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Etiqueta: Lenín Moreno

El caso Flopec y su relación con Correa, Moreno y Lasso

El presidente Guillermo Lasso será el primer mandatario en ser enjuiciado políticamente con los instrumentos legales de la Constitución de Montecristi, en vigencia desde 2008, creada para evitar cualquier posibilidad de destitución de un presidente. Paradójicamente es el mismo correísmo el empeñado en caminar contra los principios constitucionales que diseñaron. Es cierto que el presidente es el responsable principal de esta crisis; son tantos los desaciertos que la Corte Constitucional ha resuelto abrir el camino del juicio con una acusación poco clara.

El juicio político por peculado que aprobó la Corte Constitucional nada tiene que ver con el caso “gran padrino”, en el que existe evidencia de la influencia del presidente para obstruir una investigación de narcotráfico denominada León de Troya que involucra a un amigo de su cuñado Danilo Carrera.

La acusación por peculado pasa por un complejo entramado de beneficios a corporaciones que mantienen contratos con Flopec hace 10 años, cuando gobernaba Rafael Correa. 

El caso Flopec

Si existe peculado a quién debemos responsabilizar es a los expresidentes Rafael Correa y Lenín Moreno, prófugos de la justicia, responsables de estructurar y consolidar el sistema de tarifas y transporte de crudo que benefició a las empresas privadas. 

Esta trama se inicia en los contratos de deuda externa con China, firmados por Rafael Correa, que pueden resumirse en recibir dinero con altas tasas de interés y plazos cortos a cambio de petróleo con precios muy por debajo a los del mercado internacional. 

Ese crudo entregado a los chinos  con valor descontado  debía ser transportado por Flopec tal como dice la Constitución. Esta empresa estatal cuenta con una norma llamada  Ley de Reserva de carga, que obliga a China embarcar su crudo en las naves de Flopec, para ellos era un problema porque encarecía el precio del petróleo a pesar de que el crudo ecuatoriano ya incluía el descuento por el valor del flete.

En el informe del caso Petrochina que el asambleísta Fernando Villavicencio y su equipo armaron se explica con claridad: “Petroecuador ha establecido en sus análisis que otro componente que afecta directamente el precio final de barril está relacionado con el flete, un descuento adicional por el transporte del crudo a cargo de la Empresa Pública Flota Petrolera Ecuatoriana, EP Flopec. El crudo es entregado en modalidad FOB, es decir en Esmeraldas y no en el puerto de destino final, esto, más la condición de “Libre destino”, ha permitido que las mismas intermediarias participen también dentro del negocio del transporte marítimo. El país paga fletes para enviar el petróleo a China, pero este en realidad es transportado y vendido en países más cercanos, como Perú”.

En septiembre de 2016 el portal La Fuente (uno de los medios que crearon Periodismo de Investigación) publicó : “Los chinos siempre decían que Flopec abusaba con el flete, entonces idearon un mecanismo para bajar los valores a niveles de mercado, incluso que no pueda usar sus barcos, esto para pagarle solo un diferencial del 10%. La parte que más afecta a los ecuatorianos está en la “clasificación de los barcos por tipo de prioridad y el protocolo de comunicaciones que faculta a Petrochina la contratación de buques de terceros”.

Así terminaron con los precios preferenciales de transporte que tenía Flopec.  Aquí otro párrafo del mismo reportaje de 2016: “en diciembre de 2014, el ministro Coordinador de Sectores Estratégicos, Rafael Poveda, conminó a la empresa pública Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec EP), a firmar un convenio de transporte de crudo, el cual afectó gravemente la operación de Flopec y creó beneficios para Petrochina, que a partir de entonces pudo contratar directamente buques de mayor volumen. Se estima que un 60% de este tipo de buques petroleros son contratados directamente por Core Petroleum y Baere, intermediarias de Petrochina”

MILLONARIO NEGOCIADO EN FLETES Y LA PRIVATIZACIÓN DE FLOPEC

Convenios de transporte que solo favorecen a otros

Ese acuerdo llamado framework tiene como principio reducir las ganancias que le corresponden a Flopec y para ello crearon un sistema de prioridades de embarques con supuesta ventaja para los buques de bandera, tripulación y propiedad ecuatoriana. La segunda oportunidad es para los buques fletados por tiempo, controlados comercialmente por Flopec o Petrochina por un período mínimo de 6 meses a una tarifa fija. La tercera línea era para buques de terceros del mercado spot presentados por Flopec o Petrochina.

La tarifa del flete aplicada se calcula por una cotización emitida por un panel de Brokers denominado ASBA (un supuesto tercer protagonista imparcial) y sobre esa tarifa, Flopec tuvo derecho a una comisión del 10%; pero el costo del ASBA se divide en partes iguales entre Petrochina y Flopec. 

“El framework se adjuntó como anexo a todos los contratos de compra-venta de crudo existentes entre Petrochina y Petroecuador.  Es decir, que cada vez que Petrochina tenga una carga, siempre y cuando cumpla con avisar dos semanas antes, se aplica este acuerdo” se expuso en el informe de Villavicencio en la Asamblea Nacional.

Amazonas Tanquers ¿Qué sucedió después?

Ese convenio de transporte de crudo dio paso a la creación del consorcio Andes Tanquers en el correísmo y en 2018 fue perfeccionado y llamado Amazonas Tanquers y que fue defendido a capa y espada por la asambleísta Ana Belén Cordero desde el oficialismo y Mireya Pazmiño Arregui desde la oposición (o mejor dicho desde los acuerdos con Amazonas Tanquers). 

La historia está detalladamente contada en nuestro portal, narra la relación tripartita entre Jaime Condoy, un gerente de Flopec de triste recordación; el canadiense Raymond Kohut, de Ursa Shipping Ginebra, Gunvor Bahamas y Clearlake Shipping (brazo marítimo de Gunvor); más el americano William Saudhaus, representante de Core Sinergy LLC, con sus empresas Ursa Shipping Hong Kong, Baere Maritime, Dragun USA, Core Transport, Mjølner Shipping

Amazonas tanquers se creó gracias a una extensión de contrato llamada adenda 3 en 2018, firmada en Nueva York, Estados Unidos, por Jaime Condoy de Flopec y Casey Dalcher, vicepresidente de Dragun (parte del grupo Core). Este grupo tiene un operador llamado Roberto Dongo, un apuesto ejecutivo peruano que se encarga de conquistar mujeres y calentar los bolsillos de los funcionarios. Quién intenta tomar distancia y hacer lo correcto dentro de Flopec es amenazado.  

CÓMO GUNVOR SE APODERÓ DE FLOPEC

Ahora es el correísmo junto a sus socios social cristianos quienes aseguran que estos contratos son la muestra del peculado de Lasso. Quieren enjuiciar al presidente endosando sus propias responsabilidades. Es cierto que el presidente no tuvo la voluntad de acabar con esta estructura, su discurso de romper las cadenas de la corrupción en el sector petrolero fueron puro cuento y su falta de acción hoy se convierte en su mayor debilidad. 

Aunque es muy posible que el presidente sea destituido, al periodismo le corresponde decir la verdad: que será acusado por un delito que cometió Rafael Correa, lo consagró Lenín Moreno y que él se allanó al pasado corrupto de sus sucesores.

Caso Sinohidro, el camino que lleva a Correa

El caso Sinohidro que la Fiscalía General del Estado sigue por el delito de cohecho a 37 personas tiene un posible camino para incluir en una nueva investigación al ex presidente Rafael Correa y depende  sobremanera de la declaración que brinde en el juicio el principal acusado, el también expresidente Lenín Moreno Garcés. Moreno ha sido firme en señalar desde 2019 que su labor como vicepresidente se limitó hacer lo que el presidente le dispuso por decreto, que fue emprender el plan Manuela Espejo -un programa de incerción a la vida social y económica de la población con discapacidades- y ha negado su participación en el proceso que permitió concretar el contrato de Coca Codo Sinclair con Sinohidro.

Pero fue el entonces vicepresidente que por encargo del mandatario intervino para destrabar el acuerdo del crédito con el Eximbank de China, estos son los principales hitos que marcan el caso y la responsabilidad superior del entonces presidente Correa.

Reunión de Lenín Moreno y embajador chino

El 26 de enero de 2010 se reunió el embajador Cai Runguo y el vicepresidente Lenin Moreno. Así se publicó en las páginas oficiales:

El embajador Cai Runguo aprovechó la oportunidad para expresar al Segundo Mandatario la satisfacción de su país por los avances registrados tras los recientes acercamientos entre China y Ecuador para construir la central hidroeléctrica Coca–Codo Sinclair con financiamiento del Eximbank, del país oriental. En este sentido, precisó que tras los acercamientos con la Ministra de Economía, María Elsa Viteri, faltan pequeños detalles por pulirse para conseguir un acuerdo definitivo que garantice el acuerdo crediticio.

El Segundo Mandatario expresó que una vez se superen los problemas generados por la crisis mundial habrá “vientos más gratos” para salir adelante con acuerdos entre los dos países, e hizo votos porque pronto se limen asperezas y se concrete  la construcción del Coca – Codo Sinclair, la central hidroeléctrica más grande del Ecuador.

Rafael Correa y Cai Runguo en la firma del convenio con Sinohydro

En marzo de 2010 las exigencias del gobierno chino para otorgar el crédito se estancaron; Correa decidió terminar el acuerdo. El 29 de marzo en una entrevista con Radio Democracia Moreno dijo:

“Ante la llamada del señor embajador de China -Cai Runguo-, un buen amigo, fui a donde el señor presidente de la República y le insistí en que existía alguna inconsistencia e imprecisiones en la información que le habían dado y que el señor embajador manifiesta que el Eximbank podía hacer una propuesta acorde a la constitucionalidad ecuatoriana, y estamos a la expectativa de que esto ocurra”

 

Se firma el contrato

Los abogados de la firma internacional Hogan Lovells participaron activa y reservadamente en la elaboración de los acuerdos

Fue Lenín Moreno, que por aceptación del presidente, destrabó el proceso de crédito; el 19 de mayo el ministro de Sectores Estratégicos Jorge Glas ordenó al Ministerio de Electricidad que instrumente todos los documentos para la firma del contrato. Al día siguiente, el 20 de mayo, el Procurador del Estado autorizó al Ministerio de Finanzas pactar el arbitraje internacional en el contrato que suscribirían con el Eximbank y el 21 de mayo la Secretaría Nacional de Planificación autorizó aumentar la capacidad instalada de generación de 487 a 1500 megavatios.

Documento oficial que marca la hoja de ruta de la negociación del crédito

El 27 de mayo de 2010 el ministro de Finanzas Patricio Rivera Yánez resolvió aprobar las condiciones del crédito.

Los agradecimientos

El 1 de diciembre de 2010, el homenaje de reconocimiento para el embajador Cai Runguo, en el palacio de Carondelet. Estuvieron presentes el presidente Rafael Correa y el vicepresidente Lenin Moreno. Así lo reseñó la prensa oficial:

El Vicepresidente de la República, Lenín Moreno, participó en la ceremonia de condecoración, con la Orden Honorato Vásquez, al embajador de China en Ecuador, Cai Runguo, como un reconocimiento a su gestión para la consecución de importantes proyectos de desarrollo  en beneficio de los sectores sociales.

La condecoración fue impuesta por parte del Primer Mandatario, Rafael Correa, en el salón Amarillo de la Presidencia de la República. En la ceremonia, el presidente destacó que la inversión china en el Ecuador alcanzará, el próximo año, los 5 mil millones de dólares.

El Jefe de Estado resaltó además la complementariedad de la economía china con la del Ecuador y la inversión en el proyecto hidroeléctrico más grande de la historia, Coca – Codo Sinclair. “Siempre lo hemos dicho Ecuador es la puerta de entrada a la cuenca asiática del Pacífico hacia América Latina y viceversa”, dijo.

Constitucionalmente el vicepresidente solo puede ejecutar lo que el presidente le pide por decreto y si bien no existió un pedido explícito de Correa a Moreno para destrabar el crédito, éste se valió del lobby de Conto Patiño y del embajador Runguo para llegar acuerdos mientras que todas instituciones dependientes del ejecutivo levantaban toda la información para la firma del contrato. Fue un camino por doble carril.

Luego de la intervención de Lenín, el 22 de abril de 2010, Jorge Glas solicitó, a través del oficio No. MICSE-DM-2010-369, a Cai Runguo que gestione que una delegación del Eximbank “con poder suficiente de decisión” visite el país y “poder concluir con las negociaciones”:

14 de mayo de 2010: La asesoría jurídica internacional de Ecuador en esta negociación, que estuvo a cargo de la firma estadounidense-británica Hogan Lovells. En un correo electrónico del 14 de mayo de 2010, Miguel Zaldívar de Hogan Lovells informa a William Vásconez, subsecretario jurídico del Ministerio de Finanzas, que se debe crear y proporcionar inmediatamente el número de la cuenta creada en el Banco Central para administrar los recursos del contrato de préstamo con el Eximbank. También indica que él está elaborando el Anexo A del contrato y que la siguiente semana deben presentar la opinión jurídica de Vásconez, a la vez que recomienda confirmar la reunión con el Eximbank el 1 de junio de 2010 y no bajar la “presión” hasta lograr la firma del contrato.

17 de mayo de 2010:  La comunicación sin nombre del 17 de mayo de 2010, suscrita por Dai Chunning, gerente general del Departamento de Banca Corporativa del Eximbank, dirigida a Jorge Glas Espinel, ministro Coordinador de los Sectores Estratégicos y Patricio Rivera, ministro de Finanzas, anunciando que estaban “listos para firmar el acuerdo de préstamo”, al tiempo que le agradeció los esfuerzos “fructíferos” en las negociaciones.

El oficio MICSE-10-448 del 18 de mayo de 2010, suscrito por Jorge Glas, ministro Coordinador de los Sectores Estratégicos, como respuesta a Dai Chonning, señalando que una comisión encabezada por él y conformada por Patricio Rivera, ministro de Finanzas; Rafael Poveda Bonilla, viceministro Coordinador de los Sectores Estratégicos; William Vásconez, subsecretario jurídico del Ministerio de Finanzas; Madeleine Abarca, secretaria de Crédito Público del Ministerio de Finanzas; Henry Galarza, gerente general de Cocasinclair S.A.; Jorge Cevallos Carrera, abogado externo del proyecto Coca Codo Sinclair y Miguel Zaldívar, abogado internacional del proyecto CCS; viajarían a Beijing del 28 al 31 de mayo de 2010. El 1 y 2 de junio se reunirían con los equipos de negociación para los acuerdos y 3 de junio sería la firma oficial del acuerdo de préstamo. Tal como ocurrió.

El gobierno de Correa nunca molestó ni llamó la atención del vicepresidente por sus acciones de desbloquear los acuerdos, de hecho el 1 de diciembre de 2010 se hizo un homenaje de reconocimiento para el embajador Cai Runguo, en el palacio de Carondelet. Estuvieron presentes el presidente Rafael Correa y el vicepresidente Lenin Moreno. Así lo reseñó la prensa oficial:

El Vicepresidente de la República, Lenín Moreno, participó en la ceremonia de condecoración, con la Orden Honorato Vásquez, al embajador de China en Ecuador, Cai Runguo, como un reconocimiento a su gestión para la consecución  de importantes proyectos de desarrollo  en beneficio de los sectores sociales.

La condecoración fue impuesta por parte del Primer Mandatario, Rafael Correa, en el salón Amarillo de las Presidencia de la República. En la ceremonia, el Presidente destacó que la inversión china en el Ecuador alcanzará, el próximo año, los 5 mil millones de dólares.

La persecución por los Inapapers

¿Cómo un gobierno intenta callar a un periodista? Utilizando la estructura del Estado. Días antes de la revelación de los Inapapers, en 2018, el círculo presidencial de Lenin Moreno decidió armar su defensa atacando a uno de los autores de la investigación. Desacreditado el mensajero, anulado el mensaje, se habrá pensado. Se lo planeó en las altas esferas de Carondelet y se lo ejecutó con la asesoría de Inteligencia del CIES y la dócil obediencia del SRI. Pero nada pudo detener la publicación del reportaje que desnudó el primer gran acto de corrupción en el que aparece involucrado Moreno y su entorno familiar. La Fiscalía continúa investigando y pronto habrá novedades.

En Ecuador existen criterios coincidentes respecto de que los personajes Rafael Correa y Lenín Moreno fueron cortados por la misma tijera, o dicho de otro modo, fueron concebidos y se desarrollaron en la misma placenta. Políticamente, nacieron definitivamente juntos y formando un dúo triunfador llegaron sin mayores inconvenientes al poder en 2007, que no aflojaron durante catorce largos años.

