Toachi Pilatón genera electricidad, pero también impunidad
En febrero de 2025, el gobierno del presidente Daniel Noboa puso en marcha la central hidroeléctrica Toachi Pilatón, la obra más cara de este tipo en la historia del país porque cada megavatio instalado tiene un costo promedio de US$3,9 millones, casi el doble del valor de generación de Coca Codo Sinclair.
El gobierno estuvo obligado a ceder en todas las diferencias técnicas y legales que provocaron los constructores del proyecto porque debía mitigar en algo los graves problemas de generación eléctrica que enfrenta la nación en los meses de estiaje, por eso no dudó en pagar costes por US$21 millones que exigía una de las empresas responsables de la obra.
La puesta en operación de esta central muestra la tragedia, técnica, legal y económica que implicó la construcción y que tiene como responsables al Consejo Provincial de Pichincha, el Ministerio de Energía, el Ministerio de Finanzas, la Corporación Eléctrica del Ecuador, más las empresas privadas Odebrecht de Brasil, las rusas JSC Inter RAO y Tyashmash, pero sobre todo la China Water and Electric, CWE, que construyó las obras civiles.
El presidente Daniel Noboa se vio obligado a pagar las pretensiones económicas de la empresa rusa Tyazhmash, fabricante de los equipos electromecánicos, de no hacerlo la central no estaría en funcionamiento. El pago se logró previo a un acuerdo entre las partes, la rusa pidió US$53,4 millones y la operación se cerró en aproximadamente US$21 millones. Foto: Eduardo Santillán/Presidencia de la República.
HISTORIA
Toachi Pilatón fue un sueño costoso que tomó impulso en el 2003, cuando la Prefectura de Pichincha invitó a la empresa argentina Industrias Metalúrgicas Pescarmona, IMPSA, para estudiar el proyecto y hacer una propuesta. Esta contempló un presupuesto total de US$300 millones. IMPSA obtuvo la concesión del entonces CONELEC para ejecutar el proyecto, pero ésta fue entregada a Hidrotoapi S.A., empresa del Consejo Provincial de Pichincha, que ya tenía un acuerdo (colusorio) previo con Odebrecht.
IMPSA evidenció fallas en el diseño de las obras, luego fue separada del proyecto.
Odebrecht contrató a otro proveedor del equipamiento. Posteriormente salió de escena y la obra civil quedó en manos de la empresa China International Water & Electric Corp, CWE.
CWE interpuso acción de protección con medida cautelar Nro. 23281-2022-01259 ante el juez de la Unidad Judicial Penal con sede en el cantón Santo Domingo de los Tsáchilas. Se negó esta medida.
El plazo para el levantamiento de la medida cautelar concluyó recién el 26 de julio de 2024, fecha en la cual el Gerente de la Unidad de Negocio Hidrotoapi en conjunto con su asesora legal, debieron solicitar al juez de primera instancia el levantamiento de la medida cautelar para que el Estado ecuatoriano cobre las garantías por alrededor de US$13 millones a CWE e inscriba a la contratista fallida en el SERCOP. Además, se pida una indemnización por daños y perjuicios. Pero no se hizo esto, al contrario, con base al autobloqueo inducido por CELEC EP un juez de Samborondón se ha pronunciado extendiendo la medida cautelar a favor de la empresa fallida CWE, con lo que se consuma un perjuicio más al Ecuador.
La mano china
En el año 2009, el presidente Rafael Correa expulsó a Odebrecht de Ecuador y obligó a la empresa brasilera a dejar el proyecto; el reemplazo fue un consorcio chino-ruso conformado por China International Water and Electric (CWE) que se encargó de realizar las obras de ingeniería física y la rusa Inter RAO, responsable de instalar los equipos de generación eléctrica.
Lo que nace mal, crece mal: el ex prefecto Gustavo Baroja (izquierda) entregó la construcción de la obra a Odebrecht con sobrecostos, el ex presidente Rafael Correa tenía acuerdos políticos con Brasil para permitir operar a Odebrecht a su gusto y el ex ministro de electricidad Alecksey Mosquera (derecha) había recibido un millón de dólares de Odebrcht para otorgar la licencia de construcción. Foto: Archivo
En marzo de 2019, CWE —única responsable del contrato de obras civiles— pidió la terminación de su relación contractual con Corporación Eléctrica del Ecuador, Celec, y la recepción de las obras ejecutadas, pero luego del análisis que hizo el equipo de fiscalización de Celec, se reconoció una serie de errores que hacían imposible recibir la central: estaba marcada por atrasos constantes, más errores técnicos y estructurales que pusieron al límite el proyecto, aunque los influyentes abogados de CWE siempre lograron acomodar los hechos como simples actos administrativos, susceptibles de ser subsanados por nuevos acuerdos.
