¿Hasta cuándo?

Hay preguntas que no dejan de retumbar en la cabeza de una parte importante de los 18 millones de personas que vivimos en este país. ¿Hasta cuando, por omisión – y por más repleta de buenas intenciones que esté – continuaremos sin contar con capacidad de prevención frente a la penetración en el Estado, y sin capacidad de respuesta ante la operación de las estructuras de delincuencia organizada en los territorios?

¿Hasta cuándo ganará  el cálculo de la renta electoral en la respuesta que los líderes locales le otorgan y le deben otorgar a la lucha contra este tipo de delincuencia?  ¿Qué elementos deben tomarse en cuenta para  que alcaldes y funcionarios de los gobiernos autónomos descentralizados tomen el lugar real que les corresponde y ejecuten de una vez una efectiva política pública preventiva?

¿Cuáles son los  motivos detrás de la omisión del CIES en formar parte del gabinete Estratégico conformado por el Decreto 536 y, con esto dejar sin análisis prospectivos al Estado, al tomar decisiones de alta relevancia en materia de seguridad?

Sabemos ya que el Estado ecuatoriano por décadas construyó una serie de condiciones estructurales de desigualdad social, que privaron de su misma presencia real a territorios importantes del país; que ese mismo Estado ejerció y sigue ejerciendo violencia estructural contra los sectores más vulnerables de la población.

Conocemos que las estructuras de delincuencia organizada llenan el espacio dejado por el Estado, y al hacerlo ganan la fidelidad de la población, pues reclutan a personas vulnerables dentro de sus filas. El resultado de estos hechos se refleja en la ausencia del imperio de la Ley en barrios, sectores y ciudades completas.

Deja ver su lado humano en aquellas personas privadas de libertad por condenas, en su mayoría, de tráfico de drogas. Hablamos de mujeres y hombres que con suerte leen y escriben, que nacieron pobres, que no rompieron el círculo de pobreza que en este país pesa más que armadura de hierro y, que condena a generaciones completas.

Tenemos conciencia también de que bajo las condiciones actuales es alta la probabilidad de que «perdamos la batalla contra el narcotráfico»; utilizando la alegoría que se usa desde el mismo Gobierno.

No necesitamos ser expertos para intuir que: sin medidas estructurales de reforma en diferentes ámbitos, el país no experimentará mejoras en el panorama de seguridad. La violencia que sufrimos es multicausal; si la intención es solucionar la violencia de forma permanente el único camino es la prevención integral.

¿Cómo prevenir? Al mejorar las condiciones de vida de niñas, niños y adolescentes en el país, que amplíe sus posibilidades de vivir y no sólo de sobrevivir. Privilegiando en política pública todo lo referente a esta población, más aún cuando se trata de adolescentes infractores.  La fidelidad a las pandillas, el consumo de drogas, y otras conductas de riesgo se aprenden a corta edad, y con el actual sistema sólo se consolidan. Para cumplir el objetivo requerimos que todos los sectores: Estado central, GADs, sector productivo, academia, gremios, entre otros se involucren de forma directa.

Mientras se actúa en este sentido también es urgente consolidar el proceso de depuración iniciado en Policía Nacional y Fuerzas Armadas; reformar los reglamentos disciplinarios y ejecutar una reforma importante en los procesos de formación de sus miembros, que les permita tener éxito al proporcionar seguridad.

En el mediano y en largo plazo centrarse en formar el tipo de profesional necesario para el contexto de hoy. Dejar de lado los ahorros que nos generan desventajas comparativas frente a otros cuerpos de seguridad de la región, y todavía más frente a estructuras de delincuencia organizada.

Sin generar capacidad de anticipación desde el Estado, gastaremos recursos sin solucionar el problema de fondo. Necesitamos reforzar un sistema de inteligencia profesionalizado.

Requerimos analistas civiles con nombramiento, que puedan dedicar su carrera profesional a descifrar este problema y salvar vidas, con capacidad real de generar prospectiva de forma constante. Requerimos también que los tomadores de decisiones tomen en cuenta estos criterios al diseñar políticas públicas.

No podremos solventar el problema de seguridad sin antes consolidar la institucionalidad del CIES  y blindar el SNAI. Es urgente consolidar exitosamente el proceso de reordenamiento y depuración que construirá paz dentro de los centros de privación de libertad. Cada acción implementada para solucionar el problema tiene también un efecto colateral, la tendencia de subir el nivel del discurso ya nos está provocando consecuencias. No podemos esperar a llenarnos de niños y niñas muertos para empezar a tomar el problema en serio.

El Presidente Lasso tiene la oportunidad de pasar a la historia como el responsable de sentar las bases estructurales para que no sea la lógica de la delincuencia organizada la que prime en desmedro de la sociedad. Ecuador debe ser un territorio donde la vida pueda reproducirse, donde la vida se desarrolle libremente, y no esté a merced de las decisiones de los violentos.