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La esperanza del país de duplicar su producción petrolera que ahora es de casi $500 mil barriles diarios puede esfumarse si uno de sus mayores pozos pasa a manos de una compañía que nunca ha producido un solo barril de crudo y que presenta, como sus credenciales, un proceso de exploración en curso en Colombia, varios otros proyectos en etapa de investigación y menos de 6 meses de operaciones en Ecuador.

Se trata de la empresa canadiense New Stratus Energy Inc., que el 5 de junio pasado firmó con Petroecuador EP un Memorando de Entendimiento “con el propósito de optimizar y acelerar el desarrollo y producción de los campos petroleros en los bloques 43 (ITT) y 31”, actualmente operados por la estatal ecuatoriana.

El acuerdo se suscribió bajo el ofrecimiento de New Stratus Energy (NES) de aumentar la producción de petróleo de estos bloques que hoy bordea los 60,000 barriles por día, hasta alrededor de 250.000 barriles diarios, durante los próximos 5 años.

En el bloque 43, ubicado en la provincia de Orellana, se encuentran los yacimientos Ishpingo-Tambococha-Tiputini (ITT), con las mayores reservas petroleras del país: 1.670 millones de barriles y una producción diaria que ha oscilado entre los 50.000 y los 60.000 barriles en los últimos tres años. En el potencial de los campos de este bloque se basa buena parte de los planes oficiales para duplicar el total de producción nacional de petróleo y así alcanzar 1’200.000 de barriles diarios. Para ello Petroecuador anunció el año pasado el aumento de torres de perforación que permitan incrementar la producción de los 168 pozos productores, inyectores de agua de formación e inyectores de cortes de ripios. A ello se suma toda la infraestructura que existe en el bloque 43, incluida la Central Tiputini que procesa 650.000 barriles de fluidos.

El bloque 31, ubicado en el lado occidental del Bloque 43, tiene reservas estimadas por 45,5 millones de barriles en los campos Apaika y Nenke. Es operado por Petroamazonas desde 2009 y su producción actual bordea los 3.500 barriles diarios.

Al momento New Stratus Energy ya tiene acceso a parte de los derechos de la compañía Repsol en otros bloques petroleros de la Amazonía ecuatoriana. De acuerdo con la información financiera presentada en la Superintendencia de Compañías, el 14 de enero del 2022 se produjo la venta de las acciones de Repsol Ecuador S.A (Casa Matriz) constituida y domiciliada en España a la empresa New Stratus Energy constituida y domiciliada en la provincia de Alberta, Canadá, cotizante en la Bolsa de Valores de Toronto, bajo el símbolo TSXV:NSE.

A partir de dicha venta, Repsol Ecuador S.A. (Subsidiaria de New Stratus Energy) solicitó al Ministerio de Recursos Naturales No Renovables el inicio de negociaciones con miras a una extensión y cambio de modalidad contractual de los contratos de los Bloques 16 y 67.

Repsol Ecuador S.A. inició sus actividades en el país desde 1995 al adquirir los derechos de participación, junto a otras compañías petroleras, para la operación de los bloques 14, 16 y Área Tivacuno.

Luego de varias cesiones de derechos y obligaciones Repsol Ecuador S.A. y otras 3 empresas suscribieron el contrato de prestación de servicios (con varios contratos modificatorios) y constituyeron el Consorcio Petrolero Bloque 16 y el Consorcio Petrolero Bloque Tivacuno o Bloque 67.

La participación de las empresas en estos consorcios se estableció así:

La compra de acciones incluyó también el cambio de nombre de Repsol Ecuador S.A. por Petrolia Ecuador S.A., empresa que es la que aparece como una de las operadoras de los bloques 16 y 67 que en conjunto producen un promedio de 15.500 barriles diarios de crudo, de los cuales el 35% que equivale a 5.425 barriles diarios corresponde a Petrolia.

Hasta junio pasado el ofrecimiento de New Stratus al gobierno ecuatoriano era una inversión de $1.200 millones atada a que se les permita operar también los bloques 43 y 31 mediante la perforación y finalización de más de 200 pozos ya planificados por Petroecuador, junto con la construcción de conductos enterrados para oleoductos y tuberías de agua, cableado de transmisión de energía y cable óptico para datos. El objetivo sería conectar estos bloques con las instalaciones del Bloque 16, así como la prestación de todos los servicios de apoyo, incluidos los estudios de yacimientos.

