En 2018 la empresa brasileña había constituido un sólido grupo de abogados que buscaba pelear por una indemnización de más de US$ 183 millones en las cortes ecuatorianas. Con el tiempo el escenario cambió y todo parece indicar que los buenos tiempos de Odebrecht terminaron. De los tres procesos que tiene pendientes en torno a la construcción del poliducto Pascuales Cuenca, en los que se disputan cientos de millones de dólares, uno de ellos ya tiene fecha de audiencia. En las próximas semanas la justicia podría confirmarle multas por US$ 107 millones que hasta ahora se niega a pagar. Esta es una nueva entrega del especial ‘El costo de la corrupción’, que forma parte del proyecto periodístico Investiga Lava Jato.
Odebrecht juega sus últimas cartas en Ecuador y busca evitar que un tribunal civil confirme la legalidad de un informe técnico que establece multas por más de 107 millones 164 mil dólares contra la empresa por los daños identificados en la ejecución del proyecto Pascuales-Cuenca, el poliducto de 200 kilómetros que transporta productos refinados de petróleo desde el puerto de Guayaquil hasta la ciudad de Cuenca, al sur del país. La construcción de la infraestructura fue encargada a Odebrecht por la petrolera estatal PetroEcuador.
El caso llegó a la justicia en el 2020, en plena pandemia y es vital para el desarrollo de otros procesos judiciales que enfrenta a la constructora brasileña con el Estado ecuatoriano. De la resolución de este proceso depende el futuro de otros dos juicios adicionales que están pendientes sobre el mismo proyecto. En uno, que data de 2018, la brasileña reclama pagos a la estatal por más de 183 millones de dólares. En el segundo, también de 2020, PetroEcuador le exige una reparación por daños y perjuicios por 281 millones.
Desde entonces poco se avanzó en los tres casos, pero al fin los jueces han señalado la fecha de la audiencia que definirá si pagará o no las multas. Será desde el 15 de diciembre de este año. La constructora Odebrecht, que cambió su razón social a Compañía CNO SA, perdió en el pasado otros procesos de tipo tributario y con ello se va cerrando la posibilidad de recibir dinero del Estado a su favor.
El caso del poliducto Pascuales-Cuenca es uno de los más pedagógicos para explicar la corrupción que relaciona a la constructora brasileña con las autoridades del gobierno del expresidente Rafael Correa, que gobernó entre 2007 y 2016. Los errores y daños estructurales de las obras civiles son evidentes: decenas de vídeos, infografías e imágenes detallan cómo los taludes y muros construidos, tanto para permitir la apertura de terraplenes y el paso de la tubería, se han desestabilizado y están por colapsar. Esta condición podría provocar la destrucción de las grandes esferas de almacenamiento de Gas Licuado de Petróleo. Dado el peligro, las instalaciones se encuentran sin uso y la paralización genera millonarias pérdidas al día.
CNO sabe que en estos cuantiosos juicios tiene todo en contra. Por ello, busca señalar a otros y evadir sus presuntas responsabilidades.
Por ejemplo, para la demanda que PetroEcuador le inició por los daños y perjuicios en esta obra en desuso, Odebrecht pidió a los jueces incluir además a las empresas que realizaron los estudios de ingeniería, Caminosca, y a la firma internacional que realizó la fiscalización de la obra, Engil International. Además solicitó que las autoridades de Petroecuador que dieron luz verde al proyecto, en septiembre de 2013, también sean parte del caso.
Las instalaciones del poliducto Pascuales Cuenca construido por Odebrecht presentan grietas y fallas estructurales. Foto: Internet.
La abogada de CNO, Verónica Isabel Loján Avellán, ha dicho durante dicho proceso judicial que Caminosca fue la responsable de los errores de construcción de Odebrecht, una declaración que al mismo tiempo implica un reconocimiento sobre las malas condiciones en que se encuentra la obra ejecutada.
Asimismo, CNO argumentó que el artículo 80 de la Ley de Contratación Pública dice que el fiscalizador del contrato es responsable de tomar todas las medidas necesarias para su ejecución. “Si la acción planteada en contra de mi representada (CNO) pretende el cobro de una indemnización ocasionada por la construcción del poliducto Pascuales-Cuenca, quien era el encargado de hacer la fiscalización, revisión de toda la ejecución del contratos, era Elgin International”, dijo la abogada Loján.
De hecho, CNO ha manifestado de manera expresa que, como Elgin International ha sostenido que todas las instalaciones del proyecto Pascuales-Cuenca cumplieron con la figura contemplada en el contrato de construcción, la demandada (CNO) debe dirigirse también contra esta fiscalizadora que estaba obligada a controlar la ejecución del contrato.
El origen
Desde el 17 de enero de 2020 José Agusto Briones, entonces ministro de Energía, anunciaba que el Estado iba a demandar a Odebrecht por las fallas estructurales en la construcción del poliducto Pascuales-Cuenca. Se decía que solo faltaba afinar el monto económico a reclamar.
Hasta ese momento la reacción del gobierno era nula ante la arremetida iniciada por Odebrecht el 9 de marzo de 2018, cuando le entabló el primer juicio a PetroEcuador por USD 183 millones 701 mil reclamando supuestas planillas no pagadas.
Agusto Briones prometió que el gobierno también golpearía. Aunque el primer movimiento se había concretado casi tres años atrás, avanzó con cierto letargo. El 27 de octubre de 2017, el gerente de Petroecuador, Byron Ojeda, dispuso la terminación unilateral del contrato y anunció el inicio de las acciones judiciales por daños y perjuicios en contra de Odebrecht. Pero esto último no fue acatado inmediatamente por la oficina de procuraduría de la petrolera estatal.
La presencia de un actor clave explicaba las demoras. Se trataba del procurador Marco Prado, quien desempeñó cargos muy importantes durante el gobierno de Rafael Correa. Fue viceministro de Justicia en 2013. Y en ese mismo 2013, Prado también desarrolló una consultoría para Petroecuador con el fin de viabilizar el proyecto del poliducto Pascuales-Cuenca, que finalmente construyó Odebrecht. Cinco años después, en 2018, este funcionario escaló al puesto de procurador de Petroecuador. Y para 2020, paradójicamente, lideró la defensa de la estatal cuando la constructora le reclamó en los tribunales los mencionados pagos por USD 184 millones referidos a la obra que Prado antes asesoró.
Marco Prado fue contratado en 2013 para una consultoría sobre la viabilidad del poliducto. Años después, como procurador, tuvo que litigar contra Odebrecht generando demoras. Foto: Primicias.
En diálogo con periodistas en 2018, el ex ministro de Energía Augusto Briones advirtió que poderosos intereses impedían avanzar en la demanda que debía interponer el Estado.
¿Se trataba de alguien dentro del propio gobierno? Odebrecht contó con algunas circunstancias que levantan sospechas.
Una fue haber estado cerca de personajes influyentes que en el pasado tuvieron contratos relacionados con sus obras cuestionadas. Es el caso del ex procurador del Estado Íñigo Salvador Crespo, reemplazado en el cargo hace pocos días, quien en 2011 tuvo dos contratos de asesoría legal con la compañía estatal Refinería del Pacífico, por US$ 250 mil. Ambos servicios estuvieron relacionados con la construcción de esta nueva refinería, cuya obra fue ejecutada por la brasileña.
Salvador incluso participó de la reunión del cierre del contrato entre Refinería del Pacífico con la compañía internacional Worley Parsons, que fue la encargada de fiscalizar y administrar el proyecto, el 21 de noviembre de 2011, para la realización de los estudios del acueducto La Esperanza, que también desarrolló Odebrecht y que era parte de la nueva refinería.
El 13 de febrero de 2019, Íñigo Salvador, ya como Procurador General del Estado, emitió un informe sobre Odebrecht y el poliducto Pascuales-Cuenca, sin determinar responsabilidad alguna pese a estos hallazgos: el presupuesto adjudicado en el contrato fue de US$ 369 millones, que era US$ 97 millones más de lo que Petroecuador fijó en su presupuesto referencial. Pero al 9 de agosto de 2017, el pago de Petroecuador a Odebrecht fue aún mayor: alcanzó los US$ 489 millones.
El ex procurador del Estado, Íñigo Salvador, también hizo consultorías relacionadas con obras que ejecutó Odebrecht. Foto: El Comercio de Ecuador.
En el desarrollo de la obra, hubo aumentos de precios aprobados por Petroecuador y la fiscalizadora Elgin International, que también fue cliente de Odebrecht en una obra ejecutada en Colombia.
¿Qué hizo el ex procurador Salvador, quien el 9 de marzo de 2020 se quejó públicamente de que Odebrecht no se sentaba a negociar la reparación económica por toda la corrupción admitida por ella misma? “Al ser un aspecto de orden económico, y por estar fuera de las competencias de la Procuraduría del Estado, no se emite criterio al respecto”, dijo oficialmente el alto funcionario encargado de defender los intereses de Ecuador.
Contactos al más alto nivel
Odebrecht contrató a un bufete de abogados con los mejores contactos. Es el estudio jurídico PBP, Pérez Bustamante y Ponce, que de 2010 a 2016 recibió pagos de US$ 800.000 desde la constructora brasileña y tiene como uno de sus socios a Francisco Roldán Cobo, abogado de enorme influencia en los gobiernos de Rafael Correa y Lenín Moreno.
Roldán Cobo es tío de Juan Sebastián Roldán, quien fue secretario particular y miembro de la mesa estratégica de decisiones (llamada mesa chica) del entonces presidente Moreno.
Luego de perder en todas las instancias, el estudio Pérez Bustamante y Ponce logró un fallo de la Corte Constitucional que hizo ganar US$ 45 millones a Odebrecht, dejando como saldo para el Servicio de Rentas Internas (la administración tributaria ecuatoriana) solo US$ 10 millones, gracias a la comunicación directa con la entonces vicepresidenta de la Corte Constitucional, Pamela Martínez, que años después, tras la publicación del caso Arroz Verde en 2019, se descubrió la estrecha relación de Odebrecht y otras empresas con ella.
Luego de quedar en evidencia, Martínez fue capturada y apresada. No tuvo otra salida que colaborar con la Fiscalía General del Estado y entregó las pruebas de cómo influenció en las decisiones de la Corte Constitucional, proporcionó la ruta de los sobornos de Odebrecht y los pagos por US$ 7 millones a la campaña de reelección presidencial de Rafael Correa en 2013. El caso Arroz Verde logró probar la participación de Rafael Correa, el vicepresidente Jorge Glas, el secretario Jurídico de la Presidencia Alexis Mera y seis exministros. De ellos, solo Glas y Mera mantienen prisión domiciliaria.
La constructora brasileña aún discute en la Justicia la prohibición que pesa en su contra para licitar en el país; reclama, sin éxito, US$45 millones a la estatal Nación Fideicomisos SA por los gasoductos; y sus ejecutivos se niegan a ser indagados por jueces argentinos. Mientras, las definiciones en la causa contra el primo de Macri y sus socios en la obra del Sarmiento volvieron a dilatarse por un nuevo peritaje, de acuerdo con los documentos obtenidos por Investiga Lava Jato, que integra elDiarioAR.
Argentina se ha convertido en un lodazal para la constructora brasileña Odebrecht. Apenas mantiene una oficina administrativa en Buenos Aires, no puede operar en el país y litiga contra el país por “discriminación” desde 2018 para poder volver a licitar obras. Odebrecht no termina de despedirse de Argentina y a seis años de haber admitido el pago de sobornos por US$35 millones en el país, también sostiene una demanda para cobrar una supuesta deuda de la financiera estatal Nación Fideicomisos SA mientras ningún miembro de la compañía que protagonizó el mayor caso de corrupción en América Latina ha sido sometido a indagatorias ni juicios penales en los tribunales argentinos, según los documentos y fuentes consultadas por elDiarioAR para el especial #ElCostodelaCorrupción, junto al equipo de Investiga Lava Jato*.
A su vez, de las tres causas judiciales que se abrieron tras las revelaciones de 2016 sobre coimas, en sólo uno de los expedientes penales se ha avanzado contra los empresarios que actuaron como socios locales de Odebrecht y en el caso del soterramiento del ferrocarril Sarmiento, la causa continúa en una especie de limbo judicial, sin definiciones sobre los 50 empresarios, ejecutivos, ex funcionarios y ex asesores indagados hace cuatro años.
Argentina es el quinto país más sobornado por la empresa, según los exejecutivos que declararon ante las cortes de Brasil y Estados Unidos en 2016, hace seis años. Las coimas se pagaron por tres obras y durante el periodo 2007-2014, según surge del documento que hizo público el Departamento de Justicia estadounidense en diciembre de ese año.
La vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, expone en una conferencia mensajes de texto que uno de sus exfuncionarios, el entonces secretario de Obras Públicas, José Lópéz, intercambió con su secretario privado para ordenarle que frene pagos a Odebrecht y envíe a los ejecutivos a “negociar” con un intermediario.
Soterramiento del Sarmiento
El fiscal federal Franco Picardi se opuso recientemente a un peritaje ordenado por el juez Marcelo Martínez de Giorgi en la causa del soterramiento del ferrocarril Sarmiento. El estudio fue pedido por la defensa del empresario Angelo Calcaterra -primo del expresidente Mauricio Macri- y otros ejecutivos de la empresa Iecsa, de acuerdo con un dictamen al que accedió elDiarioAR.
La realización de la pericia contable dilatará aún más las definiciones sobre los acusados, ya que el juzgado deberá aguardar los resultados del informe para evaluar las conclusiones.
