LA GUERRA POR LLURIMAGUA
El roce de dos ejecutivos de una empresa minera desató un conflicto de proporciones épicas que tiene como centro de esta batalla al gigantesco yacimiento de cobre denominado Llurimagua, en el occidente de la provincia de Imbabura.
Existen estudios preliminares que estiman al menos 30 mil millones de dólares en riqueza y como proyecto podría venderse en la bolsa de valores internacional en 5 mil millones de dólares.
Es toda una fortuna que ha desatado tensas relaciones entre dos multinacionales: la chilena Codelco y la austrialana Hancock Prospecting Pty Ltd, representada en Ecuador por Hanrine Ecuadorian Exploration.
El conflicto se desató el pasado 27 de julio con el anuncio de la detención de Carlos de Miguel, gerente Hanrine, por una denuncia anónima que acusó al empresario de tenencia ilegal de armas y municiones.
Fue llevado a la fiscalía para ser juzgado por flagrancia pero la jueza Geovanna Palacios determinó su libertad. La ministra de gobierno María Paula Romo fue quien informó de su detención en su cuenta de twitter bajo la etiqueta #CombateAlDelito.
Para la ministra Romo y para el secretario Juan Sebastián Roldán no era desconocido que Haancock, junto a De Miguel buscaban revertir desde 2017 la concesión de Codelco en el yacimiento Llurimagua y pagar al Estado $400 millones de dólares por esa área. De hecho Codelco pagó $0 dólares por la riqueza bajo el suelo de Intag: un regalo de Rafael Correa a la estatal chilena, con apoyo de operadores como el entonces ministro de minas, Javier Córdova.
Hanrine emitió decenas de cartas a todas las instancias estatales, incluso al presidente Lenín Moreno, buscando ese cometido. El resto de empresas mineras también esperan que esa área pueda ser subastada.
El pasado 5 de junio la procuradora general de Codelco, Lorena Ferreiro, desde Santiago de Chile, envió una carta a Garry Korte, gerente ejecutivo de Hancock Prospecting Pty Ltd en la ciudad de Perth, Australia, con copias al viceministro de Minería Fernando Benalcázar y Danilo Enrique Icaza Ortiz, Gerente General Empresa Nacional Minera (ENAMI) en la que pide dejar de interferir en sus negocios.
La carta, redactada en inglés en su parte medular dice. “ Dada la fase en que se encuentra el Proyecto Llurimagua y teniendo en cuenta las inversiones realizadas por Codelco, cualquier acción ulterior de Hancock constituirá sin duda una interferencia consciente e intencionada que podría ser extremadamente perjudicial para los derechos contractuales de Codelco”.
Agrega finalmente: “A la luz de lo anterior, Codelco solicita que Hancock y cualquiera de sus subsidiarias y/o entidades afiliadas desistan inmediatamente de cualquier conducta que pueda interferir, directa o indirectamente, con las relaciones contractuales de Codelco relacionadas con el Proyecto Llurimagua. Además, Codelco se reserva todos sus derechos contra Hancock con respecto a cualquier conducta pasada o continua que interfiera con sus relaciones contractuales como se ha establecido anteriormente, incluido su derecho a solicitar medidas cautelares, daños y cualquier otra orden que se considere apropiada a la luz de las circunstancias”.
Codelco ha gozado de relaciones poderosas en el gobierno de Lenín Moreno, tal como lo demostró este portal en su informe que desnuda el lobby ejercido por Juan Sebastián Roldán y su tío Francisco Roldán, que presionaron por firmar un acuerdo lesivo para el Ecuador al intentar aprobar cláusulas por demás abusivas en el acuerdo de accionistas entre la Empresa Nacional Minera y Codelco que deben desarrollar el yacimiento Llurimagua.
Tampoco era secreto que Hanrine se había adjudicado importantes áreas mineras en el noroccidente de Imbabura, una de ellas, Imba 02 en la zona de Buenos Aires, donde se desarrolló un enorme engranaje de minería ilegal en cantón Pimampiro.
También posee otras áreas como IMBA 01, IMBA 03, 05, 06 y Amadores. Conseguir Llurimagua, al sur de las concesiones que posee, la convertiría en poseedora de los yacimientos de cobre mas grandes de la región.