Todo esto condicionado, además, a que se concrete una extensión, hasta por 15 y 20 años, de los contratos actuales para los Bloques 16 y 67, que vencen el 31 de diciembre de 2022.  La terminación del plazo de este contrato implica la reversión automática de la infraestructura y la operación de los bloques a favor del Estado, lo que es considerado por expertos como positivo para el país porque estos activos todavía tienen reservas remanentes.

En el último reporte del “Potencial Hidrocarburífero del Ecuador” (31-12-2019) Repsol registró en el Bloque 16 reservas totales por 14 millones de barriles y recursos contingentes por 22 millones de barriles. En el bloque 67, reporta reservas totales de 1.8 millones de barriles y recursos contingentes de 2.3 millones de barriles.

New Stratus ha solicitado también la migración del contrato de prestación de servicios a contrato de participación. En esta modalidad la compañía privada recibe parte de la producción de petróleo para compensar sus inversiones y el resto del petróleo queda en manos del Estado.

Este plan de New Stratus de conversión de contratos, extensión de plazos e inversiones está supeditado a que se logren acuerdos definitivos con Petroecuador y que las autoridades reguladoras aprueben los términos y condiciones.

Pero mientras la petrolera canadiense espera la respuesta final del gobierno ecuatoriano a sus propuestas, ha continuado con sus planes de fortalecer su participación en los bloques 16 y 67, pues el 8 de septiembre pasado, anunció que ha celebrado un acuerdo de compra de activos con uno de sus socios en la operación de los mencionados bloques. Adquirirá un paquete del 31% “por una contraprestación total de aproximadamente $ 1.2 millones en efectivo”.

Una vez completada la transacción NES tendrá una participación operativa del 66% en los contratos de servicio para los bloques 16 y 67.

New Stratus aclaró que la finalización de la transacción está sujeta a la autorización previa del Ministerio de Energía y Minas de Ecuador y las autoridades antimonopolio. Una vez obtenidas estas aprobaciones consolidará una participación operativa en ambos bloques del 66% que significa alrededor de 10 mil barriles diarios de crudo.

Los intentos de New Stratus por ingresar al negocio petrolero en Ecuador iniciaron en 2020, pero su debilidad financiera fue la causa para que el Gobierno de Lenín Moreno frenara la operación.

Sin embargo, ahora las autoridades de energía han abierto la puerta de las negociaciones. El ministro del ramo, Xavier Vera-Grunauer, en conversación con pi. hace algunas semanas dijo que era mejor llamar a un concurso internacional, luego su discurso fue variando y ha dicho que el gobierno hará esfuerzos para llegar a un acuerdo con NSE y renovar sus contratos. Esto, a pesar de -no solo de las limitaciones financieras-  la poca experiencia técnica de la canadiense, sino también de que la vía legal para entregar esos campos al sector privado es una licitación.

Piratas

Antes de operar en Ecuador, mediante su participación en los bloques 16 y 67, New Stratus Energy (NES) solo registra operaciones de exploración en Colombia, en el bloque VMM-18.

NSE es una empresa de apenas dos años, según lo admitió su presidente y director general, José Francisco Arata, en una entrevista para Forbes Ecuador: “en 2018, a raíz de la solicitud de grandes fondos de inversión, nos incentivaron a juntarnos en un equipo técnico con amplia capacidad de generación de proyectos y creamos NSE… detrás hay ejecutivos que tenemos años de experiencia.”.

Arata afirmó que en 2019 fueron invitados por JP Morgan para la selección del reemplazo de la operadora de Repsol en Ecuador y que fueron elegidos porque Repsol y Pacific Rubiales trabajaron juntos en Colombia y Guayana. Arata es un empresario y geólogo venezolano que trabajó en Maraven S.A., filial de Petróleos de Venezuela (PDVSA) y luego fue cofundador de la petrolera Pacific Rubiales que operó en campos petroleros de Colombia y Venezuela.

