No hay justicia para Yachay: cerca de 100 auditorías, $200 millones en glosas, ningún imputado
El megaproyecto acumula al menos 14 Informes con Indicios de Responsabilidad Penal (IRP) emitidos por la Contraloría desde 2018. Todos reposan en la Fiscalía, pero siguen en indagación previa, pese a que la ley fija un plazo máximo de un año para pasarlos a instrucción fiscal o disponer su archivo provisional o definitivo.
La Contraloría General del Estado (CGE) acumula cerca de un centenar de exámenes especiales sobre los contratos del fallido proyecto Yachay, Ciudad del Conocimiento suscritos desde el año 2014 por el Gobierno de Rafael Correa. En estos días, por disposición de su titular Mauricio Torres, la entidad ejecuta una nueva acción de control para verificar el cumplimiento de cinco informes: DNA2-0014-2022, DNA2-0018-2022, DNA2-0078-2023, DPI-0022-2023 y DNA2-008-2024, emitidos entre 2022 y 2024.
Informes de Contraloría: DNA2-0014-2022, DNA2-0018-2022, DNA2-0078-2023, DPI-0022-2023 y DNA2-008-2024
No es la primera vez que las auditorías señalan irregularidades y afectación económica. En 2018, la Contraloría determinó un perjuicio de $31,4 millones en la construcción de los cinco edificios del complejo universitario en los que halló fisuras, fallas estructurales y sobreprecios. Los exámenes realizados por los auditores permitieron detectar un patrón de comportamiento: contratos inconclusos, pagos anticipados sin sustento, obras paralizadas con apenas 20% o 30% de avance pese a que las contratistas cobraron hasta el 80% del costo. También documentaron duplicidad de funciones en Yachay EP y la Senecyt, hecho que infló los gastos administrativos.
El primer contrato con Gezhouba por $169,67 millones incluye 18 obras, entre ellas el sistema de agua y alcantarillado y el edificio Clúster de las Ciencias, que se encuentra en este estado: Foto: Mil Hojas
En los informes del máximo ente de control del manejo de los recursos del Estado, también se advirtió que, entre 2015 y 2018, año en el que el entonces presidente Lenín Moreno cambiara el nombre del proyecto de Yachay a Siembra y reorientara su labor hacia lo agrícola, se acumuló más de $30 millones en pérdidas debido a adquisiciones sin planificación, terrenos improductivos, sobreprecios y contratos de consultorías que nunca fueron realizadas. Ante el sombrío panorama, ese mismo año, el exmandatario liquidó la empresa.
Los auditores señalaron como responsables de las anomalías a los gerentes de Yachay EP desde 2015 hasta 2020, a exsecretarios de Educación Superior y a otros altos funcionarios. Se establecieron glosas e iniciaron juicios coactivos; sin embargo, los procesos se han dilatado en el Tribunal Contencioso Administrativo y, en la mayoría de los casos, no se ha emitido sentencia en firme que obligue a que los responsables de las irregularidades devuelvan el dinero al Estado.
El primer gerente general de Yachay EP fue el correista Héctor Rodríguez, quien asumió el cargo en 2013 y renunció el 5 de julio de 2017. Fue él quien suscribió los contratos con Gezhouba y CEIEC. Dejó el cargo tras denunciar falta de apoyo al proyecto por parte del Gobierno de Lenín Moreno. En la actualidad, Rodríguez es asambleísta del movimiento correista Revolución Ciudadana, cargo que debe ejercer durante el período 2025-2029. Fue reemplazado por su coideario y exalcalde de Ibarra Jorge Martínez quien dimitió el 22 de febrero de 2019. En junio de ese año, el guayaquileño Adrián Zambrano asumió la gerencia y ofreció reorientar el enfoque del proyecto hacia el desarrollo agrícola. Estos dos últimos fueron designados por Lenín Moreno.
Héctor Rodríguez, Jorge Martínez y Adrián Zambrano, exgerentes de Yachay EP, entre 2013 y 2019.
En 2018, la Contraloría estableció un perjuicio de $31,4 millones en la construcción de cinco edificios con fisuras, fallas estructurales y sobreprecios, por lo que emitió glosas por más de $200 millones que se han tornado incobrables.
En 2018 la Fiscalía abrió tres investigaciones -una en Quito y dos en Urcuquí-, pero no hay avances hasta la fecha o, al menos, no se han hecho públicos. De acuerdo con una nota de diario El Telégrafo, publicada ese año, la exfiscal general (e), Ruth Palacios, sostuvo que la demora en las investigaciones obedecía a la falta de recursos, de peritos y a que el número de fiscales era escaso frente a los múltiples informes que remitía la Contraloría: solo entre 2017 y 2019 habrían recibido 92 informes con indicios de responsabilidad penal (IRP), 14 de los cuales correspondían a la administración de Yachay EP. https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/sociedad/6/yachay-contraloria-fiscalia. Cada peritaje costaba entre $20.000 y $25.000 y lo máximo que puede pagar la institución es de apenas $3.900, reveló la funcionaria.