También se ha dicho que pese al tener el mismo origen, hay marcas que cada uno implantó en el ejercicio de sus mandatos. Y que eso los diferencia. Uno de los principales aspectos tiene que ver con el abuso del poder y la persecución a los opositores. Correa ha quedado señalado en la historia como un vivo ejemplo del autoritarismo y utilización de la justicia para criminalizar la protesta social y la protesta política que sus gobiernos comenzaron a sentir especialmente a partir de 2014. Famosa se hizo la Secretaría Nacional de Inteligencia -SENAIN- como famosos se hicieron sus líderes, como Rommy Vallejo, Pablo Romero y los que siguieron. Y escandalosas fueron las revelaciones que se hicieron en medios digitales cuando se supo que opositores estaban siendo espiados electrónica y telefónicamente, revisados sus estados financieros y perfilados en sus vidas públicas y privadas, para establecer algún tipo de punto débil o rabo de paja que pudiera ser explotado políticamente por el correísmo. Entonces se aplicaba la lógica de que desacreditado el mensajero, desacreditado el mensaje.

Todo eso fue con Rafael Correa. Se dijo que con la llegada de Lenin Moreno, eso no se volvió a repetir. Y que a nadie se persiguió o se escudriñó ilegalmente sus estados financieros utilizando el aparataje estatal, durante ese gobierno.

Eso se dijo.

El 23 de noviembre de 2018, el Portal de Periodismo de Investigación publicó el reportaje «Coca Codo Sinclair y la huella del presidente Moreno». Nada menos se decía que uno de los mejores amigos de Lenin Moreno, Xavier Macías Carmigniani, yerno del lobista Conto Patiño, había comprado muebles finos para que se sientan cómodos Lenin Moreno y su esposa, cuando vivieron en Ginebra, Suiza. Todo esto con dinero proveniente de la constructora china Sinohydro, encargada de levantar el proyecto hidroeléctrico más ambicioso del Ecuador, Coca Codo Sinclair. Era la primera punta que salía a la luz de un largo, oscuro y maloliente ovillo que hasta hoy no encuentra su parte resolutiva en la justicia.

La continuación siguió el 19 de febrero de 2019. El mismo portal Periodismo de Investigación publicó con las firmas de Fernando Villavicencio y Christian Zurita el reportaje «El laberinto off shore del círculo presidencial». Se trataba del reparto con más detalles de las millonarias comisiones para el grupo cercano del presidente Lenin Moreno, provenientes de la contratista china del gigante proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair, Sinohydro, que pese a los USD3200 millones que costó, ahora resulta que tiene serios riesgos de colapsar y quedar inservible.

Muy pronto los reportajes de Villavicencio y Zurita fueron rebautizados como los «Inapapers», relacionado al nombre de la empresa off shore creada para recibir los millones de dólares provenientes de Sinohydro. Más de USD18 millones se estableció en ese momento, que fueron repartidos entre los amigos y que incluyeron ciertos gastos, como muebles finos para la casa en Suiza de Lenin Moreno, cuando era representante de la ONU para las Discapacidades, y la compra de un departamento en Alicante, España, que aunque todo indica que es de él o de sus familiares, Moreno siempre ha negado ser el dueño de dicha propiedad. Pero dos años después, se va descubriendo que el monto de las coimas para el mismo grupo fue superior: casi 80 millones de dólares, dice uno de los autores de la investigación, Villavicencio, quien ahora es el presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea.

Ha sido la denuncia de corrupción más seria y sustentada en contra del entonces presidente Lenín Moreno, que optó por minimizar los hechos y no darles importancia. La Fiscalía abrió indagación previa y los correístas que se dicen traicionados por Moreno trataron de convertirse en los abanderados de la investigación que había lanzado Villavicencio, autor de decenas de revelaciones de casos de corrupción durante la década de Rafael Correa. Hacerlo tuvo consecuencias para el periodista, cuya casa fue allanada por la Policía y Fiscalía en la Navidad de 2013 y luego tuvo que buscar refugio en territorio de los indígenas Sarayaku, durante varios meses, para evitar la cárcel.

La recuperación del respeto a la libertad de expresión y a las investigaciones periodísticas fue uno de los logros de su gobierno, dijo hace poco nomás en su despedida el ex presidente Lenin Moreno.

Pero ahora se sabe que no fue así.

Resulta que para el primer reportaje publicado el 23 de noviembre de 2018, el periodista Christian Zurita había puesto en conocimiento de la Presidencia de la República el tema de la compra de los muebles finos para Lenin Moreno con dinero de Sinohydro y había conversado con Andrés Michelena, entonces Secretario de Comunicación, quien lo confirmó durante una reunión mantenida con Zurita en la última semana de octubre de 2018.

Michelena había pedido las preguntas por escrito para responderlas y habló al respecto también con Villavicencio. En principio, se acordó una entrevista con la Presidencia que finalmente fue cancelada. Esto ocurrió quince días antes que salga el reportaje. La Presidencia ya sabía lo que se venía.

Las casualidades no existen en la vida política del Ecuador. Cuando la publicación de Villavicencio y Zurita se venía para el 23 de noviembre, tres días antes comenzó la arremetida del gobierno, utilizando el aparato estatal. La mejor defensa es el ataque, se habrá pensado en Carondelet. La estrategia fue armada directamente desde el CIES -Centro de Inteligencia Estratégica, ex Senain- desde donde salió la idea de destruir la reputación del denunciante.

El 20 de noviembre de 2018, José Almeida Hernández, Subdirector General de Cumplimiento Tributario del Servicio de Rentas Internas, ordenó por escrito a Melvin Xavier Páez Mulki, Jefe del Departamento de Inteligencia Tributaria, que se realice, con carácter de reservado, el análisis tributario del contribuyente Fernando Alcibíades Villavicencio Valencia. Y también de sus familiares. El mismo periodista que en esos días estaba por publicar la denuncia más fuerte de corrupción en contra del presidente Lenin Moreno.

La publicación se realizó, como debe ser. El periodista en ese momento ya recibió información de que él y sus familiares estaban siendo investigados por el CIES y el SRI, que incluyó en el rastreo de movimientos financieros inclusive a su fallecido abuelo.

La segunda parte se publicó el 19 de febrero de 2019. Y el SRI tuvo una reunión plenaria para conocer los resultados de la investigación tributaria que ellos bautizaron como FV-Leñador, el 14 de marzo del mismo año, en donde se presentaron los hallazgos encontrados. Allí estuvieron presentes los funcionarios de Rentas Internas Patricio Jiménez, Xavier Páez, Geoconda Sosa, Carola Jurado y Clara Véliz, funcionaria de Inteligencia.

Tres meses después de la segunda investigación sobre los Inapapers, los resultados del seguimiento tributario ordenado por el gobierno de Lenin Moreno contra Fernando Villavicencio, salieron a la luz pública.

Quien se encargó de difundirlo en los medios de comunicación fue el consejero presidencial Santiago Cuesta Caputi, quien el 9 de mayo de 2019 grabó el programa Veraz, dirigido por Carlos Vera, para Canal Uno. Comenzó diciendo, con toda tranquilidad, que el gobierno de Lenin Moreno «devolvió a los periodistas la libertad de expresión. Hoy hay inclusive gente que abusa de ese privilegio de ser periodista y ataca duramente al Presidente Moreno sin pruebas». Minutos después hizo una cerrada defensa al Presidente y su relación de amistad con el lobista Xavier Macías Carmigniani.

En un siguiente bloque de la entrevista con Vera, Santiago Cuesta sacó a relucir los hallazgos encontrados por la administración tributaria durante todos esos meses de investigación: se trataba de las cantidades de dinero que habían movido en sus cuentas bancarias durante varios años los familiares de Fernando Villavicencio, dos de ellos propietarios de una cadena de restaurantes en Quito. Eran cifras propias de los movimientos económicos de este tipo de negocios, según explicó Villavicencio, pero Cuesta intentó presentar el hecho como irregular, sin explicar porqué exhibía números de cuentas bancarias privadas e información tributaria particular con absoluta libertad. Luego el consejero presidencial repitió su exposición en el programa del medio digital La Posta, con el periodista Anderson Boscán. Todo esto considerando que Villavicencio hasta ese momento seguía haciendo investigación periodística y no era funcionario público, pese a lo cual su información reservada fue expuesta, al igual que la de sus familiares. Ahora él añade que está investigando el financiamiento que realizó el CIES en el gobierno de Moreno para la difusión en medios de comunicación de la información que Rentas Internas le había proporcionado a Cuesta.

Meses después, la investigación de Rentas Internas contra Villavicencio ya tenía un nombre oficial: «Tormenta 4». Así aparece en el memorando que firma el 23 de septiembre de 2019 Melvyn Xavier Páez Mulki, Jefe Nacional del Departamento de Inteligencia Tributaria, dando a conocer a Carlos Eduardo Jaramillo Totoy, Director Nacional de Control Tributario, las actas de reunión realizadas para la difusión del caso Tormenta 4: «Por tratarse de un caso reservado, los riesgos de carácter tributario se socializan únicamente a través de este documento. Dichas actas fueron expuestas a Silvia Pérez e Iliana Rea el 17 y 18 de junio de 2019.

Durante todo este tiempo quien estuvo al frente del Servicio de Rentas Internas, desde el 23 de mayo de 2018, «por su impecable trayectoria laboral», según se lee en la página web del SRI, es Marisol Paulina Andrade Hernández, economista riobambeña de 40 años, quien desde muy joven se vinculó al gobierno de Rafael Correa en 2007 como Directora de la Regional Centro II del SRI, con sede en su ciudad natal, cargo que ocupó hasta el 2014. Desde ese año y hasta el 2018 fue la Directora Provincial del SRI en Chimborazo.

Tan bien le fue que el 24 de mayo de 2021, el mismo día de la posesión del presidente Guillermo Lasso, fue ratificada en sus funciones por el nuevo gobernante mediante el Decreto Ejecutivo Número 37. Es la única alta autoridad del gobierno de Lenin Moreno que fue ratificada en el nuevo gobierno de Lasso.

El presidente Guillermo Lasso ha reiterado su respeto y defensa absoluta a la libertad de expresión y al ejercicio del trabajo periodístico, para que se realice con absoluta libertad. Como lo repetía en su momento el ex presidente Lenín Moreno.

Villavicencio es ahora el presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea y como tal remitió una solicitud de información el pasado 1 de junio a la Directora del SRI Marisol Andrade Hernández. Entre otras cosas, el asambleísta le pide indicar las acciones de control tomadas por esta oficina desde 2013 en torno a las empresas fantasmas o inexistentes, el valor económico que ha perdido el Estado por la acción de estas empresas fantasmas que vendieron facturas para beneficiar a otras compañías que dejaron de pagar sus impuestos; y las denuncias penales presentadas por el SRI ante la Fiscalía por el delito de defraudación tributaria.

El SRI contestó el requerimiento de información, en donde dio la cifra oficial de USD 509 millones como pérdidas para el Estado por la evasión fiscal hecha por contribuyentes que han comprado facturas a empresas fantasmas. Pero el SRI también hizo algo más.

El Servicio de Rentas Internas, liderado por Marisol Andrade, ha vuelto a interesarse en los pedidos de información tributarios hechos contra los familiares de Fernando Villavicencio. El último de ellos fue durante este nuevo gobierno y tiene fecha del 17 de junio de 2021. Ese documento existe y tiene el número SRI-NAC-ITR-2021-0204-M. Leyendo una parte del mismo, queda al descubierto que en enero de 2019, el seguimiento ordenado contra Fernando Villavicencio mereció inclusive una reunión reservada en el Palacio de Gobierno. Se justificaba todo diciendo que se investigaba presuntas evasiones fiscales, que perjudican a las cuentas del fisco. Mientras al mismo tiempo, el mismo SRI perdonaba multas de USD 300 millones a grandes empresas como el caso de Andes Petroleum, y muchas más amparadas en la ley de remisión aprobada en el gobierno de Moreno, que sumaron hasta USD 1400 millones que el Estado no recaudó.

El presidente de la República Guillermo Lasso ya está al tanto de este hecho. Villavicencio exige la salida del cargo de Andrade, pero además anuncia acciones penales en contra de ella y de todos los funcionarios que ejecutaron la orden proveniente de la Presidencia en 2018, con la intención de frenar la publicación de los Inapapers. El abogado Antonio López detecta el cometimiento de por lo menos dos delitos con la acción ejecutada en contra del ahora Asambleísta: asociación ilícita -que tiene penas de cárcel de entre 3 a 5 años- y la revelación ilegal de bases de datos, sancionado con la pena privativa de libertad de uno a tres años.

Correa financió la segunda vuelta de Lenín y Glas con dinero de la Senain

La Secretaría Nacional de Inteligencia desvió fondos de gastos especiales a la campaña de segunda vuelta de Lenin Moreno y Jorge Glas, con autorización de Rafael Correa y la operación de Rommy Vallejo. El informe de la Senain, al que accedió este portal registra millonarias cifras que incluyó pago de telefonía celular de Lenin Moreno y su familia, la entrega de cientos de miles de dólares a Santiago Cuesta para cubrir encuestas e incluso la movilización al estadio Atahualpa y el ataque al candidato Guillermo Lasso, en un partido de fútbol de la selección nacional.

El 19 de febrero de 2017, cuando Lenín Moreno y Guillermo Lasso pasaron a disputar la segunda vuelta electoral, Rafael Correa ya había ordenado a la Secretaría Nacional de Inteligencia iniciar una violenta campaña contra Guillermo Lasso usando dinero de gastos especiales. El plan fue llamado “Proyecto Especial: 1, 2 y 3 para la campaña del binomio Moreno-Glas”.

El paso al balotaje no estaba en la agenda del correísmo, que había asegurado el triunfo presidencial en una sola vuelta. Sin embargo, los resultados no jugaron a favor del oficialismo y fue el propio presidente Correa quien tuvo que reconocer una segunda vuelta entre Moreno y Lasso. «Nos quedamos a medio punto de ganar en una sola vuelta», dijo Correa. En esas condiciones y vaciadas las arcas financieras de la campaña, debió orientarse la mirada económica a una fuente segura y cercana: la Senain.

El contenido de este informe, al que Periodismo de Investigación accedió casi en su totalidad, fue ratificado por una autoridad de inteligencia de ese entonces, que pidió total reserva de su nombre.

Varios nombres que aparecen mencionados en estos documentos, también fueron identificados en el informe Arroz Moreno (financiamiento de la consulta popular de 2018), publicado en junio de 2020, por La Posta, y posteriormente cuando la fiscalía realizó allanamientos e incautó dispositivos en los que se encontró amplia información relacionada al caso. Esos documentos se calificaron como reservados por un juez de la Corte Nacional, en octubre del 2020.

Lea aquí: REPORTES DE CAMPAÑA RATIFICAN IRREGULARIDADES EN ARROZ MORENO

El Proyecto especial

Los gastos relacionados con operaciones de inteligencia y contrainteligencia deben ser conocidos y autorizados por el Presidente de la República, toda vez que la Senain depende directamente del ejecutivo.

El plan de campaña de la Senain inició el 7 de marzo de 2017, desde ese día se registraron, diariamente, desembolsos que van desde los $300 hasta $800,000. Los montos superan con facilidad los seis millones de dólares en total.

Uno de los primeros personajes en recibir esos recursos fue Santiago Cuesta para el levantamiento de tres encuestas. Fueron $225,000 en tres entregas de $75,000 los días 7, 13 y 21 marzo. El dinero llegó a manos del equipo de Jordi Segarra, el asesor que quedó al descubierto en enero de 2019 cuando este portal publicó un amplio informe sobre la ruta del dinero del presidente Lenín Moreno, que luego se llamaría el Informe Majano y que identificó la entrega de $1,5 millones de la Senain, a la campaña de primera vuelta de Moreno y Glas.

El miércoles 8 de marzo, Paulina Proaño, recibió $60,000. Ella es también identificada en el caso Arroz Verde, y se la relaciona como “Jefa de campaña”.

Desde el 2011, Proaño estuvo en los roles de pago de varias instituciones. En el Ministerio del Interior fue directora ejecutiva. En el Ministerio de Justicia, directora técnica de la Unidad Transitoria de Gestión Emergente para la Construcción y Puesta en Funcionamiento de los Centros de Rehabilitación Social. En el Ministerio de Salud, directora del Sistema de Pensiones del IESS, en el Centro de Inteligencia Estratégica fue coordinadora administrativa y financiera, y en la Asamblea trabajó con Gabriela Ribadeneira.