Según el último reporte fiscal publicado por la misma NSE, en 2021 tuvo una pérdida neta de $1,1 millones, con un capital de trabajo de apenas $53.758 y activos por $2.055,703. Recién en enero de 2022 en que New Stratus accede a los campos petroleros ecuatorianos, los ingresos de la empresa pasan de $0 a $25,7 millones (hasta primer semestre del año) y hay buenas perspectivas de contar con utilidades al final del ejercicio. Quién tiene padrinos se bautiza.

Si bien los indicadores de New Stratus empiezan a mejorar en 2022, eso es impulsado exclusivamente por la adquisición de las operaciones de los bloques 16 y 67, es una empresa con un capital de trabajo de apenas $29,14 millones hasta primer semestre de 2022. No está apalancada en otros respaldos financieros o  capitales fuertes. Por lo que hay preocupación sobre su capacidad futura no solo para enfrentar problemas de liquidez coyunturales, sino contingencias o pasivos que pudiera heredar de Repsol en un área por demás sensible para el planeta como es el Yasuní.

De hecho, en los informes y balances financieros presentados por Petrolia (antes Repsol Ecuador S.A.) a la Superintendencia de Compañías constan cinco contingencias que aún no han podido ser resueltas por la empresa.

La primera tiene que ver con un juicio coactivo en contra de Repsol que no se ha resuelto. Por recomendación de la Contraloría General del Estado, dentro del examen especial al convenio de cooperación entre Petroproducción y Repsol para incrementar la producción y reservas de crudo en el campo Shushufindi; Petroecuador emitió facturas por $3,013,240, inició la coactiva y embargó el valor facturado.

La entonces Repsol Ecuador inició un proceso de excepciones a la coactiva y la Corte Constitucional expidió una sentencia (No. 60-11-CN/20) el 6 de febrero de 2020, declarando la inconstitucionalidad de algunas normas que afectaban el proceso.

Tras esta resolución, en noviembre de 2021, la Corte Provincial (a donde regresó el caso) resolvió que debe continuar el juicio de excepciones a la coactiva, a partir del estado en que se encontraba hasta antes de la declaratoria de nulidad. El proceso está en la Unidad Judicial Civil en Quito desde el 14 de diciembre de 2021 pero todavía no avoca conocimiento.

Petroecuador reclama también el pago de US$1.022,033 por información entregada a Repsol YPF Ecuador S.A. dentro de un fallido proceso de licitación convocado por la estatal.

Repsol YPF Ecuador S.A. asegura que pagó el valor de las bases de licitación, que incluía el acceso al “data room” y a toda la información disponible para el efecto. Sobre este proceso se han pronunciado la Corte Superior y la Corte Nacional de Justicia y debe ser remitido, para su resolución al Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en el Distrito Metropolitano de Quito. Esta contingencia ha sido provisionada en los estados financieros. Adicionalmente, existen embargos ejecutados por $1,845,723.

El 31 de mayo del 2005, la Contraloría emitió una glosa en contra del contratista del bloque 16 por $2.578,612, de los cuales $902.514 le corresponden a Repsol, por la compra y utilización de químicos reductores de fricción. El 23 de noviembre del 2006, Repsol presentó una demanda de impugnación ante el Tribunal Contencioso Administrativo. El proceso se mantiene abierto en la fase de presentación de pruebas.

Otra glosa de Contraloría fue en torno al contrato de participación del Bloque 16 por $2,788,408, de los cuales $975,943 le corresponden a Repsol por supuestos perjuicios ocasionados por el deterioro de la calidad del crudo del bloque. El 6 de junio del 2005, se presentó una demanda de impugnación ante el Tribunal Contencioso Administrativo. Pero su sentencia confirmó la legalidad de la glosa y se desechó la demanda. Se interpuso recurso de casación y el proceso aún no ha sido admitido a trámite en la Corte Nacional de Justicia. Repsol no ha registrado provisiones por estos conceptos porque considera que tiene posibilidades de éxito en su defensa legal.

La administración tributaria determinó que los consorcios petroleros Bloque 16 y Tivacuno le debían $3,8 millones por la contribución solidaria sobre las utilidades creada por la Ley de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana. Luego de establecer un acta de determinación por Impuesto a la renta del ejercicio fiscal 2015 del Consorcio Petrolero Bloque 16 así como de la declaración sustitutiva presentada por el Consorcio Petrolero Bloque Tivacuno, el 7 de octubre del 2019, el Servicio de Rentas Internas (SRI) emitió 2 liquidaciones de pago, una por la diferencia  por concepto de contribución solidaria de $2.073,583 más $414,715 por concepto de  recargo y US$1.022,703 por intereses para el Consorcio Petrolero Bloque 16 mientras que para el Consorcio  Petrolero Bloque Tivacuno el valor es de $184,706, más $36,941 por concepto de recargo y $115,180  por intereses. A Repsol le corresponde el 35% del total de esos conceptos, es decir $1,3 millones.

