La muerte de Freddy Taish ¿otro caso para la impunidad?
La celeridad y eficiencia de la justicia ecuatoriana no llega para la familia Taish Ankuash. Dos años y siete meses (a junio de 2015) han transcurrido desde un enfrentamiento ocurrido entre miembros del Ejército ecuatoriano y un grupo de ciudadanos shuar, en el que lamentablemente murió Freddy Ramiro Taish Tiwiram.
Foto: Así fue encontrado el cuerpo de Freddy Taish. (Imagen cortesía de LaRepublica.com)
Cuando murió, Taish tenía 28 años, un hijo de dos años y otro de tres meses. Sin embargo, poco o nada ha avanzado la investigación.
Tarquino Cajamarca, abogado de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH), advierte la intención del fiscal indígena Fernando Nantipia Chumpi de, en noviembre próximo, cuando se cumplirán dos años de indagación previa, cerrar el caso sin determinar responsabilidades.
Acusa al fiscal de obstruir la investigación al no llamar a rendir su versión a los cuatro militares que comandaban el operativo contra la minería ilegal. También denuncia que no han podido incluir en el proceso versiones extraoficiales por temor a que esas personas sean perseguidas. Y acusa al Ministerio de Defensa de no dar la más mínima colaboración para esclarecer el caso.
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Pero, lejos de atemorizar a la comunidad, Cajamarca, también líder amazónico, asegura que las muertes de Freddy Taish y otros dirigentes shuar han intensificado la resistencia a la minería a gran escala. Acusa a la minera china Ecuacorriente de contaminar y cambiar el curso de los ríos que cruzan la comunidad de San Carlos para provocar inundaciones, a fin de que la gente abandone sus tierras. Incluso la Contraloría emitió un informe en el que alertó sobre afectaciones causadas por la compañía, pese a lo cual sigue operando a vista y paciencia de las autoridades, según Cajamarca. El abogado señala que esta situación está caldeando el ánimo de la población y convirtiéndolo en una bomba de tiempo que puede explotar en cualquier momento.
ENTREVISTA A TARQUINO CAJAMARCA, ABOGADO DE INRED A CARGO DEL CASO
¿Por qué el fiscal no llama a declarar a los militares que dirigieron el operativo?
La investigación de la muerte de Freddy Taish inició hace un año y siete meses.
¿Qué avances hay a la fecha?
Hasta el momento no hay argumentos para determinar la existencia del delito. Varias personas han declarado, pero no han aclarado mucho. El meollo del asunto está en tomar declaraciones de los cuatro militares que dirigieron el operativo. Pero el fiscal no ha dado apertura para llamarles sino que ha pedido una lista de todo el personal militar, de las armas que utilizaron, del operativo, del informe previo al operativo. Solicitó eso al Batallón y dijeron debe hacerlo al Ministerio de Defensa. Luego se declaró reservado al caso. Esa táctica del fiscal indígena Chumpi es la que estamos impugnando y exigiendo que llame uno por uno a los militares. Lo hemos pedido antes de que se cumplan los dos años de investigación.
¿Qué busca el fiscal? ¿A quién conviene eso?
Parece que la intención es cerrar la etapa de investigación sin determinar la responsabilidad. La etapa de indagación previa debe cerrarse en dos años. Tal como están las cosas parece que el fiscal lo hará sin determinar la responsabilidad de los militares. No existe el menor interés de la justicia para esclarecer algo que inicialmente estaba medio claro.
¿Qué estaba claro?
Que hubo un acribillado por disparos de los militares a la humanidad de compañeros shuar que estaban pescando con sus familias. (…) Se quiere confundir la realidad en el sentido de que Taish defendió la minería artesanal y hubo disparos de parte y parte. Eso no está esclarecido para nada. Taish estuvo pescando con su familia, rescató a sus hijos, a su familia primero. Hubo un disparo desde la parte de los mineros, pero muy alejado del lugar y al aire. Jamás imaginaron que los militares iban a volver para acribillar a la población. Entonces Taish rescata a su familia y en un matorral cerca de la orilla le acribillan.
