CHRISTIAN ZURITA RON, desde Manabí
La mañana del sábado 23 de abril, un grupo de oficiales del Ejército callaba su indignación al mirar a la joven burocracia tomarse selfies en el estadio de Jama, luego del terremoto que azotó Ecuador ocho días atrás. Los funcionarios preparaban la visita del presidente Rafael Correa. Ese día, el poblado contó con presencia de todos los estamentos gubernamentales, pero luego de la partida del primer mandatario solo quedaron plantadas en ese espacio las carpas de la Policía, Cruz Roja, técnicos de la asistencia internacional china y una discreta delegación de la Secretaría de Gestión de Riesgos, entidad que supuestamente contaba con sistemas para responder a las catástrofes, pero que fue incapaz de ejecutarlo.
También quedó la presencia de un circo popular llamado Tiany, que fue providencial porque prestó sus trastes y cocina a los soldados del Ejército para que prepararan su comida. Las Fuerzas Armadas habían llegado al lugar el martes 19 pero solo el jueves 21 se hicieron cargo del centro de acopio, luego de un caótico manejo en la entrega de la ayuda humanitaria y alimentos por parte del Gobierno. “Antes de que llegáramos, estaba a cargo el Ministerio de Inclusión Social y Económica (MIES). Ellos demoraron en la entrega de kits por varias razones, una de ellas es porque esperaban la llegada de adhesivos con el membrete del MIES, pero además porque no tenían capacidad de organización”, narró un oficial del Ejército que dirigía la organización de los kits de ayuda humanitaria donada por los ciudadanos de Loja, de Quito, de Guayaquil, de Cotachachi… en fin, de todas las ciudades del país.
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Tal era el desorden que de las 82 comunidades que el Ejército identificó alrededor de Jama, 42 no habían recibido nada cuatro días después del desastre. Hasta entonces la población hacía largas filas en espera de los alimentos que no llegaban. Para cubrir las necesidades el Ejército implementó cuatro rutas de repartición, pero en su primer día de acción, apenas logró acceder a 26 comunidades. Un día después llegó a otras 39.
En Pedernales el centro de acopio se estableció en la destruida escuela del milenio del lugar. Su construcción se ejecutó por el Servicio de Contratación de Obras (Secob) a un valor de $2’659.284,37, pero a su constructor, Wilson Edison Chiriboga Sandoval, le faltó el dinero y le dieron un contrato complementario por $930.715, 28 para terminarlo. Allí, decenas de conscriptos no dejaban de elaborar kits de entrega desde la noche del lunes 18 de abril. La ayuda no dejaba de llegar, alguna incluso en contenedores con centenares de cajas de alimentos con el sello del MIES, pero era fácil descubrir que no se trataba de ayuda gubernamental, todos los kits elaborados no tenían uniformidad, estaban envueltos en todo tipo de bolsas plásticas que contenían variados productos.
Los militares, a su cuenta y riesgo, reagruparon los productos de las donaciones y rearmaron nuevos kits, de acuerdo a sus criterios. En una de las salas del centro de acopio trabajaron a tres jornadas y solo cuatro días después se unieron voluntarios del Consejo Nacional de Discapacidades (Conadis) a la elaboración de las raciones.
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Para la entrega se destinaron camiones que llevan no menos de 100 kits (útiles para cinco días) con cuatro soldados, un oficial y un representante del MIES que se encarga de llevar un registro de lo entregado y que solo sirve para las acciones de propaganda del régimen.
Al Ejército le cuesta llegar a las zonas rurales, las vías son pequeñas y no se compadecen con los grandes vehículos con los que cuenta. Sin embargo, los pobladores del campo tienen más capacidad de cubrir sus demandas, en caso de haber perdido sus casas, fueron alojados por amigos y familiares, la ayuda es más solidaria y se respeta la entrega de kits para los vecinos que no están presentes.
Sin embargo, eso no sucede en los centros poblados. Allí es otra realidad, los habitantes que no han tenido dónde ir no escogen un albergue como opción para vivir, saben que allí el hacinamiento puede provocar el abuso de niños y la rápida transmisión de enfermedades. Por eso, personas como Raquel Álaba no tuvieron más remedio que vivir al filo de la vía que une Jama con el resto de la provincia.
-Todos hemos improvisado y la ayuda si nos ha llegado por personas de buen corazón y empresas particulares que han compartido donaciones -explica Raquel en medio del pesado calor de Jama-. El centro de acopio debe tener alimentos porque la ayuda no ha dejado de llegar, pero hasta ayer (viernes) hacían largas filas y no nos daban, en este momento ya necesitamos ayuda de otro tipo, tenemos moscas e insalubridad y por mucho que limpiemos eso no podemos controlar, escuchamos que andan haciendo censo abajo en el pueblo pero aquí no.