Los Consorcios presentaron reclamos administrativos ante el SRI que fueron negados en agosto de 2020. El 11 de noviembre de ese año, ambos Consorcios plantearon demandas ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario que el 25 de agosto de 2021 dejó sin efecto la Resolución concerniente al consorcio Tivacuno. El 5 de noviembre de 2021, este tribunal calificó un recurso de casación presentado por el SRI, ordenando remitir el proceso a la Corte Nacional de Justicia, que aun analiza la admisibilidad del recurso. Repsol no registró provisiones para este tema.

Contingencias Laborales

El Servicio de Rentas Internas estableció determinaciones de Impuesto a la Renta que se encuentran en Firme y Ejecutoriadas -habiéndose agotado todos los recursos administrativos, judiciales y constitucionales- No existe constancia de la entrega de la participación laboral por parte de Repsol S.A. y Consorcios, a los trabajadores, por lo tanto, se establece el siguiente pasivo laboral:

New Stratus asegura tener respaldo financiero

Para cubrir la inversión requerida en el plan de desarrollo de los bloques 16 y 67 New Stratus ha presentado a las autoridades un compromiso de financiamiento de Baker Hugues Capital Solutions con New Stratus. Su participación abarcaría también los servicios de perforación, reacondicionamientos, sistemas de levantamiento artificial, generación eléctrica y soporte técnico de yacimientos.

En una carta enviada al ministro de Energía Xavier Vera, el 19 de agosto pasado, José Francisco Arata como representante Legal de la empresa canadiense; Vladimir Coello Carrillo, presidente de Baker Hughes; y Ramiro Páez Rivera, apoderado de Petrolia, pidieron al titular de esa cartera de Estado que emita el Acuerdo Ministerial, mediante el cual ratifique la autorización concedida por el ministro de Energía y Minas el 8 de noviembre de 2021, para la transferencia de las acciones que Repsol Exploración S.A. y Repsol Petróleo S.A. tenían en la compañía constituida en España, Repsol Ecuador S.A., actualmente denominada Petrolia Ecuador S.A., en favor de New Stratus Energy Inc. También le pidieron que apruebe la participación de la empresa Baker Hughes, como aliado estratégico de Petrolia, y que designe una comisión de negociación para la migración y ampliación de plazo de los contratos.

El contenido de este documento es un elemento más que refuerza los cuestionamientos a la capacidad técnica de New Stratus Energy, pues el rol que Baker Hughes tendrá en esta alianza estratégica evidencia que se encargará de todo el trabajo operativo. Entonces la interrogante aquí es ¿de qué se encargará Petrolia?

También se generan dudas sobre la autorización ya dada por el Ministerio de Energía para que NSE compre el 35% de participación en los bloques 16 y 67 a Repsol, pues se está pidiendo que el actual ministro ratifique tal aprobación.

A ello se agrega que el artículo 313 de la Constitución, así como los artículos 16 y 26 del Reglamento de Aplicación de Hidrocarburos, señalan que de manera excepcional se puede delegar la Exploración y Explotación de Hidrocarburos a empresas privadas nacionales o internacionales de probada experiencia y capacidad técnica y económica, a través de un proceso licitatorio. Y el artículo 96 del Reglamento de Aplicación de la ley de Hidrocarburos dispone que “la empresa cesionaria deberá cumplir con requisitos de solvencia económica, financiera y técnica similares o mayores de la empresa cedente.”

Por lo tanto, no existe fundamento legal para que EP Petroecuador, operadora de los Bloques 31 y 43 en la Región Amazónica y la empresa privada New Stratus Energy, que opera los Bloques 16 y 67, bajo la modalidad de contratos de Prestación de Servicios Específicos, hayan suscrito el Memorando de Entendimiento de junio pasado, para el desarrollo de los campos 31 y 43.