¿Por qué no avanza la investigación, hay obstrucción judicial?
Muy visiblemente, muy visiblemente. Hay demasiado cuidado para tomar las versiones a los militares de alto rango que estaban al mando del operativo. Solamente se está tomando a los soldados, a los heridos. Se amplían los plazos, es decir se están dando la vuelta alrededor del mismo círculo sin mayor interés por investigar.
¿Qué ocurrirá al cabo de dos años?
El fiscal cierra o archiva el caso y no habría cómo reabrirlo. En estos seis meses tenemos que pedir que se hagan todas las diligencias para evitarlo.
¿Qué diligencias?
Hay dos salidas: una acción política ante el fiscal con la gente de la localidad y elevar el caso ante el fiscal provincial para indicarle que no se está proveyendo. Nosotros también nos hemos estancado por seguir la línea y la estrategia del fiscal en el sentido de que creímos que el Ministerio de Defensa iba a proceder con el trámite de desclasificación, pero eso se frenó.
¿En qué consiste la acción política?
Tiene que haber un plantón, una manifestación de la población y la exigencia de los familiares y de organizaciones sociales a fin de que vea el fiscal que hay una ciudadanía y organizaciones nacionales e internacionales que están siguiendo el caso y no puede quedar en la impunidad.
¿Cuándo planifican hacerlo?
No hemos establecido fecha, pero estamos conversando con los familiares y las organizaciones. Ya hicimos acciones contra Ecuacorriente y han dado resultado.
¿Qué acciones?
La Justicia atendió nuestra solicitud de llamar a confesión judicial a la gerente general de Ecuacorriente. Hasta ahora solo envió al procurador judicial.
¿Confían en la Justicia?
No. Desgraciadamente en este tipo de casos hay demasiada sobreprotección para el Estado, no hay independencia del aparato de justicia favorable a los ciudadanos. A nivel nacional, la justicia es para los de poncho, no hay imparcialidad. Esto preocupa a la ciudadanía, a la resistencia social, nos causa un desgaste sicológico, político y jurídico y pone en entredicho la moral del Estado.
¿Qué es lo que usted, como abogado, pide al fiscal?
Que llame a los cuatro militares de mayor rango que estaban al mando del operativo y deben ser los responsables de su muerte.
¿Qué ha pasado con la familia de Freddy Taish?
Está desarticulada en cierta forma. Susana Ankuash está a cargo de sus dos hijos huérfanos. Los familiares están preocupados, cada vez se va perdiendo fe en la justicia, están viendo como la Fiscalía no notifica, como no hay la fluidez del caso en las oficinas para despachar nuestros escritos. No hay interés para investigar.
¿Piensan recurrir a instancias internacionales?
Tendríamos que elevar el caso al plano internacional, porque un delito tan bochornoso no puede quedar en la impunidad. La comunidad internacional debe saber que en Gualaquiza hubo un crimen evidente y no se investigó la responsabilidad.
¿Lo plantearán como un crimen de Estado?
Iniciamos una denuncia por ejecución extrajudicial; sin embargo, el fiscal no dio trámite y acumuló el proceso en el quinto cuerpo. Una decisión suigéneris.
¿Qué testigos han sido llamados a rendir su versión y en qué ha aportado eso al esclarecimiento de la muerte de Freddy Taish?
Hay muchas personas que han dado su versión, pero no aportan casi nada. Dicen lo que nosotros sabemos. Es decir que han escuchado disparos, esto y lo otro. No hay una versión que permita establecer quien tiene la verdad?
¿Qué se dice sobre la bala de 9 mm hallada junto a Taish?
Hay un peritaje de la bala que determina que es de un arma utilizada por militares. Sin embargo, ahí es cuando se paraliza el asunto y preguntamos si los militares fueron con armas de dotación o no. Se pide la información de con qué armas, con qué balas, con qué militares y empiezan a poner los candados y empiezan los nudos.
