Testigo acusa al presidenciable Saquicela de venta de fallos a favor de empresas, entre ellas la china Railway
En una jornada extensa y clave dentro del caso Plaga, Michael Hernández Sánchez, exdirector de la Escuela de la Función Judicial y uno de los procesados en este entramado de corrupción en la administración de justicia ecuatoriana, compareció a las 8:30 de este 5 de septiembre de 2024 ante el conjuez Marco Rodríguez para rendir su testimonio anticipado.
Entre las confesiones más impactantes de este testigo procesado por presunta delincuencia organizada están los detalles de cómo se habrían perpetrado sobornos para obtener determinadas resoluciones judiciales en la Corte Nacional de Justicia (CNJ).
Un caso en el que el estado se enfrentaba con una poderosa compañía china hace parte de estas revelaciones y Hernández involucra a Iván Saquicela, expresidente del máximo organismo de justicia y en la actualidad precandidato a la Presidencia de la República por el movimiento Democracia Sí, cuya máxima figura es Gustavo Larrea, político de larga trayectoria y exministro de los exmandatarios Abdalá Bucaram y Rafael Correa.
Hernández relató que Iván Saquicela habría cobrado aproximadamente US$30.000 por fijar la audiencia de fundamentación en un caso que el Estado disputaba con la empresa china Railway
Iván Saquicela quiere participar en la contienda electoral de 2025. Foto: Diario La Hora
Hernández mencionó una reunión en la que se discutió sobre un caso de más de US$59 millones entre la empresa China Railway Rolling Stock Corp (CRRC) y el Ministerio de Educación. Según su declaración, se habría pagado alrededor de US$30,000 para asegurar que el proceso se resolviera a favor de la empresa.
En la audiencia Hernández relató que, en un evento social, en el que se encontraba Juan Pablo Álava Loor (un abogado de confianza de Saquicela), se enteró de un proceso que tenía la empresa China Railway 9 contra el Ministerio de Educación.
Eso habría ocurrido hace dos años en un restaurante, en una reunión con Iván Saquicela, el juez nacional Felipe Córdova, un empresario chino, un traductor y Hernández, en la que comentaron que el caso no se resolvía.
El testigo añadió que, en el Consejo de la Judicatura (CJ), uno de los funcionarios indicaba que él habló con el juez nacional Milton Velásquez para fijar la audiencia de fundamentación de ese caso. “En una reunión con Andrés Valencia (exvicepresidente del Colegio de Abogados del Azuay) le indicó que este caso había superado la fase de admisión parcial y se había resuelto a favor de la empresa china y que no se fijaba audiencia para que se dicte la resolución, y que a Iván S. le habían pagado aproximadamente US$30.000 por fijar la audiencia y por acordar con Milton Velásquez.
El funcionario que indicó la fijación de la audiencia fue Álex Palacios (sentenciado en caso Metástasis), exdirector jurídico del CJ, quien tenía una amistad con Milton Velásquez”, detalló.
El testigo aseguró también que otra empresa que recibió favores judiciales pagó US$20.000 por viaje de Saquicela a México y otros hechos y vínculos oscuros
¿Qué proyectos estaban a cargo de la empresa china Railway?
En el 2015, durante el Gobierno de Rafael Correa, el Ministerio de Educación, cuyo titular era Agusto Espinosa, se firmó un contrato por US$196 millones con la empresa China Railway Rolling Stock Corp (CRRC), para la instalación de 200 escuelas del siglo 21, que eran edificaciones prefabricadas. También se anunció la construcción de una planta de materiales escolares en Manabí.
En el gobierno de Rafael Correa se lanzó el proyecto de las 200 escuelas del siglo 21 con “un modelo de construcción rápido y eficiente”
Era la nueva versión del pregonado y fracasado proyecto escuelas del milenio, de las que Correa había prometido entregar 500 en todo el país.
Un año después de la firma del contrato, durante la sabatina del 24 de septiembre de 2016, Correa dijo: “Vimos que nos íbamos a demorar muchísimo para completar la infraestructura educativa que se requiere. Vamos a construir lo que hemos llamado las Escuelas Siglo XXI, prefabricadas, de un gran material antisísmico, térmico, anti-ruidos, pero que cuestan menos de US$1 millón y, con el material en el sitio, se hacen en tres meses”.
