El 24 de abril de 2017, el ingeniero mecánico Alecksey Mosquera Rodríguez, el primer ministro de Electricidad del Gobierno de Rafael Correa, pasó a ser el primer fusible quemado dentro de la trama de corrupción que significaron los megaproyectos del sector, para cuya concepción y ejecución, él fue una de las fichas clave.
Ese día Mosquera fue apresado y conducido a la cárcel de Turi, en Cuenca, su ciudad natal.
Casi un año después de su detención, el 1 de marzo de 2018, Mosquera confesó haber cometido el delito de lavado de activos, en el que también participaron su padre, Antonio Mosquera y un tío político. Él fue condenado a 5 años de prisión y su progenitor a tres; además de pagar al Estado una indemnización de US$2 millones y a pedir disculpas públicas.
El entonces ministro recibió US$1 millón de la constructora brasileña Odebrecht, por asegurarle la adjudicación del contrato para la construcción de la central hidroeléctrica Toachi-Pilatón, que costó más de US$700 millones y cuya ejecución aún no concluye.
Odebrecht le entregó el dinero por medio de la empresa offshore Klienfeld, una de las firmas que la gigante brasileña utilizó para la millonaria trama de sobornos que tejió en varios países de América Latina, en uno de los mayores escándalos de corrupción de los últimos años.
Cuando Mosquera fue apresado, Correa aseguró que no se trata de una coima y pretendió justificar el pago, con el argumento de que el dinero lo recibió por una asesoría cuando ya no era ministro, a la que llamó “un acuerdo entre privados”.
La cercanía de Mosquera con Rafael Correa se evidenció casi desde el inicio del gobierno: el 2 de agosto de 2007, al presidir una reunión del Fondo Ecuatoriano de Inversión en los Sectores Energético e Hidrocarburífero (Feiseh), Correa increpó a sus miembros porque luego de seis meses de haber llegado al poder, no se había financiado ninguna obra con ese fondo. Ante ello, dispuso que se flexibilice los requisitos para la aprobación de proyectos y el acceso a los recursos.
Además, nombró a Alecksey Mosquera como su representante en la Comisión del Feiseh y todo empezó a marchar sobre ruedas.
Mosquera, quien actuó dos años como ministro de Electricidad, del 9 de julio de 2007 al 13 de julio de 2009, inició en 2003 una carrera técnica en el sector eléctrico gubernamental. Su primer cargo fue el de técnico de la Unidad de Concesiones del Consejo Nacional de Electrificación (Conelec). Con la llegada del llamado gobierno de la revolución ciudadana, su estatus subió al de Subsecretario de Electrificación y pronto Correa lo nombró ministro.
Así se convirtió en uno de los hombres de confianza del ex mandatario, quien no dudó en encargarle la promoción y el desarrollo de los grandes proyectos hidroeléctricos, con los que prometió cambiar la matriz productiva, generar energía más barata, exportarla a países vecinos y, en especial, mejorar la vida de la población.
Entre esos proyectos están las centrales hidroeléctricas Coca Codo Sinclair, Mazar, Toachi-Pilatón y Sopladora, todas financiadas por China, bajo una estructura de endeudamiento y sumisión al gigante asiático. Mosquera también estuvo al frente del plan de reemplazo de cocinas de inducción por las de gas y de los famosos focos ahorradores, también plagados de irregularidades.
En agosto de 2020, al cumplir el 65% de la pena, fue beneficiado con la prelibertad y, desde entonces, debe portar grillete electrónico hasta que cumpla toda la pena. Su padre, por ser una persona de la tercera edad, pagó la pena bajo la figura de arresto domiciliario.
El 25 de noviembre de 2020, a las 11:15, el exministro cumplió otra parte de su condena, con la siguiente declaración: …»ya pedí disculpas públicas, esta es la segunda vez y lo hago porque soy un hombre de bien. Pido formalmente disculpas públicas al Ecuador, desde el fondo de mi corazón las ofrezco».
El 5 de enero de 2022, a través de su abogado, Mosquera ofreció entregar un vehículo Kía Río que, según dijo, es el único bien que posee. También pidió que sean monetizados sus conocimientos sobre energía térmica y mecánica, pues afirma que no tiene otra forma para pagar la reparación que debe cumplir al Estado ecuatoriano.
El Tribunal de ejecución de la sentencia dispuso que peritos determinen al valor del auto y rechazó la otra propuesta de pago, según reportes de la prensa.