Hace ocho meses, en entrevista con Mil Hojas, el contralor Mauricio Torres informó que sobre Yachay existen más de 80 IRP y glosas que superan los $200 millones. Admitió, además, que muchas obras siguen inconclusas y que la universidad apenas sobrevive. “El proyecto se ejecutó al revés, priorizando la obra gris sin garantizar servicios básicos. Hay personas sancionadas por eso”, dijo. Además, en un análisis más amplio, el juez de cuentas denunció que, solo entre 2019 y 2023, el país perdió US$4.488 millones por glosas caducadas, debido a graves falencias en la aplicación de sanciones, gracias a una red de corrupción que operó bajo la administración de sus predecesores Pablo Celi y Carlos Riofrío. Más detalles en el video de la entrevista al contralor.
Solo de 2019 a 2023, el país perdió $4.488 millones por glosas caducadas, gracias a una red de corrupción que operó en las administraciones de sus predecesores Pablo Celi y Carlos Riofrío, denunció Mauricio Torres.
El contralor Mauricio Torres reconoció a Mil Hojas que muchas obras siguen inconclusas: “El proyecto se ejecutó al revés, priorizando la obra gris sin garantizar servicios básicos. Hay personas sancionadas”. Sin embargo, no dio detalles sobre los funcionarios ni las empresas chinas responsables.
Aunque no se cuenta con la cifra exacta de glosas atribuidas solo a compañías chinas, uno de los casos que más llamó la atención del contralor es el examen sobre un contrato del Sistema Ecu- 911 por US$750 millones con una empresa china que, en 2016, llegó al despacho del entonces contralor Carlos Pólit, en donde desapareció, lo que impidió cualquier acción de control posterior.
Si en la Contraloría, según denuncia de su titular, uno de los obstáculos para obtener justicia y reparación era ese subrepticio mecanismo para hacer que las glosas caduquen, en la Fiscalía la eternización de los procesos de investigación es lo que ha ocasionado que hasta ahora no se haya iniciado más acciones en torno a Yachay.
Para conocer el avance de las investigaciones sobre las irregularidades en el proyecto, desde inicios del presente mes de septiembre de 2025, Mil Hojas envió a la Fiscalía General una solicitud de entrevista y un pedido de información sobre la suerte de varios informes con indicios de responsabilidad penal remitidos por la Contraloría. También se le consultó si la situación denunciada por la exfiscal Palacios persiste o no. Sobre esto último no hubo respuesta; sobre lo primero, este 15 de septiembre, entidad envió un correo en el que señala:
“Las investigaciones llevadas a cabo al seno de la Fiscalía General del Estado son exclusivas de las Unidades Fiscales que las tienen a su cargo, por lo cual gozan del carácter de reservadas. Incluso los funcionarios que no pertenecen a dichas Unidades Fiscales no poseen acceso ni pueden acceder, bajo pena, a tales expedientes.
Igualmente, según lo dispuesto en los artículos 472, numeral 3, y 584 del Código Orgánico Integral Penal, las investigaciones que se encuentren en marcha gozan de reserva legal, motivo por el cual nos resulta imposible brindarle detalles sobre el caso que usted requiere por el presente medio. Así, le sugerimos que acuda, personalmente o por medio de su abogado, a la Fiscalía donde se encuentra sustanciado su proceso (en caso, lógicamente, de ser parte procesal), con la finalidad de que allí pueda solicitar visionar y revisar el expediente y obtener la información requerida. En el ámbito de sus competencias, le corresponde al Fiscal que conoce su causa disponer todas las diligencias que estime pertinentes, incluido el hecho de comunicar los avances de la investigación únicamente a las partes procesales. A su vez, recuerde que todos los impulsos fiscales les serán debidamente notificados mediante los correos electrónicos y las casillas judiciales que hayan señalado las partes”.
Ante esta respuesta la redacción de Mil Hojas considera pertinente precisar que los informes de Contraloría con indicios de responsabilidad penal que consultamos fueron emitidos entre 2018 y 2022. En tanto, el artículo 215 del Código de Procedimiento Penal (CPI) señala que: “De no existir fundamentos para deducir la imputación, la indagación no podrá mantenerse abierta por más de un año, y transcurrido este plazo, la fiscal o el fiscal dispondrá el archivo provisional del expediente o solicitará al juez su archivo definitivo, según fuera el caso; este plazo se contará desde la fecha en la cual el fiscal dio inicio a la indagación previa. Sin embargo, si llegaren a poder de la Fiscal o el Fiscal elementos que le permitan imputar la autoría o participación en el delito a persona determinada, iniciará la instrucción, aunque el plazo hubiere fenecido, siempre que la acción penal no hubiere prescrito según las reglas generales.”
Por lo tanto, hace años que estos procesos debieron ser archivados (provisional o definitivamente) o debieron haber pasado a instrucción fiscal, con lo cual la información sobre lo sucedido, el archivo o la instrucción, debería ser de conocimiento público, no solo de las partes procesales. Sin embargo, de la respuesta de la Fiscalía se desprende que las investigaciones o indagaciones continúan activas de manera indefinida y sin que exista transparencia sobre las mismas.
