“Pretenden borrar a Rafael Correa de las páginas de la historia; se les olvida que él es pueblo, que su legado vive y trasciende en nuestra gente más sencilla, en cada becario, y en el corazón de una Patria reconstruida y digna. #YoSoyCorrea #SiEsConCorreaEsConmigo”
Esa frase, publicada el 3 de julio de 2018 por Marcela Aguiñaga, en su cuenta de Facebook, evidencia la pasión con la que la guayaquileña de 49 años defiende a su máximo líder político, el expresidente Rafael Correa, a quien acompañó y apoyó durante los 10 años que se mantuvo en el poder, entre 2007 y 2017.
Aguiñaga es abogada por la Universidad Católica Santiago de Guayaquil y registra en su biografía una especialización superior en Derecho Ambiental y Desarrollo Sustentable y Sostenible, por la Universidad Estatal del Puerto Principal.
Empezó su carrera profesional en el sector privado como asesora legal y consultora en temas de medio ambiente. Saltó a la vida política en 2007, al ser nombrada por Correa como ministra del Ambiente, cargo en el que permaneció cinco años, hasta 2012.
Su labor como titular del MAE estuvo marcada por la polémica. En agosto de 2011, por ejemplo, el legislador municipalista por Galápagos, Alfredo Ortiz, informó que Correa le llamó y le pidió el apoyo de los cuatro asambleístas de su bloque para la aprobación de leyes promovidas por el Ejecutivo.
Según dijo Ortiz, le dio la siguiente respuesta: “Si usted quiere un acuerdo con nosotros, cambie todas esas mafias de corruptos que tiene en las Galápagos, las autoridades, el director del Parque Nacional Galápagos (Edwin Naula). Pedí la cabeza de la ministra Aguiñaga, y el presidente me dijo: a la ministra no me la toque porque es la diosa del Olimpo de mi gabinete”.
Otra polémica durante la gestión de Marcela Aguiñaga se dio en torno al campo petrolero Armadillo, luego de que Eduardo Pichilingue y David Chávez, ex directivos del Plan de Medidas Cautelares del MAE, sus cercanos colaboradores, en febrero de 2010 fueron destituidos por el propio Rafael Correa, a quien enfadó un informe en el que exigían la suspensión de operaciones de sísmica 3D que la compañía Petrotesting había iniciado en ese campo, ubicado en el sur de la provincia amazónica de Orellana, dentro de las 612.560 hectáreas del Territorio Waorani y muy cerca del Parque Nacional Yasuní, una de las zonas más biodiversas del planeta. Ese sitio es habitado por los Tagaeri y Taromenane, pueblos en aislamiento voluntario, cuya supervivencia estaba siendo amenazada por las actividades extractivas, según advirtieron los dos expertos.
Aguiñaga guardó silencio, no respaldó a sus técnicos ni a esas poblaciones vulnerables, a pesar de que las actividades extractivas están prohibidas en la Constitución, redactada y aprobada por el correísmo el año 2008. Incluso, en el artículo 57 de la Carta Política, se tipifica como etnocidio la violación de los derechos de esas comunidades.
Petrotesting es parte del consorcio petrolero Gran Colombia, al igual que Ecuavital, cuyo principal accionista es José Dapelo, a quien Correa, al inicio de su mandato, llamó gángster en una de sus sabatinas.
Como principal del MAE, Aguiñaga no hizo cumplir el mandato constitucional y facilitó la aprobación de estudios y licencias ambientales, algunos incompletos, para la ejecución de proyectos hidroeléctricos y petroleros impulsados por el Gobierno.
En 2012 renunció al MAE y se inscribió como candidata a asambleísta nacional por Alianza País (AP); el 14 de mayo de 2013 asumió la Segunda Vicepresidencia de la Legislatura. Un año más tarde, fue elegida directora del movimiento gobiernista AP en Guayas, que lo comandó hasta enero de 2018, cuando se desafilió.
Aguiñaga Vallejo fue parte del politburó de Correa, a quién sirvió desde las funciones Ejecutiva y Legislativa; en 2017 Aguiñaga corrió por segunda vez como candidata de AP para asambleísta, movimiento del que se desafilió posteriormente para crear el movimiento Revolución Ciudadana.
Una vez instalada en la Asamblea y blindada por la inmunidad que da esa función, la Contraloría determinó que la ex secretaria de Estado había autorizado la compra de 66 lotes al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA), por los que se habría pagado siete veces más de su avalúo establecido en US$7,1 millones. En esos terrenos fue construido el Parque Samanes. Por ello, se estableció su responsabilidad culposa y se emitió una glosa de US$41 millones. A pesar de que, en 2018, esa sanción fue ratificada por el organismo de control, en agosto de 2022, el Tribunal Contencioso Administrativo de Guayaquil anuló la glosa.
La ex ministra participará como candidata a la Prefectura del Guayas. A pesar de que la normativa electoral prohíbe utilizar la figura de personajes sentenciados, ella se promociona en vallas publicitarias junto a Rafael Correa quien, en abril de 2020, fue sentenciado a 8 años de prisión por el delito de cohecho en el Caso Sobornos 2012-2016.
La última polémica se encendió luego de que el asambleísta Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, difundiera en su cuenta de Twitter una fotografía de Marcela Aguiñaga con Xavier Jordán.
Según investigaciones de la Fiscalía y la Policía, Jordán sería el nexo entre la red del narcotraficante Leandro Norero y Daniel Salcedo, quienes fueron procesados, entre otros delitos, por delincuencia organizada en el hospital Teodoro Maldonado Carbo, de Guayaquil, en la que también fueron vinculados los hermanos Jacobo y Dalo Bucaram Pulley y Noe y Daniel Salcedo.
Marcela Aguiñaga ha dicho que no tiene ninguna relación con Xavier Jordán y que la foto es una de las tantas que la gente suele pedirle en sus recorridos.