Entre el 7 y 21 de marzo se desembolsó $445,152.

Entre los rubros que se detallan en el informe de la Senain hay valores no justificados por casi un millón de dólares ($950,000) se mencionan operaciones de redes sociales a cargo de Carolina (Caro) Espinosa bajo el nombre Anonimus.

Se nombra además una llamada “Operación CNE”, que no explica en qué consistió, otra denominada “Operación control electoral CREO”, además de la “Compra de información en contra de candidatos para campaña de LM organizada por Paco, Jordi y Cotonete Suasnavas”, más la “Operación Cedatos” y pago de fuente humana “Caso Cedatos”, que según el registro se encargó a la entonces ministra Roxana Alvarado.

El 21 de marzo de 2017, Alvarado acusó a Cedatos de haber presentado encuestas alteradas para favorecer en primera vuelta a Guillermo Lasso, incluso reveló información privada de la encuestadora, la cual luego se confirmó fue obtenida de forma ilegal por el oficialismo. Las fechas de los desembolsos económicos en el caso Cedatos, coinciden con los hechos.

El informe además señala 25 operaciones de influencia realizadas para la campaña de Lenín Moreno y diez operaciones para la segunda vuelta contra el binomio Guillermo Lasso y Andrés Páez.

Ataque en el estadio

Entre el domingo 26 de marzo y el miércoles 29 de ese mismo mes, es decir en sólo cuatro días la Senain desembolsó $2,300,000.

Los principales rubros: $700 mil y otros $800,000 se entregó a Gustavo Baroja para gastos de campaña. El informe dice que él se encargaba de llevar el control propio del dinero. Baroja ya fue señalado en la trama de Majano junto a Paola Pabón.

Ese mismo día (26 de marzo) a las 23h30 otros $200,000 se entregaron a Paulina Proaño por el concepto “concentraciones de campaña y movilización de LM. Se le entregó además (a las 23h38) $30,000 adicionales por el mismo concepto.

En ese chorro de cientos de miles de dólares de fondos reservados, el lunes 27 de marzo a las 11h32, se detalla un rubro de $150,000 (sin un nombre responsable al que se haya entregado) que dice “entradas fútbol”, el partido de la selección de Ecuador frente a Colombia al que asistió Guillermo Lasso con su familia y fueron atacados por una turba, dentro y fuera del estadio.

Ese mismo 27 de marzo en la tarde se entregó $50.000 a Alejandro Álvarez, encargado de los enlaces ciudadanos, para fomentar la campaña de LM en enlaces sabatinos.

El martes 28 de marzo en la mañana se pagó a Marcelo Donoso $100.000 para armar la tarima del triunfo de Lenín Moreno, en la avenida de los Shyris en Quito.

También se enumera una serie de hechos posteriores a la posesión de Lenín Moreno el 24 de mayo de 2017 bajo el título “Falta detallar operaciones realizadas posterior al 24 de mayo” por un valor de $4,500,000.

Establece rubros como: Manejo en redes sociales Caro Espinoza para LM. Teléfonos para redes sociales de LM recibidos por Rosángela Adoum, Julio Bueno y equipo de redes. Pago de motocicleta nueva, sueldo de 3 meses, y bono de accidente de Rocío de Moreno en Honda CRV (sic). Seguridad de la esposa de LM Sra. Rocío de Moreno en Barcelona, viaje al matrimonio de la hija y pago a fuentes humanas.

Proyecto especial III

El registro de gastos de esta parte del proyecto contempla una cifra de $194 mil dólares, que incluye 4 paquetes de 20k, 1 paquete de 18K, 1 paquete de 10K y 1 paquete de 1K. Las fechas de desembolsos van desde abril de 2017, hasta septiembre del mismo año. Entre los beneficiarios constan el exministro César Navas y David Téllez, que reciben varios desembolsos para control electoral.

Además aparecen desembolsos a favor del exasesor presidencial Omar Simon para el pago de una encuestadora, así como recursos a favor de Santiago Díaz, quien funge ahora de representante de Unión por la Esperanza – UNES, el movimiento que auspicia a Andrés Arauz. También consta un rubro denominado “Pago a negritos para que hagan video de desprestigio a Guillermo Lasso por ataques a Lenín Moreno¨.

Un examen de la Contraloría General del Estado – CGE, realizada del 1 de marzo al 24 de mayo de 2017, determinó responsabilidades civiles culposas. Entre enero y noviembre de 2017, la CGE identificó tres gastos no justificados por Rommy Vallejo como secretario de inteligencia: el primero del 12 de enero por $847 000; el segundo relacionado a una llamada Operación Centinela; y, otro en noviembre de ese año por casi 3 millones de dólares.

Los documentos de la Senain desglosan además otros gastos derivados por la seguridad de Lenín Moreno, que suman $600,000 y recursos adicionales que recibió cuando desempeñó funciones diplomáticas en las Naciones Unidas. Recibió $90,000 que gastó cuando desempeñó funciones de representación diplomática en Suiza.

Ninguno de esos gastos explica cómo se devengó.

EL CLAN DEL NIÑO LENÍN QUE JUGABA CON LAS SERPIENTES

La vida de los Moreno cambió desde que Lenin sumó poder en la política ecuatoriana: cargos públicos para familiares, crecimiento de su fortuna y sospechas de sobornos que pocas veces son investigadas por la justicia.

El niño Lenin Boltaire Moreno Garcés creció en la década de los 50 en medio de la Amazonía ecuatoriana. En su memoria conserva los mejores recuerdos de esos tiempos y como si del Libro de la Selva se tratase, con algo de fantasía y algo de realidad, ciertos capítulos han sido narrados por él en primera persona: “De repente nos topábamos con animalitos como el tigrillo, como el tigre, al cual le teníamos pavor y como las serpientes, a las cuales paradójicamente no les teníamos ningún tipo de miedo y jugábamos con ellas, así como lo hacían en la antigüedad en Grecia, en donde tenían dentro de sus casas serpientes que jugaban con los niños”, narraba un apacible y convencido Moreno en medio de la Cumbre Presidencial Amazónica, en septiembre de 2019, ante sus sorprendidos colegas.

Lenin Moreno siempre recuerda su niñez. Tiempos en los que ni a él ni a nadie de su familia, nunca se les ocurrió pensar que ese pequeño llegaría a la Presidencia de la República. Era un hombre con una vida de clase media, sin lujos y con las necesidades cubiertas hasta donde se podía. Junto con su mujer, Rocío de González, siempre se preocuparon de darle la mejor educación a sus tres hijas y con ese objetivo planteado, todo lo demás podía esperar. Así fue hasta el 2007.

Moreno no registró ninguna casa propia en las primeras declaraciones juramentadas de bienes que presentó apenas asumió como Vicepresidente de la República. En esos documentos consta el pequeño patrimonio que hasta entonces había conseguido: tres terrenos en el cantón Tena, provincia de Napo, en el Oriente ecuatoriano, el más valioso avaluado en menos de tres mil dólares; otro terreno con usufructo vitalicio ubicado en la parroquia Tababela de Quito, valorado en 15 mil dólares; y lo que es tal vez el lujo más grande hasta ese momento, una membresía que costó 10 mil dólares para el club Casa Blanca ubicado en Same, una bella playa de la provincia de Esmeraldas. Nada más.

Es que las cosas para la familia Moreno- González nunca resultaron sencillas, mucho más cuando el jefe del hogar quedó en silla de ruedas tras recibir un tiro por la espalda, en un asalto ocurrido el 3 de enero de 1998, en Quito. Tenía 46 años y desde entonces no volvió a caminar. Moreno, quien ya era conocido en las noches de bohemias quiteñas como un tipo alegre, se convirtió tiempo después del asalto –luego de atravesar una etapa de depresión- en un motivador que daba charlas en las que contaba su experiencia y de cómo pudo superar sus dolores físicos con la terapia de la risa.

Hasta que llegó el 2006. Fue Gustavo Larrea, amigo de su militancia de izquierda, quien le propuso a Moreno ser binomio del entonces candidato a presidente Rafael Correa, un ventarrón político que terminó como un fenómeno electoral. Moreno aceptó y desde entonces nada es igual. Ni para Moreno, ni para su esposa, ni para sus hijas, ni para sus hermanos. Ni para otros familiares cercanos. Ahora los Moreno tienen poder.

Así fue que Irina Moreno, una de las tres hijas de Moreno, estuvo durante seis años -tres de los cuales con su papá de Presidente- como funcionaria diplomática del Ecuador en las Naciones Unidas, primero en Ginebra, después en Nueva York, con un sueldo mensual de USD 8000. Solo en mayo de 2020 dejó su cargo, con la agudización de la crisis fiscal. Los hermanos de Moreno, Gary y Edwin, tienen cada uno partido político, que participarán activamente en las próximas elecciones de 2021. Otro hermano, Guillermo, a más de ser Fiscal, fue candidato a la Asamblea en 2017, sin éxito. Por el lado de la Primera Dama, Rocío González, su primo Héctor González es gobernador de Cotopaxi, y dos esposos de sus primas están al frente de oficinas del Estado en esa misma provincia. Mientras que al frente del Consejo Nacional de la Judicatura está su concuñada, María Maldonado.

Su patrimonio también ha cambiado. Aunque no está declarado como propio y hay indicios de una triangulación societaria, apareció a nombre de la empresa Ina, creada por el hermano de Moreno, Edwin, un departamento en Alicante, España, y una cuenta bancaria en Panamá, con varios millones de dólares depositados por una constructora china, lo que originó una investigación fiscal todavía en desarrollo.

LAS COIMAS QUE QUEDARON EN LA NADA

Un primo, un cuñado, un hermano. A su turno, cada uno de estos tres familiares de Lenin Moreno han aparecido en noticias relacionadas con presuntas coimas derivadas del ejercicio político y contrataciones públicas. Los dos primeros casos -el primo y el cuñado-están cerrados en la Justicia, mientras el del hermano Edwin sigue en investigación fiscal, pudo comprobar esta investigación desarrollada por La Historia en alianza editorial con CONNECTAS y con el apoyo del Internacional Center For Journalists (ICFJ).

La primera vez que un familiar de Lenin Moreno estuvo involucrado en un presunto acto de corrupción, ocurrió en el 2008, un año después de asumir como vicepresidente. Su primo Arturo Germán Moreno Encalada fue detenido en Quito acusado de cohecho. Según la denuncia presentada, Moreno Encalada llegó hasta el despacho del Director Regional del Servicio de Rentas Internas, Marcelo León Jara, con un maletín con USD 12.500, que era parte de una coima para desvanecer una deuda por impuestos de la constructora Hidalgo&Hidalgo por USD 1,2 millones. El funcionario León no aceptó el trato, pero la maleta fue dejada en su oficina, contra su voluntad. Por eso, León pidió ayuda a la Policía. Los agentes pusieron micrófonos y grabaron cuando en una visita posterior, Moreno reconoció que el maletín era de su propiedad. Los policías, que estaban escondidos en el baño, detuvieron al primo del Vicepresidente.

El juez de lo Penal Luis Fernández legalizó la detención de Moreno Encalada y en ese momento Lenin Moreno solo indicó públicamente que debían desarrollarse las investigaciones con independencia. El juicio siguió adelante y Moreno Encalada finalmente fue absuelto, pues se consideró que las pruebas obtenidas por la Policía no tenían validez procesal porque no habían sido ordenadas por un Juez. Después se dedicó a hacer política con su organización Pueblo, Igualdad y Democracia, con la que hizo campaña a favor del Sí en la Consulta Popular promovida por su primo en 2018.

El segundo caso de una denuncia contra un pariente de Lenin Moreno, esta vez su cuñado, tuvo un protagonista con mayor peso. El denunciante era nada menos que el hermano mayor del presidente Rafael Correa, Fabricio Correa. “Yo fui personalmente a la casa de Lenin, en Quito, y le dije en su sala que su cuñado Antonio Hidalgo estaba pidiendo coimas por la adjudicación de una obra en Loja”, recuerda en estos días Fabricio. La respuesta que recibió de Moreno, según Correa, fue que era algo preocupante y que se investigaría. Como respaldo, el denunciante presentó una letra de cambio por el valor de un millón y medio de dólares, que respondería al monto de la coima. Pero cuando el tema se hizo público, el Vicepresidente Moreno le restó validez, dijo que la letra de cambio presentada por Correa era falsa y que “cualquier estudiante de primer año de Diseño Gráfico la podía falsificar”.

El hermano de Correa asegura que presentó el caso ante el Fiscal Washington Pesántez, pero éste no le dio ninguna esperanza de que el caso se investigaría: “Me dijo que no podía hacerle eso al gobierno de mi hermano con quien se llevaba muy bien desde cuando estudiaron juntos en Bélgica”, relató el denunciante. Esta referencia es negada por el ex fiscal Pesántez, quien calificó como “una estupidez más” de Fabricio Correa tal afirmación: “Nunca me dijo nada y yo nunca le hubiera contestado así”, refiere. Hasta allí llegó la acusación contra el cuñado de Lenin Moreno.

Lenin Moreno apareció por primera vez involucrado directamente en un caso de corrupción por el caso conocido como “Inapapers”, en alusión al nombre de la compañía offshore Ina Investment Corp. Esta sociedad, que fue creada por su hermano Edwin Moreno primero en Belice y luego en Panamá, recibió USD 18 millones pagados por la constructora china Sinohydro, la misma que fue denunciada por sobreprecios en la construcción de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, una obra que costó alrededor de USD 2500 millones.

Ese pago fue hecho por los servicios de lobby con la constructora realizados por Xavier Macías y Conto Patiño, amigos personales del presidente Moreno, quien era Vicepresidente en ese momento, tal como lo publicó el portal La Fuente de los periodistas Fernando Villavicencio y Christian Zurita. El lobby ocurrió en 2012, pero la existencia de la empresa y de los millonarios pagos recién se hicieron públicos en 2018 por los periodistas Villavicencio y Zurita. Ina, la razón social de la offshore, coincide con el final de los nombres de las tres hijas del presidente Moreno: Irina, Karina y Cristina.

El tema se hizo público y la primera consecuencia fue de corte privado: el hermano del presidente, Edwin, disolvió Ina Investment 12 días después de la publicación por parte de la prensa. Pero los periodistas Villavicencio y Zurita ya habían revelado que de las cuentas bancarias de la offshore habían salido pagos para comprar un departamento en Alicante, España, e incluso para comprar los muebles costosos que ocupó el mismo Lenin Moreno mientras vivió en Ginebra, Suiza, como Representante Especial para las Discapacidades de la ONU, en el periodo de 2013 a 2016.

Los aludidos hermanos Moreno, Lenin y Edwin, dieron su explicación: todo se trataba del pago de una deuda pues años atrás, cuando Edwin Moreno era migrante en Estados Unidos, le hizo un préstamo a Xavier Macías, necesitado de dinero. Y los depósitos que hizo Macías a Edwin Moreno eran la devolución.

Del caso InaPapers se motivó una investigación por parte de la Fiscalía General, indagación que avanza a pasos lentos, sin mayores hallazgos por parte del Ministerio Público. Casi dos años después de haberse iniciado esta causa, lo que se ha conseguido es que Panamá envíe la información completa de los movimientos de las cuentas bancarias de Ina Investment. Pero esta información no es pública porque goza de la reserva impuesta por la ley al tratarse de una investigación en curso. Lo que sí se sabe es que la fiscal General Diana Salazar también solicitó información bancaria de los investigados a Suiza, pero ese país se lo negó.

Edwin Moreno en 2018 constituyó el movimiento político Ecuatoriano Unido para apoyar políticamente a su hermano y a la Consulta Popular que convocó ese año. Igual que lo hizo el otro hermano, Gary Moreno Garcés, máximo líder del movimiento Libertad es Pueblo. Las dos organizaciones de los hermanos Moreno han presentado candidatos presidenciales para competir en las elecciones del próximo 7 de febrero.

Al Presidente de la República se le pidió una entrevista para tocar los temas planteados en este reportaje, por medio de la titular de la Secretaría de Comunicación, Caridad Vela. No se obtuvo una respuesta.

EL PODER DE LA PRIMERA DAMA

Rocío González Navas es de Latacunga, capital de Cotopaxi, una ciudad de fiestas y tradiciones. En esa provincia es donde su primo es gobernador y dos esposos de sus primas ocupan jefaturas en la Contraloría y Empresa Eléctrica.

Rocío González Navas, la Primera Dama del Ecuador, nació en Latacunga dentro de una de las familias más tradicionales. Cuando su esposo llegó al poder, Rocío González decidió ayudarlo, especialmente en el campo social de la Vicepresidencia, de donde salió Moreno con altos índices de popularidad. Ahora que es Presidente, ella tiene una activa participación en el plan de construcción de casas populares, pero la aceptación del político Moreno ya no es la misma de antes.