¿Qué nudos?
Dicen que los militares solo portaban armas disuasivas. Entonces ¿el Espíritu Santo disparó a Freddy Taish?. No es así. Por eso es que se van inventando y creando nudos. Este es un hilo conductor importante y no se da apertura.
¿Está comprobado que esa bala, de 9 milímetros, es de armas utilizadas por los militares?
Así es, eso está comprobado. Hay otro tipo de casquillos de armas convencionales, pero el disparo que recibió Freddy Taish no es de cartuchera.
En suma ¿cuáles son las incongruencias más evidentes que identifica en este proceso?
La falta de interés por tomar la versión de los militares, que son las principales personas que saben del hecho. De todo el resto se ha tomado la versión y no hay suficientes elementos. Hay varios hilos conductores . Entre ellos las versiones tomadas a varias personas que dicen que los militares estaban ahí el momento del disparo. ¿Por qué el fiscal no llama a declarar a los militares?, ¿Dónde están?, ¿ ¿Cuál es su versión?. Eso no existe. El otro asunto es que la bala encontrada no es de cartuchera sino de armas que utilizan los militares. Otro nudo se coloca para no investigar qué tipo de arma y en manos de quién estaba. Tenemos versiones extraoficiales que no podemos ponerlas en el proceso por temor a que esas personas sean perseguidas. Otra dificultad es el hecho de que de parte del Ministerio de Defensa no hay la más mínima colaboración para el esclarecimiento de los hechos. ¿Qué le cuesta decir si el operativo fue planificado o no, porque hay versiones contradictorias. Todas estas barreras hemos encontrado en el juicio.
¿Confía en hallar al responsable de la muerte de Freddy Taish?
Tal como están las cosas, lo que tratan es de ocultar.
¿Qué dicen los ministros, han hablado con ellos?
La comunidad ha enviado cartas a los Ministerios, pero no hay respuesta. Las entidades locales y ciertos jueces nos han respondido. Hemos implantado nuevos juicios. Por ejemplo, uno de terrorismo a la empresa (Ecuacorriente) por el día 12 de mayo de 2014 cuando acabaron con la iglesia, la cancha y toda la infraestructura de la comunidad. Acabaron con la comunidad. Hemos pedido una inspección judicial, iniciamos un proceso de amparo posesorio y una demanda penal contra la empresa. La semana pasada hicimos un plantón en Yantzaza y una marcha alrededor del parque y del juzgado. Recibimos los aplausos de la población que, aparentemente no le importa, pero que ve de cerca los atropellos diarios de la empresa. Incluso hay gente que trabaja ahí pero no está de acuerdo con todos los procedimientos desde tiempo atrás. Hay muchos compromisos incumplidos, muchas acciones ilícitas, entran a las propiedades sin pedir permiso, abren canales, mangas, ponen tuberías. Violan los derechos de las personas. Por eso es que desde INRED patrocinamos acciones judiciales de carácter penal, civil y administrativo contra Ecuacorriente.
¿Eso hace la empresa con la anuencia del Gobierno?
En muchos casos sí. Por ejemplo, en 2013, en un informe de Contraloría, se dijo que está incumpliendo el mandato minero número dos, que establece en forma muy clara que se revierte las concesiones mineras en zonas o bosques protectores. Sin embargo, hay decenas de decenas de hectáreas concesionadas a Ecuacorriente en esas zonas. Eso lo hace ver Contraloría, pero el Ministerio, sin estudiar bien o haciéndose de la vista gorda, le dio la autorización para que siga trabajando en la concesión, pese a que estaba afectando la zona protegida. Además, nuca se hizo la consulta previa libre e informada a la población. Quieren equiparar esta consulta con las campañas de socialización que hace la empresa para seguir operando, pero nada tiene que ver con la consulta que manda la Constitución.