroecuador en 1990 con la perforación del pozo exploratorio Singue 1 y con la realización de 102 Km de sísmica 2D.
Posteriormente, durante los años 2005-2006, la estatal impulsó el proyecto de sísmica 3D denominado Lilian-VHR, con la empresa china Sinopec.
Un reporte de 30 de mayo del 2011, emitido por el Subsecretario de Estudios y Patrimonio Hidrocarburifero, señaló que Geotech Group Limited (2006) estimó reservas de 4.522.196 barriles.
En 2009, Petroecuador contrató un estudio de interpretación Sísmico 3D Cuyabeno-Sansahuari, con Geotech Groups Ltd. (China), donde se determinó que la estructura Cuyabeno-Sansahuari y Singue forman una sola y que las reservas probadas del área de Singue superan los 20 millones de barriles.
Según el reporte final presentado por Geotech, el 30 de noviembre del 2009: “No hay una separación acusada entre la estructura Cuyabeno-Sansahuari y Singue. Estas dos estructuras forman una sola”.
Esta información que ahora está en manos de la Fiscalía, no fue considerada en la elaboración de los términos de referencia de la décima ronda, tampoco en la negociación del contrato con el consorcio DGC.
Documentos en poder de Periodismo de Investigacióndejan al descubierto que el consorcio DGC y los funcionarios del Ministerio de Hidrocarburos, conocieron plenamente esta información que les fue entregada por la Secretaría de Hidrocarburos con el Data Room de la Ronda Intracampos para el Campo Sahino Norte.
Este mismo reporte que incluía los estudios de Sinopec 2005, Geotech 2006 y Geotech 2009 -ocultados en el informe oficial de reservas de 2010- fue utilizado en septiembre de 2013 por la compañia GEOTRACE COMPANY – DENVER, contratada por el consorcio DGC para realizar una nueva interpretación sísmica.
En un informe de 2013, Gente Oil informa que la empresa contratada por ellos (Geotrace) solo utilizó la información de Sinopec – Geotech: “El Consorcio DGC no obtuvo nuevos datos sísmicos; la empresa simplemente reprocesó los datos en 3D existentes, adquiridos por Sinopec, para el Bloque Singue”, dice.
Con esta información, la misma contratista confirmó, un año después de firmado el contrato, lo que se sabía desde el año 2009: que las reservas no eran los 3.1 millones de barriles remanentes y posibles, volumen con el que se negoció la tarifa de 33.5 US$/BL, sino mucho más.
Esto ponía en evidencia que el consorcio DGC conoció esa información antes de presentar la oferta.
Pese a contar con los dos estudios (Sinopec-Geotech 2005-2006 y Geotecht 2009), el 9 de agosto de 2011, la Secretaría de Hidrocarburos, emitió la resolución 0755, aprobando el nuevo mapa de bloques petroleros del Ecuador, en el que se creaba de forma oficial el bloque Singue con el número 53, dentro del bloque 58, Cuyabeno-Tipishca.
Esta resolución fue aprobada cincuenta y cuatro días después de convocada la licitación internacional a la Décima Ronda Petrolera, realizada el 16 de junio del 2011. Es decir, la licitación se realizó sin que exista oficialmente el bloque Singue.
Hasta el 2010, Singue era un pequeño campo integrado a la estructura Cuyabeno – Sansahuari, ¿qué pasó para que le convirtieran en bloque? Geológicamente nada.
Singue debía convertirse en bloque pues de lo contrario no podía ser licitado. La reforma legal creada por Pastor habla de bloques, no de campos, un bloque puede tener varios campos. Todo estaba calculado.
En la oferta, acuerdos de negociación y en el contrato, el consorcio DGC se comprometió a perforar un pozo exploratorio para confirmar reservas adicionales por 1.1 millones de barriles o más.
El costo del pozo era de $7.9 millones. Si el resultado era exitoso se debía definir una tarifa adicional para la explotación de las nuevas reservas.
¿Por qué incluyeron un pozo exploratorio si de antemano sabían que existían más reservas? El objetivo era que la figura de riesgo exploratorio mejoraba la tarifa para la contratista, como se verá más adelante.
Cuando todo estuvo consumado, en 2015, la SH reconoció que las reservas remanentes de Singue eran al menos 15.6 millones de barriles y no los 3.1 millones con los que negoció la tarifa y el contrato.
Para esa fecha, Gente Oil ya había explotado casi la mitad de las reservas en momentos en que los precios del crudo eran inmejorables. Así las cosas, el propio Estado reconocía que había sido parte de un delito aunque este tipo de delitos siempre quedan en la impunidad. Un Estado delincuente.
Sin duda el objetivo de la creación falsa del bloque 53 estaba orientado a que, hacia el futuro, Gente Oil, reclame la aplicación de la cláusula décima tercera del contrato, relativa a campos o yacimientos unificados y se haga con la explotación de la enorme reserva contenida enCuyabeno–Tipishca, como ocurrió con el cuestionado caso Palo Azul y la transnacional Petrobras, un proceso en el que los hermanos Pastor Morris también tienen que responder.
EL FRAUDE DE LAS RESERVAS PROBADAS
Como se ha referido, el informe oficial de reservas de diciembre de 2010, estableció 2 millones 040 mil 556 barriles. Ese documento ocultóla información de noviembre del 2009, presentada por Geotech, que estableció 20 millones 630 mil 294 barriles. La diferencia de 18.1 millones, no fue considerada para el análisis económico financiero del bloque 53, lo que generó un perjuicio económico al país.
En el análisis económico y financiero, el grupo negociador consideró, a más de las reservas remanentes (2 millones), una producción adicional de 1 millón 113 mil 759 barriles, que se obtendría con la perforación del pozo exploratorio. En total, las reservas con las que se definió el modelo económico fueron de 3 millones 015 mil 446 barriles.
Pero, no había razón para perforar un pozo exploratorio porque el estudio de 2009 elaborado por Geotech, ya había determinado la existencia de reservas de 20 millones de barriles. La figura del pozo exploratorio solo fue otro comodín utilizado para introducir un supuesto riesgo y mejorar la tarifa para la compañía, como en efecto sucedió.
Las autoridades y la compañía sabían que, si el pozo exploratorio resultaba exitoso y se confirmaba la existencia de nuevas reservas, debía suscribirse un contrato modificatorio incluyendo una tarifa adicional, que con seguridad iba a ser inferior a la establecida en el contrato original. En esas condiciones perforar el pozo era pegarse un tiro en el pie.
Pocos meses después de asumir la operación y tras realizar mínimas inversiones con el reacondicionamiento del pozo Singue 1 ($900 mil), y la perforación de dos pozos de desarrollo, se alcanzó una producción de 2000 barriles diarios en 2013, para 2014 subió a 5000 barriles y el año 2015 se disparó a 7000.
El alto volumen de extracción cuestionaba los parámetros técnicos y económicos establecidos anteriormente. Milagrosamente, aumentaron las reservas en cerca de 18 millones de barriles adicionales, sin que la contratista haya invertido un centavo en exploración.
Ese milagro, léase eficiencia de Gente Oil, se explica con una expresión: ocultamiento de información.
MANIPULACIÓN DE TIR PERJUDICÓ EN $61 MILLONES
Para justificar la firma de un aparente contrato de exploración y explotación, el consorcio DGC incluyó la perforación del pozo exploratorio por un costo de $7,9 millones. Era justamente la exploración, es decir el supuesto riesgo que asumía la contratista, el elemento que presionó por una tarifa más alta. Las inversiones propuestas a esa fecha fueron de $27.849.000, este rubro incluyó la inversión del citado pozo.
Para la definición de la tarifa de 33,5 US$/Bl, se reconoció una rentabilidad del 19,2%, la cual estaba condicionada justamente al éxito del pozo exploratorio. Al no haberse perforado ese pozo, la rentabilidad del 19,2%debió ser revisada, algo que nunca se hizo, sin embargo el cálculo económico se realizó contando con 1.1 millones de barriles adicionales estimadas del pozo exploratorio.
Queda claro que al definir la tarifa se mezclaron los conceptos de Tasa Interna de Retorno (TIR) para el desarrollo de actividades sin riesgo exploratorio (15%), con las actividades con riesgo exploratorio (25%), con el único objeto de beneficiar a la contratista con un TIR del 19,2%.
De no haberse incluido la presunta inversión de $7.9 millones en exploración, el monto total de las inversiones debió ser de $19.922.000, una reducción del 28% del monto comprometido en el contrato.
Sin embargo, la comisión negociadora aceptó la inclusión de la producción adicional falsa de 1.113.759 barriles, de un pozo que nunca se perforó, lo que dio un total de 3.015.446 barriles a recuperarse en 20 años.