Las críticas se sienten más fuerte en Latacunga. El Gobernador de la provincia de Cotopaxi, Héctor González Jara, quien es primo hermano de la Primera Dama y vivió en casa de ella durante su juventud es el foco de esas acusaciones. A más del nepotismo, a González se lo señala de no cumplir con eficiencia sus labores y estar en ese cargo únicamente por el dudoso mérito de su parentesco. “Es una sinvergüencería que se repartan así los cargos. Pero para pagarnos nuestros sueldos no sirven y se atrasan constantemente”, se queja la profesora Rosana Palacios, quien ha sido presidenta de la organización nacional de maestros escolares más grande del Ecuador.

González Jara ha estado dos veces en el cargo, las dos por decisión de su primo político. En el 2019 renunció solo para ser candidato a Prefecto de Cotopaxi, pero perdió. Ya derrotado, volvió a ser designado Gobernador y allí sigue, sin conceder muchas entrevistas a los periodistas.

Héctor González Jara no es el único familiar de la Primera Dama en el sector público. También está el Gerente de la Empresa Eléctrica de Cotopaxi, José Alberto Semanate Noroña, quien está casado con Paulina González, otra prima de Rocío González. Y a la vez, el Director Regional de la Contraloría, Iván Andrade Hidalgo, está casado con Ruth Angélica González Jara, prima de la esposa del Presidente. “No hay derecho, no es justo. Mientras a los profesores nos deben dos meses de sueldo, los parientes del Presidente están muy bien ubicados y con buenos cargos”, reclamaba el pasado 18 de agosto frente a la Gobernación de Cotopaxi el profesor Luis Rivera.

No solo en Cotopaxi la Primera Dama tiene autoridades con parentesco. En enero de 2019, Ecuador recibió con sorpresa la noticia de que la jurista María del Carmen Maldonado, ex jueza de la Corte Constitucional en el gobierno de Correa, y quien había seguido las directrices políticas de ese régimen, ahora estaba al frente del Consejo de la Judicatura, el organismo que controla y sanciona las actuaciones de todos los jueces y fiscales del país. Lo que no se dijo es que la Primera Dama y María Maldonado son concuñadas.

A nadie le importó demasiado esta cercanía familiar. Hasta que en septiembre de 2019, tres abogados denunciaron que Diego Molina Restrepo, esposo de la presidenta de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, les había pedido USD 120.000 a cada uno para conseguirles el nombramiento de Notario en Quito. Y que ellos estuvieron dispuestos a pagar e hicieron un adelanto de USD 60.000 cada uno, dinero que fue entregado a Christian Ramírez, delegado de Molina Restrepo, según relatan. El asunto fue que, según los denunciantes, nunca se les entregó el cargo ofrecido ni tampoco se les devolvió el dinero pagado. Se sentían estafados.

La presidenta de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, reaccionó de inmediato: convocó a una rueda de Prensa y dijo que todo se trataba de un pasquín, que las firmas de los supuestos denunciantes habían sido falsificadas. Pero la Fiscal General Diana Salazar abrió una investigación y llamó a declarar a Maldonado y a su esposo, versiones que fueron rendidas el 28 de diciembre pasado. Desde entonces, no se ha sabido nada más, pues la indagación sigue siendo reservada. La concuñada de la Primera Dama ha continuado ejerciendo su complicado cargo.

EL CASO IRINA Y SU INFLUYENTE YERNO

Al Presidente Lenin Moreno se le hizo difícil hacer público el anuncio sobre la salida de su hija, Irina Moreno González, del cargo diplomático que mantuvo como Consejera de la Misión de Ecuador ante la ONU en Nueva York, con un sueldo mensual cercano a los 8 mil dólares. La hija del Presidente llegó a esta representación en 2014, primero en Ginebra, Suiza, acompañando a su padre que había sido designado por la ONU en la función honorífica para las Discapacidades, con todos los gastos pagados por el Estado ecuatoriano y la decisión tomada por el gobierno de Correa.

Cuando Moreno decidió correr por la Presidencia, su hija pidió el cambio a Nueva York y se lo dieron. Moreno ganó la Presidencia y su hija siguió en el cargo hasta que, a fines de mayo de 2020, el Presidente informó que su hija había decidido renunciar. Esto ocurrió luego de que se dieran fuertes críticas al cargo de su hija y a su generoso sueldo en plena crisis económica -en sus 6 años en el cargo, se le pagó USD 570.000-. El último intento para justificar el cargo de Irina Moreno lo hizo el ex Canciller José Valencia, quien calificó como bueno el trabajo que la joven realizaba en las Naciones Unidas. Fue un intento vano porque ella se fue, al igual que el Canciller, quien renunció un mes después.

Otra de las hijas del Presidente, Cristina, hizo noticia en las páginas sociales a inicios de 2013. Fue por su matrimonio realizado en la patrimonial iglesia de La Compañía, en Quito, con el joven ingeniero agrónomo guayaquileño Juan Enrique Rodríguez Malo. Del yerno del Presidente se tuvo noticias posteriormente en 2016, cuando se reveló que una empresa suya había ganado un contrato público por USD 1,6 millones para limpiar unidades de Policía. El asunto no levantó mucho polvo ni fue ningún obstáculo para la campaña presidencial de Moreno, que consiguió un triunfo sobre Guillermo Lasso, que acusó de fraude en las elecciones de 2017.

El joven yerno, Juan Enrique Rodríguez Malo , tendría una fuerte influencia en la designación de funcionarios públicos, según un audio filtrado al medio digital La Fuente, en el que habla Santiago Cuesta Caputi, entonces asesor presidencial de Lenin Moreno. En ese audio, Cuesta dice que Rodríguez Malo ha puesto al director de la Agencia de Regulación y Control Sanitario, una importante oficina del gobierno que aprueba la importación y venta de insumos médicos y medicinas en Ecuador. Buscamos una entrevista con el yerno del presidente, sin una respuesta positiva. La Historia intentó contactar sin éxito a Rodríguez Malo para consultarle sobre lo que se ha publicado respecto a él y su supuesta influencia en el gobierno de su suegro.

La influencia del yerno en el gobierno es un hecho real, dice el periodista Fernando Villavicencio, autor de la investigación Arroz Verde, con la que condenaron a 8 años de cárcel por cohecho al ex presidente Correa y a 19 procesados más. Para muestra pone otro botón: la designación de María de Lourdes Rodríguez Malo, hermana del yerno del Presidente, como funcionaria de la embajada de Ecuador en Madrid, España. Y pide prestar también atención a la relación societaria del yerno Rodríguez Malo con el español Emilio Torres Copado, quien fue el vendedor del departamento en Alicante para la empresa Ina, lo que ahora está en investigación por la Fiscalía.

Lenin Moreno no ha dicho que hará después que entregue el poder el próximo 24 de mayo de 2021. Pero lo cierto es que con una aceptación de apenas el 6% de la población, según las últimas encuestas, el futuro está marcado como para un retiro definitivo de la política. Serán 14 años de un vertiginoso paso por el poder que cambiaron su vida y la de los suyos, sin habérselo propuesto siquiera. Ese niño que nació en medio de la selva amazónica solo pretendía jugar con las serpientes.

Este reportaje fue realizado por La Historia en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación de las Américas, del International Center for Journalists (ICFJ) en alianza con CONNECTAS.

SINGUE, EL REGALO DE PAPÁ

La trama de corrupción del bloque petrolero Singue queda al descubierto. Utilizaron el poder para beneficio particular. Se apropiaron de información pública y armaron un laberinto offshore. Retacearon el mapa petrolero y convirtieron en bloque a un pequeño campo compartido. Generaron simulación contractual y aparentaron licitación pública. No arriesgaron en exploración, el dinero salió del mismo cuero del Estado. Tampoco descubrieron un barril nuevo de petróleo, las reservas ya estaban descubiertas. Este es un nuevo episodio de la generosidad del Estado papá.

Hace ocho años, un 21 de marzo de 2012, el entonces ministro de Hidrocarburos, Wilson Pástor Morris, autorizó la suscripción de uno de los últimos contratos de su larga gestión petrolera, el de exploración y explotación del bloque Singue, con el consorcio DGC, integrado por las empresas Dygoil (60%) y Gente Oil Development LLC (40%).

Este contrato, en el que aparece vinculada su hija, Silvana Pástor Tapia, tiene a su padre y a otras personas, entre ellas al ex vicepresidente Jorge Glas, en el banquillo de los acusados por el delito de peculado.

SIGUE EL CASO SINGUE EN ESTA LÍNEA DE TIEMPO DESDE EL 2011 

Periodismo de Investigación encontró una auténtica simulación en torno a la creación de Gente Oil, la negociación, firma del contrato y operación de Singue. Un libreto en el que las fechas y los actores se suceden como puntadas de sastre, configurando un tejido de irregularidades e ilegalidades.

LICITACIÓN PARA UN SOLO OFERENTE

La décima ronda petrolera en la que fue licitado el bloque Singue, se convocó el 16 de junio del 2011, para esa fecha aún no se había creado en Ecuador el consorcio DGC, ni siquiera la empresa Gente Oil Development LLC.

La referida compañía fue registrada en el paraíso fiscal de Delaware y luego domiciliada en California – EEUU., recién en septiembre de 2011, tres meses después de abierta la licitación.

El 26 de septiembre de 2011, tres días después de su creación, el consorcio DGC presentó su oferta, la única existente. Luego de los análisis, el Comité de Licitación Hidrocarburífera – COLH, liderado por Jorge Glas, recomendó al ministro Wilson Pastor, autorizar la firma del contrato.

La autorización la suscribió Pastor, apenas dos días después de que la empresa Gente Oil Development LLC., se había registrado en la Superintendencia de compañías (19 de enero de 2012) aunque todavía no estaba inscrita en el registro de Hidrocarburos, algo que sucedió recien el 19 de marzo de 2012. El contrato fue suscrito el 30 de abril de ese año.

LA SOMBRA DE IVANHOE Y EL LABERINTO SOCIETARIO

Gente Oil Development LLC, es propiedad de Gente Oil Exploration LLC, otra empresa creada en Delaware y cuyos socios son David Martin, Giacomo Pecorari y Mathew Martin. En calidad de representante figura David Martin, accionista de Ivanhoe, transnacional que abandonó Ecuador el 2014, luego del fracaso del contrato del campo Pungarayacu, considerado por Rafael Correa como el mejor contrato de la historia.

Giacomo Pecorari ostenta en la actualidad el cargo de Director de Gente Oil Ecuador PTE, operadora del bloque Singue.

La creación de Gente Oil en EEUU por parte de Martin, coincidió con el colapso anticipado de Pungarayacu. Es decir, la máxima autoridad petrolera (Wilson Pastor) pese a saber del engaño de Ivanhoe, le preparaba un nuevo banquete geológico, esta vez sin riesgo alguno.

El gerente de operaciones de Ivanhoe, a esa fecha, era nada menos que Santiago Pastor Morris, hermano del entonces ministro.

El 18 de septiembre de 2012, antes siquiera de que DGC inicie las actividades operativas en Singue, los representantes del consorcio solicitaron a Wilson Pastor, autorice la transferencia del 60% de participaciones de Dygoil y el 40% de Gente Oil Development LLC., a una nueva empresa, inexistente a esa fecha en Ecuador y creada apenas 24 horas antes en Singapur: Gente Oil Ecuador PTE LTD.

Dygoil ya había cumplido su papel y el siguiente paso era que Gente Oil tome el control total del proyecto. En esa dirección, el 5 de octubre de 2012, Wilson Pastor dispuso se elabore un informe orientado a autorizar las transferencias.

La retirada inmediata de Dygoil  -la empresa que aseguró la solvencia técnica, económica y legal para la firma del contrato-, dejaba en evidencia que la empresa de César Guerra, fue el comodín hasta conformar el consorcio y adjudicarse el bloque. La flamante Gente Oil no tenía experiencia ni en clavar un alfiler.

Documentos revisados por nuestro portal identifican que Gente Oil Ecuador PTE LTD, fue constituida en Singapur el 17 de septiembre de 2012 y domiciliada en Ecuador en enero de 2013. Es decir, una persona nacida en Singapur a la que le pusieron de nombre Ecuador. Esta empresa, de acuerdo con documentos de la Superintendencia de Compañías, es de propiedad de Gente Oil Global PTE LTD, creada también en Singapur en las mismas fechas.

Gente Oil Global Pte., registra nuevamente como directores a los mismos accionistas de la primera Gente Oil, creada en EEUU: David Martin y Giacomo Pecorari. Además incluye a Izeldin D. Sultan El-Saigh, Abdullah SA. Araj, Baey Cheng Song, y Yeo Poh Noi Caroline. En términos sencillos, la familia Gente Oil, tiene un mismo progenitor: Ivanhoe.

Una vez consumado todo el proceso, Wilson Pastor Morris, abandonó el ministerio. Viajó a Austria, designado por Rafael Correa como su embajador. Desde ahí manejaría hasta el final del correato, la representación en la OPEP y continuaría asesorando al régimen en materia petrolera.

El cambio de ministro en nada afectó los intereses de Gente Oil. Con acuerdo ministerial 504, de 15 agosto de 2013, suscrito por Pedro Merizalde, se autorizó la esperada transferencia de participaciones de Dygoil y Gente Oil Development a Gente Oil Ecuador PTE.

En uno de los considerandos del acuerdo ministerial, se señala que la garantía solidaria emite la empresa Gente Holdings PTE en calidad de casa matriz. Esta garantía de solvencia financiera y operativa la tenía que asegurar la propia contratista, pero Gente Oil Ecuador era solo un membrete.

Esta es la única mención que se hace a Gente Holdings en toda la información revisada. No hemos podido encontrar documentos que justifiquen la relación entre Gente Oil Ecuador PTE con Gente Holdings y Gente Oil Group, otra empresa que aparece apadrinando el proceso, pese a que el referido acuerdo ministerial sostiene que la supuesta casa matriz tiene el 70% de acciones de Gente Oil Ecuador.

El epílogo de este laberinto de simulación se escribió el 2 de septiembre de 2014. Silvana Pastor Tapia, apoderada de Gente Oil Ecuador PTE e Yvonne Fabara Arias, secretaria de Hidrocarburos, suscribieron el contrato modificatorio a través del cual, la compañía singapurense asumió el 100% de los derechos y obligaciones del contrato y se convirtió en operadora del bloque, sin cumplir los requisitos de capacidad operativa exigidos en los pliegos licitatorios.

De esta forma, la empresa manejada por la hija del ex ministro de Hidrocarburos, se aseguraba el control total de Singue. Dos años después de firmado el contrato original, los verdaderos actores de esta historia presentaban sus rostros.

La firma del contrato modificatorio incluyó exclusivamente la transferencia de participaciones de Digoil y Gente Oil a la nueva empresa creada en Singapur, pero no mejoró la participación del Estado en el negocio como dispone el artículo 16 de la Ley de Hidrocarburos, pese a que a que a esa fecha, era evidente que tanto la producción como las reservas de Singue, superaban diez veces las cifras establecidas en el contrato original.

Yvonne Fabara fue excluida del proceso penal pese a que la Contraloría determinó responsabilidades en su contra.

TIGRES DE PAPEL

El sinuoso sendero recorrido por la familia Gente Oil, representada en Ecuador desde 2013 por Silvana Pastor Tapia, es digno de incorporarse al guión de una película inspirada en los Panamá Papers.

Al ingresar al registro de identidad de Gente Oil nos encontramos con un auténtico holding petrolero: siete empresas aparentemente distintas pero con un mismo origen.

Dos creadas y domiciliadas en Estados Unidos, en la dirección de Ivanhoe, y las cinco restantes, concebidas casi en la misma fecha (2012) aparecen acomodadas en la oficina 32-01 de Land Tower de Singapur.

Al buscar los proyectos hidrocarburíferos de este gigante, representado por rimbombantes nombres americanos y árabes, nos encontramos con un solo proyecto perdido en una esquina de la depredada Amazonía ecuatoriana: el pequeño campo Singue. Así como leen, un enjambre de empresas, miles de fojas, escritura sobre escritura… puro papel.

Y un nombre que no puede escaparse de nuestro recuerdo: David Martin, el dueño de Ivanhoe, el mismo encantador de serpientes que en 2008 le regaló a Rafael Correa un barrilito de plástico en señal del “mejor contrato de la historia”, aquel contrato que con la ayuda de la tecnología Heavy to Light (HTL) haría de Pungarayacu, el nuevo boom petrolero. Seis años después hasta el barrilito de plástico se llevó Rafael.

