Gobierno utilizó unidad clandestina policial en protestas por enmiendas

Publicado el | REPORTAJE

  • MilHojas.is tuvo acceso a un documento que demuestra la creación de un grupo de Policía clandestino para reprimir durante las protestas del 3 de diciembre de 2015 por las enmiendas constitucionales.
  • La unidad clandestina utilizaba personal de la Dirección Policial para Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen) para que firmaran los partes y así encubrir a los agentes represores de Inteligencia.



El jueves 3 de diciembre de 2015, Gabriela Catalina Mosquera llegó a las 09:00 a la Caja del Seguro, en el centro norte Quito, para manifestarse en contra de la aprobación de las Enmiendas Constitucionales. Ella es activista de derechos humanos. Tenía un megáfono con el que había alentado a sus compañeros de protestas a organizarse. Llevar el megáfono fue el motivo desencadenó los hechos posteriores que incluyen retención arbitraria, privación de la libertad y ser objeto de un grupo clandestino policial sin nombre, solo conocido como Grupo de Extracción, creado por el Gobierno para utilizar a la Policía para actuar durante las protestas ciudadanas.

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El Grupo de Extracción es una unidad clandestina dirigida por la Dirección General de Inteligencia de la Policía, en coordinación con los agentes antimotines y personal de la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen) para extraer, es decir, sacar de las protestas a las cabezas visibles de las manifestaciones.

Aquel jueves, Gabriela, con megáfono en mano, se acercó a unos policías y les espetó al máximo de volumen de su megáfono: “Después del 30S se convirtieron en asesinos asalariados”.

A la tercera hora del plantón, vio que varias personas la filmaban. Decidió refugiarse dentro de la parada del Trolebús. Cuando menos lo pensó, seis hombres, vestidos de civil se acercaron, forcejearon con ella y le retiraron el megáfono con violencia. Su mano sangró. Finalmente, la llevaron a la fuerza del grupo. Del hecho quedó la constancia de una fotografía del cronista gráfico de El Comercio. Eran las 12:30 de ese jueves 3 de diciembre de 2015.

Imagen: el momento de la detención de Gabriela Mosquera, activista de derechos humanos, en las protestas del 3 de diciembre de 2015.

Los seis hombres, que resultaron ser agentes policiales, la habían llevado a la Unidad de Flagrancias de  la Fiscalía. Esa noche, se había realizado el operativo Eslabón 80, en el que se detuvieron a todos los microtraficantes de drogas del sector de la Av. Amazonas en Quito. Gabriela tuvo que pasar esa noche con esas personas en Flagrancias.

Finalmente, salió a las 17:00 del siguiente día sin ningún cargo en su contra. Tras este suceso, los documentos que dejan este caso muestran una serie de rastros que demuestran la creación de un grupo de clandestino, llamado Grupo de Extracción.

“Pongo en su conocimiento mi coronel, que encontrándonos de servicio como Grupo de Extracción 1, conformado por diferentes unidades policiales como son DGI (Dirección General de Inteligencia), Dinapen (Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes), UMO (Unidad  de Mantenimiento de Orden), al mando de suscrito mayor de Policía Jorge Vásquez, perteneciente a la Dirección General de Inteligencia”, dice el mayor Vásquez, en su versión libre sin juramento, en el proceso contra Gabriela Catalina Mosquera. Mire aquí el parte policial completo ⇒

Según Gabriela, su declaración de conocimiento de derechos constitucionales fue firmado por una tal cabo Campos, que labora en la Dinapen. Este documento ya no aparece en el proceso.





Finalmente, los miembros de la Dinapen firmaban los papeles de detención, para encubrir los nombres de los agentes de inteligencia...





De todas formas, la Unidad de Extracción funciona así: los policías de la UMO se plantaban ante los activistas para provocarlos. Otros agentes grababan las acciones de los objetivos. Luego, policías vestidos de civil apresaban a los objetivos. Finalmente, los miembros de la Dinapen firmaban los papeles de detención, para encubrir los nombres de los agentes de inteligencia.

Sin embargo, en esta inteligente operación policial, el escenario no planeado fue que el la víctima de la represión exigiera que el parte policial fuera firmado por quien actuó en el momento de la detención, y que además el fiscal de turno aplicara el debido proceso y pidiera a los captores de Gabriela ese requisito. Finalmente, el mayor Vásquez, quien dirigió el operativo, firmó el documento y no tuvo más remedio que dejar por escrito cómo funcionaba el grupo clandestino que lideró durante esa jornada de protestas.



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