En el análisis económico y financiero realizado por el grupo negociador, se estableció que: “el mayor beneficio para el Estado se obtiene al realizarse el pozo exploratorio y ser este exitoso. El beneficio en este caso sería de 61 millones de dólares, cumpliéndose el objetivo de esta licitación”.
En consecuencia y al no haberse perforado el pozo exploratorio no se cumplió con el objeto del contrato y se causó un perjuicio económico para el Estado de 61 millones de dólares, solo en este componente.
Si la información contenida en los estudios de 2005 y 2009, hubiese sido considerada en la licitación y en la negociación contractual, los resultados serían radicalmente distintos. Al tratarse de 20 millones de barriles y no 2, se hubiesen presentado varias ofertas, no solo DGC, y la tarifa hubiese sido más conveniente para el Estado.
TARIFA ÚNICA Y ACUMULACIÓN
Según la cláusula 14.3 del contrato, la tarifa acordada para Singue fue de $33,50 por cada barril neto, producido y entregado al Estado. Estos valores “serán los únicos pagos que efectuará la SH a la Contratista…”.
Se considera tarifa, al valor que el Estado paga a la contratista por cada barril de petróleo extraído. De acuerdo con el contrato, el país se reserva como “margen de soberanía” el 25% del ingreso bruto antes de cualquier distribución.
Del valor remanente después de descontar del ingreso bruto el 25%, se cubrirán los costos de transporte y comercialización. Una vez realizadas estas deducciones y cubiertos los tributos establecidos en la Ley, con el “ingreso disponible”, se pagará cada mes la tarifa.
De no alcanzarse a cubrir toda la tarifa cuando bajen los precios del petróleo, el contrato incluye una cláusula de “Acumulación”, la cual determina que, “el saldo faltante mensual se acumulará durante el mes o año Fiscal pertinente…”, es decir, la compañía no ha perdido esos recursos, deberá esperar que el precio del crudo se incremente para recuperarlos.
El modelo económico consideró un precio internacional del petróleo de 80 U$/BL (WTI). Si el precio del crudo llegaba a $50 o menos, el saldo faltante mensual se acumulará durante el mes o año fiscal pertinente.
En ningún caso el contrato establece que si el precio del crudo cae por debajo de los $50 el barril, el Estado no pagará a la contratista. El contrato de Singue no tiene tarifa variable, como afirman los representantes de Gente Oil, mantiene durante todo el período una sola tarifa de $33,50 por barril.
El único caso en que la contratista pierde el valor acumulado es si al término del contrato (20 años) el precio del barril de petróleo se mantiene por debajo del valor considerado para el cálculo de la tarifa.
Algunos contratos terminaban en el 2018 y el Estado ecuatoriano tenía la oportunidad de aplicar la cláusula de soberanía, es decir no pagar los valores acumulados (carry forward), pero el gobierno anterior benefició a las contratistas extendiendo los plazos. Lo propio hizo el gobierno actual que extendió plazos de varios contratos que estaban por vencer. En el caso de Singue el contrato vence en 2032.
Entre 2013 y 2016, se extrajeron de Singue 6 millones de barriles. Gente Oil registró ingresos por $179,2 millones ($149.5 millones por pago efectivo de tarifa y $29,7 por acumulación, tarifa adeudada). Durante el mismo período, el Estado recibió $86.7 millones por concepto de margen de soberanía (25%), impuesto a la renta, leyes 10 – 40, costos de comercialización y transporte.
La compañía empezó a recibir ingresos inmediatos, semanas después de firmado el contrato (2013). Tras realizar un pequeño gasto de 900 mil dólares en el reacondicionamiento del pozo Sigue 1, cobró su primera factura. Desde entonces los ingresos de la Gente Oil fueron creciendo exponencialmente.
Entre los citados años, la empresa dirigida por Silvana Pastor ha cobrado facturas mensuales de entre 3 y 5.5 millones de dólares, lo que confirma un negocio sin riesgo, contrario a lo señalado por la compañía. Esta realidad cuestiona también las supuestas inversiones externas provenientes de los socios qataríes. Del mismo cuero salieron las correas.
Durante el mismo período, la contratista declaró inversiones por $120 millones. Revisados los rubros centrales se advierten costos inflados principalmente en perforación de pozos y otros servicios. Gente Oil contrata todo, desde catering hasta torres de perforación.
Gente Oil tiene un horizonte pintado de prosperidad, con más del 50% de reservas por explotar en 12 años adicionales de vida del contrato y con mínimas inversiones que realizar.
El informe Lucas Majano que este portal publicó hace un año y que detalló el financiamiento ilegal de la campaña electoral que llevó a la presidencia a Lenín Moreno y Jorge Glas en 2017, tiene una extensión llamada “Arroz Moreno”, denunciada por La Posta, que corresponde al financiamiento irregular de la consulta popular que el actual presidente promovió en 2018. Periodismo de Investigación accedió a los gastos auditados de la campaña por el SI que el Movimiento Alianza PAIS presentó al Consejo Nacional Electoral y descubrió irregularidades que no investigó el organismo electoral.
El 21 de mayo de 2018 el Movimiento Alianza PAIS presentó al CNE las cuentas consolidadas de la campaña electoral de la Consulta Popular de febrero de 2018. El informe de cuentas fue entregado por Patricio Beltrán Vinueza y Verónica Castro Maya que fueron protagonistas del irregular financiamiento de la campaña presidencial de 2017.
Patricio Beltrán figuró como uno de los coordinadores que recaudaron dinero para la campaña del binomio Moreno-Glas y Verónica Castro, que era funcionaria de la prefectura de Pichincha, fue supervisora de ese proceso.
El reporte dice que que PAIS financió $194,071.93 en efectivo y otros $413,000.00 adicionales en donaciones de bienes y servicios, un total de $607,071.93.
Al hacer una revisión de los 64 contribuyentes a la campaña se desprende que 29 de ellos no contaban con capacidad económica para respaldar sus aportes. Se identificó además que siete aportantes, luego de los comicios, recibieron cargos públicos y contratos con el Estado.
Al igual que en el Informe Majano (que identificó aportes del Gobierno provincial de Los Ríos a la campaña de Lenín por $350.000) la prefectura de esa provincia, con Marco Troya a la cabeza, fue determinante en la campaña por el SI: 12 aportantes trabajaron en esa prefectura y contribuyeron, cada uno, con montos de $10.000 en promedio.
Los sueldos recibidos por esos funcionarios no guardan relación con los aportes de campaña.
Por ejemplo: Karem Jassenia Varas Mora asistente en la prefectura de Los Ríos con sueldo de $700,00 ($8.400,00 al año) aportó $10.000,00.
Del número total de aportantes sobresalen siete que recibieron retribuciones como contratos y cargos públicos.
Por ejemplo: José Napoleón Pasquel Pasquel, luego de aportar electoral por un total de USD 30.000,00 es nombrado en marzo del año 2018 gerente financiero de la empresa Fabrec EP. El gerente financiero es la máxima autoridad dentro de un proceso de compras públicas.
César Alexis Recalde Pasquelrealizó una contribución de $28.000,00, es accionista de la compañía Herands C.L.; otro de los accionistas de esa compañía es Herley Andrés Sánchez Valencia.
Sánchez Valencia es además accionista de otra compañía denominada Constructora Sierra Centro Construsierra S.A. A esta constructora también pertenece Segundo Mauricio Valverde López, que realizó una aportación a la campaña electoral por un monto de $15.000,00 es decir totalizaron dos aportaciones de $43.000,00.
Carlos Miguel Vaca Viteri contribuyó con $22.000,00 es accionista de la compañía Biolegal Consultores Cia.Ltda. Otro accionista de esa compañía es Rodrigo Francisco Borja Románquién también realizó una aportación por $18.000,00.
Borja Román fue proveedor del estado, el 26 de octubre de 2017 se le adjudicó un contrato que debió cumplir hasta el 3 de febrero de 2018. Seis días más tarde el 9 de febrero de 2018 se registró su primera aportación a la campaña por $10.000,00.
En noviembre del año 2019 fue nombrado director de Planificación de la Secretaría Técnica Planifica Ecuador.
Marx Engels Alarcón Coello que aportó $10.000 fue nombrado Director Ejecutivo del Consejo de Seguridad Ciudadana del Cantón Baba. Algo similar sucedió con Pedro Eduardo Lino Solórzano que aportó el mismo valor y en 2019 fue nombrado coordinador de fiscalización y administrador de Obras del Municipio de Baba.
En los documentos reportados al CNE por Alianza PAIS aparecen además cuatro facturas del Raúl Lionel Ernst Edwardsque según el Servicio de Rentas Internas no eran válidas para su emisión.
Ernst es un viejo conocido del estado de propaganda correísta. Gerenció la empresa Medaglia que recibió cuantiosos contratos, entre ellos los que implementaron los troll center que hostigaron a opositores en redes sociales.