Esta obra se compone de dos circuitos hidráulicos: Pilatón Sarapullo, que posee obras de captación, túnel de descargas de agua, casa de máquinas y chimenea de equilibrio. El segundo, llamado ‘Aprovechamiento Alluriquín’, se compone de la presa Toachi, túnel de descarga, chimenea de equilibrio, casa de máquinas y subestación.
En cientos de documentos de la Corporación Eléctrica del Ecuador se detalla el desastre constructivo de Toachi Pilatón y sobresalen las argucias que usaban los abogados de CWE para hacer ver los problemas de construcción como simples procesos administrativos. Por ejemplo: en el Oficio CELEC-EP-HTP-2021-0237-OFI de 25 de junio de 2021, que tiene que ver con la “Multa impuesta por impermeabilización de las cunetas de la viga del borde de techo falso de la casa de máquinas Alluriquín”, se daba a conocer el levantamiento de las suspensiones y sanciones contra la empresa china, pese a que se comprobó que en la “Captación Pilatón” hubo un asentamiento del canal de lavado de las cámaras del desarenador; es decir, se hundió. Además, se identificaron fisuras en la cámara de transición entre el desarenador y el túnel de ingreso a Sarapullo. Estos problemas fueron perdonados.
Las conclusiones del estudio realizado por Ordóñez Farias decían que a la fecha de las inspecciones que fue en marzo de 2021 la rugosidad superficial y geometría del hormigón no cumplía especificaciones al contacto con el agua. Las imperfecciones en diferentes superficies incumplen las especificaciones de la obra. Se recomienda a la contratista CWE reparar toda la superficie en contacto con el agua.
La consultora Lombardi en enero de 2021 presentó un informe técnico detallado de los problemas constructivos que CWE dejó en las obras del túnel de carga Toachi – Alluriquín. El estudio permitió diseñar las reparaciones.
El Túnel Captación Pilatón – Casa de Máquinas Sarapullo no contaba con acero de refuerzo expuesto, debía además recuperar y brindar mantenimiento de válvulas que mostraban filtraciones. En dicha casa de máquinas debía corregirse zonas con hormigón y acero y realizar inyecciones de impermeabilización en ciertos sectores. En la Presa Toachi no se había realizado el hormigonado de los desagües del fondo de la presa y eso ya era excesivo. Los equipos técnicos de Celec demostraron además:
1.- No se encontraban realizadas las inyecciones de concreto entre los bloques de la presa.
2.- No se habían colocado pantallas de permeabilización en la fundación de la presa.
3.- No había el hormigonado adecuado en las etapas de construcción.
En octubre de 2021 Celec encargó a Gilmar Ordoñez Farías un peritaje sobre las obras civiles realizadas por CWE en toda la central. Descubrió grietas, fisuras, filtraciones en la presa.
Sobre el embalse de la presa no se restituyó el río a su cauce original porque no había compuertas de cierre en el túnel de desvío. Tampoco se había construido el tapón en el túnel de desvío. Y sobre los errores en el Túnel Presa Toachi – Casa de máquinas Alluriquín faltaba la reparación en las abscisas 6+120, 6+913 y 6+920; faltaba también la ejecución de perforación de drenes simultáneos además del mantenimiento de válvulas y filtraciones. En la Casa de máquinas Alluriquín los problemas fueron similares: falta de hormigonado, culminación del túnel de acceso, corrección de hormigones y aceros expuestos en difusores.
También se detectó que la montaña que sostiene la chimenea de equilibrio del circuito Alluriquín, que regula la presión del agua del túnel, tenía desplazamientos por la deficiencia de los drenajes y podía colapsar, provocando deslizamientos de tierra y por tanto daños irreparables al proyecto.