-¿Y su esposo? -le preguntamos.
-Está junto a los otros hombres buscando caña y plástico para hacer mas fuerte las casas, en la noche cayó mucha agua y se ha mojado todo, ropa, colchones…
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La diáspora
En un caserío llamado Don Juan se constituyó un albergue privado gracias a la voluntad de una familia que poseía un generador eléctrico y bomba de agua, allí se juntaron al menos 15 familias y otras empezaron a levantar carpas con plásticos sujetos a cuatro palos. Pero se trata de la excepción y no la regla, porque para el resto la energía eléctrica, no existe.
Jama y Pedernales se han convertido en una diáspora de asentamientos familiares a lo largo del carretero, están allí para evitar el perfil de playa por terror a las réplicas o la cercanía de un maremoto, pero también porque la vía les ofrece mas seguridad y control de los niños que juegan al filo de la vía.
Allí, por primera vez identificamos un fenómeno con el que el Ejército aún no sabe cómo lidiar: los militares tienen capacidad de atender con control efectivo en los puntos de mayor concentración, ya la entrega de las donaciones se hace con la presentación de la cédula de ciudadanía, pero no en aquellos lugares donde no se observa alta concentración de personas que necesitan ayuda. Y la dura realidad es que todos los asentamientos tienen poca concentración humana.
El Gobierno hizo en parte su trabajo al restaurar la energía eléctrica en las calles de las poblaciones del desastre, pero en términos concretos su acción se limita a la capacidad que tienen las Fuerzas Armadas para enfrentar el caos. Esto quedó en evidencia el domingo 24 cuando Paola Pabón, secretaria de gestión política del Régimen, visitó los centros poblados: “La prioridad es habilitar albergues” decía a toda voz. Es un tema que no puede esperar, las condiciones de precariedad son similares para damnificados, fuerza pública y voluntarios que laboran en toda la zona.
Cada miembro del Ejército cuenta con una carpa unipersonal (que datan de la Guerra del Cenepa) y sus dotaciones se mojan tanto como les pasa a los damnificados. Los voluntarios civiles no se escapan de esa condición, sus alimentos están más restringidos, pero el estoicismo y la voluntad de ayuda son superiores a las enormes limitaciones. La diferencia se observa en la ayuda internacional, que cuenta con carpas amplias y zonas de seguridad.
En realidad, el Estado brilla por su incapacidad para colocar una sola carpa. A excepción del ministro José Serrano, que demostró horas de trabajo continuo, Pabón luce su estilo ‘Zuleta fashion’ en el recorrido por los poblados, viaja con cuatro autos y sus acompañantes más parecen vaqueros de escaparte que asesores. Su habilidad de habilitar albergues se tradujo en su intento de tomar posesión de aquellos que fueron gestionados por la sociedad civil, tal como informó diario La Hora. No es raro pensar que si buscan tomar el control de los albergues en poco tiempo busquen forzar a las comunidades a un reordenamiento territorial, arrastrarlos a vivir en otros lugares en nombre de una nueva planificación basada en la seguridad futura.
El otro tema olvidado se muestra en el centro de acopio de Pedernales, hay un espacio abarrotado de ataúdes donados. Ya nadie está en busca de ellos, ya no hay huellas de entierros y funerales, evidencia que fueron sepultados con rapidez, sin tiempo para que los ecuatorianos lloren por sus muertos.
Tampoco hay respuesta por la lista de desaparecidos. Ese es uno de los grandes misterios de la tragedia, al preguntar al alcalde de Manta, Jorge Zambrano, cómo se había manejado esa lista, dijo que no tenía una respuesta. En Pedernales el número de desaparecidos fue alto porque en primera instancia la gente huyó aterrorizada por la llegada de un tsunami, pero luego de los días poco a poco aparecieron. El coronel de Policía Víctor Arauz, al frente de la Dirección de Delitos contra la Vida, cuenta que receptó 44 denuncias de desaparecidos en la ciudad, mas de 30 realizadas por redes sociales y la red 1800 delitos. De ese número –hasta la semana pasada- nueve constaban aún como desaparecidos; todos ellos estaban radicados en Pedernales.
La maquinaria en la zona de desastre
Luego del terremoto, mientras reinaba el caos en Portoviejo, Manta, Bahía, Pedernales, se retiraron rápidamente escombros con maquinaria pesada con el objeto de salvar a sobrevivientes. Fue una acción espontánea y de buena fe, pero es evidente que la falta de técnica en el retiro de escombros pudo haber provocado mas víctimas y mostró la falta de protocolos para manejar una crisis que todos los estamentos nacionales e internacionales conocían que sucedería.