Además de oponerse al peritaje, el fiscal solicitó al juez que defina la situación de los 50 acusados de presunta administración fraudulenta y pago de sobornos en la obra, anunciada en 2005 por Néstor Kirchner, adjudicado durante la primera presidencia de Cristina Fernández de Kirchner (2008) y resucitada por Macri en 2016.
“El peritaje solicitado por la defensa nada aportará en función del direccionamiento de la licitación o de las distintas irregularidades ya probadas, dado que, como se mencionó precedentemente, no se cuestiona en el caso la oferta económica, si era adecuada, o si era correcto el precio por kilómetro, el porcentaje de los pagos en función de la totalidad de la obra o los pagos en función del avance de la obra”, planteó el fiscal al juez en un escrito fechado el 6 de septiembre último.
“Así, los sobornos habrían propendido al direccionamiento de la adjudicación de la obra pública de soterramiento y, en lo sucesivo, a acelerar, destrabar y asegurar desembolsos y disposiciones funcionales concretas de distintos tramos de continuidad, en función del desarrollo de la obra, para beneficiar a los empresarios adjudicatarios”, afirmó Picardi, quien resaltó que “la cuantiosa evidencia reunida a lo largo de la instrucción es contundente y suficiente para poder resolver la situación procesal de las personas indagadas”.
El juez, sin embargo, ordenó en septiembre la realización del peritaje y aguardará los resultados para tomar una decisión, sostuvo una fuente judicial. El magistrado busca que un equipo de ingenieros y contadores de la Universidad de Buenos Aires (UBA) analicen el estado de la obra y los puntos solicitados por la defensa, entre ellos si la documentación presentada por el consorcio empresario durante el proceso de licitación cumplió con las normas; los pagos realizados al consorcio de acuerdo al avance de obra; la oferta económica del consorcio por kilómetro de obra; entre otros.
El fiscal afirmó en su escrito que ese análisis ya había sido realizado por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA).
En octubre de 2016, el entonces presidente argentino Mauricio Macri reinauguró las obras del soterramiento del ferrocarril Sarmiento junto a otros funcionarios de Cambiemos. Muy pronto, las obras volverían a suspenderse. Crédito: @horaciorlarreta.
El soterramiento estaba a cargo del Consorcio Nuevo Sarmiento (CNS), integrado por Odebrecht, Iecsa, la italiana Ghella y la española Comsa, pero a casi dos décadas del anuncio, nunca se terminó.
En abril de 2019, el juez procesó a 26 de los acusados por dádivas, sobreseyó a otros tres y dictó 21 faltas de mérito. Los procesados fueron dos ejecutivos y exfuncionarios públicos, entre ellos, el exministro de Planificación, Julio De Vido; el ex secretario de Obras Públicas, José López; el ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime; y el ex funcionario de Planificación, Roberto Baratta. Las faltas de mérito fueron a favor de los empresarios y el resto de los ejecutivos, entre ellos a Angelo Calcaterra y a uno de sus socios, Lorenzo Ghella.
Las faltas de mérito implican que para el juez aún no hay certezas para procesar o sobreseer a los indagados por el supuesto delito de cohecho.
A pesar de las confesiones de los ejecutivos de Odebrecht en Brasil, el juez determinó que no existían pruebas del pago de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht y sus socias locales. Por eso, los procesamientos a dos ejecutivos y a los exfuncionarios fueron por un delito menor: dádivas.
Tras la apelación del fiscal, en agosto de 2019, la Cámara Federal de Apelaciones anuló lo que había resuelto el juez del caso, pero no ordenó procesamientos ni sobreseimientos. Devolvió el expediente al juzgado para que reevaluara la situación de todos los involucrados y los indagara por administración fraudulenta. Desde entonces, los 50 acusados permanecen en un limbo judicial. Ni procesados, ni sobreseídos, ni con falta de mérito.
“El peritaje busca establecer el perjuicio del presunto delito de administración fraudulenta para que este caso prospere en el juicio oral”, dijo una fuente judicial ante la consulta de elDiarioAR.
Además, el juez espera una respuesta a un exhorto enviado en septiembre último a los Estados Unidos en busca de colaboración.
Los brasileños
Las socias locales de Odebrecht en la obra del soterramiento siempre han negado haber participado del pago de sobornos a los funcionarios de Néstor y Cristina Kirchner. De hecho, en sus explicaciones al juez han sostenido que nunca supieron del pago de coimas y que si existieron, no participaron.
Mientras tanto, el juez Martínez de Giorgi intenta desde 2018 indagar a ocho autoridades de Odebrecht, entre ellos Marcelo Odebrecht y siete ejecutivos brasileños que operaron en Argentina y para América Latina entre los años investigados.
El soterramiento estaba a cargo del Consorcio Nuevo Sarmiento (CNS), integrado por Odebrecht, Iecsa, la italiana Ghella y la española Comsa, pero a casi dos décadas del anuncio, nunca se terminó. CREDITO: Ministerio de Transporte de Argentina.
Picardi logró un acuerdo de colaboración con los fiscales brasileños para ratificar las confesiones de los ejecutivos de Odebrecht que ordenaron los pagos ilegales en Argentina por esta obra, pero las defensas de los ex ejecutivos, confesores del pago de sobornos en Brasil y otros once países, vienen realizando planteos de nulidad contra la orden del juez argentino. Consideran que los acusados brasileños no pueden ser indagados por pruebas que ellos mismos aportaron como arrepentidos en su país.
El fiscal Picardi considera que están dadas las condiciones para procesar por sobornos a los implicados. Incorporó pruebas de supuestos pagos ilegales por US$5 millones a través una cuenta de una firma española en la Banca Privada de Andorra (BPA), una entidad utilizada por varias constructoras, como Odebrecht y Camargo Correa, para gestionar y blanquear sus pagos de sobornos, según la investigación de la Justicia de Andorra. Los movimientos bancarios fueron aportados por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en 2018.
Los fondos salieron de la cuenta corriente de la Unión Transitoria de Empresas (UTE) formada por Odebrecht, Iecsa, Ghella y Comsa en el Banco Río, pero controlada por Iecsa, según la presentación de AFIP. El apoderado de la cuenta era Santiago Ramón Altieri, ejecutivo de Iecsa y uno de los indagados.
Angelo Calcaterra -primo del expresidente Mauricio Macri- y otros ejecutivos de la empresa Iecsa, ex socia de Odebrecht en el soterramiento, han solicitado una nueva pericia en la causa penal. FOTO: Télam.
La pelea por los gasoductos
Un segundo expediente contra Odebrecht en Argentina es por el direccionamiento de los contratos de ampliación de los gasoductos realizados durante la presidencia de Néstor Kirchner, pero sólo se enjuiciará a exfuncionarios por el delito de negociaciones incompatibles. Todos han negado los cargos. El juicio no tiene fecha de inicio, por el momento.
La investigación de la fiscalía de Federico Delgado probó que exfuncionarios del área de Energía redactaron contratos a medida de Odebrecht para que sólo esta compañía pudiera ganar las licitaciones. Sin embargo, ningún ejecutivo de Odebrecht ha declarado en la causa ni será enjuiciado.
Por este caso, la constructora brasileña y los exfuncionarios son objeto de una demanda iniciada por el Estado argentino en 2018 que busca resarcimiento por los daños causados por la corrupción -no se fijó monto-, pero el proceso quedó por el momento sin efecto a la espera de una condena firme en la vía penal, según los documentos consultados por elDiarioAR.
A su vez, en 2018, la empresa inició un litigio contra Argentina por el supuesto cobro adeudado de más de US$45 millones en la construcción de los gasoductos, pero la demanda fue frenada por el juez federal Daniel Rafecas, medida que ratificaron instancias superiores, incluidos la fiscalía y el tribunal de juicio.
“Discriminación”
En julio de 2017, el gobierno de Macri vetó a Odebrecht como proveedora de obra pública en Argentina, al suspender a la compañía del Registro Nacional de Constructores y Firmas Consultoras de Obra Pública. En junio de 2018, tras fracasar en la vía administrativa, Odebrecht demandó al Ministerio de Interior -entonces a cargo del registro- por discriminación y sostuvo que sus socias locales -quienes niegan el pago de coimas- no habían sido castigadas de la misma manera, según consta en el expediente, al que accedió elDiarioAR.
Luego del caso de los cuadernos de la corrupción, que comenzó en agosto de 2018, los abogados de la constructora brasileña en Argentina incluso presentaron artículos periodísticos que informaban que empresarios y ejecutivos de otras constructoras proveedoras de obra pública habían admitido el pago de sobornos a los Kirchner en la causa de los cuadernos y aún así tampoco habían sido sancionadas con su exclusión del registro.
Los abogados del Estado respondieron en un escrito: “La finalidad de la decisión -de suspender a Odebrecht del registro- no es otra que salvaguardar un verdadero interés público, que es el de mantener indemne al Estado Nacional de la posibilidad de licitar con contratistas que no posean la idoneidad moral que se requiere”.
“A la empresa no se le ha impuesto una sanción, sino que los elementos que ella misma aportó -para ser rehabilitada- fueron insuficientes a los efectos de proseguir el trámite pretendido”, dijeron los abogados del Estado en la contestación de la demanda ante el tribunal.
“Mientras que la empresa dice que la comparativa de los balances presentados, en conjunto con el acuerdo de lenidad (firmado con Brasil para la colaboración de los arrepentidos) son suficientes para demostrar que la misma posee idoneidad moral, la administración concluye en contrario sentido”, agregó el letrado.
Odebrecht había sostenido que desde 2016, el Ministerio de Justicia de Estados Unidos y el Estado Suizo, así como el brasileño, hacen una auditoría permanente sobre las acciones de Odebrecht. “Pues bien, el Estado Argentino también lo hace -le respondieron los abogados estatales-, en este caso por medio de los actos administrativos que se pretendieron impugnar. Si los Estados mencionados por la actora toleran que mediante el pago de una multa se disponga la finalización de las investigaciones relacionadas a hechos de corrupción en el seno de la empresa, no puede pretenderse que el Estado argentino actúe en consecuencia de igual manera. Ello por respeto al principio de soberanía imperante”, agregaron.
La planta de Aysa
Un tercer caso penal es el de la planta potabilizadora de agua Paraná de Las Palmas, contratada por la empresa estatal Aysa durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. En este caso, el juez Sebastián Casanello del caso procesó a los exsocios locales de Odebrecht y a exfuncionarios por delitos de corrupción y serán enjuiciados, aún sin fecha de juicio.
Los empresarios y ejecutivos argentinos procesados en la causa estaban a cargo de las empresas Roggio, Supercemento y Cartellone.
El expediente incluye también los procesamientos contra Carlos Wagner, de Esuco, el socio local de Camargo Correa, otra brasileña investigada por otra planta de Aysa.
Mientras los argentinos, que niegan los cargos, van a juicio, el juez también negocia desde 2018 con las autoridades de Brasil para indagar a los ex ejecutivos de Odebrecht que admitieron coimas por esta obra y al entonces presidente de Camargo Correa, Antonio Miguel Marques.
Odebrecht ha modificado su marca en los países donde busca seguir operando bajo el nombre de Novonor y OEC. La compañía destaca que estas nuevas administraciones “recibieron importantes certificados de calidad de gobierno y gestión de cumplimiento, como el Sello Internacional ISO 37001” y que el grupo empresarial “se ha sometido recientemente a una auditoría externa que amplía el alcance de la certificación a todas las operaciones de la constructora en los diferentes países donde opera, como Brasil, Estados Unidos, Perú, Panamá y Angola”.
*El equipo de Investiga Lava Jato es dirigido por Convoca.pe e integrado por Milagros Salazar, Gonzalo Torrico y María Alejandra Gonzales (Convoca.pe, Perú); Lisseth Boon, Lidk Rodelo, Jesús Abreu y César Batiz (El Pitazo, Runrunes y Tal Cual, Alianza Rebelde Investiga, Venezuela); Raúl Olmos (Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, México), Christian Zurita (Periodismo de Investigación, Ecuador), Alicia Ortegra (El Informe, República Dominicana); y Emilia Delfino (elDiarioAR, Argentina).
La esperanza del país de duplicar su producción petrolera que ahora es de casi $500 mil barriles diarios puede esfumarse si uno de sus mayores pozos pasa a manos de una compañía que nunca ha producido un solo barril de crudo y que presenta, como sus credenciales, un proceso de exploración en curso en Colombia, varios otros proyectos en etapa de investigación y menos de 6 meses de operaciones en Ecuador.
Se trata de la empresa canadiense New Stratus Energy Inc., que el 5 de junio pasado firmó con Petroecuador EP un Memorando de Entendimiento “con el propósito de optimizar y acelerar el desarrollo y producción de los campos petroleros en los bloques 43 (ITT) y 31”, actualmente operados por la estatal ecuatoriana.
El acuerdo se suscribió bajo el ofrecimiento de New Stratus Energy (NES) de aumentar la producción de petróleo de estos bloques que hoy bordea los 60,000 barriles por día, hasta alrededor de 250.000 barriles diarios, durante los próximos 5 años.
En el bloque 43, ubicado en la provincia de Orellana, se encuentran los yacimientos Ishpingo-Tambococha-Tiputini (ITT), con las mayores reservas petroleras del país: 1.670 millones de barriles y una producción diaria que ha oscilado entre los 50.000 y los 60.000 barriles en los últimos tres años. En el potencial de los campos de este bloque se basa buena parte de los planes oficiales para duplicar el total de producción nacional de petróleo y así alcanzar 1’200.000 de barriles diarios. Para ello Petroecuador anunció el año pasado el aumento de torres de perforación que permitan incrementar la producción de los 168 pozos productores, inyectores de agua de formación e inyectores de cortes de ripios. A ello se suma toda la infraestructura que existe en el bloque 43, incluida la Central Tiputini que procesa 650.000 barriles de fluidos.