DE CAMPO MARGINAL A PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Meses antes de que se convoque a la décima ronda, Dygoil había rescindido un contrato anterior (campo marginal) suscrito en 2008 para la explotación del mismo campo Singue.

Hasta aquí Singue seguía siendo campo, no bloque. En ese contrato la firma ecuatoriana actuó asociada a la empresa venezolana Suelo Petrol, en el Consorcio Petrolero Amazónico (CPA). Un informe de la Contraloría de 2012, estableció que CPA no realizó inversiones para desarrollar el campo, además observó a las autoridades de hidrocarburos por no precautelar los intereses nacionales.

La tarifa pactada en este contrato, no superaba los 8 dólares por barril incremental, una tarifa radicalmente baja comparada con la definida en el nuevo contrato de prestación de servicios (33,50 U$/BL). ¿Por qué Dygoil y el consorcio CPA no desarrollaron el proyecto durante casi tres años?

Una tarifa de 8 dólares por barril, no era un negocio apetecido, dicen los expertos; además, estaban confiados que el ministerio de Hidrocarburos adelantaba el nuevo modelo contractual de prestación de servicios, con una tarifa muy generosa.

Así las cosas, había que dar sepultura al contrato de campo marginal para resucitarlo con el contrato de servicios, maquillado por Wilson Pastor Morris.

LA AMISTAD DE RAFAEL CORREA CON DYGOIL 

Con el cambio de la modalidad contractual resuelta en la reforma a la ley de Hidrocarburos de 2010, las compañías debieron migrar a los nuevos contratos de prestación de servicios o revertir las áreas al Estado.

Los acercamientos para negociar el contrato de Singue se dieron al más alto nivel. En una misiva suscrita por el gerente de Dygoil, César Guerra, remitida al presidente de la República, Rafael Correa, en enero de 2011, informa que mantuvo reuniones con el entonces ministro Wilson Pastor, con quien negoció las posibles inversiones que llegaban a 26.7 millones de dólares y una tarifa de 29,3 dólares/barril.

El 3 de febrero de 2011, Guerra informó a su socio de SueloPetrol, que ha comunicado a su amigo Rafael Correa su predisposición a firmar los contratos de prestación de servicios para los campos Pucuna y Singue.

En la misiva, el gerente de Dygoil señala que ha presentado la oferta en consideración a las buenas relaciones personales que mantiene con el señor Presidente.

En la carta agrega que el nuevo contrato en principio sería suscrito por el Consorcio Petrolero Amazónico, pero que luego solo quedaría Dygoil como la única accionista y operadora. Por ello, solicita la transferencia de las participaciones de SueloPetrol a favor de Dygoil.

Las razones por las que no prosperó la negociación con CPA, es algo que algún día se sabrá; lo cierto es que, una vez rescindido el contrato del campo marginal, Suelo Petrol quedó fuera e inmediatamente surgió la idea de constituir una nueva empresa. Así nació Gente Oil.

La relación documentada entre Rafael Correa y César Guerra, no fue suficiente para Fiscalía, que acabó desvinculando del proceso al expresidente, pese a que Contraloría determinó su  responsabilidad penal.

CONTRALORÍA DETERMINÓ PECULADO

Tras la denuncia publicada en 2015 por el portal Focus Ecuador, la Contraloría abrió un examen especial. Luego de dos años de investigación, en agosto del 2017, el organismo de control presentó a la Fiscalía General del Estado, un primer informe con responsabilidad penal y en febrero de 2018, un informe complementario en el que involucró al expresidente Rafael Correa, varios ex funcionarios públicos y ejecutivos privados, por el delito de peculado.

El consorcio DGC no cumplió con lo requerido en las bases de licitación, que exigían la presentación de información sobre la capacidad operativa de la oferente correspondiente a los años 2006 a 2010.

Los miembros del equipo negociador recomendaron al COLH que se apruebe la negociación con DGC a pesar de que no se contaba con el análisis de los informes y certificaciones referentes a las fuentes de financiamiento para el proyecto, conforme a las inversiones comprometidas.

Los miembros del equipo negociador recomendaron al COLH que se apruebe la negociación con DGC a pesar de que no se contaba con el informe de la capacidad o fuentes de inversión del oferente.

En la corrida matemática contenida en el sobre 2, no existe evidencia de que la tarifa de $33,50 por barril, responda a la aplicación de las variables establecidas en el modelo de contrato.

El equipo negociador, sin argumento técnico, consideró un total de 3.015.446 barriles a recuperar en 20 años y como lineamientos el 19,2% de tasa interna de retorno (TIR) para establecer el riesgo incurrido por amortización de la inversión, costos y gastos y una utilidad razonable.

En 2011 Dygoil ofertó una tarifa de $29,3 por barril, sin embargo, la misma empresa ofertó meses después de $34,5, la que se negoció y adjudicó por el monto final de $33,5 por barril; esto es, $4,2 sobre la tarifa original. Ese incremento, según Contraloría, implicó un perjuicio de $5.2 millones para el Estado.

SINGUE, UN BLOQUE CREADO EN LA ERA PASTOR 

Singue fue descubierto por Petroecuador en 1990 con la perforación del pozo exploratorio Singue 1 y con la realización de 102 Km de sísmica 2D.

Posteriormente, durante los años 2005-2006, la estatal impulsó el proyecto de sísmica 3D denominado Lilian-VHR, con la empresa china Sinopec.

Un reporte de 30 de mayo del 2011, emitido por el Subsecretario de Estudios y Patrimonio Hidrocarburifero, señaló que Geotech Group Limited (2006) estimó reservas de 4.522.196 barriles.

En 2009, Petroecuador contrató un estudio de interpretación Sísmico 3D Cuyabeno-Sansahuari, con Geotech Groups Ltd. (China), donde se determinó que la estructura Cuyabeno-Sansahuari y Singue forman una sola y que las reservas probadas del área de Singue superan los 20 millones de barriles.

Según el reporte final presentado por Geotech, el 30 de noviembre del 2009: “No hay una separación acusada entre la estructura Cuyabeno-Sansahuari y Singue. Estas dos estructuras forman una sola”.

Esta información que ahora está en manos de la Fiscalía, no fue considerada en la elaboración de los términos de referencia de la décima ronda, tampoco en la negociación del contrato con el consorcio DGC.

Documentos en poder de Periodismo de Investigación dejan al descubierto que el consorcio DGC y los funcionarios del Ministerio de Hidrocarburos, conocieron plenamente esta información que les fue entregada por la Secretaría de Hidrocarburos con el Data Room de la  Ronda Intracampos para el Campo Sahino Norte.

Este mismo reporte que incluía los estudios de Sinopec 2005, Geotech 2006 y Geotech 2009 -ocultados en el informe oficial de reservas de 2010- fue utilizado en septiembre de 2013 por la compañia GEOTRACE COMPANY – DENVER, contratada por el consorcio DGC para realizar una nueva interpretación sísmica.

En un informe de 2013, Gente Oil informa que la empresa contratada por ellos (Geotrace) solo utilizó la información de Sinopec – Geotech: “El Consorcio DGC no obtuvo nuevos datos sísmicos; la empresa simplemente reprocesó los datos en 3D existentes, adquiridos por Sinopec, para el Bloque Singue”, dice.

Con esta información, la misma contratista confirmó, un año después de firmado el contrato, lo que se sabía desde el año 2009: que las reservas no eran los 3.1 millones de barriles remanentes y posibles, volumen con el que se negoció la tarifa de 33.5 US$/BL, sino mucho más.

Esto ponía en evidencia que el consorcio DGC conoció esa información antes de presentar la oferta.

Pese a contar con los dos estudios (Sinopec-Geotech 2005-2006 y Geotecht 2009), el 9 de agosto de 2011, la Secretaría de Hidrocarburos, emitió la resolución 0755, aprobando el nuevo mapa de bloques petroleros del Ecuador, en el que se creaba de forma oficial el bloque Singue con el número 53, dentro del bloque 58, Cuyabeno-Tipishca.

Esta resolución fue aprobada cincuenta y cuatro días después de convocada la licitación internacional a la Décima Ronda Petrolera, realizada el 16 de junio del 2011. Es decir, la licitación se realizó sin que exista oficialmente el bloque Singue.

Hasta el 2010, Singue era un pequeño campo integrado a la estructura Cuyabeno – Sansahuari, ¿qué pasó para que le convirtieran en bloque? Geológicamente nada.

Singue debía convertirse en bloque pues de lo contrario no podía ser licitado. La reforma legal creada por Pastor habla de bloques, no de campos, un bloque puede tener varios campos. Todo estaba calculado.

En la oferta, acuerdos de negociación y en el contrato, el consorcio DGC se comprometió a perforar un pozo exploratorio para confirmar reservas adicionales por 1.1 millones de barriles o más.

El costo del pozo era de $7.9 millones. Si el resultado era exitoso se debía definir una tarifa adicional para la explotación de las nuevas reservas.

¿Por qué incluyeron un pozo exploratorio si de antemano sabían que existían más reservas? El objetivo era que la figura de riesgo exploratorio mejoraba la tarifa para la contratista, como se verá más adelante.

Cuando todo estuvo consumado, en 2015, la SH reconoció que las reservas remanentes de Singue eran al menos 15.6 millones de barriles y no los 3.1 millones con los que negoció la tarifa y el contrato.

Para esa fecha, Gente Oil ya había explotado casi la mitad de las reservas en momentos en que los precios del crudo eran inmejorables. Así las cosas, el propio Estado reconocía que había sido parte de un delito aunque este tipo de delitos siempre quedan en la impunidad. Un Estado delincuente.

Sin duda el objetivo de la creación falsa del bloque 53 estaba orientado a que, hacia el futuro, Gente Oil, reclame la aplicación de la cláusula décima tercera del contrato, relativa a campos o yacimientos unificados y se haga con la explotación de la enorme reserva contenida en Cuyabeno–Tipishca, como ocurrió con el cuestionado caso Palo Azul y la transnacional Petrobras, un proceso en el que los hermanos Pastor Morris también tienen que responder.

EL FRAUDE DE LAS RESERVAS PROBADAS 

Como se ha referido, el informe oficial de reservas de diciembre de 2010, estableció 2 millones 040 mil 556 barriles. Ese documento ocultó la información de noviembre del 2009, presentada por Geotech, que estableció 20 millones 630 mil 294 barriles. La diferencia de 18.1 millones, no fue considerada para el análisis económico financiero del bloque 53, lo que generó un perjuicio económico al país.

En el análisis económico y financiero, el grupo negociador consideró, a más de las reservas remanentes (2 millones), una producción adicional de 1 millón 113 mil 759 barriles, que se obtendría con la perforación del pozo exploratorio. En total, las reservas con las que se definió el modelo económico fueron de 3 millones 015 mil 446 barriles.

Pero, no había razón para perforar un pozo exploratorio porque el estudio de 2009 elaborado por Geotech, ya había determinado la existencia de reservas de 20 millones de barriles. La figura del pozo exploratorio solo fue otro comodín utilizado para introducir un supuesto riesgo y mejorar la tarifa para la compañía, como en efecto sucedió.

Las autoridades y la compañía sabían que, si el pozo exploratorio resultaba exitoso y se confirmaba la existencia de nuevas reservas, debía suscribirse un contrato modificatorio incluyendo una tarifa adicional, que con seguridad iba a ser inferior a la establecida en el contrato original. En esas condiciones perforar el pozo era pegarse un tiro en el pie.

Pocos meses después de asumir la operación y tras realizar mínimas inversiones con el reacondicionamiento del pozo Singue 1 ($900 mil), y la perforación de dos pozos de desarrollo, se alcanzó una producción de 2000 barriles diarios en 2013, para 2014 subió a 5000 barriles y el año 2015 se disparó a 7000.

El alto volumen de extracción cuestionaba los parámetros técnicos y económicos establecidos anteriormente. Milagrosamente, aumentaron las reservas en cerca de 18 millones de barriles adicionales, sin que la contratista haya invertido un centavo en exploración.

Ese milagro, léase eficiencia de Gente Oil, se explica con una expresión: ocultamiento de información.

MANIPULACIÓN DE TIR PERJUDICÓ EN $61 MILLONES 

Para justificar la firma de un aparente contrato de exploración y explotación, el consorcio DGC incluyó la perforación del pozo exploratorio por un costo de $7,9 millones. Era justamente la exploración, es decir el supuesto riesgo que asumía la contratista, el elemento que presionó por una tarifa más alta. Las inversiones propuestas a esa fecha fueron de $27.849.000, este rubro incluyó la inversión del citado pozo.

Para la definición de la tarifa de 33,5 US$/Bl, se reconoció una rentabilidad del 19,2%, la cual estaba condicionada justamente al éxito del pozo exploratorio. Al no haberse perforado ese pozo, la rentabilidad del 19,2% debió ser revisada, algo que nunca se hizo, sin embargo el cálculo económico se realizó contando con 1.1 millones de barriles adicionales estimadas del pozo exploratorio.

Queda claro que al definir la tarifa se mezclaron los conceptos de Tasa Interna de Retorno (TIR) para el desarrollo de actividades sin riesgo exploratorio (15%), con las actividades con riesgo exploratorio (25%), con el único objeto de beneficiar a la contratista con un TIR del 19,2%.

De no haberse incluido la presunta inversión de $7.9 millones en exploración, el monto total de las inversiones debió ser de $19.922.000, una reducción del 28% del monto comprometido en el contrato.

Sin embargo, la comisión negociadora aceptó la inclusión de la producción adicional falsa de 1.113.759 barriles, de un pozo que nunca se perforó, lo que dio un total de 3.015.446 barriles a recuperarse en 20 años.

En el análisis económico y financiero realizado por el grupo negociador, se estableció que: “el mayor beneficio para el Estado se obtiene al realizarse el pozo exploratorio y ser este exitoso. El beneficio en este caso sería de 61 millones de dólares, cumpliéndose el objetivo de esta licitación”.

En consecuencia y al no haberse perforado el pozo exploratorio no se cumplió con el objeto del contrato y se causó un perjuicio económico para el Estado de 61 millones de dólares, solo en este componente.

Si la información contenida en los estudios de 2005 y 2009, hubiese sido considerada en la licitación y en la negociación contractual, los resultados serían radicalmente distintos. Al tratarse de 20 millones de barriles y no 2, se hubiesen presentado varias ofertas, no solo DGC, y la tarifa hubiese sido más conveniente para el Estado.

TARIFA ÚNICA Y ACUMULACIÓN

Según la cláusula 14.3 del contrato, la tarifa acordada para Singue fue de $33,50 por cada barril neto, producido y entregado al Estado. Estos valores serán los únicos pagos que efectuará la SH a la Contratista…”.

Se considera tarifa, al valor que el Estado paga a la contratista por cada barril de petróleo extraído. De acuerdo con el contrato, el país se reserva como “margen de soberanía” el 25% del ingreso bruto antes de cualquier distribución.

Del valor remanente después de descontar del ingreso bruto el 25%, se cubrirán los costos de transporte y comercialización. Una vez realizadas estas deducciones y cubiertos los tributos establecidos en la Ley, con el “ingreso disponible”, se pagará cada mes la tarifa.

De no alcanzarse a cubrir toda la tarifa cuando bajen los precios del petróleo, el contrato incluye una cláusula de “Acumulación”, la cual determina que, “el saldo faltante mensual se acumulará durante el mes o año Fiscal pertinente…”, es decir, la compañía no ha perdido esos recursos, deberá esperar que el precio del crudo se incremente para recuperarlos.

El modelo económico consideró un precio internacional del petróleo de 80 U$/BL (WTI). Si el precio del crudo llegaba a $50  o menos, el saldo faltante mensual se acumulará durante el mes o año fiscal pertinente.

En ningún caso el contrato establece que si el precio del crudo cae por debajo de los $50 el barril, el Estado no pagará a la contratista. El contrato de Singue no tiene tarifa variable, como afirman los representantes de Gente Oil, mantiene durante todo el período una sola tarifa de $33,50 por barril.

El único caso en que la contratista pierde el valor acumulado es si al término del contrato (20 años) el precio del barril de petróleo se mantiene por debajo del valor considerado para el cálculo de la tarifa.

Algunos contratos terminaban en el 2018 y el Estado ecuatoriano tenía la oportunidad de aplicar la cláusula de soberanía, es decir no pagar los valores acumulados (carry forward),  pero el gobierno anterior benefició a las contratistas extendiendo los plazos. Lo propio hizo el gobierno actual que extendió plazos de varios contratos que estaban por vencer. En el caso de Singue el contrato vence en 2032.

