El 10 de agosto de 2012, diario La Hora dio a conocer que el ciudadano Pedro López Ramos había donado el terreno para la construcción de la escuela del Milenio de Pedernales, una obra que se le encargó a Wilson Edison Chiriboga Sandoval por un monto de $2’659.284,37. Tiempo después se requirió un contrato complementario por $930.715, 28 para terminarla. Paralelamente la fiscalización de la obra se entregó al consorcio de ingenieros Gustavo Ruiz Guzmán y César Galarza Monroy por $109.614,10 y fue necesario firmar un contrato adicional por $76.728 para completar el trabajo. 
Imagen: Así quedó la escuela del Milenio de Pedernales tras el terremoto del 16 de abril de 2016.
Los montos de los contratos de construcción sumaron $3’776.341,75 sin IVA. Un informe del Servicio de Contratación de Obras (Secob), a diciembre del 2014, sobre las obras en Manabí, estableció que en el monto final de la Unidad Educativa del Milenio del cantón Pedernales fue $4.511.210,91. El acta de entrega-recepción definitiva de la obra se firmó el 30 de octubre del 2013, según el detalle de liquidación de varias obras, publicado por el Secob el 31 de diciembre del 2014.
Pocos meses después, en enero de 2013, el Consejo de la Judicatura de transición le entregó a Wilson Chiriboga Sandoval un nuevo contrato, esta vez a dedo, para la construcción de la Unidad Especializada de juzgados en Pujilí, Cotopaxi, por $2.457.810,40. En menos de un año su empresa se aseguró $6047810,05 en contratos. Gozaba de las mieles de la Revolución Ciudadana y no había poder que lo saque de juego.
Eso cambió el 16 de abril de 2016, cuando su obra de Pedernales quedó destruida; entonces su nombre pasó a ser considerado por la opinión pública y decenas de organizaciones, nacionales e internacionales, que han registrado los destrozos en ese plantel. Los técnicos que han visitado el centro coincidieron en decir que debe quedar tal como está, porque será la mejor escuela para los estudiantes de ingeniería, así podrán palpar cómo no se debe levantar una construcción.
La obra de Pedernales constituye una cadena de errores, técnicos internacionales identificaron 12 problemas de diseño y construcción como efecto de columna corta, anclajes mal realizados, paredes sin refuerzo, baja calidad del concreto, malta técnica de hormigonado, entre otras. 
Imagen: La utilización de columnas cortas ocasionó el colapso de la construcción.
El proceso de contratación contó además con infaustos acontecimientos que se evidenciaron en un examen especial de la Contraloría de ingeniería a los procesos de contratación y ejecución de proyectos del Ministerio de Educación, a cargo del Secob. En ese informe se dijo que se adjudicó el contrato a un oferente que no obtuvo el mayor puntaje.
El caso de Pedernale llegó al límite con las declaraciones del ministro de educación Augusto Espinosa, que justificó la no contratación de seguros para la infraestructura educativa, basado en la ley y en una “dosis de inteligencia financiera”: “imaginemos que el seguro nos devolvía los recursos por la póliza y reconstruíamos, después teníamos que contratar nuevamente seguro y entonces, ¿durante qué tiempo deberíamos haber seguido pagando una póliza de seguro? ¿Durante 20, 30, 40 años?, porque los terremotos no son cada 2, 3 años”, expresó en Ecuavisa.
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La Contraloría General del Estado determina en el artículo 5 del Reglamento General para la administración, utilización y control de los bienes y existencias del sector público (R. O 11-09-2015), determina “la protección de los bienes incluye la contratación de pólizas de seguro necesarias para salvaguardarlos contra diferentes riesgos que pudieran ocurrir, se verificarán periódicamente la vigencia y riesgos de cobertura de las pólizas”.
Pero el ministro Espinosa buscó salvar su cuello interpretando esa disposición y sostuvo que “la Constitución, en su artículo 286 exige a los funcionarios públicos que manejen los recursos de manera sostenible, responsable y transparente”. Agregó que por encima de cualquier acuerdo de la Contraloría está la Constitución, después vienen las leyes orgánicas, luego las leyes ordinarias, los reglamentos y finalmente los acuerdos. Por lo tanto lo que debe guiar de manera primaria es la Carta Política.
El Reglamento mencionado fue emitido por la Contraloría en sujeción a su ley orgánica que a su vez se origina en el artículo 212 de la Constitución que señala que “serán funciones de ese organismo expedir la normativa para el cumplimiento de sus funciones. En el artículo 7 de la misma ley dice que para regular el funcionamiento del sistema, la Contraloría adaptará, expedirá, aprobará y actualizará reglamentos, regulaciones, manuales generales y especializados, guías metodológicas, instructivos y más disposiciones necesarias para la aplicación del sistema”.
Espinosa ha dicho que el Ministerio de Educación como rector de la educación, también tiene jerarquías que se deben respetar y la Contraloría no puede emitir un acuerdo que vaya en contra de la Constitución y de otras leyes como el Código Orgánico de las Finanzas Públicas, “normas que mandan a que actuemos con inteligencia, que cuidemos los recursos, no solo los bienes, los recursos del pueblo ecuatoriano y lo estoy demostrando”, decía Espinosa a los medios.
'Imaginemos que se tenían que contratar los seguros. ¿Quién tenía que hacerlo en el ministerio de Educación?'.
Augusto Espinosa, ministro de Educación
También dijo: “Imaginemos que se tenían que contratar los seguros. ¿Quién tenía que hacerlo en el ministerio de Educación?”
Con ese razonamiento enfiló a los servidores inferiores del ministerio de educación: “si se violó alguna normativa, hay que sancionar a los funcionarios que incumplieron”.
Mientras el ministro Espinosa expone al mundo sus asertos, la escuela del milenio de Pedernales ($4.511.210,91) deberá ser demolida.
Pero no todo queda allí. El pasado lunes, la Contraloría se fue sobre el avezado ministro Espinosa. En un comunicado difundido a través de los principales medios de comunicación escritos, la Contraloría dijo que ninguna de las reglamentaciones que había inobservado el ministro Espinosa eran ilegales ni inconstitucionales como había alegado y que pueden derivar en sanciones administrativas que inuyen "multas y/o destitución".
Aquí va la descripción gráfica de cómo no se debe construir, en detalle, explicado por ingenieros sobre lo hecho en la escuela del Milenio de Pedernales.