El bloque 31, ubicado en el lado occidental del Bloque 43, tiene reservas estimadas por 45,5 millones de barriles en los campos Apaika y Nenke. Es operado por Petroamazonas desde 2009 y su producción actual bordea los 3.500 barriles diarios.
Al momento New Stratus Energy ya tiene acceso a parte de los derechos de la compañía Repsol en otros bloques petroleros de la Amazonía ecuatoriana. De acuerdo con la información financiera presentada en la Superintendencia de Compañías, el 14 de enero del 2022 se produjo la venta de las acciones de Repsol Ecuador S.A (Casa Matriz) constituida y domiciliada en España a la empresa New Stratus Energy constituida y domiciliada en la provincia de Alberta, Canadá, cotizante en la Bolsa de Valores de Toronto, bajo el símbolo TSXV:NSE.
La oficina central de New Stratus Energy en Calgary, Canadá; Como piratas no constan en el directorio, la oficina solo tiene un letrero de papel en la puerta de vidrio en el piso 24. Posiblemente les alquilan una oficina para el Presidente del Directorio.En el directorio del Dome Tower, 333 7 Ave SW, Calgary, AB T2P 2Z1, Canadá el nombre de New Stratus ni aparece
A partir de dicha venta, Repsol Ecuador S.A. (Subsidiaria de New Stratus Energy) solicitó al Ministerio de Recursos Naturales No Renovables el inicio de negociaciones con miras a una extensión y cambio de modalidad contractual de los contratos de los Bloques 16 y 67.
Repsol Ecuador S.A. inició sus actividades en el país desde 1995 al adquirir los derechos de participación, junto a otras compañías petroleras, para la operación de los bloques 14, 16 y Área Tivacuno.
Tomado de https://slideplayer.es/slide/3215407/
Luego de varias cesiones de derechos y obligaciones Repsol Ecuador S.A. y otras 3 empresas suscribieron el contrato de prestación de servicios (con varios contratos modificatorios) y constituyeron el Consorcio Petrolero Bloque 16 y el Consorcio Petrolero Bloque Tivacuno o Bloque 67.
La participación de las empresas en estos consorcios se estableció así:
La compra de acciones incluyó también el cambio de nombre de Repsol Ecuador S.A. por Petrolia Ecuador S.A., empresa que es la que aparece como una de las operadoras de los bloques 16 y 67 que en conjunto producen un promedio de 15.500 barriles diarios de crudo, de los cuales el 35% que equivale a 5.425 barriles diarios corresponde a Petrolia.
Hasta junio pasado el ofrecimiento de New Stratus al gobierno ecuatoriano era una inversión de $1.200 millones atada a que se les permita operar también los bloques 43 y 31 mediante la perforación y finalización de más de 200 pozos ya planificados por Petroecuador, junto con la construcción de conductos enterrados para oleoductos y tuberías de agua, cableado de transmisión de energía y cable óptico para datos. El objetivo sería conectar estos bloques con las instalaciones del Bloque 16, así como la prestación de todos los servicios de apoyo, incluidos los estudios de yacimientos.
Todo esto condicionado, además, a que se concrete una extensión, hasta por 15 y 20 años, de los contratos actuales para los Bloques 16 y 67, que vencen el 31 de diciembre de 2022. La terminación del plazo de este contrato implica la reversión automática de la infraestructura y la operación de los bloques a favor del Estado, lo que es considerado por expertos como positivo para el país porque estos activos todavía tienen reservas remanentes.
En el último reporte del “Potencial Hidrocarburífero del Ecuador” (31-12-2019) Repsol registró en el Bloque 16 reservas totales por 14 millones de barriles y recursos contingentes por 22 millones de barriles. En el bloque 67, reporta reservas totales de 1.8 millones de barriles y recursos contingentes de 2.3 millones de barriles.
New Stratus ha solicitado también la migración del contrato de prestación de servicios a contrato de participación. En esta modalidad la compañía privada recibe parte de la producción de petróleo para compensar sus inversiones y el resto del petróleo queda en manos del Estado.
Este plan de New Stratus de conversión de contratos, extensión de plazos e inversiones está supeditado a que se logren acuerdos definitivos con Petroecuador y que las autoridades reguladoras aprueben los términos y condiciones.
Pero mientras la petrolera canadiense espera la respuesta final del gobierno ecuatoriano a sus propuestas, ha continuado con sus planes de fortalecer su participación en los bloques 16 y 67, pues el 8 de septiembre pasado, anunció que ha celebrado un acuerdo de compra de activos con uno de sus socios en la operación de los mencionados bloques. Adquirirá un paquete del 31% “por una contraprestación total de aproximadamente $ 1.2 millones en efectivo”.
Una vez completada la transacción NES tendrá una participación operativa del 66% en los contratos de servicio para los bloques 16 y 67.
New Stratus aclaró que la finalización de la transacción está sujeta a la autorización previa del Ministerio de Energía y Minas de Ecuador y las autoridades antimonopolio. Una vez obtenidas estas aprobaciones consolidará una participación operativa en ambos bloques del 66% que significa alrededor de 10 mil barriles diarios de crudo.
Los intentos de New Stratus por ingresar al negocio petrolero en Ecuador iniciaron en 2020, pero su debilidad financiera fue la causa para que el Gobierno de Lenín Moreno frenara la operación.
Sin embargo, ahora las autoridades de energía han abierto la puerta de las negociaciones. El ministro del ramo, Xavier Vera-Grunauer, en conversación con pi. hace algunas semanas dijo que era mejor llamar a un concurso internacional, luego su discurso fue variando y ha dicho que el gobierno hará esfuerzos para llegar a un acuerdo con NSE y renovar sus contratos. Esto, a pesar de -no solo de las limitaciones financieras- la poca experiencia técnica de la canadiense, sino también de que la vía legal para entregar esos campos al sector privado es una licitación.
Piratas
Antes de operar en Ecuador, mediante su participación en los bloques 16 y 67, New Stratus Energy (NES) solo registra operaciones de exploración en Colombia, en el bloque VMM-18.
NSE es una empresa de apenas dos años, según lo admitió su presidente y director general, José Francisco Arata, en una entrevista para Forbes Ecuador: “en 2018, a raíz de la solicitud de grandes fondos de inversión, nos incentivaron a juntarnos en un equipo técnico con amplia capacidad de generación de proyectos y creamos NSE… detrás hay ejecutivos que tenemos años de experiencia.”.
Arata afirmó que en 2019 fueron invitados por JP Morgan para la selección del reemplazo de la operadora de Repsol en Ecuador y que fueron elegidos porque Repsol y Pacific Rubiales trabajaron juntos en Colombia y Guayana. Arata es un empresario y geólogo venezolano que trabajó en Maraven S.A., filial de Petróleos de Venezuela (PDVSA) y luego fue cofundador de la petrolera Pacific Rubiales que operó en campos petroleros de Colombia y Venezuela.
Según el último reporte fiscal publicado por la misma NSE, en 2021 tuvo una pérdida neta de $1,1 millones, con un capital de trabajo de apenas $53.758 y activos por $2.055,703. Recién en enero de 2022 en que New Stratus accede a los campos petroleros ecuatorianos, los ingresos de la empresa pasan de $0 a $25,7 millones (hasta primer semestre del año) y hay buenas perspectivas de contar con utilidades al final del ejercicio. Quién tiene padrinos se bautiza.
Si bien los indicadores de New Stratus empiezan a mejorar en 2022, eso es impulsado exclusivamente por la adquisición de las operaciones de los bloques 16 y 67, es una empresa con un capital de trabajo de apenas $29,14 millones hasta primer semestre de 2022. No está apalancada en otros respaldos financieros o capitales fuertes. Por lo que hay preocupación sobre su capacidad futura no solo para enfrentar problemas de liquidez coyunturales, sino contingencias o pasivos que pudiera heredar de Repsol en un área por demás sensible para el planeta como es el Yasuní.
De hecho, en los informes y balances financieros presentados por Petrolia (antes Repsol Ecuador S.A.) a la Superintendencia de Compañías constan cinco contingencias que aún no han podido ser resueltas por la empresa.
La primera tiene que ver con un juicio coactivo en contra de Repsol que no se ha resuelto. Por recomendación de la Contraloría General del Estado, dentro del examen especial al convenio de cooperación entre Petroproducción y Repsol para incrementar la producción y reservas de crudo en el campo Shushufindi; Petroecuador emitió facturas por $3,013,240, inició la coactiva y embargó el valor facturado.
La entonces Repsol Ecuador inició un proceso de excepciones a la coactiva y la Corte Constitucional expidió una sentencia (No. 60-11-CN/20) el 6 de febrero de 2020, declarando la inconstitucionalidad de algunas normas que afectaban el proceso.
Tras esta resolución, en noviembre de 2021, la Corte Provincial (a donde regresó el caso) resolvió que debe continuar el juicio de excepciones a la coactiva, a partir del estado en que se encontraba hasta antes de la declaratoria de nulidad. El proceso está en la Unidad Judicial Civil en Quito desde el 14 de diciembre de 2021 pero todavía no avoca conocimiento.
Petroecuador reclama también el pago de US$1.022,033 por información entregada a Repsol YPF Ecuador S.A. dentro de un fallido proceso de licitación convocado por la estatal.
Repsol YPF Ecuador S.A. asegura que pagó el valor de las bases de licitación, que incluía el acceso al “data room” y a toda la información disponible para el efecto. Sobre este proceso se han pronunciado la Corte Superior y la Corte Nacional de Justicia y debe ser remitido, para su resolución al Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en el Distrito Metropolitano de Quito. Esta contingencia ha sido provisionada en los estados financieros. Adicionalmente, existen embargos ejecutados por $1,845,723.
El 31 de mayo del 2005, la Contraloría emitió una glosa en contra del contratista del bloque 16 por $2.578,612, de los cuales $902.514 le corresponden a Repsol, por la compra y utilización de químicos reductores de fricción. El 23 de noviembre del 2006, Repsol presentó una demanda de impugnación ante el Tribunal Contencioso Administrativo. El proceso se mantiene abierto en la fase de presentación de pruebas.
Otra glosa de Contraloría fue en torno al contrato de participación del Bloque 16 por $2,788,408, de los cuales $975,943 le corresponden a Repsol por supuestos perjuicios ocasionados por el deterioro de la calidad del crudo del bloque. El 6 de junio del 2005, se presentó una demanda de impugnación ante el Tribunal Contencioso Administrativo. Pero su sentencia confirmó la legalidad de la glosa y se desechó la demanda. Se interpuso recurso de casación y el proceso aún no ha sido admitido a trámite en la Corte Nacional de Justicia. Repsol no ha registrado provisiones por estos conceptos porque considera que tiene posibilidades de éxito en su defensa legal.
La administración tributaria determinó que los consorcios petroleros Bloque 16 y Tivacuno le debían $3,8 millones por la contribución solidaria sobre las utilidades creada por la Ley de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana. Luego de establecer un acta de determinación por Impuesto a la renta del ejercicio fiscal 2015 del Consorcio Petrolero Bloque 16 así como de la declaración sustitutiva presentada por el Consorcio Petrolero Bloque Tivacuno, el 7 de octubre del 2019, el Servicio de Rentas Internas (SRI) emitió 2 liquidaciones de pago, una por la diferencia por concepto de contribución solidaria de $2.073,583 más $414,715 por concepto de recargo y US$1.022,703 por intereses para el Consorcio Petrolero Bloque 16 mientras que para el Consorcio Petrolero Bloque Tivacuno el valor es de $184,706, más $36,941 por concepto de recargo y $115,180 por intereses. A Repsol le corresponde el 35% del total de esos conceptos, es decir $1,3 millones.
Los Consorcios presentaron reclamos administrativos ante el SRI que fueron negados en agosto de 2020. El 11 de noviembre de ese año, ambos Consorcios plantearon demandas ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario que el 25 de agosto de 2021 dejó sin efecto la Resolución concerniente al consorcio Tivacuno. El 5 de noviembre de 2021, este tribunal calificó un recurso de casación presentado por el SRI, ordenando remitir el proceso a la Corte Nacional de Justicia, que aun analiza la admisibilidad del recurso. Repsol no registró provisiones para este tema.
Contingencias Laborales
El Servicio de Rentas Internas estableció determinaciones de Impuesto a la Renta que se encuentran en Firme y Ejecutoriadas -habiéndose agotado todos los recursos administrativos, judiciales y constitucionales- No existe constancia de la entrega de la participación laboral por parte de Repsol S.A. y Consorcios, a los trabajadores, por lo tanto, se establece el siguiente pasivo laboral:
New Stratus asegura tener respaldo financiero
Para cubrir la inversión requerida en el plan de desarrollo de los bloques 16 y 67 New Stratus ha presentado a las autoridades un compromiso de financiamiento de Baker Hugues Capital Solutions con New Stratus. Su participación abarcaría también los servicios de perforación, reacondicionamientos, sistemas de levantamiento artificial, generación eléctrica y soporte técnico de yacimientos.
Carta de NSE en el que informa al Ministro Xavier Vera el acuerdo de alianza con Baker Hughes
En una carta enviada al ministro de Energía Xavier Vera, el 19 de agosto pasado, José Francisco Arata como representante Legal de la empresa canadiense; Vladimir Coello Carrillo, presidente de Baker Hughes; y Ramiro Páez Rivera, apoderado de Petrolia, pidieron al titular de esa cartera de Estado que emita el Acuerdo Ministerial, mediante el cual ratifique la autorización concedida por el ministro de Energía y Minas el 8 de noviembre de 2021, para la transferencia de las acciones que Repsol Exploración S.A. y Repsol Petróleo S.A. tenían en la compañía constituida en España, Repsol Ecuador S.A., actualmente denominada Petrolia Ecuador S.A., en favor de New Stratus Energy Inc. También le pidieron que apruebe la participación de la empresa Baker Hughes, como aliado estratégico de Petrolia, y que designe una comisión de negociación para la migración y ampliación de plazo de los contratos.