Entre 2013 y 2016, se extrajeron de Singue 6 millones de barriles. Gente Oil registró ingresos por $179,2 millones ($149.5 millones por pago efectivo de tarifa y $29,7 por acumulación, tarifa adeudada). Durante el mismo período, el Estado recibió $86.7 millones por concepto de margen de soberanía (25%), impuesto a la renta, leyes 10 – 40, costos de comercialización y transporte.

La compañía empezó a recibir ingresos inmediatos, semanas después de firmado el contrato (2013). Tras realizar un pequeño gasto de 900 mil dólares en el reacondicionamiento del pozo Sigue 1, cobró su primera factura. Desde entonces los ingresos de la Gente Oil fueron creciendo exponencialmente.

Entre los citados años, la empresa dirigida por Silvana Pastor ha cobrado facturas mensuales de entre 3 y 5.5 millones de dólares, lo que confirma un negocio sin riesgo, contrario a lo señalado por la compañía. Esta realidad cuestiona también las supuestas inversiones externas provenientes de los socios qataríes. Del mismo cuero salieron las correas.

Durante el mismo período, la contratista declaró inversiones por $120 millones. Revisados los rubros centrales se advierten costos inflados principalmente en perforación de pozos y otros servicios. Gente Oil contrata todo, desde catering hasta torres de perforación.

Gente Oil tiene un horizonte pintado de prosperidad, con más del 50% de reservas por explotar en 12 años adicionales de vida del contrato y con mínimas inversiones que realizar.

REPORTES DE CAMPAÑA RATIFICAN IRREGULARIDADES EN ARROZ MORENO

El informe Lucas Majano que este portal publicó hace un año y que detalló el financiamiento ilegal de la campaña electoral que llevó a la presidencia a Lenín Moreno y Jorge Glas en 2017, tiene una extensión llamada “Arroz Moreno”, denunciada por La Posta, que corresponde al financiamiento irregular de la consulta popular que el actual presidente promovió en 2018. Periodismo de Investigación accedió a los gastos auditados de la campaña por el SI que el Movimiento Alianza PAIS presentó al Consejo Nacional Electoral y descubrió irregularidades que no investigó el organismo electoral.

El 21 de mayo de 2018 el Movimiento Alianza PAIS presentó al CNE las cuentas consolidadas de la campaña electoral de la Consulta Popular de febrero de 2018. El informe de cuentas fue entregado por Patricio Beltrán Vinueza y Verónica Castro Maya que fueron protagonistas del irregular financiamiento de la campaña presidencial de 2017.

Patricio Beltrán figuró como uno de los coordinadores que recaudaron dinero para la campaña del binomio Moreno-Glas y Verónica Castro, que era funcionaria de la prefectura de Pichincha, fue supervisora de ese proceso.

El reporte dice que que PAIS financió $194,071.93 en efectivo y otros $413,000.00 adicionales en donaciones de bienes y servicios, un total de $607,071.93.

Al hacer una revisión de los 64 contribuyentes a la campaña se desprende que 29 de ellos no contaban con capacidad económica para respaldar sus aportes. Se identificó además que siete aportantes, luego de los comicios, recibieron cargos públicos y contratos con el Estado.

Al igual que en el Informe Majano (que identificó aportes del Gobierno provincial de Los Ríos a la campaña de Lenín por $350.000) la prefectura de esa provincia, con Marco Troya a la cabeza, fue determinante en la campaña por el SI: 12 aportantes trabajaron en esa prefectura y contribuyeron, cada uno, con montos de $10.000 en promedio.

Los sueldos recibidos por esos funcionarios no guardan relación con los aportes de campaña.

Por ejemplo: Karem Jassenia Varas Mora asistente en la prefectura de Los Ríos con sueldo de $700,00 ($8.400,00 al año) aportó $10.000,00.

Del número total de aportantes sobresalen siete que recibieron retribuciones como contratos y cargos públicos.

Por ejemplo:  José Napoleón Pasquel Pasquel, luego de aportar electoral por un total de USD 30.000,00 es nombrado en marzo del año 2018 gerente financiero de la empresa Fabrec EP. El gerente financiero es la máxima autoridad dentro de un proceso de compras públicas.

César Alexis Recalde Pasquel realizó una contribución de $28.000,00, es accionista de la compañía Herands C.L.; otro de los accionistas de esa compañía es Herley Andrés Sánchez Valencia.

Sánchez Valencia es además accionista de otra compañía denominada Constructora Sierra Centro Construsierra S.A.  A esta constructora también pertenece Segundo Mauricio Valverde López, que realizó una aportación a la campaña electoral por un monto de $15.000,00 es decir totalizaron dos aportaciones de $43.000,00.

Carlos Miguel Vaca Viteri contribuyó con $22.000,00 es accionista de la compañía Biolegal Consultores Cia.Ltda. Otro accionista de esa compañía es Rodrigo Francisco Borja Román quién también realizó una aportación por $18.000,00.

Borja Román fue proveedor del estado, el 26 de octubre de 2017 se le adjudicó un contrato que debió cumplir hasta el 3 de febrero de 2018. Seis días más tarde el 9 de febrero de 2018 se registró su primera aportación a la campaña por $10.000,00.

En noviembre del año 2019 fue nombrado director de Planificación de la Secretaría Técnica Planifica Ecuador.

Marx Engels Alarcón Coello que aportó $10.000 fue nombrado Director Ejecutivo del Consejo de Seguridad Ciudadana del Cantón Baba. Algo similar sucedió con Pedro Eduardo Lino Solórzano que aportó el mismo valor y en 2019 fue nombrado coordinador de fiscalización y administrador de Obras del Municipio de Baba.

En los documentos reportados al CNE por Alianza PAIS aparecen además cuatro facturas del Raúl Lionel Ernst Edwards que según el Servicio de Rentas Internas no eran válidas para su emisión.

Ernst es un viejo conocido del estado de propaganda correísta. Gerenció la empresa Medaglia que recibió cuantiosos contratos, entre ellos los que implementaron los troll center que hostigaron a opositores en redes sociales.

De igual manera se encontraron otras cuatro facturas del proveedor Enrique Xavier Reina Benítez que no cuentan con los datos que permitan visualizar la validez de los documentos. El uso de esos instrumentos hacen pensar se intentó justificar las aportaciones con facturas irreales o compra de facturas que conllevan a una alteración de la documentación, tal como sucedió en Arroz Verde y el Informe Majano.

La liquidación de fondos de campaña electoral, los comprobantes de recepción de contribuciones y aportes, comprobantes de ingreso y los comprobantes de egreso, reportados por la organización política no se encuentran en el formato establecido por el Consejo Nacional Electoral.

LA SUITE DEL GRAN REPARTO

Periodismo de Investigación libera el hilo de la madeja y responde sin distracciones la pregunta de una sociedad asqueada por la corrupción: ¿Quién entregó los hospitales del IESS a estructuras criminales? Los protagonistas de decenas de reuniones clandestinas en la suite del Gran Reparto: empresarios de pantalla, intermediarios, políticos, administradores de hospitales y el representante del presidente Lenín Moreno ante el Seguro Social, reunidos en la comodidad de la suite 8-7 de la Torre Colón, en la ciudad de Guayaquil.

Una suite arrendada por Daniel Salcedo Bonilla se convirtió en el epicentro de los negocios ilegales del gobierno de todos.

En la zona de mayor desarrollo empresarial del país, junto al hotel Hilton Colón de Guayaquil, reservadamente se metió en la vecindad de reconocidos personajes del empresariado nacional, en sigilo vivió entre ellos, allí estableció acuerdos con políticos y disfrutó excesos de todo tipo junto a sus amigos y allegados.

Periodismo de Investigación pudo revisar varias bitácoras de ingresos de visitantes al edificio y descubrió sorprendentes novedades que responden la pregunta: ¿Quién entregó los hospitales del IESS?

El 7 de febrero de 2018 Daniel Salcedo Bonilla firmó un contrato con la empresa Lauria S.A., administradora de la torre Colón # 1 de Guayaquil para arrendar la suite número siete del octavo piso.

Salcedo entregó $2400 como garantía del contrato y nombró garante a Jorge Antonio San Lucas Vanegas, un empleado contable y financiero de Hdc producciones, la empresa que recibió millonarios contratos en la gobernación del Guayas y la Contraloría General del Estado.

Por un valor de $1200 mensuales de arriendo Salcedo convirtió ese lugar en la suite del gran reparto.

Información a la que Periodismo de Investigación PI pudo acceder da cuenta que buena parte de sus encuentros con políticos y empresarios relacionados a su estructura delictiva usaron ese departamento (8/7) y la suite número 6 del piso 3 (3/6), a nombre de Gonzalo Campos.

Para burlar las bitácoras de registro de visitas al edificio, sus amigos y él usaban regularmente el ingreso vehicular y un ascensor de servicio que carece de cámaras de seguridad.

La suite siete de Daniel Salcedo fue un centro de operaciones, siempre concurrido, que mantuvo estrecha relación con la suite 3/6 de Gonzalo Campos y con el lujoso departamento ubicado en la torre Colón #2, piso 14, del mismo complejo, con área de 400 metros cuadrados, valorada en cerca de $1 millón, propiedad de Luis Enrique Jairala Zunino, el gerente del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, cabeza operativa de la red de sobreprecios de la que varios políticos, autoridades y empresarios formaron parte con consentimiento del gobierno de Lenín Moreno.

La suite 8/7 de la torre Colón #1 tiene semejanza a la que Odebrecht mantuvo en Quito en la torre B del Swishotel con el número 156.

Allí se transaron negocios y pagaron sendas coimas a importantes funcionarios. En esa suite el exsuperintendente de Odebrecht José Santos Filho, grabó a Ricardo Rivera, tío del exvicepresidente Jorge Glas que fue determinante para conocer los sobornos que recibió el exvicepresidente de la constructora brasilera.

En ese departamento, dijo el exfiscal general Carlos Baca Mancheno, se entregó mucho dinero en efectivo al excontralor general Carlos Pólit que además mantenía una suite en el mismo edificio.

La empresa Luria S.A., autorizó a Salcedo la compra de un sticker de ingreso vehicular y uso en los diferentes subsuelos, pero en ocasiones los estacionamientos estaban llenos por lo que los visitantes dejaban sus autos fuera del edificio.

Lo dejaba al cuidado de la seguridad que vigilaba el ingreso en la calle Naim Isaías. Entonces no tenían más remedio que registrarse y es a esa información a la que accedió este medio.

La suite de los encuentros

Entre los varios libros que registran el paso y salida de propietarios, arrendatarios e invitados a los diferentes pisos sobresalen dos visitas especiales fechadas en junio y julio de 2019.

El 3 de junio en la recepción del edificio se registró el ingreso de Paúl Granda a la suite 8/7 de Daniel Salcedo.

Lo propio ocurrió el jueves 11 de julio de 2019, el servicio de vigilancia anotó en la bitácora, la salida del entonces presidente del Consejo Superior del IESS, Paúl Granda, de la suite 7. Para esas fechas, el nombre de Daniel Salcedo ya aparecía en reportes de medios digitales y al menos en un informe del organismo gubernamental de inteligencia CIES.

Pocos días después de la segunda visita de Granda, el 21 de julio de 2019, se realizó otro importante encuentro en la referida suite.

Los hechos de ese día se sucedieron así: a las 16H07 sale por la piscina del Hilton Colón, Daniel Salcedo y su familia; a las 16H10, entra por el subsuelo 1, Dalo Bucaram y se dirige a la suite; a las 16H30, ingresa una señorita; y, a las 18H30, entra a la suite Xavier Jordán, el conocido proveedor del IESS sobre quien pesan acusaciones de corrupción.

Una investigación de diario El Universo señaló que Xavier Jordán y su hermano José Luis (exfuncionario del Ministerio de Salud Pública, MSP) han administrado empresas junto a José Antonio Marazita, exdirector de varios hospitales del MSP en el gobierno de Rafael Correa, cuyas compañías manejaron $24 millones en contratos con el IESS.

El domingo 8 de septiembre de 2019, pasadas las 18 horas, quedó registrada la visita de dos altos funcionarios del hospital Teodoro Maldonado Carbo.

El entonces gerente Luis Jairala Zunino y el jefe de compras Jorge Henriques Aguilera, que para esa fecha encabezaban un informe con responsabilidad penal de la Contraloría.

Vale recordar que Jairala Zunino, fue designado por Richard Espinoza, que dirigió el IESS en los gobiernos de Rafael Correa y Lenín Moreno. Henriques Aguilera, fue tesorero del Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE) y asambleísta alterno de Gabriela Pazmiño.

De acuerdo con el ritmo de visitas a la suite de 8/7, queda la impresión de que era un auténtico cuarto de guerra y un espacio de encuentros nocturnos.

Los amigos de Daniel Salcedo entraban y salían del lugar a cualquier hora, incluso a la madrugada, casi siempre acompañados.

La llave y la tarjeta de ingreso a los aparcaderos y a la suite estaban a disposición en la recepción del edificio.

Varias reuniones con Daniel Salcedo, se realizaban también en la suite 3/6 registrada a nombre de Gonzalo Campos, un personaje cercano a Luis Jairala.

Otros amigos de Salcedo que visitaron la suite en 2019, fueron Lenín Duque y Stefano Adum.

La mayor parte de suites de las dos torres son propiedad de particulares o están registradas a nombre de empresas.

Entre los que se repiten en las bitácoras constan importantes empresarios de vieja data y también nuevos ricos.

Es el caso de la suite 10/4 de Jorge Martin, amigo personal de Jorge Glas. Un hecho anecdótico es que frente a la suite 8/7 de Salcedo, está la 8/5, de un reconocido empresario.

Los pactos del reparto

Las estructuras de Daniel Salcedo y otras como las de José Antonio Marazita y Xavier Jordán, no son nuevas, han escrito su expediente delictivo desde el régimen de Rafael Correa.

«No pienso salir del país», le dijo a la prensa Dalo Bucaram Pulley, un 4 de mayo de 2018, mientras acudía a la Fiscalía del Guayas, a presentar una denuncia por presunta difamación.

Para entonces, el expresidenciable se quejaba de que en redes sociales habían difamado a su familia, acusándola de manejar la seguridad social y el sector eléctrico.

Dos días después, el 6 de mayo, la familia Bucaram alertó el hallazgo de una granada que había sido colocada en uno de los neumáticos traseros del vehículo 4×4 color negro de Dalo Bucaram, frente al ingreso de la torre #1 en la que Salcedo arrendaba la suite. Según el oficial de policía a cargo de la investigación, la granada estaba descompuesta, jamás iba a explotar.

Exactamente dos años después, 4 de mayo de 2020, la Fiscalía lideró varios allanamientos en los que eran apresadas 14 personas acusadas de corrupción en los hospitales del IESS.

En esa lista de detenidos aún no constaba Daniel Salcedo, menos todavía el exgerente del hospital Teodoro Maldonado Carbo, Luis Jairala Zunino, tampoco Jorge Henríques Aguilera, exjefe de compras de la citada casa de salud.

Y mucho menos, nombres marcados en las agendas de corrupción hospitalaria, como José Antonio Marazita, que ahora disfruta en Florida-EEUU y Xavier Jordán.

Anticipándose a los acontecimientos, Dalo y Gabriela, viajaron sin retorno a Florida-EEUU. Días después, desde la casa de Daniel Salcedo en Miami, Dalo pudo ver por televisión los allanamientos a su casa y a la de su padre, donde encontraron 2 mil pruebas de Covid-19 y 5 mil mascarillas, según reportó la Fiscalía.

Silencio oficial

Desde la mañana de este 25 de junio intentamos comunicarnos en varias ocasiones con el exdirector del IESS, Paúl Granda; sin respuesta insistimos con un mensaje escrito en su chat de Whatsapp. A las 11 am recibimos una llamada del periodista Alex Mora, excolaborador de Granda, que nos dijo que el exfuncionario se encontraba conduciendo hacia Cuenca. Le informamos que queríamos hablar con él sobre las visitas que realizó a Salcedo Bonilla en su suite y que teníamos los respaldos de su presencia en ese departamento. A la 1h15 pm Granda envió un mensaje en el que aseguró que apenas llegue a un punto con buena señal se comunicaría.

PARTE I: LA ESTRUCTURA DEL GRAN REPARTO

Daniel Mendoza y César Litardo, ambos militantes correístas y líderes en sus provincias con seguridad no se imaginaron que su disputa por la presidencia de la Asamblea Nacional, tenía como telón de fondo el forcejeo de grupos que buscaban el control del poder político en la mesa chica. Para conseguir tal objetivo no importaba si tenían que regresar a las viejas prácticas del gran reparto. Correa tenía todo el pastel, Moreno estaba obligado a repartirlo.