De igual manera se encontraron otras cuatro facturas del proveedor Enrique Xavier Reina Benítezque no cuentan con los datos que permitan visualizar la validez de los documentos. El uso de esos instrumentos hacen pensar se intentó justificar las aportaciones con facturas irreales o compra de facturas que conllevan a una alteración de la documentación, tal como sucedió en Arroz Verde y el Informe Majano.
La liquidación de fondos de campaña electoral, los comprobantes de recepción de contribuciones y aportes, comprobantes de ingreso y los comprobantes de egreso, reportados por la organización política no se encuentran en el formato establecido por el Consejo Nacional Electoral.
«Si ustedes se hacen los tontos, yo me hago el pendejo”, así reaccionó el presidente Lenín Moreno, frente a la investigación Arroz Verde 502 publicada por los portales La Fuente y Milhojas, según la cual, contratistas multinacionales y nacionales financiaron las campañas electorales del movimiento Alianza PAIS, los años 2013 y 2014. La difusión de Arroz Verde provocó un impacto judicial y político sin precedentes, uno de los personajes poderosos e intocables del correísmo, Alexis Mera Giler, se encuentra en prisión tras la delación de la exasesora de Rafael Correa Delgado, Pamela Martínez, apresada horas después de difundido el reportaje periodístico. Un informe elaborado en agosto de 2017 deja entrever que el mecanismo de financiamiento electoral de 2013 y 2014 se extendió a la campaña presidencial de 2017, bajo similares formas y códigos que identifican a aportantes y recaudadores. Aquí una nueva entrega de Arroz Verde.
La estructura de donaciones y financiación irregular para gastos electorales de Alianza PAIS, que evidenció los informes de Arroz verde 502, también se extendió a la campaña presidencial del binomio Moreno-Glas en 2017. Documentos revisados por nuestro equipo de investigación evidencian que para la última elección presidencial no sólo se captaron recursos del sector privado, también existió un alto porcentaje de dineros públicos que se entregaron a través de las prefecturas de Los Ríos, Manabí y Pichincha. Una parte de esos recursos públicos salieron también del fondo de reconstrucción del terremoto que golpeó Esmeraldas y Manabí en abril de 2016. Otro hallazgo importante es la entrega de recursos de gastos reservados que la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain) direccionó en favor de la campaña de Moreno-Glas.
Los detalles de las donaciones se encuentran en un informe llamado “Lucas Majano”, el nombre de una calle secundaria al norte de Quito, donde se encontraba la oficina en la que se concentró y gestionó el dinero.
Vecinos del sector aseguran que la vivienda era frecuentada por altos dirigentes de PAIS, reconocen en particular a Gustavo Baroja y Paola Pabón. La zona permanecía llena de vehículos oficiales y personas que llegaban a cobrar por sus servicios a la campaña. La casa de tres pisos hoy está desocupada, aunque hasta pocas semanas fue local de campaña de la lista 5 que auspició a Paola Pabón a la prefectura de Pichincha.
Baroja, Pabón y Glas, los líderes Los aportes de empresas privadas, nacionales y extranjeras, más las instituciones públicas sumaron $ 7’720.000. El proceso de recaudación se efectuó entre la primera y segunda vuelta electoral y al igual que en Arroz Verde 502, tres líderes: Gustavo Baroja (L1), Paola Pabón (L2) y Jorge Glas (L3)- se encargaron de solicitar, gestionar y recaudar los aportes voluntarios para Alianza PAIS.
Completaban el equipo de recaudación los “coordinadores” Diego Espinosa D’ Herbécourt (C-1) y Patricio Beltrán Vinueza (C-2). El informe Majano dice que fueron supervisados por Félix Delgado y Verónica Castro, funcionarios de la Prefectura de Pichincha y del movimiento AP.
En 2016, Diego Espinosa, era el gerente general de la empresa pública Hidroequinoccio y Beltrán Vinueza el gerente financiero de esa misma entidad.
Según el reporte, ellos recibieron $ 7’360.000 en efectivo, que fueron entregados en las oficinas ubicadas en la Av. Brasil y Pasaje Lucas Majano.
Los “líderes” antes descritos negociaron y gestionaron directamente con las empresas e instituciones. Espinoza y Beltrán se encargaron del seguimiento hasta la obtención del dinero. Este distribuía a los miembros del equipo de campaña con autorización de Baroja, Pabón y Glas.
El documento señala que “no existen registros de empresas petroleras, debido a que, según informa, mediante correo electrónico, Patricio Beltrán (C-2) a Diego Espinosa D’ Herbécourt (C-1): “a las empresas que fuimos ya está recolectado por Jorge Glas y Edwin Moreno” (sic).
Según el informe, todos los recursos gestionados y obtenidos por los líderes, eran repartidos, en efectivo, por Patricio Beltrán, en las oficinas del área financiera de la campaña, ubicadas en la Av. Brasil y Pasaje Lucas Majano.
Los detalles El líder 1, Gustavo Baroja, a la fecha prefecto de Pichincha, tenía a su cargo nueve organizaciones, codificadas así: V1-La Fabril, V2-Hidalgo & Hidalgo, V3-Ripconciv Construcciones Civiles, V4 –Prefectura de los Ríos, V5 – Prefectura de Manabí, del Fondo de Gastos Especiales, V7-Secretaría de Inteligencia, V8 –Servicios de Seguridad Armiled, V12-Vip Cevipsa y V14-Secretaría Técnica de Reconstrucción.
Las reuniones se concretaron con Carlos González Artigas, dueño de La Fabril (V1), en el hotel Oro Verde de Manta, provincia de Manabí y fue Patricio Beltrán (C2) quien recolectó $1.5 millones en efectivo, entregados en tres partes de $500.000 cada una. El informe no establece las fechas de entrega de los recursos.
Hidalgo & Hidalgo S.A. (V2), al tener participación societaria con la cadena hotelera Holiday Inn, usaba esas instalaciones, ubicadas en la avenida Orellana y Reina Victoria en Quito, para negociar con Gustavo Baroja (L1) y Diego Espinosa D’ Herbécourt (C1) aportaciones voluntarias.
Según el reporte, en esos encuentros se comprometieron a la ampliación de la vía Aloag – Santo Domingo, la conclusión del pago del canal de riego Cayambe – Pedro Moncayo, la devolución de las concesiones y la construcción del Túnel Bombolí. El documento indica también que se hicieron dos entregas de $450.000 cada una, en las oficinas de Hidalgo & Hidalgo, ubicadas en la avenida Galo Plaza Lasso N51-127 y Algarrobos.
El contacto con la empresa fue Aurelio Hidalgo, actual ministro de Transporte y Obras Públicas.
Ripconciv Construcciones Civiles Cía. Ltda. (V3), hizo, según el documento, dos entregas en efectivo de $ 300.000 cada una, en las oficinas de la avenida República y Pradera en Quito. Allí se reunieron Francisco Peña, fundador de Ripconciv Construcciones, Gustavo Baroja y Diego Espinosa D’ Herbécourt.
Esa empresa se ha adjudicado grandes obras financiadas con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo, en las provincias de Manabí y Pichincha, como el mantenimiento de la autopista General Rumiñahui, en el sector del cerro Ilaló.
Baroja y Beltrán se reunieron con Marco Troya Fuertes, exprefecto de Los Ríos (V4), en las instalaciones del Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador. Gestionaron la entrega de $ 350.000 en efectivo, valor que se entregó en cuatro partes: dos de $80.000, una de $60.000 y una final de $130.000. A Troya Fuertes le ofrecieron nombrarlo titular del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, según el informe. Mariano Zambrano Segovia, entonces prefecto de Manabí (V5), fue contactado por Gustavo Baroja y Diego Espinosa D’ Herbécourt para la entrega de los aportes voluntarios, a través de su hijo Mariano Zambrano Vera. Según el documento, él organizó dos reuniones en Quito con Baroja, en las Torres de Suites, ubicada en la Av. Orellana y Av. Amazonas. Allí se entregó en efectivo 800.000 en dos pagos iguales a Diego Espinosa D’ Herbécourt (C1) y Patricio Beltrán (C2).
La Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain) (V7), entregó, con autorización de Rommy Vallejo, su titular, $ 1.5 millones a Baroja, “quien personalmente recibió en las instalaciones de dicha institución en Lumbisí estos valores, en un solo desembolso entregado en billetes de denominación de cien dólares, provenientes del fondo de gastos especiales para operaciones de inteligencia y contrainteligencia”. La Secretaría Técnica De Reconstrucción (V14) entregó a Baroja, a través de su titular Carlos Bernal, la suma de $350.000 dólares en las oficinas de RTS, dice el informe Majano.