El contenido de este documento es un elemento más que refuerza los cuestionamientos a la capacidad técnica de New Stratus Energy, pues el rol que Baker Hughes tendrá en esta alianza estratégica evidencia que se encargará de todo el trabajo operativo. Entonces la interrogante aquí es ¿de qué se encargará Petrolia?
También se generan dudas sobre la autorización ya dada por el Ministerio de Energía para que NSE compre el 35% de participación en los bloques 16 y 67 a Repsol, pues se está pidiendo que el actual ministro ratifique tal aprobación.
A ello se agrega que el artículo 313 de la Constitución, así como los artículos 16 y 26 del Reglamento de Aplicación de Hidrocarburos, señalan que de manera excepcional se puede delegar la Exploración y Explotación de Hidrocarburos a empresas privadas nacionales o internacionales de probada experiencia y capacidad técnica y económica, a través de un proceso licitatorio. Y el artículo 96 del Reglamento de Aplicación de la ley de Hidrocarburos dispone que “la empresa cesionaria deberá cumplir con requisitos de solvencia económica, financiera y técnica similares o mayores de la empresa cedente.”
Por lo tanto, no existe fundamento legal para que EP Petroecuador, operadora de los Bloques 31 y 43 en la Región Amazónica y la empresa privada New Stratus Energy, que opera los Bloques 16 y 67, bajo la modalidad de contratos de Prestación de Servicios Específicos, hayan suscrito el Memorando de Entendimiento de junio pasado, para el desarrollo de los campos 31 y 43.
Las investigaciones que este portal realizó entre 2021 y 2022, que concluyó con la publicación del reportaje Cacería y extinción de las tortugas gigantes de Isabela, permitió al equipo de pi. mantener sendas conversaciones con funcionarios de la Dirección del Parque Nacional Galápagos DPNG, quienes de distintas maneras entregaron información a este medio de comunicación.
En el mes de julio de 2022 pi. accedió a un informe de la Dirección del Parque Nacional Galápagos con fecha diciembre de 2013, en el que se expone la problemática de la matanza de tortugas gigantes en peligro de extinción dentro de la isla Isabela.
En las cinco secciones y los anexos que componen el informe se señala antecedentes de la problemática, se describe la situación de la matanza de tortugas gigantes y el tráfico de su carne en el 2013, se explica la relación entre cacería furtiva de tortugas gigantes y cacería de especies introducidas y se indica que, con el tiempo, estos crímenes han ido en aumento dentro de Isabela.
Llama la atención que ninguna autoridad conozca el contenido de este documento y aseguren que éste no existe oficialmente en los archivos de las oficinas del PNG. Si es así ¿cómo es que este medio lo tiene y no las autoridades llamadas a proteger la integridad del patrimonio natural?
Este portal no tiene dudas del contenido expresado en el informe, un año de seguimiento nos permite ratificarnos en cada uno de los reportajes que han evidenciado la negligencia de las autoridades del Parque Nacional Galápagos, acostumbrados al silencio y complicidad de guardaparques y grupos de colonos qué conocen la realidad.
El informe también presenta los nombres de 28 sospechosos implicados en la matanza de tortugas gigantes, entre ellos dos guardaparques de la Unidad Técnica Operacional de Isabela (UTI) de la DPNG, quienes actualmente están activos. Isabela es un cantón con aproximadamente 3000 habitantes dónde muchos saben quiénes matan tortugas en peligro de extinción, así como quiénes trafican y compran la carne de tortuga gigante.Cabe mencionar que nueve sospechosos presentes en el informe también fueron señalados por fuentes ciudadanas y por fuentes de la DPNG, dentro de la investigación periodística, por estar involucrados en la matanza de tortugas gigantes y en el tráfico de la carne de galápago. Varios de estos presuntos delincuentes ofrecen carne de tortuga gigante a los hogares de Puerto Villamil.
A continuación, el documento titulado “Informe Técnico. Sacrificio de tortugas gigantes en el sur de la isla Isabela”, tal como Periodismo de Investigación lo recibió de las fuentes en julio del presente año. El documento se explica solo.
La semana pasada Helen Clark, Presidenta de la Junta de PMNCH, Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y Excmo. José Manuel Albares, Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, publicaron un artìculo en The British Medical Journal (BMJ), de Inglaterra en el cual denuncian la utilización de violencia sexual y de género como arma de guerra y resaltan lo escandalosamente frecuentes que se han vuelto las violaciones y otras formas de violencia sexual y de género en los entornos de crisis humanitarias en todo el mundo.
En este artículo de opinión se insta a la adopción urgente de medidas multilaterales para hacer frente a lo que han descrito como una “plaga” de violaciones, y otros abusos físicos y mentales, contra mujeres, niños, y adolescentes vulnerables, especialmente los que viven en entornos de crisis humanitarias. Esto es especialmente delicado en contextos como en el que vivimos, en él se mezclan los conflictos armados, el cambio climático y el COVID. “En estos entornos las mujeres y niñas tienen más probabilidades de sufrir violencia de género y se vuelven extremadamente vulnerables a abusos físicos, sexuales y psicológicos. De hecho, de los casos de violencia sexual en conflictos reportados durante 2021, el 97% fueron de mujeres y niñas”.
La violación se utiliza en conflictos como una estrategia militar deliberada y en cuanto empiezan los disparos, es la causa principal de miedo para mujeres y niñas.
Tienen razón en tener miedo. Es fundamental La violencia sexual en los conflictos está aumentando en todo el mundo; en un informe del Consejo de Seguridad de la ONU, se identificaron en el mundo 49 agentes, estatales y no estatales, como sospechosos de haber cometido, o de haber sido responsables de violación u otras formas de violencia sexual en situaciones de conflictos armados en 2021.
El testimonio de una mujer de la región de Equatoria Central, en Sudán del Sur, describe una situación que, por desgracia, resulta demasiado común. Atacada por soldados en su propia casa, contó: “Después de que un hombre me mordiera, otro me apuntó directamente al pecho con la pistola y me dijo que, si no los aceptaba, me mataría”. Esta violación a sus derechos humanos ocurrió delante de sus hijos aterrorizados.
La violencia sexual y de género aumenta siempre que hay un conflicto armado, porque el miedo, el caos y la confusión crean condiciones perfectas para los agresores. Los conflictos armados agudizan las desigualdades de género que repercuten exacerbadamente sobre mujeres y niñas en todo el mundo, aumentando los niveles de violencia a los que de por sí ya están expuestas. La ruptura de normas sociales, de las restricciones legales y de protección común, otorga a los hombres armados la oportunidad de aprovecharse de las mujeres, niñas, niños, y adolescentes vulnerables. A menudo lo hacen como una táctica intencionada para aterrorizar a la población.
Los conflictos y los desastres naturales separan familias y desplazan a mujeres, niñas, niños, y adolescentes, obligándolos a trasladarse a campos de refugiados y otros entornos inseguros. Los separan de sus comunidades, estructuras sociales y redes de apoyo, así como de los servicios sanitarios y sociales.
En estos entornos las mujeres y niñas tienen más probabilidades de sufrir violencia de género y se vuelven extremadamente vulnerables a abusos físicos, sexuales y psicológicos. De hecho, de los casos de violencia sexual en conflictos reportados durante 2021, el 97% fueron de mujeres y niñas.
Las mujeres, niños, niñas, y adolescentes migrantes también se enfrentan a un mayor riesgo de violencia de género debido a la falta de rutas de migración seguras y reguladas. Esto se ve agravado por la falta de acceso a servicios básicos e información, incluida la relacionada con sus derechos, así como por barreras lingüísticas y acceso limitado o nulo a un trabajo decente y a oportunidades educativas. Una evaluación realizada entre personas migrantes y refugiadas en la frontera entre Colombia y Venezuela clasificó la atención y la prevención de la violencia sexual y de género como una de las 10 principales necesidades insatisfechas en materia de salud sexual y reproductiva.
Una revisión de 19 estudios estimó que el 21% de las mujeres desplazadas sufrieron violencia sexual. Sin embargo, es probable que la cifra real sea mucho mayor, ya que el registro de los incidentes es irregular y las mujeres suelen tener miedo a hablar por temor al estigma social.
En circunstancias de desesperación, las mujeres, niñas y adolescentes pueden verse obligadas a intercambiar sexo por comida, dinero y otros recursos necesarios para sobrevivir. Hasta un tercio de las niñas que viven en un entorno de crisis humanitaria afirman que su primera relación sexual fue forzada.
Pero los conflictos armados no son el único motor de la violencia sexual y de género. Las emergencias sanitarias, en particular la COVID-19, y las catástrofes naturales, incluidas las ocasionadas por el cambio climático, son también factores importantes. Antes de la pandemia, una de cada tres mujeres en el mundo había experimentado violencia física o sexual por parte de una pareja íntima. En 2021, una evaluaciónrealizada por ONU Mujeres en cuatro países descubrió que más de la mitad de las mujeres encuestadas declararon que ellas, o alguna mujer conocida, habían sufrido violencia física y abusos verbales desde que inició la pandemia.
La COVID-19 también ha interrumpido los servicios sanitarios esenciales y ha desviado recursos hacia la respuesta a la pandemia. Las barreras para reportar y acceder a servicios, incluyendo estigma, miedo a represalias y un estado de derecho frágil han existido desde hace mucho tiempo, pero se han intensificado debido a la pandemia. Adicionalmente, las restricciones de movilidad debido a la COVID-19 no permiten a las supervivientes de violencia sexual acceder a servicios esenciales.
El cambio climático y las catástrofes naturales provocan pobreza, desplazamientos, conflictos y pérdida de acceso a la educación. Llevan indirectamente a un aumento en el matrimonio infantil, reconocido por el derecho internacional como una forma de violencia de género.
Por desgracia, el matrimonio infantil es solo una atrocidad más de una larga lista. Durante 2018, la ONU verificó más de 24.000 violaciones graves contra niños, niñas y adolescentes en veinte países, incluyendo el reclutamiento de niños soldados, asesinatos o mutilaciones y agresiones sexuales o secuestros.
Acciones dirigidas
Estas atrocidades no desaparecerán por sí mismas. Necesitamos urgentemente acciones e intervenciones específicas para prevenir y responder a la violencia sexual y de género, especialmente en entornos frágiles y de crisis humanitarias, respetando los derechos humanos universales y el derecho internacional humanitario. Los y las supervivientes requieren servicios específicos de salud sexual y reproductiva y atención social, así como participar en la toma de decisiones. Sin embargo, como demuestran los datos, a menudo no se dispone de esa atención o no es accesible. Asimismo, exigen justicia y rendición de cuentas por parte de los perpetradores. Pero la mayoría de los crímenes son impunes, no hay consecuencias para los responsables y los supervivientes se ven sin reparaciones ni remedios.
A nivel global, es necesario un esfuerzo multilateral y sistemático para acelerar la respuesta y prevenir la violencia sexual y de género, reforzando la colaboración internacional para lograr salud y derechos sexuales y reproductives de forma integral para toda la población, incluyendo la prevención. También se debe asegurar la respuesta a supervivientes con una perspectiva de género y de edad, alineado con los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.
En el ámbito nacional, los países deben crear políticas y concentrar recursos para proteger la salud física y mental de personas refugiadas y en desplazamiento, así como de otras personas en riesgo de violencia sexual debido a conflictos armados. Las medidas deben integrarse en un programa global de salud y derechos sexuales y reproductivos, que proteja el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva en todos los entornos, incluidos en los de respuesta humanitaria. También son necesarias las medidas para promover la rendición de cuentas y reducir la impunidad de los perpetradores.
Los países deben destinar inversiones a largo plazo y elaborar planes de protección social con el fin de integrar esta agenda en su respuesta humanitaria de emergencia y programada, incorporando este enfoque en todos los sectores de actuación. Esto incluye inversiones en el fortalecimiento de capacidades, el análisis y seguimiento de datos, la formación esencial de los y las trabajadoras sanitarias y la creación de un entorno propicio y seguro en el que estos y estas puedan trabajar.
Nos enfrentamos es una “plaga” global de violencia sexual y de género, que se alimenta del caos anárquico de los conflictos armados, de la perturbación sin precedentes que ha generado la COVID-19 y de la creciente destrucción ocasionada por el cambio climático.
El Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer ha elaborado una guía sobre las dimensiones relacionadas al género de la reducción de riesgos por desastres en el contexto del cambio climático y las mujeres en la prevención de conflictos, situaciones de conflicto y posteriores a los conflictos. Tenemos las herramientas para acabar con esta plaga, pero será necesario abordar el problema a través de alianzas en todos los niveles. Nuestras acciones deben estar guiadas por los principios clave de derechos humanos – igualdad y no discriminación, participación y empoderamiento, rendición de cuentas, así como acceso a la justicia. Ningún aporte individual tendrá el impacto necesario por sí mismo; todos los sectores y actores relevantes deben contribuir a erradicar la violencia sexual y de género en conflictos armados y entornos humanitarios.
En el informe de novedades que la DPNG, a través de la UTI, presentó a la Policía Judicial constan los nombres de Klever Enrique Gil Jaramillo y Jacinto Ramón Pinargote Pomboza como los guardaparques que encontraron aquel “centro de faenamiento”.
Un policía y un guardaparque en el centro de faenamiento de tortugas gigantes de La Gorra, en septiembre de 2021.