A 2021 el proyecto era un rosario de errores técnicos que parecían insuperables pero los abogados de CWE siempre usaron el mismo justificativo para validar cualquier error: el Estado no paga a tiempo sus planillas: “Su mora purgó y purga cualquier eventual y no consentida mora de CWE, por disposición legal expresa, contenida en el Artículo 1568 del Código Civil. Además, estos incumplimientos han ocasionado un desequilibrio económico en el Contrato de Obras Civiles, en perjuicio de CWE, lo que ha sido advertido en múltiples ocasiones”, dijeron los abogados.
Los hechos no desmintieron las narrativas forjadas por los grupos de abogados, liderados por María Rosa Fabara; ni la Contraloría General del Estado logró desmontar las justificaciones de CWE, pese a que en 2019 emitió el informe DNA4-056 que había identificado los problemas señalados.
Celec se vio impedida de iniciar los trabajos de remediación encaminados a atender las recomendaciones que la Contraloría General del Estado dio a conocer en dicho informe (DNA4-056). CWE también acumuló multas impuestas por la fiscalización o control del proyecto por valores que superaron el 12,6% en relación con el valor del contrato, montos suficientes para terminar el contrato unilateralmente.
El informe de Celec del 21 de junio de 2021 detalla las multas incurridas por la empresa china en el proceso de construcción. CWE nunca aceptó esos valores como responsabilidad suya, como respuesta inició sendos procesos judiciales que al día de hoy han neutralizado cualquier intento de cobro del Estado.
En marzo de 2022, luego de casi doce años de firmado el contrato, el Estado declaró la terminación por fallas estructurales de la obra y observaciones de Contraloría que denunciaron fisuras, grietas, deslizamientos, filtraciones de agua que comprometieron las obras.
CWE respondió mediante sendas acciones legales con tres propósitos: revertir, vía acción constitucional de protección, el cobro de garantías por US$13 millones, neutralizar las multas identificadas por la Contraloría General del Estado por US$31,1 millones y evitar la terminación unilateral del contrato.
Buscó un juez en el cantón Mejía, provincia de Pichincha, para que emita medidas cautelares a su favor e impida la ejecución de las garantías. Pero su jugada salió mal porque su petición fue negada; inmediatamente buscó otro juez, pero en Santo Domingo de los Tsáchilas, al que solicitó lo mismo. El juez Jorge Eduardo Armendáriz Zuluaga calificó la acción de protección y aceptó la medida cautelar, con ello CWE logró que el dinero de las garantías no se recupere y, por tanto, no existan los fondos para subsanar los daños que ella misma causó.
También inició una demanda contra el país por US$100 millones como respuesta a las multas identificadas por Contraloría General del Estado.
Las obras de remediación no fueron concluidas por la empresa china. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército se encargó de ponerlas a punto para que la empresa rusa, al fin, someta a prueba los equipos electromecánicos.
Los estudios realizados al interior del túnel Toachi Alluriquín determinaban filtraciones de agua a presión que generaban fisuras y destruían el revestimiento del túnel.
El túnel Toachi Alluriquín evidenciaba humedad en su revestimiento de hormigón y presencia de sales, generando desprendimientos de hormigón y deformación de la armadura en bóveda.
Los daños en el revestimiento del túnel entre los kilómetros 6,5 y 7,5 eran evidentes, con mayor cantidad de agua.
La historia rusa
Para finalizar la obra, el actual gobierno debió entrar a una mediación con la empresa fabricante de los equipos electromecánicos, la rusa Tyazhmash, que había reemplazado a otra llamada Inter RAO. El proceso se retomó el 16 de septiembre de 2024; hasta entonces, las negociaciones se encontraban detenidas por un reclamo de $54,2 millones.
Tyazhmash justificó el atraso en la instalación final de los equipos electromecánicos por los problemas provocados por CWE. Según los rusos, se requería de agua para probar los equipos, pero un informe de fiscalización (N. 084 MAYO -2018-CPT-I-084-18A) dijo que el montaje no debía representar un problema.
Las discrepancias entre Celec y la empresa rusa obligaron a establecer condiciones de confidencialidad en la mediación; esta se mantuvo en sigilo hasta el final, aunque trascendió los nombres de los negociadores del Estado: Luis Mora de la Procuraduría General del Estado junto a Carlos Jurado Bedrán, que fue parte del equipo del exvicepresidente Jorge Glas, el funcionario que entregó la obra a los chinos.