También se identifican varias reuniones de Baroja y Beltrán con Danny Walker, Munir Abedrabbo y el grupo Wright (sin identificar quién) en las que acordaron aportar $320.000 en efectivo. El dinero fue entregado en tres pagos, dos de $130.000 y uno de $60.000, a través de la compañía Servicios de Seguridad Armiled Cía. Ltda. (V8). Los encuentros tuvieron lugar en las instalaciones de esa empresa, ubicadas en la calle Pedregales N35-115.
“Se les ha ofrecido nombrar al titular de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones”, dice el informe.
El reporte señala que Gustavo Baroja y Patricio Beltrán “contactaron y gestionaron con Karla Semanate, VIP Cevipsa S.A. (V12) la entrega de aportes voluntarios para insumos y logística” de la campaña del binomio Moreno-Glas. El dinero ($350.000) se entregó a Beltrán en efectivo, en la ciudad de Quito, en tres partes: dos de $150.000 dólares y una de $50.000 dólares.
La líder 2, Paola Pabón (L2), entonces secretaria de Gestión de la Política, gestionó los aportes de V9–Reylacteos y V10– Corporación Eléctrica Nacional de Venezuela. A través de Segundo Wong, de Reylacteos, obtuvieron $120.000 y por medio de Carlos González, de Corporación Eléctrica Nacional de Venezuela, lograron $280.000, dice el informe.
Al líder 3, Jorge Glas, le asignaron tres organizaciones codificadas para la gestión de recursos: V6-Sinopec International Petroleum Service Ecuador, V11-Tele Cuatro Guayaquil C.A. Red Telesistema Rts (propiedad del fantasma Ángel González) y V13-Grupo Azul.
En agosto de 2016, en uno de los chats filtrados por #InaPapers el entonces asesor de Lenín Moreno, Andrés Michelena, informaba sobre la visita a Ginebra de Carlos Mantilla, presidente de diario El Comercio y de Carlos Lorefice Lynch, representante del magnate de la comunicación Ángel González (el Fantasma). El mensaje de Michelana decía: “Hola Lenín. Buen día. Te comento que está listo el viaje para visitarte con El Comercio. A partir del 8 de agosto cuando tú digas. Iría Carlos Mantilla, Carlos Lorefice Lynch (maneja todos los medios de la región) y un asesor del grupo”. A esa fecha ya estaba vigente un informe de la Contraloría del Estado que ordenaba la reversión de varias frecuencuencias de radio y televisión adjudicadas ilegalmente al grupo controlado por González. Dos años después de posesionado Moreno como Presidente de la República, nadie se atreve a ejecutar el informe.
Con Sinopec obtuvieron $150.000, el contacto aparece “sin registro” en el documento revisado por este medio. De Tele Cuatro Guayaquil, a través del contacto Eduardo Mangas, consiguieron $600.000. El Grupo Azul, por medio de su dueño William Phillips, les entregó $80.000.
Una mochila llena de fuerza y convicción
El informe Lucas Majano identifica posibles líneas de uso de esos recursos de campaña. Por ejemplo, señala a “Homero Arellano, Stalin Basantes, Paola Escobar, como encargados de la logística de las caravanas presidenciales y vicepresidenciales”.
También se identificaron desembolsos a nombre de María Augusta Enríquez, asistente de Vinicio Alvarado Espinel para el pago de publicidad relacionada a la campaña electoral”. Vinicio Alvarado, hoy prófugo de la justicia por haberse identificado su participación en Arroz Verde 502, diseñó la estrategia de campaña que llevó a Moreno y Glas al poder.
Según el informe, el entonces candidato Moreno conoció el presupuesto que se necesitaba para cada salida de campaña. El documento hace alusión a “comunicaciones mantenidas entre Lenín Moreno y Homero Arellano, embajador de Ecuador en Chile, a través de la aplicación Telegram. En una de ellas, se adjunta un archivo denominado “logística.pptx”, enviado por Arellano a Moreno, indicándole que lo lea y que tiene algunas dudas que necesita sean absueltas.
Por su parte Moreno contesta: “me parece bien Homero, hay que conversarlo con Ricardo Patiño y/o Gustavo Baroja, ellos ya saben que vos vas a manejar el tema”,puede leerse en una captura del chat, del 31 de agosto de 2016.
Arellano le responde: “Perfecto! Voy a Ecuador, hoy noche, justo para reunirme con Ricardo y Gustavo, voy con la mochila llena de fuerza y convicción, amigo!!”.
Según el informe, el archivo “logística.pptx” contenía la organización y costos del “Plan Nacional de Logística” para el binomio. “Se debe señalar que mensualmente se realizaba al menos una comitiva presidencial en la Sierra, Costa, Amazonía y una de las “ciudades grandes”, por lo que el valor mensual oscilaba en los USD 349.920 dólares mensuales”.
Las comitivas vicepresidenciales que se realizaban mensualmente, al menos una vez, fluctuaron en $ 243.420 mensuales, según el detalle:
La información revisada incluye un documento denominado “Liquidación de fondos 1ra. Vuelta”, en formato Excel, de finales de 2016, de Alianza País. Señala que, a esa fecha, el movimiento tenía un total de ingresos por $1.376.330,42, repartidos en los siguientes rubros: Numerarios (Recursos privados personas naturales ecuatorianas y extranjeras residentes en el Ecuador) $1.376.330,42. Especie (recursos privados personas naturales ecuatorianas y extranjeras residentes en el Ecuador) $75.457,00 y Otros Ingresos (intereses cuenta corriente) $48,85.
De esta información no se cuenta con mas referencias de cuentas, entidades financieras y personas a cargo. El informe Majano agrega un balance contable, titulado “campaña electoral 2017, presidente y vicepresidente de la Republica, movimiento Alianza País Patria Altiva y Soberana, listas 35, ple-cne-perm-5-20-11-2016”, que señala que los gastos de campaña sumaron $1.219.330,89 y se repartieron en movilización y transporte, arriendos, “otras campañas electorales”, “elaboración de artículos promocionales, imprenta, reproducción y similares”.
Al final del documento, en el apartado de “Certificación”, se dice que “los abajo firmantes certificamos, que la presente LIQUIDACIÓN DE FONDOS DE CAMPAÑA ELECTORAL, ha sido elaborada de conformidad al balance general, estado de resultados y demás documentos de soporte contable, los mismos que fueron discutidos y aprobados, el 03 de mayo de 2017”. Se adjuntan los nombres de Gabriela Rivadeneira, en calidad de representante legal de Alianza País, Patricio Beltrán Vinueza, responsable del manejo económico y Verónica Castro M, contadora.
El informe y sus anexos, al que este portal tuvo acceso, dan cuenta de aportes por $11,6 millones de un total de $14,1 millones proyectados, bajo un sistema de códigos que identifican a empresas nacionales y transnacionales, contratistas del Estado y a los más altos representantes de Alianza PAIS. El destino de la millonaria recaudación fue financiar la campaña electoral del binomio Rafael Correa -Jorge Glas y las listas de asambleístas y autoridades de gobiernos locales del oficialismo en 2013.
En 2017 se conoció un audio en el cual José Santos de Odebrecht le decía al excontralor Carlos Pólit, actualmente prófugo, que Jorge Glas, le había solicitado dinero para la campaña del movimiento Alianza PAIS. Hasta ahora no se había revelado evidencia de lo expuesto por el ejecutivo de la constructora brasileña.
Arroz verde 502 revela las claves que usaron los principales líderes del correísmo para gestionar esas contribuciones al partido de gobierno. En nuestro poder reposan decenas de facturas, reportes contables y comunicaciones que denotan un sistema de corrupción estructurado, tal como Lava Jato, pero con particularidades a la ecuatoriana.
De la misma forma que el caso Lava Jato, con la receta Arroz verde 502, se cocinó un sistema de claves que ocultó a los responsables de esta trama de corrupción, por ejemplo: (Líder 1 Jorge Glas JG) (Líder 2 María de los Ángeles Duarte MD) (Líder 3 Walter Solís WS). Similar como sucedió en el Perú con el fallecido Alan García, que tenía el código AG y se atrevió a bromear diciendo que se refería a la cantante Alejandra Guzmán.
Walter Solís – fotografía tomada del catálogo de fotografías que Odebrecht publicó para proporcionar sus obras.
Quienes se encargaron de negociar, gestionar y recaudar el dinero de aportes «voluntarios» al movimiento Alianza PAIS, fueron Jorge Glas Espinel, vicepresidente (L1 JG); Walter Solís Valarezo(L3 WS), Secretario Nacional del Agua y María de los Ángeles Duarte (L2 MD). Con ellos participaronMaría Pamela Martínez Loayza (asesora de Rafael Correa), María Augusta Enríquez Argudo(mano derecha de Roldán Vinicio Alvarado) y las asistentes de Presidencia Laura Terán Betancourt y Victoria Andrade.