Las Escuelas Siglo XXI fueron financiadas con un crédito de US$167 millones del Bank of China Limited y la contratación de la empresa se hizo, como todos los proyectos con el gigante asiático, bajo la figura de Régimen Especial, es decir mediante invitación directa y sin concurso.
En 2022, la Contraloría realizó un examen especial y determinó que la CRRC no cumplía ni siquiera con el perfil requerido. En conclusión, nunca construyó la fábrica y de las 200 escuelas, apenas entregó 50, de las cuales solo 20 estarían en funcionamiento. El contrato fue terminado de forma unilateral por el Gobierno de Lenin Moreno, pero la empresa asiática presentó una demanda y busca una millonaria indemnización. El litigio sigue abierto.
Otros pagos para viajes de lujo
Las declaraciones de Michael Hernández, el séptimo procesado en acogerse al mecanismo de testimonio anticipado en el caso de delincuencia organizada, evidencarían que la red de corrupción involucraba no solo presiones para manipular decisiones judiciales, sino incluso viajes lujosos financiados por empresarios.
El testigo mencionó que Andrés Valencia, exvicepresidente del Colegio de Abogados del Azuay, le habría propuesto reunirse con Saquicela en la CNJ para promover actividades académicas en la Corte.
“Apoyé a la Corte (Nacional de Justicia) para un fortalecimiento académico y así se fortaleció la amistad con el doctor Iván Saquicela Rodas”, comentó el testigo y enseguida contó que, en agosto de 2021, gestionó con la Universidad del Golfo de México la entrega de un Doctorado Honoris Causa para Saquicela.
Hernández dijo que le había advertido a Saquicela que él debía cubrir todos los costos del viaje, y que también los acompañaría el juez Felipe Córdova. Fue entonces cuando, a decir del testigo, Córdova, por orden de Saquicela, tomó contacto con una empresa para que financie el viaje, luego de lo cual se habría acordado una reunión, en un restaurante en el norte de Quito.
Agregó que dicha reunión fue con el empresario José R. C., accionista de una fábrica de tubos y de plásticos, de unos 65 años, quien financió los US$20.000 que habría costado el viaje de los tres a México y de Hernández por coordinar el mismo. A cambio de este financiamiento, a la empresa dijo, le ofrecieron resolver unos temas judiciales pendientes, aunque no precisó más detalles.
El viaje, según Hernández, se realizó del 10 al 17 de septiembre de 2021 y se hospedaron en hoteles de cinco estrellas. El testigo afirmó que Wilman Terán también quiso integrarse al viaje, pero que Saquicela no lo permitió porque su relación con él no era buena. Sin embargo, Terán habría viajado por separado y por su cuenta.
Contó también que el 11 de septiembre de 2021, Terán llegó a México y solicitó reunirse con Saquicela para solucionar sus diferencias. De acuerdo con el relato de Michael Hernández, tomaron licor desde las 5 de la tarde hasta las 5 de la mañana siguiente, primero en el lobby del hotel y luego en la habitación de Saquicela, en donde tuvo que quedarse por pedido de este último quien le habría confesado que tenía temor, porque la conversación se puso tensa.
Esto debido a que Iván Saquicela reclamó supuestamente a Terán por no apoyarlo para que sea titular de la CNJ, a pesar de que él había intercedido en el Consejo de la Judicatura en el año 2019 para que Terán apruebe la evaluación, aunque no completó el puntaje necesario. Luego, Terán llegó a presidir este organismo.
La información proporcionada por este testigo podría abrir nuevas líneas de investigación para la Fiscalía y exponer más detalles sobre la forma en la que operan muchos jueces y fiscales y sus presuntos vínculos con ciertos grupos políticos, empresariales e incluso con los carteles del narcotráfico y del crimen organizado que operan en el país.
Dentro de este entramado de corrupción, se presume que un grupo de abogados habría tenido la misión de reclutar a presos, algunos de los cuales eran reconocidos como líderes de grupos de narcotráfico, como Leandro alias el patrón Norero, y conectarlos con jueces corruptos para gestionar su libertad de forma irregular, a cambio de jugosos sobornos.
Hernández, forma parte del grupo de abogados liderado por Christian Romero, quien era el abogado personal del narcotraficante Leandro Norero, asesinado en octubre de 2022.