Probablemente fueron ellos quienes tomaron las fotografías de la matanza, las cuales se viralizaron y llegaron hasta las autoridades de la Asamblea Nacional y del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE). Pero por razones desconocidas, en ese informe de novedades no se mencionó a otro guardaparque que, según el personal de la UTI, también habría estado presente al momento del hallazgo, el señor Máximo Mendoza Yépez.
Las 15 galápagos asesinadas eran Chelonoidis guntheri, especie catalogada en peligro crítico de extinción por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). En el capítulo 20 del libro Galapagos Giant Tortoises, de James Gibbs y colaboradores, publicado en el año 2020, se estima que la densidad poblacional de tortugas gigantes normalmente debería ser de 2,5 tortugas adultas por hectárea de hábitat.
Imágenes del hallazgo del centro de faenamiento de tortugas gigantes en el sector de La Gorra en septiembre de 2021.
La superficie del hábitat calculado para Chelonoidis guntheri, es grande, son 170 km2 que comprenden zonas altas y bajas alrededor del volcán Sierra Negra y donde, según el cálculo, debería haber 42 500 tortugas. Pero, como se menciona en el mismo capítulo del libro de Gibbs y colaboradores, en el último censo poblacional de la especie, realizado en el año 2006, se encontraron únicamente 286 individuos en el campo y se estimó una abundancia aproximada de 572 tortugas en todo el hábitat. Tras aquel censo de hace 16 años, actualmente se desconoce el tamaño de la población de la especie.
Sin embargo, como se detalla en los capítulos 19 y 20 de Galapagos Giant Tortoises, debido a las especies invasoras que actualmente depredan a las tortugas gigantes de Isabela y a sus huevos como las hormigas de fuego, ratas, cerdos y perros, debido también a especies invasoras que compiten por alimento con las tortugas gigantes como las vacas ferales y principalmente debido a la caza furtiva, el número de tortugas Chelonoidis guntheri, que aún sobreviven, realmente podría ser muy pequeño.
También cabe mencionar el problema para la conservación que ha representado, en los últimos años, el hurto de tortugas juveniles Chelonoidis guntheri y Chelonoidis vicina (tortugas gigantes del volcán Cerro Azul catalogadas en peligro de extinción por la UICN) del Centro de Crianza Arnaldo Tupiza Chamaidán de Isabela para el tráfico de especies internacional.
Estas dos especies, emblemas de Isabela y del Ecuador, están a pocos pasos de desaparecer para siempre y las causas son bien conocidas por los científicos y también por los funcionarios de la DPNG y del MAATE.
Las autoridades de estas instituciones saben que las tortugas gigantes del sur de Isabela, Chelonoidis guntheri y Chelonoidis vicina, se están extinguiendo principalmente a causa del consumo clandestino de carne de tortuga gigante por parte de una minoría de la población isabeleña.
En Galápagos, la matanza de tortugas gigantes está prohibida desde 1933. En la actualidad, matar un animal de una especie en peligro de extinción es un crimen tipificado en el artículo 247 del Código Orgánico Integral Penal del Ecuador (COIP) como un delito contra la flora y la fauna silvestre del país. Sin embargo, en Isabela, a diferencia del resto de la provincia de Galápagos, la matanza de las tortugas gigantes continúa a vista y paciencia de las instituciones públicas competentes.
Y según la información obtenida en esta investigación periodística, una de las posibles razones para la inacción de las instituciones puede estar relacionada a que habrían empleados del GAD (Gobierno Autónomo Descentralizado) Municipal de Isabela, del Consejo de Gobierno de Galápagos, de la Agencia de Regulación y Control de la Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos (ABG) y de la propia Dirección del Parque Nacional Galápagos (UTI-DPNG) presuntamente involucrados en estos delitos contra la fauna silvestre más emblemática del país.
A inicios del 2022, durante una visita al Centro de Crianza de Tortugas Gigantes Arnaldo Tupiza Chamaidán de Puerto Villamil en Isabela, al preguntar al guía del sitio acerca del consumo de carne de galápago, él explicó que antiguamente los colonos mataban tortugas gigantes para sobrevivir en la isla pero que ya nadie lo hace debido al crimen que representa y a la disponibilidad de variados alimentos que actualmente existe en Isabela y en todo Galápagos.
Después el guía contó acerca de un programa donde los niños isabeleños alimentan y cuidan tortugas galápagos para crear conciencia en ellos y evitar que en el futuro maten a las tortugas gigantes.
Al tocar el tema nuevamente, el guía admitió que aún hay “pescadores” que aun sabiendo que es delito, capturan a las galápagos inclusive al norte de la isla para el consumo de su carne, pero que es un asunto delicado y que “por estar hecho el sapo (por fisgón y soplón) te pueden hasta matar… por ser patriota” y denunciarlos.
En mayo pasado, en una conversación que este medio tuvo con el doctor Christian Fárez, fiscal que investigaba el caso de las 15 galápagos asesinadas y faenadas en Isabela, Fárez dio a conocer un dato revelador:
los faenamientos de las tortugas gigantes se realizan para el consumo y también para el comercio ilegal de la carne, entre cierto grupo de isleños.
En conversaciones con residentes de Isabela, quienes por su seguridad pidieron a Periodismo de Investigación permanecer en el anonimato, dijeron que hace 10 o 12 años la mayoría de los isabeleños, que hoy son operadores turísticos, eran pescadores y que varios de ellos mataban tortugas galápagos, incluso más de 40 tortugas al mes. Los residentes cuentan que entre las personas que hoy en día trabajan enseñando el valor del patrimonio natural de Isabela a los turistas, irónicamente, están algunos de los consumidores de carne de tortugas gigantes en peligro de extinción.
Pero entonces, ¿quiénes son los que hacen del delito contra la fauna silvestre un modo de ganar dinero?
Los residentes de Isabela explicaron que antes de responder esa pregunta hay que comprender un asunto trascendental del problema que es la cacería, pero la cacería legal. Sorprendentemente, tras realizar una solicitud en las unidades técnicas de la DPNG y pagar dos dólares americanos, los residentes de las islas San Cristóbal, Santa Cruz e Isabela pueden obtener un permiso que les permite cazar, durante tres días, especies introducidas de interés social como cerdos, vacas y chivos en sus islas, dentro del Parque Nacional Galápagos, como una medida para el control de sus poblaciones.
Pero, según guardaparques y residentes de Isabela, quienes realizan cacería suelen ingresar a las áreas protegidas con o sin aquel permiso. Ahora bien, ¿de qué manera se realiza la cacería de animales introducidos?
El uso de armas de fuego está prohibido dentro del Parque Nacional, pero para mayor sorpresa esta actividad se realiza con ayuda jaurías de perros. Y según funcionarios de la UTI, información del libro Galapagos Giant Tortoises y según residentes de la isla, estos son perros poco bien cuidados y sin esterilizar que suelen escapar en el campo y actualmente están invadiendo los ecosistemas de la isla y afectando aún más la fauna nativa de Isabela.
De hecho, en las hojas de control de ingreso a las áreas protegidas de Isabela, de 2021 y 2022, se ha registrado el número de perros que han entrado con los cazadores, pero no el número que ha salido.
Tras la revisión del problema ecológico que suponen estos métodos de caza de animales introducidos, pasamos al problema mayor y es que, según fuentes anónimas de la DPNG, fuentes anónimas residentes de Isabela y un documento de fiscalización interna de la DPNG del año 2013, muchos de los cazadores de cerdos y vacas ferales de Isabela también son quienes están matando a las tortugas galápagos de la isla y quienes trafican su carne.
En el capítulo 20 de Galapagos Giant Tortoises, se señala la caza furtiva como la causa principal del actual proceso de extinción de Chelonoidis guntheri y según la información obtenida para este reportaje, la caza furtiva de esta especie está estrechamente relacionada con la cacería de especies invasoras: cerdos y vacas. Citando textualmente un informe de la DPNG sobre la caza furtiva en la isla, se describe así: “para evitar sospechas, los cazadores mezclan la carne de tortuga con carne de vacunos y de cerdos que también son cazados en los mismos lugares que se encuentran los reptiles”.
Y, aun así, bajo el conocimiento de la DPNG acerca de la matanza de tortugas y de la introducción de perros a los ambientes naturales de Isabela, la cacería de cerdos y vacas ferales se mantiene conceptualizada como una actividad de restauración de los ecosistemas, de acuerdo con el Plan de Manejo del Parque Nacional Galápagos de 2005, por considerarse como extracción de fauna invasora.
Fabricio Morocho Segura señalado por fuentes residentes y fuentes de la DPNG como traficante de carne de galápago en Puerto Villamil.
Varias fuentes residentes de Isabela, quienes no guardan relación entre sí, señalaron a un hombre llamado Fabricio Morocho Segura de ir de casa en casa, en Puerto Villamil, ofreciendo carne de tortuga gigante. Aquel hombre trabaja como capitán de lanchas turísticas y es el hermano de Víctor Ramiro Morocho Segura.
Ramiro es un miembro de la ASOCIACIÓN DE ISABELEÑOS PARA EL CONTROL Y MANEJO DE ESPECIES INTRODUCIDAS, que es una sociedad no jurídica formada por los cazadores de la isla. Aunque cuando Periodismo de Investigación solicitó información a esta organización, en la carta de respuesta a las preguntas realizadas, se explicó que ni el MAATE ni la DPNG han impartido capacitación alguna acerca del “control y manejo de especies introducidas” para los cazadores.
Según una fuente anónima de la DPNG, hace muchos años a inicios de la década del 2000, la institución realizó dos proyectos de control de especies invasoras en Isabela en colaboración con los cazadores de especies invasivas, algunos de los cuales, para aquel tiempo, ya eran conocidos por matar tortugas gigantes.
Entre los nombres más mencionados, por fuentes anónimas de la DPNG y por las fuentes anónimas residentes, como cazadores de tortugas gigantes y traficantes de carne de galápago en Isabela están quienes dirigen la asociación de cazadores, Adolfo Flor Moya y Julio Tiler Flor Yépez, sobrinos de la ex asambleísta por la provincia de Galápagos y esposa del exalcalde de Santa Cruz, Brenda Flor Gil.
Julio Tiler Flor Yépez cazador señalado, por varias fuentes y en el informe de la DPNG, como traficante de carne de tortuga gigante.
El 6 de octubre de 2021 en la Sesión Número 32 de la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales de la Asamblea Nacional, tras conocerse el caso de las 15 tortugas faenadas en Isabela, el asambleísta por Galápagos Pedro Zapata preguntó al ministro de ambiente Gustavo Manrique, qué acciones al respecto tomaría su cartera de estado.
El Ministro primero respondió que él “quería” ver el hecho como un tema de “consumo ancestral” de carne de tortuga, tratando de disfrazar el crimen como una manifestación cultural. Después el Ministro cedió la palabra a Danny Rueda, director del Parque Nacional, quien dio detalles sobre la denuncia realizada.
Sin embargo, no se puede hablar de ancestralidad si los primeros asentamientos humanos de Isabela fueron en 1897 y tan solo 36 años después se prohibió la matanza de tortugas gigantes. Según el libro Galapagos Giant Tortoises, quienes históricamente explotaron a las tortugas galápagos fueron piratas europeos entre el siglo XVI y el siglo XIX, quienes se detenían en las islas para capturarlas como alimento.
Efrén Pomboza Gil guardaparque de la UTI señalado, en el informe de la DPNG, como consumidor de carne de galápago y hermano de Tony Pomboza Gil señalado, en el informe de la DPNG, como traficante de carne de galápago.
Según Jacinto Gordillo en su libro Relatos de 44 años en Galápagos, quienes también consumían carne de tortugas gigantes eran los delincuentes prófugos que huían de la Colonia Penal que el estado instauró en Isabela entre 1946 y 1959.
En general, las fuentes para este reportaje sienten malestar por lo que está sucediendo con las tortugas galápagos y coinciden en que los consumidores de su carne son una minoría entre los 2 350 habitantes de Isabela. Las fuentes isleñas concuerdan en que aquellas son personas que necesitan valorar la naturaleza única y maravillosa con la que conviven.
Actualmente, la provincia de Galápagos vive de sus atractivos naturales. De hecho, según el Plan Galápagos 2030 del Consejo de Gobierno de Galápagos, actualmente el 51,4% de la población económicamente activa realiza labores vinculadas al turismo, lo que representa el 64% del Valor Agregado Bruto (VAB) provincial, eso gracias a las maravillas naturales que posee el archipiélago. Y Galápagos no sería Galápagos sin las tortugas gigantes.
Según funcionarios de la DPNG, quienes pidieron no publicar sus nombres, conocer a todos los cazadores registrados en los permisos de caza y en las hojas de control de ingreso al Parque Nacional, no garantiza encontrar allí a todos quienes matan a las tortugas gigantes de Isabela.
Los residentes cuentan que hay quienes por tierra o por mar ingresan a las áreas protegidas sin permisos, a veces incluso desde otras islas, y matan tortugas gigantes. Este problema es grave porque aquellos delincuentes son más difíciles de identificar y de detener su accionar. Según fuentes anónimas de la DPNG, la localidad de Isabela donde los guardaparques han reportado más restos de tortugas gigantes faenadas es el sector denominado Caleta Iguana, hábitat de Chelonoidis vicina, cerca del volcán Cerro Azul.
Al problema de la caza furtiva se suma el abandono de la isla en materia de seguridad. Isabela es la isla más grande de Ecuador con 4 588 km2 de superficie. En comparación, la provincia de Tungurahua mide 3 386 km2.