Se trata de un caso sin parangón en la región porque las coimas, bajo el esquema de donaciones, llegan a 11,6 millones de dólares, que en nada se compadece con los casos de Lula da Silva en Brasil, sentenciado porque se probó que era el beneficiario de un apartamento de $189.000, pagado por Odebrecht, o los $3 millones de dólares que llevó a la cárcel a Ollanta Humala en Perú.
Las empresas que entregaron los aportes voluntarios, usando el sistema de códigos son: Constructora Norberto Odebrecht (código V7), SK Engineering & Construction (V8), Sinohydro Corporation (V14), Grupo Azul (V12), Telconet (V11), China International Water & Electric Corp-CWE (V9). Además, se reportaron otras compañías como la constructora nacional Fopeca y Sanrib Corporation (V10), esta última propiedad de Bolívar Sánchez Ribadeneira, uno de los mayores lobistas hasta ahora oculto, vinculado al capital chino.
El proceso de recaudación estuvo a cargo de Pamela Martínez Loayza, con ayuda de Laura Terán Betancourt. El sistema reporta dos mecanismos de aportes: en efectivo $4,6 millones y a través del modelo de cruce de facturas una cifra de $7 millones, donde las empresas multinacionales cancelaban los comprobantes de los proveedores de la campaña de Alianza PAIS.
Los principales líderes de Alianza PAIS contaron con el apoyo de varios coordinadores: C1-OM, que aún no ha sido identificado, C2-ME que se refiere a María Augusta Enríquez Argudo y C3-PM, que es Pamela Martínez, ambas asesoras de la Presidencia de la República.
Martínez Loayza habría sido quien distribuía el dinero a los miembros del movimiento político con la autorización de Jorge Glas-L1 y María Duarte-L2.
Valores en efectivo registrados en el informe Arroz verde como donaciones de grandes empresas a favor de Alianza PAIS.
Como hemos señalado, el informe Arroz verde establece un monto total levantado por 11’670.000 dólares de un total de 14.1 millones de dólares proyectados, dividido en $4’680.000 en efectivo, tal como detalla este cuadro y $7’010.000 a través del método de cruce de facturas.
Odebrecht, citada como V7, entregó 2.5 millones de dólares en efectivo, dinero gestionado por Jorge Glas (L1), esos recursos se desembolsaron en partes: el 9 de septiembre de 2013, $500.000; el 21 de octubre de 2013, $500.000; el 12 de noviembre de 2013, $150.000; el 21 de noviembre de 2013, $300.000 y el 2 de diciembre $100.000. Además, el 16 de diciembre de 2013 dio $939.900 y el 18 de diciembre de 2013 U$10.100, en total 2´500.000 dólares.
El contacto fue Geraldo Pereira de Souza, ejecutivo de la firma constructora. Geraldo de Souza fue investigado en la trama de corrupción que llevó a prisión a Jorge Glas y su tío Ricardo Rivera, se lo acusó de recibir más de $9 millones en efecto, dinero transportado en camiones blindados, pero ninguna pista se encontró entonces respecto a la receta Arroz Verde 502.
El ex vicepresidente (L1), también pidió $1´500.000 a V8, SK Engineering & CO, por intermedio del CEO Mateo Choi, el empresario negoció su aporte mediante un cruce de facturas, quien además solicitó a Martínez enviar a la compañía surcoreana cuatro facturas semanalmente, incluyendo la de los servicios legales de los diferentes proveedores de Alianza PAIS.
El CEO señaló que los detalles de las facturas deben ser distintos y estar acorde a la descripción que ellos extendieron con antelación. Al 3 de febrero de 2014 SK cumplió con su aporte, posterior a la entrega del anticipo de uno de los contratos firmados con el Estado (repotenciación de Refinería Esmeraldas), según detalle del 2 de enero de 2014.
La receta Arroz Verde, reporta también la relación de Jorge Glas-L1 con el ex embajador Cai Runguo, representante de Sinohydro CorporationCO-V14, que aportó el 14 de enero de 2014, la suma de $500.000, de los cuales $400 mil fueron entregados en efectivo y $100 mil en la modalidad cruce de facturas. También se constata que Iván Wuyu y Hu Ning- Beatriz eran los nexos con esta constructora. Beatriz es la misma empleada de Sinohydro relacionada en el caso Ina Investment. Con la receta ademas se cocinó la negociación de Jorge Glas Espinel con William Phillips Cooper “Bill Phillip”, esposo de la entonces asesora presidencial Mónica Hernández Vásconez y representante del GRUPO AZUL (V12). El informe señala que el 9 de diciembre de 2013, el grupo Azul entregó $20 mil en efectivo.
Arroz Verde incluye en su menú la relación entre Jorge Glas- L1 y Tomislav Topic Granados, gerente de TELCONET (V11), quien se comprometió a entregar el monto de $500 mil en efectivo, de los cuales, el 03 de enero de 2014 se concretó un pago de $100 mil, posteriormente, el 10 de enero $250 mil y el 15 de enero, $150 mil.
La estatal China International Water & Electric Corp-CWE (V9), a través de su representante José Alvear Icaza, se comprometió con Jorge Glas-L1 a cancelar $1’000.000 como aporte al movimiento político. Sin embargo, el 19 de noviembre de 2013 Juan Carlos Wang, director de CWE y José Alvear, indicaron que aportarán cuando reciban la adjudicación del contrato ofrecido. En la base de datos de voluntarios se encontró la empresa Lagerfeld S.A, cuyo gerente general es el hijo de José Icaza, Ricardo José Alvear Zenck, y como nexo a la organización estaba Myrian Elizabeth Sáenz Capovilla.
La compañía china CWE en consorcio con la rusa Inter Rao, fue contratista del proyecto Toachi Pilatón.
Según el informe, Alexis Mera, secretario jurídico de la Presidencia, recibió $265.000 por concepto de “servicios jurídicos verdes”, repartidos en tres partes: el 23 de septiembre de 2013, $85.000; el 2 de diciembre de 2013, $80.000 y el 7 de enero de 2014, $100.000.
De acuerdo con el documento revisadoa Viviana Patricia Bonilla Salcedo, ex candidata a la Alcaldía de Guayaquil y actual asambleísta del correísmo, se le asignó $320.000 para apoyar de campaña de los comicios seccionales del 23 de febrero de 2014, de los cuales se entregó $100.000 a Gustavo Xavier Bucaram Loaiza, funcionario del ministerio de coordinación de la política y $220.000 dólares a Christian Humberto Viteri López, ex asambleísta de AP, a quien Pamela Martínez, dijo que entregó 100.000 el 13 de noviembre de 2013 y $60.000 en dos ocasiones, el 21 y 25 de diciembre de 2013. Consultamos al exasambleísta Viteri respecto a este informe y señaló que todos los gastos fueron justificados, aunque demostró extrañeza por los aportes en efectivo que realizó la dirección nacional de Alianza PAIS, incluso nos facilitó esos reportes depositados en una cuenta del banco de Fomento.
El 2 de diciembre de 2013, Diego Patricio Endara Erazo, asesor del gabinete de la alcaldía de Quito, por seguridad civil de ese mes, se le canceló $5.000.
Odebrecht también financió los viajes de placer
El informe Arroz verde no solo anexó los ingresos logrados por Jorge Glas con diversas empresas, además incluyó información de la relación personal que mantuvo Odebrecht con la asesora presidencial Pamela Martínez.
El 20 de febrero de 2013, tres días después del triunfo electoral de Rafael Correa en una sola vuelta, Martínez Loayza, recibió un correo electrónico del ejecutivo, Geraldo Luiz Pereira de Souza, apoderado especial de Odebrecht y además encargado de la administración y finanzas de la empresa en Ecuador.
El mensaje para la asesora de Correa dice: “Abajo algunas opciones de vuelos, para una primera evaluación suya, de acuerdo con eso vamos ver hoteles, etc.”.
Se trataba de un itinerario de viaje entre el 14 y 23 de junio de 2013 y no precisamente de trabajo. Pamela Martínez respondió diciendo que nueve días de viaje era mucho tiempo y que siete eran suficiente. La respuesta de Geraldo Luiz Pereira de Souza fue que debía considerar dos días de viaje. Odebrecht tambien realizó transferencias a la empresa NexoGlobal, vinculada a la familia de Martínez Loayza, como se detalla en el siguente cuadro.
En medio de esa correspondencia se evidenciaron otros comunicados que dejaban en claro pagos de Odebrecht mediante contratos con terceras personas y siempre consultado a Pamela Martínez. Es el caso del 21 de febrero de 2013, Laura Terán Betancourt, la asistente de Pamela Martínez en la Presidencia de la República, envió un comunicado a Manuel Castilla Fassio que dice: “Por instrucción de la doctora Pamela Martínez, cumplo en enviarle la siguiente información…”
Eran los datos de la empresa Odebrecht con su dirección y teléfonos en Quito. El 5 de marzo de 2013 Manuel Castilla envió un mensaje a Geraldo Luiz Pereira de Souza con copia a Pamela Martínez que decía: “Estimado Geraldo: …hice las correcciones al borrador del contrato en lo referente a los servicios, pero no hice el cambio del representante legal ni del valor mensual, por lo que te pido que lo hagas. La próxima semana debo ir a Quito y podríamos aprovechar para firmarlo si estas de acuerdo, por favor confírmamelo…”
Ese mismo día Pereira de Souza le envío un mail con un “borrador de contrato sin pauta 2013”.