Sí, fue en abril de 2019, semanas antes de la elección de César Litardo como presidente de la Asamblea Nacional, en el despacho de la Ministra del Interior, María Paula Romo, donde se alcanzó el acuerdo con el bloque parlamentario BADI, liderado por el legislador amazónico Eliseo Azuero.

Ese día, en presencia de varios asambleístas, como Freddy Alarcón de Sociedad Patriótica y el viceministro de Gobernabilidad Fausto Holguín, el asambleísta Azuero entregó la carpeta de su amigo personal y ex colaborador de la prefectura de Sucumbíos, René Tamayo, para que dirija el Servicio de Contratación de Obras – Secob. Junto al nombre de Tamayo, estaba también recomendado por Azuero y los legisladores del pacto, el manabita Jorge Jalil, como subdirector del Secob.

En la sesión del Directorio del Secob, realizada de forma virtual, el 21 de agosto de 2019, por convocatoria de su presidente José Agusto Briones, secretario general de la Presidencia, la ministra del Interior María Paula Romo, cumpliría uno de los acuerdos alcanzados en abril de ese año con el líder del bloque de asambleístas de la Bancada de Acción Democrática Independiente, BADI, Eliseo Azuero.

Ese día llegó a manos de Agusto Briones, las carpetas de la terna que aspiraba manejar el Secob, la institución a cargo de la construcción de hospitales y obras civiles, que desde su creación en el gobierno de Rafael Correa, había facturado cerca de $3 mil millones. Las dos hojas de vida provenían del Ministerio de Finanzas y Senplades, mientras la tercera llegó desde el Ministerio de la Política, confirmó a este medio un miembro del referido directorio.

Era la de Edmundo René Tamayo Silva, quien fue designado ese día como Director General del Secob. El gobierno se había demorado más de dos meses en cumplir lo acordado en abril de 2019.

La demora en la designación de los recomendados por Azuero, se explicaba debido a la disputa por sostener algunos contratos adjudicados. Finalmente, el 20 de agosto de 2019, Johe Jaramillo, debió abandonar el cargo en medio de escándalos de corrupción en los tres hospitales de Manabí: Pedernales, Bahía de Caráquez y Manta, entregados durante su gestión.

Pocos días después de asumida la dirección del Secob, René Tamayo, empezó a desmontar los contratos adjudicados por Jaramillo. Terminó de forma anticipada el contrato del hospital de Pedernales con la compañía Tippmann, por haber entregado garantías falsas por un valor de $8 millones. Se desconoce del inicio de acciones legales en contra de la compañía. Lo propio ocurrió con el contrato del hospital de Bahía.

Con la misma rapidez que desmontó los contratos de Bahía y Pedernales, Tamayo adjudicó esas obras a otros consorcios recomendados, acciones que ahora lo tienen en prisión bajo acusación de delincuencia organizada.

EL ACUERDO DE ABRIL Y EL JUICIO A ROMO 

El 8 de agosto de 2019, los legisladores María de Lourdes Cuesta y Roberto Gómez, formalizaron un pedido de juicio político en contra de la ministra María Paula Romo. La Comisión de Fiscalización debía emitir un informe que recomiende el archivo del juicio o su paso al pleno donde los asambleístas podrían votar por la censura.

A partir de entonces se generó un sucesivo cabildeo para alinear los votos de los miembros de la Comisión de Fiscalización. Para el 21 de agosto, el recomendado de Eliseo Azuero, René Tamayo ya había ocupado la dirección del Secob y eso tranquilizaba al legislador amazónico.

Tanto así que en varias entrevistas en medios de comunicación, Azuero señalaba que no habían pruebas suficientes para censurar a la ministra Romo.

El 12 de diciembre de 2019, los votos de los oficialistas: Johana Cedeño, Karina Arteaga, Daniel Mendoza, Fausto Terán, Alberto Arias, Michel Doumet, el independiente Jimmy Candell, Luis Pachala, Silvia Vera de CREO y la abstención de Eliseo Azuero, salvaron a la ministra María Paula Romo de ser censurada y destituida. 

PAGO DE FAVORES

El 28 de noviembre de 2019, los asambleístas Jeannine Cruz y Fernando Flores, formalizaron la petición de juicio político en contra de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint.

Un día antes a la votación en la Comisión de Fiscalización, el CNE calificó un informe orientado a la legalización del movimiento Amigos, de Daniel Mendoza. El viernes 31 de enero de 2020, Pinuccia Colamarco, alterna del legislador Daniel Mendoza, votó en contra de que pase al pleno el pedido de juicio político a Atamaint.

Semanas antes, la gerencia del hospital de Chone fue entregada Ítalo Colamarco, hermano de la legisladora alterna. La esposa de Colamarco es concejal de Chone por el movimiento Mejor, liderado por Mendoza.

En este proceso de fiscalización, el legislador Eliseo Azuero, recurrió al mismo mecanismo de abstención, aplicado en el caso de Romo. Tras dejar en claro que él “no recibe presión de nadie, lo hace de su pueblo y de Dios y de su conciencia”.

Si bien las reuniones a nivel de la mesa chica se hacían en la sombra, los legisladores provinciales no tenían inconveniente de incluso firmar documentos en los que solicitan cuotas de poder y cargos. Un caso que ejemplifica este mecanismo es el del legislador de Orellana por Alianza País, Alberto Zambrano, que con el respaldo del gobernador y la dirigente provincial del partido, solicitó la dirección provincial del IESS para su recomendado.

SECOB: EL HISTORIAL DE ARÉVALO, WATED, JARAMILLO Y TAMAYO 

El Servicio de Contratación de Obras, Secob, desde su creación el año 2011, en el gobierno de Rafael Correa, ha manejado una cifra cercana a los $3000 millones, en casi 1000 contratos a nivel nacional.

Apenas asumió la presidencia, Lenín Moreno, nombró a Fabiola Arévalo Ponce, como directora del Secob. Arevalo mantiene una larga relación de amistad con la primera dama Rocío González Navas, era la asesora de marketing en la revista Guía de Oro Ecuador, dirigida por la señora de Moreno, antes incluso de que apareciera Rafael Correa en sus vidas.

Pocos meses después, octubre de 2017, llegaría el reemplazo. Se trataba del baterista Jorge Wated, que permaneció al frente del Secob hasta noviembre de 2018. Wated contrató como su asesora a Dennise Chávez Arévalo, hija de su antesesora. La señorita Chávez, tenía militancia correísta, venía de asesorar a Walter Solis, sentenciado en el caso Arroz Verde.

En junio de 2018, Jorge Wated, adjudicó la construcción del Hospital Napoleón Dávila de Chone, por $ 50.3 millones a la empresa china CAMC, inmersa en varios escándalos de sobornos y sobreprecios en obras como la plataforma financiera de Quito, el hospital de Monte Sinai, en Guayaquil, entre otras.

Durante más de dos años la obra de Chone apenas ha avanzado un 54%, en medio de acusaciones de corrupción. Quien fiscaliza la construcción del hospital de Chone es el consorcio Meditec, formado por la EP de Bienes UCE y Beerseba. Este consorcio fiscalizador está ligado al empresario Francisco Suárez Salas, identificado en el caso Arroz verde como V18.

Francisco Suárez Salas, encontró la fórmula de constituir consorcios con empresas públicas de universidades estatales para adjudicarse sendos contratos. Lo hizo en Santo Domingo de los Tsachilas y La Concordia.

El Universo aseguró en agosto de 2019 que tres empresas relacionadas a Suárez Salas (Jacmart S.A., Clikgac S.A., Suiker) recibieron $173 millones en contratos del Secob.

Diario El Universo también afirmó que la china CAMC, subcontrató por $ 1,5 millones a Marco Cevallos Wated, su primo, en la obra de la Plataforma Financiera, en el 2016. “Recién me entero que tengo un primo Cevallos Wated…”, respondió entonces, el actual presidente del Directorio del IESS. La referida investigación agrega que, los primos de Jorge Wated y empresas relacionadas recibieron del Secob $ 4,1 millones.

Wated nombró como subdirector del Secob al socialista Johe Jaramillo. Tras la salida de su exjefe, Jaramillo asumió la dirección general en diciembre de 2018, auspiciado por Santiago Cuesta y José Agusto Briones, quien firmó su designación.

Al frente del Secob, Jaramillo adjudicó los polémicos contratos de los hospitales de Pedernales, Bahía de Caráquez y Manta, dos de los cuales fueron suspendidos. Para demostrar que la amistad es recíproca y los favores se pagan, Jorge Wated, nombró a un hermano de Jaramillo como subdirector de BanEcuador.

La empresa a la que Jaramillo le adjudicó la fiscalización del hospital de Bahía, es Joalnapi, que ahora tiene como accionistas a Vinicio Calderón Rendón y Yimy Calderón Velásquez, familiares de Franklin Calderón Cedeño, también fiscalizador del hospital de Pedernales, ahora detenido junto a su “jefe” Daniel Mendoza.

Calderón fue accionista de Joalnapi hasta el 2017. En una de las conversaciones recuperadas en los dispositivos en poder de la fiscalía, existe al menos una con Juan Sebastián Miño, accionista de la empresa Castro& Castro que integra el consorcio Bahía, el segundo adjudicatario.

ASCENSO Y CAÍDA DE UNA ESTRUCTURA DELICTIVA 

La madrugada del 5 de junio de 2020, fue detenido en Quito, René Tamayo Silva, ese sería su último día en el sillón del Secob alcanzado en el pacto de abril por su amigo Eliseo Azuero.

En el mismo operativo dispuesto por la fiscal Diana Salazar, bajo acusación de delincuencia organizada, fue apresado el legislador Daniel Mendoza. Esta operación es considerada de gran importancia pues reproduce el mecanismo criminal de sobornos del caso Arroz Verde, por el que acaba de ser sentenciado el expresidente Rafael Correa y otros 17 procesados.

René Tamayo Silva, un funcionario de larga data en el correísmo, es ahora una pieza clave en el mecanismo de corrupción de obras hospitalarias adjudicadas en la provincia de Manabí.

El caso que originó su prisión es justamente el contrato del hospital de Pedernales, cuyos contratistas en un abrir y cerrar de ojos, se dispusieron $ 7.3 millones, casi el cien por ciento del adelanto de obra.

Días antes de la captura de Mendoza y Tamayo, en el operativo denominado Fortuner, se detuvo a nueve personas, entre ellas a Jean Carlos Benavides, asesor del legislador, quien tenía en su poder $1.7 millones, entre efectivo y cheques retirados de la cuenta del consorcio constructor.

En los teléfonos incautados, que corresponden a Franklin Calderón, ubicado con el alias de “Banquero”, Daniel Mendoza, Liliana Zambrano, esposa de Calderón y José Véliz, del consorcio constructor, se encontró información que permitió confirmar que Franklin Calderón, actuaba como enlace entre los empresarios constructores y el legislador Mendoza. Según los chats, Calderón se refiere al asambleísta manabita como “jefe”.

Horas después de que el Ministerio de Finanzas transfirió a la cuenta de la contratista en el BanEcuador, el antiticipo de $8,2 millones (3 de marzo de 2020), Mendoza notificó el hecho a Calderón, quien inmediatamente pasó la información al contratista José Véliz, asegurando que Jorge Jalil (Subdirector del Secob) no falla.

Calderón reveló que el dinero encontrado en su oficina le pertenece a la organización delincuencial. También, en los registros de las computadoras incautadas al Consorcio Pedernales, se encontraron pagos realizados a René Tamayo y al asambleísta Daniel Mendoza.

Los negocios de Mendoza no se limitaban a la construcción de hospitales. En un chat remitido por Véliz a Calderón, se habla de la “repartición de las empresas del Estado”, que no se trata solo de la adjudicación del contrato del Hospital de Pedernales, sino también para otras obras relacionadas con el sector eléctrico y Ecuador Estratégico.

EL ESPALDARAZO DE PABLO CELÍ

El Examen Especial a los ingresos de gestión y gastos entre 2010 y 2015 de la Gobernación del Guayas derivó en varios informes con indicios de responsabilidades contra el gobernador Rolando Panchana y el contratista  Daniel Josue Salcedo Bonilla.

Los informes con indicios de responsabilidad penal tienen el carácter de reservados y por esta razón no constan publicados en la página web de la Contraloría.

La CGE concluyó en el informe general DR1-DPGY-AE-0219-2015 que la Gobernación del Guayas autorizó el 7 de noviembre de 2014 “el proceso de contratación RE-GG-023-2014, como régimen especial (productos comunicacional) y dispuso que se curse invitación al proveedor HDC Producciones, que anteriormente el 21 de octubre de 2014 ya había suscrito un contrato de representación con Raúl di Blasio”.

Los pliegos del proceso de contratación se publicaron el mismo 7 de noviembre de 2014. Rolando Panchana, Gobernador del Guayas resolvió adjudicar a la empresa HDC producciones bajo régimen especial y no contó con estudios previos que justifique la necesidad de la contratación.

El equipo auditor de la CGE concluyó que “La Gobernación de la Provincia del Guayas pagó a la empresa HDC Producciones C.A., por concepto de charlas de motivación $1 200 875,00., presentando facturas por $1 192 912,70.,con un saldo no justificado de $327 645,89 USD.

Un día antes de la contratación de H.DC producciones aumentó su capital social de 800 dólares a 100.000 y la comisión técnica nunca remitió a rolando Panchana el análisis de referencia y requisitos mínimos.

Se determinó indicios de responsabilidad penal y como este informe se emitieron otros mas que se enviaron a la Fiscalía General del Estado pero fueron archivados, como siempre, por Galo Chiriboga.

Cuando Pablo Celi de la Torre asumió como contralor olvidó los informes enviados por Pólit a la fiscalía y con el archivo de las irregularidades contrató a la empresa de Salcedo para fines de propaganda. El rubro se denominó servicios y productos comunicacionales para difusión y análisis de la gestión de la CGE.

El 21 de diciembre de 2017 adjudicó a HDC $1,150.000 mas IVA por un año calendario, del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de ese año.

Lee la segunda parte de este gran especial: 

EL NARCO LE METE MANO A LOS CONTRATOS DEL ESTADO

Bajo la figura de giro específico del negocio, mecanismo utilizado por el régimen anterior, para adjudicar millonarios contratos sin licitación, el gobierno de Lenín Moreno Garcés, entre 2017 y 2020, adjudicó contratos por más de USD 20 millones a la empresa Carozeli y accionistas relacionados, como aquellos para la provisión de un millón de kits alimenticios y 2 millones de mascarillas para el Covid 19. Los hilos de la empresa Carozeli nos conducen a un personaje vinculado al Cartel Andino, una de las grandes estructuras de narcotráfico internacional.

Se dice que las coincidencias no existen en la vida. Y menos en la política. Por eso hay que decir que el día 9 de diciembre del 2019, en que la Asamblea Nacional archivaba el juicio político a la ministra del Interior, María Paula Romo, en otro punto de la Capital se concretaba una alianza estratégica entre personajes relacionados de manera directa con los protagonistas de lo que estaba ocurriendo en la Asamblea.

Resulta que el 9 de diciembre el Ministerio de Inclusión Económica y Social que está presidido por Iván Granda Molina firmó un convenio con la Unidad Nacional de Almacenamiento, Empresa Pública, UNAE-EP, con el objetivo de repartir un millón de kits alimenticios por todo el país.

La idea del gobierno de Lenín Moreno era llegar con alimentos a los más pobres del Ecuador. Y tan loable y solidario propósito lo podía hacer directamente a través del Ministerio de Inclusión que dirige Iván Granda, pero por alguna extraña razón, se decidió buscar otra oficina pública como una especie de intermediario.

Entonces se acudió a la UNAE, la Unidad de Almacenamiento, con la que el asambleísta Daniel Mendoza ha tenido una especial cercanía. Su hermano Ignacio Eduardo Mendoza Arévalo fue su Director Técnico o Gerente de Mercadeo y Comercialización hasta mayo del año pasado.

Con su hermano Ignacio, Daniel Mendoza no solo ha compartido el poder de este gobierno, sino que juntos forman parte del movimiento político provincial que creó el Asambleísta, Mejor.

Ignacio fue candidato a concejal de Sucre, la cabecera cantonal de Bahía de Caráquez el año 2014.

Iván Granda explicó a los autores de este reportaje, que la Unidad de Almacenamiento hizo un contrato con el consorcio Casusol, que se armó específicamente para eso. Lo único que hizo el MIES, que no fue parte del contrato, fue, en función de un convenio con la UNA-EP, entregar las bases de datos para entregar kits alimentarios a personas en situación de pobreza y vulnerabilidad, dijo Granda.