En una consulta sobre seguridad al teniente coronel de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, Homero Bucheli Robalino, él explicó a Periodismo de Investigación que, con las dimensiones que tiene la isla, al menos se necesitarían drones con alcance de 25 kilómetros, de larga autonomía, que posean cámaras con aumento de 200x, cámaras termográficas y serían necesarios centros de mando y control enlazados con todas la autoridades pertinentes para una correcta vigilancia de las áreas protegidas, sin embargo esta tecnología no se usa actualmente.
Por otro lado, fuentes de la Unidad Técnica de Isabela (UTI) de la DPNG aseguran que, por falta de personal en la isla, la Policía Ambiental principalmente cumple roles de patrullaje urbano dentro de Puerto Villamil. Y respecto a los guardaparques de Isabela, un informe de fiscalización interna de la DPNG del año 2013, al cual Periodismo de Investigación tuvo acceso, indica que funcionarios de la UTI están involucrados en delitos contra la flora y fauna silvestre del Ecuador.
Según ese informe, con fecha del 20 de diciembre de 2013, titulado “Sacrificio de tortugas gigantes en el sur de la isla Isabela”, el cual fue entregado por un funcionario de la DPNG bajo condición de anonimato, 28 ciudadanos entre ellos cazadores, pescadores, varios empleados municipales, un empleado de la Agencia de Regulación y Control de la Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos (ABG) y funcionarios de la UTI serían consumidores de carne de tortugas gigantes. Nueve de las 28 personas del informe también fueron señaladas por las fuentes.
En el documento también se muestran identificados los sectores donde 24 de los sospechosos realizarían los sacrificios de las tortugas. Además 19 de los 28 sospechosos también son identificados como presuntos traficantes de carne de galápago.
El informe de 2013 explica que el precio por cada tortuga entera muerta oscilaba entre 60 y 100 dólares americanos, dentro de Isabela. Según fuentes anónimas de la UTI y fuentes anónimas ciudadanas, quienes trafican carne de galápago actualmente venden también, de manera muy discreta, la carne cocinada a un precio de 10 dólares por porción.
Tabla obtenida del Informe Técnico: Sacrificio de tortugas gigantes en el sur de la isla Isabela, del 20 de diciembre de 2013 (documento filtrado de la DPNG). En esta hoja de aquel informe de fiscalización interna se muestran los nombres de 28 personas presuntamente involucradas en el sacrificio de tortugas gigantes en peligro de extinción en Isabela, a su vez se muestra la actividad laboral que realizan, se indica si son consumidores y o traficantes de carne de galápago y en qué localidades del sur de Isabela realizan las masacres de las tortugas. Junto a la tabla del documento se incluye información acerca de los registros de cacería que cada uno ha presentado entre enero de 2021 y junio de 2022. También se indica si las personas enlistadas en el informe también fueron señaladas por otras fuentes y si estas personas pertenecen o no a la asociación de cazadores de Isabela.
Este informe de fiscalización interna habría sido remitido a Arturo Izurieta, Director del Parque Nacional Galápagos de aquel tiempo, y desde la Dirección General este documento se habría entregado a la Policía Nacional. Sin embargo, la denuncia nunca llegó a instancias judiciales y no se tomó acción alguna en contra de los empleados de la UTI señalados.
El informe indica que, desde el año 2000, la UTI lleva registro de las tortugas gigantes sacrificadas por humanos encontradas en el campo. Una fuente anónima de la DPNG indicó que actualmente el número de tortugas asesinadas en Isabela asciende a 353, desde el inicio del registro, pero la cifra corresponde únicamente a los restos que han podido ser descubiertos y que han sido reportados por los guardaparques.
Mapa del sur de Isabela
El informe señala zonas con ingresos por mar y por tierra como Roca Unión y Cazuela, cercanas a Puerto Villamil, y Caleta Iguana, cerca de Cerro Azul, como los sitios donde se han encontrado más tortugas sacrificadas.
Número de tortugas sacrificadas por humanos que han sido encontradas y reportadas por guardaparques de la UTI por año y localidad. Las antigüedades de los restos de tortugas de la década de 1990 son estimaciones hechas en el año 2000 por el personal de la UTI según el estado que presentaban los caparazones.
Fuentes de la DPNG indicaron a Periodismo de Investigación que todos los señalados en la lista del informe hasta hoy en día cometen los mismos delitos, a excepción de Alfredo Gil Ochoa quien falleció. Manuel Ortega Aguirre, Tony (Toni) Pomboza Gil, Christian Ortega Pomboza, Júber Flor Moya, y Danilo Toro Ramírez aún son empleados del Municipio de Isabela. Gonzalo Tupiza Villegas y Fabián Jaramillo Pomboza ambos señalados como traficantes de carne de galápago, se mantienen trabajando, el primero como inspector en ABG y el segundo como empleado del Consejo de Gobierno de Galápagos en Isabela.
Con respecto a los funcionarios de la DPNG señalados en el informe, Efrén Pomboza Gil quien fue señalado como presunto consumidor de carne de galápago y quien es hermano del presunto traficante de esta carne Tony Pomboza Gil, actualmente trabaja como responsable del Proceso de Ecosistemas de la UTI y es uno de los funcionarios que aprueban los permisos de cacería en Isabela.
Máximo Mendoza Yépez quien, al igual que su hermano Braulio Mendoza Yépez, está señalado en el documento por matar tortugas gigantes en el sector de Cazuela, sigue trabajando como guardaparque de la UTI y es uno de los funcionarios que controlan y registran el ingreso de los cazadores a las zonas protegidas en el sector del Volcán Sierra Negra.
Publicación de la DPNG del 5 de julio de 2021 en la red social Facebook, en homenaje a Máximo Mendoza por el Día del Guardaparque de Galápagos. Máximo junto a su hermano Braulio Mendoza son señalados en el informe filtrado de 2013 por sacrificar tortugas gigantes en el sector del Muro de las Lágrimas
Vicente Pinargote Pomboza cazador señalado de presuntamente matar tortugas gigantes en el sector de El Solitario y traficar la carne es hermano del guardaparque Jacinto Ramón Pinargote Pomboza. El 24 de septiembre de 2021, durante el hallazgo del “centro de faenamiento” de las 15 tortugas, en el sector de la Gorra muy cercano a Cazuela, quienes se encontraban allí eran Jacinto Ramón Pinargote Pomboza y Máximo Mendoza Yépez. Grandes ironías y grandes coincidencias.
Antes de finalizar esta investigación Periodismo de Investigación realizó una entrevista telefónica a Danny Rueda Córdova, el actual director general del Parque Nacional Galápagos. Una de las preguntas fue sobre las acciones que tomará la DPNG si un funcionario de la institución estuviera involucrado en los sacrificios de tortugas gigantes. El director dijo que toda persona tiene presunción de inocencia hasta que en un juicio se demuestre lo contrario.
Esta historia fue producida con el apoyo de Earth Journalism Network de Internews.
El gobierno de Guillermo Lasso se apresta a renegociar dos contratos de preventa de crudo a largo plazo que garantizan parte de la deuda con Petrochina. La negociación de los contratos 2011-203 y 2016-279 (cada uno por $2000 millones) se cocina por meses y se prevé que las autoridades de Petroecuador firmen los nuevos acuerdos a finales de agosto en Beijing.
El volumen original de los contratos es de 177,48 millones de barriles. Hasta junio del presente año el contrato 2011-203 entregó 162 millones de barriles y el remanente, que es parte de la nueva negociación representa 15,39 millones. El llamado 2016-279 fue por 129,48 millones de barriles y el pendiente de entrega desde julio de este año es 60,95 millones.
El objeto del acuerdo es que al menos 192 cargamentos de crudo que están pendientes de entrega hasta 2024, se extiendan hasta 2027. Ello implica reducir la entrega del número de barriles a Petrochina, por eso se requiere un nuevo contrato en el que se compense con mas cargamentos a la empresa china a fin de que pueda cumplir las obligaciones previamente adquiridas con sus usuarios finales.
La reprogramación, según información de las autoridades petroleras, implica liberar 32 cargamentos para que Petroecuador los venda en el mercado spot. Pero no parece un buen negocio cuando Petroecuador se encargaría de dotar de 80 cargamentos adicionales a Petrochina, para que cubra sus obligaciones, ¿bajo qué condiciones?, nada está claro aún.
Este nuevo acuerdo solo puede ser posible si se constituye una nueva fórmula que establezca el precio del crudo a valores del mercado, entiéndase bajo precios de una venta spot; mantener las fórmulas de precios bajo los contratos del pasado sería sacramentar la corrupción de los gobiernos de Rafael Correa y Lenín Moreno. De firmarlo en esas condiciones el correísmo será el primero en felicitar a Lasso y su gobierno.
Este medio pudo conocer que el nuevo acuerdo implicaría considerar el promedio del mercado actual de Platts y Argus para establecer la tarifa del diferencial. Intentaría además mejorar en 40 centavos el factor flete y sacar beneficio en el precio de transporte; se agrega el pago directo 15 días posterior al levante del crudo. Se estima un beneficio mensual de $20 millones para Petroecuador. Pero nada es seguro hasta que el contrato se firme y se conozca su contenido públicamente. Si es que acaso lo hacen público.
Todo lo relacionado a la deuda china lleva el manto de poca transparencia y corrupción. En Estados Unidos se llevan adelante dos juicios federales por sobornos a autoridades ecuatorianas en los contratos de preventa de crudo y derivados; se investiga el reparto de 90 millones de dólares en los casos Vitol y Gunvor.
Los contratos además tienen condiciones draconianas, por ejemplo la cuenta de Petroecuador en el Banco de Desarrollo de China es controlada por Petrochina, la liquidación y manejo de cuentas está bajo legislación china, ademas hay un protocolo impuesto por el prestamista por montos insatisfechos para cobrarse valores en disputa. De hecho al momento que se negocia hay un valor en las cuentas de ese banco por 270 millones en favor de Petroecuador que no se han repatriado.
Las condiciones del nuevo contrato propuesto a largo plazo se respalda en la resolución Petro-PGG-2022-0007-RLS de 19 de enero de 2022 que delega al gerente de Comercio Internacional autorice los procesos precontractuales y las modificaciones o renovaciones y suscriba todos los contratos que se requieran.
Cuando las negociaciones finalicen se deberá contar con la autorización del directorio para el inicio del proceso de contratación directa para lo cual el Gerente General emitirá un informe motivado que tendrá además el informe de la gerencia de comercio internacional.
Matheus Hendrick (Marthijn) Uittenbogaard de 50 años, uno de los líderes del Partido Amor Fraterno, de la Libertad y de la Diversidad (PNVD por sus siglas en holandés), que por el 2006 buscaba que en Holanda se legalicen las relaciones sexuales entre adultos y menores de 12 años, además de la posesión libre de pornografía infantil y el sexo con animales (zoofilia), se paseó hasta junio último por las costas ecuatorianas: Manabí era su centro de operaciones.
Lo hizo hasta el pasado 23 de junio, cuando, luego de una investigación previa de la Unidad de Delitos Transnacionales de la Policía Nacional en coordinación con la Fiscalía General del Estado, fue detenido a las 16h30 en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo, de Guayaquil. Sucedió minutos antes de abandonar Ecuador, abordo de un avión de una aerolínea europea. El día anterior, esto es el 22 de junio, su esposo, el también holandés Lesley Gerardus Servaas (34 años), había sido aprehendido en la parroquia Canoa del cantón San Vicente, en el norte de Manabí.
Aquel día se allanó un inmueble de tres plantas, que se ofertaba como hostal, pero que por esta época lo que menos recibía eran turistas. Lo que sí había ahí a diario era el paso libre y a toda hora de niños, según las investigaciones preliminares de la Policía Nacional que actuó, junto a la Fiscalía, de oficio, ante una serie de alertas recibidas sobre lo que sucedía en aquel inmueble de construcción mixta, una de las pocas estructuras que no sucumbió del todo al terremoto del 2016, tragedia que destruyó casi el 90% de viviendas de esa parroquia manabita.
En aquel sitio, desde hacía al menos dos años, según indagaciones realizadas por pi., “varios ciudadanos ‘gringos’” llegaban al hostal. En el sitio, refiere uno de los documentos emitidos por los investigadores, estaban “reclutando menores de edad, de escasos recursos económicos, para obtener material visual con representación de desnudos y semidesnudos (reales o simulados) de niñas, niños y adolescentes en actitud sexual, el que habría sido difundido a través de diferentes aplicaciones”.
Con la aprehensión de Uittenbogaard y Servaas se busca determinar cómo operaba en Ecuador la red que por el año 2006, en Holanda, anhelaba la desestigmatización de la pederastia. En el país europeo, el líder de la agrupación era Uittenbogaard, según publicaciones generadas entonces por diferentes medios de comunicación. Además de la pedofilia, también aspiraban la legalización del bestialismo o sexo con animales. No obstante, pese a ser legalizado por un Tribunal, cuatro años más tarde la ambición de sus miembros se enfrío frente al rechazo mayoritario de la sociedad holandesa y el partido se disolvió.
Las acciones
En nuestro país, las investigaciones iniciales de la Policía Nacional y la Fiscalía han determinado que la red, liderada por Uittenbogaard y Servaas, actuaron en varios cantones de Manabí, como San Vicente, Portoviejo, Manta, Pedernales, Rocafuerte y Bahía de Caráquez. Al menos cinco personas diferentes habrían permanecido en distintas épocas en la parroquia Canoa, recoge el proceso que permanece en etapa de instrucción fiscal.
Ahora, se busca determinar la relación de ambos detenidos con el también holandés Nelson Maatman, otro aliado del Partido Amor Fraterno, de la Libertad y de la Diversidad (PNVD), que habría estado en Ecuador y que fue aprehendido el pasado 5 de junio en Ciudad de México, en posesión de 4 terabytes de pornografía infantil, según los reportes de la policía azteca, que además le incautó un arma de fuego y drogas. Dos años antes, en el 2020, Maatman habría sido arrestado en Holanda con más de 10 mil imágenes pornográficas protagonizadas por niños, por lo que fue juzgado por pedofilia.