A finales de 2023 el Estado recibió la propuesta de Tyazhmash, incluyó los costos de recuperación de garantías que los equipos electromecánicos perdieron en un momento del proyecto.
La pregunta entonces era bajo qué argumentos técnicos se debe pagar esos valores. De los US$54.2 millones requeridos por Tyazhamash, se reconocieron como pronto pago US$22 millones que se desglosaron de la siguiente forma:
· US$18 millones por la recuperación de garantías técnicas de los equipos, que fue observado por la Contraloría en el informe DNA4-0019-2022, ya que hubo una prórroga de vigencia de garantías técnicas de 1 a 5 años. El contrato con Tyazhmash se firmó en 2019.
· US$5 millones por mayor permanencia en obra, pero este rubro se calcula solo en contratos de construcción de obra civil, que no es el caso de suministro y montaje de equipos. Los propios reportes de la empresa determinan además que existió retraso en la provisión de suministro, lo que significa el reconocimiento de valores dentro de los tiempos muertos de contrato, donde incluso el personal estaba parado por la misma empresa por falta de suministro.
· Los US$31 millones restantes suponían un nuevo arbitraje. En el gobierno de Guillermo Lasso fue sometido a análisis por la Unidad de Análisis Financiero y Económico, UAFE, los movimientos financieros de Tyazhmash S.A., pero “sorpresivamente” el trámite se extravió en el período de Hernán Luque Lecaro, detenido en Argentina por estar vinculado en el caso Encuentro.
Según el informe de Contraloría DNA 4-0042 – 2024, que es una auditoría de gestión entre el 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2023, en CELEC, del Proyecto Toachi Pilatón se concluye que:
· No se gestionaron los plazos para las contrataciones y ejecución de las obras civiles y eléctricas e hidromecánicas, en medio de controversias jurídicas.
· No se hizo un seguimiento de las actividades ni hubo un mecanismo para verificar el avance del proyecto, esto retrasó la puesta en marcha de Toachi Pilatón, en su conjunto, y su aporte al Sistema Nacional Interconectado para generar 254,4 MW de energía para cubrir la demanda a nivel nacional.
En su informe, la Contraloría pidió de manera urgente que los Gerentes del proyecto entreguen documentación técnica y comprueben qué seguimiento se hizo a las obras civiles y, además, que si la empresa rusa Tyazhmash no se hacía cargo de estas obras se modifiquen los términos de contratación para que el Estado ecuatoriano no pierda.
CELEC conocía que el procedimiento de mediación con Tyazhmash S.A. podía ser ilegítimo por temas legales arrastrados del pasado, previo a la firma del acuerdo existieron 6 suspensiones de trabajos, la Procuraduría reconoció 23,8 millones en la negociación, el gobierno de Daniel Noboa no ha dicho el monto exacto que recibió la empresa rusa
Cuerpo de Ingenieros salvó el proyecto.
Las últimas obras civiles para la puesta en marcha del complejo hidroeléctrico Toachi Pilatón las hizo el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, CEE, quien informó que terminó la construcción del tapón del túnel de desvío.
En un comunicado del 24 de noviembre de 2024 informaron la terminación de esta obra: “El personal militar al momento se encuentra realizando trabajos de remoción de material que permitan el llenado del embalse de la presa Toachi”. El proceso de llenado del embalse en el río Toachi empezó el pasado 8 de noviembre con la presencia de la ministra de Energía y Minas encargada, Inés Manzano; del viceministro de Electricidad, Fabián Calero, y autoridades de la CELEC.
Con eso se dio inicio a la “cuenta regresiva” para la operación de la central Alluriquín, que tiene una capacidad de 204 MW, cuya primera turbina de 68 MW (de un total de tres turbinas de la misma potencia) se planificó para el 17 de diciembre.
La presa tiene una altura de 60 metros y 170,50 metros de ancho. El embalse tiene una longitud de 3 kilómetros y una capacidad de almacenamiento de 6.770 metros cúbicos.
El viernes 22 de noviembre, CELEC junto con técnicos de la controvertida empresa rusa Tyazhmash, arrancó con las pruebas mecánicas de la turbina de la central Alluriquín. Las otras dos turbinas, de la misma arrancaron en enero y febrero del 2025.