“Ellos entregaron a 746 mil personas. Esta empresa no tiene relación conmigo, no los conozco, dijo el ministro. El MIES no podía hacer esta distribución, el contrato del consorcio con la UNAE-EP es que la empresa se encargaría de la distribución. Lo que se me pidió es saber en dónde podían entregar los kits y lo hacían almacenes TIA, en Western Union y en oficinas del MIES, sin que el ministerio tuviera responsabilidad alguna sobre los bienes entregados. Lo que hizo el ministerio de Inclusión fue entregar un aplicativo para que se constate la entrega de los kits de alimentos, es un mecanismo de verificación para saber si esa persona recibió los alimentos”.

Los kits no son del MIES, dijo enfáticamente Granda. El presupuesto es de la UNA-EP, el Ministerio de Finanzas entregó los recursos a la Unidad de Almacenamiento, lo que pasa que es que ese organismo no podía identificar quiénes serían los beneficiarios y ahí se iban a meter en un lío con la Contraloría.

Por eso me pidieron la base de datos, y esa fue mi única responsabilidad. Según el ministro Granda, el Ministerio de Agricultura es el organismo a través del cual el Estado hace programas de soberanía alimentaria, agregó.

En el centro del convenio entre las oficinas del MIES y la UNAE estaba un contrato por USD 10 millones para el millón de kits de alimentos programados, que sería adjudicado por la Unidad de Almacenamiento, que en seguida se puso a trabajar en el proceso. Todo se selló con la firma del convenio: por el MIES, el ministro Iván Granda; por la UNAE, su Gerente General María Eugenia Martínez Espíndola. La fecha: 9 de diciembre de 2019. Los pagos los realizó el Ministerio de Agricultura, manejado por Xavier Lazo.

Sigue el giro específico del negocio

El tipo de contratación que se aplicó para este caso fue el de “Giro específico de negocio, un procedimiento de ingrata recordación para las arcas fiscales del país, si tomamos en cuenta que fue bajo esta figura como se firmaron los millonarios e inflados contratos con sobreprecios para la repotenciación de la refinería de Esmeraldas durante el gobierno de Rafael Correa.

Al país le dolió esta repotenciación: fueron USD 2200 millones que se gastaron y la refinería quedó prácticamente con las mismas fallas que padecía, contaminando el ambiente con azufre como siempre lo ha hecho.

Para que nadie diga que aquí no se hicieron las cosas con transparencia, la UNAE invitó a cuatro comerciantes de alimentos para que presenten sus ofertas:

Lo curioso es que de estos oferentes ninguno resultó favorecido, como tal y directamente. El ganador de la adjudicación resultó ser el Consorcio Casusol -creado el día anterior a la adjudicación- del que forma parte la empresa oferente invitada Surrey, a quien la gerente de la UNAE-EP comunicó la buena nueva el 20 de diciembre de 2019.

Un día después, y a vísperas de la Navidad, se firmó el millonario contrato. La cena quedó servida.

Los términos de la contratación hecha por la UNAE traían ventajas para quien resultare beneficiado con este negocio, en especial una, que no es menor: el proveedor se encargaría de la distribución de los kits a nivel nacional a través de sus propios canales, salvo aquellos casos en que la distribución se efectúe a través del MIES.

En otras palabras, el mismo vendedor de un millón de kits de alimentos sería el encargado de repartir ese millón de kits y de verificar que la entrega se haya hecho completa. Los buenos negocios casi siempre dependen de una relación de confianza.

Hay que decir, eso sí, que estos kits no tenían pretensiones ni costos elevados como los kits que compró la ex Secretaria de Riesgos, Alexandra Ocles, que estaba dispuesta a pagar hasta USD 150 por cada uno, incluyendo productos refinados como tallarines sin gluten.

Los kits del MIES no se preocuparon de ese detalle y el objetivo no era tener kits tipo VIP, sino populares de un costo máximo de USD 10 por cada uno. Así se alcanzaría el objetivo político de un millón de personas agradecidas.

Cada kit contendría:

  • 1 kilo de azúcar blanca
  • Arroz grano largo funda 2 libras
  • 390 cc de aceite de cocina
  • galletas dulces en taco sabor vainilla 40 gramos
  • Avena en hojuelas funda 250 gramos
  • Fideos tipo cabello 200 gramos
  • Leche entera tetrapack 1 litro
  • Lata de atún en aceite 142 gramos
  • Sal yodada 1 kilo
  • Lentejas en funda 450 gramos
  • Chocolate en polvo 170 gramos

Todo metido en una funda sencilla, con los logos que identifiquen al político a quien se le ocurrió esta generosa idea: el presidente de la República. Por eso las fundas debían llevar impreso las palabras Misión Navidad, El gobierno de Todos, Lenín, Toda una Vida.

Para que todos recuerden que esas lentejas, chocolate, atún, fideos y algunos alimentos básicos más, eran posibles gracias a Lenín y su Gobierno de Todos.

Esto con la finalidad de “propender la accesibilidad alimentaria a los grupos de atención prioritaria (niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad) que se encuentran en situación de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad.

Para ellos va dirigido este gasto de USD 10 millones para la adquisición y distribución de un millón de kits alimentarios.

Los Kits incluían arroz, pero la UNAE, una de cuyas competencias principales es almacenar arroz, ni siquiera incluyó por su parte este esencial producto.

La explicación que se dio fue que “la UNA EP, una vez que se realizó la revisión en las respectivas bodegas para verificar si existe la disponibilidad para proporcionar el arroz blanco que se requiere para que forme parte de los kits dentro del proceso de contratación, se verificó que el producto se encuentra comprometido en la reserva estratégica, motivos por el cual no puede comercializarse a menos que sean casos de fuerza mayor o fortuitos”. 

Es decir, la UNA EP, que bien podría ser el mayor comercializador de arroz del país, en este caso no vendió ni una libra de esta gramínea. Todo se lo dejó para que sea el proveedor el que se encargue. La razón es que la UNA se declara incapaz:

“No contamos con la capacidad suficiente ni los recursos necesarios, la mano de obra, ni la logística de la distribución para cumplir con lo solicitado”. Lo que podían hacer era dirigir la contratación. Y eso hicieron.

 

Consorcio para ocultar empresas y personajes

El consorcio Casusol está integrado por tres compañías: Surrey, Carozeli y Sotelgra, que tienen relación societaria y un nombre en común: Isidoro Eduardo Martínez Velásquez, quien forma parte de las dos primeras compañías que integran el referido consorcio.

La compañía Sotelgra S.A., fue creada en 2007 y se dedica a prestar servicios de auditoría, fiscalización, asesoría en los campos jurídicos, económicos, inmobiliario y financiero.

Sus accionistas son María González y Julio Nuques, quien firmó el millonario contrato para la provisión de kits alimenticios, como apoderado especial del consorcio Casusol.

Nuques mantiene relaciones con varias empresas que le llevan hasta Spartan, una compañía de Alberto March, anteriormente investigado por exportación de oro, caso por el que fue procesado penalmente en Ecuador, aunque luego fue sobreseído.

Hasta el año 2018, Nuques era representante legal de Piremu S.A. y en 2019 fue reemplazado por José Luis Jaureguizar.

Según registros de la Superintendencia de Compañías, hasta el 2019 las acciones de Piremu estaban a nombre de Spartan.

El consorcio Casusol S.A. fue constituido horas antes de la adjudicación del contrato. Sin embargo, la empresa con experiencia en comercialización y almacenamiento de alimentos, en especial de arroz, es Carozeli S.A., que durante el gobierno de Lenín Moreno encontró padrinos en el Ministerio de Agricultura y otras dependencias.

El registro del SRI da cuenta que entre 2014 y 2016, Carozeli S.A. registró pagos de impuesto a la renta por USD 290. Eso cambió drásticamente desde 2017: USD58,942.84, en 2018: USD 35,097.74 y 2019: USD 83,268.81.

En la actualidad, Carozeli S.A. registra como accionistas a Isidoro Martínez Velásquez y a su madre María Eugenia Yolanda Velásquez Villacís.

El 31 de enero y el 2 de febrero de 2019, madre e hijo adquirieron las acciones de  Nicole Bejarano Malhame y Pedro Julio Bejarano Alvarado, hija y padre respectivamente.

Aunque las acciones de la empresa pasaron a nombre de Isidoro Martínez y María Eugenia Velásquez, los negocios de Carozeli S.A. los maneja Nicole Bejarano en conjunto con Isidoro Martínez, según se desprende de información pública del Ministerio de Agricultura, de la UNA EP y de varias publicaciones en las que la señorita Bejarano aparece incluso realizando donaciones de arroz al Municipio de Guayaquil, como parte de la campaña de solidaridad con las víctimas de la pandemia del coronavirus.

Meses después de transferidas las acciones de los Bejarano a los Martínez,  era común encontrar juntos a Nicole Bejarano e Isidoro Martínez en eventos del MAGAP y del Ministerio de la Producción.

El 2 de abril de 2020, desde su cuenta de Twitter el concejal Andrés Guschmer agradecía a Nicole Bejarano por la donación de 35.200 libras de arroz. El saludo del concejal y periodista deportivo decía: “abrazo grande a tu papá”.

El 8 de febrero de 2019, en las cuentas de Twitter y Facebook de la UNA-EP se destacaba un encuentro entre las máximas autoridades del sector con Nicole Bejarano e Isidoro Martínez. El 15 de marzo de 2019, el director de la Unidad de Almacenamiento, Rodrigo Solano, destacaba la entrega del primer cheque de adelanto en un contrato de compra de arroz suscrito con Carozeli.

El ministro Iván Ontaneda no se quedó atrás: en su cuenta de Twitter saludaba con entusiasmo las iniciativas y emprendimientos de la empresa de Bejarano y Martínez.

Los ingresos de Nicole Andrea Bejarano en 2017 fueron importantes, según el SRI ganó $104.097.

La madre de Isidoro Martínez, María Velásquez también es accionista de Surrey S.A., y Afitger S.A., empresas administradas por su hijo.

Según la Superintendencia de Compañías, estas empresas se dedican a la venta de productos veterinarios y a la comercialización de accesorios y repuestos para vehículos, respectivamente.

María Velásquez, además, administra Hugofish S.A., una empresa constituida en 2018 que se dedica al “almacenamiento y actividades de apoyo al transporte”.

Martínez, es accionista de Hugofish S.A. y Alianzatransp S.A., esta última creada en 2018 para el “el transporte comercial de carga pesada” de la que también son accionistas sus hijos y esposa.

En 2015, Afitger S.A. se adjudicó un contrato del Gobierno provincial de El Oro por $ 95.000 para una consultoría sobre la implementación de una planta de reacondicionamiento de aceite usado en esa provincia.

En 2017, ganó otro en Petroecuador por $ 307.190 para la “adquisición de sistemas de microfiltración de aceite by-pass para motores de combustión interna de los terminales sur”.

En noviembre de 2019, Carozeli firmó un contrato con la Unidad Nacional de Almacenamiento del Ministerio de Agricultura por $ 140.692 para proveer “el servicio de almacenamiento y conservación de arroz pilado en presentación de sacos de 45.36 kg en el cantón Daule”. 

El documento fue suscrito por María Eugenia Martínez, gerente general de la empresa pública, e Isidoro Martínez, representante legal de Carozeli. El proceso fue adjudicado mediante el régimen especial de giro específico del negocio.

Millonario contrato en Ministerio de Salud

En medio de la crisis sanitaria provocada por el Covid-19, Isidoro Martínez Velásquez también obtuvo un contrato por $9,9 millones para entregar al Ministerio de Salud 2 millones de respiradores con eficiencia de filtración mínima del 95% quirúrgico con mascarilla de filtrado, a un costo de $ 4,98 la unidad.

La negociación fue adjudicada directamente y se le entregó un anticipo del 45% de valor del contrato.

El acuerdo fue firmado el 29 de mayo de 2020, por Miguel Ángel Guevara, coordinador general administrativo financiero del Ministerio de Salud e Isidoro Martínez, en calidad de contratista.

Nuestro portal accedió a una proforma entregada por el propio contratista Isidoro Martínez en la que ofertó mascarillas de idénticas características a un precio unitario de $1.62

El ministro de Salud Juan Carlos Zevallos se sorprendió al conocer las relaciones de Isidoro Martínez, ganador del proceso para proveer respiradores para protección de médicos. Con cierta incredulidad lamentó las relaciones empresariales de Martínez y aseguró que pese a la situación de emergencia el ministerio que dirige llevó un proceso abierto junto al Servicio de Compras Públicas. «Mi decisión fue siempre ser transparente», aseguró.

Aclaró que no se evidencia sobreprecio en la oferta porque nadie ha presentado en firme una proposición similar que permita comparar. «Contamos con un informe de la Superintendencia de Control de Mercado sobre los precios de los insumos que requerimos y sus valores internacionales» y aseguró que el proveedor debe hacer una primera entrega la semana del 15 al 19 de junio.

Mostró alta preocupación por el cumplimiento del contrato porque la salud del personal médico estatal depende de ello y no cree que existan razones para que el contrato no se concrete: «Ni siquiera he imaginado ese escenario, el proveedor estuvo calificado en todas las instancias del concurso y bajo esa línea firmó un contrato que tiene que cumplirse, no sé qué pensar si no se lleva a cabo”, señaló.

Dueño de Carozeli vinculado al Cartel Andino

El hombre más poderoso del Cartel Andino, el ecuatoriano Pedro Bejarano Alvarado hace libremente negocios en el país a pesar de la difusión roja internacional de la Interpol y ser uno de los más buscados del Perú.

Mediante el uso de varias empresas y la transferencia de acciones a empleados y testaferros, Bejarano hace negocios millonarios con el Estado y goza de prestigio en el mundo profesional. Desde su lugar de residencia en Guayaquil, vigila relajado sus negocios con el Estado.

A inicios de 2017 su nombre acaparó la atención de decenas de medios informativos de Perú y Colombia cuando la Fiscalía del Municipio del Callao desarmó buena parte del llamado Cartel Andino, que Bejarano lideraba y que usaba al puerto de El Callao como vía para traficar centenas de kilos de cocaína a los Estados Unidos.

El desmantelamiento del grupo delictivo en Perú no tocó drásticamente a Bejarano Alvarado. Poco se conocía de él y apenas una fotografía suya, publicada en el diario Expreso de Lima, perfiló en algo las actividades de este ecuatoriano de 65 años nacido en la provincia de Los Ríos.

“SUERTUDO. Ecuatoriano Pedro Bejarano aparece como propietario y presidente de dos empresas “offshore” en Panamá, pero la Fiscal especializada en lavado de activos no solicitó la cooperación internacional para comprobar las operaciones bancarias del sospechoso”, escribió Expreso de Lima el 12 de abril de 2017.

El rotativo afirmó además que era la segunda ocasión en que Bejarano se libró de la justicia. Fue detenido en España por Interpol el 25 de abril de 2016 y enseguida comunicó a la policía peruana su detención, pero las autoridades del país vecino demoraron cinco meses en aprobar el informe de extradición.

El periódico cita además: “Hace poco Bejarano fue nuevamente aprehendido, esta vez en su propio país, Ecuador, donde funge de empresario bananero, pero la justicia peruana no remitió la información que relacionaba al detenido con el tráfico internacional de drogas, por lo que fue dejado en libertad, de acuerdo con fuentes policiales antinarcóticos”.

En 2017 la Fiscalía del Ecuador registra una indagación por tráfico de drogas, otra en 2014 y una mas en 1994.

Sin embargo eso no ha sido problema para Bejarano, que en Ecuador goza de reconocimiento. Posee dos cuentas bancarias y en una de ellas, hasta abril de 2020 su saldo era $52.952, con calificación de riesgo A1, es decir sujeto de crédito con riesgo bajo.

Consta además en la lista blanca de contribuyentes del Servicio de Rentas Internas desde 1981 y el giro de su negocio es la venta al por mayor de arroz y cereales.

Sus empresas también gozan de buena salud. Agroindustrias Pedro Bejarano S.A., Proarroz, tiene importantes ingresos. Según el SRI en 2017 Bejarano recibió $ 581.388 del giro de ese negocio. Proarroz más que una empresa es la marca del enorme negocio de piladoras y comercialización de la gramínea que lo realiza principalmente a través de la firma Carozeli.

Como dato especial sobresale que entre 2016 y 2019 Bejarano registró 38 números celulares. En 2016 usó 20 líneas. En 2017, 12 líneas. En 2019 otras seis.