Tanto la Policía como la Fiscalía de Ecuador, además, buscan esclarecer quiénes eran los amigos que el holandés Lesley Gerardus Servaas halló en la parroquia Canoa de San Vicente a su arribo al Ecuador, en septiembre del 2021. Poco tiempo después de vivir en Manabí, según las primeras declaraciones que ha dado a conocer a los investigadores, adquirió (vía compra-venta) la edificación del hostal donde residía y fue hallado el día de su detención. Ahí, además, permanecían dos niños sin sus padres, quienes supuestamente habían ido a atender una emergencia suscitada en un sitio cercano. La construcción, que fue restaurada tras el terremoto del 2016, había pertenecido a un ciudadano español, quien ya no reside en nuestro país.
En Canoa, Uittenbogaard y Servaas se mostraban como hombres buenos, que atraían a los niños al hostal ofreciéndoles dulces, horas y horas de videojuegos, lo que para los padres de familia no era nada malo. La actitud de los europeos tampoco les habría despertado sospechas, pese a que los menores de edad también recibían dinero, se conoció. Incluso en estos días, mientras los ciudadanos europeos permanecen presos en la cárcel de Bahía de Caráquez, existe inconformidad en cierto grupo de ciudadanos de la parroquia Canoa, sobre todo, de los más allegados que hoy hacen de “guardianes lejanos” del hostal que fue allanado por Policía y Fiscalía. Los niños afectados serían al menos una docena, dijo un policía.
Vínculos a otros casos
Mientras los holandeses permanecen en prisión, tanto en Ecuador como en Perú se han detectado otros casos de pornografía infantil. En San Isidro, localidad del cantón Sucre, en Manabí, la semana pasada la Policía detuvo a una pareja que es investigada porque habría estado distribuyendo material de menores de edad. Investigadores dieron a conocer que desde inicios de año fueron alertados por la Interpol desde Australia (Oceanía) sobre el hecho, en el que la mayoría de víctimas son chicos de entre 10 y 15 años de edad, amantes de los deportes.
Aunque no se ha confirmado, existe la sospecha de que los aprehendidos tienen vínculos con la pareja de ciudadanos holandeses, que residían en Canoa.
Otro detalle que se busca determinar es si las actividades ilícitas de Uittenbogaard, quien en su país ha dicho libremente que “a los niños les gusta que alguien se comunique con ellos a su nivel. Eso también tiene que ver con la sexualidad, los sentimientos y el erotismo”, tienen relación directa con un hecho internacional desarrollado en Perú el pasado 20 de julio, donde se detuvo a 53 personas que serían parte de una organización criminal de generación y distribución de pornografía infantil, que estaba siendo dirigida desde Ecuador, Estados Unidos y Europa, indicó el fiscal del caso Jorge Chávez, según información difundida por la prensa peruana.
Un investigador de la Fiscalía, además, detalló que los 53 sospechosos, que fueron aprehendidos durante allanamientos realizados en 15 regiones del país vecino y 14 distritos de Lima Metropolitana, son parte de un grupo de 255 criminales sexuales, que operan desde 17 países del mundo, 77 son de nacionalidad peruana, de los cuales ya están identificados 71.
Marthijn Uittenbogaard también mantenía un blog https://bit.ly/3S8GIHQ, en el que de entrada salta una alerta: “Es posible que este sitio web sea prohibido por el sistema de ‘Justicia’ holandés…” Su último post lo tituló ‘Falleció Gert Hekma’ y lo publicó en abril. Ahí rinde homenaje póstumo al antropólogo y sociólogo holandés Gergardus “Gert” Hekma, conocido por sus investigaciones y publicaciones sobre la sexualidad; y quien defendió y expuso estudios sobre gays y lesbianas, en su natal Amsterdam.
En su post, Uittenbogaard escribe: “Conocí a Gert Hekma hace unos 25 años. Fue durante un debate sobre la pedofilia y los límites de edad en la ley de moralidad… Habló sin vergüenza de la abolición de estos límites de edad. De una manera que nadie en la sociedad tendría ningún problema con eso, tan libremente. Quería lugares especiales, una especie de centro juvenil, donde los jóvenes y los niños pudieran tener sexo libremente con quien quisieran…”. Similares pensamientos de los actos ilícitos por los que hoy se lo investiga, junto a su esposo…
Uittenbogaard tuiteó desde la cárcel
El pasado 17 de julio, a través de la red social Twitter, Uittenbogaard, quien en el perfil de la cuenta @MHUittenbogaard, se describe como un “luchador por los derechos humanos: jóvenes y mayores. Luchador por la libertad de expresión”, tuiteó varios mensajes pidiendo ser auxiliado porque se considera víctima dentro de la investigación abierta en el Ecuador.
En la serie de tuits y respuestas publicados, escritos en su idioma natal, el holandés, él dice:
“No quiero morir a los cincuenta. Soy totalmente inocente. Los presos no hay problema excepto los M que están a cargo aquí”. https://bit.ly/3PJKYwa
Mujer descubre quién soy. Inventa una historia de fantasía en Facebook sobre la piscina. El edificio ni siquiera tiene piscina. Niños encontrados en el mismo edificio pero en un apartamento diferente. Solo vivía allí. https://bit.ly/3zzQ34r
Encerrado sin cargo. Sin ver a un juez. Sin llamar a un abogado durante semanas. Inocente fijo. @amnestynl no hace nada. https://bit.ly/3zDlUBe
Holanda comenzó a criminalizarme por citar estudios científicos. Decir la verdad es un crimen. @amnestynl no hace nada. Subsidio binoculares devoradores (sic). https://bit.ly/3z5lORq
En sus tuits, publicados hasta hace pocos días, también indica que está preso junto a su esposo. Cuando cita a @amnestynl, Uittenbogaard se refiere a una entidad defensora de los Derechos Humanos con sede en Amsterdam Holanda, país en el que tanto él como Maatman han sido investigados por pedofilia y posesión de pornografía infantil.
Entre 2016 y 2021, análisis de entidades internacionales que luchan contra la pornografía infantil, como la organización británica Internet Watch Foundation (IWF) han dado cuenta de que desde Holanda se ha generado la mayor cantidad de sitios web con publicaciones de esa índole https://bit.ly/3S3TdVf (informe de la IWF, 2021).
De 117.544 casos detectados en el 2020 llegó a 102.676 hechos en el 2021, el 41% del total. Pero en lo que va del 2022 las cifras han sufrido un cambio: Ahora los Estados Unidos de América pasaron a liderar la generación de contenido pedófilo, que ha crecido en el mundo debido a la crisis originada por la pandemia del Covid_19, pues tanto depredadores como menores de edad permanecen más tiempo online, dicen expertos. Con esa situación también ha ido en aumento el material pornográfico “autogenerado”.
No obstante, expertos de la misma IWF, han explicado que ese cambio drástico en las cifras puede radicar en que varias webs que generan contenido de pornografía infantil han migrado los servidores desde Holanda hacia América, centrándose en los Estados Unidos, especialmente.
En Canoa a Lesley Gerardus Servaas se le incautó 1 tablet, 2 laptops, 4 video cassette, 2 flash memory, 1 tarjeta de 4 GB, 1 disco duro de 1x terabyte, 3 teléfonos celulares, 1 disco duro de 500GB, 1 cartola de cuenta de ahortos de la Cooperativa Calceta a nombre de los detenidos, 1 pasaporte y 1 cédula de identidad, 760 dólares en efectivo. En Guayaquil: A Matheus Hendrick Uittenbogaard se le halló 1 teléfono celular, 1 maleta color rosa, 1 CPU ,1 teclado, 1 play station 5, 1 disco duro, 2 flash memory, 1 web cam.
A ellos les da un poco igual que sea un tema de legalidad, ellos lo que piensan es cuánto genera una prefectura, en el período. En base a eso cuantifican. Ellos cuantifican. A ellos no les importa mucho que sea legítimo”. Así, Christian Aguilera no se anduvo por las ramas, sabía lo que decía y lo dijo, sin ningún reparo, a los allegados de la Vice prefecta de Pastaza, Cumandá Guevara, el 3 de septiembre de 2019, cuando empezó a cotizar la salida del actual Prefecto de Pastaza, Jaime Guevara Blaschke. Y la cosa no es difícil, solo hay que hacer la ecuación “de cuanto produce la prefectura” y listo.
Días antes, el Contralor Pablo Celi, en su oficina le había dicho a Cumandá Guevara: “Jaime Guevara está ejerciendo ilegalmente la Prefectura, ya están preparando el documento”. Cumandá Guevara, Vice prefecta de Pastaza, está hasta ahora, un año y pico después, esperando el informe de la Contraloría que nunca llega.
La pandemia de la Contraloría es el soborno
En la Contraloría General del Estado (CGE) también se cocina Arroz Verde. Existe una estructura de sobornos que no es nueva, que alcanza a directores y mandos medios, tiene emisarios sin poder de decisión que son quienes cotizan ofertas.
Christian Emilio Aguilera Carillo es el hombre rana de la Contraloría, se reunió al menos dos veces, acompañado de su padre, con amigos de la Vice prefecta de Pastaza. Nunca habló a nombre propio sino de “5 directores”, en la certeza de entregar informes que ratifiquen la doble destitución que fuera objeto Jaime Guevara en el año 2013.
Christian Aguilera, el funcionario de los contactos en Contraloría
– ¿Pero de cuánto hablaríamos?, le preguntaron al diligente Christian aquel 3 de septiembre de 2019.
– “Ellos ven sus intereses. Yo creo que no menos de 200 (mil), para los 5”, respondió. La cotización del soborno da por hecho que los recursos que se manejan en la prefectura de Pastaza, permitirán recuperar la “inversión”. Christian les dijo: “Ellos calculan lo que puede generar una prefectura” y agrega “por uno o dos meses del sueldo de ellos, no les va a interesar”.
Christian Aguilera, en la reunión de contactos
Quien sí tenía conciencia de “cuanto se maneja en la Prefectura”, según Christian Aguilera, fue el actual Prefecto Jaime Guevara. Primero confiesa haber “participado directamente en este tema…” y continúa, “por ejemplo, para Jaime fue más complicado, porque él estaba con niveles medios, estaba con operativos.
Por eso el tema para él fue más complicado, porque tuvo que repartir dinero a más personas, es más fácil darle un monto a un director que darle un monto más bajo a 10 operativos, es totalmente entendible”. El emisario ofreció certezas, “un director es un director, la palabra de un director sobre los operativos es ley y tiene que acatar.
Por ejemplo, si Jaime estaba atacando con los mandos medios, uno ataca con los mandos altos y ya no va a tener cabida”. Con los “200”, Cumandá Guevara sería Prefecta en un mes y diez días ofreció, “ellos dicen que eso tiene que salir, y así se aprueba”, el resto… “se anula definitivamente”.
Ratificación de la Contraloría, era el último paso
Desde su triunfo electoral en 2019, el Prefecto de Pastaza, Jaime Guevara Blaschke, duerme con un ojo abierto. Cumandá Guevara, como viceprefecta y consejera, fiscaliza los actos del ejecutivo provincial.
Decenas de oficios llegaron a la Procuraduría, al Ministerio de Trabajo, al Ministerio de Gobierno y hasta al Presidente Lenin Moreno, solicitando respuesta del Estado sobre la aplicación del Art. 15 de la LOSEP, que prohíbe a cualquier funcionario público que haya sido destituido regresar jamás a la institución de la cual fue destituido.
El Contralor Pablo Celi conoce las multas y destituciones del Ing. Jaime Guevara; la primera con el número 3056 de 13 de noviembre de 2013, por nepotismo. Guevara contrató como asesor de la Prefectura al hermano de una consejera provincial.
La segunda destitución fue a través de la resolución 3096 de 20 de noviembre de 2013; por haber celebrado contratos con una consejera provincial en funciones y por haber desviado recursos provenientes del 25% del impuesto a la renta transferido como aporte voluntario desde las empresas para obras específicas de infraestructura, que fueron desviados para pago de dietas, inseminación de ganado y hasta para presentaciones artísticas.
La multa en ambos casos de destitución fue de 20 salarios mínimo vitales vigentes a la fecha.’
En razón del Art. 15 de la LOSEP, Jaime Guevara Blaschke en 2017, no pudo trabajar como asesor de Raúl Tello, su coideario asambleísta, porque aún no cumplía la primera parte del mismo artículo, es decir, el impedimento de trabajar en el sector público por dos años.
Gestiones de la Viceprefecta
Para que el Contralor Pablo Celi obligue a cumplir las resoluciones de destitución dictadas en 2013, le llovieron los oficios: de Cumandá Guevara en dos oportunidades, de Henry Moreno, Asambleísta de Pastaza en varias oportunidades y de delegaciones ciudadanas que incluso lo visitaron personalmente, hasta el día en que decidió prácticamente echarlos de su oficina, en noviembre de 2019.
En esa audiencia a la que asistieron dirigentes políticos y gremiales invitados por la viceprefecta, le comunicaron a Pablo Celi que ahí trabaja en la dirección Nacional de Auditoría de Gobiernos Seccionales de la Contraloría, un ciudadano que pretendió sobornarlos para que la Contraloría General del Estado aplique la ley: Christian Emilio Aguilera Carillo.