El Diario de Manabí en la edición del jueves 28 de abril recordó cómo los rescatistas colombianos rescataron a Pablo Córdova del Edificio El Gato, en Portoviejo, dos días después del evento: “por favor no sigan con la maquinaria, ya los escucho mas fuerte…”. Se trató de una charla vía celular que permitió rescatar su vida. El número de víctimas no se compadece con los daños provocados por el terremoto, gracias a la información compartida gratuitamente por satélites privados de los Estados Unidos se puede saber la extensión del desastre: Pedernales sufrió daños en más de 340 hectáreas.
Imagen: La zona devastada de Portoviejo (click para agrandar). En Portoviejo la peor destrucción se centra en 18 cuadras del centro, el corazón comercial de la ciudad, el daño se extiende a algo más de 17 hectáreas, un espacio desolador que todo medio de comunicación no ha logrado descifrar con claridad. El área de devastación en Bahía de Caraquez es de 48 hectáreas destruidas.
Imagen: La zona devastada de Manta (click para agrandar). La condición de Manta es similar, la parroquia Tarqui, el centro comercial de la ciudad, fue seriamente afectado, entre las avenidas 105 y 113 existen no menos de 45 cuadras que medidas superan las 50 hectáreas de extensión. El alcalde de esa ciudad dice que los daños se deben a que el agua del subsuelo en ese lugar está a solo un metro de profundidad. El terremoto batió el lodo y todo se vino abajo.
En estas ciudades hay un mismo factor: un olor mortecino acompaña las emanaciones de las aguas negras, estancadas en las colapsadas alcantarillas bajo la ciudad. Nubes de polvo son expulsadas por las excavadoras que trabajan en cada predio. Hay una historia no contada en todos esos lugares que un día fueron el hogar de muchos. No se puede acusar a la Fiscalía del Estado de esconder las cifras de muertos y desaparecidos. El problema se centra en la falta de una legislación clara del sistema de riesgos. La Constitución del 2008 sustentó en los artículos 389 y 390, la base para que el Gobierno elabore una ley orgánica para enfrentar los desastres, pero no lo hizo y en su defecto elaboró un simple reglamento que puede ser cambiado cuando al ejecutivo le venga en gana.
El sistema de gestión de riegos del país inició su trabajo con Pilar Cornejo, sin los instrumentos legales para constituir una infraestructura eficiente de respuesta. El reglamento le dio al Presidente de la República la potestad de cambiarlo cuando guste y eso sucedió en 2015 cuando entregó el sistema de riegos al contralmirante Luis Jaramillo y permitió que César Navas, un exmilitar, constituya una entidad paralela a la secretaria de gestión de riegos, desde el Ministerio de Seguridad Interna y Externa.
Es decir, tras el terremoto del 16 de abril se estableció una organización descabezada y superpuesta por otras en la que hubo una total falta de protocolos para enfrentar la emergencia evidenciada por cuatro factores: 1. La forma en que se derrocaron construcciones de forma inmediata al evento, sin conocer la presencia de víctimas o sobrevivientes. 2. La demora en el ingreso de rescatistas a la zona de desastre. 3. La falta de decisiones gubernamentales 48 horas después del desastre. 4. El cambio radical del presidente Rafael Correa de irrespetar su propio reglamento de gestión de riegos e imponer a ministros en la zona para que se hicieran cargo del desastre.
Existe además la hipótesis de que algunas construcciones fueron derrocadas de inmediato para evitar ubicar caletas con cocaína: “Estas son zonas carentes de control militar, todo puede pasar y todo sale por sus playas” explica un oficial de Inteligencia presente en la zona del desastre.
El terremoto sacó lo mejor de los ecuatorianos y extranjeros, como el párroco de Jama que armó una iglesia en la calle pero sobre todo dedicó su tiempo a entregar provisiones de alimentos a quien mas lo requería. O el norteamericano Joe Hurston, de la organización airmobile.org, que llegó al país a donar 10 equipos capaces de purificar 1000 litros de agua al día. Pero también existió la mezquindad de muchos que buscaron tajada entre el dolor, como aquellos que gritaron tsunami en medio del terror para saquear casas y comercios o ese mercenario de las redes sociales, que vive de sus contratos con el Estado de propaganda, contratista del Estado que criticó la entregada labor voluntaria de Karla Morales, o quienes no perdieron nada y sin embargo salieron, entre risas, a pedir donaciones al filo de las carreteras.
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Los minadores de Manta reciclan el hierro de los edificios colapsados⇒
Bahía de Caraquez vecinos viviendo en las veredas⇒
Drone: El campamento Don Juan auto-organizado por los mismos afectados⇒
Drone: Pedernales 1⇒
Drone: Pedernales 2⇒
Drone: Pedernales 3⇒
Drone: Pedernales 4⇒
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