Llevaban las cuentas en matrices de Excel
El 28 de enero de 2013 una funcionaria del Ministerio de Justicia, ex asesora del ministerio del Justicia, indica a Pamela Martinez que le envía la matriz de los proveedores que conversaron “el día de hoy”, esta matriz la realizó con los valores máximos a facturar y que ya tiene las facturas en blanco, por lo que le solicita le indique cuándo le hace llegar. A esto, Martinez le indica que de proveedores directos “no tengo”, que ya le escribió a MAE (María Augusta Enriquez Argudo), asesora presidencial, para que les envíe.
En la matriz se detallan dos facturas, la una con Nº 824 y la otra s/n, perteneciente a Guido Germán Arcos Acosta. Los pagos se realizarán por consultorías legales, ambientales, administrativas, mercantiles y financieras por $78.400 cada una, ($156.800 en total). Existen otras facturas con números 1662-1663-1664-1665, para la empresa Indura Importadora Comercial Pérez por venta al por mayor en artículos de ferretería por un monto de $ 67.200 cada una, por un total de USD 268.800.
Viviana Bonilla y FOPECA
Según el informe Arroz Verde, la empresa FOPECA pudo haber aportado $240.000, utilizando algunos códigos registrados al costado de los valores tales como MAE, VB y Corcho. Estos códigos posiblemente correspondían a María Augusta Enríquez (ex coordinadora presidencial en 2013), Viviana Patricia Bonilla Salcedo? y a Fernando Cordero Cueva, ?con el objeto de cubrir gastos relacionados al movimiento Alianza PAIS.
El 9 de diciembre de 2013 se entregó a Cristian Alejandro Orozco Taco $1.904 correspondiente al pago de la factura de No. 43 por concepto de servicios profesionales. El 7 de enero de 2014, se canceló 952 dólares por la factura No.45 (prestación de servicios alquiler de autos). La encargada era María Augusta Enríquez.
El 12 de diciembre de 2013, se entregó a José $4.054,40 por la factura No.1293 por publicidad. La encargada era Viviana Bonilla.
El 13 de diciembre de 2013, a la agencia de publicidad Creacional S.A. cuyo presidente y accionista es Roldan Vinicio Alvarado Espinel, se facturó $60.480 por honorarios profesionales, marketing publicitario, con la factura No. 41513. Encargada, Viviana Bonilla.
El 11 de diciembre de 2013 posiblemente se canceló $18.816 por la factura No. 1013 de Presentaciones Tafur por servicio de estampado de uniforme. Encargada, Viviana Bonilla.
El 11 de diciembre de 2013, por pistas publicitarias se canceló a Wendy Vanessa Vera Flores la cantidad de $6.720 con la factura No. 272. Encargada, Viviana Bonilla.
El 10 diciembre de 2013 por la factura No.1685 se canceló a LUZIN, por servicios de publicidad $5.096,00. Encargada, Viviana Bonilla.
El 12 de diciembre de 2013 el Instituto Latinoamericano de Comunicación, solicitó el pago mediante la factura No.2 por honorarios profesionales del estudio de marketing por $19.734,57. Encargada, Viviana Bonilla.
El 12 de diciembre de 2013, el IMASEN facturo $19.600 con comprobante No. 150 por estudio de mercado. De acuerdo a una publicación de El Telégrafo, Giovanna Peñaflor Guerra, fundadora de la encuestadora IMASEN del Ecuador realizó la encuesta de intención de voto para Viviana Bonilla quien fue candidata a la Alcaldía de Guayaquil. La encargada fue Viviana Bonilla. https://goo.gl/9Z35QZ El 12 de diciembre de 2013 con factura No. 135, PUBLIELITE S.A. por pauta digital y redes sociales cobró $22.400. Encargada, Viviana Bonilla.
El 11 de diciembre de 2013, INNOVAPLUS S.A. con factura No. 4922, cobró $11.200 correspondiente a brandeo de carro, incluye instalación de vinil y microperforado para carro. Encargada, Viviana Bonilla. El 9 de enero de 2014 la empresa PROPRAXIS cuyo presidente es María Verónica Moreno Vega facturó $60.000 por la elaboración de encuestas para la prefecta del Azuay. Encargado, Fernando Cordero Cueva.
Cuenta librería
El 26 de julio de 2011, Pamela Martínez, alias Esmeralda del Mar, elaboró un registro denominado “Librería” en el que se detallan fechas y cifras. Martínez escribió que el 11 de junio de 2011 tenía en la librería un monto de $88.873,60 y al 20 de julio de 2011 $186.388,45.
De acuerdo con el reporte, del monto total se desembolsó a:
Vicky posiblemente Victoria Andrade (Asistente Nexoglobal) $ 950
Mónica Cordones $ 2.719,39, accionista de Jurisglobal S.A.
Gastos bancarios $ 30Se destaca además un registro que dice: “Del monto destinado para el caso 30S se destinó $54.561,65, sin embargo, se efectuó un egreso de 4.500 sin mencionar el concepto, quedando $ 50.061,65”
Además, Martínez describe el nombre de algunas empresas junto con varias cifras, probablemente se refería a los montos que se descontaban de la contribución que las empresas entregaban a Pamela Martínez, como a Sk Engineering & Construction, $25.412,36.
El 1 de julio de 2011, Laura Terán, asistente de presidencia entregó un reporte a Pamela Martínez, con los débitos efectuados por la compañía CONECEL o Claro de la cuenta No.000-172071-7 del banco Bolivariano por un total de $2719,39, cuya propietaria es Mónica Cordones Cadena, accionista de Jurisglobal.
Al parecer Mónica Cordones Cadena prestó su cuenta bancaria para los manejos financieros de Pamela Martínez, por cuanto el 1 de julio de 2011, Pamela Martínez, solicitó a Laura Terán que revise si Mónica Cordones realizó los depósitos.
Presencia de Sanrib en la trama de corrupción
Un personaje clave en esta trama es Bolívar Sánchez Rivadeneira, a través de sus empresas Sanrib Corporation de Ecuador y Panamá. Esta empresa actuó como puente entre las multinacionales y los proveedores de Alianza PAIS, su propietario Bolívar Sánchez, mantiene una larga vinculación con empresas chinas, en especial con Gezhouba, contratista de la central hidroeléctrica Sopladora y del proyecto Bulubulu, también con China Machinery Engineering Corp, CMEC, proveedora de equipos y servicios a Gezhouba.
SEMAICA
En la receta constan registradas otras empresas aportantes, como Semaica que colaboró con el pago de servicios para la campaña, como se desprende de la siguiente comunicación a través de la cual se dispone facturar a favor de la empresa Vértigo Films de propiedad de Vinicio Alvarado.
Operativo Escuadrón Verde
Con el objetivo de garantizar la seguridad de los líderes del correísmo y la realización de avanzadas a los lugares en los que se desarrollarían los eventos de AP utilizó el «ESCUADRÓN VERDE OPERATIVO – EVO», nombre acuñado por el entonces presidente Rafael Correa. En los documentos revisados se constata que el responsable de EVO fue Ítalo Centanaro Villacís, gerente de Coca Codo Sinclair. Entre el 04 de diciembre de 2013 y el 05 de febrero de 2014, para este concepto se destinó $16.000, de los cuales se pagó $4.000 mensuales a Francisco Xavier Noboa López.
Repetir los pecados del pasado es común en la política ecuatoriana, olvidamos con facilidad, perdonamos a los responsables y nos quedamos con el ingrato recuerdo de los hechos. Periodismo de Investigación publica por primera vez cómo fueron las negociaciones para el retorno de la empresa y quiénes son los responsables de los hechos posteriores, prohibido olvidar.
ACTUALIZACIÓN 10 JULIO 2020
ABOGADO DE ODEBRECHT DEMANDA A FERNANDO VILLAVICENCIO, COAUTOR DE ESTE REPORTAJE
Un nuevo intento por criminalizar la opinión y atacar al Periodismo de Investigación se está reeditando por parte de la justicia ecuatoriana. Fernando Villavicencio, periodista de este portal, ha sido llamado a audiencia de juzgamiento para el 13 de julio de 2020, dentro de una demanda instaurada por Juan Falconí Puig, abogado de la multinacional Odebrecht, por presunto daño moral.