“Yo lo puedo encarar al señor Contralor” nos dijo uno de los asistentes que por el momento prefiere el anonimato. Pablo Celi aseguró en esa reunión que Aguilera “no trabaja más en la contraloría”. Es por ello que nosotros podemos afirmar que el Contralor sí sabía del tráfico de informes, sabía de la reunión con Aguilera, confirmó Marco Vargas, esposo de la Vice prefecta, también asistente a dicha reunión.
Celi conoce de la operación de una red de sobornos dentro de su institución, pero Christian Aguilera Carillo continúa siendo funcionario de la Contraloría, hasta la fecha. Hubo altercados en esa cita de la cual fue testigo también Marlon Santi, director Nacional de Pachakutik.
El mecanismo
En ese sinuoso trajinar, el Prefecto aún no se sienta tranquilo en el escritorio de la Prefectura, lo único que le sostiene es su endeble mayoría y el silencio de la Contraloría. Desde cuando Christian Aguilera no logró “cuadrar” con la delegación de Pastaza que buscaba la ratificación de la sanción que ya pesaba sobre Jaime Guevara, la Contraloría refundió más los documentos del caso.
Ellos, los Directores, según persuadía Christian Aguilera, estaban dispuestos a sacar de la veda, los documentos del caso Jaime Guevara: “Si se dice que se va a hacer tal cosa, ese es un tema que se debe cuadrar”.
Christian Emilio Aguilera Carillo debía conseguir una mejor oferta que la pagada por Jaime Guevara entre los mandos medios de la Contraloría para que Cumandá Guevara asumiera la Prefectura. Aguilera debía dar todas las garantías:
“No es la primera vez que se maneja así”, insistía al referirse a una persona de altísima jerarquía en el ente de control: “realmente, él no se apersona, tiene tanta carga, y tantos temas. Es por eso que existen las direcciones. Como Contralor no lo va a hacer. No va a suceder. Por eso hay cada dirección, y cada una presta su contingente”.
En aquella reunión de septiembre del 2019, el emisario Christian Aguilera reveló con detalle cómo opera una especie de tráfico de informes en la Contraloría. Aquí, el mecanismo:
“Lo que pasa es que de todos modos previo a la reunión con el Consejo ya se fijan plazos. De este día a este día llega una contestación de la dirección provincial de Pastaza. De aquí a acá mandamos el equipo de control. Sabemos qué va a buscar el equipo de control, no va tener que revisar miles de procesos, ya sabe lo que tiene que ir a buscar en específico.
Regresa con el IRP, se legaliza, procede la Fiscalía y ya no hay más. O sea, una vez que se entrega la consignación, se entrega el compromiso de la situación culminada. No es que se va a ir 6 meses 8 meses, una vez que ellos ya sacaron la situación, ellos no dan largas, ellos ejecutan. Sabes hay que hacer esto, y mandan uno de tu unidad, uno de tu unidad y una de la tuya, vayan allá y hagan lo que tienen que hacer, vuelvan y le aprobamos.
Lo que pasa es que ellos tampoco tienen ninguna garantía de que cuando se ejecute, y legalmente ellos no pueden recuperar valores. Está clarísimo para ellos. Yo puedo tener otra apreciación de la situación a futuro, yo puedo decir bueno a futuro ver qué situación podemos hacer. Ellos hacen un trabajo por cada cosa, no por todo”.
El objetivo de Aguilera era cotizar el pago que Cumandá Guevara debía hacer si quería llegar a ser prefecta de Pastaza. Ella debía pagar mínimo 200 mil dólares, no podía regatear ni dar en partes, porque los 5 directores de la contraloría están acostumbrados a este tipo de exportaciones y cobran bien:
“Tengo que agregar que ellos están acostumbrados a eso”.
Pasó entonces a relatar un caso ocurrido en Petroecuador
“Entró una comitiva de Petroecuador, hace un año, pedían cada 3 meses con 9 informes de responsabilidad penal. ¿Cuánto pagaban por informe? 500 mil, traían de 9 de 7 informes. O sea, son directores acostumbrados a temas de ese tipo. Por ejemplo, realmente es jugar con ellos, decirles ese tipo de situaciones. No lo aceptan, realmente”.
Y prosigue, “Yo no quiero engañarles, ellos trabajan de ese modo. Vuelvo y repito, yo nada más soy un emisario, yo vengo a recabar información, a recabar propuestas, a recabar todo lo que sea pertinente para este tema. Pero ellos no trabajan así. Ellos dicen: es tanto, entonces que sea tanto y lo ejecuta.
Una vez que los explicó todo, Christian fue concluyente:
“A ellos les da un poco igual que sea un tema de legalidad, ellos lo que piensan es cuánto genera una prefectura, en el período. En base a eso cuantifican. Ellos cuantifican. A ellos no les importa mucho que sea legítimo”.
“Ellos ven sus intereses”. (Por eso:) “Yo creo que no menos de 200, para los 5”.
Cumandá Guevara y su comitiva comprobaron, en las entrañas de la Contraloría que una Prefectura pequeña como la de Pastaza está cotizada en “mínimo 200”. Christian Emilio Aguilera Carillo, sigue ahí, del pasillo al ascensor con los resultados de las conversas realizadas en cualquier restaurant de Quito o Ambato; es el hombre que cotiza, negocia, tranza y acuerda lo que le dicen sus jefes…
Guevara siempre estuvo enredado, incluso antes de ser candidato
Con el impedimento legal de por medio, el primer escollo que pasó el Ing. Jaime Guevara fue mentir en el documento que el CNE obligaba a los candidatos a declarar bajo juramento que no posee impedimento legal.
Guevara no tuvo ningún problema, porque su aliado de partido y asambleísta, Raúl Tello, se había adelantado ante los cuestionamientos de ciudadanos locales, que pueden hacer lo que quieran, cuando quieran, que “todo se definirá en el Tribunal Contencioso Electoral”.
Y así fue, Jaime Guevara se inscribió como candidato a la Prefectura de Pastaza en 2019 y lo impugnaron. La Junta Provincial Electoral, resolvió en votación 4 a 1, que Jaime Guevara no puede ser candidato arguyendo que si gana, no podrá ejercer la dignidad por el impedimento legal del art. 15 de la LOSEP. Pasó al CNE por apelación y luego al Tribunal Contencioso Electoral, donde decidieron “como jueces ideológicos y no legales”, calificar la candidatura del Ing. Jaime Guevara.
Luego del triunfo electoral, Jaime Guevara fue conminado ante la Fiscalía a responder por el perjurio en la inscripción de su candidatura y por ejercer la Prefectura estando impedido por el Art. 15 de la LOSEP.
Se interpuso acción legal en contra de los Consejeros Provinciales, al inicio de la administración Guevara. Lamentablemente, nunca se dio seguimiento a esta denuncia que también duerme en algún escritorio del aparato de justicia.
A una solicitud de Cumandá Guevara, el Ministerio de Relaciones Laborales, con fecha 13 de agosto de 2019, se ratifica en la resolución de 8 de noviembre de 2018, donde se concluye que el citado Ing. Jaime Guevara, por así disponer el Art. 15 de la LOSEP, y los artículos 13, 89 y 100 del Reglamento General de la misma Ley, no podrá regresar a la misma institución del Estado de la que fue destituido.
Cumandá Guevara buscó en la Contraloría la ratificación de la destitución de Jaime Guevara, en la Procuraduría General del Estado un pronunciamiento legal; y, en el BDE que se aplique la Ley. Todos al final la hicieron largas, las nuevas fechas dadas por las propias instituciones, también se han cumplido y no hay respuesta posible.
En principio, el Contralor Pablo Celi, dispuso al director Provincial de la Contraloría de Pastaza, Ec. Marco Tulio Restrepo, con fecha 26 de junio de 2019 que haga una “verificación preliminar”, en el segundo semestre de 2019, en torno a la solicitud realizada por Henry Moreno, quien había pedido que se verifique la acción u omisión de los consejeros porque a su criterio, no cumplían con la tarea de fiscalizar y hacer cumplir el status de destituido que tiene Jaime Guevara.
Esta disposición del Contralor fue semanas antes de la reunión con Christian Aguilera, (3-9-19). El ente de control no tenía ningún apresuramiento en dar respuesta a Cumandá Guevara, hasta hoy. Entre tanto, el prefecto se hizo de una mayoría de consejeros provinciales, hoy demandados ante la contraloría y ante la fiscalía de la provincia de Pastaza.
Nepotismo continúa en GADPPz
Una de las dos destituciones del Prefecto en 2013 fue por nepotismo. Jervis Arboleda, Alcalde del Cantón santa Clara, ha firmado con su cuñado el Prefecto algunos acuerdos que incluyen inversiones.
A Jervis Arboleda, lo han cuestionado por dos razones; la primera, no podría actuar como consejero provincial puesto que es pariente en primer grado de afinidad con el prefecto, (cuñado); y otra, su concejo cantonal no respetó la equidad de género al elegir como vicealcalde a Nicolás López cuando esa dignidad le correspondía a Rosa Alexandra Cali Palacios.
La Defensoría del Pueblo de Pastaza interpuso una Acción de Protección para que se respete el derecho de Rosa Alexandra Cali. Luego del trámite, los jueces ordenaron al Concejo Cantonal nuevas elecciones de vicealcalde donde se respete la paridad de género. Arboleda decidió ponerle faldas a Nicolás López, a quien volvieron a elegirlo, por encima de la disposición judicial, (sin el perderían la mayoría en el Consejo Provincial).
Nuevo resbalón del Prefecto
El Prefecto Jaime Guevara necesita de un asambleísta para sostenerse en el puesto. La disposición legal que impide a las instituciones públicas participar en campaña electoral, no le llegó a esta autoridad.
Utiliza todo el aparato de la Prefectura: Patronato Provincial y Brigadas médicas, personal del GADPPz, eventos deportivos e inauguración de obras para promocionar a Elías Jachero, su candidato. El mismo recorre la provincia y se pronuncia abiertamente como prefectura en favor de dicha candidatura.
En 2019, el Prefecto Provincial de Sucumbíos, Guido Vargas fue destituido por algo mucho menor de lo que ahora hace el Prefecto Jaime Guevara; lo destituyó el Tribunal Contencioso Electoral, en aplicación del artículo 276, numeral 2 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, Código de la Democracia.
Ese artículo hace referencia a las infracciones electorales, particularmente a la prohibición que autoridades o servidores públicos usen bienes o recursos públicos con fines electorales, según una información publicada en Diario El Comercio.
El Prefecto de Pastaza, Jaime Guevara, siempre necesitó donde arrimarse: para ser candidato, para legalizar su candidatura, para posesionarse como Prefecto, para ocultar documentos o retardarlos, para todo.
Al político intocable, invencible, que está por sobre la Ley y tiene a Pastaza a sus pies, ahora lo “pescaron” infraganti. En un discurso de 12 minutos en la Parroquia San José, Cantón santa Clara, Guevara llegó a ofrecer “caramelitos para los niños y zapatitos para los adultos mayores; serán regalos de navidad del organismo provincial.
Es el cariño del Patronato, (Provincial de Pastaza), del alcalde (Santa Clara), de doña Narcisa (Arboleda, Presidenta del Patronato Provincial), y de toda la gente de la 61. La Prefectura apoya solo a Elías Jachero, Carolina Villegas, nuestros futuros asambleístas”.
Como se puede testificar en el video, El Prefecto ofrece entregar, (minuto 8 con 30 segundos), «zapatitos y caramelos». Tanta diligencia del señor Prefecto para entregar ahora, en campaña electoral, una donación que fue hecha, en abril de 2019 a la prefectura por parte del Miss World Ecuador.
La Prefectura de Pastaza, sin explicación alguna, guardó estos donativos durante un año y nueve meses, hasta este 14 de enero de 2021 en que, la ya mentada en su discurso, doña Narcisa Arboleda, Presidenta del Patronato, comenzó la entrega de las bicicletas y los «bultos» que fueron recibidos en abril de 2019. Justo en campaña electoral.
Son los documentos que reposan en la Prefectura de Pastaza y que dan cuenta de la entrega recepción de bicicletas, bultos cartones de zapatos como parte de la campaña «belleza con propósito», que impulsó la Prefectura. Será por este tipo de evidencias que la Prefectura, mediante sendas comunicaciones a los directores departamentales de la Corporación, les dispuso que nadie puede publicar ninguna fotografía, ni videos adjuntos, sin la aprobación de la sala de comunicación de la Prefectura.
La comunicación está firmada por la Lic. Angélica Mejía, Jefa del Departamento de Relaciones Públicas de la Prefectura de Pastaza, dirigida a los Jefes Departamentales y Directores. Les dice: «Está prohibido publicar fotografías de las actividades que ejecuta el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza, en las redes sociales, (facebook, instagram, wasap, twitter). El único filtro de comunicación es la dirección de Comunicación Social…», etc. Solo se permite reproducir de la página oficial, una vez que ya sean publicadas.
Esta cernidera de información, lo hacía justamente, cuando empezaron a llover las denuncias de actividades del Consejo Provincial en beneficio de su candidato el Ing. Elías Jachero Robalino.
Por estos evidentes motivos, aunque siempre interpretados por la prefectura como legales y posibles, se han presentado varias demandas de ciudadanos de Pastaza ante del Tribunal Contencioso Electoral, entidad que sentó jurisprudencia con el Caso de Sucumbíos, (diario El Comercio). Ahora, se conoce que la audiencia será el 1 de febrero y que ahí prevalecerá una de las 4 denuncias, la que esté mejor fundamentada.
Quien sí tenía conciencia de “cuanto se maneja en la Prefectura”, según Christian Aguilera, fue el actual Prefecto Jaime Guevara. Primero confiesa haber “participado directamente en este tema…” y continúa, “por ejemplo, para Jaime fue más complicado, porque él estaba con niveles medios, estaba con operativos.