Es en ese escenario, en el momento de mayor conflicto entre mineras, que sucede la detención de De Miguel, un ex marine de los Estados Unidos, que además es un viejo conocido en el sistema de inteligencia ecuatoriano, porque a través de la empresa BlueCell, brindó seguridad a funcionarios de la embajada del Ecuador en Londres y del asilado Julian Assange.
LOS AMIGOS DE CARLOS DE MIGUEL
La cercanía y confianza construida entre las autoridades del gobierno de Rafael Correa, adecentaron el camino para la concesión de varios títulos mineros en la zona de Buenos Aires, a través de su representada Hanrine. Es inocultable la amistad entre el entonces ministro de Minas, Javier Córdova y De Miguel, y no menos importante la relación con el entonces gerente de la empresa minera pública ENAMI, Stivie Gamboa, que estampó su firma en las adjudicaciones y que se convirtió en una relación comercial más profunda. Gamboa dejó la vereda pública y se convirtió en asesor jurídico de Hanrine.
UN AUTÉNTICO JAMES BOND
La hoja de vida que exhibió Carlos de Miguel al gobierno de Rafael Correa el año 2010, sin duda impresionó al círculo íntimo, en especial a Rommy Vallejo. Con estudios en gestión de operaciones en la Universidad de Harvard y una licenciatura en administración de finanzas multinacionales en la Wharton School de la Universidad de Pennsylvania, De Miguel se ganó un puesto de confianza en la estructura revolucionaria, aunque sus supuestas credenciales no exhibían empatía ideológica, en realidad eso a nadie importaba.
Su curriculum, decorado con experiencia en Goldman Sachs y el Eximbank, le concedía un singular valor agregado. Qué decir de sus habilidades en el plano militar y de inteligencia: entrenado con miembros de la SEAL, Delta Force, SWAT del FBI, DEA, Fuerzas Especiales de EEUU., y de las IDF. Con ese cartel, Carlos de Miguel pasó la puerta grande de la Secretaría de Inteligencia SENAIN, donde se aseguró varios contratos reservados, cuyas cifras y resultados jamás se sabrán. No solo lideró investigaciones especiales de inteligencia, también levantó informes sobre áreas estratégicas como electricidad, petróleo, minería, telecomunicaciones, así ganó una ventaja única y el acceso a información para objetivos futuros.
La relación directa con Pablo Romero el año 2012 le permitió dirigir la operación Hotel dirigida a brindar protección a Julian Assange en Londres y de paso informar directamente a Rafael Correa, sobre las actividades del hacker australiano. Los primeros sistemas de comunicación instalados por Blue Cell en la embajada de Ecuador en Londres, le aseguraban a Correa acceso directo a los movimientos de Assange.
La célula azul (Blue cell) código que aparece en una serie de documentos reservados de la Senain, se combinaría luego con la célula blanca (UC Global) empresa que asumió la custodia y espía a Assange, así como la protección a las hijas de Rafael Correa y Lenín Moreno.
Las pocas imágenes que se han logrado de De Miguel son junto a Assange y miembros del partido español Podemos, uno de ellos el Xema Guijarro, que fue asesor del canciller Ricardo Patiño.
De Miguel fue denunciado por un ex colaborador de Hanrine, Ricardo L. que ocupó la subgerencia de seguridad, que además es presidente de un club de tiro al que asisten policías y aficionados. La defensa técnica de Ricardo López, tres veces campeón mundial de tiro, envió este comunicado que lo puede leer en este enlace.
¿Y la relación de De Miguel con Hancock? En esta detención se le pudo consultar y a través de unos de sus abogados se aseguró ser una relación de al menos 15 años con la multinacional australiana.
Sí, fue en abril de 2019, semanas antes de la elección de César Litardo como presidente de la Asamblea Nacional, en el despacho de la Ministra del Interior, María Paula Romo, donde se alcanzó el acuerdo con el bloque parlamentario BADI, liderado por el legislador amazónico Eliseo Azuero.
Un día antes a la votación en la Comisión de Fiscalización, el CNE calificó un informe orientado a la legalización del movimiento 
En junio de 2018, Jorge Wated, adjudicó la construcción del Hospital Napoleón Dávila de Chone, por $ 50.3 millones a la empresa china CAMC, inmersa en varios escándalos de sobornos y sobreprecios en obras como la plataforma financiera de Quito, el hospital de Monte Sinai, en Guayaquil, entre otras.
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