La investigación periodística titulada “EL RETORNO DE ODEBRECHT: CÓMO, QUIÉNES Y POR CUÁNTO NEGOCIARON”, publicada el primero de agosto de 2019, fue la que despertó la iracunda reacción de Falconí Puig, ex embajador de Ecuador en Reino Unido, durante el gobierno de Rafael Correa.
En esta nota se exhibe cómo se negoció el convenio del “perdón” a Odebrecht, firmado en julio de 2010, a través del cual se liberó a la corporación brasilera de sus responsabilidades civiles y penales y se desvanecieron glosas en su contra por $80 millones. A cambio, el Estado recibió $20 millones por indemnización. Odebrecht contrató a Falconí Puig, quien percibió honorarios por $1,3 millones por liderar las conversaciones con altos funcionarios del correato que permitieron la firma del mencionado convenio.
Fernando Villavicencio nunca fue notificado de esta demanda en el plazo que determina el Código Integral Penal. Recién el 9 de julio pasado se enteró del tema mediante mensajes difundidos por Falconí Puig y Correa en la red social Twitter. No obstante, la jueza, Yadira Proaño, de la Unidad Judicial Penal con sede en la parroquia Iñaquito, siguió tramitando la causa, con lo que se está vulnerando el derecho a la defensa del periodista.
El retorno triunfal de Odebrecht en 2010 puede repetirse en 2019
Fue hace nueve años, el 8 de julio de 2010, que el gobierno de Rafael Correa acordó el retorno de Odebrecht al Ecuador, luego de ser expulsada en 2008 por los problemas de construcción de la central hidroeléctrica San Francisco. La negociación se hizo en seis meses y tuvo todos los ingredientes del delito de colusión.
Funcionarios de Hidropastaza, del fondo de Solidaridad y la Presidencia de la República, junto a los ejecutivos de la empresa construyeron el acuerdo para permitir el retorno de Odebrecht en condiciones favorables a esta. Con el convenio, la empresa se comprometía a reparar las fallas en San Francisco y al pago de $20 millones de indemnización.
De parte de Ecuador, se archivaron glosas por $80 millones, una demanda internacional por $250 millones por el crédito otorgado por el BNDES, se enterraron los procesos penales y se olvidaron del lucro cesante por al menos 100 millones.
Periodismo de investigación hace un recorrido de esas negociaciones en las que participaron José Santos Filho, Juan Falconí Puig y Sergio Ruiz por parte de la constructora y Alexis Mera, Ciro Morán Maridueña, Rafael Poveda, Vicente Peralta y Jorge Glas como supuestos defensores del Estado.
En los primeros años de este siglo, Falconí Puig defendió los intereses de Cervecería Nacional en un juicio comercial con una competidora. Alexis Mera también participó en la defensa de cervecería en calidad de socio de Juan Falconí y años después se reencontraron en el gobierno de Correa. Falconí en 2008 estuvo al frente de las incautaciones de los bienes de los banqueros Roberto y William Isaías.
El 4 de febrero de 2010 Juan Falconí Puig, le presentó a Odebrecht la propuesta de costos profesionales para representar a la constructora en el proceso de negociación del acuerdo de retorno. Los honorarios marcados fueron de 1,3 millones de dólares pagados en tres cuotas: $200 mil iniciales, otros $100 mil a los tres meses del proceso y $1 millón al finalizar el acuerdo.
La negociación y correspondencia
Los insumos jurídicos y documentos del acuerdo fueron escritos originalmente en los computadores de Odebrecht y se presume en el estudio Falconí Puig. De la información a la que este portal tuvo acceso no se desprende documento alguno que haya sido originalmente trabajado en la Procuraduría General del Estado, Hidropastaza, el Fondo de Solidaridad o la Presidencia. Al parecer esos documentos llegaron del lado de la constructora, ellos se encargaron de socializar sus insumos con los funcionarios del Estado. Documentos a los que accedió este portal dan cuenta que el convenio final y el decreto presidencial, firmado por Rafael Correa, no se elaboraron en ninguna entidad estatal. Fueron trabajados en las oficinas de abogados de Falconí Puig.
El intercambio de correos dejó en evidencia que para inicios de 2010 Falconí identificaba a Jorge Glas como Vidrio, es decir dos años antes que se registre ese código en los cuadernos de sobornos del Caso Caminosca.
La desesperación de los funcionarios por acordar el retorno de la constructora y solucionar los problemas de San Francisco les llevó a jugar en la cancha de la empresa y beneficiarla. Hay pruebas de ello: El 7 de febrero José Santos escribió a Falconí, desesperado y asustado por la posible notificación a los ejecutivos de la corporación en Brasil, del arbitraje que se llevaba en la Cámara de Comercio de Ambato le escribió a Falconí: Juan, Cómo podemos confiar en este gobierno? Mientras estamos negociando y esperando el informe de Procuraduría el propio gobierno sigue intentando citar al consorcio?
La respuesta de Falconí fue: Correcto José, ya no es posible que el Procurador quiera poner más condiciones, mas aún si su informe es bien flojo. Les escribí a Alexis y Jorge porque eventualmente ellos no quieran esperar hasta el lunes y llamen antes a discutir y aclarar ese tema.
Ese mismo el 7 de febrero de 2010 José Santos desde su mail corporativo, le escribió a Ciro Morán Maridueña, gerente de Hidropastaza (pariente político de Vidrio), con la siguiente instrucción:
“El Consulado de Ecuador en Sao Paulo acaba de llamar el personal de Andriz solicitando datos de los directores y indicando de que en la próxima semana van hacer la citación. No podemos dejar que esto ocurra. Tu tiene que llamar a Jorge Glas inmediatamente y pedir a el que hable con Patiño para mandar a suspender estas acciones en Consulado de Brasil. No podemos dejar que esto ocurra. En el aguardo de tus acciones saludos, José Santos” (sic).
Ese mismo día Ciro Morán dirigió un escrito desesperado a Alexis Mera y Jorge Glas con copia a Vicente Peralta y Juan Falconí para evitar que se cite a los ejecutivos de Odebrecht en Brasil, explicando temas técnicos. “Los tiempos son inaceptables”, dice Morán porque la central estaría parada dos meses y medio y pide la presencia de Mera en una audiencia para lograr un compromiso con la Procuraduría y les conceda el informe final, antes del cierre de la instrucción fiscal y para poder mantener las fechas y tiempos de trabajo acordados por el consorcio para arrancar con operaciones antes de la época de estiaje.
El 12 de marzo de 2010 Guillermo Solis de Odebrcht dio a conocer a Ciro Morán, Fernando Chávez de Hidropastaza y otros funcionarios del ministerio de telecomunicaciones (donde ya despachaba Vidrio) que el documento final estaba listo. En el mensaje se incluyó a otro grupo de abogados de la empresa y ejecutivos del consorcio constructor de San Francisco. El mensaje decía: «Adjunto el Convenio de Transacción (y sus anexos) que sería el documento definitivo a ser enviado a la Procuraduría General del Estado para sus comentarios y observaciones. Para conocimiento del grupo, hemos trabajo en la mañana de hoy en dicho borrador conjuntamente con los Drs. Ciro Camilo y Fernando Chávez. Saludos, Guillermo Solis»
Pero la Procuraduría no estaba dispuesta aceptar la propuesta tan fácilmente. Los tropiezos en el acuerdo y la tensión de Odebrecht se denota en la presión que José Santos ejerció en Falconí; también se deja en claro que Morán Maridueña, estaba mas con Odebrecht que con Hidropastaza. A fines de marzo de 2010 un nuevo mail decía:
El personal de la Cámara de Comercio de Ambato ya contestó la carta de Hidropastaza enviada ayer. O sea de nada sirvió la carta enviada de HP… Yo creo que tu deberías llamar a Glas e indicarle que esta situación no puede continuar. Tenemos un Acuerdo de Caballeros de no hacer gestiones mientras estamos negociando el acuerdo y Ciro tiene que enviar una carta para el Cámara de Comercio de Ambato.
Falconí le responde: «Tengo claro el tema. Mañana reclamo verbalmente y muy fuerte. Deben presentar un escrito pidiendo a la directora que congele el trámite, pues es estúpido que después de un año, cuando estamos negociando y así se aclaró traten de impulsar ese juicio. JFP»
La prueba mayor que establece que el Estado nunca preparó o construyó el proyecto de acuerdo para el retorno de Odebrecht se dio en ese mismo mes; se identifica con claridad que incluso en esas condiciones la constructora brasilera sobrevaloró los trabajos a su favor en perjuicio del país. Alexis Mera, desde su correo de la presidencia escribió a Juan Falconí el siguiente mensaje:
“Estimado Doctor: En el proyecto que me pasaron no dice nada de los riesgos adicionales. Tampoco dice que Odebrecht pagará los estudios técnicos para las obras adicionales. El soporte de esta operación está evidentemente sobrevalorado, ya que un técnico por bimestre no puede costar 4 millones”
En mayo José Santos le hizo saber a Falconí su preocupación por el posible acceso de la revista Vistazo a la demanda de Hidropastaza contra la empresa, la creencia de Santos es que cualquier publicación podía entorpecer la negociación. La correspondencia del 17 de marzo decía: Juan, Acabo de mirar el email enviado a un ex funcionario nuestro (Esteban Michelena) que era la persona responsable por el contacto de la empresa con la prensa. Gustaría saber cómo proceder. Yo creo que si sale este reportaje va a complicar nuestras negociaciones con el Gobierno. Yo no pretendo dar ninguna información o entrevista mas como tu puedes observar la reportera indica de que tiene la demanda de Hidropastaza.
Otra correspondencia de julio, enviada por Juan Falconí a Alexis Mera se expresa las dificultades de la empresa para llegar al acuerdo y pide que desde el mas alto nivel se presione a la Procuraduría para aceptar una salida. El mail dice: Estimado Alexis: Le informo la preocupación de José Santos de Odebrecht, por el estado actual del trámite del convenio transaccional…. en la Procuraduría sostienen que no hay transacción porque no se termina todo de una vez… Parecería que hace falta algún tipo de gestión de gestión política, que transmita directamente al procurador la urgencia del propio Gobierno en este tema por efectos del próximo estiaje.
El 8 de julio el Procurador Diego García cedió a las presiones y entregó el aval para la firma del convenio, previo al retiro de todas las demandas existentes contra la empresa, ese mismo día se firmó el acuerdo con Hidropastaza. Luego vino el pago de la empresa y el caso quedó saldado.
Apenas se firmó dicho acuerdo el mismo grupo empezó a programar el convenio para que el Estado retire la demanda internacional que inició contra el Banco de Desarrollo del Brasil, BNDES, que financió la obra por un valor de $600 millones
El 21 de julio de 2010 Ciro Morán era el mayor defensor de Odebrecht y delineó el plan para salvar al BNDES: “ESTIMADOS Jorge y Sergio, tal como le comenté a Sergio, como ya está aquí José Santos , solicité una reunión con él para establecer los planes que corrijan el rumbo del convenio. A continuación tres planes:
a) Que el Contralor se convenza de emitir el informe, esto implica que no se debe modificar nada (idea de del Dr.Mera).
b) Que el procurador se convenza que puede emitir un informe de autorización de Transacción (así sea condicionado), para lo cual le presentará un proyecto definitivo que implique que ellos entran hacer todo , que nosotros desistimos inmediatamente después de la firma (incluido el tema penal) y que y que contra los desistimientos presentados o la aprobación de estos se cobran los 20 millones. En este plan no se incluye nada de la Contraloría, simplemente se establece que los 20 millones son imputables a cualquier valor que el contralor confirmase y sino queda como compensación a las paralizaciones (este es el plan que prefiere Odebrecht)
c) Si Contralor o Procurador no quieren colaborar en el tema, se puede realizar un adendum que no requiere de informe de ninguno de ellos y que consisten en que ellos acepten ingresar.
Superado el impasse, Odebrecht volvió recargada. A los $800 millones que tenía en contratos, entes de la expulsión, debió sumar otros por $3.500 millones. Hasta la fecha Odebrecht ha manejado en Ecuador montos que superan los $4.100 millones y de acuerdo con investigación periodísticas, suma un sobrecosto de $853 millones, cifra en la que no se incluyen los sobreprecios en los contratos de la Ruta Viva y del Metro de Quito.
En diciembre de 2016 el Departamento de Justicia de EEUU emitió un informe según el cual la constructora brasileña Odebrecht pagó $788 millones en sobornos en 12 países de América Latina y África. Sobre Ecuador los documentos señalaron que entre 2007 y 2016 la multinacional pagó sobornos por $35,5 millones a funcionarios del Gobierno de Rafael Correa Delgado, lo que le generó beneficios de más de $116 millones. En las páginas 19 y 20 del citado informe se establece que parte de esos pagos se hicieron a un intermediario y a un oficial del gobierno de Correa, para negociar el regreso de Odebrecht a Ecuador, expulsada del país por las graves fallas en la central hidroeléctrica San Francisco. La información actual, obtenida por nuestro equipo de investigación, debe ser cotejada con los documentos del Departamento de Justicia de EEUU, respecto a quiénes negociaron la firma del convenio en julio de 2010.
Como hace 9 años, el gobierno de Lenín Moreno prepara el escenario para un segundo retorno de Odebrecht. El país estará atento a identificar el costo de este nuevo perdón.
Las investigaciones de La Fuente y Mil Hojas fueron parte fundamental de la decisión de Diana Salazar de vincular a Rafael Correa y otros funcionarios de su confianza al caso Arroz Verde.
Los nuevos datos que recabó fiscalía dentro de este caso confirman la precisión y profundidad del trabajo periodísticos de nuestros portales. Hoy, la Fiscalía General del Estado ha solicitado a la Corte Nacional de Justicia fecha y hora para la audiencia de vinculación para 22 personas en el caso Arroz Verde. Las revelaciones de los dos portales siempre apuntaron al ex presidente Correa como el personaje clave de la gestión y administración de los sobornos para las campañas de Alianza País.
Fiscalía argumenta que han aparecido datos de los que se presume la participación de los delitos de los delitos de cohecho, tráfico de influencias y asociación ilícita a las siguientes personas: Lidera la lista de los nuevos vinculados Rafael Correa, Jorge Glas, Maria Augusta Enriquez, Vinicio Alvarado, Viviana Bonilla, Walter Soliz, Christian Viteri, Yamil Massuh. Italo Centenrao, Francisco Noboa Lopez, Alberto Hidalgo, Victor Fontana (FOPECA), Ramiro Galarza (CONSERMIN), Edgar Salas (CONSERMIN), William Phillips (GRUPO AZUL), Pedro Verduga (EQUITESA), Napoleon Sanchez (SANGUIB), Rafael Cordoba (METCO), Cai Runguo (SYNOHIDRO), Teodoro Calle y Jose Verdu Rodriguez.
Las investigaciones de La Fuente y Mil Hojas coinciden con las nuevas declaraciones ante la Fiscalía del ex ejecutivo de Odebrecht, Luis Gerardo Pereira De Souza. Así mismo el abogado de Pamela Martínez, Edgar Molina, confirmó que el exejecutivo de la empresa brasileña entregó dinero en sobre cerrado a Martínez, ex asesora de Rafael Correa. Esta información también consta en la página 15 del cuaderno de recepción de pagos de Pamela Martínez: “Recibo disposición de entregar sendos sobres del Ing. De Souza a Galo Mora. Estos sobres deben ser recibidos de inmediato pues la “campaña apremia”.
Fiscalía ha procedido a notificar a los nuevos implicados de Arroz Verde, la mayoría parte del buró político de Alianza País, ex ministros y funcionarios de alto rango de la Revolución Ciudadana. Los demás, algunos de los empresarios que sobornaron funcionaros y financiaron las campañas de AP desde 2011. Todos los ecuatorianos esperamos probidad y celeridad en la actuación de los jueces que llevan el caso.
Uno de los primeros personajes en recibir esos recursos fue Santiago Cuesta para el levantamiento de tres encuestas. Fueron $225,000 en tres entregas de $75,000 los días 7, 13 y 21 marzo. El dinero llegó a manos del equipo de Jordi Segarra, el asesor que quedó al descubierto en enero de 2019 cuando este portal publicó un amplio informe sobre la ruta del dinero del presidente Lenín Moreno, que luego se llamaría el Informe Majano y que identificó la entrega de $1,5 millones de la Senain, a la campaña de primera vuelta de Moreno y Glas.
La acusación del Departamento de Justicia puntualiza cómo se dieron los hechos y quiénes participaron en el plan para obtener el contrato de fuel oil.
De acuerdo con el documento revisadoa Viviana Patricia Bonilla Salcedo, ex candidata a la Alcaldía de Guayaquil y actual asambleísta del correísmo, se le asignó $320.000 para apoyar de campaña de los comicios seccionales del 23 de febrero de 2014, de los cuales se entregó $100.000 a Gustavo Xavier Bucaram Loaiza, funcionario del ministerio de coordinación de la política y $220.000 dólares a Christian Humberto Viteri López, ex asambleísta de AP, a quien Pamela Martínez, dijo que entregó 100.000 el 13 de noviembre de 2013 y $60.000 en dos ocasiones, el 21 y 25 de diciembre de 2013.
El 9 de diciembre de 2013 se entregó a Cristian Alejandro Orozco Taco $1.904 correspondiente al pago de la factura de No. 43 por concepto de servicios profesionales. El 7 de enero de 2014, se canceló 952 dólares por la factura No.45 (prestación de servicios alquiler de autos). La encargada era María Augusta Enríquez.
